Prostitución en la calle: multar no es una solución

El gobierno de Barcelona no multará a las mujeres que ejercen la prostitución en el espacio público. Al contrario, defenderemos los derechos de todas las mujeres, también de las trabajadoras sexuales.

 

Laura Pérez

 

03/06/2017

 

http://www.eldiario.es/catalunya/opinions/Prostitucion-calle-multar-solucion_6_650294982.html

 

La Ordenanza del Civismo de la ciudad de Barcelona ha sido una norma altamente punitiva. En sus artículos 39 y 40 establece multas por el ofrecimiento, la demanda y el ejercicio del acto sexual en la vía pública, aunque en este último caso sólo si es de manera retribuida. Así, en base a la Ordenanza que establece nuestra conducta “deseable” en el espacio público, si queremos practicar sexo en la vía pública, no hay ningún problema, ni de noche ni de día, incluso en medio de la plaza Cataluña, siempre y cuando no haya intercambio económico.

Lo que se ha perseguido con esta normativa, aprobada en su momento con el voto a favor del PSC, CIU, ERC y el PP es eliminar de las calles la cara visible de la prostitución en la ciudad de Barcelona. En cambio, la prostitución que se ejerce en locales y clubes de la ciudad está permitida y así se reglamentó en Cataluña por parte de CiU bajo el Decreto 217/2002 y por el tripartito bajo la ley 11/2009 por la que quedan regulados los locales de alterne, las barras americanas o sex-shops. Esta doble vara de medir no es más que una muestra de las incongruencias políticas de partidos que regulan a favor del empresariado, al tiempo que persiguen a las trabajadoras sexuales. La ordenanza ha impuesto un castigo a una forma de ejercer la prostitución, no a la prostitución en sí misma.

A menudo se ha argumentado de manera inconsistente que estas acciones de imponer correctivos buscaban salvaguardar la integridad de las mujeres en su conjunto, o incluso estaban dirigidas a luchar contra las situaciones de tráfico en que estas mujeres pueden estar sometidas. Una forma cuando menos perversa de salvaguardar la integridad de todas las mujeres a través de criminalizar y estigmatizar a un grupo de mujeres en concreto o de luchar contra el tráfico multando a las mismas mujeres traficadas. Además incumple con la Directiva 2011/36 / UE, que obliga a los Estados miembros a proteger y atender a las mujeres que puedan estar en situación de tráfico y explicita la obligación de no imponer penas a las víctimas.

Más allá de todas las incoherencias mencionadas, cuando llegamos al gobierno nos encontramos con varios informes y documentos que nos señalan la poca efectividad de la norma y la vulneración de derechos que provoca. Después de 10 años de vigencia de la Ordenanza los datos nos dicen que la ordenanza no ha conseguido reducir el número de mujeres que ejercen en el espacio público, a pesar de la promesa hecha en el vecindario de la zona de Robadors por el gobierno de Trias (desde del 2009 hasta el día de hoy se está atendiendo entre 390 y 450 mujeres aproximadamente).

Asimismo se ha situado a las mujeres en una posición de mayor vulnerabilidad: muchas de estas mujeres han contraído, a través de las multas, una deuda con la administración, ya que menos de un 10% de las multas impuestas a las mujeres se podían hacer efectivas. Esto ha tenido consecuencias negativas para las mujeres, como por ejemplo el no poder acceder a ningún tipo de ayuda y prestaciones sociales. De manera añadida la vigilancia policial constante conduce a las mujeres a negociar más rápido, los clientes tienen más margen en la negociación y pueden hacer uso de la amenaza de avisar a la policía, según explican ellas mismas en diferentes informes. Además, se ha reforzado el estigma que las hace sentir desprotegidas y avergonzadas.

A día de hoy, el Ayuntamiento de Barcelona ha dejado de multar a las mujeres por la entrada en vigor de la Ley de Seguridad ciudadana. La conocida como Ley mordaza, a diferencia de la ordenanza del civismo, no prevé como infracción el ofrecimiento de servicios sexuales en la vía pública. Por ello, desde finales de 2015, aquellos artículos de la Ordenanza que prevén la sanción del ofrecimiento de servicios sexuales se han dejado de aplicar. Este hecho, que ha pasado desapercibido por los grupos de la oposición que hacen bandera del abordaje punitivo de la prostitución, no ha tenido ninguna incidencia en el día a día de la gestión del espacio público en Barcelona. Por tanto, ni las sanciones no han tenido el efecto disuasorio esperado, ni dejar de sancionar ha supuesto un aumento de trabajadoras sexuales en las calles de la ciudad.

Con la experiencia de estos 10 años de Ordenanza del Civismo podemos asegurar que el abordaje punitivo de la prostitución ha fracasado. Más allá de constatar que multar no es ninguna solución, ahora es el momento idóneo para replantear las políticas y normas fallidas, de involucrar a la ciudadanía, a todos los grupos municipales y a las mujeres que ejercen la prostitución en una reflexión más amplia que nos permita avanzar en la mejora de la convivencia, que nos lleve a nuevos consensos sobre el uso del espacio público. En definitiva, tenemos que encontrar una solución bajo un marco de garantía de derechos para todos, para las mujeres en su conjunto, por todas, y por los vecinos y vecinas que conviven con el ejercicio de la prostitución en la calle.

 


Laura Pérez (Barcelona, 1982) és regidora de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI a l’Ajuntament de Barcelona.

https://barcelonaencomu.cat/es/candidatura-persona/laura-perez-castano

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Día Internacional de las Trabajadoras del Sexo: Contra el estigma de ‘puta’

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)

 

2 de junio de 2017

 

http://www.apdha.org/dia-internacional-trabajadoras-sexo-contra-estigma-puta/

 

Existe un estigma que actúa sobre todas las mujeres como un aviso, una amenaza que llega en forma de censura social en caso de que ocupes un espacio que no debes, a una hora inapropiada y con una postura indebida… Nos referimos al estigma “puta”. Desde tiempos inmemoriales, hasta nuestros días, actúa dentro de nosotras esa llamada al orden social que, con mayor o menor fuerza, aparece en forma de vergüenza.

Este estigma “puta” que actúa como violencia estructural y simbólica es la misma violencia que nos alcanza a todas las mujeres. ¿Pero qué pasa cuando esta violencia, censura, este estigma, sale del ámbito de lo subjetivo y lo simbólico para acomodarse en nuestro mundo material a través de leyes que penalizan estos comportamientos? Nos referimos a lo que significa el estigma puta para la puta, la trabajadora sexual. Y nos referimos concretamente a la base de las muchas vulneraciones que sufren como colectivo y como trabajadoras, nos referimos a también a la Ley Mordaza o ley de seguridad ciudadana, los planes anti prostitución y las ordenanzas, formas de criminalizar  que viene a instaurar una verdadera “caza a la puta”.

La lucha de las trabajadoras sexuales contra el estigma lleva tiempo ocupando, a nivel individual y colectivo, su primera línea de trabajo. La estrategia no es siempre la misma: “Yo no soy puta, trabajo de puta” es una expresión que pone de manifiesto el anhelo de liberarse de la dura carga que supone el estigma. Atiende a la necesidad que muchas mujeres que ejercen el trabajo sexual tienen por separar su vida profesional de la familiar y la social. En otros casos, el lema “yo también soy puta” o “yo soy puta” está siendo reivindicado por muchas trabajadoras movilizadas en la reclamación de sus derechos, o por colectivos que trabajan junto a ellas.

Por ello, en este día  2 de Junio, Día Internacional de las Trabajadoras del Sexo, (aniversario de la protesta de 1975 en la que más de cien prostitutas francesas ocuparon la iglesia de Saint Nizier en Lyon) nos queremos sumar a la campaña que nuestras compañeras de Genera (Barcelona) han puesto en marcha, y decimos junto a ellas: #YoTambienSoyPuta 

 

 

La indefensión de las prostitutas

Por Ninfa

 

19 de Mayo de 2017 (19:04 h.)

 

 

http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/indefension-prostitutas/20170519175159140006.html

 

 

Soy trabajadora del sexo. Desde hace algunos años contacto con mis clientes en la calle. Empecé en esta actividad allá por el año 1997, en los tiempos en que la Casa de Campo de Madrid estaba abierta a todas horas al público. En aquellos tiempos, recuerdo, trabajábamos sin más problemas que los que se pudieran presentar en la cotidianidad: que si la lluvia, que si el cliente borracho, que si el maleducado… La Policía estaba continuamente pidiendo la documentación y no todas tenían “los papeles en regla”, eran frecuentes las redadas en busca de “sin papeles”.

Las trabajadoras del sexo captábamos a la clientela al pie de la vía y los servicios los realizábamos, como norma general, en los propios vehículos, cerca de donde nos ubicábamos. Después, poco a poco, nos lo pusieron más difícil. Primero colocaron vallas de maderas. Las autoridades explicaron que se trataba de “barreras protectoras”. La consecuencia fue que los coches ya no podían parar al lado de la vía. Nos trasladamos entonces a las zonas de parking, a un lugar más alejado. Pero las vías fueron cerrándose poco a poco. Cada vez contábamos con menos espacio para trabajar y lo hacíamos en lugares menos seguros, menos transitados.

Las incursiones policiales se acrecentaron. Actuaban conjuntamente la Policía Municipal y la Policía Nacional, concretamente de migración. Sufrimos cortes de tráfico y desvíos caprichosos de la circulación, calles cortadas a determinadas horas, redadas a las mujeres que se encontraban en “situación irregular”, insistentes controles de alcoholemia a los clientes, multas de tráfico injustificadas a horas intempestivas, etc. Es decir, poco a poco, las autoridades consiguieron poner en marcha la “diáspora” de prostitutas por Madrid. Tuvimos que desplazarnos a otros lugares como por ejemplo Capitán Haya y Paseo de la Castellana, Pintor Rosales y Parque del Oeste, Polígono de Villaverde (conocido también como Polígono Marconi), Montera y zona centro. Sitios, como éste último, que contaban con los inconvenientes consabidos: enfrentamientos y discrepancias con el vecindario, comerciantes, etc. Por si fuera poco, se colocaron cámaras en la vía pública que ahuyentaron a nuestros clientes. Las prostitutas nos vimos obligadas a demandar nuestras reivindicaciones ante el consistorio municipal y nos manifestamos exigiendo nuestros derechos en la calle de la Montera, en la zona centro de Madrid.

Particularmente, decidí desplazarme a trabajar hasta la localidad de Torrejón de Ardoz (Madrid) y estuve en sus inmediaciones cerca de 3 años. El inicio de obras de acceso a Torrejón, en la parte Este, me obligó a trasladarme al polígono conocido como Electrolux de Alcalá de Henares, donde se ejercía desde años antes. Poco duró la calma. El Ayuntamiento alcalaíno, liderado por el Partido Popular en aquel entonces, preparó una ordenanza municipal y entre sus puntos había uno que asestaba un golpe duro a la prostitución callejera y que contemplaba la prohibición de “ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirectamente de servicios sexuales retribuidos en el espacio público de la ciudad de Alcalá de Henares, en todo su término municipal.”  Las sanciones van de 300 a 3.000 euros de multa tanto para los clientes como para las trabajadoras del sexo. Esta ordenanza municipal, que entró en vigor en diciembre de 2010, desembocó en hostigamiento, persecución y acoso permanentes hacia nosotras. Ni siquiera podemos subirnos a un coche, a veces ni al propio. Desde entonces estamos penalizadas por ser prostitutas, independientemente de si estamos ejerciendo en ese momento o no.

La normativa trajo como consecuencia una mayor precarización:  A partir de ahí, al no contar con tiempo y tranquilidad para negociar los servicios, debemos apurar los acuerdos, desplazarnos más lejos para realizar los servicios sexuales acordados (con el consabido peligro que eso conlleva), estar pendientes de nuestros móviles porque, entre nosotras, nos alertamos mediante llamadas perdidas de la presencia policial.

