¿Es la penalización de la compra de sexo (modelo sueco) compatible con la Convención Europea de Derechos Humanos?

 

Lo que sigue es un extracto traducido al español del trabajo de Bridie Sweetman publicado el 12 de marzo de 2015.

Puede consultarse el trabajo completo (en inglés) en formato PDF aquí:

Is the criminalisation of the purchase of sex (the Swedish model) consistent with the European Convention on Human Rights?

 

III. Derechos relevantes de la Convención Europea de Derechos Humanos  (CEDH)

Los derechos de la CEDH comprometidos por la penalización de la compra de sexo son los artículos dos, tres, cinco, ocho, diez, once, catorce, artículo primero del protocolo doce y artículo primero del protocolo séptimo.

 

A. Artículo segundo: derecho a la vida

El artículo dos, párrafo uno, de la CEDH dispone:

El derecho a la vida de todas las personas estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida intencionalmente, salvo en la ejecución de una sentencia de un tribunal a raíz de su condena por un delito para el que esta pena está prevista por la ley.

El párrafo dos del artículo dos prevé excepciones al párrafo uno. El derecho a la vida también está protegido por el artículo seis del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que son parte Suecia, Noruega, Canadá, Islandia e Irlanda del Norte.

(…)

El derecho a la vida es relevante para las trabajadoras sexuales y sus clientes de al menos dos formas. El primero es el derecho a estar protegido contra enfermedades y complicaciones potencialmente mortales derivadas del embarazo. El segundo es el derecho de las trabajadoras sexuales a la seguridad física, que se analiza a continuación en relación con el artículo cinco de la CEDH.

El modelo sueco limita la capacidad de las trabajadoras sexuales y sus clientes para acceder a medidas de salud preventivas y controles médicos. Un cliente tendría que admitir haber cometido un delito para solicitar un chequeo de salud sexual, mientras que una trabajadora es estigmatizada y degradada aún más si busca ayuda de proveedores de salud sexual. En Noruega se ha observado una reducción en la participación de las trabajadoras sexuales en los servicios de salud, y se cree que es producto de una reticencia a interactuar con “cualquier cosa o persona que pueda dar a la policía una sospecha de trabajo sexual”.

También hay una disminución en la disposición a llevar y usar condones por dos razones: los condones se usan a menudo como evidencia de relaciones sexuales transaccionales, y es más probable que las trabajadoras tengan relaciones sexuales sin protección debido a la desesperación por trabajar y la incapacidad de denunciar a un cliente por insistir sobre el sexo sin protección. Esta renuencia a llevar condones se aplica tanto a la trabajadora como al cliente. La decisión de no llevar condones por temor a ser detectados se ha observado tanto en Suecia como en Noruega, mientras que una disminución tanto en el número (y calidad) de clientes reduce la capacidad de las trabajadoras sexuales para hacer del sexo seguro una condición transaccional. También se ha vuelto más difícil acceder a los condones en la cantidad necesaria. Dado que las trabajadoras sexuales requieren una cantidad significativamente mayor de preservativos que la población en general, solicitar una gran cantidad pone a los profesionales de la salud al tanto de la ocupación «ilícita» de la trabajadora sexual.

El aumento del estigma y la desinformación sobre el trabajo sexual que se asocia con cualquier modelo de penalización también conduce a problemas de salud mental. Un estudio canadiense explicó que: «Las ilegalidades del comercio sexual y su reputación pública deshonrosa [tienden] a afectar negativamente cómo se sienten las trabajadoras sobre sí mismas y lo que [hacen] para ganarse la vida». También existe un vínculo entre la baja autoestima y las conductas de riesgo, como el abuso de drogas y las relaciones sexuales sin protección.

A pesar de ser consciente del impacto que tiene el estigma en el bienestar psicológico de las trabajadoras sexuales, el gobierno sueco aplaude estos resultados negativos y dañinos, porque cree que crea un desincentivo para que las trabajadoras sexuales se involucren en el sexo comercial. Un oficial de policía de alto rango con sede en Estocolmo, el superintendente detective Jonas Trolle, dijo: «Debería ser difícil ser una prostituta en nuestra sociedad, por lo que, aunque no metemos a las prostitutas en la cárcel, les hacemos la vida difícil». Otra funcionaria del gobierno, Anna Skarheds, declaró públicamente que:

No trabajamos con la reducción de daños en Suecia. Porque esa no es la forma en que Suecia ve esto. Lo vemos como una prohibición de la prostitución: no debería haber prostitución.

Como también es un delito ganarse la vida con el producto del trabajo sexual, es más probable que los proxenetas y agentes estén vinculados al mundo delictivo, lo que aumenta la exposición de las trabajadoras sexuales a las drogas ilegales y la violencia. En realidad, las trabajadoras sexuales dependen más de los proxenetas que en otros modelos legislativos debido a la reducción de la autonomía válida en lo que respecta a la negociación.

La ISESCR establece el derecho a la salud en el artículo doce:

  1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
  2. Las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena realización de este derecho incluirán las necesarias para:

a) La disposición para reducir la tasa de mortinatos y la mortalidad infantil y para el desarrollo saludable del niño;

b) La mejora de todos los aspectos de la higiene industrial y ambiental;

c) Prevención, tratamiento y control de enfermedades epidémicas, endémicas, ocupacionales y de otro tipo;

(d) La creación de condiciones que aseguren a todos los servicios médicos y atención médica en caso de enfermedad.

La Observación general 14 al artículo 12 de la ISESCR establece que esto incluye una obligación fundamental de “garantizar el derecho de acceso a las instalaciones, bienes y servicios de salud sobre una base no discriminatoria, especialmente para los grupos vulnerables y marginados”.

Las medidas de salud y seguridad se les niegan sistemáticamente a las trabajadoras sexuales y sus clientes. La denegación del acceso a condones y chequeos de salud sexual a las partes del sexo comercial, pero no a la población en general, expone de manera desproporcionada a la trabajadora sexual y su cliente a enfermedades potencialmente mortales y posibles complicaciones del embarazo. La trabajadora sexual tampoco puede contratar personal legalmente ni trabajar con otras trabajadoras, lo que aumenta su vulnerabilidad y riesgo de exposición a la violencia (que se analiza con más detalle a continuación en relación con el artículo cinco). La mayoría de las formas de trabajo conllevan «riesgos laborales» contra los cuales los empleados y contratistas pueden tomar medidas para protegerse, pero a la trabajadora sexual se le niega la oportunidad de protegerse contra tales riesgos a expensas de su salud y seguridad. Las citas anteriores de funcionarios gubernamentales demuestran que el Estado sueco es consciente de los riesgos para la salud que crea el modelo sueco, pero que el Estado considera los riesgos justificados por su objetivo final.

La distinción principal entre la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y las decisiones canadienses es que el TEDH aún tiene que considerar las obligaciones de un Estado cuando un individuo ha optado por exponerse a una práctica nociva, mientras que las decisiones canadienses han confirmado que el Estado tiene ciertas obligaciones de proteger el derecho a la vida de sus ciudadanos a pesar de que se haya tomado la «decisión» de participar en el comercio sexual o el uso de drogas ilícitas. Con base en esta distinción, un Estado de modelo sueco puede argumentar que los riesgos a los que se exponen las trabajadoras sexuales y sus clientes son una consecuencia de su ‘elección’ de participar en prácticas dañinas y riesgosas en lugar de la omisión del Estado de mitigar esos riesgos, y que debido a que el TEDH no está obligado por las decisiones de los tribunales constitucionales nacionales, no debería recurrir a ellos en busca de orientación.

El argumento de que las trabajadoras sexuales ‘eligen’ poner en peligro su derecho a la vida es inconsistente con la afirmación feminista radical de que las trabajadoras sexuales son víctimas que necesitan ser rescatadas y son incapaces de tomar sus propias decisiones y elecciones, que se encuentra en el corazón de la retórica del modelo sueco. Es contradictorio que el Estado diga que las trabajadoras sexuales carecen de la autonomía necesaria para tomar una decisión libre de ingresar a la industria del sexo comercial, pero que tienen suficiente autonomía para tomar una decisión consciente de exponerse a los riesgos asociados con la industria.

La adopción por parte del Estado de una política que niega a un grupo vulnerable de la población «minoritaria» el acceso a la atención de la salud sexual, pero no a la población en general, es una injerencia en el derecho a la vida del grupo minoritario.

 

B. Artículo tercero: Prohibición de la tortura y los tratos inhumanos o degradantes

 

El artículo tres de la CEDH establece:

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.

Los estados modelo suecos también están sujetos al artículo siete del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que refleja el artículo tres.

(…)

El caso de Petite Jasmine destaca de manera sucinta y triste el trato degradante al que las autoridades suecas someten a las trabajadoras sexuales. La trabajadora sexual sueca Eva Marree Smith Kullander, más conocida por su nombre de trabajo «Petite Jasmine», tuvo dos hijos con su expareja abusiva. Tras su separación, conservó el cuidado diario de los niños. Luego advirtió a los servicios sociales que era una trabajadora sexual y, como no admitía ante los servicios sociales que, por lo tanto, se estaba sometiendo a una ‘autolesión’, la atención diaria se transfirió a su expareja violenta, mientras que A Petite Jasmine se le negó todo acceso. Durante la batalla legal de Petite Jasmine para asegurar el acceso, su expareja la asesinó.

La policía sueca hostiga a las trabajadoras sexuales filmando encuentros sexuales, anunciando sus nombres desde los coches patrulla y haciendo comentarios despectivos sobre ellas. También han confirmado que la intención de medidas desincentivantes como esta es aumentar el estigma para disuadir a las trabajadores sexuales. En resumen, han confirmado que pretenden someter a las trabajadoras sexuales a tratos inhumanos y / o degradantes. El objetivo final de desalentar el trabajo sexual puede tener buenas intenciones, pero el uso de la humillación y la incitación de «sentimientos de miedo, angustia e inferioridad» para lograr este objetivo final podría equivaler a una injerencia en los derechos protegidos por el artículo tres.

El TEDH también debe considerar si el tratamiento cumple con un «nivel mínimo de gravedad». Esta evaluación se basa en una variedad de factores. Basado en la información anecdótica y la investigación discutida anteriormente, el TEDH no podría encontrar que el modelo sueco interfiere con los derechos del artículo tres de todas las trabajadoras sexuales, pero puede encontrar una violación del artículo tres cuando una trabajadora sexual individual ha sufrido angustia física o mental como resultado del trato estatal derivado del modelo sueco. Sería necesario revisar los hechos caso por caso.

El TEDH también ha sostenido que se infringirá el artículo tres si un Estado deporta a una persona a un país donde existe un «riesgo real e inmediato para la vida de una persona identificada», o si «se han demostrado motivos sustanciales para creer que la persona en cuestión, en caso de ser expulsada, correría un riesgo real de ser sometida a un trato contrario al artículo 3 en el país receptor ”.

En Suecia, vender sexo es una razón válida para la deportación de no residentes. Si bien no se conoce ningún caso en el que Suecia haya deportado a una trabajadora sexual a un país donde su vida está en riesgo (por ejemplo, a un país donde la ley establece que la trabajadora sexual debe ser ejecutada como adúltera), el riesgo es real siempre, ya que la política de deportación sigue vigente.

 

C.Artículo quinto: derecho a la libertad y la seguridad de la persona

 

El artículo cinco, párrafo uno, de la CEDH dispone:

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. Nadie será privado de su libertad salvo en los siguientes casos y de acuerdo con el procedimiento que prescriba la ley:

a. la detención legal de una persona después de haber sido condenada por un tribunal competente;

b. el arresto o detención legal de una persona por incumplimiento de la orden legal de un tribunal o para asegurar el cumplimiento de cualquier obligación prescrita por la ley;

c. el arresto o detención legal de una persona efectuada con el fin de llevarla ante la autoridad judicial competente por sospecha razonable de haber cometido un delito o cuando se considere razonablemente necesario para evitar que cometa un delito o que huya después de haberlo cometido;

d. la detención de un menor por orden legal con fines de supervisión educativa o su detención legal con el fin de llevarlo ante la autoridad judicial competente;

e. la detención legal de personas para la prevención de la propagación de enfermedades infecciosas, de personas en estado de salud mental, alcohólicos o drogadictos o vagabundos;

f. el arresto o la detención legal de una persona para evitar que efectúe una entrada no autorizada al país o de una persona contra la cual se esté actuando con miras a la deportación o extradición.

El artículo nueve del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contiene disposiciones similares.

Muchos argumentos que fueron relevantes para la decisión de Bedford son relevantes para las preocupaciones del artículo cinco, porque los argumentos a favor de la criminalización de las actividades asociadas con la venta de sexo fueron rechazados en Bedford debido a su impacto en la seguridad de la persona.

Bedford se refería a una solicitud de tres trabajadoras sexuales para derogar las secciones 210, 212 (1) (j) y 213 (1) (c) de la CCC. La sección 210 tipificaba como delito mantener o estar en una ‘casa obscena’, la sección 212 (1) (j) prohibía vivir de los beneficios de la prostitución y la sección 213 (1) (c) prohibía comunicarse en público con el propósito de prostitución. El efecto acumulativo de estas disposiciones fue impulsar el trabajo sexual a las calles. Los estudios han demostrado sistemáticamente que el trabajo sexual en la calle es más peligroso que el trabajo sexual en interiores debido a la mayor vulnerabilidad y riesgo de violencia. Estos estudios fueron apoyados por la evidencia en Bedford.

Al confirmar la decisión del Tribunal de Apelaciones de Ontario, el SCC señaló que:

Las prohibiciones en cuestión no se limitan a imponer condiciones sobre el funcionamiento de las prostitutas. Van un paso crítico más allá al imponer condiciones peligrosas a la prostitución; evitan que las personas involucradas en una actividad de riesgo, pero legal, tomen medidas para protegerse de los riesgos.

El SCC también respaldó la conclusión del juez de aplicación de que «la forma más segura de prostitución es trabajar independientemente desde un lugar fijo».

Trabajar de forma independiente desde un lugar fijo no es una oportunidad que se brinda a las trabajadoras sexuales según el modelo sueco. La mayoría de las leyes de penalización asimétrica tienen alguna forma de prohibición de vivir de las ganancias del trabajo sexual, lo que en la práctica prohíbe a las trabajadoras sexuales trabajar en locales alquilados o usar sus ganancias para mantener a sus parejas e hijos. La prohibición de los burdeles afecta la seguridad de las trabajadoras sexuales al hacer prácticamente imposible que las trabajadoras sexuales trabajen en locales compartidos. El modelo sueco también evita que las trabajadoras sexuales contraten guardias de seguridad o que «examinen» a los clientes en busca de señales de advertencia de peligro potencial. Las trabajadoras sexuales también son obligadas a trabajar desde lugares aislados y peligrosos para evitar el acoso policial.

Los clientes suelen ser informantes clave sobre presuntas prácticas abusivas o trata en Estados donde el trabajo sexual está despenalizado. Los clientes son a menudo los únicos «extraños» con los que interactúan las víctimas de la trata. Según el modelo sueco, es poco probable que los clientes se incriminen a sí mismos al denunciar situaciones sospechosas de sexo comercial. Limitar la capacidad de estos testigos para presentar pruebas cruciales hace que sea más fácil, no más difícil, que se produzcan prácticas de explotación.

Los argumentos que persuadieron al SCC en Bedford, por lo tanto, se aplican casi en igual medida a la seguridad personal según el modelo sueco. Esto es irónico, porque la respuesta de la legislatura canadiense a la decisión de Bedford fue enmendar la CCC para adoptar el modelo sueco. Por tanto, es inevitable un nuevo recurso constitucional.

 

D. Artículo octavo – Derecho al respeto de la vida privada y familiar

 

El artículo ocho de la CEDH dispone:

  1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, su domicilio y su correspondencia.
  1. Ninguna autoridad pública podrá interferir en el ejercicio de este derecho, excepto cuando sea conforme a la ley y sea necesario en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional, la seguridad pública o el bienestar económico de la población. país, para la prevención del desorden o el delito, para la protección de la salud o la moral, o para la protección de los derechos y libertades de los demás.

El derecho a la privacidad también está protegido por el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El punto de partida del análisis del TEDH sobre el derecho a la vida privada es que es incapaz de una definición exhaustiva.

(…)

(…) Las “razones particularmente serias” necesarias para interferir justificadamente con el derecho a la privacidad solo están presentes en el sexo comercial cuando la transacción involucra explotación, participación de menores, trata de personas o violencia.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional de Sudáfrica (CCSA) consideró el mismo argumento en Jordan y concluyó que la penalización de la venta de sexo no infringía el derecho a la privacidad de las trabajadoras sexuales. Las partes en Jordan impugnaron la ley sudafricana que penalizaba la venta de sexo por una variedad de motivos, incluida la afirmación de que la ley violó la sección 13 de la Constitución Provisional de la República de Sudáfrica (ICRSA).

La sección 13 establece:

Toda persona tendrá derecho a su privacidad personal, que incluirá el derecho a no ser objeto de registros de su persona, hogar o propiedad, la incautación de posesiones privadas o la violación de comunicaciones privadas.

La sentencia se dividió en dos opiniones: Ngcobo J; y O’Regan y Sachs JJ. Ngcobo J distinguió el derecho de los homosexuales a la privacidad del derecho de las trabajadoras sexuales a la privacidad porque las leyes que criminalizaban las prácticas homosexuales se habían:

entrometido en “la esfera de la intimidad privada y la autonomía que nos permite establecer y nutrir las relaciones humanas sin interferencia de la comunidad externa” y al hacerlo afectó la sexualidad de las personas homosexuales “en el núcleo del área de la intimidad privada”.

Consideró que la dificultad «se agrava» por el hecho de que la prostituta invita al público en general a participar en conductas ilegales en privado.

Sin embargo, al citar la decisión relevante sobre la homosexualidad, Ngcobo J dejó la cita incompleta. La cita completa dice:

La privacidad reconoce que todos tenemos derecho a una esfera de intimidad privada y autonomía que nos permita establecer y nutrir las relaciones humanas sin interferencia de la comunidad exterior. La forma en que expresamos nuestra sexualidad es el núcleo de esta área de intimidad privada. Si, al expresar nuestra sexualidad, actuamos de manera consensuada y sin dañarnos unos a otros, la invasión de ese recinto será una violación de nuestra privacidad.

En la sentencia posterior de O’Regan y Sachs JJ, el tribunal se refirió al argumento del Estado de que “la prostituta pone sus servicios sexuales a disposición de todos y cada uno a cambio de una recompensa, privando al acto sexual de su carácter íntimo y privado”, y encontró, en acuerdo parcial con el Estado, que:

El sexo comercial implica la actividad más íntima que tiene lugar en el ámbito más impersonal y público, el mercado; se trata simultáneamente de sexo y dinero.

