«Nos niegan derechos por el hecho de ser putas y mantenernos encima de los tacones»

El Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS) ha llevado a cabo acciones por la capital hispalense para conmemorar el Día Internacional por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales

 

Carmen Marchena

4 de marzo de 2021

https://www.lavozdelsur.es/ediciones/sevilla/prostitucion-nos-niegan-derechos-por-ser-putas-y-mantenernos-encima-de-los-tacones_256775_102.html

 

María José Barrera (Colectivo de Prostitutas de Sevilla) en el encuentro por el Día Internacional por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales en la Alameda de Hércules. JOSÉ LUIS TIRADO

 

El 3 de marzo de 2001, más 25.000 trabajadoras sexuales acudieron a un festival en Calcuta (La India), a pesar de los grupos prohibicionistas, para reivindicar sus derechos laborales como ciudadanas. Desde entonces, cada 3 de marzo, se celebra el Día Internacional por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales. 20 años después, este colectivo sigue sin tener reconocidos sus derechos como cualquier trabajador/a y continúa fuertemente estigmatizado por la sociedad.

“Si las putas de países no tan privilegiados como el nuestro salieron a la calle pidiendo derechos en situaciones muchísimo peores, será porque vivir sin derechos no es vida”, exclamaba ayer María José Barrera, la portavoz del Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS) en mitad de la Alameda de Hércules de Sevilla. Las trabajadoras sexuales organizadas, o como ellas mismas se llaman con orgullo “las putas organizadas”, convocaron varias acciones para informar sobre su situación y exponer cuáles son sus peticiones, con el fin de generar empatía para que se las ayude a conseguir “los mismos derechos que el resto de personas como ciudadanxs de pleno derecho”.

María José, ataviada con su camiseta de “Sin trabajadoras sexuales no hay feminismo”, expuso la cruda realidad a la que se han enfrentado miles de trabajadorxs sexuales durante el confinamiento. “En el último año hemos sido ignoradas tanto por el Gobierno como por el resto de las instituciones, no hemos accedido al Ingreso Mínimo Vital ni a ningún tipo de ayuda, a pesar de nuestro trabajo”, revela su manifiesto. El círculo alrededor de Barrera se hizo cada vez más numeroso, pero siempre guardando las distancias de seguridad. “Mientras las mujeres vivan en un sistema capitalista y patriarcal, seguirán viéndose abocadas a ejercer la prostitución”, espetaba elevando el tono con una aclaración: “Somos pro derechos, no somos regulacionistas. Estamos luchando por los derechos laborales, no estamos engañando a nadie”.

María José durante su intervención previa a las acciones. JOSÉ LUIS TIRADO

Durante su exposición aprovechó para agradecer el apoyo “cada vez mayor”, ya que “somos conscientes de que no resulta fácil acercarse a un colectivo como el nuestro, cuando ni siquiera las putas pueden dar la cara precisamente por la violencia que recibimos al exponer nuestra realidad”. Seguidamente clamó por “la protección real para las víctimas de trata” y por “alternativas efectivas para las compañeras que quieran dejar la prostitución”. En este sentido, la portavoz del CPS manifestó que “las putas no queremos salvaoras, queremos derechos reconocidos y no vernos abocadas a ejercer la prostitución, para que nadie tenga que venir a salvarnos”, en alusión a la “industria del rescate”.

En el manifiesto también denuncian que “el proyecto de Ley Orgánica de Libertad Sexual del Ministerio de Igualdad quiere perseguirnos a través de la clausura de nuestros espacios de trabajo, incluyéndose en esta ley la tercería locativa (que prohibiría que un tercero se lucre del trabajo de las prostitutas), el llamado proxenetismo no coactivo, que no podamos trabajar en clubs y agencias, o incluso que quien nos lleve en taxi a trabajar pueda llegar a ser considerado nuestro ‘proxeneta’, y por supuesto a través de la Ley Mordaza, con multas a aquellas que trabajen en la calle”.

Minutos antes de salir a la pegada de pegatinas y la colocación de paraguas rojos por monumentos históricos de la ciudad, María José insistió en que “nos niegan derechos por el hecho de ser putas y mantenernos encima de los tacones”. E ilustró con firmeza: “Nosotras hemos decidido dónde ponemos el coño en esta mierda de patriarcado y lo cobramos”. Porque no solo hay mujeres que quieren dejar la prostitución, advirtió, «también las hay que quieren dejar de limpiar casas y de cuidar a domicilio, porque estamos hartas de trabajos feminizados de mierda». Finalizó su exposición con una llamada a la acción: “No acordaros de las putas para el victimismo, sino preguntémonos qué podemos hacer por ellas, ¿o es que alguien se preocupa por lo que comemos o en qué condiciones están nuestros lugares de trabajo?». Además de criticar la desprotección que implica no tener derechos laborales de cara a la sanidad pública.

Colocación de la pancarta en la muralla frente al Parlamento andaluz. JOSÉ LUIS TIRADO

La noche terminó con la colocación de una pancarta en la muralla de la ronda frente al Parlamento de Andalucía con el lema: «Putas con derechos». Para el 7 de marzo tienen prevista una acción estatal en redes con las fotografías de todos los monumentos históricos retratados con paraguas rojos para reivindicar los derechos de todas las personas que «ejercen el trabajo sexual y transgreden la norma social».

Asimismo, los objetivos que proponen desde los colectivos pro derechos de trabajadoras sexuales en su manifiesto son, además de conseguir los derechos sociolabores como cualquier ciudadana o ciudadano, «frenar todas aquellas medidas punitivas que quieren acabar con nuestro trabajo; eliminar los artículos 187.2 y 187 bis del proyecto de ley (tercería locativa y proxenetismo no coactivo); la derogación de todas las ordenanzas municipales que las criminalizan, así como los preceptos de la ley mordaza que nos persiguen; el cese de redadas persecutorias contra las compañeras migrantes para tramitar órdenes de expulsión, así como su acceso a la salud y empadronamiento, y la protección real y efectiva (protección, asilo e indemnización) para las víctimas de trata, y que estas no sean instrumentalizadas».

 

¿Qué derecho(s)? Las prostitutas y trabajadoras del sexo como actoras colectivas

 

Por GESP el 25 noviembre, 2020

25/11/2020 – María Martínez (UNED)

https://blogs.uned.es/gesp/trabajadoras-del-sexo-como-actoras-colectivas/

 

  • ¿Qué derechos va a demandar quien ni siquiera es considerado sujeto? ¿Es pensable que quien es negado como sujeto reclame derechos?
  • Los procesos de negación de la condición de sujetos y ciudadanas, incluso de humanas, de las prostitutas me hace plantear si el primer derecho a demandar no debe ser el mismo derecho a existir, el derecho mismo a tener derechos. Eso no es algo, sin embargo, que tenga que ser concedido por otros, sino que estas prostitutas y trabajadoras del sexo, con su mera auto-organización colectiva y su presencia en el espacio público, están obligándonos a reconocerlas como sujeto de derechos.

 

En agosto de 2018 se inscribe en Barcelona el sindicato OTRAS (Organización de TRAbajadoras Sexuales). Su constitución provocó un revuelo en el gobierno y buscó por todos los medios la forma de anularlo. Así, y tras sólo 3 meses después de su inscripción oficial, sus estatutos fueron invalidados por la Audiencia Nacional. Era la primera vez que se registraba en España un sindicato de trabajadoras sexuales de ámbito estatal. Ahora bien, no era la primera sección sindical ni la primera organización de prostitutas y trabajadoras del sexo en este país. De hecho, unos meses antes, en mayo del mismo año, se había constituido en Cataluña una sección sindical de trabajadoras y trabajadores sexuales dentro del sindicato Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC). Y desde la década de 2010, trabajadoras del sexo y prostitutas han venido conformando en España organizaciones propias: AFEMTRAS (Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo) en Madrid; Aprosex, Putas Indignadas y Putas Libertarias del Raval en Cataluña; Colectivo de Prostitutas de Sevilla; o el colectivo Caye, formado por trabajadores sexuales, en Asturias. La novedad está, entonces, en la auto-organización de las prostitutas, pues desde 1995 con la constitución de Hetaira (Colectivo en Defensa de los Derechos de las Trabajadoras del Sexo) en Madrid, o más tarde, ya en los años 2000, la creación de CATS (Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo) en Murcia, o de Genera en Barcelona se venía constituyendo una red de apoyo a este colectivo. En parte fueron esas redes de apoyo las que propiciaron primero algunas acciones colectivas (en Montera la primera manifestación de prostitutas se organizó ya en 2003 y probablemente ha habido más que no están registradas), y han servido de apoyo para la ahora auto-organización de las trabajadoras del sexo.

Las teorías de los movimientos sociales tendrían mucho que decir sobre la organización autónoma de este colectivo, pero han estado silentes, al menos en nuestro país; lo mismo sucede con la movilización en general de las mujeres (Martínez, 2019), especialmente las situadas en los márgenes (víctimas, trabajadoras del hogar, mujeres racializadas…) y de otros colectivos subalternos[1]. La primera pregunta que desde los estudios de los movimientos sociales nos podemos hacer es: ¿por qué ahora la organización de prostitutas y trabajadoras del sexo? ¿por qué no hace 10, 20 ó 30 años? Esta pregunta tiene, además, su sentido si analizamos cómo a nivel internacional la organización de prostitutas y trabajadoras del sexo tiene más largo recorrido —recordemos la ocupación de iglesias por prostitutas que comenzó en Lyon (Francia) en 1975 y se extendió por ese país— y ha sido analizada en varios trabajos (por citar algunos: Mac y Smith, 2020; Mathieu, 2009; Osborne, 1991; Pheterson, 1989). Así, Lilian Mathieu (2009) hace uso de la Teoría de la Movilización de Recursos para explicar por qué el movimiento de prostitutas surgió en Francia en 1975 y concluye que en ese momento consiguieron acumular los recursos políticos —conocimiento práctico de las formas de la protesta, los canales de comunicación con las autoridades o los medios de comunicación, etc.— gracias, en parte, a las redes que habían desarrollado, lo que les permitió organizarse y empezar a actuar colectivamente. Y esos recursos fueron eficaces incluso ante una Estructura de Oportunidades Políticas, como afirma también Mathieu, cerrada. Esta explicación es plausible para el caso de España. Por poner un ejemplo, el colectivo AFEMTRAS surge precisamente en reacción a la conocida como Ley Mordaza (Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana), contra las multas que la policía les estaba imponiendo auspiciada bajo esa ley y un movimiento abolicionista de la prostitución con una creciente proyección pública —esto se podría considerar una Estructura de Oportunidad Política cerrada—. En este contexto el papel de algunas organizaciones de apoyo a las prostitutas, en concreto de Hetaira, fue clave para acumular esos recursos políticos y apoyar su auto-organización.