Por las condiciones geográficas, no podemos subir a un coche ni para ir a tomar algo a las cafeterías próximas a la zona (cosa muy común) porque los efectivos policiales dan por sentado que vamos a dar un servicio. De nada sirve pararse a explicarles nada. Las multas van tanto para el conductor como para nosotras. Estamos absolutamente estigmatizadas por ejercer nuestro oficio. El Colectivo Hetaira ha sido testigo en directo, a veces, y vía telefónica, otras, de estas experiencias. Hubo una ocasión, en que por el solo hecho de encontrarme dentro de mí vehículo aparcado en el lugar, matando el tiempo de aburrimiento y jugando con mi dispositivo móvil, fui multada. Además nos influye mucho la intimidación que sufren los clientes; nos sentimos impotentes e indefensas.

 

La ley mordaza

Algunas compañeras, debido a la presión, cambiamos de lugar de trabajo. Decidí trasladarme al polígono de Villaverde, pero allí también se estaba preparando una normativa municipal similar a la de Alcalá de Henares que no llegó a aplicarse porque el Gobierno del Partido Popular aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, que penaliza tanto a clientes como a trabajadoras del sexo. Dicha ley, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, ha venido acompañada de consecuencias terribles: más estigmatización para nosotras, más hostigamientos, más actas de denuncias constantes por cualquier cosa: por pararnos aquí, por pararnos allá, por nuestras vestimentas (da igual cómo vistas, cualquier escote, falda, pantalón corto, largo o ceñido al cuerpo, blusa, vestido). Todo vale y justifica su denuncia impuesta, tanto si vas vestida como si no, si te encuentra en la acera como si no, si estás hablando, si vas en coche con alguien, si estás esperando el bus para marcharte, si estás parada o si estás en sitios estratégicos de la zona realizando servicios. Nosotras, las prostitutas somos juzgadas, en ocasiones, por la policía, juzgadas como “males madres”. Pueden soltarte tranquilamente la dichosa frase de “¿qué dirán tus hijos?”, porque la carga moral está presente en el momento que extienden la denuncia. Aquí no se salva nadie, ni el señor que vende los preservativos, ni el señor al que compramos los bocadillos, ni el cunda que nos hace de taxi. Todos son calificados de “puteros”, tratados como “criminales”… Y nosotras, vapuleadas, y nuestros datos personales utilizados para rellenar las denuncias hechas contra nuestros clientes o contra las personas que tratan de buscarse la vida en el polígono vendiendo bocadillos.

 

Reacción

Con esta ley en ejecución las putas llegamos a comprender lúcidamente que siempre se ha perseguido la prostitución, que se ha utilizado la ley de migración como excusa para perseguirnos y expulsarnos del país. Ahora ya hay un instrumento a nivel estatal. Días antes de la entrada en vigor de la ley mordaza, algunos policías de migración, concretamente del Grupo XI, nos lo advertían de manera pletórica y triunfal: “la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana acabaría con nuestra actividad”. Y se cumplió lo que nos habían prometido: las denuncias impuestas contra nosotras, las monsergas y reproches -casi peores‒ que acompañaban a las mismas.

En esta difícil situación –con más de 30 denuncias en una sola tarde‒ vimos la necesidad de protestar, gritar y hacernos escuchar. Así nació la Agrupación Feminista de Trabajadoras Sexuales (AFEMTRAS), conformada por mujeres cis, mujeres trans y travestidos. El colmo fue que el foco mediático sólo apuntaba hacia un objetivo: la denuncia de que una “posible víctima de trata” pudiera estar siendo multada. Porque para las autoridades sólo existen las “víctimas de trata”, nosotras no existimos. Y para los medios de comunicación, en ocasiones, tampoco. Y cuando existimos, se nos criminaliza por nuestra actividad.

Como AFEMTRAS estamos dando a conocer nuestra situación y nuestro descontento a medidas injustas, desproporcionadas e ineficaces. Ponemos el acento en las consecuencias negativas de la aplicación de leyes injustas sobre nuestras vidas. Asistimos, asombradas e indignadas, al descrédito que se hace de nuestro oficio y a la perversión que supone confundirla -intencionadamente‒ con la trata de personas.

Las trabajadoras del sexo apoyamos sin fisuras a las víctimas de trata y somos las primeras en ver “indicios” de trata y ponerlo en conocimiento de las asociaciones con quienes colaboramos. Quiero señalar también que son muchas veces los clientes quienes contactan con las autoridades y las asociaciones cuando detectan posibles casos de trata.

Pero, nosotras, profesionales del sexo estamos demandando a los consistorios espacios donde podamos trabajar sin molestar y sin ser molestadas. Las multas nos perjudican y las multas a nuestros clientes nos perjudican de manera flagrante (podemos no castigar a un comerciante por su actividad, pero si multamos a quienes entren en su establecimiento, le estamos perjudicando directamente). Tenemos la obligación de defender y “desdemonizar” a nuestros clientes porque entendemos que existe un contrato verbal de intercambio de servicios sexuales por dinero con el consentimiento de dos personas adultas y el Estado no debería de intervenir -y menos hacerlo con una moralidad propia de otros siglos-.

Por tanto, exigimos que las autoridades diferencien entre “trabajo sexual” y “trata de personas”. Si no es así, las víctimas de trata reales continuarán desprotegidas y nosotras soportando la indefensión y sin que nuestros derechos sociales y laborales sean reconocidos. Acaso, ¿alguien vive mejor sin derechos?

 

Comparecencia de Hetaira en la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de violencia de género

 

Colectivo Hetaira·Martes, 9 de mayo de 2017

 

Madrid, 08/05/2017

 

Gracias al Grupo Confederal de Unidos Podemos, En comú Podem En Marea por la invitación a comparecer en esta Subcomisión. Comparezco en nombre de Hetaira -colectivo que trabaja desde hace ya 22 años en defensa de los derechos de las prostitutas en nuestro país- y que forma parte del Movimiento Feminista de Madrid, de la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW), de la Red Internacional Europea TAMPEP, del Comité Internacional por los Derechos de Trabajador@s Sexuales en Europa (ICRSE), de la Coordinadora Estatal de VIH-Sida (CESIDA), de la Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual, de la Plataforma Estatal por los Derechos de las Personas Trabajadoras del Sexo, de la Plataforma CEDAW Sombra España y de la Plataforma No Somos Delito, entre otras.

 

La creación de esta subcomisión es un paso más para tratar de hacer frente a la violencia machista y esperamos que las recomendaciones que finalmente se hagan llegar al Gobierno sirvan para mejorar la asistencia a las víctimas de violencia de género y evitar más muertes y agresiones machistas. No obstante, no vale con que el Gobierno tome nota de las recomendaciones que de esta subcomisión salgan, sino que éste deberá hacer un esfuerzo para garantizar que algunas medidas se pondrán en marcha dentro un marco legislativo adecuado y que lógicamente contarán con un presupuesto económico. No parece que vaya a ser así a la vista de los Presupuestos Generales del Estado aprobados. Lo lamentamos profundamente. Lamentamos sobre todo que se pierda energía y tiempo en “debatir”, pero no en “poner en práctica” y “en hacer”. Porque también habremos hecho perder recursos a la sociedad española.

 

La ley contra la violencia de 2014 adolecía de algunos problemas. Así se lo hicimos saber en su momento las asociaciones feministas al Gobierno socialista. A pesar de ello, la ley supuso un gran avance y hubo consenso sobre la necesidad de un cambio cultural y de mentalidad. Sin embargo, se abandonaron las propuestas a largo plazo, aquellas basadas en la prevención en la educación o en la formación de profesionales en los diferentes sectores implicados. Lo que quedó en pie, finalmente, fue la parte penal.

 

Tampoco puede servir el Pacto de Estado para pasar a denominarle a cualquier situación discriminatoria contra las mujeres como “violencia machista. Por ejemplo cuando oímos expresiones del tipo: “Cobrar menos por un trabajo de igual valor es violencia”. Creemos que hemos de ser rigurosas, porque si metemos todas las situaciones discriminatorias en un mismo saco estaremos haciéndoles un flaco favor a las “víctimas reales de violencia de género”.

 

El “impulso masculino de dominio” no es el único factor desencadenante de la violencia sexista. Tenemos que seguir poniendo en cuestión, además, las estructuras familiares (núcleo de privacidad que amortigua o genera todo tipo de tensiones); el papel de la educación religiosa y sus mensajes sobre el amor; la falta de educación afectivo-sexual de menores y adolescentes que ayuden a resolver los conflictos futuros, etc.

 

Apostar exclusivamente por la filosofía del castigo sobre el autor concreto de una agresión concreta significa no repensar las sociedades en las que vivimos, no querer ver las responsabilidades de los Gobiernos y de las políticas públicas puestas en marcha por éstos para tratar de evitarlas.

 

La imagen exclusiva de “víctimas” tampoco ayuda a la lucha colectiva por los derechos de las mujeres pues no tiene en consideración nuestra capacidad de resistencia, de hacernos un hueco, de generar autoestima y empuje solidario entre nosotras.

 

Incluso en los casos de violencia de género o de víctimas de trata es importante reforzar la autonomía y la capacidad de decisión de las implicadas. Los movimientos feministas siempre cuestionaron el tutelaje y la falsa protección basada en considerar a las mujeres como “eternas niñas” necesitadas de protección por un Papá/Estado.

 

El conocimiento y el trabajo con mujeres concretas y diversas nos ha enseñado como éstas pueden dar la vuelta, y de hecho se la dan, a las situaciones de subordinación con las que pueden encontrarse. Y como escribía Gayle S. Rubin: “Los márgenes y los bajos fondos pueden ser un lugar de rebeldía”.

 

Contar con los relatos de las víctimas de violencia de género nos sigue pareciendo una de las mejores fórmulas para encontrar estrategias y posibles soluciones. Conocer de primera mano sus necesidades (que pueden ser distintas dependiendo de cada mujer, de cada caso) debería ser una prioridad.

 

Nuestra comparecencia está centrada en materia de trata y prostitución.

 

Trata de personas

 

¿Tiene algún sentido incorporar medidas concretas contra la trata en una ley de violencia de género o en un Pacto de Estado? ¿Se trata de una buena herramienta o, por el contrario, tendríamos que enmarcarla en otro contexto para proteger a las víctimas de trata y luchar contra el delito? Desde Hetaira creemos que tendríamos que separarlo por responsabilidad política y por ser más eficaces a la hora de prevenir y atajar tanto la violencia de género como la trata.

 

La trata de mujeres es una manifestación de la violencia de género. Y figura -gracias a las presiones de muchas ONG’s- como delito en el Código Penal español desde hace unos años. Además puede conllevar otros delitos también tipificados ya en nuestra legislación

 

La trata de personas se da en muchos sectores económicos, no sólo en prostitución. Nos la encontramos en la industria textil, en la agricultura, en la mendicidad, en matrimonios forzosos, en el servicio doméstico. Y son víctimas de trata tanto menores como personas adultas (mujeres y hombres cis, mujeres y hombres trans). La CEDAW pide explícitamente que se tipifiquen todas las manifestaciones de trata (y no sólo aquellas que se dan dentro de la industria del sexo).

 

Una ley integral de lucha contra la trata (que viene reclamándose desde 2012) tendría que garantizar la protección y la recuperación integral de las víctimas y debería abordar la lucha contra la trata desde una perspectiva de derechos humanos. Nos faltan datos, siempre nos falta conocer cuántas personas se encuentran en situación de protección, cuántas personas están viviendo en lugares seguros, cuántas personas han accedido a permisos de trabajo y residencia, cuántas personas consiguieron la condición de asilo por ser víctima de trata (se cuentan con los dedos de una mano, con un poco de suerte, de las dos) cuántas personas han sido indemnizadas por el sufrimiento causado (sabemos que ninguna).

 

La persecución del delito se está haciendo, pero no se está trabajando con el mismo ímpetu en la protección de las víctimas y en poner en primer plano los derechos humanos. Contamos con ejemplos dolorosos, como las expulsiones de posibles víctimas de trata de los CIE’s; víctimas que no han recibido protección sino que han sido contempladas como migrantes sin papeles.

