Como historiadora del sexo, esto es lo que quiero que sepas sobre la compra y venta de sexo

 

Las trabajadoras sexuales y sus simpatizantes se manifiestan en Londres para pedir condiciones más seguras. (JUSTIN TALLIS / AFP / Getty Images)

 

Por Kate Lister

28 de marzo de 2018

https://inews.co.uk/inews-lifestyle/women/as-a-sex-historian-this-is-what-i-want-you-to-know-about-the-buying-and-selling- del sexo /

 

La líder fundadora del Partido de la Igualdad de las Mujeres (Women’s Equality Party), Sophie Walker, publicó un artículo en su blog diciendo que ‘es hora de acabar con la prostitución’ penalizando a los clientes (el llamado ‘Modelo Nórdico’).

Walker celebra el primer aniversario de la Ley contra los compradores de sexo de Irlanda, la ley que penaliza la compra de servicios sexuales, pero no la venta.

Pero cuando en realidad les preguntas a las trabajadoras sexuales y a los grupos de derechos de trabajadoras sexuales qué sienten acerca del modelo nórdico, es difícil entender qué es lo que Walker piensa que vale la pena celebrar. En el año transcurrido desde que Irlanda introdujo el modelo nórdico, ha habido un aumento del 54% en delitos contra las trabajadoras sexuales reportados a National Ugly Mugs Ireland, y los crímenes violentos han aumentado en un 77%. La Sex Workers Alliance Ireland (SWAI) se opuso enérgicamente a la introducción de esta ley y advirtió con razón que conduciría a un aumento de la violencia contra las trabajadoras sexuales.

Walker afirma que le parece “extraordinario que la compra del cuerpo de una mujer para tener sexo sea legal en el Reino Unido”. A mí lo que me parece extraordinario es que alguien piense que un sistema que da como resultado un aumento del 77% en crímenes violentos contra las mismas personas que dice proteger sea digno de celebración. 

El modelo que penaliza a las trabajadoras sexuales

El modelo nórdico no funciona porque, al penalizar al cliente, penaliza a su vez a la trabajadora sexual. ¿Te parecería a ti justo que la fuente de tus ingresos fuera repentinamente penalizada? La investigación de los países que han adoptado el modelo nórdico muestra una y otra vez que la legislación de “fin de la demanda” solo coloca a las trabajadoras sexuales en un riesgo significativamente mayor de sufrir daño. Penalizar a los clientes puede reducir la demanda de aquellos que no desean cometer un delito, pero no disuade a quienes desean lastimar a las trabajadoras sexuales.

Una vez que se ha reducido la demanda, la competencia por clientes menos deseables aumenta entre las trabajadoras sexuales, lo que lleva a un aumento de conductas riesgosas y peligrosas, como las relaciones sexuales sin protección, el trabajo en aislamiento o en áreas desiertas. A medida que los clientes se mostraron menos dispuestos a acercarse directamente a las trabajadoras sexuales, Suecia y Noruega vieron un aumento espectacular en el uso de terceros negociadores (proxenetas y madams).

Como el artículo de Walker deja meridianamente claro, el Modelo Nórdico es simplemente una etapa en el camino hacia la abolición. Es parte de una narrativa más amplia que se niega a ver a la trabajadora sexual como algo más que una víctima que necesita ser rescatada. A pesar del excelente trabajo realizado por los grupos de derechos de las trabajadoras sexuales, este “complejo salvador del trabajo sexual” sigue dominando y dando forma a las narrativas modernas que rodean a las trabajadoras sexuales. Al construir a la trabajadora sexual como víctima, ésta es sutilmente desempoderada, despojada de su propia autonomía y tácitamente presentada como un ser inferior. Mientras permite que el espacio salvador valide su propia agenda moral, refuerza la jerarquía social y estigmatiza a las “rescatadas”.

El estigma mata

Uno de los mantras del movimiento por los derechos de las trabajadoras sexuales es “el estigma mata”, y el modelo nórdico directamente estigmatiza a las trabajadoras sexuales moralizando que vender y comprar servicios sexuales es malo. En Suecia, este estigma es visto como un efecto bienvenido del modelo nórdico ya que puede ayudar a disuadir a los clientes potenciales, a pesar de que el estigma expone a las trabajadoras sexuales a riesgos significativamente mayores de violencia (como se vio en Irlanda en el último año).

En 2000, John Lowman identificó un “discurso de desechabilidad” en los informes de los medios sobre trabajadoras sexuales, mediante el análisis de las descripciones en los medios de los esfuerzos para abolir el trabajo sexual por parte de los políticos, la policía y los residentes locales. Lowman relacionó esto con un fuerte aumento de los asesinatos de trabajadoras sexuales callejeras en Columbia Británica después de 1980. Argumenta que “parece que el discurso sobre la prostitución de principios de los 80 estaba dominado por demandas para deshacerse de las prostitutas de las calles, creando un medio social en el que la violencia contra las prostitutas podría florecer.”

Así es como funciona el estigma. Una vez que la trabajadora sexual es estigmatizada como desechable, se forma un mensaje, se le da forma y se le despliega en debates sobre la abolición, y este discurso influye posteriormente en cómo se trata a las trabajadoras sexuales. Y no son tratados bien bajo el modelo nórdico.

Ninguna prohibición ha funcionado

Las trabajadoras sexuales en los países del “fin de la demanda” informan de un aumento en los niveles de acoso policial y dificultades para acceder a los servicios de apoyo y en Oslo la policía amenaza de hecho con enjuiciar a los caseros si no desalojan a las trabajadoras sexuales de sus instalaciones.

Soy una historiadora del trabajo sexual y puedo decirte categóricamente que ningún intento de abolir ni la venta ni la compra de sexo en toda la historia humana ha sido efectiva. Ni uno. Entonces, ¿qué es lo que realmente funciona? La despenalización del trabajo sexual funciona. Eliminar el estigma en torno al trabajo sexual y hacer desaparecer la amenaza de enjuiciamiento crea un espacio para el diálogo entre las personas que ejercen el trabajo sexual, el público y las fuerzas del orden. La despenalización brinda a aquellas que están en la industria del sexo la dignidad y el respeto que merecen. Reconoce que el trabajo sexual es una opción para muchas personas, y crea oportunidades para acercarse y apoyar a aquellas que sufren abuso y / o coacción.

En 2003, Nueva Zelanda despenalizó el trabajo sexual para apoyar a las trabajadoras sexuales, no al Estado, en el control de su trabajo. Según una investigación llevada a cabo por la Universidad de Otago, más del 60% de las trabajadoras sexuales de Nueva Zelanda reportaron sentirse facultadas para negarse a ver a ciertos clientes, y el 95% dijeron que sentían que tenían derechos después de la despenalización. En 2014, una trabajadora sexual de Nueva Zelanda llevó a un operador de prostíbulos al Tribunal de Derechos Humanos, después de haber sido acosada sexualmente, y ganó su caso.

El enfoque gestionado aplicado en Leeds

En 2014, se introdujo un “enfoque gestionado” en el área de Holbeck en Leeds, lo que significaba que dentro de un área no residencial designada, entre las 8 p.m. y las 6 a.m., no habría enjuiciamientos policiales por solicitar o vender sexo. Cuando hay violencia, las trabajadoras sexuales lo denuncian directamente al oficial de enlace de la policía, así como las preocupaciones que tengan con respecto a clientes de los que sospechan que sean una amenaza para los niños, para otras mujeres y para ellas mismas.

Con trabajadoras sexuales callejeras libres para trabajar y hablar con la policía sin temor a ser enjuiciadas, ha habido un aumento del 50% en los crímenes reportados (National Ugly Mugs, 2017). Desde la introducción del “enfoque gestionado”, ha habido cuatro condenas por agresión violenta. En tres de estos casos, los criminales fueron declarados culpables de crímenes graves y violentos y recibieron largas penas de prisión. No ha habido tales procesamientos en Irlanda bajo el modelo nórdico.

El argumento de Walker está firmemente basado en supuestos heteronormativos de que las trabajadoras sexuales son mujeres heterosexuales, y sus clientes son hombres heterosexuales. No hay espacio para considerar las voces LGBT o transgénero dentro de este debate. No se reconoce que los hombres vendan y las mujeres compren servicios sexuales, y ciertamente lo hacen.

¿Por qué no estamos escuchando a las trabajadoras sexuales?

¿Por qué no estamos escuchando a las trabajadoras sexuales? Todas las organizaciones de derechos de las trabajadoras sexuales luchan contra el modelo nórdico y buscan la despenalización total, porque mantiene a las personas a salvo. En una encuesta de más de 200 trabajadoras sexuales, investigadores de la Universidad de Northumbria encontraron que el 96.2% de las encuestadas no pensaba que las personas deberían ser penalizadas por comprar sexo.

El modelo nórdico y sus seguidores presentan tácitamente a las trabajadoras sexuales como víctimas degeneradas y desechables que necesitan ser rescatadas. La evidencia demuestra que penalizar a los clientes causa un daño significativo a las personas que trabajan en la industria del sexo. Un principio central del feminismo es la autonomía corporal, la agencia sexual, el derecho a decir sí y el derecho a decir no, y a que esto se respete. ¿Cómo puedes considerarte una feminista si insistes en negar esos mismos derechos a tus hermanas trabajadoras sexuales?

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El feminismo regulacionista no existe, pero el pro-derechos sí

Las trabajadoras sexuales no disponen de protección laboral en caso de embarazo, enfermedad o vejez, por lo que siguen trabajando y se encuentran totalmente desprotegidas frente al empresariado que se lleva al menos el 50% de cada servicio

 

Por Paula Sánchez Perera 

19/03/2018

https://www.eldiario.es/tribunaabierta/feminismo-regulacionista-existe-pro-derechos_6_751784836.html

 

Hay a quien le cuestionan por lo que defiende y a quien, por el contrario, se le rechaza por lo que se cree que defiende. Que reconozcamos y respetemos que existe capacidad de decisión en prostitución no significa que este sea el argumento fundamental para abrazar la postura pro-derechos. Ciertamente, en el sistema capitalista solo las personas privilegiadas eligen en qué trabajar, el resto decidimos entre opciones restringidas a nuestros ejes de opresión. Nadie cobra de un matriarcado socialista, ni siquiera las lesbianas políticas. Todas naufragamos entre mecanismos de colaboración y resistencia y tratamos de que el engranaje neoliberal no se cebe con los sectores más vulnerables. Pese a esto, tanto la criminalización de la prostitución callejera como la explotación laboral a terceros se encuentran, de hecho, legitimadas. Las razones de peso que nos llevan a apoyar la lucha de las trabajadoras sexuales son las violaciones de derechos humanos que se producen en nuestro contexto.

Hacemos referencia a la violencia institucional, los abusos de poder de los cuerpos de policía, las detenciones arbitrarias amparadas por la Ley de Extranjería, el acoso policial, las multas, las fallas en la tutela judicial efectiva, la precarización y la exposición a una mayor violencia que acontecen en la calle gracias a la suma entre ordenanzas municipales, la ley mordaza y el vacío legal en el que se desenvuelve. De otro lado, aquellas que trabajan a terceros sufren la violencia anexa a la explotación laboral en la que caen por encontrarse en un limbo legal que propicia todo tipo de abusos. No disponen de ningún tipo de protección laboral en caso de embarazo, enfermedad o vejez, por lo que siguen trabajando y se encuentran totalmente desprotegidas frente al empresariado que se lleva al menos el 50% de cada servicio, puede imponer las prácticas, la clientela, el no uso del condón y jornadas de hasta 14 horas seguidas, sin descansos estipulados ni semanales, vacaciones, horas extraordinarias reconocidas o plus de nocturnidad. No tienen ninguna protección frente al despido, la salud o la higiene, que queda al arbitrio del empresario. No disponen de ninguna legitimación para exigir el uso de preservativos y se puede vulnerar el derecho a la libertad y a la salud obligándolas a consumir alcohol para que lo hagan los clientes. Tampoco obviamente tienen derecho a huelga, negociación colectiva o a sindicarse y, en caso de que conformen organizaciones que se presenten públicamente como sindicatos, ya se encargará un sector de tildarlas a ellas de proxenetas.

Se producen toda una ausencia de derechos sociales tales como el acceso a la vivienda. Habitualmente se ven abocadas a vivir y trabajar en un club, alquilar una habitación con suerte o al sistema de camas calientes. También se vulnera el derecho a la salud, sufren discriminación y padecen indefensión para acceder a servicios sanitarios siendo las ONG las que les facilitamos información sobre los recursos disponibles; quedan a expensas de que se produzca el contacto. A su vez, sufren indefensión en caso de violencia física y sexual y también la violencia psicológica y simbólica del estigma que reproducen ciertos discursos que las prostitutas interiorizan y que conducen a costes psicológicos múltiples. El estigma se traduce en una cadena de discriminaciones y exclusión social. Y el estigma, a la larga, mata.

Este es el escenario estructural de la prostitución en España. La situación de alegalidad en la que se encuentran se convierte en prohibicionismo en la calle, avalado por tesis abolicionistas. A su vez, la persecución que sufren en la calle favorece la zonificación del ejercicio reacoplándolo a terceros; alterne que está reglamentado en beneficio exclusivo del empresariado. Un matrimonio bien avenido que limpia las calles, reubica a las prostitutas a terceros desentendiéndose de las asalariadas y luego nos dice que, si quieren derechos, se hagan autónomas. Curiosamente, la mayoría que tanto preocupa al abolicionismo no puede darse de alta como autónoma, bien porque no dispone de ingresos suficientes y la estabilidad laboral para hacer frente a la cuota, bien porque trabajan en relación de dependencia o se encuentran en situación administrativa irregular. Y hay quien puede y no quiere, por legítima desobediencia civil -no taxation without representation-. Con todo, habría que recordar que aunque exista la posibilidad continúa en un vacío legal porque el objeto que se vende, el sexo, no es lícito.

Por mucho que se busque a la puta representativa -aquella que case con nuestros presupuestos- no existe una experiencia universal de prostitución. La diversidad es clave y la justicia social se consigna en dar respuesta a cada situación. Por una parte, debe asegurarse la protección efectiva de las víctimas de trata,  cifrada en un 14% según la ONU, pues actualmente, lejos de garantizarse, lo habitual es que la trata se utilice como excusa para perseguir y controlar la migración, tal como se denuncia  desde el informe Greta del Consejo de Europa. Habría que recordar que existe trata en multitud de sectores y su causa no es la prostitución, sino el cierre de fronteras europeo, las restricciones que impone la Ley de Extranjería y la clandestinidad obligatoria en la que se desarrollan los proyectos migratorios. En síntesis: el racismo institucionalizado del que se benefician las mafias. En segundo lugar, hacen falta alternativas laborales realistas para quienes quieran abandonar el ejercicio. Resulta paradójico que se inviertan más esfuerzos en desacreditarnos que en generar opciones laborales no feminizadas ni precarizadas, para que la prostitución no tenga que ser en ningún caso un destino. Por último, para aquellas que quieran seguir ejerciendo y reivindican la mejora de sus condiciones, el reconocimiento de su condición de trabajadoras, con titularidad de derechos laborales y, por tanto, civiles plenos. Son demandas que no están en conflicto.

Llevamos 23 años insistiendo en que no, no somos regulacionistas. Los modelos de este tipo regulan la prostitución como un problema de sanidad y orden público y se desarrollan a través de medidas administrativas y policiales como los controles médicos obligatorios, la inscripción en registros policiales y la zonificación del ejercicio considerando en qué espacios es legal ejercer. Recrean la división entre prostitución legal e ilegal para las migrantes en situación irregular, prohíben la prostitución callejera, favorecen el ejercicio a terceros y estigmatizan como grupo de riesgo y en la vida laboral. Frente a este modelo también nació el movimiento de prostitutas, es un marco que ninguna asociación pro-derechos defiende y que los sindicatos de prostitutas de los países con modelo reglamentarista critican abiertamente.

Si nos denominamos pro-derechos es porque nuestra prioridad se encuentra en el reconocimiento de estos desde una perspectiva de derechos humanos, cuyo ejemplo más próximo sería el neozelandés. Se trata de poner límites a los empresarios, de evitar las relaciones de explotación laboral que ya existen, de descriminalizar la prostitución callejera, incentivar el trabajo autónomo y, por encima de todo, que el modelo de prostitución que se quiera desarrollar cuente en su elaboración con la participación de las protagonistas. Un modelo revisable por un comité de evaluación en el que participen las trabajadoras, que vaya fortaleciéndose de sus fallas para garantizar la protección frente a la violencia, la explotación, la coerción y el machismo a las más vulnerables. Ahora, si se quiere llamar regulación a cualquier interjección legal en prostitución, hablemos claro, porque esta ya existe con el alterne, el uso del espacio público y la penalización de aspectos concomitantes al trabajo asalariado e independiente.

La frecuente asimilación entre regulación y enfoque pro-derechos, el desequilibrio de información sobre las cuatro posturas del que dispone la población, no es inocente y sí un síntoma de que el debate nunca ha sido tal cosa. Mientras nos meten en el mismo saco, se obvia quién tiene el monopolio del poder institucional, académico y los recursos asistenciales. Quienes defendemos esta postura no somos un todo monolítico. Hay quienes apoyan una visión pro-sexo y se concentran en reconocer la capacidad de decisión. Hay quienes desean la abolición a largo plazo, pero conscientes de la gravedad de la situación abrazan el principio de reducción del daño. Hay quienes, incluso, veníamos del abolicionismo y el trabajo de campo en las zonas de ejercicio nos hizo ir deconstruyendo una serie de supuestos. Cuántas instituciones son patriarcales, como el matrimonio, refugio indiscutible de la violencia machista y, sin embargo, no existe un movimiento organizado por su abolición. Cuántos trabajos están igualmente atravesados por el patriarcado y el capitalismo, como el servicio doméstico, y sin embargo nos solidarizamos con sus proclamas de alcanzar condiciones dignas de ejercicio.

Nos quedan muchas cuestiones en el tintero, como los clientes, por supuesto. Asunto, por cierto, sobre el que las trabajadoras sexuales han escrito ríos de tinta, pero no podemos convencer a quienes se niegan a revisar su sesgo de confirmación, la tendencia a valorar solo aquella información que confirme sus creencias. Cierto es que las que se autodenominan trabajadoras sexuales no son todas. Romper con el estigma, politizarse, organizarse y tener el valor de visibilizarse no es fácil, pero son un movimiento internacional y creciente desde los años 80. Es una maniobra perversa reducir a las que dan la cara al rótulo de privilegiadas cuando lo que están exigiendo es disfrutar de los mismos ‘privilegios’ que el resto de la clase trabajadora. En la misma operación, se borra intencionalmente el hecho de que los reclamos de las escorts son exactamente los mismos que los de las asalariadas y de calle como Prostitutas Indignadas del Raval, AFEMTRAS de Villaverde o el Colectivo de Prostitutas de Sevilla.

Pareciera que la preocupación central no son las putas, sino los efectos simbólicos de normalizar la prostitución. Si de verdad preocupara el machismo en la prostitución, con mayor razón buscaríamos que estuviesen protegidas frente a este. En Nueva Zelanda una trabajadora puede rechazar a un cliente sin dar ningún tipo de explicación, incluso después de habérsele pagado. Con todo, para que la ansiada revolución que erradique de base las instituciones patriarcales pueda llegar a buen puerto, no podemos olvidar dirigirnos primero hacia la feminización de la pobreza. Condenar a la clandestinidad y a la vulneración de derechos humanos no nos parece la mejor opción; multar a las que ejercen en la calle, desentenderse de las asalariadas y decirles a las que quieren trabajar que ahí tienen la cuota de autónomos sí es neoliberal. Pervertir la justicia social en sistema carcelario y exclusión  como en Suecia, también. Si no se quiere dar el brazo a torcer al menos que no se les exija a quienes nunca se ha considerado como sujetos políticos la misión de erradicar el patriarcado, el capitalismo, la alienación y el trabajo asalariado. Y sí, es trabajo.

 

Marcos legales de trabajo sexual

Elaborado por ICRSE

Traducido del inglés por Citi

6 de marzo de 2018

 

Prohibición

  • Ideología: el trabajo sexual y las trabajadoras sexuales son inmorales, las trabajadoras sexuales son los vectores del VIH y otras enfermedades y representan una amenaza para la sociedad.
  • Albania, Armenia, Eslovenia, Rusia, Ucrania.
  • Consecuencias:
  • Las trabajadoras sexuales y sus lugares de trabajo son blanco de redadas policiales, las trabajadoras sexuales se ven obligadas a someterse a pruebas de VIH, ITS, hepatitis B y C, cuyos resultados pueden hacerse públicos.
  • Las trabajadoras sexuales no pueden acceder a los mecanismos de justicia ya que la policía es uno de sus principales atacantes.
  • Según un informe de Europa Central y Oriental y Asia Central, más del 40% de las trabajadoras sexuales sufrieron abusos físicos por parte de la policía en el año anterior a la encuesta.
  • La policía considera los condones que llevan las trabajadoras sexuales como prueba, por lo que las trabajadores sexuales son reacias a tenerlos cuando trabajan.
  • En Europa del Este, la mayoría de las nuevas infecciones por el VIH se producen entre las trabajadoras sexuales y las personas que se inyectan drogas; se estima que una de cada diez trabajadoras sexuales vive con el VIH.

 

Modelo sueco

  • Ideología: las trabajadoras del sexo son víctimas del patriarcado y de la violencia contra la mujer cometida por hombres.
  • Suecia, Noruega, Islandia, Irlanda del Norte (RU), Irlanda, Francia.
  • Consecuencias:
  • El volumen de trabajo sexual no ha disminuido: según la Policía sueca, el número de salas de masaje tailandés que presuntamente ofrecen servicios sexuales se ha triplicado en 3 años.
  • Según un estudio, la mitad de las trabajadoras sexuales encuestadas tenían menos confianza en los servicios sociales y la policía después de la introducción de la ley, lo que les impide denunciar los casos de violencia a las fuerzas del orden.
  • Las trabajadoras sexuales de calle se enfrentan a niveles más altos de competencia, precios decrecientes y peores condiciones de trabajo, por lo tanto, a menudo necesitan confiar más en clientes agresivos y en terceros y proporcionar servicios sexuales sin usar condones.
  • Aunque el trabajo sexual no está prohibido sobre el papel, las ordenanzas municipales y / o las acciones dirigidas contra los clientes conducen a la detención y deportación de las trabajadoras sexuales inmigrantes indocumentadas.
  • El estigma y las actitudes discriminatorias van en aumento: según una encuesta de 2015, más personas piensan que el trabajo sexual y las trabajadoras sexuales deberían ser penalizados: el 52% tenía esta opinión en 2015 frente al 30% antes de la introducción de la ley.