Esta determinación se alcanzó con el reconocimiento de la decisión del USSC en Roberts v US Jaycees, que sostuvo que cuanto más pública es una actividad, menor es la «zona» de privacidad.

Esta interpretación del derecho a la privacidad esencialmente asume que cuanto menos exigente es una persona con respecto a su pareja o parejas sexuales de elección, menor es su reclamo de derecho a la privacidad. Sin embargo, ni la jurisprudencia constitucional en Sudáfrica ni la jurisprudencia del TEDH establecen un límite en el número de parejas sexuales o encuentros que una persona heterosexual, homosexual o LGBTI puede tener antes de que su derecho a la privacidad comience a disiparse.

El sexo comercial no ocurre en el ámbito más «impersonal y público», es simplemente la publicidad de servicios sexuales comerciales lo que se lleva a cabo públicamente. Esto no es diferente al adulto promiscuo que anuncia en los periódicos y en los sitios web de citas sobre sexo casual fuera de las relaciones formales. La actividad en sí ocurre generalmente a puerta cerrada y, de hecho, si tuviera lugar públicamente, las partes probablemente se encontrarían en riesgo de ser procesadas por indecencia pública. El argumento de que una trabajadora sexual renuncia a su derecho a la privacidad es mucho más apropiado cuando se aplica a actores de películas eróticas, donde la posibilidad de diseminación de la actividad sexual implica un compromiso de la privacidad mucho mayor que el sexo comercial «a puerta cerrada».

Argumentar que existe tal distinción entre sexo comercial y no comercial tampoco tiene en cuenta que, aunque las trabajadoras sexuales pueden ser menos exigentes que el resto de la población al elegir una pareja sexual, aún tienen el derecho a decir no, consagrado por las leyes que prohíben la violación sexual. Sugerir que una trabajadora sexual pierde su derecho a la privacidad al solicitar un pago es similar a sugerir que una trabajadora sexual pierde su derecho a retirar su consentimiento al solicitar un pago. La imposición de condiciones sobre los encuentros sexuales consensuales entre adultos, ya sea que esas condiciones sean «debe ser un hombre cisgénero», «debe ser de origen asiático» o «debe pagar una suma de dinero» no debe ser una preocupación de la ley. La injerencia de la ley en el derecho a la privacidad debe centrarse en la prevención de daños y otras preocupaciones legítimas de interés público.

O’Regan y Sachs JJ añaden que «al hacer que sus servicios sexuales estén disponibles para ser contratados por extraños en el mercado, la trabajadora sexual vacía el acto de gran parte de su carácter privado e íntimo». Esto, nuevamente, se traduce en una distinción en las decisiones sobre sexo no comercial para la que no existe base jurisprudencial: que una persona promiscua que está abierta a tener relaciones sexuales con una amplia gama de personas lo hace a expensas de su privacidad. No hay nada en la jurisprudencia de la CCSA o del TEDH que establezca tal distinción. Los comentarios del TEDH en Laskey, Jaggard y Brown sugieren que el derecho a la privacidad de una persona podría disiparse si su actividad sexual involucra un número considerable de parejas junto con la filmación y difusión de imágenes, pero la mayoría del trabajo sexual directo (y el ámbito donde el derecho a la privacidad se puede argumentar con más fuerza) es con respecto a la actividad sexual comercial entre dos partes que no se filma.

Por lo tanto, cualquier argumento de este tipo planteado en el TEDH debe rechazarse por constituir un juicio moral innecesario sobre las prácticas sexuales que no tienen ningún impacto en otros miembros del público y no persiguen ningún objetivo legítimo discernible. Aunque el TEDH da un «amplio margen» a los Estados para legislar sobre asuntos morales, también exige que los Estados tengan «razones particularmente serias» para interferir con el derecho a la privacidad.

Vale la pena señalar que O’Regan y Sachs JJ dieron un peso considerable a las opiniones de la Comisión Sudafricana para la Igualdad de Género (CGE), que actualmente favorece el modelo neozelandés, y que sostuvo en Jordan que cualquier “criminalización del sexo comercial exacerba los vínculos entre la prostitución y el crimen y la enfermedad ”. La CGE, junto con los otros apelantes, también sostuvo que debido a que el trabajo sexual es “un supuesto delito sin víctimas, las pruebas generalmente solo pueden obtenerse mediante formas atroces de trampa, lo que fomenta la corrupción”. La redacción de estos argumentos sugiere que pueden aplicarse a cualquier modelo de criminalización.

En cuanto al derecho a una vida familiar, las trabajadoras sexuales en Suecia corren el riesgo de perder la custodia de sus hijos, mientras que las trabajadoras tanto en Suecia como en Noruega enfrentan el desalojo de sus hogares. Tan recientemente como en 2014, la policía noruega hizo cumplir la disposición del código penal que prohíbe los arrendamientos a las trabajadoras sexuales en la «Operación Sin Hogar», disuadiendo a las trabajadoras sexuales de denunciar delitos relacionados con el trabajo para evitar el desalojo.

El modelo sueco no puede considerarse compatible con el artículo ocho debido a la invasión de la privacidad, el derecho a la vida privada y el derecho a la vida familiar.

 

E. Artículo 10 – Libertad de expresión

 

El artículo 10 de la CEDH establece:

  1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho incluirá la libertad de opinar y recibir y difundir información e ideas sin injerencia de la autoridad pública y sin importar fronteras. Este artículo no impedirá a los Estados exigir la concesión de licencias a empresas de radiodifusión, televisión o cine.

 

  1. El ejercicio de estas libertades, por acarrear deberes y responsabilidades, podrá estar sujeto a las formalidades, condiciones, restricciones o sanciones que prescriba la ley y sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, territorial integridad o seguridad pública, para la prevención de desórdenes o delitos, para la protección de la salud o la moral, para la protección de la reputación o los derechos de otros, para prevenir la divulgación de información recibida en forma confidencial o para mantener la autoridad e imparcialidad de el poder Judicial.

Derechos similares están protegidos por el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Las trabajadoras sexuales tienen limitado su derecho a la libertad de expresión “para la protección de la moral” e incluso en los Estados donde el trabajo sexual está despenalizado, la libertad de expresión se limita a ciertos modos de publicidad.

Es ampliamente aceptado que no es apropiado que las personas accedan a material sexualmente explícito o se involucren en determinadas prácticas sexuales hasta que alcancen un cierto punto de madurez, por lo que es apropiado que la libertad de expresión de las trabajadoras sexuales se limite a determinados foros. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, donde el trabajo sexual está completamente despenalizado, los gobiernos locales pueden aprobar estatutos que limitan la visibilidad pública del sexo comercial, incluso cuando dichos estatutos sean incompatibles con la Ley de Derechos de 1990, mientras que la publicidad de servicios sexuales comerciales se limita a la sección de anuncios clasificados del periódico.

Los límites apropiados a la injerencia de un Estado en el derecho a la libertad de expresión en relación con material sexualmente explícito se analizan más adelante en relación con Handyside.

 

F. Artículo 11 – Libertad de reunión y asociación

 

El artículo 11 de la CEDH establece:

  1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica ya la libertad de asociación con otros, incluido el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.
  2. No se impondrán restricciones al ejercicio de estos derechos que no sean las prescritas por la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o pública, para la prevención de desórdenes o delitos, para la protección de la salud o la moral o para la protección de los derechos y libertades de los demás. Este artículo no impedirá la imposición de restricciones lícitas al ejercicio de estos derechos por miembros de las fuerzas armadas, de la policía o de la administración del Estado.

Un derecho similar está respaldado por el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

  1. Mantenimiento de burdeles

La legislación del modelo sueco prohíbe el alquiler de locales con fines de sexo comercial, vivir del producto de la prostitución practicada por otros y beneficiarse materialmente del sexo comercial. Esto crea una prohibición de facto sobre el mantenimiento de burdeles, que limita los derechos de las trabajadoras sexuales a asociarse entre sí en violación de sus derechos del artículo 11. También hace que su trabajo sea más peligroso, como se mencionó anteriormente, al alentarlas a trabajar solas y desalentarlas de involucrarse con la policía.

  1. Sindicatos

La CEDH no reconoce el derecho a un medio de vida o el derecho a la actividad económica, pero sí reconoce el derecho de quienes se dedican a actividades económicas legítimas a formar sindicatos. El estatus del trabajo sexual como una actividad económica legítima fue considerado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) en Aldona Malgorzata Jany v Staatssecretaris van Justitie, que encontró que el trabajo sexual es una actividad económica a pesar de los argumentos de que no puede ser considerado como tal por su naturaleza ilegal, cuestiones de moralidad pública y dificultades para determinar si las trabajadoras sexuales pueden o no actuar libremente. El TJCE concluyó que estas cuestiones no modificaban el hecho de que el trabajo sexual era una prestación de servicios a cambio de una remuneración, lo que significa que era una actividad económica como cualquier otra. Si la actividad económica es legal o no es un asunto de los Estados individuales. Si un Estado miembro individual no declara ilegal la venta de sexo, entonces el trabajo sexual debe considerarse una actividad económica legítima.

Aunque vender sexo es técnicamente una actividad económica legal en los Estados del modelo sueco, debido a que la venta no está prohibida por ley, no se reconoce como trabajo. Por lo tanto, las trabajadoras sexuales no pueden formar sindicatos o colectivos con fines de promoción, negociación, promoción de derechos y enlace con el gobierno.

Todos los Estados del modelo sueco son partes del PIDESC, que reconoce el derecho al trabajo y el derecho a condiciones laborales justas y favorables.

 

G. Artículo 14 – Prohibición de la discriminación y artículo 1 Protocolo 12 – Prohibición general de la discriminación

 

El artículo 14 establece:

El disfrute de los derechos y libertades enunciados en la presente Convención se garantizará sin discriminación por motivos tales como sexo, raza, color, idioma, religión, opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, asociación con una minoría nacional, propiedad, nacimiento u otro estado.

El artículo 1 del Protocolo 12 establece:

  1. El disfrute de cualquier derecho establecido por la ley se garantizará sin discriminación por ningún motivo, como sexo, raza, color, idioma, religión, opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, asociación con una minoría nacional, propiedad, nacimiento u otro estado.
  1. Nadie será discriminado por ninguna autoridad pública por ningún motivo como los mencionados en el párrafo 1.

El artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos protege a todas las personas contra la discriminación por los mismos motivos.

Las leyes de Suecia, Noruega, Islandia, Canadá e Irlanda del Norte están redactadas en términos neutrales al género, pero todas afirman que la ley es necesaria para mejorar la igualdad de género. Es cuestionable cómo una ley que implica que las mujeres tienen menos autonomía que los hombres puede hacer esto. La ley implica que las mujeres carecen de la capacidad de tomar decisiones voluntarias sobre su sexualidad en la misma medida que los niños, al presentarlas como víctimas indefensas que necesitan ser rescatadas.

Se presta poca o ninguna atención al hecho de que los hombres frecuentemente venden sexo: tanto a mujeres heterosexuales como a hombres homosexuales. Si bien es cierto que la mayoría de las transacciones comerciales involucran a una vendedora y un comprador masculino, al enmarcar la ley en términos neutrales al género y al hacer declaraciones públicas que confirmen que el propósito de la ley es erradicar el trabajo sexual por completo, las legislaturas relevantes interfieren con el derecho de los hombres a vender sexo, con el propósito de proteger a las mujeres que venden sexo. Tampoco es raro que una persona transgénero compre o venda sexo. No existe ningún debate sobre su posición bajo el modelo sueco.

Incluso si se considerara que la igualdad de género es un objetivo tan noble como para justificar la ley, la redacción seguramente tendría que modificarse para establecer que los hombres, y hasta cierto punto los transexuales, aún puedan vender sexo.

Otro grupo que se ve injustamente afectado por la eliminación de todo acceso al sexo comercial son las personas con discapacidad. Las personas discapacitadas tienen mayores dificultades que sus pares sanos para acceder a una vida social activa o para entablar relaciones románticas, lo que les dificulta tener encuentros sexuales. Pero al igual que las trabajadoras sexuales y los homosexuales, tienen derecho a «expresar su sexualidad… de forma consensuada y sin dañarse mutuamente». La importancia de este derecho se refleja en las decisiones de los gobiernos de los organismos locales del Reino Unido de financiar a las trabajadoras sexuales para las personas discapacitadas cuando se considere necesario para su “bienestar físico y mental”.

Sin embargo, el modelo sueco niega a las personas discapacitadas la oportunidad de expresar su sexualidad al prohibirles ofrecer una compensación a cambio de servicios sexuales. El enfoque discrimina injustamente a hombres, transexuales, homosexuales y personas discapacitadas con el pretexto de proteger a las mujeres, pero en ausencia de un vínculo plausible entre la discriminación resultante y el objetivo legítimo perseguido.

 

H. Protocolo Séptimo, Artículo Uno – Garantías de procedimiento relativas a la expulsión de extranjeros

 

El Protocolo siete, artículo uno de la CEDH dispone:

1. Un extranjero que resida legalmente en el territorio de un Estado no podrá ser expulsado del mismo, salvo en cumplimiento de una decisión adoptada de conformidad con la ley y se le permitirá:
(a) motivar su expulsión,
(b) que se revise su caso, y
c) estar representado a estos efectos ante la autoridad competente o una persona o personas designadas por dicha autoridad.
2. Un extranjero podrá ser expulsado antes del ejercicio de sus derechos conforme al párrafo 1. (a), (b) y (c) de este artículo, cuando dicha expulsión sea necesaria en interés del orden público o se base en razones de orden nacional. seguridad

Este derecho también está respaldado por el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En Suecia, vender sexo es una razón válida para la deportación de no residentes. Si bien un gobierno de modelo sueco puede argumentar que una trabajadora sexual ha actuado de manera inconsistente con ‘los intereses del orden público’ en un caso específico, es difícil ver cómo el acto privado, consensuado e inofensivo del sexo comercial es en sí mismo contradictorio con el orden público y, por lo tanto, es una interferencia inapropiada con el derecho de una trabajadora sexual a no ser expulsada de un Estado en el que se encuentra legalmente presente. Incluso cuando hay preocupaciones de orden público, es una interferencia de derechos especialmente desproporcionada cuando los niños deben irse con sus madres trabajadoras sexuales.

Esta política también significa que las víctimas migrantes de la trata tienen más probabilidades que otras trabajadoras sexuales de ser deportadas y, por lo tanto, tienen una capacidad limitada para actuar como testigos en los enjuiciamientos por trata. Esto hace que la trata de personas sea más difícil de detectar y, por lo tanto, el modelo sueco la afianza aún más, en lugar de prevenirla.

Prohibir la prostitución es el peor de los crímenes contra las mujeres

 

Según el Tribunal de Nüremberg, iniciar una guerra de agresión es el peor de los crímenes de guerra porque contiene en sí mismo el mal acumulado de todos ellos.

De la misma forma, prohibir la prostitución, es decir, negar la libertad de las mujeres, es el peor de los crímenes contra éstas, porque contiene en sí mismo el mal acumulado de todos los crímenes contra las mujeres.

No existe diferencia entre prostituta y mujer libre. Prostituta es el baldón que se cuelga a la mujer libre para negar su libertad y el derecho a prostituirse es lo que define la libertad de la mujer.

La prohibición expone a las prostitutas a sufrir violencia policial, detenciones, violaciones, chantajes y deportaciones sin posibilidad de denunciar los abusos, y a eso mismo expone a toda mujer libre, porque ¿cuál es la diferencia entre una mujer libre y una prostituta? La prohibición pone en manos de la policía la tarea de diferenciar entre una y otra.

Con la prohibición, toda mujer es sospechosa de ser prostituta: sólo la estrecha vigilancia por parte de la policía de su vida privada, de su intimidad, permitirá diferenciar a la que lo es de la que no lo es. Sólo el registro policial de una mujer como puta permitirá identificar a los hombres con los que se relacione como puteros criminales y a su casero como proxeneta criminal.

Pero, ¿cuáles son los signos diferenciales de la prostituta? ¿Tal vez la promiscuidad sexual?¿Tal vez la infidelidad matrimonial?¿Tal vez el intercambio de sexo por bienes de naturaleza no sexual?

Sólo una norma puede ayudar a distinguir a la prostituta de las demás mujeres: la moral sexual tradicional, la moral sexual católica. Con la prohibición, la policía vigilará la moral sexual de las mujeres y las cárceles morales se abrirán para todas las mujeres.

Porque las cárceles morales para mujeres no fueron sólo para prostitutas. Tanto los asilos de las Magdalenas en Irlanda, como el Patronato de la Mujer en España, como la “guerra contra las mujeres” en Estados Unidos, abrieron sus puertas para todo tipo de mujeres “inmorales”: todas ellas fueron consideradas putas.

Negar a las mujeres el derecho a prostituirse es un crimen porque es negar a las mujeres sus derechos humanos. Por eso, tanto el Estado abolicionista español como el Estado neoprohibicionista sueco, que se presentan como democracias avanzadas, reconocen ese derecho.

Porque el Estado sueco, en una exhibición de monstruosa hipocresía, reconoce y garantiza el derecho de las mujeres a prostituirse, su derecho a vender sexo, al tiempo que penaliza la compra de ese sexo.

Prohibir la prostitución es el peor de los crímenes contra las mujeres porque es el germen de todos los crímenes contra las mujeres. No obsta que hoy, en España, sean mujeres las que estén liderando la campaña por la prohibición: mujeres eran también las carceleras del Patronato de la Mujer.

La diferencia no es entre mujeres y hombres, sino entre personas defensoras de los derechos humanos y personas enemigas de la humanidad. Hoy, la “democracia avanzada” española ve correr por sus venas el virus del fascismo. Aún estamos a tiempo de neutralizarlo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Suecia: la otra redada contra la prostitución

El país escandinavo fue pionero en criminalizar al cliente y ahora quiere endurecer los castigos

 

Apretando las tuercas. La policía de Estocolmo detuvo esta semana a 28 personas por haber pagado por servicios sexuales, entre ellos (abajo) el célebre actor Paolo Roberto. Las autoridades suecas quieren agravar las penas a los clientes de prostitución (JOHAN NILSSON / AFP)

 

Núria Vila | Malmö

24 de mayo de 2020

https://www.lavanguardia.com/recontra/20200524/481362204664/otra-redada-prostitucion-suecia.html

 

Una redada de la policía de Estocolmo contra la prostitución hace una semana acabó con 28 detenidos. No eran prostitutas, sino clientes. Como establece la ley sueca, el delito no lo comete quien cobra por tener relaciones sexuales, sino quien paga por ellas. La redada habría pasado desapercibida en otras condiciones, pero resultó que uno de los detenidos era Paolo Roberto. Exboxeador profesional, actor sueco de origen italiano, Roberto es toda una celebridad, es uno de los presentadores estrella del país que tal vez recuerden porque se interpretaba a sí mismo en La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina , segunda entrega de la saga Millenium , de Stieg Larsson. La policía no reveló su nombre, fue él mismo quien lo admitió en una entrevista a TV4, cadena en la que trabajaba como presentador de un reality y de la que ha sido despedido.