 

Correr el riesgo de saturar los juzgados de violencia de género con casos tan complejos como el de la trata no nos parece una buena idea.

 

Otro problema con el que nos encontraríamos es que el delito de trata, por lo general, traspasa fronteras. Por tanto la persecución del delito fuera de nuestras fronteras exige investigar en otros países y colaborar con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de esos países.

 

Nuestras recomendaciones/propuestas al Gobierno en este punto son las siguientes (exponemos sucintamente algunas cuestiones):

 

. identificación de las víctimas de trata con garantías, no siendo consideradas migrantes sin papeles.

 

. el plan contra la trata debe extenderse a todas las situaciones y dejar de denominarse “de mujeres y niñas con fines de explotación sexual”;

 

. que la colaboración con las autoridades policiales no sea una condición indispensable para poder recibir protección. Es inaudita la existencia de la “contraprestación” en el delito de trata.

 

. indemnizaciones económicas para las víctimas

 

. contar con la opinión y el trabajo de las ONG especializadas.

 

. seguir gastando ingentes cantidades de dinero institucional para explicar que la trata es un delito (algo que toda la sociedad entiende), nos parece un despropósito cuando aún faltan recursos habitacionales para las víctimas, un ingreso mínimo que les permita sobrevivir en un ambiente relajado, etc, etc… Prioricemos los recursos, acojamos a las víctimas, persigamos el delito y transmitamos todo esto a la sociedad. Es la mejor manera de mostrar la realidad y que se comprenda. No podemos delegar el problema de la trata en la “conciencia ciudadana”.

 

. derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana (ley mordaza) que, como bien saben (porque se aprobó en el Parlamento) multa indiscriminadamente a quienes ejercen la prostitución en espacios públicos y a sus clientes. Y en ocasiones, a víctimas de trata.

 

. por último, exigimos recursos públicos, dependientes de las instituciones.

 

La prostitución es un trabajo

 

En la prostitución hay machismo. También hay machismo en la política. Pero Vds. eso ya lo saben, es a lo que se dedican y conocen perfectamente quién se sienta en cada escaño, ¿verdad? Las prostitutas soportan el machismo como lo soportan Vds., las políticas, o las periodistas o las profesoras universitarias o las cajeras de los supermercados. Y se hace lo que se puede, colectiva e individualmente. Vivimos en sociedades machistas. Es lo que tenemos en común.

 

El Gobierno español, en los dos últimos años, ha reducido la deuda gracias al aumento del PIB, un aumento que ha venido por contabilizar la entrada de dinero de la prostitución. ¿No les parece impresentable que no se reconozca legalmente la legitimidad del trabajo sexual, que no se reconozcan los derechos de estas personas y que por el contrario se contabilice el “supuesto” dinero que mueve? A nosotras sí.

 

El grupo de expertos en materia de trata de la Unión Europea, GRETA, insiste en que la prostitución no equivale automáticamente a trata. Esta distinción es imprescindible tanto para abordar la trata en toda su complejidad como para encontrar soluciones a la hora de acabar con la discriminación que sufren las prostitutas.

 

La prostitución por decisión propia no es violencia, es el trabajo, la actividad económica para muchas personas que reorganizan sus vidas en función del intercambio de servicios sexuales por dinero. Este intercambio se produce entre gente adulta y con mutuo consentimiento.

 

¿Tiene algún sentido seguir repitiendo que “la prostitución es violencia de género”, al tiempo que mantenemos la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida por ley mordaza, que multa a quienes ejercen la prostitución en los espacios públicos, el sector más débil?

 

¿tiene sentido mientras seguimos manteniendo discriminadas a las personas que la ejercen: discriminadas a la hora de poder alquilar una vivienda o pedir un crédito, trabajadoras sin derechos laborales, sin derecho al paro, soportando situaciones laborales que contravienen todas las legislaciones posibles, sin derecho a una pensión de jubilación…?

 

¿qué pensamos hacer con las mayores que dejaron su vida en la calle?

 

¿la propuesta de incorporar la prostitución a una ley contra la violencia de género supondría la inmediata supresión de las multas por la ley mordaza?

 

¿supondría que las prostitutas pasarían a ser víctimas de violencia de género? ¿con qué beneficios? ¿tendrían asegurado las prostitutas su nivel económico de ser así?

 

Pero, como bien podrán imaginar, no estamos en absoluto de acuerdo con la incorporación de la “prostitución” en un futuro Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La prostitución decidida no es violencia de género, sino una actividad económica para muchas mujeres que llevan tiempo reclamando derechos laborales para acabar con las malas condiciones en que se ejerce y con el estigma que pesa sobre ellas por dedicarse al trabajo sexual.

 

Amnistía Internacional está pidiendo la despenalización del trabajo sexual a nivel mundial. Sus últimos informes publicados, hace justo ahora un año, recoge a través de sendas investigaciones las violaciones de derechos humanos que sufren las trabajadoras y los trabajadores sexuales en Noruega, Argentina, Hong Kong y Papúa Nueva Guinea. Les recomiendo que lean, al menos el informe sobre Noruega y la persecución que están sufriendo quienes ejercen. Entre otras muchas cosas, sufren “desalojos inmediatos” de sus viviendas y de sus espacios de trabajo.

 

Las trabajadoras del sexo, como la mayoría de nosotras, buscan la manera de vivir lo mejor posible dentro de las opciones que la vida les ofrece. Y, por supuesto, deciden. En esta medida, la oferta de servicios sexuales es un trabajo para ellas, trabajo que debe ser reconocido legalmente, acabando con la hipocresía que hoy existe al respecto y articular los derechos sociales y laborales que se desprenden de ello. Los mismos derechos sociales y laborales de los que ya disfrutan sus señorías (permisos de maternidad, vacaciones pagadas, protección frente al desempleo, días libres, etc…).

 

Seguir negando esto y mantener a las prostitutas en la situación de discriminación actual contribuye, entre otras cosas, a que sigan siendo explotadas laboralmente, perseguidas y acosadas por la Policía y sufriendo abusos y agresiones de cualquiera que se lo proponga.

 

El proceso de estigmatización que sufren las trabajadoras sexuales hace que por el hecho de ejercer la prostitución se las considere una categoría particular de personas: “traumatizadas”, “trastornadas”, “víctimas extremas de las circunstancias” y lo que es peor sin capacidad de decisión sobre sus propias vidas.

 

El aumento de la presencia de migrantes trabajadoras sexuales ha sido la excusa perfecta para el desarrollo de políticas represivas en materia de prostitución y su aceptación por parte de las instituciones políticas. El hecho de que generalmente lleguen de manera irregular, sin papeles, así como el que se dediquen al ejercicio de la prostitución en un país donde no está reconocida como “actividad económica” favorece todo tipo de abusos sobre las inmigrantes que cuentan con menores recursos económicos. Esta situación ha servido de pretexto para definir la prostitución como violencia de género, no teniendo en cuenta las condiciones que favorecen que algunas prostitutas sufran diferentes formas de violencia sino considerando que es la prostitución en sí y, por lo tanto, los hombres con su demanda lo que hace que estos abusos sean posibles.

 

Discriminación es también la invisibilidad que soportan las prostitutas autoafirmadas y organizadas desde hace décadas a nivel mundial. Este sector de mujeres autoafirmadas, profesionalizadas y que se reivindican a sí mismas con orgullo, es el que se quiere ocultar cuando se habla de la prostitución desde una óptica victimista y sobreprotectora, asimilándola toda a violencia de género, al indefinido concepto de “esclavitud sexual” o a la trata. Palabras con fuertes resonancias emocionales pero que sirven de poco para entender las diferentes situaciones que se dan en el ejercicio de la prostitución. Sirven para hacer demagogia pero no para empoderar a las trabajadoras del sexo, a las que se niega su capacidad de decisión, su libertad y su autonomía para hacer con su cuerpo lo que quieran.

 

Para Hetaira lo importante sigue siendo estar cerca de quienes ejercen por decisión propia y entender y apoyar sus estrategias de supervivencia.

 

Hay partidos políticos que abogan por la erradicación de la prostitución. Pero ¿en qué se han concretado sus políticas públicas allá donde han gobernado (en ayuntamientos y comunidades autónomas)?

 

. En sus programas jamás vemos un plan de acción que contemple medidas sociales que puedan beneficiar a las prostitutas que voluntariamente desearan abandonar la prostitución, por los motivos que sea, muchas veces por no soportar el estigma social. Tan sólo se han puesto en marcha, en ocasiones, tímidos talleres y cursos a los que han podido acceder una cantidad ridícula de mujeres y que no les ha permitido abandonar la prostitución. Cursos de formación limitados, en muchas ocasiones, a trabajos precarizados y con una contraprestación económica insuficiente, que impide que dejen la calle.

 

. poniendo en marcha normativas cívicas ciudadanas (que multan a clientes, lo que significa castigar a las mujeres dejándoles sin fuente de ingresos); o normativas que multan a ambos o aplicando la ley mordaza;

 

. gastando cantidades ingentes de dinero público en campañas que “criminalizan a los clientes” y, por ende, a quienes ejercen;

 

 

. escribiendo guías con recomendaciones dirigidas a los medios de comunicación que hasta niegan a las mujeres la posibilidad de autodefinirse como trabajadoras del sexo.

 

. a hacer ruido ante el Consejo de Estado sobre la prohibición de publicidad de los anuncios de prostitución en los medios de comunicación. Intento baldío en el siglo XXI y con Internet al alcance de toda la población.

 

Poca cosa, poco serio, ¿no les parece? Y lo peor, ninguna de estas políticas públicas han tenido nunca en cuenta a sus protagonistas, las trabajadoras del sexo.

 

Cualquier plan contra la violencia hacia las mujeres, pero que suponga más “violencia institucional” contra algunas de ellas, en este caso las prostitutas, será un fracaso, un fracaso del Parlamento y un fracaso del feminismo y jamás contará con nuestro apoyo.

 

Si afirmamos tan contundentemente que la prostitución es violencia de género ¿qué deberíamos exigir para las “supuestas víctimas”, las prostitutas? ¿resarcirles económicamente por el sufrimiento causado?

 

Comparar trata (donde la voluntad de la víctima es nula) con prostitución por decisión propia es un ejercicio de cinismo. Comparar el sufrimiento de la trata frente a la decisión de quienes deciden ejercer la prostitución es pura demagogia.

 

La prostitución no es violencia de género, sin embargo, las prostitutas, en ocasiones (y además de sufrir violencia institucional) sufren y pueden sufrir agresiones por el hecho de ser mujeres. Y en este caso sí reclamamos medidas de protección para ellas.

 

Sólo por recordar, hace años nos vimos obligadas a denunciar que los servicios de atención a las víctimas de violencia de género dependientes del Ayuntamiento de Madrid no estaban atendiendo a mujeres que ejercían la prostitución y que querían denunciar a su compañero afectivo o sentimental, porque se consideraba que se trataba de su “proxeneta”. El estigma de nuevo en marcha. El estigma que considera que una puta no puede tener vida privada, ni una familia ni mucho menos un compañero afectivo.

 

Las políticas públicas nunca contemplaron una sola campaña de sensibilización de no estigmatización a las prostitutas. Exigimos acabar con la estigmatización que pesa sobre ellas (no son delincuentes, no son basura, no se “venden” a nadie), porque esta estigmatización llevará a que más de un indeseable -apoyándose en las propias políticas públicas discriminatorias- decida agredir a alguna de ellas o incluso asesinarla.

 

En la medida en que entendemos la prostitución como trabajo, con características especiales (el estigma entre otros), nuestras recomendaciones al Gobierno pasan por:

 

. normalización del trabajo sexual y derechos laborales y sociales para las prostitutas (de este modo, no ocurriría lo que ocurre a día de hoy día, que los empresarios de clubes de alterne imponen prácticas sexuales y/o clientes, entre otras cosas).