 

Legalización

  • Ideología: el trabajo sexual y las trabajadoras sexuales deben ser controlados y reprimidos meticulosamente por el Estado.
  • La regulación estricta se manifiesta en varias formas: registro de trabajadoras sexuales; limitación en el número, ubicación, criterios operacionales de los lugares de trabajo sexual; condiciones impuestas sobre quién puede trabajar como trabajadora sexual, tales como exámenes médicos obligatorios.
  • Alemania, Holanda, Suiza, Hungría, Grecia, Turquía.
  • Consecuencias:
  • Sistema de dos niveles: solo una fracción de las trabajadoras sexuales y de las empresas de trabajo sexual pueden cumplir las regulaciones restrictivas.
  • Quienes no pueden cumplir se enfrentan a multas y castigo.
  • En Grecia y Turquía, sólo el trabajo en lugares cerrados es legal y solo se permite trabajar a las mujeres cis solteras.
  • En Hungría, las trabajadoras sexuales de calle solo pueden solicitar en las llamadas “zonas de tolerancia” o áreas situadas fuera de las “zonas protegidas”.
  • En los Países Bajos, varios municipios han intentado introducir el registro obligatorio de trabajadoras sexuales en los últimos años.
  • En Alemania, según una nueva ley aprobada en 2017, las trabajadoras sexuales deben registrarse ante las autoridades designadas que son quienes determinarán si pueden o no recibir su licencia.

 

Despenalización

  • Ideología: el trabajo sexual se reconoce legalmente como trabajo y se lo trata como a otros sectores de servicios, las trabajadoras sexuales tienen derecho a los derechos laborales.
  • Nueva Zelanda
  • Consecuencias:
  • No aumenta el número de trabajadoras sexuales ni de personas víctimas de trata en la industria del sexo.
  • El 90% de las trabajadoras sexuales encuestadas piensa que el nuevo modelo ha mejorado su capacidad para hacer respetar sus derechos laborales y su acceso a la salud y la seguridad.
  • 57% de las trabajadoras sexuales encuestadas piensa que las actitudes de la policía han mejorado desde la despenalización.
  • El 64% de las trabajadoras sexuales encuestadas pensó que era más fácil rechazar clientes, esta tasa fue del 37% antes de la despenalización.
  • Más trabajadoras sexuales informan de que revelan su estatus de trabajadora sexual cuando visitan al médico y que se someten a controles de salud periódicos.
  • Según Lancet, una revista médica líder, la despenalización evitaría el 33-46% de las infecciones por VIH en la próxima década.

 


1.- Ver más sobre marcos legales:

Comité Internacional sobre los Derechos de los Trabajadores Sexuales en Europa (ICRSE) (2015). ¡Nada acerca de nosotras sin nosotras! Diez años de activismo por los derechos de las trabaiadoras sexuales. Elérhető: http://www.sexworkeurope.org/sites/default/files/userfiles/files/ICRSE_10years%20report_April2016_photo_%282%29.pdf

Red mundial de proyectos de trabajo sexual (2014). El trabajo sexual y la ley: comprender los marcos legales y la lucha por las reformas a la ley del trabajo sexual. Disponible en: http://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/Sex%20Work%20%26%20The%20Law.pdf

2.- Red de Defensa de los Derechos de los Trabajadores Sexuales (SWAN) (2009). Detener la violencia: abusos de los derechos humanos contra las trabajadoras sexuales en Europa central y oriental y Asia central. Disponible en: https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/

3.- AVERT. VIH y SIDA en Europa del Este y Asia Central. Disponible en: http://www.avert.org/professionals/hiv-around-world/eastern-europe-central-asia

4.- Junta de la Policía Nacional de Suecia (2012). Trata de seres humanos con fines sexuales y de otro tipo. Informe de situación 13. Disponible en:

https://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Informationsmaterial/01%20Polisen%20nationellt/Engelskt%20informationsmaterial/Trafficking_1998_/Trafficking_report_13_20130530.pdf

5.- Asociación Sueca para la Educación Sexual (RFSU) (2010). Remissvar ang SOU 2010: 49, Förbud mot köp av sexuell tjänst. Disponible en: http://www.rfsu.se/sv/Sex-och-politik/Remisser-och-yttranden/Yttrande-over-betankandet-Forbud-mot-kop-av-sexuell-tjanst-En-utvardering-1999 -2008-SOU-201049 /

6.- Red global de proyectos de trabajo sexual (2015). Herramientas de activismo: El verdadero impacto del modelo sueco en las trabajadoras sexuales. Disponible en: http://www.nswp.org/resource/the-real-impact-the-swedish-model-sex-workers-advocacy-toolkit

7.- http://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/SW%20Digest%20Issue%2011%20Jan%20-%20Mar%202015.pdf

8.- https://www.opendemocracy.net/beyondslavery/diverse-group-of-berlin-based-sex-worker-activists/german-law-endangers-sex-workers

9.- Departamento de Salud Pública y Medicina General, Universidad de Otago, Christchurch (2007).

El impacto de la Ley de Reforma de la Prostitución en las prácticas de seguridad y salud de las trabajadoras sexuales. Disponible en: http://www.otago.ac.nz/christchurch/otago018607.pdf

10.- http://www.thelancet.com/series/hiv-and-sex-workers

 

 

 

“Allí donde no existen las putas”: el documental de Ovidie sobre la caza de brujas de prostitutas en Suecia

 


 

(Al final del texto está el enlace a Youtube donde se puede ver el documental con subtítulos)

 

Por Amélie Lopes

31 de enero de 2018

http://jelislesintelloes.com/la-ou-les-putains-nexistent-pas-le-documentaire-dovidie-sur-la-chasse-aux-sorcieres-en-suede/

 

El 6 de febrero, Arte transmitirá el documental de la directora y autora Ovidie sobre el trágico destino de Eva-Marree, una joven sueca privada de sus hijos, y luego asesinada (1) por el padre de éstos. 

En julio de 2013, Eva-Marree Kullander Smith, de 27 años, fue asesinada con treinta y dos cuchilladas por su excompañero, en las instalaciones de los servicios sociales. Este drama ocurrió bajo la mirada de su hijo.

Es con este sórdido asunto que comienza el documental de la directora y autora Ovidie “Allí donde no existen las putas “. Una tragedia como la que viven tantas mujeres en todos los países del mundo. Con una diferencia: Eva-Marree, también conocida como Jasmine Petite, fue escort durante unas semanas.

En Suecia, las trabajadoras sexuales son consideradas víctimas de abuso sexual y, paradójicamente, deben elegir entre la redención y la muerte social. Esconde a esa puta, que no la puedo ver.

Eva-Marree, llamada «Jasmine Petite»

FORZADA A SEGUIR TERAPIA

Por una simple denuncia y sin ninguna investigación previa, Eva-Marree vio cómo la retiraban sus hijos. Se vio obligada a seguir una terapia a fin de regresar al “camino correcto”… Su hijo y su hija fueon confiados a su excónyuge, aunque ya era conocido por actos de violencia. A pesar de múltiples demandas judiciales, no llegó nunca a recuperar su custodia. Tres años después, cuando finalmente pudo visitarlos, su padre aprovechó la oportunidad para asesinarla. 

“Allí donde no existen las putas” nos muestra una Suecia desencantada, lejos de la imagen del país ideal a menudo glorificada en los medios. Estamos hablando del derecho de las mujeres a disponer de sus cuerpos en un país donde la represión de la prostitución es un consenso. Su lucha a favor de las trabajadoras sexuales ha convertido a Eva-Marree en un ícono, el símbolo de los derechos burlados de aquéllas que eligen la prostitución.

 

MUJER, MADRE, PUTA

Ovidie ofrece en este documental una imagen fría, una fotografía del vacío, tan dura como la administración que denuncia. La construcción del bucle, que se abre y se cierra con el asesinato de Eva-Marree, produce una triste sensación de ciclo, una tragedia inmutable que volverá a suceder si nada cambia. La cámara persiste benévolamente en las caras. Los silencios hacen resonar las voces, las duras palabras denuncian el absurdo.

El drama retratado aquí se encuentra en la encrucijada de múltiples opresiones: la de las mujeres, sometidas a la violencia de sus cónyuges. La de las madres, privadas de cualquier forma de recurso ante la apisonadora del servicio de protección de la infancia. Finalmente, la de las putas, que porque eligieron vender sus cuerpos, son marginadas.

Juicio, chantaje, medicalización de prácticas consideradas desviadas, denegación de derechos … ¿hasta dónde llegará un Estado paternalista para normalizar las prácticas sexuales, controlar policialmente los cuerpos, controlar la sexualidad femenina?

Queriendo luchar contra la explotación, la ley se convierte en un mandamiento moral.

“Allí donde no existen las putas” arroja una nueva luz sobre el universo muchas veces desconocido de las trabajadoras sexuales. Como recordatorio, el 13 de abril de 2016, Francia adoptó una ley que prohíbe “la compra de un actos sexuales”, siguiendo el modelo sueco. La película tiene un valor de advertencia.                                                                                                                                                                 Amélie Lopes

 

Allí donde no existen las putas, martes, 6 de febrero a las 23:50 en Arte.

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Ovidie aceptó responder las preguntas de Intelloes sobre su sobrecogedor documental. 

INTELLOES: ¿Cómo se enteró del caso de Eva-Marree Kullander Smith?

OVIDIE: La historia me llegó por una red de trabajadoras sexuales, en el momento de la muerte de Eva-Marree en julio de 2013. En ese momento, trabajaba para Metro News donde tenía mi blog El ticket de metro. Escribí un artículo sobre eso.

Pasé mucho tiempo en Escandinavia y, en aquella época, noté que había muy pocas informaciones sobre este asesinato en Suecia. La prensa local habló sobre esto en la sección de hechos diversos y punto. Eva-Marree fue presentada como una mujer asesinada por su excompañero, sin hacer ninguna mención a la lucha que llevó para recuperar a sus hijos. Todo fue silenciado.

¿Qué te hizo querer hacer un documental?

Incluso después de escribir el artículo para Metro News, la historia de Eva-Marree continuó obsesionándome. Seguí leyendo regularmente sobre el caso, y un día encontré el testimonio de su madre, en sueco. Hablo un poco de danés, y entendí que contaba que él todavía seguía prohibiéndola ver a sus nietos. Contaba también que había sido acosada por las autoridades.

Me di cuenta de que los padres, que procedían de un entorno muy modesto, estaban bajo la presión de los servicios sociales. Tenían todas las pruebas de que éstos habían perseguido a su hija. Pero cuando los encontramos, casi se habían rendido. Lo mismo había pasado con las activistas que apoyaban a Eva-Marree: habían pasado a otra cosa.

Le pregunté claramente a su madre: si hiciera una película sobre la historia de su hija, ¿eso la ayudaría a seguir adelante? Ella me dijo que le había prometido a Eva-Maree que haría todo lo posible por contar su historia.

¿Qué dificultades encontraste para hacer este documental?

Fue muy difícil convencer a la gente para que diera testimonio. Testigos del asesinato, amigos, vecinos. todos eran reacios, incluso cuatro años después del asesinato.

Llevó mucho tiempo negociar con el entorno de Eva-Marree. Los servicios sociales estaban muy ansiosos por la idea de que se hiciera una película sobre este caso. Algunos representantes nos pidieron que saliéramos de la ciudad donde ocurrieron los hechos. Incluso supimos que una persona había sido trasladada en secreto durante el rodaje.

¿Cómo ha llegado Suecia a presionar tanto a las trabajadoras sexuales?

 Suecia siempre ha tenido la política de exportar sus leyes, su visión de la ética y los derechos humanos.

Para mostrar al mundo que su política sobre la prostitución es la mejor, las autoridades suecas están dispuestas a cambiar las estadísticas, pero también a presionar a las trabajadoras sexuales. ¡Es una verdadera caza de brujas!

Por meras denuncias o sospechas, la policía puede presentarse de improviso y retirarles a sus hijos, sus viviendas … Es una forma de obligarlas a detener su actividad. Suecia ya no quiere prostitución en su territorio.

En el documental, una de los participantes habla de una “buena ley patriarcal que sirve para controlar la sexualidad de las mujeres”. ¿Qué piensas de eso? 

Estoy totalmente de acuerdo con ella en el sentido de que la prostitución masculina nunca se menciona en los debates. Además, no se hablará nunca de la misma manera de los hombres que se prostituyen. Las mujeres son castigadas por lo que hacen con sus cuerpos. Yo misma he pagado por mi paso por el mundo del porno como actriz, estoy marcada con hierro candente. Puedo imaginar fácilmente lo que ha sufrido Eva-Marree.

Lo que es interesante de su caso es que la hicieron pasar por enferma mental: no se arrepintió, asumió que era prostituta. Eso no corresponde al esquema que establece que las prostitutas son víctimas de abuso. Además, ella representaba la dicotomía de la madre y la prostituta: imposible ser las dos cosas a la vez.

Una ley similar a la ley sueca de penalización de los clientes entró en vigor recientemente en Francia. ¿Podemos imaginar una prohibición por parte de la sociedad de las trabajadoras sexuales como en Suecia?

¡En nuestro territorio, la mayoría de las prostitutas se opusieron a esta ley!

Francia y Suecia son estados laicos, por lo que los conservadores no pueden aprobar ideas moralizantes en nombre de una religión. Sin embargo, se sirven del feminismo para establecer lo que la mujer tiene que hacer con su cuerpo.

Este tipo de discurso que dice que la prostitución es necesariamente una violación, aumenta el estigma. ¡Nos podemos servir de bellas ideas para controlar a las mujeres!

Entrevistada por Ann-Laure Bourgeois 

 


1.- https://elestantedelaciti.wordpress.com/2013/07/16/justicia-para-jasmine/

https://elestantedelaciti.wordpress.com/2013/07/17/el-maldito-estado-le-dio-a-el-el-poder-asesinato-de-una-trabajadora-sexual-sueca/

 

A continuación, el vídeo en Youtube. Para ver subtítulos en español:  Configuración>Subtítulos>Traducir automáticamente> Español

 

 

Suecia no es país para madres trabajadoras sexuales

 

 

Una madre trabajadora sexual pierde la custodia de su hijo (1)

https://researchprojectkorea.wordpress.com/2018/01/23/sweden-no-country-for-sex-working-mothers/

Östra Göinge, Suecia. 13 de enero de 2018.

 

La madre está devastada por un fallo judicial.

La madre trabajaba como trabajadora sexual en un pueblo de Östra Göinge, donde anunciaba sus servicios a través de Internet. Comenzó a hacerlo después de encontrarse con problemas financieros cuando su hijo tenía solo dos o tres meses. Invitó a hombres a su departamento y tuvo relaciones sexuales con ellos por dinero. Sus ganancias ascendieron a alrededor de 2.000-2.300 euros por mes.

La madre y su hijo vivían más o menos aislados, a excepción de las visitas de sus clientes, que dejaban de tener relaciones sexuales con la madre si el niño se despertaba en su cuna, situada junto a la cama. La madre dijo que el niño nunca parecía estar asustado, pero sentía curiosidad por ellos. Cuando el niño se despertaba, los hombres se iban a su casa, entendiendo la situación ya que tenían hijos propios, de acuerdo con el fallo del Tribunal Administrativo.

Todo salió a la luz después de que una persona preocupada denunció a la madre a los servicios sociales, después de lo cual se le retiró a la madre la custodia del niño. Esto sucedió sin una evaluación formal de la situación, aunque las acciones de la madre fueron confirmadas por sus anuncios en línea.

El Tribunal Administrativo concedió especial importancia al hecho de que la madre había invitado a extraños a comprar sexo en su casa. Según el tribunal, la situación general significaba que existía un riesgo significativo de que la salud y el desarrollo del hijo se vieran perjudicados.

Por su propia cuenta, la madre cerró el libro de citas de trabajo sexual desde que su hijo le fue retirado. Sin embargo, el Tribunal Administrativo creía que existía el riesgo de que repitiera su comportamiento y, por lo tanto, decidió que el hijo debe permanecer bajo cuidado estatal de conformidad con la Ley de Cuidado de los Jóvenes (LVU). Además, el tribunal sostuvo que la madre había mostrado indiferencia con respecto a la seguridad y protección de su hijo al traer extraños a su apartamento.

En lugar de trabajo sexual, la madre ahora buscará otro trabajo y, mientras tanto, ha solicitado el apoyo del gobierno, aunque se da cuenta de que esos pagos no serán tan altos como los 2.000-2.300 euros que ganó con el trabajo sexual. La mujer también declaró que había reanudado el contacto con su propia madre, que había prometido ayudarla.

Según el Tribunal Administrativo, está “devastada por las consecuencias para su hijo”. Ella puede apelar contra el fallo del tribunal en el Tribunal Administrativo de Apelaciones en Gotemburgo dentro de tres semanas.

Click en la imagen para leer el artículo completo (en inglés)

 

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Traducción para SWAT por Ophelia Eglentyn de Fuckförbundet, una asociación fundada en Suecia en la primavera de 2017, por y para las trabajadoras sexuales.

“Nuestras dos funciones clave son mantener una comunidad que ofrezca apoyo para todo tipo de trabajadoras sexuales en Suecia, y aumentar la conciencia sobre los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual y los impactos negativos del conjunto actual de leyes. … Si tu feminismo excluye a los grupos marginados de personas, entonces no es digno de su nombre “.

Puedes seguir Fuckförbundet en Twitter, Facebook e Instagram.

 

SWAT – Sex Workers + Allies Translate, Edit + Design

“El objetivo de SWAT no es solo proporcionar a las trabajadoras sexuales y aliados una red para permitir el intercambio de conocimientos sobre trabajo sexual a través de barreras culturales y de idioma, sino también recompensar a los contribuyentes por su trabajo siempre que sea posible”.

Haga clic aquí para obtener información sobre SWAT en 18 idiomas. Póngase en contacto con SWAT por correo electrónico si desea contribuir con sus habilidades. También te invitamos a unirte al grupo SWAT de Facebook.

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1.- El original sueco de este artículo fue escrito por Carl-Johan Liljedahl y publicado por primera vez como “Barn till prostituerad omhändertas” () en Kristianstadsbladet (13 de enero de 2018). Los términos “prostitución / prostituta” y “comprador de sexo” fueron reemplazados por “trabajo sexual / trabajador sexual” y “cliente”. El copyright del artículo original corresponde a Kristianstadsbladet. No tiene licencia bajo una licencia de Creative Commons.

 

Las imágenes y los tweets arriba y abajo no aparecieron en el artículo original. Las traducciones de artículos no representan endosos de títulos, imágenes, términos utilizados o puntos de vista expresados ​​en ellos, ni de los autores que los han escrito ni de los medios de comunicación que los publicaron.

 

 

 

 

Amnistía Internacional y SWOP-EE.UU. Desvelando los misterios de la despenalización total del trabajo sexual consensual. Somos más fuertes juntos.

 

http://slideplayer.com/slide/10693307/

 

 

 

1 Amnistía Internacional y SWOP-USA. Desbloquear los misterios de la despenalización total del trabajo sexual consensual. Somos más fuertes juntos.

 

2 “Las trabajadoras sexuales son uno de los grupos más marginados en el mundo que en la mayoría de los casos se enfrentan a un riesgo constante de discriminación, violencia y abuso. Nuestro movimiento mundial allanó el camino para la adopción de una política de protección de los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual, lo que ayudará a conformar el trabajo futuro de Amnistía Internacional sobre este importante tema “.

 

3 En agosto de 2015, Amnistía Internacional votó a favor de recomendar la despenalización total para el trabajo sexual consentido, lo que una vez más desencadenó la controversia mundial sobre si las trabajadoras sexuales deberían o no tener garantizados sus derechos humanos. La resolución recomienda que Amnistía Internacional desarrolle una política que respalde la despenalización total de todos los aspectos del trabajo sexual consentido. La política también llamará a los Estados a garantizar que las trabajadoras sexuales disfruten de protección legal plena e igualitaria contra la explotación, la trata y la violencia. Las violencias a las que pueden estar expuestas las trabajadoras sexuales incluyen la violencia física y sexual, el arresto y la detención arbitrarios, la extorsión y el acoso, la trata de personas, las pruebas forzadas de VIH y las intervenciones médicas forzadas. También pueden ser excluidas de los servicios de atención médica y vivienda y otras protecciones sociales y legales.

 

4 ¿Cuál es la diferencia entre el trabajo sexual y la trata sexual? La trata de personas es una violación atroz de los derechos humanos que involucra la amenaza o el uso de la fuerza, el secuestro, el engaño u otras formas de coerción con el propósito de la explotación. Esto puede incluir trabajo forzado, explotación sexual, esclavitud y más. El trabajo sexual, por otro lado, es una transacción consensual entre adultos, donde el acto de vender o comprar servicios sexuales no es una violación de los derechos humanos. Las organizaciones de trabajadoras sexuales se oponen a la explotación y pueden estar bien posicionadas para derivar a las víctimas de trata a los servicios apropiados. Confundir la trata con el trabajo sexual puede ser perjudicial. Muchas iniciativas antitrata consideran a todas las trabajadoras sexuales como víctimas, reubicándolas o deteniéndolas en las llamadas casas de seguridad en contra de su voluntad. Otras iniciativas, como las que cerraron burdeles, han privado a las trabajadoras sexuales de su autonomía, ingresos y condiciones laborales seguras. Esas iniciativas han fomentado la desconfianza entre las autoridades y las trabajadoras sexuales, han empujado el trabajo sexual a la clandestinidad y dificultado el alcance de la salud pública.