La detención y la confesión de un famoso como Roberto –que hasta tiene una línea de pizzas y otros productos italianos con su nombre– ha propiciado un debate social y político alrededor de la prostitución, hasta el punto de que tanto el Gobierno como varios partidos de la oposición han anunciado su intención de modificar la ley para endurecer los castigos. Suecia fue el primer país del mundo en criminalizar a los clientes y no a las prostitutas cuando en 1999 aprobó la ley que prohíbe la compra de servicios sexuales y que considera víctimas a las personas que venden su cuerpo por necesidad. Una ley que luego ha servido de ejemplo para países como Noruega, Irlanda y Francia.


La detención de Paolo Roberto, exboxeador y actor, ha reabierto el debate sobre si hay que endurecer las penas


Actualmente, la legislación sueca prevé multas o una pena de prisión de hasta un año, pero el Gobierno (coalición de socialdemócratas y verdes) está preparando una propuesta para eliminar las sanciones económicas y que el único castigo previsto sea el de cárcel, según han avanzado los ministros Morgan Johansson (Justicia) y Åsa Lindhagen (Igualdad de Género) en un artículo del diario Aftonbladet . “Esto no solo supondrá sanciones más severas, sino que actuará como elemento disuasorio”, afirman, argumentando que la información sobre la persona condenada estará disponible para más autoridades y durante más tiempo que en el caso de una multa. En otoño del 2019, el Parlamento sueco ya debatió esta cuestión, pero todos los partidos, salvo el Partido de Izquierdas, votaron en contra. Ahora, según la cadena SVT, al menos cinco de las ocho formaciones con representación parlamentaria estarían a favor de endurecer las penas.

Además, el Ejecutivo sueco quiere volver a intentar modificar la ley para castigar también a quienes contraten servicios sexuales en el extranjero, algo que ya propuso en la anterior legislatura pero que entonces no prosperó. Según el último sondeo sobre hábitos sexuales, el 9% de los hombres suecos afirmaron haber pagado por sexo y, de éstos, el 80% lo había hecho en el extranjero. “Todo el que compra sexo en el extranjero contribuye al tráfico humano”, sostienen los ministros, que añaden que “el tráfico sexual es una forma de comercio de esclavos que ha de acabar”.

Además de la ley que prohíbe la contratación de servicios sexuales, en el 2018 Suecia implementó la conocida como ley de consentimiento, que tipifica como delito cualquier relación sexual que no cuente con el beneplácito de alguna de las personas implicadas. Según esta legislación, pues, una persona que pague por sexo puede ser condenada también por violación si la persona que vende su cuerpo está obligada a hacerlo. Este aspecto es el que ahora la Fiscalía está analizando en el caso de Paolo Roberto, justamente por sus propias palabras en la entrevista de televisión. El actor admitió que se sentía sucio por haber pagado a una prostituta y añadió: “Estás comprando el cuerpo de otra mujer, probablemente alguien que se ha visto obligado a hacerlo, porque no es que ella esté allí porque sea muy agradable”. Dar por hecho que la prostituta estaba siendo obligada a tener sexo con él le puede comportar una pena mucho mayor que una simple multa. Pero él no será el único. Los 28 hombres detenidos en el centro de la capital es una cifra considerable teniendo en cuenta que, durante el 2019 unos 50 hombres de la región de la capital fueron condenados por contratar servicios sexuales. Además de las detenciones, la policía ofreció apoyo y asistencia a las 40 personas, mujeres y hombres, que ejercían la prostitución. De estos, cinco eran menores. “Está claro que la prostitución es un gran problema cuando hemos detenido a casi 30 hombres en tan poco tiempo”, dijo el jefe de policía de Estocolmo, Anders Olofsson. “Esto es solo la punta del iceberg”.

 

El modelo abolicionista de la prostitución gana peso entre las socialdemócratas alemanas frente a la posición del partido

 

  • La prostitución es legal en Alemania, pero cada vez son más las voces del Partido Socialdemócrata que reclaman, a pesar de la posición oficial de la formación, un cambio de modelo al estilo nórdico, que penaliza a los clientes
  • «El trabajo sexual ni es sexo ni es trabajo. Es una violación de los derechos humanos», dice Maria Noichl, eurodiputada germana
  • Las asociaciones de trabajadoras sexuales se oponen: «Están llevando una batalla a costa de las trabajadoras del sexo. Ellas creen que saben lo que es bueno para nosotras, es muy arrogante», explica Stephanie Klee

 

Por Aldo Mas

18 de agosto de 2019

https://www.eldiario.es/sociedad/abolicionismo-prostitucion-abre-socialdemocratas-alemanas_0_931956872.html

 

La prostitución lleva ya casi dos décadas siendo legal en Alemania. La ley que lo permitió fue aprobada por el Ejecutivo germano que lideraba el entonces canciller Gerhard Schröder en 2001, cuando el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) gobernaba en coalición con Los Verdes. La norma estaba destinada a facilitar que quienes la ejercen, en su mayoría mujeres, puedan pagar un seguro médico y cotizar para su jubilación, entre otras cosas. Sin embargo, aunque la posición oficial del partido sigue alineada con ello, cada vez son más las voces que, desde dentro, reclaman un cambio de modelo encaminado a la abolición de la prostitución.

«A través de la liberalización de principios de siglo asumimos que el trabajo sexual era como cualquier otra profesión», dice a eldiario.es la diputada del SPD en el Bundestag Leni Breymaier. Para ella, sin embargo, la prostitución no lo es. Ella forma parte del grupo de mujeres del SPD que hace campaña para la aplicación del ‘modelo nórdico’, una solución abolicionista implementada en Suecia desde hace 20 años y puesta en marcha en países como Noruega, Islandia o Francia según la cual se puede castigar con multas y hasta con penas de prisión a quien consume sexo a cambio de dinero. En último término, la idea que subyace a esta perspectiva es que la prostitución es una forma de violencia sobre la mujer en sí misma. Por el contrario, el modelo legalizador distingue entre la prostitución forzada y voluntaria y apuesta por el establecimiento de un marco legal que mejore las condiciones laborales de las mujeres que ejercen.

A este debate se refería el pasado 2 de junio, en el Día Internacional de la Trabajadora Sexual, la eurodiputada germana Maria Noichl, otra mujer socialdemócrata que, como Breymaier, quiere que Alemania adopte este modelo. «El trabajo sexual ni es sexo ni es trabajo. El trabajo sexual es una violación de los derechos humanos», según la también presidenta del grupo de trabajo de las mujeres socialdemócratas. Entre otras figuras del SPD favorables al ‘modelo nórdico’ destaca Herta Däubler-Gmelin, ex ministra de Justicia de la era Schröder.

Pese a las buenas intenciones que Breymaier ve en la liberalización de la prostitución de principios de siglo, a su entender, han aflorado problemas relacionados con que el trabajo sexual sea legal en Alemania. «Casi al mismo tiempo [que la legalización], la Unión Europea fue ampliada al este, lo que ha creado la posibilidad de que cientos de miles de mujeres jóvenes del este europeo hayan sido traídas a Alemania y a otros países para trabajar por poco dinero en burdeles y en las calles», expone Breymaier.

Entre las condiciones laborales que esta política denuncia figuran casos de mujeres trabajando «16 horas al día», en jornadas en las que «la penetración en todas las aperturas del cuerpo cuestan 30 euros». Peor aún es que «a menudo trabajen en ambientes de criminalidad, con sus propias leyes, jueces y ejecutores», abunda.

La postura oficial del partido

Sin embargo, su posición sobre la prostitución no es la mayoritaria en el SPD, partido que gobierna en Alemania en coalición con la conservadora Unión Cristiano Demócrata (CDU), la formación de la canciller Angela Merkel. «No todas las mujeres en el SPD tienen esta posición», pero «hay comités individuales en el SPD, como por ejemplo en Karlsruhe o en Baden-Wurtemberg» donde la postura abolicionista se está integrando, según Breymaier.

Desde el Bundestag, el grupo parlamentario de los socialdemócratas –el segundo más grande de la Cámara Baja alemana–, sin embargo, desestiman la idea de que el ‘modelo nórdico’ sea conveniente. La de Breymaier y compañía son sólo «opiniones individuales de socialdemócratas» que no han hecho que el partido cambie, según indican a eldiario.es fuentes parlamentarias del SPD.

«Para nosotros, el derecho de la autodeterminación de las mujeres y de los hombres es el objetivo más importante. Hay gente que lleva a cabo esta actividad conscientemente y con la intención de hacerlo. Acusar a todas las prostitutas de no haber elegido por ellas mismas esa actividad va en contra del derecho de autodeterminación de mujeres y hombres», argumentan oficialmente en el SPD.

Breymaier y sus compañeras díscolas del SPD se esfuerzan en poner de relieve las zonas grises que aún existen en la prostitución pese a la legislación implementada en 2002. Por ejemplo, se desconoce el número exacto de personas que la ejercen. En la prensa germana pueden leerse datos que van desde las 200.000 personas hasta las 400.000, pero no hay exactitud pese a que en 2017 se implementó una reforma que implicaba la necesidad de registrarse a las personas que se prostituyen en Alemania. «El mundo es mejor lugar con esa reforma que sin ella, pero esta ley no es suficiente. El legislador asume que el caso normal de prostitución es el de la prostituta libre y que la excepción es la prostitución forzada», apunta la diputada del SPD, que apunta a que hubiera deseado una mayor protección para casos de «mujeres demasiado jóvenes» o «de mujeres embarazadas».

«Una batalla a costa de las trabajadoras del sexo»

Sin embargo, este convencimiento se enfrenta a la idea opuesta de parte de las fuerzas progresistas y, más notablemente, de las organizaciones de trabajadoras sexuales, como Hydra o la Asociación Federal de Servicios Sexuales (BSD, por sus siglas alemanas). Stephanie Klee, trabajadora sexual, habla en nombre de la BSD. No oculta su enfado cuando responde a eldiario.es. «Yo les reprocho a la Sra. Breymaier y a todos los que se oponen a la prostitución lo siguiente: están llevando una batalla a costa de las trabajadoras del sexo. Ellas creen que saben lo que es bueno para nosotras, es muy arrogante», dice Klee.

Para ella, soluciones como el ‘modelo nórdico’ «cambian la tolerancia en la sociedad, cambian el cómo la gente se relaciona y lleva a las trabajadoras del sexo a la clandestinidad y a situaciones más peligrosas porque no permite que haya abiertamente encuentros con los clientes. Esto es algo que sabemos por la experiencia sueca».

Organizaciones como la de Klee defienden la liberalización de la prostitución y la mejora de la situación legal y social de las prostitutas, al igual que Amnistía Internacional, organización que en el debate alemán aparece del lado de quienes siguen apostando por que el trabajo sexual sea legal. En la BSD reconocen que puede haber abusos en ámbito del trabajo sexual, pero apuntan a que no por ello se debería prohibir la actividad. En esta lógica, la solución ante esto es legislar más y mejor.

Klee no parece pensar que, de momento, que las ideas abolicionistas vayan a imponerse en Alemania. Recientemente, su organización protagonizó una acción de información sobre el trabajo sexual en el que participaron prostitutas y artistas frente a la Estación Central de trenes de Berlín. Duró dos semanas. «Hubo mucha interacción con la gente que pasaba por allí. Debatimos mucho y logramos, en la mayoría de los casos, el respeto de nuestros interlocutores», recuerda Klee.

«No se puede practicar de modo seguro»

Frente a ello, en su lucha por implementar el ‘modelo nórdico’ en Alemania, las voces abolicionistas del SPD cuenta con el apoyo de organizaciones feministas como Terre des Femmes o Sisters. La propia Breymaier es, antes que diputada en el Bundestag, co-fundadora de Sisters. En Terre des Femmes ven con buenos ojos los esfuerzos de Breymaier. Esta organización «está pidiendo la aplicación del modelo abolicionista y la prohibición de la compra de sexo desde 2014», recuerda a eldiario.es Andrea Tivig, responsable para temas de tráfico de mujeres y prostitución.

«Nos alegramos de que en el SPD haya una evolución y que haya políticas o personas que se hayan dado cuenta de que no puede ir bien el modo con que Alemania ha lidiado con la prostitución», sostiene Tivig. En Terre des Femmes también ven el «sistema de la prostitución como una violencia contra las mujeres». En su día, en esta organización pensaron que la legalización traería mejoras para quienes trabajan en este ámbito. «Siempre pensamos que un mundo sin prostitución sería lo mejor, pero pensamos que a las mujeres se las tenía que ayudar. Sin embargo, la legalización ha puesto de manifiesto que la prostitución no se puede practicar de un modo seguro», apunta.

No obstante, voces como las de la Asociación Federal de Servicios Sexuales (BSD) echan de menos que representantes de la postura contraria no se hayan acercado al artístico punto de información montado por la organización y lamentan la falta de diálogo con los sectores opositores a que la prostitución sea legal. «¿Por qué tienen miedo a hablar con nosotras?», se pregunta Klee. Ella y compañía parecen contar, eso sí, con buena parte del apoyo del progresismo germano. «En Alemania, al contrario que en otros países, Los Verdes y en otros partidos de la izquierda también se suele ser muy crítico con el modelo abolicionista», señala Tivig.

 

Guía Práctica para Personas que Ejercen el Trabajo Sexual para Combatir la Introducción del Modelo Nórdico

 

Enviado por NSWP el 20 de marzo de 2018

https://www.nswp.org/es/resource/guia-practica-para-personas-que-ejercen-el-trabajo-sexual-para-combatir-la-introduccion-del

 

Descargar este recurso: 

Guía Práctica para Personas que Ejercen el Trabajo Sexual para Combatir la Introducción del Modelo Nórdico

Año: 2017

 

Esta Guía Práctica es parte de la ya herramienta existente de la NSWP sobre el “Modelo Sueco”, y da un repaso a los daños causados a las personas que ejercen el trabajo sexual en los países donde se ha introducido el Modelo Sueco. Está hecha a partir de las experiencias de los miembros de la NSWP, usando documentos, entrevistas en profundidad y estudios de casos a través de procesos de consultas. Esta guía está pensada para ser usada como una herramienta para fortalecer y apoyar a los miembros de la NSWP y a la habilidad de las personas que ejercen el trabajo sexual para abogar por sus derechos combatiendo las propuestas para introducir el Modelo Nórdico en sus países.

Los contenidos incluyen:

  • Consecuencias implícitas del Modelo Nórdico:
    • Reducir la demanda reduciendo las opciones de las personas que ejercen el trabajo sexual
    • Aumentar la vigilancia policial y el acoso a las personas que ejercen el trabajo sexual
    • Falta de seguridad
    • Aumentar el poder de la policía y aumentar la vigilancia policial de las personas que ejercen el trabajo sexual migrantes
    • Aumentar la discriminación
    • Exportar el modelo a otros países
  • Consecuencias no-implícitas del Modelo Nórdico:
    • Aumento del estigma social
    • Falta de iniciativas basadas en derechos
    • Falta de acceso a servicios de salud de calidad
    • Actitud de los empleados de los servicios y de la policía
    • Presentar datos de manera engañosa para introducir el Modelo Nórdico
    • Exclusión y desestimación de las perspectivas de las personas que ejercen el trabajo sexual
  • Combatir el Modelo Nórdico
    • Retar el control del estado y de las instituciones sobre las personas que ejercen el trabajo sexual
    • El rol del lenguaje y de la terminología para combatir el Modelo Nórdico
    • Principios Legales
    • Retar al Modelo Nórdico a través de los sistemas judiciales
    • Protestas visibles
    • Usar constituciones nacionales para combatir al Modelo Nórdico
    • Compartir narrativas personales para disipar malentendidos
    • Investigación
    • Arte
  • Consideraciones para planificar el activismo

Puedes descargarte el PDF. Esta fuente está disponible en inglés, chino, francés, ruso y español. Este recurso ha sido traducido del inglés por Nicola Chávez Courtright.

 

Ningún modelo en la práctica: ¿un “modelo nórdico” para responder a la prostitución?

 

 

Crimen, ley y cambio social.

Mayo de 2019, Volumen 71, Número 4, pp 423–439 | Citar como

 

 

 

  • Autores
  • Sarah Kingston
  • Terry Thomas

 

Primera publicación en línea:: 25 de octubre de 2018

https://link.springer.com/article/10.1007/s10611-018-9795-6

 

Resumen

El llamado modelo nórdico para responder a la prostitución ha sido considerado en los debates legislativos en toda Europa e internacionalmente, y aclamado por algunos como la mejor práctica para combatir la trata sexual y se cree que apoya la igualdad de género. Sin embargo, cuando examinamos la utilización de las leyes de los países nórdicos por los cuerpos de policía, vemos que no se está implementando de acuerdo con la ley. Argumentamos que «todo lo que está ocurriendo es la transferencia de retórica e ideología» en estos países ((Stone Politics, 19 (1): 51-59, 1999) en 56). En este artículo, exponemos las grietas en el llamado modelo nórdico, desacreditando así la naturaleza «persuasiva» de un enfoque nórdico unificado de la prostitución. Nos basamos en la transferencia de leyes y en la literatura de derecho comparado para ilustrar los problemas y desafíos de la adopción ingenua de este llamado modelo, argumentando que esto puede llevar a una transferencia no informada, inapropiada e incompleta del modelo nórdico, que luego se convierte en una norma irritante. exacerbando los problemas que trata de resolver.

Introducción

Se ha afirmado que existe un modelo nórdico para responder a la prostitución después de que Suecia, Noruega, Islandia y Finlandia introdujeron una legislación que tipificó como delito la compra de sexo. Este modelo ha sido aclamado posteriormente como un enfoque legal exitoso en muchos países internacionales y europeos, y ha llevado a algunas naciones a promulgar leyes similares. El enfoque adoptado por los países nórdicos se ha identificado como un enfoque legal «neo-abolicionista» a la prostitución [1]. Este enfoque considera que la prostitución es el resultado de la opresión de las mujeres por parte de los hombres y, por lo tanto, el enfoque de política legal que se toma se centra en la penalización de los clientes [2], ya que siempre se asume que son hombres. Este enfoque legal es identificado por algunos como la mejor práctica y, por lo tanto, se ha identificado como un enfoque legal progresista a seguir internacionalmente. Su consideración generalizada en los debates legales y políticos sobre la prostitución demuestra la seriedad de un enfoque aparentemente coherente y unificado de la prostitución y que el modelo nórdico tiene importancia internacional.