La segunda pregunta común cuando se analizan movimientos sociales suele ser: ¿cuáles son sus demandas? Y, junto a ella, ¿qué vías de reclamación (repertorios de acción) se utilizan? Aunque las propuestas de las organizaciones de prostitutas y trabajadoras del sexo son diversas, dos podemos indicar cómo las grandes demandas: la despenalización del trabajo sexual impidiendo que se multe, y por supuesto que se castigue penalmente, a las personas que ejercen la prostitución; y, el reconocimiento del trabajo sexual en sus diferentes formas como trabajo. La primera gran demanda se concretaría en la derogación de leyes y normativas que criminalizan a las personas que ejercen la prostitución, entre otras las ordenanzas municipales que tan impacto negativo han tenido (Bodelón y Arce, 2018). La segunda —reconocimiento del trabajo sexual como un trabajo— implicaría el reconocimiento de derechos laborales. Aquí es donde las divergencias comienzan: algunas organizaciones (OTRAS) apuestan por diferentes modos de regulación laboral (por cuenta propia, por cuenta ajena), mientras que la sección sindical de la IAC tiene una postura más radical y sólo considera el trabajo realmente autónomo (para un debate sobre esta cuestión se puede consultar el siguiente vídeo). A pesar de esas divergencias, en un manifiesto firmado por la totalidad de las organizaciones de trabajadoras del sexo indicadas se afirmaba: “Lo que queremos y necesitamos es un modelo basado en el reconocimiento de derechos y la plena participación en el diseño de las políticas que nos afectan. Sólo los derechos garantizarán que podamos defendernos de los abusos.” (manifiesto consultable aquí). Así, se está de acuerdo con que, en nuestras sociedades de ciudadanía laboral, de los derechos laborales dependen otros muchos en cascada: derechos sociales, derecho a una jubilación, derecho a paro, derechos sanitarios, derecho a la vivienda, derechos a un ingreso mínimo, etc. A estas demandas se suman otras como la distinción entre prostitución y trata con fines de explotación sexual y desarrollo de programas de atención específicos para las personas tratadas, la derogación de la ley de extranjería pues muchas prostitutas y trabajadoras del sexo son extranjeras viéndose afectadas de manera particular, y la concienciación social sobre el estigma que sufre quien ejerce la prostitución (Juliano, 2004).

Los repertorios de acción que usan para articular sus demandas no difieren mucho de los puestos en marcha por otros movimientos sociales: manifestaciones, concentraciones, performances, lobby político, talleres de sensibilización, participación en foros institucionales, el mantenimiento de la apertura de los clubes ahora que se ha pedido su cierre en tiempos de pandemia, etc. En el caso de las organizaciones que han tomado la forma de sindicatos, como OTRAS, a esto se une el trabajo sindical común: negociación y mediación entre trabajadoras y empresarios, la mejora de las condiciones laborales especialmente en trabajos por cuenta ajena. Pero hay un tipo de acción menos visible y quizás más comúnmente olvidado en los estudios de los movimientos sociales pues no tiene como objeto el “gobierno” o las instituciones y es la constitución misma de estas organizaciones como espacios colectivos en los que trabajar sobre el estigma que las atraviesa y apoyarse en la lucha por la supervivencia. Así, y en tiempos de confinamiento debido al covid-19, estas organizaciones han puesto en marcha, ante su exclusión de la Renta Mínima de Inserción, bancos de alimentos y recaudado fondos para ayudarse, para sostenerse, para cuidarse.

Me gustaría cerrar este texto con una última reflexión que saca el análisis de la organización y acción colectiva de prostitutas del terreno tradicional de los estudios de movimientos sociales. Es una pregunta sobre el sujeto colectivo que todo movimiento social requiere para articular demandas y desarrollar repertorios de acción. La pregunta se podría concretar en lo que sigue: ¿Qué derechos va a demandar quien ni siquiera es considerado sujeto? ¿Es pensable que quien es negado como sujeto reclame derechos? Las prostitutas y trabajadoras del sexo están permanentemente siendo expulsadas (Maqueira, 2017) —del lugar donde ejercen la prostitución, sobre todo si es la calle, de la ciudadanía-laboral pues no se les reconoce como trabajadoras, etc.—, no son nunca reconocidas como sujetos individuales y mucho menos colectivos. Como afirma Georgina Orellano, líder del movimiento de meretrices argentino: “Las consecuencias que tiene la clandestinidad y la criminalización de nuestro trabajo es que no existimos…” (extraído del muro de Facebook de la organización AMMAR el 18 de noviembre de 2020). En este marco adquiere sentido la pregunta por el “derecho a tener derechos” que he escuchado en varias conferencias sobre la auto-organización de prostitutas y trabajadoras del sexo (entre otras, esta). La primera vez que la oí vino a mi cabeza, como no, el trabajo de Arendt (2006/1951) con su discusión de la imposibilidad de conceder derechos a quien no pertenece, en su caso los apátridas, a un Estado-Nación, a quien no existe. Los procesos de negación de la condición de sujetos y ciudadanas, incluso de humanas, de las prostitutas me hace plantear si el primer derecho a demandar no debe ser el mismo derecho a existir, el derecho mismo a tener derechos. Eso no es algo, sin embargo, que tenga que ser concedido por otros, sino que estas prostitutas y trabajadoras del sexo, con su mera auto-organización colectiva y su presencia en el espacio público están obligándonos a reconocerlas como sujeto de derechos (Butler, 2017). Y ese es, por supuesto, el primer paso para su “reconocimiento como sujeto político” (Entrevista a Putas Libertarias del Raval, en la revista “Todo por hacer”, consultable aquí), como actoras colectivas.

 

Referencias

Arendt, H. (2006/1951). Los orígenes del totalitarismo. Madrid: Alianza Editorial.

Bodelón González, E., y Arce Becerra, P. (2018). La reglamentación de la prostitución en los Ayuntamientos: una técnica de ficticia seguridad ciudadana. Revista Critica Penal y Poder, 15, 71-89.

Butler, J. (2017). Cuerpos aliados y lucha política. Hacia una teoría performativa de la asamblea. Barcelona-Buenos Aires-México: Paidos.

Juliano, D. (2004). Excluidas y marginales: Una aproximación antropológica. Barcelona: Cátedra.

Mac, J., y Smith, M. (2020). Putas insolentes. La lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales. Madrid: Traficantes de sueños.

Martínez, M. (2019). Identidades en proceso. Una propuesta a partir del análisis de las movilizaciones feministas contemporáneas. Madrid: CIS.

Mathieu, L. (2001). Mobilisations de prostituées. Paris: Belin.

Osborne, R. (1991). Las prostitutas: una voz propia (crónica de un encuentro). Barcelona: Icaria Editorial.

Pheterson, G. (Comp.). (1989). Nosotras, las putas. Madrid: Talasa.

Piven, F., & Cloward, R. (1977). Poor people’s movements: Why they succeed, how they fail. US: Vintage.

 

[1] Esto es algo que recorre los trabajos de movimientos sociales como ya pusieran sobre la mesa Piven y Cloward en 1977 al analizar por qué este ámbito de estudio no había analizado lo que ellos llamaban “movimientos de pobres” (movimiento de parados, de trabajadores industriales, de derechos civiles y del Estado providencia).

 

Por qué en materia de trata conviene no hacerse la sueca

El nuevo gobierno anuncia una ley integral contra la trata. Ojalá esta ponga los derechos humanos en el centro en lugar del punitivismo y la ideología

 

Por Paula Sánchez Perera

21 de enero de 2020

https://ctxt.es/es/20200115/Firmas/30620/prostitucion-trata-abolicionismo-paula-sanchez-gobierno-ley.htm

 

Poco después de conocer el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, varios medios resaltaron que en él se recogía la lucha contra la trata con fines de explotación sexual, pero no la abolición de la prostitución. Sin embargo, Pedro Sánchez, en su discurso de investidura, remarcaba de nuevo su compromiso con el abolicionismo punitivo, en la misma estela que aquel Proyecto No de Ley presentado en la última legislatura. El abolicionismo en el que hoy se inscribe el Partido Socialista no es otro que el sueco. Mientras que el abolicionismo clásico, que opera desde nuestro Código Penal, se limita a la penalización del lucro de terceras partes (proxenetismo), el neoabolicionismo nórdico amplía la criminalización hasta los clientes. Por su parte, Unidas Podemos, a cargo ahora del Ministerio de Igualdad, aglutina en su formación a feministas de ambos polos del espectro –abolicionistas y proderechos– en un debate abierto, reflejo del que se mantiene en el movimiento feminista. Entre todo aquello que puede celebrar lo que queda a la izquierda del neoliberalismo progresista se encuentra el haber respaldado el consenso fundamental que existe entre la posición abolicionista y la proderechos: elaborar una ley integral que prevenga, proteja y asista a todas las personas que se encuentran en situación de trata.

Aunque aún sea demasiado pronto para realizar valoraciones de una ley que no se ha desarrollado todavía, la manera en la que, de entrada, se encuentra formulada la propuesta de nueva legislación contra la trata en el pacto de gobierno resulta, cuanto menos, preocupante. Si ley “integral” quiere decir que comprende todas las partes que precisa para encontrarse completo, ¿puede decirse que una ley aspira a combatir de manera integral la trata de personas cuando se limita a un solo tipo? El acuerdo, recordemos, no habla de lucha contra la trata a secas, sino que demarca “con fines de explotación sexual”. Quizás pensemos que es la forma mayoritaria, pero en el último balance estadístico del centro criminológico patrio, el CITCO, vemos que las cifras comparadas entre trata sexual y laboral son ajustadas, casi paralelas. Si, a su vez, queremos hacer la operación de centrarnos en aquella forma de trata que afecta fundamentalmente a mujeres, basta recordar que la trata con fines de prostitución forzada no es la única atravesada por el género, ya que cada día se detecta con mayor frecuencia en matrimonios forzados o en el servicio doméstico. De hecho, la última evaluación del Consejo de Europa sobre los esfuerzos españoles por combatir la trata concluía denunciando que en nuestro país la trata laboral se encuentra escasamente detectada, sin apenas protocolos específicos de actuación ni suficiente intervención al respecto. Nos tiraban de las orejas para que comenzásemos a dirigir la mirada hacia otros tipos de trata, esos que no ocupan espacio en la agenda política porque aparentemente no generan votos.