 

5 Amnistía Internacional considera aborrecible la trata de personas en todas sus formas, incluida la explotación sexual, y debe tipificarse como una cuestión de derecho internacional. Esto es explícito en esta nueva política y en todo el trabajo de Amnistía Internacional.

 

6 Despenalización La despenalización significa la eliminación de las sanciones penales y administrativas que se aplican al trabajo sexual, lo que permite que se rija por la legislación laboral y las protecciones similares a otros trabajos. Se preocupa principalmente de las reglamentaciones que mejoran la salud y la seguridad de las trabajadoras. En un entorno totalmente despenalizado, una trabajadora sexual podría acceder más fácilmente a la atención médica y a la vivienda. La legalización, por el contrario, crea regímenes regulatorios estrechos basados ​​en otras preocupaciones y objetivos, como la salud de los clientes, los impuestos o la moralidad pública. La legalización puede incluir regulaciones que limitan los derechos y protecciones de las trabajadoras del sexo, como las pruebas obligatorias del VIH. Esto puede estigmatizar aún más a las personas que ejercen el trabajo sexual. La legalización también podría crear mecanismos de abuso por parte de las autoridades. Por ejemplo, en los Países Bajos, donde el trabajo sexual está legalizado, las fuerzas del orden público han allanado los hogares de trabajadoras sexuales sin una orden judicial y llevado a cabo detenciones masivas de trabajadoras sexuales veladas como operaciones antitrata.

 

7 La despenalización total del trabajo sexual consentido significa que los compradores y vendedores de servicios sexuales no pueden ser discriminados con fines de arresto, vivienda, atención médica, transporte y / o beneficios públicos. También significa que si son víctimas de un delito (como violación, violencia doméstica e incluso trata) pueden denunciar estos crímenes directamente a la policía sin temor.

 

8 Problemas con la legalización Ampliamente presentado como un enfoque más tolerante y pragmático, el modelo legalizado aún penaliza a las personas que ejercen el trabajo sexual que no pueden cumplir o no cumplirán por la razón que sea diversos requisitos burocráticos y, por lo tanto, conserva algunos de los peores daños de la criminalización. Excluye de manera desproporcionada a las trabajadoras del sexo que ya están marginadas, como las personas que usan drogas o que son indocumentadas. Esto hace que su situación sea más precaria y, por lo tanto, refuerza el poder de los gerentes inescrupulosos. Nevada tiene un sistema de prostitución altamente regulado y legalizado como lo hace Alemania. España e India tienen trabajo sexual legal no regulado. Australia y Nueva Zelanda han despenalizado las políticas en algunos lugares. Suecia y Noruega tienen implantadas dos políticas altamente polémicas.

 

9 Los modelos nórdicos despenalizan la venta de sexo, pero hacen que sea ilegal comprar servicios sexuales.

PROS El modelo nórdico muestra una reducción del daño real, que no puede ser descartado de forma aislada. La tasa de trabajadoras objeto de trata disminuye drásticamente, porque la cantidad total de comercio sexual disminuye. Al mismo tiempo, la venta de sexo se despenaliza, por lo que las leyes no victimizan más a las personas que optan por vender sus servicios. Sin temor, pueden buscar ayuda de la policía si se sienten coaccionadas o abusadas ​​de alguna manera. Las vendedoras tienen todos los derechos para determinar las condiciones en las que participan en el comercio sexual con sus cuerpos.

CONTRAS El sistema de justicia penal Suecia está diseñado para proteger a las personas que ejercen el trabajo sexual, pero en realidad no es así. Debido a que los clientes todavía son criminalizados, esto hace que el trabajo sexual sea más clandestino. Las relaciones con la policía y los propietarios a menudo son divisivas y aún existe un abuso generalizado. Cuestiones como la custodia de los hijos se han convertido en un punto de tensión. Las mujeres son despojadas de su autonomía y sus derechos para hacer con su cuerpo lo que deseen.

Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0162&format=XML&language=ES

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género

(2013/2103(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 4 y 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948,

–  Visto el Convenio de las Naciones Unidas para la represión de la trata de personas y de explotación de la prostitución ajena, de 1949,

–  Visto el artículo 6 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, de 1979, cuyo objetivo es luchar contra todas las formas de trata de mujeres y la explotación de la prostitución de la mujer,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989,

–  Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, de 1993, cuyo artículo 2 establece que la violencia contra la mujer abarca «la violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada»,

–  Visto el Protocolo de Palermo, de 2000, para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, anexo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional,

–  Visto el objetivo estratégico D.3 de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, de 1995,

–  Visto el Convenio (nº 29) relativo al trabajo forzoso u obligatorio de la Organización Internacional del Trabajo, en cuyo artículo 2 se define el trabajo forzoso,

–  Vista la Declaración de Bruselas (11) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sobre la prevención y lucha contra la trata de seres humanos, que aboga por una política integral, multidisciplinar y efectivamente coordinada, que implique a los actores de todos los ámbitos en cuestión,

–  Vistas las Recomendaciones del Consejo de Europa en este ámbito, tales como la Recomendación 11 (2000) sobre la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, la Recomendación 5 (2002) sobre la protección de las mujeres contra la violencia y la Recomendación 1545 (2002) relativa a campañas contra la trata de mujeres,

–  Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos,

–  Vista la propuesta de recomendación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre la penalización de la compra de sexo para luchar contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, Doc. 12920 de 26 de abril de 2012,

–  Vista la Decisión Ministerial de Viena nº 1(12) de la OSCE, de 2000, en apoyo a las medidas de la OSCE y al Plan de Acción de la OSCE contra la trata de personas (Decisión nº 557, adoptada en 2003),

–  Vistos los artículos 2 y 13 del Tratado de la Unión Europea,

–  Vista la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativa a la lucha contra la trata de seres humanos,

–  Vista la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo, de 19 de julio de 2002,

–  Vista la Resolución del Consejo sobre iniciativas para luchar contra la trata de seres humanos, en particular de mujeres(1) ,

–  Vista la Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos,

–  Vista su Resolución, de 15 de junio de 1995, sobre la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Pekín: «Igualdad, desarrollo y paz»(2) ,

–  Vista su Resolución, de 24 de abril de 1997, sobre la Comunicación de la Comisión relativa a los contenidos ilícitos y nocivos en Internet (3) ,

–  Vista su Resolución, de 16 de septiembre de 1997, sobre una campaña europea sobre tolerancia cero ante la violencia contra las mujeres(4) ,

–  Vista su Resolución, de 24 de octubre de 1997, sobre Libro Verde relativo a la protección de los menores y de la dignidad humana en los nuevos servicios audiovisuales y de información(5) ,

–  Vista su Resolución, de 6 de noviembre de 1997, sobre la Comunicación de la Comisión sobre la lucha contra el turismo sexual que afecta a niños y el Memorándum relativo a la contribución de la Unión Europea a la intensificación de la lucha contra los abusos y la explotación sexual de que son víctimas los niños(6) ,

–  Vista su Resolución, de 16 de diciembre de 1997, sobre la Comunicación de la Comisión sobre la trata de mujeres con fines de explotación sexual(7) ,

–  Vista su Resolución, de 13 de mayo de 1998, relativa al Libro Verde sobre la protección de los menores y de la dignidad humana en los servicios audiovisuales y de información(8) ,

–  Vista su Resolución, de 17 de diciembre de 1998, sobre el respeto de los derechos humanos en la Unión Europea (1996)(9) ,

–  Vista su Resolución, de 10 de febrero de 1999, sobre armonización de las formas de protección complementaria al estatuto de refugiado en la Unión Europea(10) ,

–  Vista su Resolución, de 30 de marzo de 2000, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre la aplicación de las medidas de lucha contra el turismo sexual que afecta a niños(11) ,

–  Vista su Resolución legislativa, de 11 de abril de 2000, sobre la iniciativa de la República de Austria con vistas a la adopción de la Decisión del Consejo relativa a la lucha contra la pornografía infantil en Internet(12) ,

–  Vista su Resolución, de 18 de mayo de 2000, sobre el seguimiento de la Plataforma de Acción de Pekín(13) ,

–  Vista su Resolución, de 19 de mayo de 2000, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre nuevas medidas en el ámbito de la lucha contra la trata de mujeres(14) ,

–  Vista su Resolución, de 15 de junio de 2000, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social titulada Víctimas de delitos en la Unión Europea – Normas y medidas(15) ,

–  Vista su Resolución legislativa, de 12 de junio de 2001, sobre la propuesta de Decisión marco del Consejo relativa a la lucha contra la trata de seres humanos(16) ,

–  Vista su Resolución, de 17 de enero de 2006, sobre estrategias para prevenir la trata de mujeres y niños vulnerables a la explotación sexual(17) ,

–  Vista su Resolución, de 2 de febrero de 2006, sobre la situación actual en la lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres y futuras acciones(18) ,

–  Vista su Resolución, de 15 de marzo de 2006, sobre la prostitución forzada en el marco de los acontecimientos deportivos internacionales(19) ,

–  Vista su Resolución, de 26 noviembre 2009, sobre la eliminación de la violencia contra la mujer(20) ,

–  Vista su Resolución, de 5 de abril de 2011, sobre las prioridades y líneas generales del nuevo marco político de la UE para combatir la violencia contra las mujeres(21) ,

–  Vista su Resolución, de 6 de febrero de 2013, sobre el 57º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas: Eliminación y prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas(22) ,

–  Vista su Resolución de 23 de octubre de 2013 sobre la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero: recomendaciones sobre las acciones o iniciativas que han de llevarse a cabo(23) ,

–  Vista la campaña de sensibilización del Foro Europeo de Mujeres «No está en venta»,

–  Visto el artículo 48 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y la opinión de la Comisión de Desarrollo (A7‑0071/2014),

A.  Considerando que la prostitución y la prostitución forzadas son un fenómeno con un componente de género y de dimensión mundial que afecta en torno a 40 – 42 millones de personas en todo el mundo, siendo la inmensa mayoría de las personas que se prostituyen mujeres y niñas y casi la totalidad de los usuarios hombres y que, por lo tanto, es al mismo tiempo causa y consecuencia de la desigualdad de género, lo que agrava aún más el fenómeno;

B.  Considerando que la prostitución y la prostitución forzada representan formas de esclavitud incompatibles con la dignidad de la persona y con sus derechos fundamentales;

C.  Considerando que la trata de seres humanos, en particular de mujeres y niños, con fines de explotación sexual y otras formas de explotación constituye una de las violaciones de los derechos humanos más atroces, y que la trata de personas está creciendo a escala mundial debido al aumento de la delincuencia organizada y su rentabilidad;

D.  Considerando que el trabajo es una de las principales fuentes de realización humana y que, a través de él, los individuos contribuyen solidariamente al bienestar colectivo;

E.  Considerando que la prostitución y la prostitución forzada están intrínsecamente ligadas a la desigualdad de género en la sociedad y tienen un efecto en la posición social de las mujeres y los hombres en la sociedad así como en la percepción de las relaciones entre mujeres y hombres y en la sexualidad;

F.  Considerando que la salud sexual y reproductiva se promueve con un enfoque de la sexualidad sano y basado en el respeto mutuo;

G.  Considerando que la Directiva 2011/36/UE, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas establece disposiciones firmes en relación con las víctimas;

H.  Considerando que toda política relativa a la prostitución repercute en la consecución de la igualdad de género, afecta a la comprensión de las cuestiones de género y transmite mensajes y normas a la sociedad, incluidos los jóvenes;

I.  Considerando que la prostitución funciona como un negocio y crea un mercado, en el que distintos actores están interconectados y los proxenetas realizan cálculos y actúan para afianzar o aumentar sus mercados y maximizar los beneficios, y que los compradores de sexo desempeñan un papel fundamental, puesto que mantienen la demanda de este mercado;

J.  Considerando que, según la OMS, la salud sexual «requiere de una actitud positiva y respetuosa hacia la sexualidad y las relaciones sexuales, además de la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de coacción, discriminación y violencia»;

K.  Considerando que en la prostitución todos los actos íntimos se rebajan a un valor mercantil y el ser humano queda reducido a mercancía o instrumento a disposición del cliente;

L.  Considerando que la gran mayoría de las personas que ejercen la prostitución proceden de grupos vulnerables;

M.  Considerando la seria relación que existe entre el proxenetismo y el crimen organizado;

N.  Considerando que en torno a la prostitución florecen la delincuencia organizada, la trata de seres humanos, los crímenes violentos y la corrupción, y que el más beneficiado con su legalización sería el proxeneta, que se convertiría en «hombre de negocios»;

O.  Considerando que los mercados de prostitución alimentan la trata de mujeres y niños(24) ;

P.  Considerando que la trata sirve como recurso para abastecer de mujeres y mujeres menores de edad los mercados de la prostitución;

Q.  Considerando que los datos de la UE indican que la actual política de lucha contra el tráfico de seres humanos no es eficaz y que hay un problema para identificar y perseguir a los traficantes, de modo que se ha de reforzar la investigación de casos de tráfico de personas con fines de explotación sexual y la persecución y condena de los traficantes de seres humanos;

R.  Considerando que cada vez más jóvenes, de los cuales resulta alarmante que muchos sean niños, son obligados a ejercer la prostitución;

S.  Considerando que la presión bajo la cual se ejerce la actividad de prostitución puede ser directa y física, o indirecta, por ejemplo a través de presiones sobre la familia en el país de origen, y puede consistir en una coacción psicológica insidiosa;

T.  Considerando que la principal responsabilidad de luchar contra la trata de seres humanos recae en los Estados miembros, y que en abril de 2013 solo seis Estados miembros notificaron la transposición íntegra de la Directiva de la UE contra la trata de personas, cuyo plazo de aplicación expiró el 6 de abril de 2013;

U.  Considerando que la Comisión, en su Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres (2010-2015), declara que «las desigualdades entre mujeres y hombres violan derechos fundamentales»;

V.  Considerando que hay una enorme divergencia en el modo en que los Estados miembros abordan la prostitución, con dos enfoques fundamentales: un enfoque considera la prostitución como una violación de los derechos de las mujeres ―una forma de esclavitud sexual― que da lugar y mantiene la desigualdad de género con respecto a las mujeres; el segundo enfoque sostiene que la prostitución promueve la igualdad de género al fomentar el derecho de la mujer a controlar qué desea hacer con su cuerpo; considerando que en ambos casos los Estados miembros tienen competencia para decidir cómo abordar la cuestión de la prostitución;

W.  Considerando que, si bien existe una diferencia entre prostitución «forzada» y prostitución «voluntaria»;

X.  Considerando que el asunto de la prostitución debe abordarse con una visión a largo plazo y según la perspectiva de la igualdad de género;

1.  Reconoce que la prostitución, la prostitución forzada y la explotación sexual son cuestiones con un gran componente de género y constituyen violaciones de la dignidad humana contrarias a los principios de los derechos humanos, entre ellos la igualdad de género, y, por tanto, son contrarias a los principios de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluido el objetivo y el principio de la igualdad de género;

2.  Señala que debe respetarse la salud de todas las mujeres, incluido el derecho a disponer de su cuerpo y a una sexualidad libre de coacción, discriminación y violencia;

3.  Destaca que hay diversos vínculos entre prostitución y tráfico de personas, y reconoce que la prostitución ―a nivel y en toda Europa― alimenta el tráfico de mujeres y mujeres menores de edad vulnerables, un alto porcentaje de las cuales tiene entre 13 y 25 años; destaca que, como muestran los datos de la Comisión, la mayoría de las víctimas (62 %) son objeto de trata con fines de explotación sexual, constituyendo las mujeres y las mujeres menores de edad el 96 % de las víctimas, identificadas o supuestas, y que el porcentaje de víctimas de países no pertenecientes a la UE ha aumentado en los últimos años;

4.  Reconoce, no obstante, que la falta de datos fiables, precisos y comparables entre los países, debido principalmente a la naturaleza ilegal y con frecuencia invisible de la prostitución y la trata, da lugar a que el mercado de la prostitución siga siendo opaco y obstaculiza la toma de decisiones política, lo que significa que todas las cifras se basan exclusivamente en estimaciones;

5.  Hace hincapié en que la prostitución es también una cuestión de salud, puesto que tiene efectos perjudiciales en las personas que la ejercen, que tienen más probabilidades de sufrir traumas sexuales, físicos y mentales, ser adictas al alcohol y las drogas, perder el respeto por sí mismas y presentar un mayor índice de mortalidad que la población media; añade y destaca que muchos de los compradores de sexo piden sexo comercial sin protección, lo que incrementa el riesgo de efectos perjudiciales para la salud, tanto para las personas que ejercen la prostitución como para los compradores de sexo;

6.  Hace hincapié en que la prostitución forzada, la prostitución y la explotación en la industria del sexo tienen consecuencias físicas y sicológicas devastadoras y duraderas, incluso después de haber cesado la prostitución, para los individuos que se ven implicados en ella, especialmente niños y adolescentes, además de ser, a la vez, causa y consecuencia de la desigualdad de género y de perpetuar los estereotipos de género y el pensamiento estereotipado sobre las mujeres que venden sexo, como la idea de que el cuerpo de las mujeres y mujeres menores de edad está en venta para satisfacer la demanda masculina de sexo;

7.  Pide asimismo a los Estados miembros que introduzcan, en consonancia con el Derecho nacional, citas periódicas y confidenciales a efectos sanitarios y de orientación para prostitutas fuera de los lugares de ejercicio de la prostitución;

8.  Reconoce que las personas que ejercen la prostitución constituyen un grupo con alto riesgo de contagio del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual;

9.  Pide a los Estados miembros que intercambien mejores prácticas para reducir los riesgos asociados a la prostitución callejera;

10.  Reconoce que la prostitución y la prostitución forzada pueden tener un impacto en la violencia contra las mujeres en general, ya que las investigaciones sobre los usuarios de servicios sexuales muestran que los hombres que pagan por sexo tienen una imagen degradante de la mujer(25) ; sugiere, por consiguiente, a las autoridades nacionales competentes que la prohibición de comprar servicios sexuales vaya acompañada de una campaña de sensibilización de los hombres;

11.  Subraya que las personas prostituidas son especialmente vulnerables desde el punto de vista social, económico, físico, psíquico, emocional y familiar y corren más riesgo de sufrir violencia y daños que en cualquier otra actividad; destaca que se debe alentar, por lo tanto, a la fuerzas de policía nacionales a abordar, entre otras cosas, las bajas tasas de condena por violación de prostitutas; hace hincapié en que las personas prostituidas son asimismo objeto de oprobio público y están socialmente estigmatizadas, incluso si dejan de ejercer la prostitución;

12.  Atrae la atención sobre el hecho de que las prostitutas tienen derecho a la maternidad, y a criar y cuidar a sus hijos;

13.  Hace hincapié en que la normalización de la prostitución incide en la violencia contra la mujer; señala, en particular, que los hombres que compran sexo son más proclives a cometer actos sexuales coercitivos, así como otros actos de violencia, contra las mujeres y que, con frecuencia, muestran actitudes misóginas;

14.  Señala que entre el 80 y el 95 % de las personas que se prostituyen ha sufrido alguna forma de violencia antes de empezar a ejercer la prostitución (violación, incesto, pedofilia), el 62 % declara haber sufrido una violación y el 68 % sufre trastornos de estrés postraumático, un porcentaje similar al de las víctimas de tortura(26) ;

15.  Señala que la prostitución infantil nunca puede ser voluntaria, puesto que los niños no tienen la capacidad de «consentir» la prostitución; exhorta a los Estados miembros a que combatan la prostitución infantil (la que afecta a los menores de 18 años) tan enérgicamente como sea posible, dado que es la forma más grave de prostitución forzada; exige con carácter urgente un enfoque de tolerancia cero basado en la prevención y protección de las víctimas y el enjuiciamiento de los clientes;

16.  Destaca que la prostitución y la explotación sexual de menores es cada vez mayor, también a través de las redes sociales, en las que con frecuencia se utiliza el engaño y la intimidación;

17.  Atrae la atención sobre el fenómeno de la prostitución de menores, que no es lo mismo que acoso sexual, y que se debe a situaciones económicas difíciles o a la falta de cuidados por parte de los padres;

18.  Hace hincapié en la necesidad de medidas eficaces que permitan dedicar una especial atención a la extracción de los menores prostituidos de los llamados mercados de la prostitución, a impedir su entrada en ellos y a centrarse en actividades contrarias a los objetivos de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y su Protocolo Facultativo;

19.  Considera que la compra de servicios sexuales de personas menores de 21 años que ejercen la prostitución debe constituir un delito, en tanto que los servicios ofrecidos por estas personas no deben ser punibles;

20.  Atrae la atención sobre el fenómeno del «patrocinio», que implica la prostitución de mujeres menores de edad o que acaban de alcanzar la mayoría de edad a cambio de productos de lujo o pequeñas cantidades de dinero que constituyen una fuente de financiación para cubrir los gastos diarios o los gastos relacionados con la educación;

21.  Recuerda a los Estados miembros que la educación desempeña un importante papel en la prevención de la prostitución y la delincuencia organizada asociada a esta actividad, y recomienda, por lo tanto, que en las escuelas se lleven a cabo campañas educativas especiales de prevención y concienciación adaptadas a la edad de los participantes, así como que la educación sobre la igualdad sea un objetivo fundamental en el proceso de educación de los jóvenes;

22.  Atrae la atención sobre el hecho de que la publicidad de servicios sexuales en los periódicos y medios de comunicación sociales puede ser un modo de apoyar la trata de personas y la prostitución;

23.  Atrae la atención sobre el papel creciente que desempeñan Internet y las redes sociales en la captación de prostitutas nuevas y jóvenes por las redes de trata de seres humanos; pide que se organicen campañas de prevención, también en Internet, teniendo en cuenta los blancos vulnerables de esas redes de trata de seres humanos;

24.  Atrae la atención sobre algunos efectos, en su mayoría negativos, de la producción de los medios de comunicación de masas y la pornografía, especialmente en internet, en la creación de una imagen desfavorable de la mujer, que puede tener como efecto el desprecio de la personalidad humana de la mujer y su presentación como una mercancía; advierte de que la libertad sexual no debe interpretarse como una licencia para despreciar a las mujeres;