Por lo tanto, no es sorprendente que otros países hayan buscado inspiración en este modelo. La ministra de Justicia e Igualdad de la República de Irlanda, la diputada Frances Fitzgerald, identificó el modelo como un enfoque a seguir al debatir el proyecto de ley de la República de Irlanda, antes de que se convirtiera en ley [3]. En Canadá, el modelo se discutió a lo largo de los debates parlamentarios antes de que la compra de servicios sexuales se convirtiera en un delito penal [4]. Más recientemente, en las presentaciones del Reino Unido presentadas al Comité de Asuntos Internos de la Cámara de los Comunes (2016), el Tercer informe sobre la prostitución identificó el modelo nórdico como un posible enfoque a seguir [5].

Sin embargo, cuando investigamos las leyes de prostitución de los países nórdicos y la utilización de estas leyes por parte de los cuerpos de policía, es evidente que las leyes no se están implementando. Por lo tanto, esto pone en duda la afirmación de que existe un enfoque unido y convincente de la prostitución. Más bien, la evidencia sugiere que los enfoques en estos países nórdicos son dispares, y que Noruega, Finlandia e Islandia enfrentaron muchos problemas y desafíos cuando adoptaron el enfoque legal adoptado por Suecia. En particular, los cuerpos de policía no utilizan y aplican la ley. En este sentido, afirmamos que «todo lo que está ocurriendo es la transferencia de retórica e ideología» en estos países nórdicos ([6] en 56).

En este artículo, realizamos una revisión sistemática de la implementación de la ley por parte de los países nórdicos para penalizar la compra de sexo. Nuestra contribución original a estos debates se basa en la transferencia de leyes y la literatura de derecho comparado, así como en la investigación académica que ha documentado los debates de implementación post-legislativa. Exponemos las grietas en el llamado modelo nórdico, desacreditando así la naturaleza persuasiva de un enfoque nórdico unificado de la prostitución. Iluminamos los problemas y los desafíos de la adopción ingenua de este llamado modelo, argumentando que esto puede llevar a una transferencia no informada, inapropiada e incompleta del modelo nórdico, que luego se convierte en una norma irritante, que exacerba aún más los problemas que trata de resolver. Por lo tanto, instamos a los gobiernos a que aprendan las lecciones de los problemas y desafíos de la adopción del modelo nórdico, en lugar de transferir el enfoque legal por razones puramente ideológicas.

Comenzamos el artículo examinando los antecedentes de la afirmación de que existe un modelo nórdico. Luego examinamos la importación internacional del modelo nórdico. Luego cuestionamos la implementación de estas leyes por parte de los cuerpos de policía, así como los problemas y desafíos asociados con la adopción del modelo. Finalmente, el artículo considera las razones por las cuales el modelo nórdico sigue teniendo importancia internacional y las implicaciones que esto tiene.

Antecedentes del modelo nórdico

Se ha sugerido que la introducción de un delito penal por la compra de servicios sexuales en Suecia, seguida más tarde por Noruega e Islandia, y parcialmente en Finlandia, significa un enfoque nórdico unificado de la prostitución [7]. Las afirmaciones de que existe un modelo nórdico se han identificado en los medios de comunicación, los debates políticos y los círculos políticos. La investigación del Comité de Asuntos Internos de la Cámara de los Comunes del Reino Unido (2016) sobre la prostitución ha generado presentaciones escritas que han identificado un modelo nórdico [5]. Las ONG y las organizaciones defensoras de los derechos también han hecho referencia a la existencia de este modelo [8], y algunos grupos lo identifican como «un enfoque basado en los derechos humanos y la igualdad de género también conocido como el ‘modelo sueco»‘ ([9] en 1 ).

Este modelo a veces se conoce como el modelo sueco porque Suecia fue el primer país en introducir una legislación que creó un delito para la compra de sexo en 1999 [10]. La ofensa, según lo establecido en el Código Penal Sueco, Capítulo 6 s.11, se convierte en un delito: «cualquier persona que: obtiene relaciones sexuales casuales a cambio de un pago, es sentenciada por la compra de servicios sexuales a una multa o prisión que no exceda un año» [11]. La legislación en Suecia se introdujo para «actuar como un elemento disuasorio para quienes compran servicios sexuales, de modo que el número de compradores disminuya» ([12] en 1). El gobierno sueco creyó que:

Se considera que la prostitución causa graves daños tanto a las personas como a la sociedad en su conjunto. La delincuencia a gran escala, incluida la trata de personas con fines sexuales, las agresiones, la procuración y el tráfico de drogas, también suele asociarse con la prostitución … la penalización de la compra de servicios sexuales podría dificultar que varios grupos o individuos en otros países establezcan actividades organizadas de prostitución más extensas en Suecia (ibid: ([12] en 1).

También se consideró que la existencia de la prostitución socavaba la posición de las mujeres en la sociedad y que la nueva ley enviaría un mensaje importante a nivel internacional:

es vergonzoso e inaceptable que, en una sociedad con igualdad de género, los hombres obtengan relaciones sexuales ocasionales con las mujeres a cambio de un pago y Suecia, al introducir una prohibición en la compra de servicios sexuales, también envió una señal importante a otros países destacando nuestra perspectiva sobre la compra. Servicios sexuales y prostitución ([13] en 4).

Se creía que la ley «marca la actitud de Suecia hacia la prostitución», ya que el gobierno cree que «no es un fenómeno social deseable» ([13] en 9). Se esperaba que esta actitud y enfoque de la prostitución serían adoptados por otros países y, como Levy ha afirmado:

Desde la introducción de la ley, Suecia ha realizado grandes esfuerzos para exportar la legislación, impactar e influir en el derecho, la filosofía política y académica y el debate a nivel internacional ([14] en 1).

El gobierno sueco realizó dos revisiones para demostrar la efectividad de las leyes y su implementación en la práctica después de diez años [13, 15]. La primera revisión comparó la prevalencia supuesta de la prostitución en Suecia con Noruega y Dinamarca antes de la introducción de la prohibición y concluyó que la prevalencia era tres veces mayor en Noruega y Dinamarca que en Suecia después de la prohibición [13]. La segunda revisión fue parte de un plan de acción del Gobierno contra la prostitución y la trata de personas con fines sexuales, y nuevamente concluyó que la demanda se había reducido [15], y que en general «la prohibición de la compra de servicios sexuales ha tenido el efecto deseado y es un instrumento importante para prevenir y combatir la prostitución y la trata de personas con fines sexuales» ([12] en 1). La evaluación e implementación de la ley para prohibir la compra de servicios sexuales se consideró, por lo tanto, un éxito [16]. Después de implementar leyes similares en 2009, Noruega presuntamente presenció una reducción espectacular similar en la prevalencia de la prostitución callejera [16] .1 Es esta emulación de política legal, así como la introducción de un delito similar en Finlandia e Islandia, 2,3 lo que ha llevado a algunos a afirmar que existe un modelo nórdico.

Importacion internacional

El éxito percibido del enfoque de la política nórdica ha llevado a otros países a considerar la transferencia al modelo nórdico. Los llamamientos a adoptar este modelo legal se deben a la creencia de que este enfoque aborda la desigualdad de género, la trata y la explotación. Por ejemplo, la eurodiputada Mary Honeyball y ponente de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo publicó un informe sobre la explotación sexual y la igualdad de género el 3 de febrero de 2014; entre otras cosas el informe dice que:

Considera que la forma más eficaz de combatir la trata de mujeres y mujeres menores de edad para la explotación sexual y mejorar la igualdad de género es el modelo implementado en Suecia, Islandia y Noruega (el llamado modelo nórdico) [22].

Aunque la Unión Europea siempre ha dicho que las políticas y leyes sobre la prostitución están fuera de su competencia y que, por lo tanto, son un asunto de los países individuales, todavía se han hecho intentos para aprobar leyes paneuropeas.4 Por lo tanto, se ha afirmado que hay un fuerte viento que sopla desde Suecia y otros países nórdicos:

Apoyo el modelo sueco (también utilizado en Islandia y Noruega), y he escrito un informe para el comité de mujeres del Parlamento Europeo que lo defiende. Hoy votamos el informe para que llegue al parlamento el próximo mes, enviando una fuerte señal de que el viento sopla en dirección de Escandinavia [23].

Los debates sobre políticas de prostitución internacional se han vuelto cada vez más interesados ​​en lo que se ha denominado el modelo sueco y nórdico. En Escocia y Luxemburgo, aunque los planes para adoptar este modelo fueron rechazados, el modelo sueco y nórdico se identificó en las discusiones políticas y durante las visitas realizadas a Suecia [24, 25, 26, 27, 28]. Este interés se demuestra mediante la introducción de leyes algo similares en Irlanda del Norte5 e Inglaterra y Gales6, donde se penalizó la compra de servicios sexuales de una prostituta sometida a la fuerza. En Francia, después de dos años de debate, el Senado francés introdujo la ley por la que la compra de sexo era un delito y el delincuente es responsable de una multa y otras sanciones [31, 32, 33, 34]. En las etapas de consulta de este proyecto de ley, una delegación de activistas, que formó parte de la Asamblea Nacional en Francia, estableció un grupo de trabajo que, entre otras cosas, realizó una visita a Suecia para comprender cómo se estaba implementando la ley y qué impacto tenía la ley sobre las trabajadoras sexuales [35]. En los debates parlamentarios franceses se reconoció que Finlandia, Noruega e Islandia habían seguido el modelo sueco y esta ley había cambiado las actitudes y comportamientos en estos países [35].

Otros países europeos, como la República de Irlanda, han mostrado sus intenciones de adoptar este enfoque legislativo. En junio de 2013, la Comisión de Justicia, Defensa e Igualdad del Parlamento irlandés emitió un informe en el que recomendaba una reforma de la legislación sobre la prostitución, con disposiciones que penalizan la compra de servicios sexuales [36]. El comité visitó Suecia para ver cómo funcionaba su ‘Ley de Compra de Sexo’ y recibió un gran apoyo para el enfoque sueco de los grupos de campaña en Irlanda.7 En 2017, Irlanda se convirtió en otro país que convirtió la compra de sexo en un delito penal .8 La ministra de Justicia e Igualdad, Frances Fitzgerald declaró en su discurso ante el Departamento de Justicia e Igualdad que «Irlanda será la séptima jurisdicción en introducir leyes dirigidas a la compra y despenalizar a quienes prestan el servicio sexual» ([3] en 1 ).

Al igual que con otros países, las preocupaciones sobre la trata parecen haber dado impulso a esta búsqueda. La ministra de Justicia e Igualdad, la diputada Frances Fitzgerald, declaró: «Mi principal preocupación, al presentar estas disposiciones, es reivindicar los derechos humanos de las personas objeto de trata con fines de explotación sexual», la ley del comprador sexual dice que es «la más efectiva» herramienta para prevenir y combatir la trata de seres humanos ‘([37] en 1). Teresa Whitaker, de la Sex Workers Alliance of Ireland , dijo que estos movimientos ignoran a las mujeres que deciden vender sexo y, a su vez, cómo «este movimiento está arrasando … en toda Europa, se ha convertido en una cruzada moderna» ([38] en 1).

La importación internacional del modelo nórdico sigue siendo considerada por otros países de Europa. Sin embargo, el grado en que existe un modelo nórdico coherente es cuestionable, sobre todo porque las leyes nórdicas operan en contextos diferentes y no están implementadas en la legislación existente o por los profesionales de la misma manera. Por lo tanto, el grado en que se puede afirmar que existe un modelo legal nórdico debe considerarse con cautela. Para examinar críticamente si existe un llamado modelo nórdico unificado entre los países nórdicos, la siguiente parte del artículo considerará estas leyes en su entorno regulatorio.

 Ningún modelo en la práctica: falla de implementación

Las afirmaciones de que existe un modelo nórdico deben verse con escepticismo cuando examinamos la implementación de los fundamentos de la ley en el entorno regulatorio. Aunque parece haber un argumento razonado de que existe un enfoque legal común para la prostitución, ‘una vez que examinemos el entorno regulatorio, es probable que encontremos que las normas que realmente guían el trato diario son bastante diferentes a las reglas que se han establecido. La notoriedad en los libros de leyes ‘([39] en 199). De hecho, una vez que examinamos la implementación de la ley, es evidente que estos países nórdicos han experimentado problemas posteriores a la transferencia, cuando los cuerpos de policía no la implementan. Por lo tanto, el contexto en el que se transfiere una norma legal es fundamental para su implementación y adopción exitosas. Como explica Hage, el funcionamiento de los fundamentos de la ley depende de cómo los agentes legales lo utilizan en su trabajo. Y esto, a su vez, depende de la cultura general del país o región dentro del cual la ley y los agentes legales deben funcionar «([40] en 50). Por lo tanto, aunque se ha introducido una legislación para que sea un delito pagar por el sexo, no necesariamente se está implementando, lo que socava la afirmación de que en la práctica existe un «modelo» coherente.

Como resultado, Dolowitz y Marsh afirman que las transferencias de leyes pueden llevar al fracaso de la ley [41]. Sugieren que hay tres factores que pueden llevar al fracaso de la ley: transferencia no informada, transferencia incompleta y transferencia inapropiada. La primera, transferencia no informada, surge cuando un país toma prestada la ley de otro pero no tiene información suficiente sobre cómo funciona. La segunda, transferencia incompleta, se produce cuando no se transfieren los elementos clave de la ley. En tercer lugar, la transferencia inapropiada tiene lugar cuando el país prestatario pasa por alto o ignora los contextos económicos, políticos, sociales e ideológicos críticos. Zweigert y Kotz identifican que cuando se considera una transferencia de una ley de un país a otro, se deben hacer dos preguntas importantes: primero si ha resultado satisfactoria en su país de origen y, segundo, si funcionará en el país donde se ha propuesto adoptarla ‘([42] en 17). La siguiente parte del artículo, por lo tanto, examinará la ley en contexto para explorar si existe un modelo coherente en la práctica.

¿Transferencia no informada?

La adopción del enfoque sueco de la prostitución sin tener en cuenta la información suficiente sobre los efectos negativos podría llevar a la transferencia no informada de la ley, ya que «si hubiera habido un análisis más exhaustivo… es probable que el gobierno se hubiera dado cuenta de algunos de los inconvenientes». ‘([41] en 18–19). Una consecuencia de la transferencia mal informada de la ley, podría llevar a lo que Teubner describe como un «irritante legal» [43], ya que «la transferencia intentada no solo fracasará sino que exacerbará aún más los problemas a los que se dirige una ley» ([44] en 228). Las investigaciones han demostrado que el enfoque sueco tiene una serie de consecuencias negativas que deberían ser consideradas por los países prestatarios, así como el impacto negativo que este enfoque ha tenido en otros países nórdicos.

Los efectos negativos del enfoque sueco han incluido el aumento de la vulnerabilidad de quienes venden servicios sexuales y de las víctimas de la trata. Algunos incluso han afirmado que el gobierno sueco ignora y hace la vista gorda a los efectos negativos de la ley. Como dijo un entrevistado en el estudio de Levy, «no pensaron realmente en los efectos que esto tendría en la vida de las personas». Y aún cierran sus ojos y oídos ante el efecto que ha tenido «([24] en 64). En Suecia, se ha argumentado que, en lugar de reducir la explotación y el abuso, la ley ha hecho que las trabajadoras sexuales sean más vulnerables a la explotación [45]. Se ha demostrado que quienes venden servicios sexuales en la calle en Suecia tardan menos tiempo en negociar con los clientes, lo que reduce su capacidad para evaluar los riesgos potenciales [46]. Estudios previos en Suecia y el Reino Unido han demostrado que la aplicación de la ley puede llevar a la industria a la clandestinidad, lo que puede conllevar mayores riesgos tanto para las trabajadoras sexuales como para sus clientes mientras intentan evadir el procesamiento policial [47, 48, 49]. Del mismo modo, en Francia, las investigaciones de Le Bail y Giametta han demostrado cómo la penalización de los clientes en Francia ha incrementado los niveles de violencia y los riesgos que enfrentan quienes venden sexo y ha cambiado la relación de poder en favor de los clientes que se sienten más capaces de hacer demandas e imponer condiciones [50].

Los efectos negativos de adoptar el enfoque sueco también se pueden observar en Noruega, donde el informe Pro Sentret indicó que la ley para penalizar a los clientes hace que las trabajadoras sexuales sean mucho más susceptibles a la violencia porque la industria del sexo se oculta aún más para evitar el enjuiciamiento penal [51]. Según este informe de 2012, el 59% de las participantes dijeron que habían experimentado violencia después de la introducción de la ley de compra de sexo ([51] en 4). Al responder al informe, la miembro del Parlamento del Partido Conservador, Anniken Hauglie afirmó que «la realidad es que la ley ha dificultado las cosas para las mujeres en la prostitución» [52]. En contraste, la investigación ha demostrado que la despenalización en Nueva Zelanda ha permitido a quienes venden sexo determinar qué servicios proporcionarán y cuáles no, a qué clientes prestarán servicios, así como a negociar prácticas sexuales más seguras [53]. Su posición legal significa que, cuando se producen casos de explotación, pueden llevar su caso a un tribunal de derechos humanos o mediante otros procesos legales [54].

Otro problema asociado con el enfoque sueco es la base de evidencia sobre la cual se ha racionalizado. Se ha sugerido que su introducción era necesaria para combatir la trata sexual. La creencia sostenida es que al reducir la demanda de prostitución, la trata sexual se reduciría. Esta es una suposición interesante cuando exploramos investigaciones realizadas donde la compra de sexo no está tipificada como delito, como en Nueva Zelanda, que encontró que solo el 4% de las trabajadoras sexuales encuestadas informaron que habían sido obligadas a trabajar [55]. En cambio, los críticos del modelo sueco han argumentado que la penalización de la compra de sexo en Suecia no ha conducido a una reducción en el alcance de la trata. Como la Alianza Global contra el Tráfico de Mujeres ha afirmado, «no hay pruebas de que criminalizar o penalizar de otro modo a los clientes de las trabajadoras sexuales haya reducido la trata de personas o el trabajo sexual» ([56] en 1). En cambio, la penalización de los clientes ha hecho que las trabajadoras sexuales sean más vulnerables a la explotación [45], y las víctimas de la trata de personas son más reacias a denunciar su explotación a la policía por temor a las represalias de los tratantes y por su inherente desconfianza hacia las autoridades. Además, en Finlandia, el sargento jefe Kenneth Eriksson afirma que la ley finlandesa es contraproducente ya que los clientes son disuadidos de reportar posibles evidencias de trata sexual y explotación a la policía, ya que ellos mismos temen el procesamiento penal ([57] en 28). A pesar de estas consecuencias negativas, un informe encargado por el Ministerio de Justicia de Finlandia indicó claramente su apoyo a una prohibición total de la compra de sexo (actualmente, en Finlandia opera una prohibición «parcial»). Su preferencia es seguir el modelo sueco, que se considera que tiene pocos problemas, es menos ambiguo y tiene poco impacto negativo en las trabajadoras sexuales [20].