Cuando hablamos de trata a secas, y no solo de aquella con fines de prostitución forzada, ocurre que ciertas fórmulas discursivas no funcionan y que, a su vez, se revelan como construcciones ideológicas. Este es el caso del famoso “sin clientes no hay trata”. Difícilmente llegaría a buen puerto el decir que “si no comprases fresas o camisetas, no existiría la trata”, a pesar de su acusada prevalencia en los sectores agrícola y textil. Tampoco tendría mucho éxito alegar que si no hubiese trabajadoras domésticas –cuidando dependientes o haciendo tareas del hogar– no habría trata en el sector, aunque en esta modalidad se explote casi en exclusiva a mujeres. Una de las razones por las que estos razonamientos se juzgarían con sospecha es porque hemos aprendido que el ejercicio de culpar al consumidor de problemas que tienen su origen en factores estructurales es un argumento propio del neoliberalismo. Una buena cantidad de causas complejas que dan lugar a la trata se suspenden cuando la culpa se coloca principalmente o en exclusiva en el consumidor –como la clandestinidad obligatoria con la que ha de producirse la migración laboral gracias al cierre de la Europa Fortaleza; las condiciones económicas dadas por la desigualdad Norte/Sur; la desregulación del trabajo informal o la feminización de la supervivencia, incrementadas, a su vez por las restricciones que impone la Ley de Extranjería para migrar de forma regular–. Este razonamiento disculpa, mistifica y oculta las estructuras económicas, políticas y legales que avivan la trata.


Una buena cantidad de causas complejas que dan lugar a la trata se suspenden cuando la culpa se coloca principalmente o en exclusiva en el consumidor


A pesar de los esfuerzos discursivos de un sector del abolicionismo, el modelo sueco no lo trajo a España la izquierda. En realidad, la primera interesada en valorar el modelo fue doña Ana Botella con sus planes contra “la esclavitud sexual” en Madrid. Ya entonces se nos vendía la idea de que este modelo, que sostenía que había conseguido reducir la trata hasta volverla irrisoria, era la panacea. En rigor, tal información no procede de investigaciones independientes –que, de hecho, la contradicen–. (Aquí algunas de ellas: este de la GAATWel de la Universidad de Derecho de WashingtonCambridgeeste de especialistas suecas, entre otras muchas).  Pero la idea se extendió a partir del resumen traducido al inglés de un informe triunfalista que difundió el propio gobierno sueco en 2010. Informe, por cierto, criticado de manera sistemática en la academia tanto por su falta de rigor científico y metodología –establecía a priori que los resultados que se publicasen tenían que confirmar la ley, sí o sí– como por la falta de evidencia empírica para sostener sus afirmaciones. El modelo sueco no ha reducido la trata por tres sencillas razones. Primero hay que poner en duda los datos porque no había estadísticas exhaustivas previas a la entrada en vigor de la ley y por tanto no se pueden realizar comparaciones. En segundo lugar, porque, a juzgar por las denuncias, estas no descienden de manera progresiva, sino que fluctúan cada año. Por último, lo que ha conseguido es desplazar la prostitución de su espacio más visible, la calle, para ocultarla en espacios cerrados, donde se trabaja para terceros como casas de masaje tailandesas, según reconoce la propia policía sueca.

Entidades como Amnistía Internacional o Médicos del Mundo Francia, en sus estudios sobre el impacto del modelo nórdico en Noruega y Francia respectivamente, señalan que este vulnera derechos humanos y repercute negativamente en la seguridad, la salud y las condiciones de vida de quienes ejercen la prostitución. Ahora bien, para comprender cuáles serían los efectos de la sanción a la clientela en nuestro contexto no hace falta cruzar la frontera, porque esta penalización al cliente que demanda servicios en el espacio público lleva en vigor en España desde julio de 2015 a través de la Ley Mordaza –e, incluso, antes, a partir de varias ordenanzas municipales–. A cuatro años de su implementación, sabemos que afecta negativamente a las mujeres en ejercicio, incrementando su precariedad y exponiéndolas a un mayor riesgo de sufrir violencia, por la ocultación que implica tener que huir de la policía para evitar que sancionen a sus fuentes de ingresos. El descenso de la clientela para quien ejerce significa, en primer lugar, bajada de los ingresos y desesperación económica. En esta tesitura, o bien deciden bajar las tarifas o bien ocuparse con clientes que en otras circunstancias hubiesen podido rechazar; es decir: les aboca hacia un escenario aun peor.

Aunque el neoabolicionismo no criminalice directamente a quien ejerce la prostitución, sí lo hace con todo el universo que le rodea y, como hasta la fecha desconocemos la existencia de una actividad económica de prestación de servicios que no requiera de clientes, resulta sencillo comprender por qué cualquier medida que criminalice su actividad les afecta necesariamente a ellas. De ahí que la investigación realizada en España por el grupo Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona concluya que el impacto de la sanción a la clientela sobre quienes ejercen la prostitución supera con creces las consecuencias a las que se exponen los clientes. Les afecta tres veces más a ellas que a ellos.

Varias entidades especializadas con décadas de trabajo con personas en situación de trata, como Proyecto Esperanza o Genera, llevan largo tiempo indicando las insuficiencias de nuestras herramientas normativas y de nuestra actuación contra la trata. Hace falta escucharlas; antes de depositar toda nuestra esperanza en un elixir mágico, se trata de aprender de los errores de años de práctica diaria. La crítica más recurrente que realizan es que el modelo español actual tiene dos prioridades: el control migratorio y la persecución penal de los tratantes. En otras palabras, los derechos humanos de las víctimas pasan a un segundo plano. Pensemos que las víctimas son identificadas en los mismos operativos policiales que buscan migrantes en situación administrativa irregular. Reparemos en que el proceso se pone en marcha solo si la persona en situación de trata decide denunciar; esto es, nuestro sistema considera que la protección se merece “a cambio de”. Es decir, solo se garantiza protección si decides formar parte de un intercambio de favores donde el objetivo no es la recuperación de quien ha sido tratada, sino meter en prisión a los tratantes. El dinero público se invierte en campañas contra la prostitución mientras pocas personas en situación de trata consiguen reagrupar a sus familias, muchos permisos de residencia y asilo no llegan a concederse, faltan recursos habitacionales o, como denuncia Women’s Link, muchas mujeres nigerianas en situación de trata sufren la retirada de la custodia de sus hijos de manera automática. Mientras se nos vende el falso porcentaje de que el 80% o el 90% de la prostitución es trata, sin estudio alguno que lo avale, seguimos sin conocer las cifras de mujeres protegidas e indemnizadas en nuestro país. Quizá ahora por fin tengamos un gobierno con altura política para elaborar una ley que prevenga, asista y proteja a todas las personas que están en situación de trata. Una ley que ponga los derechos humanos en el centro en lugar del punitivismo y la ideología. En esto, más que nunca, conviene no hacerse la sueca.

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Paula Sánchez Perera es activista e investigadora. Colaboradora del Colectivo de Prostitutas de Sevilla.

 

La Asamblea y el Senado de Nueva York derogaron este martes una ley de 1976 contra la práctica de la prostitución en los espacios públicos

 

2 de febrero de 2021

https://www.lavanguardia.com/politica/20210202/6218460/nueva-york-da-paso-defensa-derechos-transexuales.html

 

Nueva York, 2 feb (EFE).- La Asamblea y el Senado de Nueva York derogaron este martes una ley de 1976 contra la práctica de la prostitución en los espacios públicos, pero que los agentes de la Policía de la ciudad han utilizado con asiduidad para detener a mujeres transexuales, especialmente negras y latinas, según han denunciado numerosos legisladores y ONG.

La ley, que popularmente se conoce como la prohibición de las mujeres trans a caminar, permitía a los agentes del orden arrestar y acosar a cualquier persona que supuestamente estuviera practicando la prostitución, sobre vagos preceptos que muchas veces se limitaban a su aspecto o forma de vestir.

«Este proyecto de ley es una victoria monumental para las mujeres transgénero negras y morenas en todo el estado y un paso fundamental para reducir la criminalización de las mujeres trans», aseguró la ONG Make the Road Nueva York en un comunicado para celebrar la votación la derogación.

Una miembro trans de esta asociación, Mayra Colon, mostró su «desbordante alegría» por la decisión de las dos cámaras legislativas neoyorquinas, controladas por el Partido Demócrata, y contó que durante años ha sido acosada por la policía por pasear con su marido o por su manera de vestir.

«Cuando mi marido y yo salíamos de noche, siempre llevaba mi certificado de matrimonio. En caso de ser parados, podía demostrar a los agentes de policía que estábamos casados y evitar ser arrestada bajo la ley de merodear con el objetivo de prostituirse», dijo Colon, que mostró su deseo de que el gobernador Andrew Cuomo, que ya ha expresado su apoyo a la iniciativa, la apruebe cuanto antes para que la ley entre en vigor.

La reforma fue propuesta por el senador estatal Brad Hoylman y la asambleísta Amy Paulin, a quienes se unieron numerosos políticos en señal de apoyo.

«El Senado de Nueva York ha aprobado la ley para derogar la prohibición de las mujeres trans a caminar, una norma desfasada que la policía usaba para arrestar y acosar a las mujeres transgénero. Esta es una enorme victoria para la lucha por la igualdad», escribió Hoylman en su cuenta de Twitter.

El fin de esta norma, defendida por el opositor Partido Republicano, era una antigua reivindicación de los activistas por los derechos humanos y cobró renovadas fuerzas durante el movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan) surgido en mayo del año pasado tras el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de un policía.

El movimiento LGTBI de Nueva York secundó estas protestas uniéndose a las marchas y celebrando concentraciones paralelas, muchas de ellas encabezadas por activistas transexuales negros y latinos. EFE

 

 

Prostitución callejera bajo el influjo de la pandemia

Las trabajadoras sexuales del polígono de Villaverde Alto mantienen a sus clientes habituales, pero les han subido los precios

 

Por Julia F. Cadenas

Madrid – 24 de enero de 2021

https://elpais.com/espana/madrid/2021-01-23/prostitucion-callejera-bajo-el-influjo-de-la-pandemia.html

 

Juanita, 34 años, trabaja diariamente como prostituta en el polígono de Villaverde Alto desde hace cuatro años.David Expósito

 

Asunta se baja del autobús que la deja a solo unos metros de su trabajo, en la calle de San Cesario del polígono de Villaverde Alto. Se sienta en su silla de plástico rojo y cambia sus deportivas por unas botas negras de tacón alto que le cubren hasta la mitad de los muslos y que guarda en el bolso. El resto del uniforme de trabajo (minifalda de tela escolar, sudadera corta, ombligo al aire, carmín en los labios, azul en la mirada, dos estrellitas negras bajo las cejas y el pelo recogido en una corta cola de caballo) lo trae puesto de casa. Habla distraída, casi sin prestar atención a los pocos coches que pasan. Los conductores (siempre hombres, siempre solos, de mediana edad, casi todos españoles) reducen la velocidad invariablemente para echar un vistazo y decidir si parar o seguir buscando.