25.  Hace hincapié en que la normalización de la prostitución afecta a la percepción de los jóvenes de la sexualidad y de la relación entre hombres y mujeres;

26.  Subraya que no debe penalizarse a las personas que ejercen la prostitución y pide a todos los Estados miembros que deroguen la legislación represiva contra las personas que ejercen la prostitución;

27.  Insta a los Estados miembros a que se abstengan de penalizar a las personas que ejercen la prostitución y elaboren programas para ayudar a las personas que ejercen la prostitución/trabajadores sexuales a abandonar la profesión si así lo desean;

28.  Cree que la reducción de la demanda debe formar parte de una estrategia integrada contra la trata en los Estados miembros;

29.  Considera que una manera de luchar contra el tráfico de mujeres y mujeres menores de edad con fines de explotación sexual y de mejorar la igualdad de género es el modelo aplicado en Suecia, Islandia y Noruega (el denominado modelo nórdico), que se está estudiando en diversos países europeos, en el que el delito lo constituye la compra de servicios sexuales, no los servicios de las personas que ejercen la prostitución;

30.  Subraya que la prostitución es un problema transfronterizo, y que los Estados miembros deben asumir la responsabilidad de luchar contra la compra de servicios sexuales fuera de su territorio;

31.  Pone de relieve que algunos datos confirman el efecto disuasorio del modelo nórdico sobre la trata de seres humanos hacia Suecia, donde la prostitución y la trata no han aumentado, y que la población apoya cada vez más dicho modelo, especialmente los jóvenes, lo que demuestra que la legislación ha provocado un cambio en la actitud;

32.  Reconoce los resultados de un reciente informe gubernamental en Finlandia, en el que se pide la total penalización de la compra de sexo, puesto que el planteamiento finlandés, que penaliza la compra de servicios sexuales de víctimas de trata, ha demostrado que es ineficaz en la lucha contra la trata;

33.  Cree que la legislación brinda la oportunidad de aclarar cuáles son las normas aceptables en la sociedad y crear una sociedad que refleje dichos valores;

34.  Opina que considerar la prostitución como un «trabajo sexual» legal, despenalizar la industria del sexo en general y legalizar el proxenetismo no es la solución para proteger a las mujeres y las mujeres menores de edad de la violencia y explotación, sino que produce el efecto contrario y aumenta el riesgo de que sufran un mayor nivel de violencia, al tiempo que se fomenta el crecimiento de los mercados de la prostitución y, por tanto, el número de mujeres y mujeres menores de edad víctimas de abusos;

35.  Condena todo intento o discurso político basado en la idea de que la prostitución puede ser una solución para las mujeres migrantes en Europa;

36.  Insta, por tanto, a los Estados miembros a que otorguen a la policía y a las autoridades competentes de los locales donde se ejerce la prostitución, de conformidad con la legislación nacional, el derecho a acceder a dichos locales y efectuar controles aleatorios;

37.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a poner en marcha los medios y herramientas necesarios para combatir la trata y la explotación sexual y para reducir la prostitución, como violaciones de los derechos fundamentales de las mujeres, en especial de las menores de edad, y de la igualdad de género;

38.  Pide a los Estados miembros que transpongan en la legislación nacional lo antes posible, en especial en lo que respecta a la protección de las víctimas, la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JI del Consejo;

39.  Insta a la Comisión a que evalúe el impacto que el marco jurídico europeo, diseñado para acabar con la trata de personas con fines de explotación sexual, ha tenido hasta la fecha, realice nuevas investigaciones sobre los modelos de prostitución y trata de seres humanos con fines de explotación sexual así como sobre el elevado nivel de turismo sexual en la UE, con especial referencia a los menores, y promueva el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros;

40.  Hace hincapié en que la Comisión debe seguir financiando proyectos y programas para luchar contra la trata de personas y la explotación sexual;

41.  Insta a los Estados miembros a que diseñen y apliquen políticas sobre trata de personas, explotación sexual y prostitución y velen por que todas las partes implicadas, como ONG, policía y otras agencias encargadas de hacer cumplir la ley, así como los servicios sociales y médicos, reciban apoyo, participen en el proceso de toma de decisiones y cooperen;

42.  Reconoce que a una inmensa mayoría de las personas que ejercen la prostitución les gustaría abandonarla, pero se sienten incapaces de hacerlo; destaca que estas personas necesitan ayuda adecuada, particularmente asistencia social y sicológica, para escapar de las redes de explotación sexual y de las dependencias a menudo asociadas a éstas; propone, por consiguiente, que las autoridades competentes establezcan programas que ayuden a las personas a abandonar la prostitución, en estrecha colaboración con las partes interesadas;

43.  Destaca la importancia de una formación adecuada de los servicios de policía y del personal del sistema judicial en general en los distintos aspectos de la explotación sexual, entre ellos la dimensión de género y la inmigración, y exhorta a los Estados miembros a que insten a las autoridades policiales a cooperar con las víctimas y a alentarlas a que testifiquen, a fomentar la existencia de servicios especializados dentro de la policía y a emplear a mujeres policía; insiste en la cooperación en materia judicial entre Estados miembros para luchar mejor contra las redes de trata de seres humanos en Europa;

44.  Atrae la atención de las autoridades nacionales sobre el impacto de la crisis económica en el creciente número de mujeres y mujeres menores de edad, incluidas mujeres migrantes, que se ven obligadas a ejercer la prostitución;

45.  Señala que los problemas económicos y la pobreza son las principales causas de la prostitución entre las mujeres jóvenes y las mujeres menores de edad, y que las estrategias de prevención específicas en materia de género, las campañas nacionales y europeas específicamente dirigidas a las comunidades socialmente excluidas y a las que se encuentran en situación de creciente vulnerabilidad (como las personas con discapacidad y los jóvenes que se encuentran en el sistema de protección infantil) y las medidas para reducir la pobreza y aumentar la concienciación entre los compradores y los proveedores de servicios sexuales, así como compartir buenas prácticas, son fundamentales para combatir la explotación sexual de las mujeres y las mujeres menores de edad, especialmente entre los migrantes; recomienda que la Comisión designe una «Semana europea de lucha contra el tráfico de seres humanos»;

46.  Hace hincapié en que la exclusión social es un factor fundamental que contribuye al aumento de la vulnerabilidad de las mujeres y las mujeres menores de edad desfavorecidas a la trata de personas; destaca asimismo que la crisis económica y social ha provocado desempleo, dando lugar a que las mujeres más vulnerables, incluidas las que se encuentran más arriba en la escala social, empiecen a ejercer la prostitución/entren en el negocio del sexo, con objeto de superar la pobreza y la exclusión social; insta a los Estados miembros a que aborden los problemas sociales subyacentes que obligan a hombres, mujeres y niños a ejercer la prostitución;

47.  Exhorta a los Estados miembros a financiar a las organizaciones que trabajan sobre el terreno con apoyo y estrategias de éxito, prestar servicios sociales innovadores a las víctimas de trata o de explotación sexual, incluidos migrantes y personas indocumentadas, evaluar sus necesidades y riesgos individuales con objeto de prestar asistencia y protección adecuadas y a aplicar políticas ―con un enfoque holístico y mediante los distintos servicios de policía, inmigración, sanidad y educación ― destinados a ayudar a las mujeres y los menores vulnerables a abandonar la prostitución, al tiempo que velan por que dichos programas dispongan de un fundamento jurídico y de la financiación necesaria para alcanzar este objetivo; insiste en la importancia del seguimiento psicológico y en la necesaria reinserción social de las víctimas de explotación sexual; destaca que este proceso requiere tiempo, así como el desarrollo de un plan de vida que constituya una alternativa creíble y válida para las personas que ejercían previamente la prostitución;

48.  Destaca que son necesarios más análisis y pruebas estadísticas para juzgar qué modelo es más eficaz para luchar contra la trata de mujeres y mujeres menores de edad con fines de explotación sexual;

49.  Insta a los Estados miembros a que evalúen tanto los efectos positivos como negativos que la penalización de la compra de servicios sexuales tiene en la reducción de la prostitución y la trata de personas;

50.  Insta a la UE y a sus Estados miembros a que establezcan políticas de prevención específicas en materia de género en los países de origen de las personas prostituidas como consecuencia de trata de seres humanos, dirigidas tanto a los compradores de servicios sexuales como a mujeres y menores, mediante sanciones, campañas de concienciación y educación;

51.  Solicita a la UE y a los Estados miembros que adopten medidas para desalentar la práctica del turismo sexual dentro y fuera de la UE;

52.  Pide que el Servicio Europeo de Acción Exterior adopte medidas para poner fin el ejercicio de la prostitución en zonas de conflicto en las que estén presentes tropas de la UE;

53.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO C 260 de 29.10.2003, p. 4.
(2) DO C 166 de 3.7.1995, p. 92.
(3) DO C 150 de 19.5.1997, p. 38.
(4) DO C 304 de 6.10.1997, p. 55.
(5) DO C 339 de 10.11.1997, p. 420.
(6) DO C 358 de 24.11.1997, p. 37.
(7) DO C 14 de 19.1.1998, p. 39.
(8) DO C 167 de 1.6.1998, p. 128.
(9) DO C 98 de 9.4.1999, p. 279.
(10) DO C 150 de 28.5.1999, p. 203.
(11) DO C 378 de 29.12.2000, p. 80.
(12) DO C 40 de 7.2.2001, p. 41.
(13) DO C 59 de 23.2.2001, p. 258.
(14) DO C 59 de 23.2.2001, p. 307.
(15) DO C 67 de 1.3.2001, p. 304.
(16) DO C 53 E de 28.2.2002, p. 114.
(17) DO C 287 E de 24.11.2006, p. 75.
(18) DO C 288 E de 25.11.2006, p. 66.
(19) DO C 291 E de 30.11.2006, p. 292.
(20) DO C 285 E de 21.10.2010, p. 53.
(21) DO C 296 E de 2.10.2012, p. 26.
(22) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0045.
(23) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0444.
(24) El informe elaborado en 2006 por Sigma Huda, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, destaca el impacto de las políticas sobre prostitución en la extensión de la trata de seres humanos.
(25) Pueden encontrarse estudios sobre usuarios de servicios sexuales: http://www.womenlobby.org/spip.php?article1948&lang=en.
(26) Farley, M., «Violence against women and post-traumatic stress syndrome», Women and Health , 1998; Damant, D. y otros autores, «Trajectoires d’entrée en prostitution : violence, toxicomanie et criminalité», Le Journal International de Victimologie , nº 3, abril de 2005.

 

Última actualización: 11 de julio de 2017

 

Prostitución y Trabajo: La Legislación Española.

 

José Fernando Lousada Arochena

 

Madrid, 26, 27 y 28 de octubre, 2005

 

http://pmayobre.webs.uvigo.es/pop/archi/profesorado/teresa_conde/prostitucion.pdf

 

SUMARIO: I. UNA APROXIMACIÓN A LOS MODELOS IDEOLÓGICOS Y A LOS SISTEMAS LEGALES SOBRE LA PROSTITUCIÓN. II. EL TRATADO DE LAKE SUCCESS COMO EL PARADIGMA INTERNACIONAL DEL SISTEMA ABOLICIONISTA. III. LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA. IV. LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA SOCIAL: A) LA PROSTITUCIÓN COMO ACTIVIDAD NO LABORALIZABLE. B) PROSTITUCIÓN Y ALTERNE EN LA JUSTICIA SOCIAL. V. LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. VI. LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA CIVIL. VII. LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA PENAL. VIII. ALGUNAS CONCLUSIONES: LA NECESIDAD DE REFORZAR LA POSICIÓN JURÍDICA DE LAS PROSTITUTAS.

 

I. UNA APROXIMACIÓN A LOS MODELOS IDEOLÓGICOS Y A LOS SISTEMAS LEGALES SOBRE LA PROSTITUCIÓN.

Al analizar las respuestas jurídicas al fenómeno social de la prostitución, los/as autores/as enumeran distintos sistemas legales, inspirados en distintos modelos ideológicos, y, aunque no siempre coinciden las categorías utilizadas por unos/as y otros/as autores/as, las categorías más utilizadas –las cuales enunciaremos con una breve explicación con el ánimo de situar dentro de su contexto la legislación española y su aplicación judicial- son las 4 siguientes: el prohibicionismo, la despenalización / reglamentación, la laboralización y el abolicionismo.

1ª. El prohibicionismo obedece a un modelo ideológico donde se mezclan la Moral y el Derecho. La prostitución se concibe como un vicio moral y su ejercicio se prohibe, criminalizando a las prostitutas. Para el prohibicionismo la prostituta es una delincuente, como lo es el proxeneta. Sin embargo, el cliente resulta impune, e incluso su testimonio es válido en algunos países –así en Egipto- como prueba de cargo contra la prostituta.

Trátase el prohibicionista, por incompatible con los principios de un Estado de Derecho, de un sistema superado en los países avanzados –es Irlanda el único país de la Unión Europea donde se criminaliza a la prostituta-, aunque conservado en los no desarrollados, donde, en no pocas ocasiones, se mantiene la doble moral de prohibir la prostitución salvo en centros controlados oficialmente y/o destinados a los turistas extranjeros.

2ª. La despenalización de la prostitución voluntaria es un sistema legal sustentado en una ideología liberal que, hasta el abolicionismo, se ha alternado históricamente con el prohibicionismo, y que se empareja con el reglamentismo, o regulación cuasi-policial de la prostitución despenalizada, aunque el reglamentismo a veces aparezca en países prohibicionistas permisivos del turismo sexual o en países formalmente abolicionistas.

Países reglamentistas son los que, por motivos de salud pública, someten la prostitución a controles oficiales –como en Grecia o en Turquía-, o los que, por motivos de seguridad ciudadana, prohiben la prostitución callejera –como en Inglaterra y, recientemente, en Francia e Italia-, o los que sólo admiten, por motivos de salud pública y por motivos de seguridad ciudadana, la prostitución en prostíbulos registrados –como en Austria-.

3ª. Mientras el sistema despenalizador / reglamentista contempla a la prostituta como un sujeto de deberes derivados del riesgo de daño de otros bienes jurídicos –como la salud pública o la seguridad ciudadana-, la laboralización –un sistema culminación de la ideología liberal-, aparte esos deberes, le atribuye a la prostituta derechos laborales, incluso de Seguridad Social –como ocurre en Holanda o, más recientemente, en Alemania-.

4ª. El abolicionismo equipara la prostitución a la esclavitud –de ahí incluso su denominación- y, en consecuencia, criminaliza a todo lo que rodea a la prostituta, aún si media su consentimiento, pero no criminaliza a la prostituta que, a diferencia del sistema prohibicionista, no es considerada como una delincuente, sino como una víctima, que no debe ser sometida a ningún control oficial y que se debe intentar integrar en la sociedad.

Puede considerarse el sistema abolicionista como el imperante en la normativa internacional, plasmándose sus postulados en el Convenio para la represión de la trata de personas y de la prostitución ajena, adoptado el 2.12.1949 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, habitualmente llamado Tratado de Lake Success. Ratificado por más de 70 países, aunque éstos no suelen ahondar en sus principios y a veces incluso los incumplen.

Suecia representa, desde 1999, una variante del abolicionismo consistente en penalizar a los clientes de las prostitutas. Paralelamente, la legislación sueca profundiza en la política de integración social de las prostitutas. La peculiaridad ideológica del sistema sueco radica en la consideración de la prostitución, no sólo como una forma de esclavitud, sino como una forma de violencia de género, buscando su erradicación.

Resumiendo, la diferencia última de los sistemas legales se encuentra en la consideración de la prostituta derivada de su modelo ideológico inspirador: como una delincuente en el sistema prohibicionista, como una creadora de riesgo para otros bienes jurídicos en el sistema reglamentista, como una trabajadora legítima en el sistema de laboralización, o como una víctima de esclavitud o de violencia de género en el sistema abolicionista.

 

II. EL TRATADO DE LAKE SUCCESS COMO EL PARADIGMA INTERNACIONAL DEL SISTEMA ABOLICIONISTA.

El Convenio para la represión de la trata de personas y de la prostitución ajena, adoptado el 2.12.1949 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, habitualmente llamado Tratado de Lake Success, es la culminación internacional del sistema abolicionista, de ahí que, sin permitir la pena de las prostitutas, sí obliga a las partes contratantes a criminalizar:

 

a) “A toda persona que, para satisfacer las pasiones de otra (1) concertare la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de tal persona (ó 2) explotare la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de tal persona” (artículo 1 del referido Convenio).

 

b) “A toda persona que (1) mantuviere una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas la sostuviere o participare en su financiamiento (ó 2) diere o tomare a sabiendas en arriendo un edificio o un local, o cualquier parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena” (art. 2).

Se criminaliza “en la medida en que lo permitan las leyes nacionales … toda tentativa de cometer las infracciones mencionadas … y todo acto preparatorio de su comisión” (art. 3) y “la participación intencional en cualquiera de los actos delictuosos mencionados”, añadiéndose que “los actos de participación serán considerados como infracciones distintas en todos los casos en que ello sea necesario para evitar la impunidad” (art. 4).

Para facilitar la punición, y atendiendo a la existencia de tramas internacionales, se regulan cuestiones relativas a reincidencia internacional (art. 7), a extradición (arts. 8 a 10), a comisiones rogatorias (art. 13), a servicios de coordinación (arts. 14 y 15), a control de migración (art. 17), o a repatriación de personas extranjeras dedicadas a la prostitución (art. 19).

El Convenio incluye, aparte de diversas normas técnicas sobre su aplicación (arts. 21 a 28), otras, desperdigadas, sobre la situación jurídica de las prostitutas, y que suponen reconocer una serie de derechos:

 

1º. El “derecho, con arreglo a las leyes nacionales, a constituirse en parte civil en cualquiera de las infracciones mencionadas”, derecho el cual, si se reconociere, se reconocerá igual a extranjeros y nacionales (art. 5).

 

2º. El derecho a la privacidad de las prostitutas, determinante de la imposibilidad de establecer normas para que, quienes se dediquen o se sospeche se dediquen a la prostitución, “tengan que inscribirse en un registro especial, que poseer un documento especial o que cumplir algún requisito excepcional para fines de vigilancia o notificación” (art. 6).

 

3º. La obligación de las partes –determinante del nacimiento de derechos a favor de las víctimas de la prostitución- “a adoptar medidas para la prevención de la prostitución y para la rehabilitación y adaptación social de las víctimas de la prostitución … o a estimular la adopción de tales medidas por sus servicios públicos o privados de carácter educativo, sanitario, social, económico y otros servicios conexos” (art. 16).

 

4º. El derecho a la repatriación si “desearen ser repatriadas” o si “fueren reclamadas por personas que tengan autoridad sobre ellas”, sin perjuicio de la repatriación cuando la ley establezca la expulsión (art. 19).

Por lo demás, según su Protocolo final, “nada en el presente Convenio podrá interpretarse en perjuicio de cualquier legislación que, para la aplicación de las disposiciones encaminadas a obtener la reprensión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, prevea condiciones más severas que las estipuladas por el presente Convenio”.

 

III. LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA.

España ratificó, a 18.6.1962, el Tratado de Lake Success, y ello motivó la reforma del Código Penal –acaecida en 24.1.1963-, adecuando los tipos legales al compromiso internacional. Sin embargo, España nunca ha cumplido adecuadamente con las exigencias del sistema abolicionista, introduciendo aspectos propios del prohibicionismo –especialmente en la época franquista anterior a la Constitución de 1978- o del reglamentismo.

Aunque las prostitutas no estaban penalizadas, la Ley 16/1970, de 4 de agosto, de peligrosidad y rehabilitación social –derogada por el Código Penal de 1995, aunque inaplicada desde la Constitución de 1978-, consideraba peligrosos a “los que habitualmente ejerzan, promuevan, favorezcan o faciliten la prostitución”, imponiéndoles medidas de seguridad de una aflicción cuasipenal –como los arrestos de fin de semana-.

También incumplió los compromisos internacionales –aunque en un sentido totalmente distinto- el Código Penal de 1995, despenalizador de la prostitución voluntaria –véase su artículo 188-, situación corregida a través de las Leyes Orgánicas 11/1999, de 30 de abril, y, sobre todo, 11/2003, de 29 de septiembre, al castigar ésta a “el que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de la misma”.

La situación de despenalización motivó la intervención reglamentista de algunos poderes públicos, y así surgieron la Ordenanza Local sobre establecimientos públicos dedicados a la prostitución, aprobada el 12.5.1999 por el Pleno del Ayuntamiento de Bilbao, o el Decreto 217/2002, de 1 de agosto, por el que se regulan los locales de pública concurrencia donde se ejerce la prostitución, aprobado por la Generalitat de Cataluña.

Durante esa etapa –de 1995 a 2003- de despenalización –e incipiente reglamentismo-, los tribunales debieron enfrentarse, desde distintos puntos de vista, a reclamaciones donde se debía dilucidar la laboralidad de la prostitución. Examinaré separadamente en mi exposición la respuesta ofrecida en la justicia social, en la contencioso administrativa, en la civil y en la penal, con la intención de alcanzar algunas conclusiones finales.

 

IV. LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA SOCIAL:  

A) LA PROSTITUCIÓN COMO ACTIVIDAD NO LABORALIZABLE.

Ninguna resolución judicial laboral ha considerado la prostitución como prestación de servicios canalizable a través de un contrato de trabajo, si bien, como ocurre en los demás ámbitos judiciales, las argumentaciones utilizadas no son siempre acordes con el sistema abolicionista, en especial durante esa etapa –de 1995 a 2003- de despenalización –e incipiente reglamentismo-. Así, una STSJ/Galicia de 10.6.2002, JUR 2002 240936, y una STSJ/Andalucía – Sevilla de 23.7.2003, JUR 2004 141849, se limitan a declarar la ausencia de las notas de la relación laboral, cuando podrían haber dicho, sin más argumentación, que no sería lícita la relación laboral. Pero lo decisivo es su solución, totalmente compartible, sin que, de inidóneos argumentos, se derive una posible laboralidad de la prostitución.