 

. que las migrantes puedan conseguir sus permisos de trabajo y residencia por ser trabajadoras del sexo.

 

. regular las relaciones laborales cuando median terceros. Para ello es fundamental que se derogue la última modificación que se hizo del artículo 188 bis del Código Penal que considera delito “lucrarse explotando la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de la misma”. Este añadido, (“aún con el consentimiento de la misma”) impide los tratos comerciales de las prostitutas en mejores condiciones y enmascara las relaciones que se están dando dentro de los clubes. ¿Por qué no evitar la explotación laboral que sabemos suceden en los clubes? ¿por qué no evitar maratonianas jornadas de trabajo? ¿por qué no normalizar la prostitución como trabajo para garantizar salarios dignos? ¿por qué no prevenir los riesgos laborales? ¿por qué no la existencia de convenios colectivos que regulen la situación?

 

. además de que la ley tenga en cuenta los aspectos básicos como licencias, localización de locales, etc… debería tener también en cuenta los horarios especiales los descansos semanales, separar el lugar del trabajo del lugar donde se vive (algo impensable en cualquier otro tipo de trabajo).

 

. priorizar los locales autogestionados y cooperativas de trabajadoras sexuales.

 

. no conceder licencias a truts o personas individuales que cuenten con antecedentes penales, especialmente por violencia de género o por trata.

 

. la negociación de espacios públicos, a través de políticas persuasivas y no criminalizadoras, de manera que quienes captan a su clientela en la calle puedan trabajar minimizando todo tipo de riesgos (también la de las posibles agresiones de algunos clientes).

 

. respeto al trabajo sexual. Celebración del 2 de Junio, Día Internacional de las Prostitutas.

 

. dípticos y reparto de materiales en lugares de ejercicio de prostitución contra las agresiones machistas, que las prostitutas sepan que tienen a los Ayuntamientos, a las Comunidades Autónomas y a los Gobiernos de su parte (y no en su contra).

 

. retirada inmediata de la ley mordaza, es imposible depositar tu confianza en quien te persigue y te multa día sí, día también.

 

. celebración del 17D, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Trabajadoras del Sexo.

 

. que se contabilicen las agresiones a las y los profesionales del sexo.

 

. es importante que se avance en el respeto al trabajo sexual y dejar de gastar dinero en discursos estériles. Nuestros adolescentes no necesitan que se les diga que no han de ser “consumidores de prostitución”, lo que necesitan es aprender que el RESPETO es el único camino posible para relacionarse en un encuentro sexual, sea pagado o no y siempre que exista previo consentimiento.

 

En 2016, desde Hetaira contabilizamos, a través de los medios de comunicación, al menos cinco asesinatos de trabajadoras del sexo cometidos en nuestro país. Tres de las víctimas eran mujeres trans. Ninguno de estos delitos puede quedar impune. Ningún asesinato puede ser justificado, tampoco el de las prostitutas. Sus muertes merecen ser igualmente lloradas y reclamadas por los movimientos de mujeres.

 

Muchas gracias por su atención.

 

El necesario debate de los derechos de las prostitutas

 

 

Mamen Briz (Colectivo Hetaira).

 

Colectivo Hetaira·Martes, 18 de abril de 2017

 

El pasado día 29 de marzo, Daniel Bernabé escribía en La Marea el artículo “La trampa de la diversidad. Una crítica del activismo” (http://www.lamarea.com/2017/03/29/la-trampa-la-diversidad-una-critica-del-activismo/). Escribimos este pequeño texto de respuesta y lo enviamos hace unas semanas, como no ha sido publicado, compartimos por nuestras redes.

 

Hay una trasnochada forma de pensar desde la izquierda que insiste en la “unidad de acción” en los grandes y todopoderosos temas que son los importantes y sobre los que hay que debatir y ponerse de acuerdo desestimando el activismo que no se ajusta a sus cánones, el activismo que remueve y pone en jaque las grandes ideas “válidas” como dogmas de fe para esa vieja izquierda.

 

Durante años esta ha sido una gran pelea y hemos visto a muchos partidos políticos y organizaciones sindicales ponerse las pilas para entrar en temas hasta entonces “intocables”. A día de hoy nadie cuestiona la necesidad de un programa de acción de políticas LGTBQI en cualquier organización política, sindical o social. Pero no hace mucho los maricones y las bolleras eran expulsados de estas mismas organizaciones. La gente trans ni siquiera se planteaba una posible pertenencia, claro está. Eran distracciones “pequeño burguesas” para la construcción de una izquierda “verdadera”.

 

Sucedió algo parecido con el movimiento de mujeres y la defensa de sus derechos. Se trataba de una “pedrada” en la que insistían algunas militantes, sindicalistas o feministas que daban la vara para que en sus organizaciones se tuviera el feminismo en cuenta. Costó lo suyo también. Se les aconsejaba esperar a derrotar el “capitalismo”, que era lo importante, y se aseguraba con contundencia que después ya vendría (ella sola) la liberación de las mujeres y la consecución de derechos.

 

Estamos en el siglo XXI y ahora ninguna organización (política, sindical, social) o persona a título individual se atrevería a afirmar que la lucha por la defensa de los derechos LGTBQI o de las mujeres ha de esperar. Hemos avanzado. Sin embargo, hay otros temas que siguen siendo inasumibles. Así, leemos con estupor que la defensa de los derechos de un sector de mujeres concreto, las prostitutas, que se encuentran en una situación de absoluta desprotección en cuanto a derechos laborales y sociales se refiere y que soportan un cúmulo de discriminaciones inaceptables en las sociedades actuales, en realidad es un “extraño debate” y una “marcianada inasumible” (1).

 

Es un tanto sorprendente el que se desconsidere la existencia de una corriente feminista pro derechos, de un feminismo pro sex, al que se vinculan organizaciones de activistas y de trabajadoras del sexo, en todos los continentes, desde mediados de los años 80.

 

Es inaudito que se desprecie el trabajo de organizaciones como Amnistía Internacional, la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW), la Comisión Global sobre VIH y Derecho, Human Rights Watch, ONUSIDA, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la salud y la Organización Mundial de la Salud y, por supuesto, el de las propias organizaciones de prostitutas y aliadas, que están exigiendo a los Gobiernos que actúen y despenalicen el trabajo sexual como forma de evitar, entre otras cosas, situaciones de violaciones, otras violencias, extorsión y discriminación de las prostitutas que han quedado más que demostradas en multitud de informes. Y no estamos hablando de África o Asia. Uno de los últimos informes de Amnistía Internacional se centra en Noruega, un país que multa a los clientes de la prostitución, donde se dan violaciones de derechos humanos y existe la violencia contra las prostitutas; violencia que ellas no se atreven a denunciar, porque la Policía es estricta a la hora de aplicar la ley y su primera actuación es desalojarlas de los domicilios en que se ocupan y viven. Esa es su prioridad (2).

 

La vieja izquierda decía que había que esperar en algunos temas, la nueva vieja izquierda ni siquiera pide esperar. Lo que hace simple y llanamente es descalificar los temas que no son de su interés y que se escapan a su comprensión (esa que no acepta la existencia de la diversidad) y los califica como “posmodernos” o “neoliberales”. Y además la culpa de que la izquierda no vaya por mejor camino y que la derecha vaya ganando terreno es precisamente por estas “marcianadas inasumibles”. Buen intento de echar balones fuera. Ahora resulta que las putas organizadas son las responsables del avance de la ultraderecha.

 

No sabemos lo que será tangible para la izquierda, lo que sí sabemos es qué es tangible para las prostitutas. Es tangible la discriminación que sufren cada día por ejercer el trabajo del sexo. Son tangibles las multas que soportan a diario a consecuencia de la ley mordaza (Ley de Seguridad Ciudadana). Lo tangible es que tengan que soportar malos modos, humillaciones e insultos sexistas, racistas, tránsfobos mientras son multadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por ejercer la prostitución e intentar llegar a fin de mes (3). Lo tangible es que tengan que soportar reflexiones destructivas y juicios sobre su propio movimiento de quien jamás se acercó a ellas para interesarse de primera mano por su situación.

 

Se argumenta, por último, que desde las organizaciones pro derechos se defiende la “libertad individual”, ¿desde cuándo exigir derechos laborales y derechos sociales para mejorar las condiciones de vida y trabajo de todo un colectivo de personas discriminadas es una pelea individual? Esa misma izquierda los llama “derechos colectivos” cuando se trata de cualquier otro grupo de trabajadores o trabajadoras.

 

Para finalizar tenemos que darle la razón a Daniel Bernabé en que hay que escuchar mucho más a Las Kellys. Las “putas” y las “chachas” sí que tenemos alianzas, fuertes alianzas de hecho, porque muchos de los objetivos son comunes: acabar con la invisibilidad y acabar con el machismo que nos desconsidera, desconsidera nuestras voces y desconsidera nuestras luchas. Les dejamos con un vídeo en donde ambos colectivos hablan sobre las violencias laborales y las violencias machistas (4), esperando a que les ayude a comprender algo mejor las exigencias de las prostitutas.

 

 

Mamen Briz es activista de Hetaira (colectivo en defensa de los derechos de las prostitutas, http://www.colectivohetaira.org/WordPress/).

 

<NOTAS>

 

  1. El pasado día 29 de marzo, Daniel Bernabé escribía en La Marea el artículo “La trampa de la diversidad. Una crítica del activismo” (http://www.lamarea.com/2017/03/29/la-trampa-la-diversidad-una-critica-del-activismo/).
  2. Noruega: El coste humano de ” machacar” el mercado: La penalización del trabajo sexual en Noruega: Resumen ejecutivo: https://www.amnesty.org/es/documents/eur36/4130/2016/es/.
  3. La Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo (AFEMTRAS) y el Colectivo Hetaira denuncian el silencio y la complicidad de las instituciones hacia los abusos policiales que se están cometiendo en el Polígono de Villaverde contra las trabajadoras del sexo, Madrid, 29 de noviembre de 2016: https://www.youtube.com/watch?v=ee0S7AmamLc.
  4. Empleadas de hogar, Kellys y trabajadoras sexuales | Violencias laborales y violencias machistas: https://www.youtube.com/watch?v=N95-Dr0xOzg.

 

 

Varios colectivos rechazan los juegos infantiles impulsados contra la prostitución

Escoltem Velluters defiende a las mujeres y pide a la concejalía que anule el proyecto

 

josé parrilla | valència 30.03.2017

http://www.levante-emv.com/valencia/2017/03/30/colectivos-rechazan-juegos-infantiles/1547949.html

Cruce de la calle Hiedra con la calle Linterna, donde se instalará el parque. j. p.

 

La instalación de juegos infantiles entre las calle Hiedra y Linterna con el propósito confeso de ahuyentar la prostitución amenaza con convertirse en un conflicto colectivo. Si la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, con el apoyo de la Asociación de Vecinos de Velluters, ha conseguido sacar adelante este proyecto en los presupuestos participativos con la finalidad de liberar al barrio de la presencia de prostitutas, el colectivo Escoltem Velluters, anuncia movilizaciones en defensa de éstas. A su juicio, la propuesta atenta «contra los principios de no discriminación, igualdad e inclusión», por lo que, a su juicio, debería haber sido retirada por la Concejalía de Participación Ciudadana.

Los juegos infantiles de la calle Linterna ha sido el proyecto más votado de Ciutat Vella gracias a la campaña desarrollada por comerciantes y vecinos. Se trata de una inversión de 60.000 euros que se ejecutará este mismo año al formar parte ya de los presupuestos generales de 2017.

Sus impulsores, comerciantes y vecinos, creen que la presencia de niños acabará alejando a las prostitutas de la zona, pues la policía se toma más interés en estas circunstancias, dicen, y además las sanciones en estos casos pueden llegar a los 2.000 euros.