La afirmación de que «la prohibición de comprar servicios sexuales ha reducido la demanda de sexo y, por lo tanto, ha contribuido a reducir el alcance de la prostitución en Noruega» ([58] 11), también se ha sometido a un examen crítico. Por ejemplo, aunque la investigación ha identificado que la prevalencia de la compra de sexo tiende a ser mayor en países donde la prostitución es legal, los autores también resaltan que es probable que las tasas de autoinforme sean más bajas en un país donde la prostitución es ilegal y esto explica por lo tanto estas tasas de prevalencia más bajas [59]. De hecho, las investigaciones han demostrado que en los países donde la prostitución es ilegal, la industria se oculta más a medida que los involucrados tratan de evitar ser identificados o procesados ​​por las autoridades [48, 60]. Una consecuencia de esto puede ser el «cambio espacial» donde la prostitución se desplaza a espacios menos visibles: gracias a los desarrollos tecnológicos, quienes venden sexo no abandonan la industria, sino que adaptan sus prácticas para evitar el procesamiento [61]. Por lo tanto, la aparente reducción de la prostitución es simplemente un reflejo de la invisibilidad de la industria desde espacios públicos o visibles.

El cambio espacial y el deseo de evitar el enjuiciamiento también pueden ayudar a explicar la investigación que ha identificado que en los países donde la prostitución es legal, las tasas de trata también son más altas [62]. Las investigaciones sobre clientes masculinos del sexo comercial han indicado su renuencia a reportar casos de posible explotación o abuso a las autoridades en el Reino Unido porque pueden enfrentar un proceso judicial [63]. Además, aunque la investigación realizada por Kotasdam y Jakobsson encontró que las tasas de trata sexual son más altas en los países donde la prostitución es legal, también reconocen que, en los países con una gran cantidad de recursos, las capacidades mejoradas de la policía y los sistemas legales pueden estar en mejores condiciones para detectar y procesar la trata sexual [64]. La investigación también ha demostrado que algunas migrantes que venden servicios sexuales han reclamado su condición de víctima para obtener acceso a los recursos y evitar la deportación, lo que complica aún más los hallazgos de las tasas de prevalencia de la trata sexual [46, 65].

La ineficacia y legitimidad potencial del enfoque de política legal sueca o nórdica, sin embargo, no ha sido ignorada por otros países. Por ejemplo, en Luxemburgo, el gobierno luxemburgués rechazó un proyecto de ley que penalizaría la compra de sexo en 2014 porque se creía que la ley podría aumentar los peligros para las trabajadoras sexuales, ya que serían más propensas a trabajar solas si la ley era aprobada [28]. Según el eurodiputado luxemburgués Cécile Hemmen «No vamos a aplicar el modelo sueco u otro. En cuanto a la prostitución, la idea del gobierno es encontrar un enfoque adaptado a Luxemburgo ‘[66]. Del mismo modo, Dinamarca, país nórdico, no ha tipificado como delito penal la compra de sexo a pesar de las campañas de los grupos de mujeres y políticos para cambiar la ley [67].

Transferencia incompleta e inapropiada

La simple adopción de un modelo de otro país, porque parece funcionar, no tiene en cuenta los problemas sociales más amplios y, por lo tanto, puede no funcionar en otro país. La transferencia de leyes puede ser un proceso diverso y multifacético que puede estar plagado de muchos desafíos y problemas, y puede estar mediado por un contexto social, histórico, cultural particular. Canton y McFarlane argumentan:

Al igual que cada ley es única, diferentes áreas de la política pública plantean sus propios desafíos para la transferencia. Esto es cierto de la justicia penal. Hay variaciones considerables entre las diferentes naciones en sus puntos de vista sobre los orígenes del crimen y sobre cómo el Estado y la comunidad deben responder a los delincuentes… Cada vez se reconoce más que la trayectoria del desarrollo de leyes de justicia penal depende de una amplia gama de normas, leyes y políticas económicas e influencias sociales, culturales y emocionales, interactuando entre sí de manera incierta ([68] en 1-2).

Los problemas que puede tener la transferencia de políticas legales pueden incluir «organización económica», «diferencias en contextos institucionales políticos», «el papel desempeñado por los medios de comunicación» y «un conjunto particular de ‘rasgos culturales’» ([69] en 442 –3). Como argumentan Stenson y Edwards, «si se debe evitar la emulación ingenua de leyes, se debe prestar mayor atención… al concepto de «filtro social»([44] en 228). De hecho, el intento de adopción del modelo nórdico puede ser rechazado por la nación anfitriona debido a su incompatibilidad con los valores sociales y culturales de ese país. Esto se observó en el Reino Unido cuando los acuerdos de Estados Unidos de acceso abierto al registro de delincuentes sexuales, conocido como ‘Notificación a la Comunidad’ (o ley de Megan) fueron rechazados en el parlamento en 1997. Como Alun Michael (por la oposición) afirmó ‘Podemos aprender algunas lecciones de los Estados Unidos [pero] … nuestra cultura, ley, servicio de policía y otros servicios son diferentes ‘[70].

Muchos estudios legales comparativos han demostrado que las leyes transferidas o copiadas no han funcionado debido a la resistencia a la plena aplicación de la ley o debido al incumplimiento por parte de los legisladores o los cuerpos de policía [39]. Utilizando el ejemplo del mercado de consumo en Europa y las crecientes directivas de armonización del mercado para los consumidores, Brownsword describe cómo «aunque se pueden copiar las directivas, no se copian en la práctica de la misma manera» ([39] en 198 ).

Por lo tanto, los problemas con la implementación del modelo nórdico también pueden ocurrir después de la transferencia cuando los cuerpos de policía no lo hacen porque no pueden, no quieren o son ineptos. A pesar del enfoque legal de la aplicación de la ley centrada en los clientes en Francia, quienes venden sexo son aún procesadas con más frecuencia ​​y enfrentan la intimidación y amenazas de la policía [50]. En Suecia, a pesar de que la venta de sexo no es un delito penal, las investigaciones han demostrado la manera parcial y discriminatoria en que la policía responde y trata con quienes venden servicios sexuales [71]. La creencia de que una persona que vende servicios sexuales no puede ser violada fue expresada por los oficiales de policía en la investigación de Levy en Suecia [14], y se hizo eco en una investigación en Inglaterra [72]. En Inglaterra y Gales, Kingston y Thomas descubrieron que la policía no estaba usando la ley parcial que penalizaba a los hombres por comprar servicios sexuales a mujeres víctimas de trata. La policía no pudo detectar si una trabajadora sexual era víctima de explotación o coerción porque la ley tampoco es necesaria, la policía no recibió la capacitación adecuada para identificar a las víctimas o debido a la incapacidad / falta de voluntad de las trabajadoras sexuales para denunciar su victimización a la policía [ 73]. Por lo tanto, aunque la falta de pagar por sexo puede ser procesada, aquellos cuya función es hacer cumplir esta ley, la policía, no lo están haciendo.

De manera similar, en Noruega, a pesar del éxito aparente de los grupos de activistas para lograr un cambio en la ley, los críticos han argumentado que ha habido una falta de apoyo político a la ley y la consiguiente falta de implementación de la legislación por parte de la policía [74] . En septiembre de 2013, los partidos políticos noruegos como el Partido Liberal (Venstre), el Partido Conservador (Høyre), el Partido del Progreso populista de derecha (Fremskrittspartiet) y el Partido Verde (Miljøpartiet de Grønne) hicieron todo lo necesario para revocar la Ley de Compra de Sexo. Durante su campaña electoral [74]. Stø y Håland afirmaron que faltaba apoyo político para que la ley penalizara a los clientes ([74] en 4). Como afirman:

Nunca podríamos haber imaginado cuán fuerte sería la oposición a la Ley de Compra de Sexo de Noruega cuando se implementó por primera vez el 1 de enero de 2009: por parte de la policía, que apenas la aplica; por los políticos, que han hecho de levantar la prohibición parte de sus promesas electorales; y por los medios de comunicación, que proporcionan una plataforma para los opositores de la ley y para quienes elogian la prostitución… No es ningún secreto que se implementó la Ley de Compra de Sexo contra la voluntad de los líderes del Partido Laborista y del Partido de la Izquierda Socialista. El ministro de Justicia en ese momento, Knut Storberget, era un fuerte opositor a la nueva ley y al que estaba dispuesto a implementarla. Sabiendo esto, puede que no sea una sorpresa que la ley se haya aplicado de manera muy relajada.

En Islandia, Stø y Håland informan que el movimiento feminista todavía está luchando para que la policía utilice la ley contra los compradores de servicios sexuales [74]. Un grupo clandestino llamado «Stóra Systir» («Big Sister») publicó anuncios falsos en sitios web como einkamal.is, mypurplerabbit.com., Raudatorgid.is y publicó anuncios clasificados que ofrecían «masajes» en el diario Fréttabladid. Obtuvieron los nombres de 56 hombres, 117 números de teléfono y detalles de 29 correos electrónicos de hombres que habían mostrado interés en comprar servicios sexuales durante un período de tres semanas. El grupo afirmó que habían decidido tomar medidas y exponer a los hombres debido a la inacción de la policía [75].

En Suecia, del trabajo de Levy se desprende claramente que hay muchos profesionales que no apoyan la ley sueca y han criticado duramente la evaluación de la ley por parte del gobierno sueco [14]. Como afirmó un participante de su estudio, «con mucho es la peor estupidez que he leído entre los informes comisionados … es extremadamente pobre y está lleno de contradicciones e inconsistencias» ([14] en 55). El Instituto Sueco también ha reconocido la evidencia de la falta de apoyo a la ley y la división en la opinión pública en Suecia, quienes afirman que:

A pesar de la posición oficial, todavía hay un debate en Suecia sobre las actitudes hacia la prostitución. Quienes defienden la prostitución argumentan que es posible diferenciar entre prostitución voluntaria y no voluntaria, que los adultos deberían tener el derecho de vender y comprar sexo libremente, y que la prohibición de la compra de servicios sexuales representa una posición obsoleta basada en la moralidad sexual ([13] en 5).

Al igual que con las leyes que se instauran, su implementación por parte de los profesionales no es automática. Esto se puede ver muy claramente en el caso de la Ley de delitos y trastornos del Reino Unido de 1998 (ss. 14 a 15) que permite a las autoridades locales solicitar órdenes de toque de queda locales para niños menores de 10 años en áreas específicas. Posteriormente, ninguna autoridad local en Inglaterra y Gales ha tratado de usar este poder. Se podría argumentar que la adopción y transferencia del enfoque de la política legal sueca fue una forma de «transferencia coercitiva» ([76] en 344), y ha resultado en un «fracaso de implementación» ([41] en 21). Como no hay apoyo para su introducción en algunos países, se ha producido un fallo en su implementación por parte de los profesionales. Estos debates de implementación posteriores a la transferencia evidentemente resaltan la utilización fragmentada, inconsistente e incoherente de la ley por parte de la policía y la falta de apoyo por parte de otros profesionales. Como resultado, la función de la ley no se pone en práctica.

Discusión

La transferencia de políticas legales y públicas sigue siendo vista como una estrategia útil a emplear y se afirma que su uso ha crecido en el contexto de los avances en la tecnología que ha permitido la comunicación internacional y un aprendizaje mutuo mucho más fácil [41]. En un mundo cada vez más interconectado y dependiente, puede que no sea sorprendente que hayan surgido políticas globales para abordar problemas como las presiones económicas mundiales, ya que los responsables de legislar van a otras naciones para ver cómo funcionan las leyes, los procesos y las instituciones para enfrentar los problemas sociales. Como lo sugieren Zweigert y Kotz, «el aislamiento nacional está en decadencia» [42].

La influencia de los «procesos de política global» en el desarrollo de la política de prostitución no es nada nuevo, ya que Skilbrei y Holmstrom señalan que los países no son circuitos cerrados en los que se hacen leyes [7]. «Copiar», la ley de otro país y «promulgar un programa más o menos intacto» ([77] en 27) no se limita a la ley de prostitución; se ha observado en muchas áreas de la reforma del bienestar, la justicia penal y la política pública [41, 76]. Esto ha llevado a algunos a argumentar que es un «fenómeno en crecimiento» ([41] en 5). Su existencia también se ha documentado en áreas de control de delitos, y se puede observar en áreas como «correcciones privatizadas, vigilancia de ‘tolerancia cero’ y sentencias de ‘tres huelgas'»([78] en 129); estrategias de lucha contra el terrorismo [79]; y la justicia juvenil [80]. Asimismo, la transferencia de políticas legales ha sido bien documentada dentro de Europa. De hecho, Zweigert y Kotz han sugerido que «la armonización de las leyes… tiene un significado cada vez mayor» ([42] en 24).

Por lo tanto, es probable que seamos testigos del continuo interés internacional en adoptar el modelo nórdico. No solo por el papel fundamental que los grupos feministas continúan desempeñando en las discusiones políticas internacionales sobre la prostitución. La desigualdad de género, los derechos de las mujeres y las preocupaciones sobre la trata sexual a menudo han constituido la razón para que los países consideren la adopción del enfoque nórdico. De hecho, en Noruega, Finlandia e Islandia está claro que los grupos feministas hicieron campaña con los respectivos gobiernos para penalizar la compra de sexo y estas iniciativas tuvieron éxito. En Noruega, las campañas de grupos feministas, como el Frente de Mujeres de Noruega y otros grupos como la Confederación de Sindicatos de Noruega, trataron de persuadir al gobierno noruego durante muchos años de que legislara para hacer que la compra de sexo fuera ilegal [81]. La influencia de los grupos de activistas también se puede ver en Islandia, cuando la primera ministra Jóhanna Sigurðardóttir afirmó que Islandia había seguido el camino sueco para hacer que la compra de sexo fuera ilegal, después de una campaña de nueve años de duración del movimiento de mujeres y parlamentarias ([82 ] a las 8). Sigurðardóttir explicó más tarde:

Llevó aproximadamente diez años aprobar una ley en el Parlamento para prohibir la prostitución o, más bien, pagar favores sexuales. Esto se debió a un gran esfuerzo de los movimientos de mujeres de los partidos políticos y también al fuerte apoyo de un grupo que lucha contra la violencia sexual. Las encuestas de opinión pública también mostraron que la mayoría de la población islandesa quería que se aprobara esta ley, ya que el 70 por ciento quería prohibir la prostitución. Esta fue una legislación muy importante y detener la trata de personas fue una motivación clave detrás de esta lucha ([83] en 1).

Posteriormente, Islandia prohibió los clubes de striptease en 2010, lo que llevó a algunos a afirmar que Islandia era el «país más feminista del mundo» ([84] en 1).

En los Estados Unidos, los grupos feministas han hecho campaña contra la legalización de la prostitución durante muchos años, argumentando que es una forma de violencia contra las mujeres y que los clientes son «malvados» [85]. Del mismo modo, en el Reino Unido, la campaña de grupos como Object Now ha hecho campaña al gobierno durante muchos años para avanzar hacia la creación del delito de pagar por sexo y no limitar el delito a quienes pagan por tener relaciones sexuales con alguien que es obligada o forzada.

En el momento de redactar este informe, la investigación del Comité de Asuntos Domésticos de la Cámara de los Comunes del Reino Unido (2016) sobre la prostitución y la investigación del Ministerio del Interior en este campo aún están en curso. La investigación del Comité, entre otros términos de referencia autoimpuestos, buscaba discutir si las sanciones penales en relación con la prostitución deberían seguir afectando más a quienes venden sexo, en lugar de a quienes lo compran. De las pruebas escritas enviadas a la investigación ya se desprende claramente que el modelo nórdico se presenta como una posible forma de avanzar. La investigación también ha identificado en sus términos de referencia el reconocimiento de la prostitución por parte del Servicio de Prosecución de la Corona como violencia contra las mujeres. Al igual que con la retórica ideológica evidente en los debates políticos nórdicos, las preocupaciones sobre la trata sexual, la desigualdad de género y la posición de las mujeres en la sociedad parecen haber alimentado este enfoque sobre aquellos que compran sexo, pero específicamente en los hombres.

En esta etapa, se podría sugerir que Inglaterra y Gales se encuentran actualmente en una fase de aprendizaje de lecciones sobre la transferencia de leyes, ya que el Ministerio del Interior ha reconocido algunas de las desventajas de los diferentes modelos de leyes de prostitución. El aprendizaje de la lección se describe como aprender de las posibles consecuencias negativas de adoptar una ley y, por lo tanto, el cambio institucional no siempre tiene lugar [76]. Sin embargo, también se podría sugerir que Inglaterra y Gales ya han adoptado un enfoque híbrido, similar a Finlandia, cuando introdujo el s.14 de la Ley de Policía y Crimen de 2009. Esta ley hizo un delito de pagar los servicios sexuales de una prostituta que ha sido objeto de conducta explotadora; esta ofensa es una de «responsabilidad estricta». Investigaciones anteriores ya han identificado la no implementación de esta ley por parte de los cuerpos de policía [73]. Por lo tanto, instamos a la Oficina central a realizar más investigaciones sobre el uso de esta ley existente antes de considerar si se debe introducir una prohibición total en la compra de servicios sexuales para evitar una transferencia no informada, inapropiada e incompleta.

Observamos con interés las deliberaciones y recomendaciones que se presentarán y la respuesta del gobierno del Reino Unido a su debido tiempo. Aunque se ha demostrado que no existe un modelo nórdico coherente, la importación internacional del supuesto modelo nórdico continúa a medida que los países buscan en estas naciones una solución legal a la trata sexual y a la desigualdad de género y una reducción general de la prostitución. Sin embargo, si los funcionarios de policía utilizarán una ley para penalizar la compra de sexo requiere una mayor consideración, ya que, si no se hace, esto puede llevar a una transferencia no informada del modelo nórdico y, por lo tanto, a una transferencia incompleta por parte de los profesionales.

 Conclusión

Los comentaristas han sugerido que la adopción del modelo sueco por Islandia, Finlandia y Noruega demuestra la existencia de un modelo nórdico para lidiar con la prostitución. Aunque hay diferencias entre las leyes en estos países nórdicos, las leyes siguen desempeñando la misma función: que la compra de sexo es un delito penal. En este sentido, Noruega, Finlandia e Islandia han emulado el enfoque de política legal adoptado en Suecia, conservando la funcionalidad de la ley pero haciéndolo de formas ligeramente diferentes [77]. Sin embargo, cuando comenzamos a examinar estas leyes en su entorno regulatorio, comenzamos a ver que la función de la ley no está totalmente cumplida; socavando así la afirmación de que existe un modelo nórdico coherente.

Este artículo ha demostrado que existe un modelo nórdico en la ley pero que no se está implementando, ya que aquellos que están asignados para implementar la legislación no lo están haciendo y no apoyan la ley, socavando la afirmación de que existe un modelo coherente. En cambio, argumentamos que las variaciones en el entorno regulatorio de estos países nórdicos no se tienen en cuenta cuando se afirma que existe un modelo nórdico. Más bien, lo que hemos visto es que hay un fuerte apoyo político para la tipificación como delito penal porque se cree que eso ayuda en la lucha contra la trata sexual y la desigualdad de género en general, pero hay falta de voluntad o capacidad para implementar esta ley. Claramente entonces, ‘las reclamaciones de leyes y prácticas de transferencia deben ser tratadas con cierto escepticismo si todo lo que está ocurriendo es la transferencia de retórica e ideología’ ([6] en 56).