Cuando se quita el mono de trabajo, Asunta es Elvis. Un chico ecuatoriano de 32 años, de apariencia delicada y rostro agradable. Se levanta tarde, sale de fiesta con sus amigas los sábados, lleva a su madre a pasear cuando ella tiene unas horas libres y hace maratones de series en Netflix los domingos sin salir de las abrigadas mantas de su cama. Vive con una amiga en una calle con nombre de promesa: Amor hermoso; comparten un piso pequeño pero bendecido por un altar imposible formado por, al menos, 15 santos, decenas de velas, flores de plástico y un gran plato de gominolas. Elvis, vestido de Asunta, se santigua antes de salir de casa.

Durante la mayor parte del día, Asunta es Elvis. Un chico ecuatoriano de 32 años, de apariencia delicada y rostro agradable. Pero al llegar al polígono, cambia sus deportivas por unas botas negras de tacón alto que le cubren hasta la mitad de los muslos y que guarda en el bolso.David Expósito

En otra época, cuando no había pandemia, toques de queda ni medidas para prevenir contagios, las chicas de su calle sabían que la tarde iba a flojear si la veían parada en su silla. “Si Asunta no está trabajando es que no hay trabajo”, recuerda la propia Asunta ahora con una sonrisa. El coronavirus ha reducido la actividad del polígono del sur de Madrid, el mayor mercado del sexo de España, a tal extremo que pocas recuerdan una época peor. “Los sábados a las 6 de la mañana, por ejemplo, esto era un cocherío, yo sacaba más que en toda la semana; ahora solo vengo de lunes a viernes, unas horas por las tardes, porque no hay nadie”. Sobrevive gracias a sus clientes habituales, a los que cobra más caro porque les trata con más cariño y pasa más tiempo que con los nuevos. Asunta atiende a hombres de todas las edades y los acompaña en todas las etapas de su vida. “Algunos los conozco como solteros, casados y con hijos. Les digo ‘veo que ya tienes la sillita atrás, ¿ya eres papá?’, pasan su vida conmigo”.

Se mudó a España con 24 años, animado por su madre que trabaja en Madrid como auxiliar de enfermería en un centro geriátrico. “En Ecuador no pasé pobreza, estudiaba en la universidad la Licenciatura de Inglés, pero como me salió la visa, lo dejé para venirme aquí”, cuenta. A los pocos años de llegar, simplemente, ocurrió. Una noche, hace ahora seis años, Elvis se vistió de Asunta y eligió una calle de la sección latina del polígono, la misma donde aún sigue cobrando las tarifas consensuadas por todas las trabajadoras, aún vigentes: 10 euros el francés, 20 el completo.


“¿Opción? Aquí casi todas somos migrantes, mujeres y transexuales. De las pocas opciones que tenemos, hemos elegido la que nos parece menos jodida”, cuenta Antonella, una de las prostitutas del polígono


En la acera de enfrente hay tres sillas vacías. A los pocos minutos, llega una furgoneta negra. Una mujer alta, vestida con un abrigo de plumón largo que deja siempre abierto para mostrar un escote abismal de unos inmensos pechos de silicona sale de la parte de atrás. Impertérrita, ocupa una de las sillas. Es Antonella. Al rato, torciendo la esquina, aparece Marcela, vestido de licra corto y negro, más recatada. Ambas se conocen desde hace más de veinte años, cuando el foco de la prostitución estaba en Casa de Campo. Las dos comparten destino y pasado: ambas son mujeres transexuales de 40 años, independientes, actualmente sin pareja, envían remesas a Ecuador y aseguran que les gusta su trabajo (“Porque a nosotras no nos manda nadie, venimos y nos vamos cuando queremos”). Marcela se prostituye desde los 14 años, Antonella comenzó a hacerlo cuando llegó a España, hace 20. No les importa hablar de cifras, aseguran que antes de la pandemia ganaban hasta 2.000 euros al mes. “Ahora yo me hago 1.100 o 1.200, pero aún es mucho más de lo que ganaría en otros trabajos”, afirma Antonella.

El polígono de Villaverde luce desangelado. Muchos de los locales están abandonados y los solares vacíos los comparten drogadictos y prostitutas que lo utilizan para realizar su servicio cuando el cliente no quiere hacerlo en su coche. Son espacios decrépitos con montañas de escombros, colchones roídos, preservativos, pañuelos, restos de droga y deshechos de todo tipo.

Decadencia

A pesar de su decadencia, un singular orden marca el ritmo de trabajo en el amplio espacio del polígono industrial. Las trabajadoras sexuales se distribuyen de la misma manera y ocupan su silla en el mismo lugar desde hace décadas. De hecho, algunas aseguran su asiento con candados a cualquier verja cuando terminan su jornada. Es importante marcar el territorio para que las encuentren sus clientes habituales, que también son los mismos desde hace años.

En el polígono hay un acuerdo de distribución tácito e implícito que todas respetan y está determinado por la nacionalidad, la identidad de género y el grado de adicción a las drogas. El rectángulo que limita la calle de la Acebeda hasta la avenida Real de Pinto es zona de mujeres cisgénero (personas que se identifican con sus genitales de nacimiento), rumanas en su mayoría que, cuando pueden permitírselo, viven en las habitaciones de un apartahotel a pocos metros de su zona de trabajo, en el mismo polígono. Las calles que cruzan la avenida hasta la de San Eustaquio es territorio de mujeres transgénero, la mayoría ecuatorianas. Y, por último, la parte más deprimida que colinda con el barrio de San Cristóbal es la zona de compra-venta de drogas.

La distribución, no obstante, es flexible y permite que mujeres trans como Juanita trabajen en territorio rumano. “Me siento bien aquí, no me gusta trabajar entre transexuales, me gusta estar con mujeres, si me aburro me voy a conversar con ellas, son mis amigas, entre nosotras nos protegemos, cuando tienen me dan, cuando yo tengo, les doy”, explica.

Un colchón y unas sábanas en un contenedor industrial donde algunas prostitutas realizan sus servicios.David Expósito

Juanita es peruana y tiene 34 años, un pelo lacio larguísimo del que se siente muy orgullosa, sombra negra coloreando sus párpados a modo felino y pechos enormes implantados sobre un cuerpo masculino cuya camiseta no se acerca ni a ocultar los pezones. Ella no usa silla, está protegida por una cruz religiosa marcada sobre la corteza del tronco del árbol donde se apoya desde hace cuatro años, pocas horas después de bajarse del avión que la trajo de Perú. El croquis lo marcó su novio, “la cruz de la muerte” para que nadie se atreva a molestarla.

Juanita es una de las pocas prostitutas que desafió el confinamiento estricto decretado para los meses de marzo y abril. Siguió parándose tras su árbol marcado y, contra todo pronóstico, ganó lo suficiente para sobrevivir un día más. Había pocos clientes, pero había. Trabajó hasta que la policía la devolvió a su casa bajo amenaza de multa si volvía a verla plantada allí. Sin dinero, sin papeles y “con problemas con la policía”, no pudo solicitar ninguna ayuda y se quedó en la calle. Comenzó así su pequeño peregrinaje junto a otras personas que se encuentran en una situación similar a la suya (migrantes, sin papeles, sin trabajo). Primero dormían en una plaza en medio del casco antiguo de Villaverde Alto, luego se trasladaron a una isleta entre carreteras de entrada al barrio y, tras las quejas de los vecinos por el humo de la hoguera que encienden para cocinar, han acabado instalando sus seis chabolas a pocos metros de allí, en un descampado junto a las vías del tren.

Juanita convive con siete hombres de diferentes nacionalidades que no superan los 35 años en un campamento perfectamente visible desde la calle que une el polígono con las primeras casas del barrio. Juanita levanta los brazos, sonríe y saluda divertida a los vecinos que se paran a mirar. Sus compañeros, cuando no están trabajando en alguna obra o haciendo mudanzas, piden dinero en la puerta de los supermercados. La única que se prostituye es ella. “Yo no tengo un horario, lo que tengo es hambre, y entonces vengo aquí. Cuando consigo 10 euros, voy al Día y me compro un zumo de melocotón de dos litros, dos piernas de pollo, una botella de aceite, cebolla, tomate y huevos, y cocino el caldito a mis paisanos”. Ese es el punto de reunión del campamento, la hoguera sobre la que cuecen los caldos de Juanita que, tras terminar el potaje, vuelve a su árbol de vuelta al trabajo.

Justo al lado del habitual de Juanita está María. Sin árbol y sin silla, ella espera en pie; hace frente al frío vendaval fumando un cigarrillo tras otro. Al contrario que el resto de trabajadoras apostadas en las calles aledañas, María no muestra un centímetro de escote, solo unas botas altas de tacón y una minifalda negra podrían delatarla. Llegó a España desde Rumanía hace seis años, cuando se separó de su marido. Tenía 23 años y una hija de cuatro. Alguna amiga le habló del buen dinero que se podía ganar en el polígono y, sobre todo, que era rápido. Nunca antes se había prostituido. “Todo es empezar, no soy una persona que se le caigan los anillos, tengo una hija y necesitaba dinero pronto”. Al cabo de dos años consiguió trabajo en un hotel restaurante y se marchó del polígono. Trabajaba día y noche, ganaba bien y se pudo mudar con su hija a una casa solo para ellas. Fue una buena época, tan buena que no previno el duro golpe que le propinó el virus. La sacudida la dejó sin trabajo en marzo y la obligó a volver a la misma esquina que había dejado pensando que no volvería jamás.

Algunas tardes —noche cerrada con el horario de invierno—, aparece Fernanda, 45 años, rizos rubios, bien abrigada, cargada de arepas, café y maicena caliente. “Como no hay trabajo me tengo que ganar la vida de otra manera”, sonríe. Ha encontrado un trabajo temporal en una empresa subcontratada de limpieza de oficinas. Tiene una hija menor de edad que depende de ella, así que también vende meriendas caseras a las prostitutas que siguen soportando las largas esperas. “Si veo que la cosa está mala, me pongo los tacos y me paro otra vez; mis clientes habituales son todos mayores, población de riesgo que tienen miedo, a mí no me va muy bien”, aclara.

Antonella relata el escenario en el que ahora se encuentra: “Si la ley mordaza [Ley de Seguridad Ciudadana] destruyó nuestro trabajo, el coronavirus ha traído la hecatombe”. Está enfadada y se siente defraudada por las ONG que, asegura: “todas blancas y estudiadas vienen al polígono para salvar a las pobrecitas putas”.

—¿Harías otro trabajo si tuvieras la opción?

—¿Opción? Aquí casi todas somos migrantes, mujeres y transexuales. De las pocas opciones que tenemos, hemos elegido la que nos parece menos jodida.

Juanita es peruana y tiene 34 años. Ella no usa silla, está protegida por una cruz religiosa marcada sobre la corteza del tronco del árbol donde se apoya desde hace cuatro años, pocas horas después de bajarse del avión que la trajo de Perú.David Expósito

¿Abolir la prostitución? Sólo Ciudadanos está en contra: «La regulación protege a las trabajadoras»

EL ESPAÑOL pregunta a los principales partidos con implantación nacional. El Gobierno busca «un acuerdo transversal» para erradicarla.