Argumentaciones más acordes con el sistema abolicionista son las que vinculan la cuestión a los derechos fundamentales. Resultan interesantes al respecto las SSJS 2 Vigo de 9.1.2002, AS 2002 260, y de 7.5.2004, AS 2004 1276, ésta no sólo confirmada sino ratificada en sus argumentos, en STSJ/Galicia de 10.11.2004, Recurso 3598/2004, donde se afirma “ser la explotación de la prostitución ajena una forma de violencia de género, de esclavitud de las mujeres y de actividad contraria a la moral”.

También es interesante la STSJ/Cataluña de 22.3.1996, AS 1996 646, donde se argumenta que “el artículo 15 de la CE garantiza el derecho fundamental a la integridad física y moral, que se vulnera con la decisión de la empresa de proceder a la extinción del vínculo contractual en razón exclusivamente de la negativa de la trabajadora a ejercer la prostitución”, de ahí sea ratificada la calificación de nulidad del despido de la trabajadora.

Siendo la prostitución una actividad ilícita, no es accidente de trabajo el sufrido por una prostituta al ser trasladada a su domicilio desde el local donde ejercía la prostitución –STSJ/Baleares de 9.1.1992, AS 1992 201-. No obstante sí se ha reconocido, al amparo del artículo 9.2 del ET, la posibilidad de reclamar salarios y liquidación –STSJ/Cataluña de 2.1.1997, AS 1997 340-, solución ésta más justa al hacer pechar a la parte fuerte –el prostituidor-, no a la débil –la prostituta-, con la consecuencia de la ilicitud.

Indudablemente lo más idóneo sería que, por el legislador, se salvasen, en lo posible, las consecuencias de la ilicitud perjudiciales para la parte más débil –la prostituta-, y, en todo caso, esas consecuencias no deberían nunca beneficiar a la parte más fuerte –el prostituidor-. No haciéndolo el legislador –quien podría regular lo que se puede pedir, cómo pedirlo y ante quién pedirlo-, las soluciones judiciales, por su intrínseca eficacia a cada caso concreto, resultarán siempre soluciones insuficientes.

B) PROSTITUCIÓN Y ALTERNE EN LA JUSTICIA SOCIAL

Si la doctrina social ha sido –en sus soluciones prácticamente siempre, en sus argumentaciones más ocasionalmente- coherente con el sistema abolicionista, no debemos de dejar constancia de una importante vía de escape, que es la actividad de alterne, considerada laboral en una reiterada jurisprudencia social que, superando otra anterior donde la ilicitud se derivaba de normas de sobre moral en espectáculos públicos, se remonta a una STS, Sala Social, de 3.3.1981, RJ 1981 1301, y después fue reiterada en diversas SSTS, Sala Social, de 25.2.1984, RJ 1984, 923, de 14.5.1985, RJ 1985 2712, de 21.10.1987, RJ 1987 7172, y de 4.2.1988, RJ 1988 571.

Las referencias judiciales se podrían ampliar con numerosas sentencias dictadas en el ámbito del recurso de suplicación –citando algunas de las más modernas, SSTSJ/Euskadi de 16.6.1998, AS 1998 2024, y de 13.11.2001, AS 2002 1237, SSTSJ/Andalucía – Málaga de 14.7.2000, AS 2000 5724, y de 5.10.2001, JUR 2002 91007, STSJ/Baleares de 28.5.1998, AS 1998 2122, STSJ/Navarra de 15.10.2003, AS 2003 4009, y STSJ/Andalucía – Sevilla de 4.12.2003, AS 2003 3638, con Voto Particular donde se aprecia la muy débil separación entre la prostitución y el alterne-.

Ciertamente –y al margen de otras apreciaciones-, esta jurisprudencia no es contraria a la conciencia social imperante, que admite el elemento de atracción sexual en el sinalagma contractual de profesiones como las de modelo o de actor / actriz. El problema es práctico. La actividad de alterne no suele ser, en la práctica, actividad pura de alterne, sino actividad de alterne asociada a la de prostitución, y la ilicitud de ésta lleva la de aquélla.

Pero los órganos judiciales se suelen limitar a verificar la actividad de alterne, sin entrar a discernir si hay la de prostitución, e incluso –lo que es criticable- llegan a admitir la acumulación de ambas actividades, olvidando que la ilicitud de la actividad de prostitución debiera llevar a la ilicitud de la actividad de alterne –como ocurre en la SJS 1 Granollers de 22.11.2002, confirmada en la STSJ/Cataluña de 17.9.2003, AS 2003 3211-.

 

Una ceguera judicial ante la actividad de la prostitución habitualmente asociada a la actividad de alterne creadora de un resquicio de licitud favorecedora de un asociacionismo de empresarios de locales de alterne permitido en la SAN, Sala Social, de 23.12.2003, AS 2003 3692, confirmada en la STS, Sala Social, de 27.11.2004, RJ 2004 8063, la cual salva, eso sí, las medidas oportunas si la asociación fomenta la prostitución.

 

V. LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

Los tribunales del orden contencioso-administrativo se han enfrentado a la cuestión de la laboralidad de la prostitución a propósito de la aplicación de la antigua legislación de extranjería, donde se exigía al extranjero, para no ser expulsado, un medio lícito de vida, dándosele esa calificación, a los efectos de evitar su expulsión, a la actividad de alterne –SSTS, Sala de lo Contencioso, de 21.7.1995, RJ 1995 3591, de 12.11.2002, RJ 2003 955, de 7.4.2003, RJ 2003 3420, o de 28.4.2003, RJ 2003 4929-.

Pero la actividad de prostitución no se consideró como medio lícito de vida –STS, Sala de lo Contencioso, de 12.11.1999, RJ 1999 10004, en un supuesto donde la constancia del ejercicio de la prostitución se derivó de unas actuaciones penales, circunstancia difícil de engarzar con la atipicidad del ejercicio de la prostitución y con la imposibilidad consiguiente de investigar a las mujeres extranjeras inmigrantes sobre si se prostituyen-.

Conviene precisar que, desde la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, se ha eliminado esta causa de expulsión de la regulación legislativa, debiéndose ahora justificar la expulsión en otras causas legales diferentes, y, además, de manera más coherente con el sistema abolicionista, se establece, en el artículo 59, la posibilidad de dejar de aplicar órdenes de expulsión a víctimas de explotación sexual que colaboran con la Justicia.

Otro acercamiento a la cuestión se ha producido desde la perspectiva de otorgamiento de la nacionalidad española por residencia, al exigir el artículo 22.4 del Código Civil, una buena conducta cívica. Una STS, Sala de lo Contencioso, de 12.11.2002, RJ 2003 955, denegó la nacionalidad por ausencia de esa buena conducta a una dominicana, casada con un español y con hijos españoles, que había sido encausada por un delito de prostitución, del cual se la absolvió, que se había dedicado a la prostitución, siendo en su día expulsada, y que, después de regresar sin cumplir el periodo de expulsión, regentaba un bar de alterne donde había extranjeras sin papeles. Quizás pesó la sospecha de ser, más que una prostituta, una prostituidora.

 

VI. LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA CIVIL

Los tribunales del orden civil no se han enfrentado directamente a la cuestión de la laboralidad de la prostitución, pero sí a la de su ilicitud, considerando su ejercicio por parte del arrendatario como una causa de resolución del contrato de arrendamiento –véase el artículo 27.1.e) de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos-, en atención a su calificación como actividad inmoral –STS, Sala de lo Civil, de 22.5.1993, RJ 1993 3724, y SAP Coruña de 13.10.1993, AC 1993 2166-, o, más actualmente, en atención a su calificación como un ilícito civil, aunque no fuese delito –SAP Guipúzcoa de 19.10.2000, JUR 2001 44291-.

 

VII. LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA PENAL

Los tribunales del orden penal se han enfrentado a la cuestión de la laboralidad de la prostitución a propósito de la aplicación del artículo 312 del Código Penal sobre delitos contra los derechos de los trabajadores, aplicándolo cuando se explota a inmigrantes irregulares en actividad de prostitución –SSTS, Sala de lo Penal, de 30.1.2003, RJ 2003 2027, y de 30.5.2003, RJ 2003 4390-, o en actividad de alterne, considerándola como actividad laboral –STS, Sala de lo Penal, de 8.3.2004, RJ 2004 2678-.

Pero estas sentencias no reconocen la laboralidad de la prostitución, cuestión que eluden en todo momento –salvo en el caso de la actividad de alterne-, utilizando, para eludir ese reconocimiento, una definición de trabajador/a, en los supuestos de migraciones fraudulentas, claramente de futuro, incluyendo tanto a quienes lo sean según las leyes laborales, como a “los extranjeros que desean obtener un puesto de trabajo en nuestro país”.

Incluso la virtualidad práctica de estas sentencias obedece a un sentido radicalmente contrario al reconocimiento de la laboralidad de la prostitución, a saber el de llenar las lagunas de penalidad creadas en los delitos relativos a la prostitución a consecuencia del Código Penal de 1995.

Aunque las argumentaciones utilizadas sean ocasionalmente algo chirriantes con la perspectiva abolicionista, no es así con sus soluciones, ya que, de permitir la impunidad de los tratantes de mujeres por un delito contra los derechos de los trabajadores, se haría de menos la situación de las prostitutas frente a la situación de los trabajadores irregulares, cuando es que unas y otros son igualmente explotados/as por terceras personas.

Dicho en otras palabras y a manera de resumen, esas soluciones, siquiera sustentadas en argumentos diferentes a los utilizados en esas sentencias, son defendibles en una perspectiva abolicionista, no resultando incompatibles con los tratados internacionales, y el camino idóneo para alcanzar esas soluciones es más el legislativo, a través de las oportunas reformas de la legislación penal mejorando las tipicidades, que el judicial.

 

VIII. ALGUNAS CONCLUSIONES: LA NECESIDAD DE REFORZAR LA POSICIÓN JURÍDICA DE LAS PROSTITUTAS

El Derecho es Poder y si, desde siempre, los hombres son quienes ostentan el Poder, la conclusión será la masculinidad del Derecho, y, si esto es así, el Derecho, cuya función básica es satisfacer intereses, satisface los intereses de los que tienen el Poder, esto es los hombres, lo que supone, o que –algo desgraciadamente aún no totalmente erradicado- a las mujeres se les niega a través del Derecho la satisfacción de sus intereses, o que –en el mejor de los casos- el Derecho satisfaga los intereses que piensan los hombres que tienen las mujeres, y no siempre coinciden con los que tienen.

 

No es momento de estudiar las estrategias para acabar con la masculinidad del Derecho, aunque sí de destacar que, si la prostitución es un supuesto de violencia de género, su regulación debe ser abordada aplicando esas estrategias, y, entre ellas, hay dos que nos parecen idóneas:

1ª. Una primera, aplicable al momento de elaboración de la norma jurídica, supone visibilizar la cuestión de género a través de un mayor empoderamiento de las mujeres, algo que se debe entender tanto en el sentido de oír a las prostitutas como directas interesadas como en el sentido de oír a las asociaciones de mujeres como sujetos colectivos interesados.

2ª. Otra segunda, aplicable al momento de aplicación de la norma jurídica, supone atribuir a las prostitutas mayores posibilidades de reclamación –especialmente judicial- frente a la situación de explotación, un terreno inexplorado tanto con relación a las acciones civiles en procesos penales como con relación a las acciones de daños en procesos civiles.

Tal reforzamiento de la posición jurídica de las prostitutas, tanto en el momento de elaboración como en el momento de aplicación de la norma jurídica, es una medida totalmente acorde con el abolicionismo, lo cual nos interesa ahora destacar, ya que, en el actual debate sobre el sistema prostitucional, se ha implantado una tan interesada como errónea contraposición entre laboralización y reconocimiento de derechos a las prostitutas frente a abolicionismo y negación de derechos a las prostitutas.

Cuestión diferente es que, desgraciadamente, los países abolicionistas se limitan –y, en ocasiones, ni eso hacen bien- a transcribir las figuras penales del Tratado de Lake Success –aplicándolas después, las más de las veces, de manera errática a través de ocasionales redadas policiales-, olvidándose los aspectos de política preventiva, las medidas sociales de reinserción o la regulación de acciones judiciales de daños a favor de las víctimas, unos olvidos generadores de sensación de alegalidad.

Defectos expuestos en los cuales incurre nuestro sistema legal prostitucional, que es fragmentario y muy poco efectivo, y eso explica, en gran medida, una aplicación judicial de argumentos inidóneos –aunque, afortunadamente, ello no siempre conduzca a un error en las soluciones-, y a veces errónea en sus soluciones. Corregir esa aplicación judicial obligaría a instaurar un sistema legal coherente que ahondase en el reforzamiento de la posición jurídica de las prostitutas desde una perspectiva abolicionista.

 

BIBLIOGRAFIA UTILIZADA: Benlloch Sanz, Pedro, “¿Trabajadores del sexo?. En torno al carácter laboral de la actividad de alterne”, Aranzadi Social, Número 17, 2003, y Aequalitas, Número 14, 2004. Bonilla, Ana, “Actividad de alterne y carácter laboral de la relación. Comentario a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 4 de diciembre de 2003”, Aequalitas, Número 14, 2004. Gay, Silvia / Otazo, Eñaut /Sanz, Marian, “¿Prostitución=Profesión?. Una relación a debate”, Aequalitas, Número 13, 2003. Hava García, Esther, “Prostitución y delitos contra los derechos de los trabajadores”, Revista de Derecho Social, Número 11, 2000; “La lucha contra la trata de personas para su explotación sexual. Instrumentos punitivos disponibles y factores criminógenos derivados del sistema”, en el libro colectivo “Mujer y Trabajo”, Editorial Bomarzo, Albacete, 2003. Rey Martínez, Fernando / Mata Martín, Ricardo / Serrano Argüello, Noemí, “Prostitución y Derecho”, Editorial Aranzadi, Navarra, 2004. Sánchez Trigueros, Carmen, “El Tribunal Supremo zanja el Caso Mesalina”, Aranzadi Social, número 21, 2005. Serrano Espinosa, Germán María, “Prostitución y Justicia: el caso español”, Intervención escrita en el Seminario Isadora “La prostitución femenina: propuestas e intervención”, Servicio Galego de Igualdade, Santiago de Compostela, 1 a 3 de Julio 2004.

Las citas de sentencias judiciales se realizan con alusión a la referencia de los Repertorios de Aranzadi con sus habituales abreviaturas (RJ, JUR, AC o AS). Si no estuvieren publicadas en dichos repertorios, las citas de sentencias judiciales se completan, aparte de la fecha, con la referencia al número de recurso.

 

¿Prostitución es trabajo? Consideraciones jurídicas en la sentencia de un juez español

 

 

En la sentencia que sigue, el juez Don Joan Agustí Maragall hace un análisis exhaustivo de la jurisprudencia relativa al carácter laboral o no de la prostitución ejercida por cuenta ajena y, por extensión, de la situación legal de la prostitución hoy en España. Por su interés, he extractado esta segunda parte de la sentencia en la que desarrolla esas consideraciones, omitiendo el caso en sí y sus circunstancias procesales, que en cualquier caso pueden ser consultados en su totalidad en el siguiente enlace.

 

http://www.laboral-social.com/files-laboral/NSJ051287_0.pdf

 

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 10 DE BARCELONA

Sentencia 50/2015, de 18 de febrero de 2015

Rec. n.º 835/2013

SUMARIO:

Naturaleza laboral de la actividad desempeñada. Prestación de servicios de prostitución en centro de masajes a cambio de una retribución. En el actual marco regulador de la prostitución (regulación administrativa y despenalización aplicativa), mientras el Estado Español no asuma las recomendaciones de la Resolución del Parlamento Europeo de 26-2-2014, conforme a la cual no solo la prostitución forzada, sino la simple prostitución y la explotación sexual son cuestiones con un gran componente de género y constituyen violaciones de la dignidad humana contrarias a los principios de igualdad de género y a los contenidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el ejercicio libre, sin coacción y de manera no forzada, de la mencionada actividad, bajo la dirección y dependencia de una empresa, no es motivo de ilícito penal ni de lesión de derechos fundamentales individuales que impidan el reconocimiento de laboralidad postulado.

PRECEPTOS:

Constitución Española, art. 35.

Ley Orgánica 6/1985 (LOPJ), art. 7.

Ley Orgánica 10/1995 (CP), art. 188.

Código Civil, arts. 1.271 y 1.275.

PONENTE:

Don Joan Agustí Maragall.

 

(…)

Se trata, en definitiva, de una prestación voluntaria de servicios sexuales a los clientes de la empresaria demandada, en su local, por cuenta y bajo la dependencia y organización de la misma, a cambio de una retribución previamente convenida.

 

La concurrencia de los rasgos esenciales de todo contrato laboral en la relación descrita resulta evidente y no admite mucha discusión: prestación voluntaria de servicios, retribución, dependencia y ajenidad en los frutos.

 

El único e importante obstáculo para la estimación de la demanda radica en el posible carácter ilícito del objeto del contrato, al tratarse de servicios de prostitución, obstáculo que -por cierto- ni se analiza en la demanda ni ha sido opuesto por la empresaria demandada. Ha sido este magistrado quien, emitido el informe de conclusiones por todas las partes y de conformidad a la previsión del art. 87.3 LRJS, ha planteado tal cuestión a fin de que alegaran al respecto.

 

  1. Distinción jurisprudencial entre relación de alterne y de prostitución.

 

El análisis exhaustivo de las bases de datos jurisprudenciales, salvo error u omisión, ha llevado a este magistrado a la conclusión de que no existen precedentes jurisprudenciales que hayan reconocido como relación laboral la libre prestación de servicios de prostitución por cuenta ajena, aunque sí numerosos pronunciamientos que sí la han apreciado en la denominada “relación de alterne”.

Como es sabido, en la clásica relación de “alterne” la trabajadora recibe del titular del local una retribución exclusivamente por alternar con la clientela y estimularla en el consumo de bebidas; la prestación de servicios sexuales, en su caso, los concierta y presta la trabajadora con el cliente, a iniciativa y por cuenta propia, en el propio local y liquidando al mismo propietario un precio por el alquiler de la habitación.

 

En el presente caso, por contra, nos hallamos ante una relación de prostitución por cuenta ajena clara y diáfana, no enmascarada o interferida por una paralela o confluente relación de alterne.

Hasta el momento, los juzgados y tribunales de lo social han negado categóricamente la posibilidad de que exista y pueda ser válido un contrato de trabajo que dé cobertura a las situaciones de explotación lucrativa de la prostitución, al considerar que para que el contrato de trabajo pueda reputarse válido es imprescindible que su objeto y causa sean lícitos, considerándose que la explotación sexual de una persona no reúne ni puede reunir esta condición, aunque el ejercicio de la prostitución sea una decisión voluntaria de la persona que la ejerce.

 

Exponente de esta doctrina es la sentencia del TSJ de Galicia de 10.11.04, recurso de Suplicación núm. 3598/2004:

 

TERCERO. (….). Pero, en el caso de autos, no estamos ante una situación de alterne, sino, como expresamente se afirma en la fundamentación jurídica de la sentencia de instancia, con evidente valor fáctico, ante una “actividad (que) excede de la consecución de consumiciones ” -Fundamento de Derecho Cuarto-. Si estamos ante una situación de prostitución no existe, en modo alguno, una infracción de la jurisprudencia sobre la laboralidad de la prestación de servicios de alterne, de donde, en conclusión, la denuncia jurídica deberá ser rechazada.

 

A mayor abundamiento, debemos aclarar que, a juicio de la Sala, son totalmente compartibles los argumentos utilizados en la sentencia de instancia sobre la ilicitud de un contrato de trabajo cuyo objeto fuese la prostitución de la supuesta trabajadora al ser la explotación de la prostitución ajena una forma de violencia de género, de esclavitud de las mujeres y de actividad contraria a la moral. Pero es más -y aunque por la fecha de los hechos de autos no le sea aplicable a la sociedad limitada demandada-, actualmente sería un acto delictivo en la medida en que, siguiendo las tesis abolicionistas del Convenio para la reprensión de la trata de personas y de la prostitución ajena, adoptado el 2.12.1949, desde la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, modificadora del artículo 188 del Código Penal, resulta castigado “el que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de la misma “.

 

Como ha advertido un sector de la doctrina científica (Raquel Serrano “La despenalización parcial del proxenitismo y sus paradojas”), este criterio de la jurisprudencia plantea un decisivo elemento de desencuentro con la regulación penal del proxenetismo, que se analizará más adelante: la ilicitud del proxenetismo en el ámbito laboral no depende del carácter voluntario/consentido o no de su ejercicio por parte de quien ejerce la prostitución. Dicho de otro modo, el consentimiento de la persona que ejerce la prostitución es irrelevante. La ilicitud derivaría -según el criterio jurisprudencial expuesto- de la propia causa y objeto del contrato: el ejercicio de la prostitución por parte de una persona no puede ser ni objeto ni causa lícita de un contrato de trabajo ya que, por definición, el trabajo asalariado es un trabajo por cuenta ajena y subordinado a las órdenes y ámbito de organización de otra persona, de manera que las notas típicas del trabajo asalariado – la ajenidad y la dependencia – determinan la incompatibilidad absoluta del proxenetismo en régimen laboral con la libertad y la dignidad humanas. En razón de ello, la tutela judicial efectiva de los derechos laborales de las personas que ejercen la prostitución se alcanza a través de una distinción entre la actividad de alterne, donde sí cabe la existencia de una relación laboral o contrato de trabajo, y la actividad de prostitución. Con todo, esta distinción entre ambas actividades se intuye -en ocasiones- artificial o ficticia, en la medida en que la actividad de alterne no deja de ser en la mayoría de los casos meramente instrumental en orden a propiciar relaciones sexuales con los clientes.

 

En el presente caso, por el contrario y como ya se ha avanzado, no concurre una relación paralela de alterne: estamos en presencia -exclusivamente- de una prestación voluntaria de servicios sexuales, a cambio de una retribución, por cuenta de la empresaria, propietaria del prostíbulo (comercializado como “Centro de Masajes”), bajo la dirección y dependencia de la misma, en la persona de su encargada. No cabe, pues, como en la sentencia reproducida (y en tantas otras dictadas por la mayoría de Tribunales Superiores de Justicia), reconocer la laboralidad exclusivamente de una relación paralela de una inexistente relación de “alterne por cuenta ajena”.