No discriminación

Pero hay quien desaprueba frontalmente esta propuesta. Diferentes entidades de Ciutat Vella, agrupadas en la red de colectivos Escoltem Velluters, entienden que «esta propuesta atenta claramente contra los principios de no discriminación, igualdad e inclusión que supuestamente abandera la consulta». Así pues, acusan de «falta de valentía política» a la Concejalía de Participación Ciudadana «por no haber retirado en su momento dicho proyecto».

Escoltem Velluters lamenta que no se hayan dado alternativas para estas mujeres y denuncian, además, importantes errores técnicos en el desarrollo de la consulta ciudadana. A su juicio, y según el relato de las personas presentes en los grupos de trabajo de la consulta, el equipo dinamizador de la misma ya advirtió allí que esta propuesta vulneraba los principios recogidos en las bases del proceso. En consecuencia, identifican la falta de coordinación como el hecho que ha provocado que esta propuesta haya sido finalmente validada.

Escoltem Velluters defiende la idea de que en Ciutat Vella hacen falta más parques infantiles. Sin embargo, se entiende que «estos espacios son lugares de encuentro y convivencia del vecindario, cuyo propósito no puede ser expulsar a otros colectivos sociales». Así pues, califican de perverso el hecho de promocionar parques para expulsar al colectivo de mujeres que ejercen la prostitución.

Por último, los vecinos recuerdan el enorme peso que han tenido el grupo de propietarios de pisos turísticos y hoteles de la zona en la difusión de la propuesta finalmente ganadora. Los colectivos reivindican que «aquellos agentes que miran únicamente por incrementar sus beneficios privados no pueden ser quienes diseñen el futuro del conjunto de vecinos de Ciutat Vella».

En resumen, desaprueban el proyecto y anuncian futuras movilizaciones en contra del mismo.


 

 

Los comerciantes logran el parque infantil promovido contra la prostitución

El proyecto para construir los juegos en la calle Linterna se aprueba en la consulta ciudadana

 

josé parrilla | valència 28.03.2017

 

http://www.levante-emv.com/valencia/2017/03/28/comerciantes-logran-parque-infantil-prostitucion/1546968.html

 

La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico ha sacado adelante con una votación masiva en los presupuestos participativos la instalación de una zona de juegos infantiles en la calle Hiedra, cruce con Linterna, un proyecto con el que quieren revitalizar esta zona y alejar a las prostitutas que frecuentan la zona. Al final, este proyecto ha sacado 250 votos, el más popular de los tres aprobados para Ciutat Vella.

Como ya informó este periódico, el entorno de la calle Linterna se ha convertido en uno de los focos de prostitución callejera de València. Es una prolongación del Barrio Chino de València, situado al otro lado de la Avenida Barón de Cárcer.

Esto ha generado importantes molestias y perjuicios a los comerciantes de la zona y también al nuevo hotel que se ha inaugurado en esta calle, cuyos responsables ya pidieron al ayuntamiento que controlara la prostitución para no perjudicar su millonaria inversión.

Así pues, comerciantes y vecinos han pedido en numerosas ocasiones que se acabe con este problema y en vistas de que el ayuntamiento no adopta las medidas solicitadas, la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico ha buscado una fórmula alternativa, que consiste en promover parques infantiles para que la Policía Local tome conciencia del problema y pueda aplicar con todo su rigor la Ordenanza de Prostitución, que sanciona con hasta 2.000 euros a quienes soliciten servicios sexuales de una prostituta a menos de 200 metros de un colegio o un parque infantil.

Concretamente, han aprovechado la fórmula de los presupuestos participativos, en la que cada distrito puede elegir los proyectos que se ejecutan en sus barrios dentro del límite de dinero que cada año marca el ayuntamiento. La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico propuso que se creara un parque infantil en la replaza formada por la confluencia de las calles Hiedra, Linterna y Mallorquins, donde se ejerce la prostitución. Y una vez que el proyecto pasó el primer corte, la propia asociación ha hecho campaña para que vecinos y comerciantes la apoyaran con su voto.

Y lo han conseguido. Este proyecto ha recibido 250 apoyos y se ha convertido en el más votado de Ciutat Vella, por delante del acondicionamiento de la Plaza Centenar de la Ploma (193 votos) y la instalación de paneles luminosos para prevenir la contaminación acústica (119).

Estos juegos infantiles tienen un presupuesto de 60.000 euros y se instalarán obligatoriamente a lo largo de este ejercicio, pues los presupuestos participativos, cuyo montante global es de 7 millones de euros, forman parte de los presupuestos generales del Ayuntamiento de València para 2017.

El proyecto para la Plaza Centenar de la Ploma tiene un coste previsto de 61.082 euros, y los paneles luminosos para prevenir la contaminación acústica costarán 21.096 euros.

 

 

Madrid merece putas con derechos

 

 

Por Mamen Briz (Hetaira)

 

Colectivo Hetaira·Martes, 31 de enero de 2017

 

Ponencia de Mamen, del Colectivo Hetaira, en Madrid, el 17 de diciembre de 2016 (Centro Dotacional Integrado de Arganzuela dentro de la Jornada El respeto de los derechos humanos en el trabajo sexual)

 

¿Qué hacemos con la prostitución en la ciudad de Madrid?

 

Ha pasado ya más de un año y medio desde aquel día, el 24 de mayo de 2015, en que las urnas decidieran “echar” a Ana Botella y al equipo de Gobierno del PP de Madrid.

 

Mucha gente lo celebró. Las prostitutas entre otras.

 

Lo celebraron ellas y lo celebramos quienes venimos haciendo, desde hace años, activismo en la defensa de los derechos de las prostitutas.

 

Pensábamos que, por fin, tendríamos la oportunidad de conseguir que la situación de las trabajadoras del sexo mejorase en nuestra ciudad. Pensábamos que podríamos dejar atrás años de desprecio por parte del anterior equipo de Gobierno.

 

Hetaira nunca ha tomado “partido”, ni hemos pedido el voto para ninguna formación política. Nuestra tarea ha consistido en informar sobre la situación real de las prostitutas en la ciudad y en el resto del país y en explicar qué queremos decir cuando hablamos de derechos o de la necesidad de descriminalizar el trabajo sexual. Por lo general, las formaciones políticas –de todo signo y color- nos han pedido reuniones previas a la redacción de sus programas electorales. En otros momentos, hemos sido nosotras quienes hemos solicitado reunirnos con partidos políticos concretos. Pero la realidad es que, a lo largo de nuestros 21 años de existencia, hemos coincidido, en no pocas ocasiones, con activistas de otras organizaciones que forman parte, en la actualidad, de Ahora Madrid.

 

La conformación de Ahora Madrid fue un proceso largo. Y se pidió a Hetaira que participase en diferentes reuniones para poder “repensar” qué hacer con la prostitución. Y allí estuvimos.

En las diferentes reuniones y espacios donde nos encontramos, las hetairas explicamos, por activa y por pasiva, cuáles pensábamos que podrían ser las mejores políticas municipales en materia de prostitución.

 

De todos aquellos procesos, salió una propuesta breve, pero clara, que se incorporó al programa electoral de Ahora Madrid.

 

El programa de Ahora Madrid recogía lo siguiente: “Desarrollar políticas a favor de los derechos de las prostitutas en colaboración con ellas, de forma que se garantice su integridad física, sus derechos ciudadanos, sus derechos de imagen, sus condiciones laborales y los recursos sociales necesarios para el abandono del ejercicio de la prostitución si así lo deciden”. [Programa electoral de Ahora Madrid, p.35]

 

El acuerdo PSOE-Ahora Madrid sabíams que no nos beneficiaría si la prostitución se convertía en moneda de cambio (como así parece estar ocurriendo); pero nunca pensamos que el equipo municipal de Ahora Madrid, más concretamente el Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, a cargo de Marta Higueras, se manifestara a favor de un modelo victimista y de criminalización del trabajo sexual y a favor de las políticas heredadas por Ana Botella, dándolas por válidas, sin ningún sentido crítico, sin revisar qué filosofía esconden estas políticas, sin evaluar las repercusiones que han tenido sobre las personas que ejercen la prostitución en la ciudad de Madrid. Y sin trabajar, codo con codo, con las afectadas.

.

Pensábamos que, por fin, podríamos mejorar las condiciones de trabajo (y por tanto de vida) de las prostitutas, sobre todo de aquellas que lo tienen más difícil: las prostitutas que captan a su clientela en la calle o de aquellas otras que, debido a las políticas de persecución y criminalización que se efectúan en la calle, deciden trabajar en pisos o clubs si poder negociar sus condiciones de trabajo.

 

Pensábamos que sería el momento de cerrar página, de esquivar el estigma que pesa sobre ellas. Por fin un Ayuntamiento que no gastase ingentes cantidades de dinero en actividades y en “supuestas” campañas de sensibilización que les venían haciendo un flaco favor a las prostitutas, ya que ahondaban en el estigma puta.

 

Pensábamos que sería el momento de negociar, por fin, espacios públicos donde las mujeres pudiesen trabajar sin molestar ni ser molestadas. No es económicamente imposible, tan sólo se necesita voluntad política para poner en marcha un proyecto piloto.

 

Pensábamos que sería el momento en que, por fin, las instituciones recibieran a las trabajadoras del sexo sin tener que soportar miradas de desprecio. Pero tampoco ha sido así, ni tan siquiera son reconocidas como lo que son: trabajadoras del sexo y se refieren a ellas como “prostituidas”.

Nunca nos recibió Manuela Carmena, algo que sí ha hecho con otros sectores sociales, con las trabajadoras domésticas organizadas, por ejemplo. Existen fotografías de ese encuentro y desde las redes sociales de Ahora Madrid se difundió por activa y por pasiva.

 

En la primera reunión de Hetaira con el equipo municipal, fuimos “redirigidas” a Marta Higueras. Tuvimos dicha reunión el 7 de septiembre de 2015, y no contó con ninguna foto “oficial”, ni se contó por las redes sociales, ni escuchamos una sola frase de compromiso en defensa de los derechos de las prostitutas. Tan sólo escuchamos en la despedida: “Ya os informaremos”; es decir, se nos cerraba la posibilidad de participación en las políticas públicas dirigidas a las prostitutas. Tras la reunión, expresamos nuestro malestar al equipo de Gobierno de Ahora Madrid.

 

Pero no desistimos, volvimos a solicitar una nueva reunión con Manuela Carmena -junto con nuestras compañeras de AFEMTRAS- en el mes de mayo de 2016; nos comunicaron que sería posible tras el verano. Estamos en diciembre y aún no hemos sido convocadas.

 

Pero volvamos al programa de Ahora Madrid: “Desarrollar políticas a favor de los derechos de las prostitutas en colaboración con ellas”. Tras aquella primera reunión, nunca más se ha vuelto a contar con las organizaciones pro derechos ni tampoco con las organizaciones propias de trabajadoras del sexo. La “colaboración” se cayó del programa.

 

Continuemos… “de forma que se garantice su integridad física, sus derechos ciudadanos, sus derechos de imagen, sus condiciones laborales”. Nada de esto ha ocurrido: no se ha hecho absolutamente nada para trabajar en la integridad física de quienes ejercen la prostitución, sobre todo de quienes captan a su clientela en la calle, en lugares apartados de los centros urbanos, que continúan abandonadas a su suerte y sufriendo, como novedad, las multas, a consecuencia de la ley mordaza.

 

Ni siquiera la denuncia de abusos policiales por parte de algunos miembros de la XI Brigada de la UCRIF hacia las prostitutas ha hecho reaccionar al equipo municipal, a pesar de que conocían estos hechos. Por eso el miércoles, día 14 de diciembre de 2016, convocamos a una cacerolada ante las puertas del Ayuntamiento de Madrid. Para volver a llamar la atención. Para que no se olviden de nuestra existencia y para que no miren hacia otro lado cuando denunciamos insultos (racistas, sexistas, tránsfobos), humillaciones y abuso de autoridad.