El artículo también ha demostrado las razones por las cuales el modelo nórdico no está funcionando. Primero, el modelo nórdico no reduce la demanda, la trata sexual, la violencia o la explotación. Más bien, actúa como una ley irritante que exacerba estos problemas. El modelo tampoco contribuye a la igualdad de género, porque la base de evidencia en la que se basa el enfoque de la ley no reconoce la investigación que muestra que las mujeres y las parejas pagan por sexo y que los hombres y las personas trans venden servicios sexuales [86]. Si los países prestatarios tampoco consideran estos temas, afirmamos que esto se traduce en una transferencia no informada. Finalmente, la falta de implementación de la ley por parte de los duerpos de policía resulta en una transferencia incompleta e inadecuada debido a la falta de apoyo a la ley por parte de los profesionales y la falta de implementación. Estas grietas identificadas en el modelo nórdico, aparentemente unificado y coherente, como su nombre sugiere,  socavan por lo tanto su capacidad de persuasión. En consecuencia, instamos a los países a que aprendan lecciones de los problemas y desafíos de la adopción del modelo nórdico que se han documentado aquí.

 

Notas al pie

 

  1. 1. El Código Penal Civil General de Noruega se modificó en 2009 con una nueva Sección 202a que «en efecto penaliza (ed) la compra de actividad sexual o un acto sexual» ([17] en 1).

 

  1. 2. La sección 8 del Código Penal de Finlandia tipificó como delito comprar sexo a una persona explotada o obligada a ejercer la prostitución en 2006 [18]. Bajo este delito, una víctima se define como alguien que está “controlada para obtener ganancias” o es una víctima de trata [18, 19]. Esta prohibición parcial surgió como un compromiso después de intensos debates parlamentarios en los que el modelo sueco fue considerado como un enfoque para su promulgación en Finlandia [20].

 

  1. 3. En 2009, Islandia modificó su Código Penal para incluir el delito de pagar por servicios sexuales. El Código Penal lo convierte en un delito: «Cualquier persona que pague, o se comprometa a pagar o prestar consideración de otro tipo, por prostitución será multada o encarcelada por hasta 1 año» (Capítulo XXII. [Delitos sexuales], Ley 40 / 1992, Art. 12, citado en [21]).

 

  1. 4. Véase, por ejemplo, un intento de aprobar una moción para una resolución de conformidad con la Regla 120 del Reglamento por el eurodiputado italiano Lorenzo Fontana en julio de 2013 sobre la implementación de un marco común para gestionar y regular la prostitución (B7–0372 / 2013, 18.7 .2013).

 

  1. 5. El artículo 64A de la Orden sobre delitos sexuales de 2008, enmendado por el Proyecto de ley sobre la trata y la explotación de personas [29].

 

  1. 6. s.14 La Ley de Policía y Delincuencia de 2009 [30].

 

  1. 7. Ver por ejemplo http://www.turnofftheredlight.ie/).

 

  1. 8. La Ley de Derecho Penal (Delitos Sexuales) de 2017, Parte 4, sección 25, modificó la Ley de Derecho Penal de 1993 mediante la inserción de S.7A Pago, etc., por la actividad sexual con una prostituta.

 

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Silencio, hablan las putas

 

El debate en el seno del movimiento feminista sobre la prostitución es complejo y no admite simplificaciones. Unas charlas en Cáceres el pasado día 24 organizadas por CNT destierran tópicos e introducen la discusión en el terrenos de los derechos humanos.  

 

Por  CHEMA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ

26 de noviembre de 2018

https://www.elsaltodiario.com/trabajo-sexual/silencio-hablan-las-putas-#

 

 

Quienes asistimos el pasado 24 de noviembre por la tarde en Cáceres a la charla “Feminismo y prostitución”, tuvimos la ocasión de escuchar un discurso claro, directo y bien fundamentado sobre la lucha de un colectivo, el de las prostitutas, para que, de una vez por todas, le sean reconocidos los derechos humanos que la Declaración Universal considera como iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, tal y como establece en su preámbulo, sin que exista distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición (artículo 2).

Ese discurso, que impele a nuestra sociedad en todas sus formas —de a pie, política, legislativa— a procurar el bien de los derechos humanos de las prostitutas por encima de cualquier otra motivación, trasciende el discurso sobre el patriarcado y las circunstancias que impone a la mujer, no ya como prostituta, sino como prostituida por un sistema capitalista que convierte su cuerpo en moneda de cambio y transforma el sujeto individual en objeto de consumo.

Una charla donde se reclaman derechos laborales, cívicos e individuales para las prostitutas, un acto de disidencia y de desobediencia frente a unas leyes que criminalizan el ejercicio de la prostitución

La charla fue impartida en el local del sindicato CNT de Cáceres por Paula Sánchez Perera, del Colectivo Hetaira de Madrid, Rocío Medina Martín, del Colectivo Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona y Marijose B. Márquez, del Colectivo de Prostitutas de Sevilla, justo un día antes de que las plazas y las redes sociales se llenaran de multitudes y mensajes reclamando la eliminación de la violencia contra las mujeres, y ante un auditorio de apenas 70 personas que, como señaló Rocío Medina, profesora asociada del área de Filosofía del Derecho de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, ejercían con su asistencia a una charla donde se reclaman derechos laborales, cívicos e individuales para las prostitutas, un acto de disidencia y de desobediencia frente a unas leyes que criminalizan el ejercicio de la prostitución, de muchas y muy diversas formas, y una sociedad que recurre a una doble moral en la que se legitima y legaliza la venta de armas a países que violan los derechos humanos, permite que mueran ahogados en el Mediterráneo miles de personas que huyen de la miseria y de la guerra, sin distinción de sexo ni edad, o establece políticas laborales que propician la miseria, precarización y explotación del sector más vulnerable, el de las mujeres, ocasionando lo que se ha dado en llamar la feminización de la pobreza, que obliga a esas mismas mujeres a buscar ingresos económicos a través de la prestación de servicios sexuales.

“En condiciones de pobreza, los hombres delinquen y las mujeres se prostituyen”. Esta frase, traída a colación por Paula Sánchez Perera, del colectivo Hetaira de Madrid, licenciada en Filosofía y premio extraordinario del Máster en Teoría y Crítica de la Cultura, pertenece a una de las antropólogas que mejor ha estudiado la relación entre pobreza y mujer, Dolores Juliano, autora de libros como Presunción de inocencia. Riesgo, delito y pecado en femenino, Las que saben…subculturas de mujeres o La prostitución: el espejo oscuro.  Paula Sánchez repasó los cinco modelos jurídicos que ha adoptado el Estado a lo largo de la Historia frente a la prostitución: reglamentarismo, abolicionismo, prohibicionismo, regulación y despenalización.

Paula Sánchez repasó los cinco modelos jurídicos que ha adoptado el Estado a lo largo de la Historia frente a la prostitución: reglamentarismo, abolicionismo, prohibicionismo, regulación y despenalización

El primero, el reglamentarismo, entiende la prostitución como un mal necesario. Fundamenta su discurso en la protección de la sociedad y no de las prostitutas, a quienes se ve en unas ocasiones como focos de ETS, enfermedades de transmisión sexual, y en otras como mal ejemplo moral para una comunidad que pretende proteger a los menores del exhibicionismo sexual pero que no les impide acceder a otro tipo de malas influencias, como puede ser a una violencia prestigiada por los medios de comunicación y de ocio (ahí está, sin más, la publicidad indiscriminada de las casas de apuestas). Impone la zonificación, los registros y los controles médicos, así como una tarjeta sanitaria para las prostitutas. El proxenetismo es considerado una actividad ilegal y está, en principio, prohibido.

El prohibicionismo, propio del siglo XIX y aún vigente en Estados Unidos, a excepción del Estado de Nevada, fomenta la clandestinidad y la criminalización de mujeres que, a pesar de ir contra la ley, seguirán ejerciendo esta práctica como modo de subsistencia, lo cual favorece su dependencia del proxenetismo, al que también persigue, y las aboca a un mundo submarginal. Considera la prostitución como un vicio inmoral y trata como delincuentes a las mujeres que lo ejercen.

El abolicionismo, también considerado como modelo nórdico, por su implantación en Suecia, convierte a la prostituta en víctima y en objeto constante de acoso policial, desalojos y desahucios, deportaciones y retirada de la custodia de los hijos e hijas. Es un modelo defendido a veces por el feminismo que pretende la erradicación absoluta de la prostitución por considerarla efecto de un sistema patriarcal. Afirma no perseguir a las prostitutas, sino a la organización de la prostitución y a la explotación de las mujeres como víctimas de un comercio de personas. Sin embargo, tal y como expuso Paula Sánchez, este modelo criminaliza también a las mujeres que lo sufren y no ofrece una alternativa clara a la prostitución.

Su historia refleja la política de un país, Suecia, que exporta una imagen idílica del respeto a los derechos humanos y de erradicación de la prostitución mientras desarrolla una verdadera caza de brujas contra quienes la ejercen

Ejemplo de ello es el documental Allí donde las putas no existen, que se puede ver en youtube, de la directora Ovidie, en el que se relata la tragedia de Eva-Marie Kullander Smith, de 27 años, que también fue «escort», a la que se le retiraron sus hijos y que acabó asesinada por su expareja con treinta puñaladas. Su historia refleja la política de un país, Suecia, que exporta una imagen idílica del respeto a los derechos humanos y de erradicación de la prostitución mientras desarrolla una verdadera caza de brujas contra quienes la ejercen.

Estos tres modelos (reglamentación, prohibición y abolición), en opinión de Paula Sánchez, criminalizan a la mujer prostituta, al mismo tiempo que le niegan protección y seguridad jurídica, no le procuran alternativas laborales e impiden el ejercicio de sus derechos civiles, sociales y humanos, las tres reivindicaciones que ha enarbolado desde siempre un movimiento organizado en defensa de las prostitutas que cuenta ya con más de 50 años de existencia en Europa y con 23 en España, la edad del Colectivo Hetaira.

El modelo jurídico de la regulación propone un control estatal de las mujeres y favorece el trabajo a terceros. No es defendido por las prostitutas, pero es el modelo jurídico que prevalece en el Estado español a través de diversas sentencias que establecen la actividad en clubs de alterne, como una dictada por el Tribunal Supremo a principios de 2017 en la que consideraba que existía una relación laboral entre quienes ejercían dicha actividad y quien regenta el local donde se produce. Es el modelo propio de países como Holanda y Alemania, donde se considera la legalización como un mal necesario y se comienza a hablar de las prostitutas como de “trabajadoras”.

Desde 2003 existe una ley reguladora elaborada y evaluada por ese Comité de Prostitutas de Nueva Zelanda, que ha venido a sustituir un sistema punitivo por otro basado en los derechos de las personas y que procura un sexo seguro para las trabajadoras del sector

Por último, Paula Sánchez habló del modelo jurídico de despenalización, también conocido como modelo neozelandés, modelo idóneo que centra el foco en el respeto a los derechos humanos. En este modelo, propio de Nueva Zelanda, las prostitutas no precisan inscribirse en registro alguno, salvo que ejerzan la actividad más de cuatro juntas, gozan del derecho a la confidencialidad en las revisiones sanitarias, que eligen por propia voluntad, existen inspecciones periódicas y controladas a los burdeles, dirigidas por un Comité de Prostitutas, que impone sanciones por cuestiones como no ponerse condón a la hora de mantener relaciones sexuales e incluso estima la denuncia hecha contra el cliente tras haberle prestado el servicio sexual. Desde 2003 existe una ley reguladora elaborada y evaluada por ese Comité de Prostitutas de Nueva Zelanda, que ha venido a sustituir un sistema punitivo por otro basado en los derechos de las personas y que procura un sexo seguro para las trabajadoras del sector. Ello ha facilitado que las prostitutas se sientan más seguras y capaces para denunciar maltratos y casos de explotación, rechazar a clientes indeseables y negociar condiciones dignas en la prestación de sus servicios. Según Paula Sánchez, Nueva Zelanda es hoy un país que entiende que el respeto a la persona no depende de su reputación sexual.

Por supuesto, a decir del colectivo Hetaira, el modelo neozelandés no supondría la panacea en la cuestión de la prostitución en nuestro país, como tampoco acabaría con la práctica de la trata, una práctica alimentada por la Ley de Extranjería y el fuerte control inmigratorio.

En España, la prostitución, según Paula Sánchez, que habla con una voz consensuada por muchos otros colectivos, no es ilegal, sino alegal. El modelo español es un modelo tripartito donde se combinan el reglamentarismo, el prohibicionismo y el abolicionismo. Con esta visión coincide Rocío Medina Martín, del colectivo Antígona, quien afirmó que existe una macropolítica conformada por los cientos de ordenanzas municipales que tratan de regular la prostitución en los distintos municipios españoles, integrando una red que supera, en gran medida, cualquier legislación estatal. El colectivo Antígona, de la UAB, desarrolla un proyecto de investigación conocido como DEORGE (Desarrollo de los Derechos Fundamentales en las Ordenanzas Municipales: límites y vulneraciones de derechos desde la perspectiva de género). En este estudio se evidencia que la sanción administrativa municipal se ha convertido en un nuevo modelo de penalización de la prostitución. En muchos casos las prostitutas que hacen la calle son sancionadas en atención a esa reglamentación local con fuertes multas que son saldadas por sus proxenetas, lo que incrementa la deuda que mantienen con los mismos. Por otra parte, algunas prácticas de alcaldes, alcaldesas y ayuntamientos reflejan la miseria que les caracteriza. Como anécdota, Rocío Medina narró el caso de una primera edil que ordenó rociar con desinfectantes y repelentes de pipí de perros una rotonda donde solían ponerse las prostitutas para evitar que lo siguieran haciendo.

El modelo neozelandés no supondría la panacea en la cuestión de la prostitución en nuestro país, como tampoco acabaría con la práctica de la trata, una práctica alimentada por la Ley de Extranjería y el fuerte control inmigratorio

Otra legislación utilizada para la persecución de las prostitutas es la conocida como Ley Mordaza, que en ningún momento habla de derechos de las mujeres, sino de penalización de las mismas, sobre todo en lo referente a sus artículos 37.5 y 36.6. El primero establece infracciones por “actos de exhibición obscena”, mientras que el segundo multa claramente por desobediencia a la autoridad. Se penaliza tanto la apariencia física, el cómo van vestidas, como la falta de documentación o de domicilio reconocido.

Todo ello conlleva, en boca de las ponentes, a que la interpretación de la ley quede en manos exclusiva de la policía, quien hace una interpretación arbitraria de la misma, no sujeta a derecho, que constantemente ejerce acoso verbal e identificaciones, transformando la represión que tradicionalmente se hacía a través de la vía penal en represión a través de la vía administrativa, de tal modo que la respuesta que en muchas ocasiones se le da a la prostituta cuando pregunta por qué se la sanciona es que “la multa te la ponemos por ser lo que eres”. En otras ocasiones, cuando la sanción se impone al cliente, obliga a la prostituta a buscar nuevas estrategias de captación, lo cual aumenta su riesgo e invisibilidad pública.

Frente al discurso elaborado de que casi toda la prostitución es trata, siendo muy escasa la que es elegida por voluntad propia, el colectivo Hetaira señala la falsedad de las cifras que en ocasiones se han dado en torno a este oficio. En un artículo publicado en septiembre de 2018, el periódico El País informaba de que, según la policía, el 80% de las mujeres dedicadas a la prostitución en España eran víctimas que ejercían esta práctica de modo forzado. Sin embargo, al preguntarle Hetaira a El País cuáles eran las fuentes, en qué estudio se basaba dicha cifra, este medio contestó que no existía ningún estudio ni referente serio que avalara ese porcentaje. De hecho, el único estudio fiable sobre prostitución en España es uno de la ONU ya desfasado, del 2010, que establecía la cifra de víctimas de trata en el 14%. El resto de mujeres ejercían la prostitución por elección propia y por causas que se desconocen, salvo la de la pobreza. Aun así, Paula Sánchez, del colectivo Hetaira, concluye: “las cifras no son argumentos”.

En muchos casos las prostitutas que hacen la calle son sancionadas en atención a esa reglamentación local con fuertes multas que son saldadas por sus proxenetas, lo que incrementa la deuda que mantienen con los mismos

El lenguaje fluctúa entre trabajadoras sexuales, trabajadoras del sexo, prestación de servicios sexuales, putas, meretrices, prostitutas, chulos. Pero también hay otro lenguaje más cercano, que habla de mujeres de la calle, hermanas, colectivos, compañeras y compañeros, parejas…

Marijose B. Márquez, del Colectivo de Prostitutas de Sevilla es muy clara hablando. Denuncia qué es lo peor para una puta: el estigma social, algo en lo que coinciden claramente Paula Sánchez y Rocío Medina. Se ve a la legua que las tres están unidas por lazos fraternales, lo que el feminismo conoce como sororidad, un feminismo a veces de salón que centra su preocupación y su lucha en la abolición del patriarcado y olvida la lucha por los derechos humanos de quienes han elegido ejercer su sexualidad libremente, sea por la causa que sea. Marijose narra las peripecias de su colectivo cuando pretendieron acercarse a los colectivos feministas, que pronto las repudiaron por ser putas convencidas… y porque asustaban a otras mujeres que también querían ser feministas y luchar contra ese patriarcado que las oprime. Ahora, dice Marijose, “las feministas se han unido a las comunistas, y como nosotras solo somos putas no nos quieren a su lado, porque queda feo eso de exigir derechos laborales y reconocimiento de la profesión. Asustamos”.

Marijose conoce la realidad de la calle. Sabe de persecuciones, acoso, rechazo. No de los clientes, sino de las instituciones. La llamada Ley Mordaza andaluza las tiene fritas. Dice que si un acto como al que ha venido lo hiciera en Sevilla, ya habríamos sido desalojados y multados. Habla también del engaño que existe sobre lo que cobra una prostituta y lo que se lleva el dueño del club de alterne, y de la doble moral e hipocresía que hay en cuanto a los beneficios económicos que genera la prostitución, de los cuales solo se cuestionan lo que gana la puta, que es la que hace el trabajo.

Marijose narra las peripecias de su colectivo cuando pretendieron acercarse a los colectivos feministas, que pronto las repudiaron por ser putas convencidas…

Esa doble moral permite que existan asociaciones legales, reconocidas y no cuestionadas, como la ANELA, la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne, y se persiga o estigmatice a los colectivos de prostitutas que exigen un reconocimiento institucional. Curiosamente, uno de los altos cargos de la patronal del alterne lo es también de España 2000, un partido de ultraderecha.