 

Ello aboca a este magistrado a tener que resolver si asume o no el criterio de la doctrina expuesta, en el sentido que no puede calificarse como laboral una relación que, a pesar de reunir los rasgos esenciales de laboralidad, tendría una causa y/o objeto ilícito y, además, atentaría frontalmente a derechos fundamentales, cuestiones ambas que se abordan a continuación.

 

V. Primer obstáculo al reconocimiento de laboralidad: la -controvertida- ilicitud de la prostitución libremente ejercida por cuenta ajena.

 

Este primer obstáculo para la calificación como laboral de la relación tendría su fundamento en los artículos 1271 y 1275 del Codigo Civil, ya que -según el primero- sólo se admitiría como “objeto de contrato todos los servicios que no sean contrarios a las leyes o a las buenas costumbres”, mientras que el segundo dispone que “Los contratos sin causa, o con causa ilícita, no producen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a la moral”.

 

El art. 188.1 del Código Penal, desde su reforma del año 2003, incorpora en el delito, denominado “de determinación a la prostitución” también a la ejercida por cuenta ajena, a pesar del libre consentimiento (como ha quedado acreditado en el presente caso) y no solamente cuando fuera “empleando violencia intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima”:

 

“Art. 188. 1º- El que determine, empleando violencia intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, a persona mayor de edad a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella, será castigado con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de 12 a 24 meses. En la misma pena incurrirá el que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de la misma.”

 

Esta importante modificación supuso la vuelta a la penalización de la explotación de la prostitución, que el legislador de 1995 había despenalizado salvo en supuestos de proxenitismo. El artículo 188.1º del CP, tal y como se ha trascrito, es el que actualmente regula la prostitución de mayores de edad. El citado tipifica de forma incondicional la explotación de esta actividad, con o sin el consentimiento de la prostituta.

 

Es en razón de tal consideración como delictiva de la explotación de la prostitución ajena, aún consentida, la jurisprudencia social ya referida ha entendido -explícita o implícitamenteque se imposibilitaba la posible calificación de laboral ordinaria de la relación de prostitución por cuenta ajena, al tratarse de una explotación económica directa, que quedaría incluida en el tipo previsto en el artículo 188.1º del Código penal. Por tanto quedaría fuera del tráfico jurídico esta actividad, por delictiva, al no poder constituir el objeto de un contrato (incluido el laboral), de acuerdo con lo previsto en el artículo 1975 del Código civil.

 

Considera este magistrado, ello no obstante, siguiendo en esto a la mayoría de la doctrina científica, que el análisis de la propia evolución de la jurisprudencial penal, permiten ahora mismo sostener la conclusión contraria. Exponente de esta evolución o interpretación doctrinal es la STS, Sala de lo Penal, 425/2009, de 14 de abril, que dio un importante paso cualitativo en favor del reconocimiento de la legalidad de la prostitución por cuenta ajena al afirmar que «la cuestión de la prostitución voluntaria, bien por cuenta propia o dependiendo de un tercero que establece unas condiciones de trabajo que no conculquen los derechos de los trabajadores no puede solventarse con enfoques morales o concepciones ético-sociológicas ya que afecta a aspectos de la voluntad que no pueden ser coartados por el derecho…».

 

En la misma línea jurisprudencial, y también en la relación de prostitución por cuenta ajena no coercitiva, sólo cabria hablar del delito de “explotación laboral” cuando detecta condiciones abusivas de trabajo ( STS 651/2006, de 5 de junio) y se refiere a “explotación sexual lucrativa” cuando hay “grave riesgo para los derechos” ( STS 152/2008, de 8 de abril).

 

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo asume, así, una interpretación restrictiva del delito de proxenetismo, con el argumento de que no cabe asociar la misma pena a los actos violentos e intimidatorios que a la acción de lucrarse o vivir a costa de la prostitución ajena. Solo estaría penalmente prohibido el proxenetismo en el marco de la prostitución forzada. Y a tales efectos, el consentimiento de la persona que ejerce la prostitución juega un papel decisivo en cuanto garantía de su libertad sexual, resultando únicamente irrelevante el prestado por una persona que se halle mantenida en el ejercicio de la prostitución mediante el empleo de violencia, intimidación, engaño o como víctima del abuso de superioridad o de su situación de necesidad o vulnerabilidad. O cuando se aprecia delito de “explotación laboral” por concurrir condiciones abusivas de trabajo.

 

Y en el presente caso, como declaró la trabajadora comparecida a pregunta de este magistrado, ejerció la prostitución por cuenta ajena de forma libre, no coaccionada (más allá, obviamente, de la situación social y económica que puede haberla inducido al ejercicio de la prostitución), sin que ni ella, ni la Inspección de Trabajo, ni la TGSS, en su demanda de oficio, hayan puesto de manifiesto “condiciones abusivas de trabajo” o de “grave riesgo para los derechos”. Y, en congruencia con ello, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Barcelona de 5.11.12 se acordó el sobreseimiento y posterior archivo de las diligencias previas incoadas.

 

Por consiguiente, no apreciándose en el presente caso la concurrencia de ilícito penal, a la luz de la expuesta jurisprudencia penal, no podrá entenderse -como obstáculo al pretendido reconocimiento de laboralidad- la ilicitud ni de la causa ni del objeto del contrato.

 

VI. Segundo obstáculo al reconocimiento de laboralidad: la posible lesión de derechos fundamentales y atentado a la dignidad de la persona.

 

1.- La posición de la jurisprudencia social.

 

Quizás mayor complejidad requiere el abordaje y resolución del segundo motivo o razón que ha impedido, hasta ahora, el reconocimiento como laboral de la relación de prostitución por cuenta ajena por parte de la jurisdicción social. Según la jurisprudencia ya referida, toda relación de prostitución, intrínsecamente, es contraria a la dignidad de la persona y a los derechos que le son inherentes (art. 10 CE), y contraviene derechos fundamentales como son la libertad, la igualdad y la integridad física y moral (la referencia al derecho al honor ya prácticamente no se invoca, como derecho lesionado).

 

Así, la sentencia del TSJ de Galicia de 10.11.04 (sup.nº. 3598/2004), considera “la explotación de la prostitución ajena una forma de violencia de género, de esclavitud de las mujeres y de actividad contraria a la moral”, mientras que la sentencia del TSJ de Catalunya de 15.5.2009, (sup. 101/08), se pronuncia categóricamente en los siguientes términos:

 

“ha de confirmar la valoració que fa la magistrada de instància, en el sentit de indicar que l’explotació del negoci de prostitució aliena, en la mesura que atempta contra als drets fonaments de la persona, no pot ser objecte del contracte, i determina la seva nul litat, recordant la vigència del Conveni per a la repressió de la tracta de persones i prostitució aliena, de 2-12-1949, aplicat efectivament des de la Llei Orgànica 11/2003, de 29 de setembre modificadora del Codi penal , que en l’article 188-1 , que penalitza la explotació de la prostitució aliena.

 

Efectivament, excedeix totalment dels límits de mínims de la normativa laboral el fet que l’empresa pugui vendre o disposar de l’ús del cos de les treballadores com a objecte de negoci o intercanvi sexual amb els clients. Aquest principi laboral és dedueix directament de la Constitució Espanyola , quan regula el dret fonamental a la integritat física i moral, sense que en cap cas, puguin ser sotmeses a tortura ni a penes o tractes inhumans o degradants ( art. 15 CE ). També del Estatut dels Treballadors , quan estableix el dret a la integritat física i al respecte a la seva intimitat i a la consideració deguda a la seva dignitat, article 4.1.d) e ) compresa la protecció front al assetjament sexual i al assetjament per raó de sexe.”

 

2.- La antagónica posición mayoritaria de la doctrina científica.

 

Frente a este unánime criterio jurisprudencial, la mayoría de la doctrina científica se posiciona clara y categóricamente en sentido contrario. Exponente de este criterio, desde el ámbito del derecho penal, sería la catedrática M.L. Maqueda Abreu (“Hacia una justicia de los derechos”, Diario La Ley, 16.3.10), en su critica a la “tesis abolicionista”:

 

“La tesis actual es que se están defendiendo derechos constitucionales: la igualdad, la libertad o la dignidad de la mujer serían los que se verían comprometidos con la legalización de la prostitución. Según el nuevo ideario abolicionista, ésta debe seguir siendo negocio ilícito porque consiste en el arrendamiento temporal del cuerpo de la mujer, a la que a cambio de dinero se la despoja de su condición de persona, reduciéndola a mero objeto de placer para el cliente. Es la explicación que ofrece, por ejemplo, el Instituto de la Mujer de la causa de la ilicitud y de la nulidad de cualquier contrato que tuviera a la prostitución por objeto.

 

Hay mucho que cuestionar de una afirmación que parece confundir un contrato sexual con un contrato de esclavitud. Hablando de prostitución voluntaria, que es de lo que hablamos, ¿cómo admitir que un contrato libremente pactado despoje a una de las partes de su condición de persona?, ¿por qué entender que la venta de servicios sexuales atenta contra la dignidad de quien libremente la decide? Y, sobre todo, ¿hay algo más indigno y degradante que no ser reconocido como sujeto capaz de adoptar decisiones libres? Bajo una «política del derecho» y no meramente ideológica, creo que no es posible seguir manteniendo un reconocimiento de la capacidad de autodeterminación personal en el ámbito sexual que se haga depender de una noción de dignidad – selectiva-, que pueda ser negada en el caso de la prostitución. Entre otras razones, porque no parece una lectura compatible con la jurisprudencia constitucional, teniendo en cuenta la vertiente positiva que ésta ofrece de la idea de dignidad -como correlato de la libertad- e igual para todos.

 

Recuérdese, por ejemplo, la STC 192/2003, de 27 de octubre, donde señala que «la dignidad personal del trabajador debe ser entendida como el derecho de todas las personas a un trato que no contradiga su condición de ser racional, igual y libre, capaz de determinar su conducta en relación consigo mismo y su entorno, esto es, la capacidad de autodeterminación consciente y responsable de la propia vida». Resulta inaceptable que esta teoría general pueda ser olvidada en relación con una actividad laboral concreta, como la del trabajo sexual.”

 

En la misma línea, como exponente de la doctrina iuslaboralista, el profesor Fernando Fita (“La prostitución: posible objeto de un contrato de trabajo…”, Revista de Derecho Social nº 47, 2009), recopila y se hace eco de distintos trabajos doctrinales y aborda, para descartarla, la posible colisión de la laboralización de la prostitución no forzada por cuenta ajena, tanto respecto a la libertad como en relación al fundamento constitucional de la “dignidad” .

 

Invirtiendo el orden de su exposición y en relación a la dignidad, descarta la colisión en base a la configuración constitucional del derecho a la dignidad, como “derecho de todas las personas a un trato que no contradiga su condición de ser racional igual y libre, capaz de determinar su conducta en relación consigo mismo y su entorno, esto es, la capacidad de autodeterminación consciente y responsable de la propia vida” (STC 192/03). Considera que la valoración como indigna de la actividad de la prostitución responde a una valoración de tipo moral, que no puede imponerse al libre arbitrio individual, y que solamente sería predicable de las condiciones en las que se ejerce, lo cual quedaría reparado con la regulación y tutela de su ejercicio por parte de la normativa laboral, al contribuir a su inclusión social, coadyuvando a restituirles la dignidad que tradicional e injustificadamente se les ha negado. Y añade que resulta hipócrita negar este estatus de trabajo digno de protección jurídica, cuando dicha legitimación ya existe para los empresarios de la industria sexual.

 

Respecto de la libertad de ejercicio de actividad económica, invoca el art. 35 CE, y el art. 4 del CEDH, con la única limitación del respeto al ordenamiento jurídico y a los valores y principios inherentes al mismo, concluyendo que “en el caso del colectivo de mujeres prostituidas parece claro que la vía más adecuada para lograrlo es la de su reconocimiento legal, restituyendo la debida consideración social…”. Y en relación a la libertad sexual, la considera implícitamente reconocida en la libertad individual en sentido amplio, pudiendo reconducirse al derecho a la intimidad personal consagrado en el art. 18 CE, como han reconocido diversas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (22.10.81, 25.3.92 y 22.2.94).

 

Quedaría por resolver, ello no obstante, la posible colisión de la pretendida regularización con el principio de igualdad, con la necesaria perspectiva de género, cuestión que -a criterio de este magistrado – debe abordarse desde el ámbito comunitario por lo que a continuación se expondrá.

 

3.- El marco comunitario: de la STJCE de 20.11.01 a la Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género.

 

En el acto del juicio, la empresaria demandada, en forma subsidiaria a la negación de la relación de prostitución por cuenta ajena, invocó la la STJCE de 20.11.01 que, si bien referida a la prostitución por cuenta propia, dejó bien claro -en aquel momento- que el entonces TJCE no asumía los presupuestos ideológicos de las posiciones abolicionista y prohibicionista al concluir afirmando que “la prostitución constituye una prestación de servicios remunerada, que está comprendida en el concepto de actividades económicas…. Se trata de una actividad por la que el prestador satisface, con carácter oneroso, una demanda del beneficiario sin producir o ceder bienes materiales…. La actividad de prostitución ejercida de manera independiente puede considerarse un servicio prestado a cambio de una remuneración y, por consiguiente, está incluido en el concepto de actividades económicas por cuenta propia o no salariadas “.

 

Pero este magistrado tiene serias dudas que el actual TJUE ahora mismo mantuviera dicha posición, a la vista de la Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género. Dicha resolución se dicta en base a los artículos 4 y 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, el Convenio de las Naciones Unidas para la represión de la trata de personas y de explotación de la prostitución ajena, de 1949, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, de 1979, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, de 1993, el Protocolo de Palermo, de 2000, el objetivo estratégico D.3 de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, de 1995, el Convenio (nº 29) relativo al trabajo forzoso u obligatorio de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Bruselas (11) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sobre la prevención y lucha contra la trata de seres humanos, las Recomendaciones del Consejo de Europa en este ámbito, tales como la Recomendación 11 (2000) sobre la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, la Recomendación 5 (2002) sobre la protección de las mujeres contra la violencia y la Recomendación 1545 (2002) relativa a campañas contra la trata de mujeres, el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, la Directiva 2011/36 relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y otras muchas resoluciones.

 

En base a este cuerpo normativo, efectúa -entre otras muchas- las siguientes consideraciones, que se reproducen a continuación por este juzgador por cuanto, como juez comunitario, al considerarlas insoslayables, seleccionando exclusivamente aquellas que hacen referencia -también- a “la prostitución” a secas, obviando las exclusivamente referidas a “trata de personas” o “prostitución forzada”:

 

“A. que la prostitución y la prostitución forzadas son un fenómeno con un componente de género y de dimensión mundial que afecta en torno a 40 – 42 millones de personas en todo el mundo, siendo la inmensa mayoría de las personas que se prostituyen mujeres y niñas y casi la totalidad de los usuarios hombres y que, por lo tanto, es al mismo tiempo causa y consecuencia de la desigualdad de género, lo que agrava aún más el fenómeno;

 

B. Considerando que la prostitución y la prostitución forzada representan formas de esclavitud incompatibles con la dignidad de la persona y con sus derechos fundamentales. (….)

E. Considerando que la prostitución y la prostitución forzada están intrínsecamente ligadas a la desigualdad de género en la sociedad y tienen un efecto en la posición social de las mujeres y los hombres en la sociedad así como en la percepción de las relaciones entre mujeres y hombres y en la sexualidad;(…)

 

H. Considerando que toda política relativa a la prostitución repercute en la consecución de la igualdad de género, afecta a la comprensión de las cuestiones de género y transmite mensajes y normas a la sociedad, incluidos los jóvenes;(…)

K. Considerando que en la prostitución todos los actos íntimos se rebajan a un valor mercantil y el ser humano queda reducido a mercancía o instrumento a disposición del cliente;

 

L. Considerando que la gran mayoría de las personas que ejercen la prostitución proceden de grupos vulnerables;(…)

 

S. Considerando que la presión bajo la cual se ejerce la actividad de prostitución puede ser directa y física, o indirecta, por ejemplo a través de presiones sobre la familia en el país de origen, y puede consistir en una coacción psicológica insidiosa;

 

U. Considerando que la Comisión, en su Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres (2010-2015), declara que «las desigualdades entre mujeres y hombres violan derechos fundamentales»;

 

V. Considerando que hay una enorme divergencia en el modo en que los Estados miembros abordan la prostitución, con dos enfoques fundamentales: un enfoque considera la prostitución como una violación de los derechos de las mujeres – una forma de esclavitud sexual- que da lugar y mantiene la desigualdad de género con respecto a las mujeres; el segundo enfoque sostiene que la prostitución promueve la igualdad de género al fomentar el derecho de la mujer a controlar qué desea hacer con su cuerpo; considerando que en ambos casos los Estados miembros tienen competencia para decidir cómo abordar la cuestión de la prostitución;

 

W. Considerando que, si bien existe una diferencia entre prostitución «forzada» y prostitución «voluntaria»;

 

X. Considerando que el asunto de la prostitución debe abordarse con una visión a largo plazo y según la perspectiva de la igualdad de género;

 

En base a las siguientes consideraciones, el Parlamento adopta -entre otros- los siguientes acuerdos, de entre los cuales se han seleccionado los más relevantes en orden al objeto que ahora nos interesa (la dimensión de género de la prostitución no forzada):

 

1. Reconoce que la prostitución, la prostitución forzada y la explotación sexual son cuestiones con un gran componente de género y constituyen violaciones de la dignidad humana contrarias a los principios de los derechos humanos, entre ellos la igualdad de género, y, por tanto, son contrarias a los principios de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluido el objetivo y el principio de la igualdad de género;

 

2. Señala que debe respetarse la salud de todas las mujeres, incluido el derecho a disponer de su cuerpo y a una sexualidad libre de coacción, discriminación y violencia;

  1. Hace hincapié en que la prostitución es también una cuestión de salud, puesto que tiene efectos perjudiciales en las personas que la ejercen, que tienen más probabilidades de sufrir traumas sexuales, físicos y mentales, ser adictas al alcohol y las drogas, perder el respeto por sí mismas y presentar un mayor índice de mortalidad que la población media; añade y destaca que muchos de los compradores de sexo piden sexo comercial sin protección, lo que incrementa el riesgo de efectos perjudiciales para la salud, tanto para las personas que ejercen la prostitución como para los compradores de sexo;

 

  1. Hace hincapié en que la prostitución forzada, la prostitución y la explotación en la industria del sexo tienen consecuencias físicas y sicológicas devastadoras y duraderas, incluso después de haber cesado la prostitución, para los individuos que se ven implicados en ella, especialmente niños y adolescentes, además de ser, a la vez, causa y consecuencia de la desigualdad de género y de perpetuar los estereotipos de género y el pensamiento estereotipado sobre las mujeres que venden sexo, como la idea de que el cuerpo de las mujeres y mujeres menores de edad está en venta para satisfacer la demanda masculina de sexo;

 

  1. Reconoce que la prostitución y la prostitución forzada pueden tener un impacto en la violencia contra las mujeres en general, ya que las investigaciones sobre los usuarios de servicios sexuales muestran que los hombres que pagan por sexo tienen una imagen degradante de la mujer ; sugiere, por consiguiente, a las autoridades nacionales competentes que la prohibición de comprar servicios sexuales vaya acompañada de una campaña de sensibilización de los hombres;

 

  1. Subraya que las personas prostituidas son especialmente vulnerables desde el punto de vista social, económico, físico, psíquico, emocional y familiar y corren más riesgo de sufrir violencia y daños que en cualquier otra actividad; destaca que se debe alentar, por lo tanto, a la fuerzas de policía nacionales a abordar, entre otras cosas, las bajas tasas de condena por violación de prostitutas; hace hincapié en que las personas prostituidas son asimismo objeto de oprobio público y están socialmente estigmatizadas, incluso si dejan de ejercer la prostitución;

 

  1. Atrae la atención sobre el hecho de que las prostitutas tienen derecho a la maternidad, y a criar y cuidar a sus hijos;

 

  1. Hace hincapié en que la normalización de la prostitución incide en la violencia contra la mujer; señala, en particular, que los hombres que compran sexo son más proclives a cometer actos sexuales coercitivos, así como otros actos de violencia, contra las mujeres y que, con frecuencia, muestran actitudes misóginas;

 

  1. Señala que entre el 80 y el 95 % de las personas que se prostituyen ha sufrido alguna forma de violencia antes de empezar a ejercer la prostitución (violación, incesto, pedofilia), el 62 % declara haber sufrido una violación y el 68 % sufre trastornos de estrés postraumático, un porcentaje similar al de las víctimas de tortura(26) ;

 

  1. Hace hincapié en que la normalización de la prostitución afecta a la percepción de los jóvenes de la sexualidad y de la relación entre hombres y mujeres;

 

  1. Subraya que no debe penalizarse a las personas que ejercen la prostitución y pide a todos los Estados miembros que deroguen la legislación represiva contra las personas que ejercen la prostitución;

 

29.Considera que una manera de luchar contra el tráfico de mujeres y mujeres menores de edad con fines de explotación sexual y de mejorar la igualdad de género es el modelo aplicado en Suecia, Islandia y Noruega (el denominado modelo nórdico), que se está estudiando en diversos países europeos, en el que el delito lo constituye la compra de servicios sexuales, no los servicios de las personas que ejercen la prostitución;

 

  1. Opina que considerar la prostitución como un «trabajo sexual» legal, despenalizar la industria del sexo en general y legalizar el proxenetismo no es la solución para proteger a las mujeres y las mujeres menores de edad de la violencia y explotación, sino que produce el efecto contrario y aumenta el riesgo de que sufran un mayor nivel de violencia, al tiempo que se fomenta el crecimiento de los mercados de la prostitución y, por tanto, el número de mujeres y mujeres menores de edad víctimas de abusos;

 

  1. Condena todo intento o discurso político basado en la idea de que la prostitución puede ser una solución para las mujeres migrantes en Europa;

 

  1. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a poner en marcha los medios y herramientas necesarios para combatir la trata y la explotación sexual y para reducir la prostitución, como violaciones de los derechos fundamentales de las mujeres, en especial de las menores de edad, y de la igualdad de género;

 

  1. Pide a los Estados miembros que transpongan en la legislación nacional lo antes posible, en especial en lo que respecta a la protección de las víctimas, la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JI del Consejo;

 

  1. Insta a los Estados miembros a que evalúen tanto los efectos positivos como negativos que la penalización de la compra de servicios sexuales tiene en la reducción de la prostitución y la trata de personas;

 

  1. Insta a la UE y a sus Estados miembros a que establezcan políticas de prevención específicas en materia de género en los países de origen de las personas prostituidas como consecuencia de trata de seres humanos, dirigidas tanto a los compradores de servicios sexuales como a mujeres y menores, mediante sanciones, campañas de concienciación y educación;

 

  1. Solicita a la UE y a los Estados miembros que adopten medidas para desalentar la práctica del turismo sexual dentro y fuera de la UE.