 

Tampoco reaccionó Purificación Causapié, concejala en el Ayuntamiento por el PSOE, con quién también nos reunimos el pasado 30 de junio de 2016. Porque, a pesar de conocer las ideas abolicionistas del PSOE, entendíamos que los abusos policiales que estaban teniendo lugar contra las prostitutas del Polígono de Villaverde debían estar por encima de sus ideas en torno al trabajo sexual. Pero no, no ha sido así.

 

Tampoco se han garantizado sus “derechos de ciudadanía”, a no ser que entendamos que la ley de seguridad ciudadana, la famosa ley mordaza, se haya empleado a gusto contra ellas. Podemos decir que por una vez se reconoce a las prostitutas como ciudadanas de pleno derecho, sí “ciudadanas multadas”.

 

Con respecto a sus “derechos de imagen” no solamente no se ha hecho nada sino que se ha perjudicado intencionadamente a algunas activistas-trabajadoras del sexo haciendo uso de sus imágenes, sin su consentimiento, en la famosa “guía de recursos para periodistas” [sobre la que volveré más tarde] titulada El abordaje de la prostitución y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

 

Sobre el garantizar sus “condiciones laborales” tampoco ha habido ni un solo cambio ni mejora. Las condiciones laborales continúan siendo paupérrimas y agravadas por la puesta en marcha de la ley mordaza.

 

Por último, decía el programa electoral de Ahora Madrid: “y los recursos sociales necesarios para el abandono del ejercicio de la prostitución si así lo deciden”.

 

Desde Hetaira siempre hemos puesto el foco de atención en exigir protección real para las víctimas de trata; derechos laborales y sociales para quienes deseen continuar ejerciendo y, por último, alternativas de empleo para quienes deseen, por los motivos que sea, abandonar el ejercicio de la prostitución.

 

Y aquí, sí, tenemos que decir que en éste último punto se ha hecho algo: se ha dado continuidad a algunos de los cursos puestos en marcha por Ana Botella. El Ayuntamiento de Madrid aprobó en 2015 un presupuesto de 72.000 euros y becó a 30 mujeres (600 euros mensuales por asistir a los cursos de formación, durante 4 meses). En 2016 el presupuesto ha sido de 76.500 euros y el número de becas 31. A falta de una evaluación concreta para conocer el éxito de la formación recibida y, si ésta es la más adecuada y demandada por las prostitutas, tan sólo contamos con la cifra que se ofrecía desde Concepción Arenal: 8 mujeres de 30 encontraron otra ocupación, todas en tareas de cocina y de camareras de piso.

 

Desde Hetaira entendemos que las becas han de ampliarse, es insuficiente fijar en 30/31 de forma anual. La cantidad de la beca no llega al salario mínimo interprofesional y es complicado pagar el alquiler, las facturas, la comida y el transporte en la ciudad de Madrid y llegar a fin de mes. Muchas mujeres siguen ejerciendo la prostitución al tiempo que estudian y el Ayuntamiento es conocedor de ello. Por otro lado, exigimos la diversidad de cursos ofertados, porque ofrecer trabajos precarizados y fuertemente feminizados no puede ser la única solución. Las trabajadoras del sexo cuentan con muchas otra habilidades y el abanico de posibilidades debería ampliarse: azafatas en eventos y congresos, recepcionistas de hotel… tienen don de gentes y algunas conocen varios idiomas.

 

La gestión de estos cursos y la “fase de inserción laboral” corre a cargo del proyecto Atención Víctimas Explotación Sexual Concepción Arenal, el mismo que puso en marcha Ana Botella y que continúa con su misma filosofía heredada. Porque este recurso deja bien claro quiénes son las personas beneficiarias del mismo: “Mujeres en situación de prostitución y/o víctimas de trata con fines de explotación sexual en el municipio de Madrid”. Ni siquiera nombra a las “prostitutas” ni a las “trabajadoras del sexo”. Quien quiera acudir al recurso, para empezar, ha de cambiar la propia forma de autonombrarse. En la información sobre dicho recurso, que aparece en la página web del Ayuntamiento de Madrid, se habla tan sólo de “mujeres víctimas de explotación sexual”. Nos preguntamos: “¿quiénes son las víctimas de explotación sexual?”

 

Recordamos que el delito de trata ya está reflejado en nuestro Código Penal, no así la “explotación sexual”.

 

“Explotación sexual” es un concepto muy discutible si nos atenemos a lo que plantea GAATW (Alianza Global contra la Trata de Mujeres): “No existe una definición internacional del término “explotación sexual”, con lo que cada país puede definir y abordar ésta como considere apropiado, teniendo así un gran margen de actuación”.

 

Lo que está sucediendo es que el término “explotación sexual” se utiliza como sinónimo de “prostitución” de forma intencionada para ahondar en la idea de que prostitución= “explotación sexual”.

 

Cuando se elaboró el Protocolo de Palermo, por el año 2000, la OIT ya recomendó eliminar este término y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, en junio de 1999, también recomendó suprimirlo para evitar las dificultades de implementación inherentemente asociadas a los términos vagos, imprecisos y emotivos (como ocurre con “explotación sexual”) cuando estos son utilizados refiriéndose a los adultos.

 

Si tal y como afirma la coordinadora del recurso Concepción Arenal: el 50% de mujeres que atienden son víctimas de redes. Nuestra pregunta es: ¿Por qué no lo denuncian ante las autoridades judiciales para que puedan recibir la protección adecuada y que se active el sistema judicial-policial para condenar a los “tratantes”?

 

Hemos tenido algunos otros encuentros y reuniones con miembros de Ahora Madrid. En concreto con Javier Barbero, delegado del Área de Salud, Seguridad y Emergencias, y con Guillermo Zapata, concejal presidente de los distritos de Fuencarral-El Pardo y Villaverde. En la reunión con Barbero, y en la que también estaba presente la Plataforma No Somos Delito, se habló de hacer una mesa de seguimiento de las vulneraciones de derechos de la ley mordaza. Hubo nota de prensa y foto, pero finalmente no se puso en marcha. Con Guillermo Zapata hemos mantenido varias reuniones tratando de conseguir una mesa en donde pudiéramos llegar a acuerdos entre comerciantes, vecindario y las mujeres que ejercen la prostitución en el Polígono de Villaverde; pero tampoco ha prosperado.

 

¿Qué otras cosas se han hecho desde el Ayuntamiento de Madrid en relación a las prostitutas, putas o trabajadoras del sexo?

 

  1. Publicidad ilícita

 

El 25 de noviembre de 2015, PP, PSOE, Ciudadanos y Ahora Madrid aprobaron en un pleno municipal considerar “publicidad ilícita” a los anuncios de prostitución que en ocasiones aparecen en los coches aparcados en las calles de Madrid, amparándose en la Ley General de Publicidad que considera “publicidad ilícita” los anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria: “Utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto”. No hay que estar muy “viva” para darse cuenta de casi el 90% de la publicidad vende sus productos a través de “cuerpos”, cuerpos jóvenes siempre, de mujeres y de hombres… Así que el PP incorporó lo siguiente: “Anuncios que muestren también al hombre ‘como una mercancía’.

 

El delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, señaló que la Policía Municipal no actuará de igual modo ante los anuncios de prostíbulos y los que realizan: “Mujeres que ejercen la prostitución por su cuenta y hacen ellas mismas las fotocopias”. Un apunte interesante por su parte y que agradecemos.

 

A fecha de hoy, no tenemos constancia de qué repercusión ha tenido esta medida sobre la publicidad que se exhibe en coches y mobiliario urbano. Desconocemos si se ha podido hacer alguna evaluación de la misma. Desconocemos si sirvió para algo. Además de para divagar sobre la publicidad.

 

  1. Guía de recursos para periodistas El abordaje de la prostitución y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

 

El día 23 de septiembre de 2016, fue declarado por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas (una coalición con una filosofía abiertamente abolicionista y que no tiene en cuenta la diversidad de situaciones entre quienes ejercen la prostitución), como Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Al margen de no entender esta asimilación de mujeres (es decir, personas adultas con capacidad de decisión sobre sus propias vidas) con “Niñas y niños” (menores a quienes hay que proteger). A pesar de que “tráfico” de personas significa una cosa y “trata” otra. A pesar de que no hay una única definición de “explotación sexual”; a pesar de todo ello, el Ayuntamiento de Madrid decidió que era el día perfecto para presentar en sociedad la guía de recursos para periodistas El abordaje de la prostitución y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

 

Se nos invitó a la presentación de la misma y allí estuvimos, sin entender nada de lo que estábamos escuchando. Oyendo más de lo de siempre, ninguneando a las trabajadoras del sexo, ninguneando sus necesidades, discriminándoles y estigmatizándoles como siempre se había venido haciendo desde la corporación municipal. El cambio no ha llegado para las trabajadoras del sexo.

 

Pero entre todas las opiniones las que más indignación nos causaron fueron las que vertió la alcaldesa, ya que no representaban para nada las diferentes sensibilidades que se dan dentro de su propio grupo municipal, a la par que barrenaba su propio programa electoral. Carmena esgrimió frases como ésta:”Es muy útil para conocer el acto de explotación individual que tantas mujeres sufren sólo porque un hombre ha decidido explotarlas” o ésta otra: “Hay que profundizar en las causas de la demanda de prostitución y utilizar el periodismo de datos para desmontar la hipocresía sistemática de esta sociedad”. Palabras-humo.

 

La guía propone, entre otras cosas, sustituir las palabras “prostituta” o “puta” por “mujer en situación de prostitución, víctima de trata o de explotación sexual o mujer prostituida”. También recomienda cambiar los términos al referirnos a los clientes. Sugiere llamarlos “puteros” o “demandantes de prostitución”. Es decir, que el Ayuntamiento impide que las trabajadoras del sexo se autonombren como deseen y les indica a los medios de comunicación cómo han de referirse a ellas (1). Es determinante, conocer cómo se autonombran los diferentes colectivos y no privarles de su capacidad de decisión como si necesitaran de tutela permanente.

 

Claro que cuando algo no se nombra, no existe, esto es lo que les ocurre con frecuencia a las prostitutas; podemos considerar “invisibilidad institucional” como discriminación. Confundir “trata” y “prostitución”, además de suponer un insulto a la inteligencia, y hacerlo de forma intencionada tiene consecuencias sobre las vidas de las prostitutas. Claro que es difícil pensar en las vidas de personas concretas, cuando son personas que ni conocemos ni deseamos conocer.

 

Otra perversión más, la guía -a pesar de no haber contado para su elaboración con activistas pro derechos ni con trabajadoras del sexo, ni con periodistas especializados en derechos humanos- cita a Hetaira (no sabemos si como forma de “contentar” o de que pareciera “plural”); cita a Hetaira para contradecir sus tesis y además nos cita mal, nos cita como “corriente pro reguladora” (pág. 28, 37 y 67), cuando jamás apostamos por la “regulación de la prostitución”, somos pro derechos (que es muy distinto). En la página 72, recomiendan a los periodistas que no recojan sólo la voz de las prostitutas cuando se manifiestan (a pesar de ser ellas las protagonistas), que hay que dar voz también a quien no se manifiesta ese día y está en contra de las prostitutas, vaya. Es como recomendar a los periodistas que en las manifestaciones por el derecho al aborto pasen el micrófono a las organizaciones pro vida.

 

En las últimas páginas de la guía aparecen fotografías de putas empoderadas, mujeres que han decidido dar la cara por todas sus compañeras. Y ahí están sus fotos y se les critica por no representar a todas las prostitutas, porque son de alto standing. Jamás pretendieron representar a “todas” las prostitutas. Las escorts lo que sí han hecho ha sido solidarizarse con quienes lo tienen más difícil. En el último mes ha surgido otra crítica: algunas mujeres de quienes están dando la cara no son “auténticas mujeres”, son “transexuales”. Por tanto, tampoco son representativas. El Área LGTB de Ahora Madrid tendría que tenerlo en cuenta.

 

En definitiva, la guía sirve para continuar estigmatizando a las prostitutas y servirá de poco o nada a los y las profesionales del periodismo.