La criminalización y alegalidad a la que se aboga a la prostitución le genera desconcierto e incertidumbre a un Estado como el español que es incapaz de saber cuánto dinero se mueve en torno a esta práctica. Según informó el diario El Mundo a principios de septiembre de 2018, cuando surgió la polémica por el posible y fallido reconocimiento de un sindicato de trabajadoras sexuales, existe una estimación del INE (Instituto Nacional de Estadística) de septiembre de 2014 que establece el sexo de pago en el 0,35% del PIB, si bien esos datos son solo a título informativo, resultando imposible cuantificar los millones de euros que mueve la prostitución y el negocio que la rodea. Tanto es así que, como afirmó Marijose B. Márquez a modo de rechifla contra el descontrol de la administración pública sobre este gasto, con el dinero que ganaron las putas se pagó en su día el rescate de los bancos.

Marijose no es una víctima de trata. Su elección de la prostitución fue voluntaria pero motivada por una situación de pobreza. Sabe del estigma, que lo siente en la piel. Pone sobre la mesa un testimonio real y cercano de lo que es la prostitución. Llama la atención sobre el hecho de que cuando una prostituta es asesinada no se considera violencia de género, no se contabiliza. También denuncia la hipocresía que existe en torno al execrable asunto de la trata: en los últimos 25 años solo se ha concedido asilo político a 10 mujeres por denuncia de las mafias que las mantenían secuestradas. Mismamente CCOO emitía recientemente un informe en el que llama la atención sobre el hecho de que solo una de cada cuatro mujeres peticionarias de asilo, sospechosas de estar siendo explotadas, es sometida a seguimiento mediante el protocolo establecido entre la Oficina de Asilo y Refugio y la Ucrif de la Policía Nacional (Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsificación). No obstante, frente a estos datos, el diario El Mundo tituló la noticia dada por CCOO el pasado 25 de Noviembre, con motivo del Día Internacional contra la violencia machista, del siguiente modo: “Las mafias de trata de personas utilizan el asilo para traficar con mujeres”.

Llama la atención sobre el hecho de que cuando una prostituta es asesinada no se considera violencia de género, no se contabiliza

Ni Paula, ni Rocío, ni Marijose, en nombre de los colectivos a los que representan (Hetaira de Madrid, Antígona de la UAB y Prostitutas de Sevilla) niegan en ningún momento que la prostitución sea una institución patriarcal, alienante, opresora. Tampoco defienden un sentido romántico de la misma, aunque sí desmontan muchos mitos y tabúes creados por la ignorancia. Ponen negro sobre blanco la vulneración de los derechos de unas personas que son estigmatizadas por su reputación sexual, y en función de ese estigma criminalizadas, perseguidas y represaliadas, desprovistas de derechos. Hablan de una clara vulneración de derechos laborales, cuyo reconocimiento exigen como puerta de entrada de todos los demás, de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, a la integridad, a la seguridad jurídica, a la libertad deambulatoria, a la igualdad y no discriminación, a la atención sanitaria, al acceso a la vivienda… y tantos otros olvidados cuando se las silencia porque se entiende que su voz particular y colectiva no cuenta.

Como dejó escrito Ruth Toledano en un artículo publicado en el libro grupal coordinado por Mamen Briz y Cristina Garaizabal, del colectivo Hetaira, La prostitución a debate. Por los derechos de las prostitutas(Talasa Ediciones, 2007), “hay que defender los derechos de quien ejerce este trabajo, defenderlo de sus accidentes y de los peligros de la moral aquella (la doble, la falsa, la mentirosa, la rancia, la represora, la injusta, la machista, la triste). Defender una moral alegre, segura y libre, una moral puta. Como todas”.

Tienen voz. Ya es hora de que se las escuche.

 

La millonaria abolicionista: la cruzada de la heredera del petróleo Swanee Hunt para acabar con el trabajo sexual

 

Por STEPHEN LEMONSON

27 de septiembre de 2018

HTTPS://FRONTPAGECONFIDENTIAL.COM/SWANEE-HUNT-SEX-WORK-DEMAND-ABOLITION/

 

¡Aquí está Swanee! La heredera del petróleo Swanee Hunt en una conferencia de 2012 patrocinada por Women’s eNews (Lindsay Aikman / Michael Priest Photography a través de Flickr)

 

Swanee Hunt ha usado su gran fortuna para impulsar una agenda que busca abolir el sexo comercial entre adultos que consienten.

La trabajadora sexual y bloguera con sede en Seattle Maggie McNeill dedicó una publicación reciente en su sitio The Honest Courtesan a un documento intrigante: dos páginas supuestamente extraídas de un informe preparado para Demand Abolition, un grupo que tiene como objetivo erradicar el comercio sexual en Estados Unidos. El grupo fue fundado por Swanee Hunt, ex embajadora en Austria y la hija más joven del difunto magnate petrolero de Texas HL Hunt.

Las páginas, que parecen haber sido preparadas por la prominente firma de relaciones públicas Luntz Global, contienen las recomendaciones y los fundamentos de la firma con respecto a la terminología que el grupo anti trabajo sexual emplea en sus mensajes.

Como señala McNeill, Demand Abolition proporciona financiamiento a los organismos policiales con la disposición de que esos organismos trabajarán en concierto con el grupo para enfatizar la aplicación de la ley en la parte de la demanda del intercambio de sexo comercial y para adoptar su terminología.

Por ejemplo, el documento sugiere el uso del término «compra de sexo» en lugar de «prostitución», porque «la prostitución es una ‘zona gris’. La compra de sexo pone la responsabilidad en el comprador».

También: «Reconocer la posibilidad de que una pequeña minoría de mujeres en el comercio sexual esté allí por su propia voluntad». El razonamiento declarado: «El público todavía considera que esto es una opción para algunas personas: negarlo es decir que su opinión es incorrecta y perdemos credibilidad».

Y: «Usar ‘prostitución forzada’ en lugar de solo ‘prostitución’.» Justificación: «Decir ‘prostitución forzada’ es lo correcto porque la mayoría de las mujeres en el comercio sexual son obligadas. Elimina cualquier ambigüedad que el público pueda tener sobre la libertad de elección «.

Además, el documento sugiere diez «Frases para 2015», que incluyen «Sin compradores, no hay negocio», «La trata y la prostitución están indisolublemente vinculadas» y «La prostitución está en SU ​​vecindario, y en el mío».


Parte del supuesto informe de Luntz Global preparado para el grupo Demand Abolition de Swanee Hunt (captura de pantalla a través de The Honest Courtesan)

 

Gran parte del lenguaje usado en el sitio web de Demand Abolition se hace eco de los consejos contenidos en el documento.

Además, escribe McNeill, «he escrito durante años sobre la compra por parte de Hunt de la oficina del fiscal de Seattle, y dos excelentes artículos a principios de este año profundizaron en el alcance de esta subversión depravada e ilegal del llamado sistema de justicia».

Luntz Global tiene el mismo nombre de su fundador, el famoso encuestador republicano Frank Luntz, un sabio de la opinión pública, responsable de crear frases resbaladizas para el Partido Republicano, como «cambio climático» en lugar de calentamiento global, e «impuesto a la muerte», en lugar de impuesto de patrimonio. La compañía utiliza grupos de enfoque específicos para emitir un juicio sobre qué frases y puntos de conversación son más efectivos.

Ni Luntz Global ni Demand Abolition respondieron a solicitudes repetidas de Front Page Confidential  para autenticar el documento. McNeill se negó a violar su acuerdo de confidencialidad con su fuente.

Pero una revisión de las declaraciones anuales de Demand Abolition con el Internal Revenue Service revela que en 2014, el grupo pagó $ 60.000 a Luntz Global Partners por «consultoría estratégica». (En términos del presupuesto del grupo, eso es una gota en el cubo: Demand Abolition pagó casi $ 10 millones en 2014 para transmitir su mensaje.)

Dejando a un lado las cuidadosas distinciones descritas en el documento que McNeill adquirió, la propaganda en línea de Demand Abolition fusiona los términos trata sexual y prostitución, una táctica común entre los grupos contra el trabajo sexual.

 

Hunt afirma que la distinción entre trata sexual y prostitución consensual de adultos es «problemática» y «más ficción que realidad».

 

En realidad, los dos términos tienen significados diferentes, que están codificados en las leyes estatales y federales. La prostitución es en gran parte penalizada a nivel local e involucra a adultos que consienten el intercambio de dinero por sexo. Por otra parte, la trata sexual está definido por la ley federal como hacer que un menor se involucre en un acto sexual comercial o que un adulto haga lo mismo a través de la fuerza, el fraude o la coerción.

En “Deconstrucción de la demanda: la fuerza motriz de la trata sexual”, un manifiesto de 2013 que es alojado de forma notoria en la página de inicio de Demand Abolition, Hunt afirma que la distinción entre la trata sexual y la prostitución adulta consensual es “problemática” y “más ficción que un hecho”.

Como lo ve Hunt, «la trata es, a efectos prácticos, a menudo intercambiable con la prostitución, ya que la mayoría de los proxenetas usan ‘fuerza, fraude o coerción’ y los menores no pueden consentir legalmente…   Establecer exactamente quién en un momento dado está en la minoría de adultos que venden ‘voluntariamente’ sus cuerpos no es un ejercicio pragmático o confiable, y es algo que nos distrae insidiosamente de la tarea de detener el abuso de la gran mayoría».

Hunt también frunce el ceño sobre «el uso de la pornografía para masturbarse» y parece tener una sombría visión del deseo sexual masculino en general. En cuanto al derecho de las trabajadoras sexuales a tomar decisiones por sí mismas, opina que «cada decisión debe ser ponderada en términos del efecto general en la comunidad, incluso a costa del impacto en la libertad personal».

 

Que se entere el comprador de sexo

Las donaciones de Demand Abolition a las agencias policiales han asegurado el tipo de actuación contra los «compradores sexuales» que Hunt favorece.

En un artículo innovador publicado en The Intercept, Alison Bass, profesora de periodismo en la Universidad de West Virginia y autora de Getting Screwed: Sex Work and the Law, detalla cómo las donaciones de Demand Abolition a las agencias policiales de varias ciudades ayudaron a financiar redadas locales de puteros.

Bass descubrió que desde 2013 hasta 2018, la Red de Empoderamiento Contra la Explotación Sexual (CEASE) de Demand Abolition donó millones de dólares a organizaciones sin fines de lucro y agencias públicas de todo el país.

Pero como Bass también descubrió, el dinero vino con condiciones. Al obtener registros públicos de la oficina del fiscal de distrito en el condado de King (Seattle), Bass demostró cómo los $ 191.667 en donaciones de Demand Abolition durante un período de cuatro años permitieron a la organización dictar plazos para que los fiscales y las fuerzas del orden ejecutaran redadas contra los clientes del comercio sexual.

Las donaciones de Demand Abolition a la policía llegaron con condiciones: plazos, cuotas y uso frecuente del término “trata sexual” (picturexv a través de Flickr)

 

Se informó que los fiscales del Condado de King modificaron su lenguaje para adaptarse a la ideología de Demand Abolition y permitieron que los consultores contratados por Demand Abolition reescribieran comunicados de prensa, insertando la palabra «trata sexual» a pesar del hecho de que los fiscales preferían el término «explotación sexual comercial».

 

Los fiscales del condado de King firmaron declaraciones en las que declaraban que estaban de acuerdo con la ideología de Demand Abolition respecto a los efectos dañinos de la industria del sexo comercial.

 

Como explicó un consultor en un correo electrónico a los fiscales, «Eliminar todas las referencias a la trata sexual perjudicará nuestra capacidad para captar la atención de los periodistas».

Los fiscales del condado de King firmaron comunicdos en los que declaraban que estaban de acuerdo con la ideología de Demand Abolition respecto a los efectos dañinos de la industria del sexo comercial. Y en una controvertida redada de 2016 que involucró a once hombres y un sitio web llamado The Review Board (en el que los clientes publicaban revisiones de sus encuentros con trabajadoras sexuales), los fiscales presentaron cargos penales sin precedentes en el Estado, tales como promover la prostitución en segundo grado.

Aunque el caso de The Review Board no incluyó las denuncias de fuerza o coerción, la policía y los fiscales se refirieron a las redadas como implicando «trata sexual» y «esclavitud sexual». Bass citó a expertos legales que dijeron que la oficina del fiscal había superado las líneas éticas en su asociación con Demand Abolition. Tres acusados ​​en el caso de The Review Board ​​demandaron al Condado de King por difamación, citando la influencia ejercida sobre la oficina del fiscal por la organización de Hunt.

Demand Abolition financió programas similares a través del CEASE en otras jurisdicciones, especialmente en el Condado de Cook (Chicago), Illinois, donde el Sheriff Tom Dart lidera una Iniciativa de Supresión Nacional de Puteros (NJSI) semestral. Dart considera que la iniciativa es una redada masiva de «trata sexual», sin tener en cuenta el hecho de que la operación rara vez atrapa a ningún tratante sexual. Comunicados de prensa de la oficina de Dart sobre la redada agradecen a Demand Abolition por su respaldo.

En una entrevista, Bass dijo a Front Page Confidential que Demand Abolition detuvo su campaña para influir en los fiscales «porque se dieron cuenta de que estaban cruzando la línea».

De hecho, el sitio web de Demand Abolition habla sobre el programa en pasado, indicando que la “financiación y supervisión directa de la organización terminó en marzo de 2018” (aunque continúa “colaborando de manera informal” con las ciudades colaboradoras en un esfuerzo por “combatir la demanda de servicios pagados sexo»).

En su artículo, Bass explicó que Demand Abolition ha alentado a los legisladores estatales y federales a promulgar leyes más severas que penalizan la prostitución, como la Ley de Trata Sexual en Línea (FOSTA, por sus siglas en inglés) que el Congreso aprobó a fines de marzo de 2018. La ley esencialmente convierte en un delito federal anunciar la prostitución en línea.

Bass rechaza la premisa de Demand Abolition de que las mujeres adultas no pueden consentir en ser parte del comercio sexual. Los menores en la industria del sexo comercial son automáticamente considerados víctimas de trata de personas bajo la ley federal. Pero Bass dice que la mayoría de las trabajadoras sexuales en los Estados Unidos que tienen más de dieciocho años no son víctimas de la trata.

«Están vendiendo sexo por elección», dijo Bass a Front Page Confidential. «Y por eso es erróneo llamar a esto ‘trata’. Y no me importa lo que dice la Demand Abolition; eso no es lo que dice la ley «.

 

H.L. Hunt: Rico, bígamo

Swanee Hunt creó el Programa de Mujeres y Políticas Públicas en la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard, donde, según el sitio web de la escuela, posee el título de Profesora de Política Pública Eleanor Roosevelt.

En sus roles de activista, académica y filántropa, Hunt ha apoyado el empoderamiento de las mujeres en general, la equidad de género en los Estados Unidos y la difícil situación de las mujeres en Ruanda. Es una demócrata de toda la vida que ha contribuido con millones de dólares a los políticos y las causas del partido. En más de una ocasión, ella admitió que una donación de $ 250.000 en 1992 a la campaña de Bill Clinton para presidente ayudó a allanar el camino para que el presidente Clinton la nombrara embajadora en Austria en 1993.

El padre de Swanee Hunt, magnate del petróleo e infame bígamo HL Hunt, circa 1965 (a través de Wikimedia Commons [dominio público])

La última de quince niños engendrados por el multimillonario de Texas, elmagnate del petróleo y ferviente anticomunista Haroldson Lafayette «H. L.” Hunt Jr., quien murió en 1974 a la edad de 85 años, Swanee Hunt tiene acceso a incontables millones de dólares. Ella utiliza parte de ese dinero para financiar su fundación Hunt Alternatives, que reportó casi $ 60 millones en desembolsos de 2011 a 2016 (incluida la financiación de Demand Abolition), según documentos públicos presentados ante el IRS.

Alison Bass describe a Hunt como una «feminista de la segunda ola», refiriéndose a las feministas que llegaron a la madurez en la década de 1960, algunas de las cuales ven la prostitución y la pornografía como las consecuencias de una sociedad dominada por hombres.

Ella compara a Hunt con feministas prominentes como Gloria Steinem, Catharine MacKinnon y Andrea Dworkin, que creen que todo trabajo sexual es explotador y que objetiva a las mujeres.

Bass cree que si bien el trabajo sexual puede ser explotador, algunas mujeres se sienten empoderadas por él.

 

Para Hunt, las trabajadoras sexuales son víctimas femeninas que necesitan ser rescatadas de los proxenetas masculinos y de los puteros, que deben ser controlados por la ley.

 

«Muchas de ellas lo están haciendo por razones económicas y porque pueden ganarse la vida mucho mejor», dijo Bass a Front Page Confidential. «Y les permite una mayor flexibilidad: si son madres solteras que están criando hijos o están tratando de pagar la matrícula para sus estudios, ese tipo de cosas».

Para Hunt, por otro lado, las trabajadoras sexuales son víctimas femeninas que necesitan ser rescatadas de los proxenetas masculinos y de los puteros, quienes deben ser controlados por la ley.

En una entrevista de 2016 con CNN, Hunt explicó que ella comenzó con Demand Abolition en 2008 y viajó a Suecia y Noruega para investigar lo que se conoce como el «modelo nórdico», en el que las agencias policiales se enfocan en el lado del consumidor del sexo comercial consensual.

«Entonces, miramos este modelo y dijimos: ‘¿Funcionaría esto en los Estados Unidos?'», Dijo Hunt a CNN. «Caramba, tendríamos que obtener todas estas leyes que dicen que es ilegal que los hombres compren [sexo]. Y luego descubrimos, no, no tenemos que hacerlo: las leyes ya están ahí «.

En “Deconstruyendo la demanda”, Hunt refuerza sus argumentos a favor de una guerra contra los compradores de sexo citando una serie de mitos sobre la prostitución y el trata sexual que han sido refutados repetidamente pero que, sin embargo, persisten.

Hunt afirma que la edad promedio de las niñas que entran en la prostitución es de trece años; que hasta 300,000 niños se venden por sexo cada año en los Estados Unidos; y que la trata sexual es un negocio de $ 9,5 mil millones al año. Los tres presuntos factoides han sido desacreditados hace mucho tiempo.

Hunt también saca a relucir la falsa afirmación de que el Super Bowl «impulsado por el machismo» de la National Football League equivale a un espectáculo de trata sexual. La afirmación, una de las favoritas de la heredera multimillonaria Cindy McCain, compañera de Hunt, ha sido completamente desacreditada.

Aunque Hunt realmente parece querer ayudar a las mujeres, los esfuerzos de Demand Abolition están haciendo que el trabajo sexual sea más peligroso, no menos, según muchos defensores de los derechos de las trabajadoras sexuales. Esos defensores sostienen que la aprobación de FOSTA y la confiscación del gigante de los anuncios en línea Backpage.com, ambas acciones apoyadas por Hunt, han robado a las trabajadoras sexuales la capacidad de evaluar a los clientes y compartir información en línea sobre los malos clientes.