 

La relevancia de esta Resolución del Parlamento Europeo, a criterio de este juzgador, es obvia:

 

Aún cuando la misma carece, lógicamente, de eficacia normativa, sí reconoce al fenómeno de la prostitución, aún la no forzada, una dimensión de género absolutamente ineludible para el juez nacional, de la que no puede prescindir. Más concretamente, la primera manifestación, conforme ” la prostitución, la prostitución forzada y la explotación sexual son cuestiones con un gran componente de género y constituyen violaciones de la dignidad humana contrarias a los principios de los derechos humanos, entre ellos la igualdad de género, y, por tanto, son contrarias a los principios de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluido el objetivo y el principio de la igualdad de género” integra una valoración que, en aplicación de la LOIEHM 3/07 no puede ser soslayada en la resolución del presente pleito.

 

VII. Conclusión: inexistencia de obstáculo legal o de constitucionalidad para el reconocimiento de laboralidad en el caso enjuiciado, aún desde la obligada perspectiva de género.

 

Recapitulando: le corresponde a este magistrado dilucidar, constatada la concurrencia de los requisitos que conforman toda relación laboral y superado ya el posible obstáculo de la ilicitud de la causa y/o objeto del contrato, si en la relación de prostitución que debe enjuiciar puede apreciarse la concurrencia de lesión de derechos fundamentales que impida el reconocimiento de laboralidad. O -a la vista de la Resolución del Parlamento Europeo de 24.2.14- un mandato comunitario, desde la perspectiva de género, que impida tal reconocimiento.

 

Ciertamente, desde la posición de la única trabajadora comparecida y como ya se ha razonado, en ningún momento ha afirmado o denunciado -ni ella ni su letrada- que en la prestación de servicios sexuales por cuenta de la empresaria demandada viera vulnerados su libertad, su dignidad o el resto de sus derechos fundamentales.

 

Pero tal conclusión, por si sola, no agota el análisis. Este magistrado, de oficio, puede apreciar que en la prestación de los servicios sexuales que debe calificar concurre manifiestamente la vulneración de uno o varios derechos fundamentales, por mandato del art. 7 LOPJ. Y, además, la Ley Orgánica de Igualdad efectiva de mujeres y hombres (LO 3/07) establece que “la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas.”.

 

En razón de tal mandato interpretativo y aplicativo, este magistrado debe asumir el primer punto de 1a resolución del Parlamento Europeo de 26.2.14, conforme al cual no sólo “la prostitución forzada” sino la simple “prostitución”, y “la explotación sexual” “son cuestiones con un gran componente de género y constituyen violaciones de la dignidad humana contrarias a los principios de los derechos humanos, entre ellos la igualdad de género, y, por tanto, son contrarias a los principios de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluido el objetivo y el principio de la igualdad de género”.

 

Pudiera pensarse que, en congruencia con tan categórico pronunciamiento, ello le debiera determinar a desestimar el reconocimiento del carácter laboral de la relación de prostitución sometida a su consideración, atendiendo -además- al apartado 34 de la misma resolución, según el cual el Parlamento Europeo “Opina que considerar la prostitución como un «trabajo sexual» legal, despenalizar la industria del sexo en general y legalizar el proxenetismo no es la solución para proteger a las mujeres y las mujeres menores de edad de la violencia y explotación, sino que produce el efecto contrario y aumenta el riesgo de que sufran un mayor nivel de violencia, al tiempo que se fomenta el crecimiento de los mercados de la prostitución y, por tanto, el número de mujeres y mujeres menores de edad víctimas de abusos”.

 

Pero, precisamente por tratarse de una cuestión de género y por los derechos fundamentales que están implicados, considera este magistrado que en tanto el Estado Español -como ya han hecho diversos países comunitarios- no asuma el “modelo nórdico” de lucha contra la prostitución (recomendado en el apartado 29 de dicha resolución) no puede llegar a tal conclusión, por cuanto -paradójicamente- ello no haría más que agravar la situación, también desde la perspectiva de género, de las trabajadoras afectadas.

 

En efecto, siguiendo a la profesora Raquel Serrano, mientras el Estado Español siga ofreciendo cobertura legal al proxenetismo -vía reglamentación administrativa y despenalización aplicativa- sin ofrecer cobertura jurídica específica (específicos derechos) al ejercicio de la prostitución se agrava el atentado a la dignidad, a la libertad y la discriminación por razón de sexo.

 

En otras palabras: En tanto el Estado Español no asuma las recomendaciones de la indicada resolución en orden a la erradicación absoluta de todas las formas de prostitución, la actual situación de “alegalidad” y el no reconocimiento del carácter laboral de la relación no hace más que agravar enormemente la incuestionable lesión de la dignidad, la libertad y la igualdad que comporta toda relación de prostitución por cuenta ajena, para la inmensa mayoría de las mujeres que la ejercen.

 

Por ello, la conclusión a la que debe llegar este magistrado, asumiendo plenamente las consideraciones de dicha Resolución del Parlamento Europeo y precisamente por ser congruente con las mismas, con la tutela de los derechos fundamentales concernidos y desde la obligada perspectiva de género, es clara: en el actual marco regulador de la prostitución (regulación administrativa y despenalización aplicativa), habiendo quedado plenamente acreditado que las trabajadoras codemandas ejercían libremente, sin coacción y de manera no forzada, la prestación de servicios de prostitución por cuenta de la empresaria demandada, bajo su dirección y dependencia, no son de apreciar motivos de ilicitud penal ni de lesión de derechos fundamentales individuales que impidan el reconocimiento de laboralidad postulado por la TGSS y al que se ha allanado la trabajadora codemandada.

 

Por las razones expuestas, pues, debe ser íntegramente estimada la pretensión declarativa de la demanda.

 

DECIDO

 

Estimar la demanda de oficio interpuesta por TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL contra A, como empresaria, y contra las trabajadoras B, C i D en demanda en PROCEDIMIENTO DE OFICIO, y declarar que la relación existente entre la una y otras tiene o tuvo carácter laboral.

 

 

 

 

 

Feminismo, prostitución y Estado

 

Feminism, Prostitution and the State: The Politics of Neo-Abolitionism

(Routledge Studies in Gender and Global Politics) 1st Edition

by Eilis Ward (Editor), Gillian Wylie (Editor)

 

 

http://www.readcube.com/articles/10.4324/9781315671437?author_access_token=CxraL-EyfweRmqUaUzp2mQLBIUWHziPdsn0vlMIwK3ThNDVrYF1U09lJam69h-SodlczmV0NZUKK01qmtoYPJFef4Z75mtJ9an59l6BUqDhUsnvQESsuxF-4WBPTmZ-U

 

INTRODUCCIÓN

Ellis Ward y Gillian Wylie

Introducción al neoabolicionismo: definición, conductores y debates

Cuando el gobierno sueco adoptó su Ley de Compra de Sexo en 1999, era difícilmente imaginable que la medida daría prestigio al Estado sueco al presentarlo como un supermodelo global para las políticas de prostitución en las décadas siguientes.

Aunque tradicionalmente las políticas de prostitución no han recibido mucha atención política —con algunas notables excepciones, como Nueva Zelanda y los Países Bajos—, los Estados del mundo occidental han empezado recientemente a debatir el comercio sexual como una prioridad urgente y un ámbito de acción imperioso. Dentro de estos debates, una opinión es siempre vociferante y de hecho domina en varias organizaciones internacionales y Estados-nación: que criminalizar a los que compran sexo está funcionando en Suecia y forzosamente lo hará en otros lugares para reducir el comercio sexual y, lo que es más importante, reducir la trata con fines de explotación sexual.

Para los académicos hay mucho que analizar en este fenómeno y mucha complejidad que es necesario desenredar. Una cuestión central que requiere un análisis es la pregunta a menudo planteada: ¿cómo ha llegado a dominar este modelo neoabolicionista la forma en que muchos gobiernos y organizaciones de la sociedad civil piensan acerca de la prostitución y el comercio sexual? Esta pregunta está en el corazón de este libro.

Este libro intenta ofrecer algunas explicaciones para la influencia creciente del neoabolicionismo, documentadas en estudios de casos de activismo político y prácticas estatales en un número selecto de jurisdicciones. Nuestro interés está en una evaluación crítica del surgimiento y ascenso del neoabolicionismo y su fundamento en un conjunto de creencias sobre su éxito en el ejemplo, es decir, Suecia. La política de Suecia ha sido legitimada a su vez por un fuerte discurso internacional que ha influido con éxito en cómo actores políticos y civiles piensan en la prostitución y el comercio sexual a principios del siglo XXI.

Ahí radica el desafío tanto para los responsables de la política como para los académicos. Mientras que los defensores del neoabolicionismo —sean activistas feministas radicales, grupos de presión religiosos o políticos— afirman que ésta es la única respuesta a las cambiantes circunstancias del comercio sexual de hoy, otras voces critican tanto las suposiciones contenidas en el modelo como su idoneidad como una respuesta de ‘talla única para todos”. Por lo tanto, el debate se ha polarizado y la compleja realidad de reconocer múltiples posiciones, múltiples situaciones y la relevancia del contexto al crear políticas alrededor del comercio sexual se ha vuelto algo desorientada. De hecho, el poder ejemplar de Suecia como modelo se refleja en el foco central de este libro en sí mismo: cómo explicar la manera en que este enfoque ha llegado a establecerse como la norma contra la cual todos los demás son medidos.

Antes de entrar en las discusiones que siguen, es necesario aclarar lo que se entiende por neoabolicionismo. El neoabolilionismo puede concebirse como una nueva versión de un enfoque establecido de la prostitución, el abolicionismo, que busca cerrar los espacios y lugares donde se practica el sexo comercial. Esto funciona criminalizando las actividades relacionadas con el trabajo sexual como el proxenetismo, la especulación, el vivir de los ingresos de la prostitución, la organización, y así sucesivamente. Podemos pensar en esto como un régimen que intenta estrangular el “suministro” criminalizando sus tecnologías, humanas o de otro tipo, pero que, sobre el papel al menos, no castiga a la vendedora.

El neoabolicionismo continúa argumentando que los Estados deben intentar abolir la prostitución, pero cambia la atención hacia la demanda como el pivote para este objetivo final. Si la demanda de sexo comercial es un crimen, entonces la oferta se marchitará en la vid. Este cambio se adoptó por primera vez en el mundo occidental en Suecia como parte de su programa de feminismo radical y postuló el sexo comercial, en el cual las mujeres eran vendedoras y compradoras de hombres, como una expresión inaceptable y violenta del patriarcado, que requería una intervención estatal mejorada. Así pues, se concibió como una política destinada a abolir la prostitución per se. A través de un proceso descrito en otro lugar (véase Swanstrom en este volumen), rápidamente se reelaboró nuevamente para incluir el objetivo de combatir la trata de mujeres con fines de explotación sexual, en respuesta a la presencia de mujeres inmigrantes en el comercio sexual sueco y convirtiéndose así en una premonición de los marcos internacionales de lucha contra la trata que luego emergieron en la ONU, la UE y otros lugares.

Esta breve historia social de la idea aísla los dos temas que definen el neoabolicionismo. En primer lugar, entiende la prostitución en sí como una forma de violencia contra la mujer, de acuerdo con los relatos feministas radicales de las relaciones de género y el poder de género. En segundo lugar, considera que la prostitución y la trata sexual son inseparables tanto desde el punto de vista conceptual (cómo pensamos en ellas) como en términos de leyes (cómo los Estados responden a ellas). Por lo tanto, el neoabolicionismo desagrega la “trata sexual” de otras formas de trata (como la laboral o el tráfico de órganos) y, en términos de política, desvincula la prostitución de los marcos de política social tales como la reducción de daños y las medidas contra la pobreza y se centra en cambio en las respuestas de la justicia penal y la aplicación de la ley.

Desde que la Ley de Suecia entró en vigor en 1999, Finlandia y Noruega, Irlanda del Norte, Francia y la República de Irlanda han adoptado o están a punto de adoptar el neoabolicionismo, aunque no siempre fielmente. En Irlanda del Norte, por ejemplo, las mujeres que venden sexo en grupos de más de una persona pueden ser procesadas ​​por propietarias de prostíbulos, produciendo así una extraña variante del neoabolicionismo que concibe a la persona que vende sexo como víctima y perpetradora de un delito al mismo tiempo, lo que sin duda es una profunda contradicción.

Mientras que la defensa del neoabolicionismo debe mucho al feminismo radical, es notable que otros grupos de presión , muy diferentes, también apoyan la idea. Más obviamente en el contexto de Estados Unidos, pero también en otros lugares como Irlanda del Norte, están en juego las fuerzas religiosas conservadoras y fundamentalistas (Bernstein 2012: Weitzel 2007; Zimmerman 2013). La improbable colaboración del feminismo y el fundamentalismo se manifiesta en una forma de gobernanza feminista (Halley 2006) o “feminismo carcelario” (Bernstein 2012) y se ha convertido en un componente clave de la política exterior de Estados Unidos con implicaciones directas en las relaciones internacionales. El compromiso contra la prostitución exigido a los beneficiarios de ayuda de los EE.UU. durante la administración Bush es un ejemplo clave de este impacto.

Aquí encontramos un aspecto adicional e inicialmente quizá desconcertante de la popularidad del neo-aboficionismo: su alianza con el neoliberalismo como una forma de gobierno y un conjunto de ideas o un ideal. Evidencia de esta convergencia se encuentra, por ejemplo, en la crítica de Bumiller (2008) a la alianza del feminismo radical con el Estado neoliberal en relación con la violencia sexual y en relación con la ley y las regulaciones sexuales de manera más general (Halley 2006). Desde este punto de vista, la formulación de la prostitución como una forma de violencia contra la mujer encaja con ciertos valores neoliberales o, al menos, no causa problemas a los Estados neoliberales. Por ejemplo, la influencia del neoabolicionismo en los programas de salida de la prostitución en los Estados Unidos encaja bien con un paradigma neoliberal de desviar la responsabilidad del bienestar social del Estado hacia los individuos, a los que se hace hiperresponsables (Leon Crysanthi, Shdaimah y Corey 2012: 269) Tema también identificado en relación con el Reino Unido (Scouter y O’Neill 2007: Carlin y Scouter en este volumen). Ejemplos como éstos dan peso a un argumento convincente de que las ideas feministas radicales, en particular sobre la violencia de género (incluyendo la prostitución en sí misma), han encontrado un hogar cómodo en el Estado neoliberal punitivo (Halley 2006. BumiIler 2008: 160).

Sin embargo, aunque el neoabolicionismo parece florecer en contextos neoliberales, un examen superficial no revela ningún patrón de correspondencia entre el tipo de Estado y el tipo de régimen de prostitución. De hecho, la tesis neoliberal parece estar confundida por el caso tanto de Suecia como, al otro extremo del espectro, de Nueva Zelanda. Suecia es un Estado de bienestar “feminista de Estado” y la prohibición de compra de sexo es parte integral de su agenda de igualdad intervencionista. Entiende que el Estado puede intervenir en los actos sexuales entre adultos para reparar y reequilibrar las desigualdades de género y está profundamente arraigado culturalmente en la larga historia de Suecia (Carson y Edwards, 2011). En cambio, Nueva Zelandia tiene una política completamente diferente que no criminaliza el acto de comprar o vender sexo y, en cambio, trata de regular la actividad a través de otros temas como los relacionados con la fiscalidad, la salud y la seguridad, la violencia sexual y el acoso, etc. Nueva Zelanda, en efecto, rechazó la idea de una prohibición de compra de sexo, pero Harrington argumenta que, contra los autores citados anteriormente, su régimen se ajusta cómodamente a las ideas de la mercantilización de la economía y de la sociedad inherentes al neoliberalismo del Estado (Hanington, 2012). De hecho, a menudo se argumenta que el neoliberalismo es bueno para las trabajadoras sexuales porque su privilegio del individualismo y las fuerzas del mercado pueden racionalizar el tipo de normas sociales dentro de las cuales las mujeres que se dedican al comercio sexual pueden hacerlo sin necesariamente ser estigmatizadas. En este enfoque, la venta de sexo se convierte por lo tanto, en un acto equivalente a vender cualquier otro “producto”.

El hecho de que no exista una relación directa entre los regímenes neoliberales y el neoabolicionismo puede estar en función de las contradicciones que existen dentro de la idea del neoliberalismo en sí mismo. Wendy Brown (2015) sostiene que el neoliberalismo es un concepto polémico, caracterizado por la ambigüedad. Es un fenómeno global, pero es inconsistente y no sistemático en su manifestación. Sin embargo, la manera en que regímenes del trabajo sexual diametralmente diferentes pueden “encajar” en los marcos neoliberales tiene sentido cuando concebimos al neoliberalismo no como una ideología, un conjunto de prácticas estatales singulares, coherentes y políticamente liberales, sino como conteniendo contradicciones y dinámicas complejas (Lamer 2000) que incluyen tendencias hacia ideologías políticas conservadoras y liberales.

Dejando a un lado la gran teoría, este libro sugiere que el mejor enfoque para considerar por qué el neoabolicionismo se ha vuelto tan influyente en el mundo occidental contemporáneo es, en efecto, construir la teoría desde el principio, basándose en estudios de casos concretos. Mientras que el neoabolicionismo tiende a ofrecer las mismas prescripciones políticas donde quiera que sea escuchado, en contextos variables debe adaptarse a las condiciones, historias y subjetividades locales. Sin embargo, no siempre ha tenido éxito precisamente debido a esas condiciones locales, como ilustran algunos de nuestros casos. De este modo, la historia de la organización de las trabajadoras sexuales en Nueva Zelanda seguramente es la principal barrera al neoabolicionismo allí. Mientras que las estructuras del gobierno australiano y la división relacionada de los poderes legislativos (O’Brien en este volumen) hacen extremadamente difícil para el activismo neoabolicionista tomar posiciones allí a pesar de una marea de apoyo a su agenda.

Aquí sugerimos, a partir de los estudios de caso presentados en este libro, un conjunto de conductores —factores, actores, fuerzas e instituciones— del neoabolicionismo. Sin embargo, es posible que no se encuentren en todas partes, o que de hecho funcionen de manera contraria dependiendo de las particularidades de cada contexto. Los lectores observarán que estos conductores se reflejan de una forma u otra a través de los capítulos a seguir.

 

Los conductores del neoabolicionismo

 

1 Suecia como supermodelo

Esto puede parecer un punto obvio dado la omnipresencia de las referencias al “modelo sueco” por sus defensores, pero es un punto insuficientemente reconocido y hay razones por las que la “suecidad” del modelo es particularmente influyente. Una de ellas es la percepción internacional generalizada de Suecia como una economía equitativa y justa desde el punto de vista moral. Gracias al estatus de Suecia como un “buen ciudadano internacional”, el neoabolicionismo gana legitimidad por asociación. Una segunda razón por la que el modelo se promueve tan exitosamente radica en el impacto de la acción consciente del Estado sueco. El Estado pone fondos y recursos políticos en la promoción del modelo en el extranjero (en la UE, por ejemplo) y en la acogida de delegaciones parlamentarias en el país, como lo atestiguan algunos de los capítulos del libro. El papel de Suecia en promover activamente su enfoque, como parte de su propia creación de imagen en el ámbito internacional, no puede ser subestimado al explicar la capacidad de la idea de obtener acogida en otras partes.

2 Redes transnacionales en la política internacional

La mayor parte de este libro toma como base la aproximación a la política del neoabolicionismo dentro de cada país “desde cero”. No cabe duda de que las redes transnacionales de promoción han sido actores influyentes en la difusión de la idea. Utilizando los espacios creados para ejercer presión en torno a las organizaciones mundiales y regionales, las redes de activistas neoabolicionistas han influido en marcos internacionales sobre la trata sexual, vinculando el tema estrechamente a las políticas de prostitución y abordando “el lado de la demanda”. Muchos de estos grupos de promoción transnacional están asociados con el movimiento mundial de lucha contra la violencia contra la mujer, que ha crecido cada vez más desde la Conferencia de Pekín de 1995 y ahora está integrado en grupos de presión transnacionales como el Lobby Europeo de Mujeres (EWL) cuyo papel clave en la promoción del abolicionismo en Europa es significativo. Los activistas locales de la sociedad civil, que intentan domesticar los ideales neoliberales en sus propios contextos, buscan a los aliados de la sociedad civil global como EVVL y la Coalición contra la Trata de Mujeres, para reforzar su posición.

3 Movimientos contra la violencia contra las mujeres en la política nacional

Mientras que el feminismo ha tenido un debate largo y continuo sobre sus posiciones en el trabajo del sexo, el neoabolicionismo, que postula el trabajo del sexo como intrínsecamente una forma de violencia, logró adaptarse con precisión a los avances hechos por movimientos contra la violencia contra las mujeres en diversos ambientes políticos nacionales. Si bien están vinculadas a organizaciones transnacionales como el EVVL (su Observatorio de la Violencia Contra la Mujer, por ejemplo), como se mencionó anteriormente, muchas organizaciones pequeñas y locales de mujeres han incorporado la idea de la intervención estatal y asegurado el financiamiento estatal para trabajar en contra de la violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer. Estos grupos afilaron sus dientes a través de muchos años de activismo a nivel local y nacional para conseguir refugios, programas de educación pública y muchas otras iniciativas. El neoabolicionismo se basó fácilmente en estos esfuerzos y en la experiencia de los grupos de presión para legitimar y popularizar su agenda.