 

Marcos Ondarra @MarcosOndarra

14 de septiembre de 2020

https://www.elespanol.com/espana/politica/20200914/abolir-prostitucion-solo-ciudadanos-regulacion-protege-trabajadoras/520198611_0.html

 

Laura Berja (PSOE), Irene Montero (Podemos), Marga Prohens (PP) y Sara Giménez (Ciudadanos).

 

El Gobierno de España quiere abolir la prostitución. Así lo anunció Pedro Sánchez el pasado 7 de septiembre en una entrevista concedida a TVE: «Forma parte del acuerdo de Gobierno» que el PSOE contrajo con Unidas Podemos. No obstante, debido a que el Ejecutivo sólo suma 155 escaños, el presidente admitió la necesidad de llegar a un «acuerdo transversal».

Bajo esta premisa, la gran pregunta es: ¿cuáles de los principales partidos estarían dispuestos a sumarse a ese «gran acuerdo» por la abolición de la prostitución? EL ESPAÑOL ha charlado con representantes de los principales partidos para que expliquen su postura.

Ciudadanos es el único que se confiesa abiertamente regulacionista —es decir, defiende que la prostitución es un trabajo y promueve regular la forma en la que se lleva a cabo—, mientras que tanto el PSOE como el PP se muestran abolicionistas —consideran la prostitución, además de la trata, violencia contra la mujer—.

Unidas Podemos se sitúa en un término medio. Por un lado, admite que distintas posturas conviven en su seno, aunque recalca que la abolición de la prostitución es «el horizonte al que queremos llegar». La formación de izquierda radical establece además una distinción entre la «trata con fines de explotación sexual» y «la prostitución» porque ésta última «atiende a otras lógicas».

Vox, por último, prosigue con su veto a este medio y no ha querido responder a las preguntas planteadas. En su programa electoral, la única alusión indirecta a la prostitución es una propuesta que reza: «Prohibición de los vientres de alquiler y toda actividad que cosifique y utilice como producto de compra-venta a los seres humanos».

Cs: regular como en Alemania

Sara Giménez, diputada de Ciudadanos por Madrid en el Congreso de los Diputados, considera que se trata de una cuestión «muy compleja y en gran parte oculta, porque no existe ningún establecimiento público con licencia de ‘prostíbulo’, aunque sí existen establecimientos públicos en los que se ejerce de manera más o menos abierta la prostitución».

En este sentido, la diputada considera que «hay que afrontar la cuestión con realismo y de manera pragmática, huyendo del populismo y de las grandes proclamas irrealizables, igual que de los anuncios oportunistas e interesados a los que lamentablemente estamos acostumbrados».

«En Cs, por supuesto, tenemos el compromiso firme de combatir a las mafias y erradicar la trata y la explotación sexual. Esa es nuestra prioridad, pero somos conscientes de que la prostitución no va a desaparecer con una iniciativa parlamentaria o simplemente con cerrar los ojos: hace falta valentía y realismo para abordar esta actividad como lo hacen otros países de nuestro entorno», arguye Giménez.

En este sentido, la diputada liberal asegura que su partido aboga por regular la prostitución «como se ha hecho ya en Alemania, Países Bajos, Austria o Suiza» ya que «protege a las trabajadoras y trabajadores sexuales, garantiza sus derechos y lucha de manera efectiva contra las mafias».

«Además, está claro que este debate no puede quedarse encorsetado en posturas maximalistas que no dan solución a la situación de personas vulnerables, para las que habría que poner atención desde una perspectiva amplia que busque garantizar su plena inclusión», concluye la representante de Ciudadanos.

PSOE: abolición

Laura Berja, portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso de los Diputados, es tajante cuando habla con este diario de la postura de su partido: «Nosotras somos abolicionistas de la prostitución, lo hemos dicho muchas veces y en el programa electoral llevamos medidas que van en esa dirección».

Medidas que, según anuncia la portavoz de Igualdad, pasarían por la «tipificación de todas las formas de proxenetismo», así como por añadir «responsabilidad penal a los dueños de los prostíbulos«.

La prostitución, según la diputada socialista, es una «forma de explotación sexual, una esclavitud y una grave vulneración de los derechos humanos» porque «se aprovecha muchas veces de la situación de extrema pobreza». «La prostitución se sirve de la feminización de la pobreza», arguye.

En este sentido, recalca que la prostitución «es el escaparate de la trata» porque «siempre hay un sistema opresivo detrás del ejercicio de la prostitución». «Hay redes y mafias detrás de ese ejercicio».

En su programa electoral para las últimas elecciones, los socialistas abogaban por sanciones por la demanda y compra de esta práctica. Asimismo, son partidarios de introducir una figura jurídica que permita «sancionar penalmente a quienes contribuyan o se beneficien de la prostitución ajena». De este modo, el PSOE pretende «desmantelar» la industria de la prostitución.

PP: Pacto de Estado

Marga Prohens, portavoz de Igualdad del Partido Popular, explica que desde su partido, «como impulsores del Pacto de Estado contra la Violencia de Género», son partidarios de «luchar contra la prostitución, que está muy ligada a la trata con fines de explotación sexual».

«El 90% de las mujeres que ejercen la prostitución en España lo hacen siendo víctimas de explotación sexual», asegura Prohens. Por ello, la diputada popular pide que «como está recogido en el Pacto, se trabaje en una ley integral de lucha contra la trata con fines de explotación sexual«.

-¿Y si una mujer desea libremente dedicarse a la prostitución?

-Cuando legislas, debes mirar por el interés general. Las cifras son muy claras: la mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución no lo hacen de forma libre. Por tanto, no podemos vivir en una sociedad que da pasos hacia la igualdad y hacia la erradicación de la violencia, pero luego permanecer impasibles ante esta actividad. El cliente paga un precio por usar el cuerpo de una mujer durante un tiempo determinado. Esta actividad conlleva muchas veces maltrato físico o prácticas abusivas hacia una mujer que no tiene poder para decidir qué labor quiere realizar.

«Todo el resto es palabrería y parches, como la medida de cerrar los prostíbulos con la pandemia», critica la diputada del PP por Baleares. En este sentido, dice estar «extrañada» por la postura del Gobierno: «La ministra de Igualdad dijo en una comparecencia a principio de legislatura que ella se consideraba abolicionista, pero que no se aboliría la prostitución durante este mandato, que no era prioritario».

Unidas Podemos: división

Unidas Podemos, en conversación con este medio, se remite al documento de feminismos presentado en la Tercera Asamblea Ciudadana Estatal de Podemos —Vistalegre III—. En éste, la formación admite que dentro de su seno conviven distintas posiciones en materia de prostitución. Quizá por eso la redacción del documento resulte ambigua.

Por un lado, la formación sostiene que «las medidas punitivas solo refuerzan el estigma» y que las instituciones públicas «deberían ofrecer alternativas de vida a las mujeres». No obstante, también recalca que la abolición de la prostitución es «el horizonte al que queremos llegar».

Podemos también distingue entre «trata con fines de explotación sexual» y «la prostitución» porque ésta última «atiende a otras lógicas». Con respecto a ésta última, el partido morado defiende medidas como «la derogación de la directiva europea de retorno, el cierre de los CIE —Centro de Internamiento de Extranjeros— y la derogación de la ley mordaza».

Todas estas medidas, según Podemos, son «fundamentales a la hora de abordar la prostitución por la vinculación que tienen con los procesos migratorios y la prostitución que se ejerce en la calle».

 

Si una mujer está parada en la banqueta no podemos hacer nada: Osorio

Agencia Enfoque

 

Por Gisela Tellez

26 de septiembre de 2020

https://tribunanoticias.mx/si-una-mujer-esta-parada-en-la-banqueta-no-podemos-hacer-nada-osorio/

 

Puebla, Pue.- “Si una mujer está parada en la banqueta no podemos hacer nada, aunque señalen que se dedica a la prostitución”, aseveró Catalina Pérez Osorio, secretaria de Igualdad Sustantiva de Género del Municipio de Puebla.

En conferencia de prensa virtual, la funcionaria dejó en claro que las mujeres sólo pueden ser remitidas al Juzgado Calificador si realizan un acto sexual en la calle, pues se considera una falta administrativa en el Capítulo 9 del Código Reglamentario Municipal (COREMUN).  

“Si una mujer esta parada en una banqueta no podemos hacer nada porque no hay ninguna ley en el país que diga que por estar parada en la calle eres una tal o cual cosa, creo que es un acto de discriminación”.

Explicó que al atender a los inconformes comprobó que todos los señalamientos son discriminatorios, una vez que los quejosos manifestaron que las supuestas sexoservidoras eran todas aquellas que portaban leggings y zapatillas.

“Pedí muchas veces a la gente que solicitó intervenir y hemos intervenido (…) les dije que me acompañaran a la calle para que me dijeran quien sí y quien no, pero respondían que eran todas aquellas mujeres que utilizaban tacones y medias, entonces son estereotipos de señalización y discriminación”.

Pérez Osorio dejó en claro que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere que todos tienen derecho al libre tránsito, por ello, exhortó a los ciudadanos no estereotipar a las personas para erradicar la discriminación.

 

Por salud pública se cierran los prostíbulos, ¿y Tinder?

Si los prostíbulos no tienen licencia de club como tal, sino que tienen licencia como hoteles, pubs, salas de fiesta, salas de masaje, discotecas, etcétera, ¿por qué se cierran los prostíbulos y los hoteles no?

 

Ariadna Riley, Laura Martínez y Lucía Barbudo

28 de agosto de 2020

https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/salud-publica-cierran-prostibulos-tinder_132_6185810.html

 

‘Antes puta que sumisa’ reza el cartel

 

Hace unos días saltaban a los medios las declaraciones de Irene Montero, ministra de Igualdad, respecto a su decisión de cerrar los prostíbulos. El argumento es bien sencillo y fácil de digerir, como corresponde en tiempos de pandemia, para una población cada vez más infantilizada y poco proclive a pensar: el rastreo en clubes es complicado precisamente porque los clientes de la prostitución necesitan guardar anonimato. Y es que la señora ministra, con sus declaraciones y sin darse cuenta, lo que ha hecho es precisamente dar la razón a las putas politizadas y activistas que llevan ya tiempo en sus charlas exponiendo la cuestión mollar del estigma: no es fácil salir del armario como trabajadora sexual pero, consecuentemente, tampoco lo es como cliente. ¿Pensaría la ministra que las políticas abolicionistas que promueve su partido machista-leninista en el gobierno de coalición más hipócrita de la historia (el PSOE ha sido el partido que más licencias a clubes ha dado) que el oponerse frontalmente a considerar el trabajo sexual como trabajo no iba de la mano con lo que está pasando ahora mismo? ¿Cómo va a ser fácil rastrear el cliente de un prostíbulo desde ese limbo en el que se encuentra el trabajo sexual?