Bass señaló un estudio realizado en 2017 por investigadores de las universidades de Baylor y West Virginia, que encontró que los anuncios para adultos en Craigslist redujeron la tasa general de homicidios para mujeres en más del 17 por ciento en promedio.

En lugares donde la prostitución no está criminalizada, dijo Bass, las trabajadoras sexuales cooperan con la policía para capturar a los verdaderos tratantes de sexo y tienen más probabilidades de practicar sexo seguro, lo que resulta en tasas más bajas de infección por VIH.

Pero puede que en la visión del mundo de Hunt esté influyendo algo más que el feminismo radical.

Su padre, H.L. Hunt, era un infame filántropo que mantenía dos familias secretas además de la que compartía con su primera esposa, Lyda Bunker Hunt.

Swanee es la hija de la mujer que se convertiría en la segunda esposa de Hunt, Ruth Ray Hunt, luego de la muerte de la primera Sra. Hunt. En su acertadamente titulada Memoria de 2006, Half-Life of a Zealot —cuya escritura afirma que le ahorró «interminables horas de psicoterapia»— Swanee Hunt describe cómo su madre, una mujer intensamente religiosa, era una mujer mantenida que era «completamente dependiente de mi padre» y vivía con sus cuatro hijos, incluida Swanee, en una casa de Dallas a poca distancia de la mansión donde HL vivía con Lyda Bunker Hunt.

El petrolero multimillonario visitaba a su segunda familia cuando su primera esposa estaba fuera jugando al bridge, Swanee Hunt escribe en sus memorias. Ella describe la «angustia» de su madre ante la situación, y señaló que debido a eso, Ruth Ray Hunt estaba convencida de que era «una vergüenza para sus hijos».

(Para complicar aún más las cosas, después de la muerte de Hunt, se reveló que el pícaro multimillonario, que según se dice fue el modelo de JR Ewing en la serie de televisión Dallas, tenía otra familia en Florida con una mujer llamada Frania Tye, con quien engendró cuatro hijos. Frania afirmó haberse casado en secreto con Hunt en 1925.)

La relación de su madre con H.L. fue un misterio en los primeros años de la vida de Swanee, y ella admite haberse preguntado de niña por qué «no tenía un padre como los niños de la puerta de al lado», uno que regresaba a casa al final del día, la tiraba al aire, y la llevaba sobre sus hombros.

Tales reminiscencias lacrimosas pueden agregarle algún contexto a su jeremiada antiprostitución.

Tomemos, por ejemplo, este pasaje de «Deconstrucción de la demanda»:

Con la mayoría de las parejas monógamas, la fidelidad incluye no solo abstenerse de tener relaciones sexuales con otra persona, sino también honestidad y transparencia. Sin embargo, comprar sexo es, en gran medida, un asunto secreto que requiere una red de engaños que involucran la ubicación, el tiempo y el dinero. A menudo, los compradores tratan de convencerse a sí mismos y a los demás de que son infieles porque sus parejas no satisfacen sus necesidades, desplazando la culpa. Aun así, la culpa se interpone entre los dos y provoca otros daños o destruyen su relación. Cuando sale la verdad, las parejas se pueden romper. Las vidas de los niños son tensas y pueden desilusionarse con sus padres.

Suecia: el monstruoso laboratorio de experimentos sociales

 

Por Juan M. Blanco

21 de marzo de 2018

https://disidentia.com/suecia-monstruoso-laboratorio-experimentos-sociales/

 

“‘No tiene ninguna importancia a quién votamos ni cuáles sean los resultados, ¿acaso no somos todos socialdemócratas?’, me dijo un hombre mientras alzaba un vaso de vino en una recepción electoral que, según adiviné, tenía como objetivo celebrar en privado la inminente victoria de Olof Palme“. “Luego resultó que ese hombre no era el secretario general de ningún sindicato sino un aguerrido periodista, autor de corrosivos editoriales en el principal diario conservador sueco“. Así comienza Hans Magnus Enzensberger la narración de su experiencia en Suecia, un país muy relevante en las políticas actuales por haber servido de laboratorio para experiencias de ingeniería social que luego se exportaron al resto del mundo.

Los relatos de escritores extranjeros recogen vivencias y análisis muy ilustrativos de la sociedad sueca durante el siglo XX. El más antiguo y conocido de todos, Sweden: the Middle Way (1936) del periodista Marquis Childs, ejerció una enorme influencia en el gobierno y la intelectualidad norteamericana, contribuyendo a señalar al país nórdico como modelo de éxito que combinaba lo mejor del capitalismo y del socialismo. Para Childs, el sistema sueco era pragmático, alejado de dogmas, con agentes sociales siempre dispuestos a negociar, a llegar a acuerdos, un Estado que garantizaba la seguridad económica de todos, cooperativas que limitaban el poder de los monopolios y movimientos políticos que inducían a la gente a participar.

 

La visión idílica que los extranjeros tenían de Suecia tiende a difuminarse hacia los años 70 con nuevos viajeros que narran su experiencia

 

Pero esta visión idílica y apologética tiende a difuminarse, incluso a desvanecerse treinta o cuarenta años más tarde, cuando otros extranjeros narran o analizan su experiencia en Suecia. La norteamericana Susan Sontag aporta una visión cargada de sorpresa, el inglés Roland Huntford un análisis muy crítico y despiadado, mientras el alemán Enzensberger unas pinceladas no exentas de ironía y cinismo.

 

La sorpresa de Susan Sontag

En su escrito A Letter from Sweden (1969), la escritora y cineasta Susan Sontagcuenta una anécdota, un tanto banal, pero que refleja un aspecto relevante de la mentalidad sueca: la enorme aversión de la gente a la discusión, la controversia o la discrepancia. “Nos dirigíamos en el automóvil hacia un nuevo restaurante pero ninguno estaba seguro de donde se encontraba. Alguien dijo ‘creo que debes cruzar dos calles más y girar a la derecha’. El conductor replicó ‘no, tres más y a la izquierda’. Y, en un tono tranquilo y reposado la primera persona repitió ‘No, dos y a la derecha’. En ese momento, intervino el tercer sueco: ‘Basta ya, por favor, nada de peleas’

 

Susan Sontag observó una enorme aversión de los suecos a la discusión, la controversia o la discrepancia

 

Sontag observó que la gente muy raramente hablaba de su vida privada, siendo las conversaciones favoritas el tiempo, el dinero o algún plan de futuro. “El silencio es el vicio nacional de Suecia“, “incluso estoy convencida de que ese carácter sueco tan razonable es profundamente anormal… Reprimir el enojo con tal intensidad excede los motivos de autocontrol racional. Lo encuentro casi patológico. Esta represión parece motivada por un ingenuo malentendido sobre las relaciones humanas: no es cierto que los sentimientos fuertes desemboquen inevitablemente en violencia“.

La misantropía era una cualidad abiertamente aceptada: nunca se entendería Suecia hasta captar el concepto de människortrött, es decir, harto de la gente. Además, los ciudadanos eran más o menos conscientes de vivir un experimento social, con innovaciones exportables: “más de un sueco me dijo que lo que ocurre aquí se aplica cinco, diez o quince años después en alguna otra parte del mundo desarrollado“.

 

El “Mundo Feliz” de Huxley se hace realidad en Suecia

Mucho más crítico y pesimista fue el escritor Roland Huntford en The New Totalitarians (1971): Suecia había evolucionado hacia una sociedad cercana a la célebre distopía de Aldous HuxleyUn Mundo Feliz. Estaría gobernada por unaoligarquía tecnocrática que había inculcado en la gente una mentalidad materialista, la costumbre de recurrir al Estado para todo. Prevalecía así una actitud conformista mientras la libertad no representaba un valor fundamental. Las leyes y las normas estaban determinadas sólo por razones de índole técnico o práctico; nunca por consideraciones de carácter ético o moral.

 

El sometimiento indiscutido y acrítico de la gente a la autoridad del Estado y su reverencia hacia los expertos, conducía a una actitud de servidumbre

 

Los políticos habían delegado su poder en técnicos y expertos mientras el sometimiento indiscutido y acrítico de la gente a la autoridad del Estado y su reverencia hacia los expertos, conducía a una actitud de servidumbre. Según Huntford, el sistema utilizaba la escuela, la televisión o un tipo de neolengua para manipular a los ciudadanos. Y habría creado una especie de soma, la droga perfecta descrita por Huxley. En este aspecto, el autor parece apuntar al sexo, a la intervención de las autoridades para cambiar las conductas íntimas.

En opinión de Huntford, los cambios en las costumbres sexuales partieron casi siempre de las propias sociedades, mientras las autoridades adaptaban la legislación y la política a estos cambios. Pero en Suecia habría ocurrido lo contrario: los gobernantes habrían sido la vanguardia de la revolución sexual, impulsando una permisividad poco habitual en aquella época. El motivo sería ir desplazando elsignificado de la palabra libertad: de la política a la sexualidad. La visión del escritor inglés es extremadamente tétrica: estos “nuevos totalitarios“, fundamentados en la manipulación y la persuasión, habían tenido más éxito que los “antiguos totalitarios“, que se apoyaban en la fuerza.

 

No puede ser tan bonito como lo pintan

Por su parte, la percepción de Hans Magnus Enzensberger no es tan lúgubre pero en absoluto positiva. En su ensayo, Otoño Sueco (1982), se sorprende de la aparente falta de egoísmo en la política, de la generosidad de todo el mundo: “¿Tal concordia, tanta solidaridad y olvido de sí mismos en el seno mismo del capitalismo? Caminaba a lo largo de las enormes ciudadelas de piedra y ladrillo de Östermalm con sus torres color verdín, esos monumentos de la burguesía sueca convertidos en piedra y, ¿debo decirlo?, una duda me heló. Me pregunté cuál era el precio de esta paz, el costo político de esta reeducación y me puse a olfatear por todas partes para descubrir a lo que se había renunciado, el olor a moho de una omnipresente, dulce y despiadada pedagogía“.

 

En Suecia, los ciudadanos ven la intervención del Estado con un ojo tan cándido y confiado, que consideraban su bondad como dogma de fe

 

Para Enzensberger, la burocracia había crecido en tamaño, complejidad y poder en todas las sociedades. Pero, en Suecia, los ciudadanos verían la intervención del Estado con un ojo tan cándido y confiado, que consideraban su bondad un dogma de fe, algo incomprensible en otros países donde la gente duda con fundadas razones. Así, las Instituciones del Estado gozarían en Suecia de una inmunidad moral que aplasta inmediatamente a cualquiera que se resista a su intervención. Y este poder crece de forma imparable, penetra en todos los aspectos de la vida privada “confiscando no sólo la mayor parte de las ganancias, sino también losvalores morales de los ciudadanos“.

Quiénes mandarían realmente en Suecia no serían los políticos sino una burocracia de técnicos y expertos que experimentan e imponen sus criterios sin oposición alguna. Esto habría llevado a una supresión, de facto, de la separación de poderes y a una ruptura con el pasado, un abandono de la historia que, según el autor, resulta peligrosa.

 

La imagen general

Las pinceladas de todos estos autores permiten componer una imagen que, si bien parcial y limitada, apunta ciertos rasgos fundamentales. El modelo sueco tiene aspectos que resultan atractivos y eficientes. Es un país que eliminó la corrupción, desarrolló una burocracia eficaz y permitió durante casi todas las etapas unaeconomía privada muy activa, con pocas trabas a la actividad, aun con impuestos muy elevados. Y, cuando el modelo económico entró en crisis, las élites se apresuraron a acometer las reformas necesarias para preservar la eficiencia.

 

La intensa intervención de los expertos en Suecia, sus experimentos, condujeron a una sociedad poco crítica, con mucha dependencia del Estado

 

Sin embargo, hay otros elementos que resultan inaceptables. La intensa intervención de los expertos, sus experimentos, condujeron a una sociedad poco crítica, con mucha dependencia del Estado; unas políticas que comenzaron ya en los años 30. En muchos detalles de las narraciones se adivinan ya los gérmenes de la actualcorrección política, del conformismo, de la autocensura, del predominio de los expertos y su ingeniería social sobre las decisiones voluntarias del individuo, de la sociedad. Unas prácticas que comienzan a extenderse en nuestros países. ¿Imitar el modelo sueco? Bien, pero sólo sus aspectos positivos; nunca ese paquete completo que algunos intentan vender envuelto en un vistoso papel de regalo.

 

Las trabajadoras sexuales en todo el mundo están pidiendo la despenalización

 

Por Nina Lopez

9 de agosto de 2018

https://morningstaronline.co.uk/article/sex-workers-across-world-are-demanding-decriminalisation

 

Manifestación de trabajadoras sexuales en 2009

 

 

EN 1975, las trabajadoras sexuales en Francia y Suiza sorprendieron a todos al hacer una huelga contra la represión, al igual que los «verdaderos trabajadores».

Las huelgas comenzaron con la ocupación de una iglesia en Lyon y una pancarta que decía: «Nuestros hijos no quieren a sus madres en prisión».

Se quejaron amargamente de que la policía las detuviera y las multase en el acto, y de la hipocresía de una sociedad que tenía como objetivo a madres que trabajaban para alimentar a sus hijos.

Las mujeres, que son la abrumadora mayoría de las personas que hacen trabajo sexual en todas partes, habían salido de las sombras creadas por la legislación represiva para exigir el fin de la criminalización, y lanzaron un movimiento que se volvió global.

Inspirados por sus acciones, el Colectivo Inglés de Prostitutas (ECP por su nombre en inglés: English Collective of Prostitutes) y más tarde otras organizaciones de trabajadoras sexuales se constituyeron en muchos países.

La pancarta afuera de la iglesia Holy Cross en Londres, que el ECP ocupó durante 12 días en 1982, decía: «Las madres necesitan dinero: acabar con la ilegalidad policial y el racismo en King’s Cross».

En 2017, el comité de asuntos internos del Parlamento recomendó que el gobierno «modifique la legislación existente para que la captación de clientes ya no sea delito y para que las disposiciones sobre mantenimiento de prostíbulos permitan a las trabajadoras sexuales compartir las instalaciones».

Este avance masivo, que exigió 42 años de campaña, se vio amenazado en el distrito electoral de Hackney del Partido Laborista la semana pasada por una moción que proponía la penalización de clientes, conocida como el modelo nórdico.

Los partidarios de la misma evocaron la «trata de carne humana» (imagen que no difiere de las imágenes de los fetos utilizados por los grupos de presión antiaborto).

Aquellos que estaban en contra —organizaciones de trabajadoras sexuales y un grupo diverso de simpatizantes— hicieron una argumentación reflexiva y convincente contra la moción, explicando la realidad cotidiana de la pobreza y la criminalización.

Los defensores del modelo nórdico son una «extraña unión de cristianos evangélicos y activistas feministas». Confunden el sexo consentido a cambio de un pago con la trata forzada.

De este modo, se manipula la evidencia y se deshumaniza a las trabajadoras como «mujeres prostituidas» que necesitan que otros las salven.

La investigación más confiable reveló que menos del 6 por ciento de las trabajadoras migrantes del Reino Unido son objeto de trata, no el 80 por ciento como se ha afirmado.

En 2013, las trabajadoras sexuales del centro de Londres fueron objeto de una redada para «salvar a las víctimas de la trata»: 250 agentes antidisturbios con perros (acompañados por los medios que publicaron fotos identificables), derribaron puertas y esposaron a mujeres.

No se encontraron víctimas de la trata de personas, pero se cerraron 20 pisos.

Los promotores inmobiliarios estaban encantados hasta que una campaña encabezada por mujeres locales unidas con el ECP consiguiera reabrir los apartamentos.

El aumento de la pobreza ha empujado a las mujeres, especialmente a las madres, a la prostitución. El ochenta y seis por ciento de los recortes de austeridad se dirigen a las mujeres, cuatro millones de niños viven en la pobreza, 1,25 millones de personas son oficialmente indigentes, y los solicitantes de asilo apenas sobreviven con 36 libras esterlinas por semana.

Las sanciones que gravan las prestaciones solo han conseguido llevar a miles de personas a la prostitución, como lo ilustra la aclamada película de Ken Loach Yo, Daniel Blake.

El modelo nórdico defiende luchar contra la prostitución, no contra la pobreza, como lo único degradante que existe. ¿No estamos degradadas cuando tenemos que saltarnos comidas, pedir limosna o someternos a un compañero violento para mantener un techo sobre nuestras cabezas?

En todas partes, las mujeres están «eligiendo» entre la indigencia, el trabajo doméstico, las fábricas de explotación y la prostitución.

Empower, la organización de trabajadoras sexuales en Tailandia, comenta: «Los salarios en otras industrias que comúnmente emplean mujeres, como la agricultura, la pesca y las fábricas, son tan bajos que incluso las trabajadoras sexuales peor remuneradas ganan el doble del salario mínimo».

La represión policial, incluso aquella supuestamente dirigida contra clientes, socava la seguridad al forzar a las trabajadoras a una mayor clandestinidad.

Después de que se introdujera la ley de compra de sexo de Irlanda, la violencia reportada contra las trabajadoras sexuales aumentó en casi un 50 por ciento.

En Francia, una evaluación de dos años de la ley encontró que el 42 por ciento de las trabajadoras sexuales estaban más expuestas a la violencia y el 38 por ciento encontró más difícil insistir en el uso del condón.

En Noruega, los desalojos forzosos, los procesamientos y el estigma contra las trabajadoras sexuales son frecuentes, especialmente contra las inmigrantes.

Las investigaciones de Amnistía Internacional en cinco países condenaron la criminalización por promover «un entorno en el que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y otros funcionarios pueden perpetrar actos de violencia, acoso y extorsión contra trabajadoras sexuales con impunidad».

A nivel internacional, las trabajadoras sexuales demandan la despenalización introducida en Nueva Zelanda en 2003 con éxito verificable.

Más del 90 por ciento de las trabajadoras sexuales dijeron que tenían derechos legales, de salud y seguridad, incluido el 64.8 por ciento, que dijeron que les resultaba más fácil rechazar clientes, un marcador clave de explotación. El setenta por ciento dijo que era más probable que informaran de incidentes de violencia a la policía.

La solidaridad con las trabajadoras en la lucha prevaleció en Hackney: la moción fue derrotada por 48 votos contra 34. Una señal de los tiempos.

 

El ECP es una organización de autoayuda de trabajadoras sexuales, que trabaja tanto en la calle como en locales, con una red nacional en toda Gran Bretaña.

Desde 1975, hemos luchado por la despenalización de la prostitución, por los derechos y la seguridad de las trabajadoras sexuales y por recursos que permitan a las personas salir de la prostitución si así lo desean.