4 Normas de moralidad anticuadas

Un elemento importante del atractivo de la retórica abolicionista consiste en recurrir a valores simplistas del bien contra el mal en lugar de ofrecer un análisis racional de las políticas basado en datos rigurosos. El conocimiento empírico sobre la naturaleza y la extensión del sexo comercial a menudo carece de rigor, o reconocimiento de la complejidad, en muchos contextos nacionales. Por el contrario, los debates sobre la prostitución y el trabajo sexual están a menudo cargados emocionalmente, ofrecen resistencia a los hechos fehacientes, están gobernados por una ideología muy explícita, concurridos por informantes con conocimientos limitados, preeminentemente preocupados por el simbolismo, y finalmente sujetos a cambios abruptos (Wagenaar y Mink 2012). Desde esta perspectiva, por lo tanto, el éxito del neoabolicionismo puede explicarse como una función de la dinámica particular de la formación de normativas de prostitución, tal vez distintas a las de otros ámbitos normativos (como el medio ambiente o el transporte) en la que las preocupaciones morales a menudo triunfan sobre la evidencia. Este argumento sugiere, pues, que es el poder discursivo del neoabolicionismo, su carga moral, lo que le lastra, junto (como ilustran algunos capítulos) a la convergencia de la “anticuada” moralidad sexual conservadora con su primo cercano cuando se trata del comercio sexual: el más a la moda feminismo radical.

5 El imaginario de la trata

El pensamiento neoabolicionista depende en gran medida de la creación de una equivalencia irreductible entre la prostitución y la trata sexual y el poder de la idea de que la trata sexual es un fenómeno enorme y abrumador. Esto no quiere decir que la explotación de las personas que se mueven global o localmente en el comercio sexual no tenga lugar (sería absurdo negar esto) sino que la idea de “trata sexual” se ha utilizado con gran efecto político de la misma manera que la trata de blancas funcionó en la primera parte del siglo XX (Doezema 2010, Soderlund 2013). El imaginario contemporáneo traza una equivalencia entre la prostitución y lo que se denomina trata sexual, porque ambos se entienden fundados en la violencia y la imposibilidad de consentimiento. Confiar en el imaginario de la víctima de trata —inocente, mujer, explotada— supera todos los otros enfoques, incluyendo aquellos que buscan incluir debates sobre la libertad en relación con el cuerpo sexual o la autonomía corporal. A pesar de las estadísticas impugnadas y la complejidad de la “trata” (véase, por ejemplo, Sharma 2003), el poder de este imaginario apunta a las dificultades encontradas para llevar la evidencia empírica al debate. Las víctimas de la trata son, por definición, invisibles y como tal siempre presentes e irrefutables. En virtud de su supuesta inocencia y victimización, siempre triunfarán frente a una trabajadora sexual cuyo estatus es tradicionalmente, aunque con algunas excepciones, considerado política, social y moralmente problemático, incluso dentro de la teoría feminista (Beloso 2012). El imaginario de la trata ha sido particularmente poderoso en los Estados Unidos, permitiendo al Estado asumir el papel de protector benevolente para hacerlo encajar con sus propios intereses territoriales (Soderlund 2005). Sorprendentemente, Portugal está solo entre los Estados miembros más antiguos de la UE como carente de pensamiento neoabolitionista a pesar de la presencia tanto de un movimiento feminista fuerte como de un comercio del sexo. Un fenómeno posiblemente explicado por el hecho de que la “trata” no es un problema para el Estado.

6 El evangelismo religioso

Las neoabolicionistas feministas se han encontrado como extraños compañeros de cama con los cristianos evangélicos en la lucha contra la prostitución / trata sexual. En el contexto americano, los cristianos evangélicos de derecha sostienen ideales neoabolicionistas a pesar de partir de puntos de vista diametralmente diferentes a los de las feministas radicales. Los evangélicos están preocupados por apuntalar la vida familiar heterosexual nuclear y oponerse a la “esclavitud” porque niega a la gente la libertad de seguir a Cristo (Zimmerman, 2013). Se podría argumentar que esta poderosa alianza entre el feminismo radical y la derecha religiosa aseguró la prevalencia del neoabolicionismo en los Estados Unidos. Además, otras tradiciones dentro del cristianismo también pueden conducir al respaldo del neoabolicionismo, como en Francia, donde el neoabolicionismo actual implica una convergencia del feminismo y los movimientos católicos históricos de rescate y justicia social (Mathieu 2016).

7 La cultura política nacional dominante

Como se mencionó anteriormente, el pensamiento neoliberal es un ideal y un conjunto de prácticas encontrados entre las democracias avanzadas discutidas en este libro. Sin embargo, como también se admitió anteriormente, el contexto neoliberal puede funcionar en ambos sentidos en relación con el comercio sexual. El libre mercado puede legitimar el sexo comercial, así como la transferencia de la responsabilidad del bienestar desde el Estado a los individuos puede promover una confluencia entre el abolicionismo neto y los enfoques de usar la justicia penal para tratar la prostitución. Por otra parte, las contradicciones internas del neoliberalismo también son evidentes en el deseo de los Estados liberales de permitir el libre mercado de los bienes a la vez que se evitan con determinación los movimientos transfronterizos de personas. La tendencia común de los Estados capitalistas avanzados a buscar el control de la inmigración en nombre de la seguridad puede crear una causa común con aquellos que buscan criminalizar a los tratantes de sexo y a los compradores de sexo. Dentro de estas corrientes políticas globales, por lo tanto, la importancia del neoabolicionismo en lugares particulares todavía depende mucho de la intersección entre el ideal y las culturas políticas locales. Así, la resistencia al neoabolicionismo puede provenir del individualismo histórico de Nueva Zelanda, mientras que la empatía con la idea se puede encontrar en el feminismo estatal de Suecia, en la historia del regulacionismo moral en Irlanda o en el cambio hacia la responsabilidad personal en Inglaterra y Gales. Las diferencias nacionales, incluidas las culturas y las instituciones políticas, por lo tanto, jugarán un papel en cómo el neoabolicionismo es conducido y quién lo conduce.

8 Política consensuada entre partidos

Un tema llamativo del éxito del neoabolicionismo es el grado de consenso entre los distintos partidos alcanzado en diferentes sistemas políticos. En Suecia. Inglaterra y Gales, Irlanda y los Países Bajos, partidos de todo el espectro, por lo general divididos en otros temas de moralidad privada (sobre cuestiones de derechos de aborto, por ejemplo, o más tradicionalmente sobre la homosexualidad) han encontrado suficiente causa común para trascender lo que los científicos políticos habitualmente denominan escisiones políticas . Donde esto ha ocurrido, es realmente difícil que las opiniones contrarias sean aireadas y / o legitimadas.

9 La fuerza o debilidad relativa de las organizaciones de trabajadoras sexuales

Por último, cualquier discusión sobre los factores conductores del neoabolicionismo necesita referirse a la presencia o ausencia de organizaciones de trabajadoras del sexo y su influencia estratégica o política dentro de cualquier forma de gobierno. Es una tentadora simetría argumentar que cuando hay organizaciones de trabajadoras sexuales fuertes y políticamente astutas el neoabolicionismo por lo menos tendrá ante sí un hueso duro de roer. En este sentido, podríamos argumentar, para poner de manifiesto un punto obvio, que su ausencia se convierte en un impulsor del neoabolicionismo. En los países donde estos movimientos son fuertes, Nueva Zelanda, Australia y los Países Bajos, la política neoabolicionista no ha alcanzado una posición dominante.

Sin embargo, como se trata en el capítulo de los Países Bajos más adelante, se trata de una simetría que no se puede asumir. Igualmente, en los Estados Unidos (la patria, después de todo, de una de las organizaciones originales de trabajadoras sexuales, COYOTE), otros factores, como los identificados anteriormente, han eclipsado el poder y la legitimidad de las organizaciones de trabajadoras sexuales. En este sentido, podemos identificar más correctamente las organizaciones de trabajadoras sexuales quizá como una variable importante en el conjunto en lugar de un conductor diferenciado. Nuestros estudios de caso aquí de nuevo parecen indicar que la mezcla de particularidades locales, incluyendo el poder relativo y el estatus de las organizaciones de trabajadoras sexuales, será significativa en la determinación del resultado de cualquier proceso de reforma de leyes o regulaciones.

 

CONCLUSIÓN


El feminismo carcelario, el Estado y la trabajadora sexual
En una era globalizada, ¿de quién es el poder?

Eilis Ward y Gillian Wylie

Introducción

Las ideas y políticas neoabolicionistas se han vuelto omnipresentes En muchas partes del mundo, está sencillamente dado como hecho probado que criminalizar la compra de sexo reducirá el trabajo sexual y automáticamente provocará una reducción de la demanda que, según se argumenta, es trata con fines de explotación sexual. Por lo tanto, de un solo golpe, junto con la abolición de la prostitución, también se pondrá fin a la trata sexual. Como ilustran los capítulos de este libro, estas ideas en la actualidad animan marcos políticos internacionales y dan forma a muchas políticas estatales hacia el trabajo sexual. Incluso en contextos de países aparentemente inmunes al atractivo de la idea, los activistas neoabolicionistas se conectan con determinación en la esfera pública, impactando en la política local y en las sociedades civiles. Pero, como también ilustra este libro, hay muchos problemas y desafíos en esta línea de argumentación y estos problemas se vuelven a su vez más complejos por las interacciones entre los ideales neoabolicionistas y los regímenes internacionales, las culturas políticas locales y los valores en pugna. A modo de conclusión, ofrecemos algunas reflexiones sintetizadoras sobre el análisis de la trayectoria del neoabolicionismo, reflexiones que se encuentran en los capítulos de este libro, así como algunas reflexiones sobre las implicaciones políticas y sociales de este proyecto feminista radical.

 

Afirmaciones y conductores neoabolicionistas

La afirmación de que “Suecia funciona” es un importante grito de reivindicación y legitimidad para el activismo neoabolicionista, y al que nos referimos al comienzo de este libro. Sin embargo, a lo largo de los capítulos, la idea de que existe una fuerte base de evidencia para el modelo sueco o las prohibiciones de compra del sexo se demuestra repetidamente que es frágil, no menos en el capítulo de Yvonne Swanstrom que señala la falta de una evaluación apropiada de la prohibición de la compra del sexo. A lo largo del libro se cuestiona la base empírica para abogar por criminalizar la demanda masculina. Por ejemplo, el capítulo sobre Irlanda muestra que las estadísticas a menudo citadas en defensa de la posición neoabolicionista son dudosas. En general, la confluencia de la cuestión de la trata sexual con la prostitución es una presunción central del neoabolicionismo porque la imagen predominante de la víctima de la trata como una mujer violada e inocente refuerza las llamadas a criminalizar la demanda y a superar cualquier preocupación “liberal” con la reducción del daño, la libertad de elección o la autonomía personal o las llamadas de atención en cuanto a la complejidad y diversidad dentro del comercio sexual y la viabilidad de la propuesta. Pero también aquí la evidencia sobre la naturaleza y extensión de la trata sexual es altamente problemática y politizada (Feingold 2010; Vance 2011). Lo que estamos sugiriendo aquí es que la influencia generalizada del neoabolicionismo no puede ser explicada en términos de “hechos” establecidos o eficacia probada de esa normativa, sino que su ascenso indudable tiene raíces políticas e ideológicas. Este libro intentó descubrir esas raíces y la interacción entre una idea muy poderosa (el relato feminista radical del comercio sexual) con los procesos políticos y las instituciones de los Estados seleccionados aquí.

Al comienzo de este libro identificamos una serie de conductores del neoabolicionismo, derivados de una visión general de los capítulos aportados. Sugerimos que estos conductores: el ejemplo sueco; el activismo transnacional feminista radical; la violencia contra las mujeres; las normas anticuadas de moralidad; el “imaginario de la trata”; el cristianismo evangélico; las culturas políticas mundiales y locales; y la fuerza del activismo del trabajo sexual, todos se intersectan para producir diversos grados de tracción para el neoabolicionismo en diferentes contextos Esperamos que, ahora al final del libro, la forma específica en que estos conductores combinados ejercen influencia dentro de cada contexto se haya vuelto más claro para los lectores y ayude a dar un sentido analítico a por qué el neoabolicionismo florece o falla en uno u otro lugar.

 

El activismo neoabolicionista tiene un alcance global que se desprende del impacto del activismo feminista transnacional en la ONU y en la UE y en las alianzas estratégicas que los activistas llevan a cabo con los Estados nacionales impulsando su agenda internacionalmente. Después de Palermo y su seguimiento en organizaciones regionales como la UE, los Estados-nación se vieron presionados para adoptar nuevos marcos de lucha contra la trata que a menudo están estrechamente asociados con las medidas neoabolicionistas para frenar la demanda de sexo comercial. Sin embargo, las nuevas normas internacionales no se traducen exactamente a los Estados-nación (Acharya 2004). Aquí los otros conductores también son cruciales en términos de alianzas, estratégicas o de más largo plazo, entre feministas radicales, grupos religiosos y partidos políticos, la presencia o ausencia de contraofertas y la naturaleza de las estructuras políticas, las políticas predominantes y las costumbres políticas. De Suecia a Nueva Zelanda, de los Estados Unidos a Australia y de los países situados en medio, el libro ha sugerido que necesitamos estudiar cada lugar “desde cero” y, con miras a su situación internacional, analizar por qué el neoabolicionismo arraiga o no a través de una lectura contextualizada de estos factores entremezclados.

Por supuesto, es necesario introducir aquí la advertencia usual que “se necesita más investigación”. Nuestro alcance en términos de estudios de casos y contenido de cada capítulo fue necesariamente limitado por el espacio y es posible que otros conductores se estén también presentes en los contextos en estudio. El papel de los medios de comunicación, por ejemplo, se menciona a lo largo de los capítulos, pero está fuera del enfoque del libro y quizá requiere una atención específica. Por otra parte, nuestro escrito se centra en los estados democráticos liberales avanzados y dentro de ese grupo en solamente un puñado seleccionado. Es necesario explorar las experiencias de organizaciones de otros Estados como Grecia, Italia y Hungría, y de Estados de América Latina, Asia y África. Se necesita , de hecho, más investigación, pero sugerimos que los conductores identificados aquí proporcionan un marco útil para ayudar a la investigación comparativa.

Prostitución, feminismo y Estado

Si bien el énfasis en este libro está en las lecturas matizadas del impacto del neoabolicionismo en lugares y espacios particulares, existe una preocupación general, incluida en el título del libro, de explorar lo que todos estos casos nos dicen acerca de las relaciones entre “prostitución, feminismo y Estado” en las democracias contemporáneas, avanzadas y liberales. Como queda claro en cada discusión, el neoabolicionismo lee la prostitución como una encarnación de la desigualdad de género y una forma de violencia contra las mujeres. También vincula la prostitución contemporánea con el imaginario de la trata sexual que se fundamenta en un tosco binario. Este binario niega la posibilidad de consentimiento o autonomía a las que venden sexo y presenta al tratante o al comprador de sexo como siempre hombre, poderoso y criminal. Esta lectura legitima las respuestas estatales al comercio sexual punitivas y procesales, con la ira del Estado (y de las feministas) ostensiblemente dirigida a los hombres pero, más a menudo, creando situaciones cada vez más complicadas para quienes venden sexo. Como tales neoabolicionistas son ejemplos arquetípicos de feministas carcelarias (Bernstein 2010), aliándose con los Estados para criminalizar a aquellos a quienes ven como los autores de la desigualdad. Sin embargo, al hacer estas alianzas con los Estados, terminan por sumarse a políticas a) diseñadas para promover enfoques neoliberales a los problemas sociales y b) promotoras de la exclusión de los trabajadores inmigrantes.

El capítulo británico de Scoular y Carline ofrece un ejemplo de la primera de estas tendencias. Aunque no es un régimen totalmente neoabolicionista, la regulación de la prostitución en Inglaterra y Gales se está moviendo en esta dirección con medidas cada vez más punitivas contra compradores masculinos. Estas políticas son paralelas a las medidas neoliberales de responsabilidad dirigidas a las mujeres que venden sexo, con la esperanza de que se autorreformen. Sin embargo, como hemos señalado al principio, la complejidad de cada caso significa que otras formas de feminismo también pueden encontrarse compinchadas con las políticas estatales de bienestar bajo condiciones de neoliberalismo generalizado, como ilustra la larga tradición del feminismo de Estado en Suecia.

Casi todos los capítulos incluyen una enseñanza de las maneras en que el neoabolicionismo feminista juega en la segunda de estas tendencias. Sobre todo tras el entrelazamiento del pensamiento sobre la prostitución con suposiciones sobre la trata sexual transnacional, las políticas neoabolicionistas pueden terminar implicadas en la justificación de un enfoque carcelario de la política fronteriza. Esto es muy claro, por ejemplo, en el capítulo de O’Brien sobre Australia que demuestra cómo los discursos de la criminalidad y la ilegalidad de la inmigración, ejemplificados por la trata, alinean las aspiraciones neoabolicionistas con la legitimación de las políticas migratorias de exclusión. Swanstrom sugiere que el uso de la prohibición de compra de sexo para desarrollar la política de inmigración y trata no era el objetivo de sus defensoras feministas, preocupadas por sus ideales de igualdad de género. Sin embargo, Halley (2006) sugiere que la determinación de las “feministas de gobernanza” de “recorrer los pasillos del poder” y abogar por los enfoques carcelarios tiene consecuencias problemáticas que deberían haber previsto. De nuevo, sin embargo, es importante reconocer que otras influencias dentro del feminismo también pueden enfocarse como colaboradoras (intencionalmente o no) con la política de control migratorio. El capítulo de Heumann y otros sobre los Países Bajos revela que el ímpetu político para la legalización de la prostitución procedía de la intención de separar a las trabajadoras locales legales de las extranjeras irregulares en lugar de un compromiso purista con los derechos de las trabajadoras sexuales. Irónicamente, el enfoque sueco de “imagen en espejo” también puede producir una jerarquía de víctimas del comercio sexual, dividiendo a las víctimas “nativas” de las trabajadoras sexuales “extranjeras” (Skilbrei y Holmstrom, 2013).

Por lo tanto, el libro muestra cómo el feminismo radical, revitalizado como activismo neoabolicionista, ha llevado al feminismo y a muchas organizaciones y movimientos de mujeres a una conexión preocupante con las agendas estatales y neoliberales. Además, las consecuencias negativas del neoabolicionismo para las mujeres que venden sexo y para las mujeres lnmigrantes en el mundo contradictorio de la globalización neoliberal parecen claras.

 

Conclusión

Las historias contadas en este libro tratan por tanto de los movimientos y alianzas de muchas ideas grandes e instituciones poderosas. Tratan del movimiento de una idea feminista radical en el seno de los aparatos de justicia penal del Estado. Tratan de los cambios profundos que se han producido en el comercio sexual provocados por la innovación tecnológica y los desafíos que ello implica tanto a la policía como a nuestras opiniones de justicia, derechos, moralidad, inclusión y exclusión. Tratan de la toma de posición estatal ante la inmigración y las desigualdades globales. Tratan de la tensa relación entre la evidencia y la formulación de políticas en un ámbito político que se ve afectado por la producción de conocimiento. También son historias sobre cómo algunos Estados (Suecia y los Estados Unidos) utilizan ciertas ideas para sus propios propósitos de Estado en las relaciones internacionales. Sin embargo, a lo largo de todo este libro y en las preocupaciones de los autores, no se encuentra el imaginario sino la realidad de la trabajadora sexual y en particular de la trabajadora sexual inmigrante. Nuestro enfoque en lo político, lo ideológico y lo institucional en el libro, necesariamente miró más allá de esta realidad y abarcó las narrativas más sociológicas y personales necesarias para explorar este campo. Sin embargo, queremos concluir reuniendo de nuevo todos estos ámbitos, desde el cuestionamiento del poder estatal, el feminismo de gobernanza y las ideas sobre el neoliberalismo hasta la realidad cotidiana de las trabajadoras sexuales. Dada la agenda liberal e inclusiva del feminismo, su rechazo de las políticas de dominación y su valoración de la subjetividad, es más preocupante que la “lógica primaria” del feminismo radical (Sandbeck 2012) dentro del neoabolicionismo sea una agenda de orden público, de mecanismos de justicia penal, encarcelamientos, actuación estatal prioritaria y avance de la política neoliberal. El feminismo radical ha permitido al poder del Estado reducir a un estereotipo, cosificar y victimizar los cuerpos de las trabajadoras sexuales inmigrantes y de todas las trabajadoras sexuales.

Referencias

Acharya, A. (2004) ‘How Ideas Spread: Whose Norms Matte?? Norm Localization and Institutional Change in Asian Regionalism’, International Organization, 58(2): 239-275.

Bernstein, E. (2010) ‘Militarized Humanitarianism Meets Cameral Feminism: The Politics of Sex, Rights and Freedom in Contemporary Anti-trafficking campaigns’, Signs, 36(1): 45-71.

Feingold, D. (2010) ‘Trafficking in Numbers: the Social Construction of Human Trafficking Data’ in P. Andreas and K. Greenhill (eds) Sex, Drugs, and Body Counts: The Politics of Numbers in Global Crime and Conflict. New York Cornell University Press, pp. 46-74.

Halley, J. (2006) Split Decisions: How and Why to Take a Break from Ferninian. Princeton, NJ and Oxford: Princeton University Press.

Sandbeck, S. (2012) ‘Towards an Understanding of Carceral Feminism as Neo-liberal Biopower’ unpublished paper delivered at the annual conference of the Canadian Political Science Association, University of Alberta, Canada.

Skfibrei, M. L. and Holmstrom, C. (2013) Prostitution Policy in the Nordic Region: Ambiguous Sympathies Farnham and Burlington, VA: Ashgate.

Vance, C. (2011) ‘States of Contradiction: Twelve Ways to Do Nothing About Trafficking while Pretending to’, Social Research, 78(3): 933-948.