Nos llama poderosamente la atención, desde esa misma óptica relativa a cuidar la salud pública, que las saunas y los locales gays (que no maricas) no hayan sido cerrados también por decreto ley. Esto nos demuestra, una vez más, la prevalencia del privilegio macho: la sexualidad de las trabajadoras sexuales es motivo de preocupación gubernamental mientras que las actividades sexuales en los locales frecuentados por hombres-sin-mujeres no son motivo de declaraciones a los medios. Y ya que hablamos de locales que preocupan, ¿qué pasa con los pubs liberales o espacios swinger? ¿Y las salas de masaje? Hacemos estas preguntas porque tal y como se ha planteado el tema COVID en los prostíbulos y no en otros espacios, al final vamos a pensar que lo del Gobierno central es una caza de putas, y no una preocupación real por la salud de nadie.

No entendemos que los pubs liberales abran sus puertas de 17 a 1 de la madrugada para acoger a clientes que van con parejas o grupos de amigxs a mantener relaciones sexuales. ‘’Uso obligatorio de mascarillas, gel desinfectante y con respecto a las distancias de seguridad allá cada uno’’, nos comentaba ayer vía telefónica el dueño de un pub liberal de Madrid. Otro dueño de este tipo de local en Sevilla nos confirmó también que en su negocio seguían en funcionamiento ‘’la piscina, el jacuzzi, las habitaciones y los reservados’’. Tampoco nos consta que se hayan tomado medidas de prevención con respecto a las salas de masaje, espacios en los que, más allá de que haya o no penetración, indudablemente no se puede mantener distancia de seguridad alguna y donde el contacto corporal es imprescindible. Otro ejemplo son las saunas (entretenimiento para adultos) en las que siguen operativas todas las instalaciones.

Pero volvamos a la realidad de los clubes. ¿Cuándo fue la última vez que la ministra visitó un prostíbulo? ¿Con cuántas trabajadoras sexuales ha hablado? Porque entendemos que desde el Gobierno se hablará con conocimiento de causa y no desde donde habla mi vecina cuando me la cruzo en la escalera. Y otra cuestión, si los prostíbulos no tienen licencia de club como tal, sino que tienen licencia como hoteles, pubs, salas de fiesta, salas de masaje, discotecas, etcétera, ¿por qué se cierran los prostíbulos y los hoteles no? Porque si una trabajadora sexual se va a encontrar el club cerrado, cabe pensar que se irá con el cliente a un hotel. ¿Cómo se va a diferenciar a la puta de la esposa?

Ahora mismo el acoso a las trabajadoras del sexo se está haciendo desde distintos frentes: por un lado las Ordenanzas Municipales y la Ley Mordaza están expulsando a las mujeres de las zonas seguras de trabajo en los barrios, y ahora con los cierres de los clubes de alterne, éstas también quedan fuera de esos espacios, ¿qué alternativas reales les va a dar el Gobierno a estas mujeres? Teniendo en cuenta que hay un amplio porcentaje de trabajadoras sexuales que por su condición de migrantes se encuentran en situación administrativa irregular (es decir, no tienen papeles) preguntamos: ¿por qué el Gobierno no se está ocupando de escuchar las demandas del movimiento estatal Regularización Ya? ¿Por qué el Gobierno no ha derogado la Ley de Extranjería? ¿Cómo se va a ayudar desde la legalidad de las instituciones a las personas que por las leyes racistas y xenófobas se encuentran en una situación ilegal? Sin documentación no tienes derecho a nada, y no estamos hablando exclusivamente del trabajo sexual, estamos hablando de temporeros, limpiadoras del hogar, cuidadoras de personas mayores y tantos otros trabajos que forman parte de la economía sumergida de este país y de cuya salud tampoco se está ocupando nadie. Todos estos trabajos terriblemente precarizados llenan las neveras de muchas familias aquí y en su país de origen, ¿va a mantener el Gobierno de coalición a esas familias?

Pero volvamos a los argumentos higienistas en torno al trabajo sexual, esos que relacionan la salud pública con el trabajo sexual (“los prostíbulos deben ser cerrados por motivos de salud pública” dice Irene Montero), esos que relacionan la falta de control sanitario, la suciedad y los focos de infección con el trabajo sexual. ¿Cuánto tiempo va a pasar antes de que este Gobierno de “izquierdas” también regule las relaciones sexuales gratuitas? Según palabras de Alberto Garzón ‘’ha llegado la hora de frenar el virus del machismo’’. Como si regalar sexo no fuera machista. Como si las personas que lo han votado no contrataran servicios sexuales. Quizás no le agradaría saber la enorme cantidad de hombres ‘’feministas’’ de su espectro ideológico que creen tener el derecho de pedir nudes a mujeres esperando recibirlas y gratis.

Sólo hay que ver aplicaciones de contactos como Tinder para calcular cuántas pueden ser las personas que quedan a diario para mantener relaciones sexuales.

Nos gustaría saber qué opciones de prevención da la ministra a la cantidad de mujeres que diariamente suben por primera vez sus anuncios a webs de contactos como pasión.com para hacer exactamente lo mismo que está haciendo la vecina del segundo que ha quedado hoy en su piso para tener encuentros sexuales con dos chicos. ¿Qué hacemos? ¿Abolir Tinder? ¿Estamos a las puertas de que cristalice una legislación que refuerce todavía más el matrimonio monógamo (otra forma de prostitución) y el régimen cisheterosexual al tiempo que criminaliza todo lo que se salga del marco del lobby romántico? ¿Qué aspectos son legítimamente susceptibles de someterse a legislación y cuáles no? ¿Dónde empiezan y dónde terminan las libertades individuales en el terreno de las relaciones sexuales?

Queda clara la visión tan sesgada de este Gobierno de ‘’izquierdas’’ al limitarse a pensar que las prostitutas somos personas ajenas a esta sociedad. La lógica es: si cerramos los clubes y las Ordenanzas Municipales multan a las trabajadoras, acabaremos con la prostitución y, por ende, con gran parte de los contagios, pero el ideario es absolutamente reduccionista al pensar en las putas como vectores de enfermedades y mujeres vulnerables en tacones y vestidos cortos.

Nos parece chapucero hacer políticas feministas cuando se ignora el gran número de mujeres que nos rodea que trabaja manteniendo relaciones sexuales. Las trabajadoras sexuales han existido siempre y seguirán existiendo.

En un escenario de pandemia y salud pública, bajo el pretexto de controlar los rebrotes, no nos parece fortuito que se aborde el tema de la prostitución desde, ni más ni menos, el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Consumo, declaradxs abolicionistas. Qué narrativas tan perversas las que ponen a las putas como peligro público al tiempo que son consideradas objeto de consumo (ideario harto misógino y patriarcal) y todo verbalizado a través de una ministra de Igualdad.

Desde el estreno de la democracia los partidos que se han ido alternando en el poder han estado concediendo licencias y maquillándolas para beneficiar a los empresarios desentendiéndose de las trabajadoras. A la luz de esta verdad, no podemos sino concluir que el mayor proxeneta es el Estado.

 

María José Barrera: «La primera violencia hacia las ‘putas’ es la institucional»

Entrevistamos a la cofundadora del Colectivo de Prostitutas de Sevilla para conocer su mirada respecto a un tema, la prostitución, no exento de polémica en el feminismo, para que sirva también como ventana a una realidad silenciada y estigmatizada por la sociedad

 

Por Carmen Marchena

2 de junio de 2020

María José Barrera: «La primera violencia hacia las “putas” es la institucional»

 

 

María José Barrera nació al calor del Aljarafe sevillano hace 45 años y vive actualmente en el Cerro-Amate, un barrio obrero “que peleó hasta por las alcantarillas”. Llegó hace 17 años, coincidiendo con su salida de la prostitución y ha estado “enreá” en activismos relacionados con los derechos humanos, de vivienda y para mejorar la situación de las trabajadoras sexuales desde entonces. Es cofundadora del Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS) y defiende firmemente un feminismo transinclusivo, de barrio y de las precarias con acento andaluz. Hoy, 2 de junio, se celebra el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales y mañana el CPS se reunirá con el Ministerio de Igualdad para exponer sus dudas respecto a las medidas sociales del COVID-19, que deja fuera a una parte importante del colectivo al que representa.

¿Prostituta, puta o trabajadoras sexuales?

Nosotras nos consideramos trabajadoras sexuales y es el reconocimiento laboral por el que estamos peleando. También reivindicamos con orgullo la palabra puta, haciendo nuestro el insulto por el que la sociedad nos sigue estigmatizando y de camino darle la vuelta al patriarcado, ya que puteemos o no puteemos, todas las mujeres estamos puteadas y hemos recibido ese insulto en algún momento de nuestra vida.

¿Qué lleva a una mujer a trabajar en la prostitución?

Pagar las facturas y llenar el frigorífico de comida. Aunque nos vean como indignas, buscarse el pan es digno y lo indigno son las condiciones en las que trabajamos.

Sin embargo, seguís sufriendo la precariedad y la explotación laboral

Al no estar reconocidas como trabajadoras no podemos renegociar nada. Si las personas que tienen derechos laborales también están explotadas, imagínate nosotras que no tenemos derechos.

Si hubiese garantías efectivas, ¿seguiría existiendo la prostitución?

¿Sigue existiendo el trabajado asalariado? ¿Sigue existiendo el trabajo para vivir? Muchas abolicionistas dicen que si tuviéramos un trabajo digno dejaríamos la prostitución, pero aquí en Andalucía se han comido el poco trabajo digno que hay para las putas, como el de mediadora en materia de prostitución, por ejemplo. En 2003, en el Convenio de Salud de la Junta de Andalucía se creó esta figura, un trabajo que iba dirigido a mujeres víctimas de trata o que quisieran dejar la prostitución, coincidiendo con que ese mismo año las entidades decían que les costaba mucho trabajo llegar a nosotras. En ese momento estaba en activo la asociación de mujeres que ejercen la prostitución (AMEP) de la que era yo presidenta. Llegamos a crear el convenio para personas que ejercen la prostitución. Hay que recordar que ese puesto de trabajo como mediadora tan solo ha sido cubierto por la Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía —en la que trabajaba por aquel entonces—, y por la asociación Victoria Kent. Los demás puestos de trabajo se lo han comido las que dicen que si tuviéramos un trabajo digno dejaríamos de ser putas.

Afirmáis que se utiliza a las compañeras víctimas de trata para fines de explotación sexual y a las que quieren dejar la prostitución, para silenciar o ir en contra de vuestra lucha

Se utiliza el poco entendimiento que tiene la gente que no está politizada ni tiene conciencia política, para manipular como les da la gana. Eso es lo que hace la industria del rescate, manipular porque comen de rescatarnos. Si tan preocupados estaban el movimiento abolicionista, sus partidos políticos y hasta la policía, que son los que nos consideran víctimas de trata, ¿por qué no han mandado a la protección civil a los 1600 clubs que hay para asegurarse de si han comido o no han comido nuestras compañeras durante el confinamiento? Por ejemplo.