 

Ante la crítica de dicha guía, por parte de asociaciones pro derechos y de asociaciones de prostitutas de Madrid y Barcelona, la única voz que escuchamos dando explicaciones fue la de Rita Maestre, portavoz del grupo municipal, quien muy brevemente explicó, tras la pregunta de un periodista, que se trataba de un tema “muy complejo” (esto no se le escapa a nadie, por cierto) y que no valen los “brochazos gordos”.

 

Estamos de acuerdo con ella en que el tema es complejo, muy complejo, pero no tanto para decidir no estar “con ninguna postura” (ni abolicionista ni pro derechos; ésta es una nueva moda, decid que una no se decanta por ninguna, como si esto sirviera para algo). Pero el equipo municipal no es que ante la complejidad haya decidido esperar, no, ante la complejidad ha decidido continuar aplicando políticas públicas que conllevan graves consecuencias sobre la vida de las mujeres que ejercen la prostitución, por ejemplo, profundizando en el estigma. Y declarar que no valen los “brochazos gordos”, aunque la guía para periodistas, no haya usado “pinceles finos” precisamente.

 

Problemas complejos nos rodean siempre y sin embargo, a pesar de la complejidad, tomamos partido, porque tomar partido es la única vía para buscar soluciones. Así el Ayuntamiento, a pesar de lo complejo del tema, decide, por ejemplo, involucrarse en la exigencia del cierre de los CIES. Podríamos dejar de debatir y apoyar a estas mujeres que esperan de nuestra respuesta y de nuestra solidaridad. ¿Debatimos mientras denuncian que son acusadas por determinados individuos de una unidad policial de la UCRIF? ¿Debatimos mientras les aplican la ley mordaza? ¿Debatimos mientras las deportan?

 

El día 28 de septiembre de 2016, publicaba el Huffington Post (2): “De momento, el Ayuntamiento de Madrid no ha respondido al comunicado de Hetaira y AFEMTRAS. “Nuestra idea es esperar, a ver si hay algún tipo de reacción para poder seguir consensuando. Si queremos una guía que sea práctica tanto para mujeres como para periodistas, esperemos poder retomarlo”, explicábamos. Pero estamos acabando el año y nuestra entrevista con Carmena continúa a la espera.

 

  1. Ordenanza de convivencia de consenso

 

Al día siguiente, el 29 de septiembre, la portavoz municipal Rita Maestre anuncia que se está trabajando en una ordenanza de convivencia de consenso: “La ordenanza va precedida de un periodo de diálogo previo para conocer la opinión de todos los actores”. Aún no hemos sido convocadas a ninguna reunión para poder dar a conocer nuestra opinión sobre el efecto pernicioso de las ordenanzas de convivencia impuestas en otras ciudades de nuestra geografía y que criminalizan y ahondan en el estigma puta.

 

  1. Jornadas en dependencias municipales

 

Por otro lado, y en este repaso que estamos haciendo sobre qué ha hecho el Ayuntamiento de Madrid en relación a la prostitución, han tenido lugar dos jornadas internacionales sobre prostitución y trata en diferentes dependencias municipales (en septiembre de 2015 y en septiembre de 2016), organizadas por la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres.

 

  1. II Plan contra la explotación sexual y la atención a la prostitución en la ciudad de Madrid

 

El II Plan contra la explotación sexual y la atención a la prostitución en la ciudad de Madrid se puso en marcha en enero de 2013 y finaliza ahora en diciembre de 2016. En su descripción dice que se elaboró teniendo en cuenta un enfoque “integral y transversal”. El plan incluye una evaluación con unos indicadores un tanto asombrosos.

 

Desde Hetaira exigimos una evaluación del plan para conocer su impacto sobre la población a la que va dirigida, en donde esta población pueda aportar su opinión. Pero entendemos que es difícil evaluar un plan con indicadores como los que incorpora. A modo de ejemplo: “Intensificar la presencia de la Policía Municipal y la Unidad Móvil “Concepción Arenal” en las cercanías de los centros educativos de la Colonia Marconi para dificultar el ejercicio de la prostitución durante los períodos de entrada y salida de los/as escolares y otros espacios de la Colonia Marconi. INDICADOR: nº de mujeres en situación de prostitución en la Colonia Marconi en horario de entrada y salida de los centros educativos”.

 

O éste otro: “Apoyar la instalación de empresas en el Polígono El Gato estableciendo un protocolo de actuación conjunta que garantice que se trata de un territorio libre de prostitución”.

Así que tal vez sea más eficaz que el Ayuntamiento actual tumbe el plan y se ponga a trabar en otro que realmente ponga por delante los derechos humanos y que cuente en la planificación y desarrollo de políticas públicas municipales que tengan en cuenta a las trabajadoras del sexo.

 

  1. Ley de Seguridad Ciudadana y el celo en su aplicación: denuncia de abusos policiales.

 

En julio de 2015, entró en vigor la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, de carácter estatal, más conocida como ley mordaza, que ofrece la misma receta para quienes ejercen la prostitución y captan su clientela en la calle: criminalización y multas. La innovación y las ideas críticas brillan por su ausencia. La Delegada de Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa dejó muy claros los objetivos de la intervención policial: “Controlar, erradicar y combatir la prostitución”. Con la ley mordaza se puso en marcha una potente maquinaria represiva contra las prostitutas.

El Ayuntamiento de Madrid dejó de tramitar las multas impuestas por la Policía Municipal y las enviaba a Delegación de Gobierno, para que resolviera. Probablemente las multas por el ejercicio de la prostitución hayan sido de las más numerosas, pero nunca se interesó el consistorio por conocer cómo estaban afectando a las prostitutas y si debía/podía intervenir de algún modo.

 

Más tarde, les hicimos llegar nuestro malestar por los abusos policiales y pusimos todos nuestros datos bajo su conocimiento, pero tampoco hubo respuesta.

 

Es la primera vez que realizamos una actividad las asociaciones que trabajamos por los derechos de las prostitutas en dependencias municipales.

 

Muchas gracias por su presentación a la concejala de Ahora Madrid del distrito de Arganzuela, Rommy Arce, por facilitar que la voz de las prostitutas se escuche.

 

  • (1) Como anécdota, la propia Marta Higueras, delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, asistía al I Congreso sobre Empleo de Hogar y Cuidados. Visibilizar para transformar y aplaudía una intervención en donde las trabajadoras del hogar/trabajadoras domésticas reivindicaban autonombrarse como mejor les parezca.

 

(2) “Dos asociaciones de prostitutas critican la guía periodística de Manuela Carmena”, de Carolina Abellán , 28/09/2016: http://www.huffingtonpost.es/2016/0…#

 

 

En Madrid se están violando los derechos humanos de las trabajadoras del sexo

 

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MANIFIESTO leído ante el Ayuntamiento de Madrid

 

Colectivo Hetaira·Viernes, 16 de diciembre de 2016

 

https://www.facebook.com/notes/colectivo-hetaira/manifiesto-14d-sinmordazas-le%C3%ADdo-ante-el-ayuntamiento-de-madrid/643486859145755

 

Hace más de un año que la Ley Mordaza entró en vigor. Una Ley que ha supuesto un gran recorte en derechos fundamentales y libertades para la ciudadanía en general. Pero también una Ley que se ha utilizado de forma encubierta para prohibir la prostitución en el espacio público; una herramienta para expulsar a las mujeres del Polígono de Villaverde sin contar con su opinión, sin ofrecerles una alternativa y sin preocuparse lo más mínimo por las consecuencias negativas que esto provoca en las trabajadoras del sexo.

 

“Desobediencia a la autoridad” es la fórmula que se le ocurrió al gobierno para penalizar a las mujeres por ejercer la prostitución, como si no fuera obvio que la única desobediencia es simplemente la de ser prostitutas. Se las multa por putas, no por cometer actos delictivos. Se las criminaliza y se potencia el estigma social. A su vez, crea un clima de inseguridad e indefensión en el Polígono y, por tanto, incrementa la vulnerabilidad ante cualquier tipo de violencia. Dicho y hecho. Algunos agentes del Grupo XI de la UCRIF, (paradójicamente, la misma unidad que investiga las redes de trata, que se encarga del control migratorio y la falsedad documental); esos mismos agentes han estado cometiendo abusos de poder contra las trabajadoras del sexo del Polígono de Villaverde. Hechos que hemos denunciado en diferentes administraciones públicas, mediante reuniones presenciales, informes por escrito y una rueda de prensa que tuvo lugar el pasado 29 de noviembre.

 

Hace más de 6 meses que Delegación de Gobierno tiene conocimiento de estos hechos. También lo saben representantes del Ayuntamiento de Madrid (representantes de Ahora Madrid y PSOE). A día de hoy, no hemos recibido ninguna respuesta contundente y los mencionados agentes del grupo XI de la UCRIF siguen patrullando el Polígono con total impunidad y aplicando la Ley Mordaza con toda su contundencia, como si las trabajadoras del sexo fueran un colectivo delictivo.

 

En AFEMTRAS y en el Colectivo Hetaira entendemos que esta inmovilidad y desinterés de las instituciones ante esta vulneración de derechos humanos es totalmente INADMISIBLE en un Estado de derecho. Están permitiendo que determinados agentes policiales del Grupo XI de la UCRIF cometan delitos de odio con la complicidad del Ayuntamiento de Madrid. Ayuntamiento que sabe lo que está ocurriendo en su municipio y no hace absolutamente nada, demostrando una línea continuista con las políticas del PP en materia de prostitución. Estas son las mismas políticas que llevaban a cabo Ruiz Gallardón y Ana Botella: las de cambiar los conflictos de sitio, sin solucionarlos; la política de mirar hacia otro lado. Las políticas de criminalizar a las mismas poblaciones vulnerables que en campaña electoral decían querer proteger.

 

Como parece que siguen perdidas en el complejo debate sobre prostitución y utilizan esa misma complejidad como excusa para no hacer nada, mientras siguen debatiendo y debatiendo. Y mientras tanto, a nosotras nos siguen acosando en las calles; mientras tanto, nosotras trabajamos de forma honrada en condiciones cada vez más precarias. Como hacen oídos sordos a nuestras reivindicaciones, por eso, estamos aquí, con nuestras cacerolas y silbatos para que se nos escuche bien alto. Manuela Carmena: llevamos más de un año pidiéndote audiencia para contarte de primera mano lo que sucede en Villaverde; para contarte los abusos policiales de los que somos diana en la ciudad en la que eres Alcaldesa.

 

-Exigimos una respuesta contundente de las instituciones contra los abusos policiales que estamos sufriendo en el polígono de Villaverde;

 

-exigimos (¡ooootra vez!) la derogación de la Ley Mordaza, que vulnera nuestros derechos como ciudadanas y como mujeres. Las trabajadoras del sexo No Somos Delito.

 

-hacemos un llamamiento al Ayuntamiento del cambio: queremos participar en el diseño de políticas a favor de la protección de los Derechos Humanos de las trabajadoras del sexo. El equipo de Manuela Carmena debería abandonar las políticas continuistas de Ruíz Gallardón y Ana Botella en materia de prostitución, tal y como estaba reflejado en el programa electoral de Ahora Madrid.

 

 

QUEREMOS UN ESPACIO SIN MORDAZAS: UN ESPACIO DONDE TRABAJAR SIN MOLESTAR NI SER MOLESTADAS.

 

UNA CIUDAD LIBRE DE VIOLENCIAS PARA TODAS

 

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Manuela Carmena, el Papa Francisco y la prostitución

El Vaticano organizó los días 21 y 22 de julio de 2015 un foro sobre el “Cambio climático y nuevas formas de esclavitud moderna”. Sobre ecologismo y prostitución debatieron Manuela Carmena, el Papa Francisco y el alcalde de Nueva York Bill de Blasio.

 

Clara Mallo

 

Madrid | @ClaraMallo

 

Martes 28 de julio de 2015

 

http://www.izquierdadiario.es/spip.php?page=movil-nota-3510&id_article=21121

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La cita estuvo organizada por Academia Pontificia Ciencias Sociales del Vaticano y por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En el foro intervinieron más de 70 participantes entre alcaldes y alcaldesas de todo el mundo como los de Nueva York, París, Bogotá, Buenos Aires, o Madrid y representantes de la ONU.