¿Por qué decidís organizaros?

Por el reconocimiento de nuestros derechos y para cambiar las políticas públicas que nos atraviesan, como las ordenanzas municipales, la Ley Mordaza o la Ley de Extranjería. No somos un sindicato, somos un colectivo de lucha y estamos persiguiendo el reconocimiento de nuestros derechos laborales. Exigimos una protección real para las victimas de trata y alternativas laborales para quienes desean abandonar la prostitución. También buscamos la despenalización de la prostitución, no es legítimo multar la prostitución de calle por considerarnos víctimas, mientras siguen concediendo licencias a clubs.

Pero, ¿y las multas a nuestras compañeras de la calle? Queremos la derogación de todas las ordenanzas municipales, porque resulta vergonzoso que el PSOE y partidos abolicionistas como IU digan que están persiguiendo al cliente, cuando verdaderamente solo se le persigue en la calle. Si ese cliente va a los clubs, este Gobierno y los antecesores a este, seguirán dando licencias para montar más clubs.

En Sevilla hay nueve clubs mapeados y tan solo uno con licencia de hospedaje. En todas las redadas que ha habido en estos espacios siempre se llevan a las compañeras que estaban durmiendo allí. Pero luego, el Ayuntamiento permite la reapertura de esos clubs sin tener licencia de pernoctación. ¿La redada entonces por qué se hace, contra las putas o por las putas? Existen, por ejemplo, licencias de clubs sin cocina. ¿Dónde comen nuestras compañeras? ¿Alguien se pregunta alguna vez cómo comemos, qué pagamos, qué nos venden o dónde está la industria? Porque los dueños de los clubs no son proxenetas por mucho que nos joda.

Los dueños de los clubs son empresarios —y así son catalogados por el Gobierno— porque no se llevan dinero de nuestro trabajo. Se llevan dinero de un hospedaje inexistente para nosotras. Pedimos licencias porque si no nos dan derechos como trabajadoras, al menos que nos den derechos como huéspedes del hotel. O para que la comida esté en mejores condiciones; para que las compañeras no tengan que limpiar las habitaciones y los cuartos de baño después de currar hasta las seis de la mañana. Esto mejoraría la habitabilidad y el espacio de trabajo de nuestras compañeras. Tenemos casos de compañeras que empezaron a pedir ayuda la primera semana del confinamiento en Málaga y hasta ahora no les ha llegado. Para estas situaciones contamos con una red de apoyo vecinal.

Nosotras hacemos acción en la calle y formamos parte del movimiento inclusivo feminista. Bastante nos ha costado. También incidimos en las políticas del pacto de IU-PSOE, ya que el único mal rollo que tenían era la prostitución. Estamos trabajando en el marco de Horizonte 2023, el Plan de Choque y hemos contactado con el Defensor del Pueblo. Desde el Colectivo de Prostitutas de Sevilla siempre trabajamos con aliadas que nos asesoren en los temas que queremos abordar.

¿Cuánto pagan las trabajadoras sexuales en los clubs?

De 50 a 120 euros de hospedaje por día, no por una habitación sino por una cama caliente. Las habitaciones se comparten entre dos y tres compañeras, añadiendo en este último caso una cama supletoria. Por ejemplo, a Evelyn, del sindicato OTRAS, cuando le subieron en plena crisis el precio del hospedaje, organizó a 50 mujeres de su mismo club y consiguieron que de 70 euros que pagaban, bajaran a 30 durante el confinamiento. Si llevamos 60 días de confinamiento a 30 euros el día, algunas compañeras acumulan 1800 euros de deuda. Cuando empiecen a trabajar tendrán que pagar esa deuda, más el precio del hospedaje por día.

La legalización de la prostitución con posibilidad de ser dadas de alta en los regímenes de la Seguridad Social, ¿en qué escenarios lo reclamáis? ¿Crees que el pago de impuestos abre una nueva vía de salida del dinero negro de las mafias?

Para saber qué quieren las trabajadoras sexuales, tendría que hacerse un estudio exhaustivo en España elaborado por una entidad como Amnistía Internacional. Cuando sepamos con certeza qué quieren las compañeras que están trabajando, podremos hablar de cómo quieren darse de alta. En la actualidad, algunas compañeras se dan de alta en los epígrafes de masajistas, pero eso no te da derecho como trabajadora del sexo, solo para cotizar y cobrar cuando te jubiles. En ese saco tampoco se pueden meter a las compañeras migrantes indocumentadas. En la actualidad, solo hablamos de este tema las trabajadoras españolas politizadas, que no tenemos los mismos problemas que las indocumentadas o migrantes que ya están en situación regular. Las cosas hay que pensarlas muy bien para que no perjudique a las compañeras que no están en la misma situación que nosotras. Aunque llevo luchando desde el 2003, este tema se paró hace 10 años y lo hemos retomado hace aproximadamente tres, con la aparición del Colectivo de Prostitutas de Sevilla y el sindicato OTRAS. Nosotras no somos un colectivo asistencialista ni tenemos dinero para irnos de club en club, ni de mujer en mujer, ni de calle en calle. Para ese fin nos ha financiado la Red Umbrella con 5000 euros, con los que pagamos también cestas de la compra, organizamos las redes de apoyo, los alquileres de habitaciones y pisos, compramos el butano y hacemos frente a las facturas de teléfonos de las compañeras que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad.

¿Existe prostitución libre de proxenetismo? ¿Cómo funciona dentro de los clubs?

Por supuesto que existe. Para mí proxenetismo es todo aquel que se beneficia de nuestro dinero sin haber llegado a ningún acuerdo previo. No me pueden cobrar más caro por el simple hecho de ser trabajadora sexual. Yo sí elegí trabajar para terceros o por mi cuenta. También podemos alquilar una habitación en una casa de citas, pero llegamos a pagar hasta 300 euros por semana. Si pudiéramos alquilar casas, no nos explotarían. Nuestras compañeras están trabajando de la manera que están trabajando porque no tienen una forma mejor. Tenemos muchas compañeras que cuando ya no pueden trabajar se montan una casa y trabajan al 50% ¿Tengo que considerar proxeneta a esa señora que tiene 60 años y ha montado una casa porque no tiene derecho a una jubilación porque se ha llevado toda la vida trabajando en el sexo? Esa mujer está haciendo lo mismo que hicieron con ella, sin saber que a eso se le conoce como proxenetismo.

Si proxeneta es el que se lleva el 50% de nuestro servicio, el jefe de mi marido ha sido un proxeneta del taxi toda su vida. Un club, por ejemplo, funciona por hospedaje y además se lleva el 50% de las copas de los clientes, pagadas al doble de su precio normal; y si a nosotras nos invitan a una copa de 20 euros, 10 euros van para el club y 10 para nosotras. Esto se llama alterne y está regularizado por Felipe González desde 1988. Un tipo de prostitución para beneficio de la Patronal, que comenzó con la creación de las llamadas whiskerías, donde nos deberían haber dado de alta como camareras. Luego se crearon los clubs como hoteles. De esta manera se quedan con el dinero de nuestro hospedaje y del consumo de las copas. Librándose así de la implicación de ganar dinero a través del sexo. Más tarde se organizaron los empresarios de alterne como asociación.


Las abolicionistas no entienden que algunas hayamos escogido la prostitución por conciencia de trabajo y otras porque no tienen alternativa


La negociación que hacemos de cara a la galería es esta. No hay un estudio fiable que confirme cuántas víctimas de trata hay, aunque digan que es el 90%. Cuando hacen redadas en los clubs, llega la policía y ponen a los hombres a un lado y a las mujeres a otro. Preguntan quiénes son españolas y, si lo eres, descartan que seas víctima de trata. Qué pasa, ¿no me pueden estar obligando o dándome ostias por el hecho de ser española? Luego preguntan quiénes son migrantes y quiénes tienen papeles. A las que no tienen papeles se las llevan a comisaría y ese es el titular de los medios de comunicación. Al día siguiente vuelve a estar abierto el club con las mismas mujeres. Al club no le pasa absolutamente nada, pero estas mujeres tendrán una orden de expulsión y, en algunos casos, se las llevan en vuelos en caliente. En el caso de las compañeras de África, excepto las de Marruecos, normalmente las pasan a los CIES.

Sobre la trata, ¿cómo podríamos incorporar en la regulación lo necesario para proteger a las mujeres en situación administrativa irregular?

Que les den protección real a las víctimas de trata. Pero no solo a ellas, sino que se regularice la situación administrativa de todas las mujeres trabajadoras sexuales. Aunque por urgencia, que haya una REGULARIZACIÓN YA para nuestras compañeras migrantes.

Mientras la Audiencia Nacional rechazó la creación del sindicato OTRAS, existen asociaciones de empresarios de clubs de alterne en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior

Sí, las asociaciones Mesalina y Anela. Ambas pertenecen a España 2000, que a su vez cuentan con una empresa de seguridad que trabaja en la mayoría de los clubs. También tienen una fabrica o distribuidora de preservativos, esponjas vaginales y sábanas empapadoras en Alicante, que son las que nos venden a nosotras en los clubs. Hace 10 años también tenían un servicio médico controlado por ellos, con el que le hacían pruebas del SIDA a las compañeras. Por eso digo que aquí no se ha dejado de comer de las prostitutas, sino que se han ido cambiando las formas de hacerlo para el beneficio de los empresarios.

La importancia de la educación sexual en la prostitución

La mayoría de las trabajadoras del sexo han salido de una relación y se han metido directamente a trabajar, así que aprenden sobre la marcha. Son muy necesarios los talleres formativos que hacen las compañeras de Aprosex, por ejemplo. Pero si impartiésemos esos talleres de manera pública, las abolicionistas nos dirían que estamos profesionalizando la prostitución. Las asociaciones y los colectivos de trabajadoras sexuales pedimos una educación en positivo; que no es no, seas puta o no, y que el condón no se negocia. La otra cara es que entidades como Cruz Roja van a los clubs a hacer las pruebas del SIDA y eso hace que los clientes se sientan con la legitimidad de hacerlo sin condón. ¿Por qué no les hacen la prueba de SIDA a los clientes? Nosotras no somos un colectivo de riesgo, hay prácticas de riesgo. Posiblemente nosotras estemos más sanas y más controladas que cualquiera, además de practicar sexo con más seguridad.

Foto: Grupo La25

En una entrevista, Kajsa Ekis Ekman, afirmaba que algunos “sindicatos de trabajadoras sexuales defienden los intereses del lobby proxeneta”

Todas las trabajadoras sexuales politizadas hemos sido investigadas miles de veces por la policía, pero si no nos han detenido por algo será. Según Ekman, nosotras siempre le hacemos la ola al proxenetismo. Las abolicionistas no entienden que algunas hayamos escogido la prostitución por conciencia de trabajo y otras porque no tienen alternativa. Mientras tanto, nosotras pedimos que ninguna mujer se quede sin alternativa, pero que si optan por la prostitución, sepan adonde vienen. En esta sociedad patriarcal nosotras hemos decidido cómo ganarnos la vida. Mi lucha y la de mis compañeras es clara: que las mujeres no se vean avocadas a ejercer la prostitución como última alternativa y que las que estén o vengan, gocen de los derechos laborales que le corresponden como trabajadoras. Si las teorías abolicionistas llevan a pensar que nosotras somos proxenetas o hacemos apología de la prostitución y no que estamos luchando por lo mismo que ellas, es que no quieren escucharnos.


El feminismo abolicionista es hegemónico. Parece que no somos válidas si no pensamos como ellas


¿Hay violencia dentro de la prostitución?

La primera violencia hacia las putas es la institucional, ya que no tenemos derechos y sufrimos acoso policial. Por ejemplo, no podemos solicitar a título individual las ayudas que ofrece el Ministerio de Igualdad porque tenemos que hacerlo a través de un colectivo o asociación, que se queda con nuestros datos para luego decir que la prostitución es violencia de género de cara a la ley.

Si el cliente es violento, lo será fuera y dentro del servicio. Aunque la realidad es que si eso pasa durante un servicio no estamos protegidas, de ahí que pidamos el reconocimiento de nuestros derechos. Hace unos meses violaron a una compañera en un club. Ella les dijo a los dueños que quería denunciar, a lo que respondieron que “se lo pensara dos veces”. Tras pasar horas deambulando por la calle encontró a una mujer que denunció por ella, pero ¿quién nos apoya en este caso si somos prostitutas? Otro caso que le ocurrió a una compañera durante un servicio fue que el cliente se quitó el condón y la penetró. Fuimos a denunciarlo por violación y la policía nos dijo que eran “gajes del oficio”. Hay una parte del feminismo que afirma que la prostitución es violación, sin embargo, hay compañeras que son violadas dentro de los clubs y no tienen herramientas para defenderse, porque las entidades que atienden en los clubs no contemplan este tema.

No debe ser fácil trabajar durante 40 años con tu cuerpo. ¿Cuánto aguanta una mujer psicológica y físicamente en la prostitución?

Mientras tenga clientes y su cuerpo aguante. La mujer precaria está castigada en todos los trabajos. ¿Cómo acaba el cuerpo de una mujer que se lleva toda la vida trabajando en el servicio doméstico? Los cuerpos no están preparados para castigarse tanto, sea en el trabajo que sea. Cuando socialmente tu trabajo no está bien visto, tienes más que esconder y por eso duele más. Se piensa que las prostitutas tenemos problemas psicológicos, pero lo que nos afecta verdaderamente es el estigma de la sociedad. Que te castiguen por ser puta. Si eres prostituta eres mala madre, eres mala hija y parece que has dejado de ser buena persona por utilizar tu cuerpo. Hasta que no se nos vea como personas de pleno derecho, seguirán castigándonos. Nos consideran yonkis, rompedoras de matrimonios, esparcidoras del SIDA… Guardar silencio es muy doloroso también. Yo me siento liberada desde que tengo orgullo de trabajadora sexual, aunque siga siendo la puta del cuarto cuando salgo a comprar.

La prostitución está fuertemente feminizada y el porcentaje de mujeres trans es notable. ¿Qué factores explican esto?

Las compañeras trans lo tienen complicado para todo. Para recibir ayuda asistencial, tanto social como sanitaria, para acceder a talleres formativos si quieren dejar de ejercer la prostitución. El tema de los clientes también lo tienen más complicado, pero desde luego son las más organizadas y combativas.


No podemos solicitar a título individual las ayudas que ofrece el Ministerio de Igualdad porque tenemos que hacerlo a través de un colectivo o asociación


¿En qué feminismo os reconocéis y os sentís representadas?

Nosotras formamos parte del feminismo transinclusivo; el feminismo de barrio y de las precarias con acento andaluz. Por el contrario, el feminismo abolicionista es hegemónico y está hecho para algunas privilegiadas, por eso no se preocupa por nosotras. Tampoco por las mujeres trans o lesbianas. Parece que no somos válidas si no pensamos como ellas.

Sobre la necesidad de plantear un debate constructivo entre las diferentes posiciones frente a la prostitución

Más que un debate necesitamos ponernos a trabajar. Yo estoy dispuesta a tender la mano, pero no creo que ellas estén dispuestas a hacerlo. Nunca me he sentado con feministas abolicionistas porque no quieren escuchar. Ya no me vale el discurso de la cosificación de los cuerpos. Lo que pasa es que los colectivos de prostitutas hemos aguantado mejor las ostias tras golpear los cimientos del feminismo hegemónico con la suerte de tener a muchas aliadas, que aguantaron con nosotras los golpes. Me parece un disparate cuando amigas feministas se han dicho cosas terribles por haberse posicionado a favor de mejores condiciones para las mujeres que trabajan en el sexo, que no es lo mismo que a favor de la prostitución en sí. Esto no nos convierte en proxenetas, nos convierte en mujeres con derechos laborales.

 

Mujeres de la calle

En el debate entre partidarias de la legalización o la abolición de la prostitución se olvida el acoso legal y policial a las prostitutas que ofrecen sus servicios en las calles

 

MANUEL DELGADO

Barcelona, 9 de abril de 2020

https://elpais.com/elpais/2020/03/08/seres_urbanos/1583691202_327468.html

 

La conveniencia de prohibir o legalizar la prostitución ha provocado encendidos debates. Al margen de cuál sea el resultado legal de tales debates, lo cierto es que hay un tipo de prostitución que está prohibida en casi todas las ciudades que es la que se ejerce en la calle, y por extensión, en descampados o carreteras, es decir, a la intemperie. Esas mujeres —todavía más en el caso de las transexuales— son víctimas del acoso no solo de chulos y clientes, sino también de una policía que muchas veces también las humilla y las sanciona en nombre de todo tipo de ordenanzas cívicas y, en España, de la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada ley mordaza. Curiosa forma esta de luchar contra la explotación sexual, la de asediar y castigar a las explotadas.

En cualquier caso, los castigos a las prostitutas por ejercer su actividad en la calle dan a pensar que lo inaceptable no es que existan situaciones injustas, sino que se vean. El trato que reciben las prostitutas de calle advierte también de cuán diferente es el derecho a la vida pública que disfrutan los hombres y que se niega o regatea a las mujeres.

Hace poco, en este mismo blog, recordaba que el héroe principal de la modernidad urbana es, sin duda, el transeúnte desconocido, un ser indeterminado que existe sin origen ni destino en ese colosal umbral que es la calle misma. Se trata del flâneur al que Baudelaire elogió, paseante ocioso que goza mezclándose con la multitud, viandante sin filiación que se asimila a su vez a la figura no menos inconcreta del llamado hombre de la calle, cuerpo humano sin identidad ni atributos que circula con libertad, sin tener que brindar explicaciones, puesto que ejerce el derecho a definir su subjetividad aparte. El hombre de la calle se identifica, a su vez, con el protagonista del sistema político democrático-liberal: el ciudadano, ser soberano y autónomo depositario de derechos y deberes.

Me matizo a mí mismo. El flâneur baudeleriano difícilmente podría ser unaflâneuse, puesto que su hábitat natural —la calle— es un dominio usado con libertad solo por los hombres y controlado por ellos. Todo lo que se pudiera decir sobre el hombre de la calle no sería aplicable a una mujer de la calle que, como se sabe, es algo bien distinto. Una mujer de la calle no es la versión en femenino del hombre de la calle, sino más bien su inversión, su negatividad. Significa prostituta, situada en el estrato más bajo de la jerarquía moral de las conductas. No es casual que a su trabajo se le llame eufemísticamente “hacer la calle” y a ellas, mujeres de las esquinas o peripatéticas. La literatura y el cine han hecho de ellas uno de sus personajes predilectos. Y la canción también.

Una mujer de la calle es aquella que confirma las peores sospechas que pueden recaer sobre una mujer que ha sido vista sola, caminando por la calle, detenida en una esquina cualquiera. Es aquella a la que le tiene sin cuidado su reputación, puesto que esta no puede sufrir ya un mayor deterioro. Es la puta callejera, en el escalafón profesional de las meretrices la que ocupa el peldaño más bajo, alguien cuya presencia supone una anomalía a corregir. Está sola, ahí, ante todos, y espera ser acompañada por ese hombre al que en cierto modo convoca con su soledad, puesto que señala un lugar vacante, que no es sino el del varón que debería naturalmente ir a su lado.

Lo mismo pasa con la noción de hombre público. Es el político o el profesional que desarrolla su actividad sometido a valoración por parte de los demás, de cuyo juicio depende. En cambio, para la RAEmujer pública se aplica a una persona para la que el calificativo pública indica que es accesible a todos. No es que esa mujer esté en el espacio público, sino que es parte de él, definido precisamente a partir del principio de accesibilidad que en teoría lo rige. Lo contrario de una mujer pública es una mujer privada; no una mujer que disfruta de vida privada, sino que es propiedad de un hombre y accesible solo para él.

Una mujer pública es también, como todo el mundo sabe, una manera de designar a una prostituta. El caso es que las normativas y las ordenanzas sarcásticamente llamadas “cívicas” de casi todas las ciudades van en dirección contraria de lo que se supone que debería ser el esfuerzo de las instituciones por asegurar lo que esas mujeres –en palabras de Margarita Carreras, una de sus portavoces y miembro del colectivo LICIT– quieren y necesitan desde el punto de vista de las no abolicionistas: acceso a los recursos de los que pueden beneficiarse las mujeres maltratadas, así como el cese de las vejaciones y maltratos procedentes de las propias instancias –sanitarias, asistenciales, policiales– que deberían protegerlas, cobijo jurídico gratuito, tarjeta de residencia y de trabajo para las extranjeras, derechos laborales… Ese es el sentido de la tesis doctoral reciente de la antropóloga Livia Motterle sobre el movimiento de las Prostitutas Indignadas en Barcelona.

Se habla pues de un ejemplo especialmente elocuente de la brutal asimetría en la relación de hombres y mujeres con la calle como espacio al mismo tiempo físico y social. Si es un varón, ese ser humano sin nombre que está ahí fuera es el rey de la creación democrática; si es una mujer, convoca sobre sí todo el estigma y la indignidad del mundo. Esa extraordinaria distancia simbólica delata la gran mentira del espacio público, esa superstición que lo supone escenario natural de la igualdad y la justicia democráticas.