El objetivo del Papa Francisco es buscar aliados. Así en su discurso se dirigió a los más de 70 participantes con estas palabras: “La Santa Sede o tal país podrán hacer un buen discurso en la ONU, pero si no hay trabajo desde la periferia al centro, no tendrá efecto. Y ahí, en la periferia, es donde está el trabajo de los alcaldes”. Con ello Bergoglio cuenta poder influir en las decisiones de la Cumbre sobre el Clima que la ONU celebrará a finales de año.

Pero no solo el Papa pidió “conciencia ecológica” sino que el otro de los puntos del encuentro fue los “nuevos modos de esclavitud moderna”. Entre los diferentes temas, la prostitución fue uno de los debatidos en este foro vaticano.

Manuela Carmena sobre la prostitución: un tema a evitar

Manuela Carmena intervino en el foro sobre esta cuestión, centrándose en una reflexión sobre los motivos del “consumo de la prostitución”. “Si queremos evitar el terrible crimen de la esclavitud sexual, tenemos que reflexionar con sinceridad sobre las causas”, dijo la recientemente electa alcaldesa de Madrid, a la vez que señaló que “hay que entender la sexualidad desde la cultura de los cuidados“.

En el programa de Ahora Madrid presentado para las elecciones del 24M, la formación encabezada por Carmena propuso un proyecto piloto para el “reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras del sexo”, un tema en torno al que hay debates “eternos, que nunca concluyen”, según aseguró Carmena en su momento. La propuesta giraba en torno a la voluntad de “buscar algún tipo de estructura de apoyo muy grande para el sector que está en contra de la legalización y otra de ensayo de una cierta legalización y sobre todo de reconocimiento de derechos laborales de protección“, pero parecía no concretar en propuestas.

No obstante, por el momento Manuela y su equipo se han limitado a mantener el “Plan contra la Explotación Sexual” iniciado por la anterior alcaldía del PP en la anterior legislación, ya que como afirmó la portavoz del Ayuntamiento Rita Maestre (dirigente de Podemos), lo consideran “muy interesante”.

El plan impulsado por Botella y avalado por Carmena reza “erradicar la demanda de prostitución y prestar atención a las mujeres que la ejercen ofreciéndoles recursos y alternativas viables para el abandono de la prostitución”. Un plan que fue criticado por algunas asociaciones que trabajan con mujeres en situación de esclavitud sexual y que lo definían como un plan nefasto principalmente porque con él “las prostitutas han sufrido un mayor acoso policial”, como expresó Cristina Garaizabal, cofundadora de Hetaira, un colectivo que trabaja con mujeres en situación de explotación sexual.

La ingenuidad de Carmen y la frivolidad de Bergoglio

El intento de capitulación por parte del Vaticano de la lucha por los Derechos Humanos en el último periodo, ha hecho que algunos vean a esta como una nueva etapa de la Iglesia Católica. Pero el mismo Bergoglio que organiza un encuentro en el que debatir la explotación sexual hacia las mujeres es el autor de declaraciones que arremeten contra derechos básicos de las estas como el aborto, o en contra de la diversidad sexual, alegando que las personas LGTB “no reconocen el orden de la creación”.

En los últimos tiempos el Vaticano ha buscado mostrarse con un nuevo rostro. Para ello ha utilizado una serie de discursos sociales con declaraciones en los distintos foros de gestión capitalista. Sus declaraciones en el Parlamento Europeo sobre la recuperación de los “viejos valores”, la lucha contra el cambio climático en la ONU y las declaraciones en su última visita a algunos estados latinoamericanos donde expresó “ningún poder fáctico o constituido tiene derecho a privar a los países pobres del pleno ejercicio de su soberanía”, son ejemplo de ello.

Todo esto es parte de un discurso que busca lavarle la cara a la Iglesia, fuertemente desprestigiada por los casos de corrupción y abusos a menores que saltaron públicamente en los últimos años. Una Iglesia que durante años fue fiel impulsora de las políticas neo liberales y adoctrinó en base a los pilares de la familia y el patriarcado.

Este nuevo discurso de “buenas intenciones” genera unas falsas expectativas que parece han causado efecto en ciertos líderes de algunas formaciones que se reivindican herederas de los movimientos sociales. Los cuales han visto en el Papa un aliado para sus políticas de mejora social. Primero fue Pablo Iglesias que mostró en varias ocasiones su admiración y voluntad de acercamiento a Bergoglio, y ahora es Manuela Carmena que ve voluntad en las “buenas intenciones” de la Iglesia.

Resulta paradójico (y no menos cínico) que una institución como la Iglesia Católica que desde hace 2000 años niega a las mujeres sus derechos más básicos, como el derecho a decidir sobre la maternidad o sobre la orientación sexual de las personas, discuta sobre la libertad de las mujeres. La discusión sobre esta cuestión en el seno de la Santa Sede solo puede perpetuar y fortalecer la situación de opresión y explotación que sufren millones de mujeres en todo el mundo.

La Iglesia junto con los gestores locales de los negocios capitalistas y la ONU, son instituciones que sostienen el orden mundial capitalista y, como la Iglesia, apoyan las bases del sistema patriarcal que lleva a las mujeres a las peores situaciones humanas posibles como la esclavitud sexual, el feminicidio, y les niega derechos como la educación, la libre sexualidad y el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos.

Ni con un plan redactado por el PP, ni debatiendo con el Papa, puede abrirse camino para discutir sobre la cuestión de la explotación sexual. Solo un debate amplio independiente del Estado y de los intereses de la Iglesia podrá avanzar en temas como el de la esclavitud sexual y llevar a cabo medidas para comenzar a acabar con ello.

Pero terminar definitivamente con la opresión de género no será posible sin un movimiento fuerte de trabajadoras, jóvenes, estudiantes, precarias, inmigrantes, LGTBI, que, junto al conjunto de la clase obrera, entierre definitivamente al sistema capitalista que la sostiene.

 

Asociaciones de prostitutas denuncian que sufren “vejaciones” de algunos agentes en el polígono de Villaverde

Por EUROPA PRESS
MADRID| 29/11/2016

 

http://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/prostitucion/Asociaciones-prostitutas-denuncian-vejaciones-Villaverde_0_976403781.html

 

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Acusan a Delegación del Gobierno de “someterlas a un largo proceso de mentiras para hacer lo que anunció que no haría: perseguir, acosar y multar”

 

La Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo (AFEMTRAS) y el colectivo Hetaira ha denunciado este martes el “silencio y la complicidad de las instituciones” hacia los “abusos policiales y vejaciones” que aseguran estar sufriendo por parte de algunos agentes las prostitutas del polígono de Villaverde.

Critican casos de supuestos abusos de poder por parte de algunos agentes del grupo XI de la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) que operan en el polígono; la misma Unidad que se encarga de investigar los delitos de trata.

La portavoz de AFEMTRAS, Marcela, ha relatado que algunos policías “las hostigan a diario” en diferentes situaciones. “Nosotras, las prostitutas, somos juzgadas en muchas ocasiones por algunos agentes como ‘malas madres’. Nos cuestionan con frases como ‘qué dirán tus hijos’, porque la carga moral está presente en el momento en que nos extienden las multas”, critican.

Además, aseguran que las mujeres que “ya no les queda ningún lugar seguro” en el polígono. “Los agentes ordenan que nos situemos en ciertos lugares con la garantía de que allí no seremos multadas y después recibimos la multa igualmente. Nos mienten diciéndonos que han visto en su base de datos que no tenemos la documentación en regla y nos amenazan con no poder renovar la documentación. Nos vejan cuando nos rompen nuestros resguardos de documentos de identidad tirando los restos al suelo o nos tiran los documentos de identidad a los pies para que tengamos que recogerlos del suelo tras una identificación”, denuncian.

La asociaciones de meretrices detallan que muchas mujeres que han recibido frases como: “¡Vete a zorrear a tu país!”; “A España se viene a trabajar, no a putear” u “Os voy a llevar presas”. “Violan nuestra privacidad constantemente, nuestros datos personales son utilizados para rellenar el formulario de la multa de nuestros clientes, nos piden nuestros números de teléfono en identificaciones rutinarias”, continúa Marcela.

CRÍTICAS A LA ‘LEY MORDAZA’

La Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo y el colectivo Hetaira han achacado estos comportamientos a la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que “se está cebando especialmente con las trabajadoras del sexo que captan su clientela en el polígono de Villaverde, uno de los colectivos más castigados en la ciudad de Madrid”.

Hetaira considera la llamada ‘Ley Mordaza’ como “una forma encubierta de prohibir la prostitución en el espacio público, un instrumento para expulsar a las mujeres de la calle sin contar con su opinión, sin ofrecerles una alternativa y sin preocuparse lo más mínimo por las consecuencias negativas que provoca en las trabajadoras del sexo”.

“Esta ley se vendió como una herramienta de protección de las mujeres y prevención de la trata. Una fórmula muy hipócrita para justificar la criminalización con una supuesta preocupación por el bienestar y la protección de las mujeres cuando el efecto que provoca es totalmente opuesto”, ha sentenciado una de las portavoces de Hetaira, Elisa Arenas.

La asociación critica que la desobediencia a la autoridad es “la fórmula encubierta que se le ha ocurrido al Gobierno para penalizar a las mujeres por ejercer la prostitución, como si no fuera obvio que la única desobediencia es simplemente ser prostitutas”.

Por su parte, AFEMTRAS argumenta que “esta persecución no ayuda en nada en la lucha contra la trata, sino que la fomenta y que conlleva clandestinidad; y la clandestinidad lleva al abuso”. “Precariza más nuestra situación y nos expone a más peligros. Tenemos que escondernos más para realizar los servicios y tenemos menos capacidad de negociación del preservativo, de los servicios, del precio, porque estamos más pendientes de la Policía y su agresiva actuación que de nuestra seguridad en el trabajo”, explican en el comunicado.

Las meretrices de Marconi se sienten “las grandes ninguneadas del derecho, víctimas de una constante violencia institucional”. “La Policía debería preservar y garantizar nuestra integridad como al resto de la ciudadanía, ya que la prostitución no es un delito”, asegura Marcela.

CRÍTICAS A LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO Y AL AYUNTAMIENTO

Hetaira denuncia que hace más de 6 meses que Delegación de Gobierno DE Madrid tiene conocimiento de estos hechos y que también lo habían puesto en conocimiento del Ayuntamiento de Madrid (representantes de Ahora Madrid y PSOE). Pero que a día de hoy afirman que no han recibido ninguna respuesta institucional y los problemas siguen siendo los mismos.

“La Delegación de Gobierno nos ha sometido a un largo proceso de mentiras y manipulación informativa para finalmente hacer lo que anunció que no haría: perseguir, acosar y multar las trabajadoras del sexo”, aseveran.

Por todo ello, tanto AFEMTRAS como Hetaira han exigido la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana. “Las políticas públicas deberían ir dirigidas a garantizar los derechos de las trabajadoras del sexo, no a criminalizarlas a través de legislaciones punitivas de control más típicas de regímenes totalitarios que de un Estado de derecho”, han explicado.

También han reclamado una “respuesta contundente hacia los agentes que han cometido estos delitos” y al Ayuntamiento de Madrid que “deje de ignorar a las trabajadoras del sexo y se comprometa con los derechos humanos y facilite un proceso democrático de participación de todos los agentes que operan en el espacio público, vecindario, empresariado y trabajadoras del sexo”.

Por último, las asociaciones en defensa de las prostitutas han presentado una campaña que firman conjuntamente con la Plataforma No Somos Delito llamada ‘Un año de leyes mordaza: No hay malas mujeres. Solo hay malas leyes. Juntas contra el acoso policial”, un lema inspirado en campañas de otros colectivos de trabajadoras del sexo en todo el mundo.