A favor de la legalización de la prostitución voluntaria

Saben de sobra que la prostitución no va a desaparecer, porque siempre ha estado ahí y siempre estará

 

Por Guadalupe Sánchez

23 de marzo de 2021

https://www.vozpopuli.com/opinion/legalizacion-prostitucion.html

 

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo. Europa Press

 

El Gobierno de las feministas y de los feministos nos dice que necesitamos un cambio de paradigma para que el consentimiento de las mujeres esté en el centro. “Sólo sí es sí” y por eso deberá constar por escrito y firmado en duplicado ejemplar por todos los partícipes en el intercambio de prestaciones sexuales. Se aconseja añadir un anexo en el que se detallen los actos, posturas y movimientos a los que la dama consiente y la duración máxima y mínima del coito. El varón empresario deberá resaltar en negrita aquellas cláusulas que considere de difícil comprensión para la hembra consumidora de sus servicios orales y/o genitales.

Pero, ay, cómo cambian las cosas cuando el intercambio sexual no es a título lucrativo —o sea, gratis— sino oneroso y es la mujer la que asume por decisión propia el rol de empresaria. En estos casos, la voluntad del Gobierno ha de primar sobre la de la fémina. Ni cambio de paradigma, ni consentimiento expreso, ni puñetas.


Lo único que van a conseguir con esta ley es no tener que apartar su puritana mirada cada vez que se crucen en su camino con esas vulgares meretrices indignas y antidemocráticas


Ha anunciado la vicepresidenta Carmen Calvo una “legislación nacional abolicionista que prohíba la prostitución en toda España y que nos dignifique como democracia”. Ya no les basta con negar reconocimiento jurídico y, por lo tanto, protección, asistencia y cobertura a las que se dedican al negocio del sexo. Ahora también quieren relegarlas a la ilegalidad. Saben de sobra que la prostitución no va a desaparecer, porque siempre ha estado ahí y siempre estará: ¡por algo es conocida como el oficio más antiguo de mundo! Tanto es así que algunos de sus más fieles usuarios en privado eran y son quienes más reniegan de ella en público. Lo único que van a conseguir con esta ley es no tener que apartar su puritana mirada cada vez que se crucen en su camino con esas vulgares meretrices indignas y antidemocráticas.

¿Cristiano o progresista?

Confieso que no puedo evitar evocar al caudillo cuando escucho a Carmen Calvo —y a la cohorte a sueldo del Ministerio de Igualdad— argumentar contra la prostitución. Mediante decreto ley de 3 de marzo de 1956, el Generalísimo aprobó la abolición de los centros de tolerancia y otras medidas relativas a la prostitución. “La incontestable ilicitud de la prostitución ante la teología moral y ante el mismo derecho natural, ha de tener reflejo obligado en el ordenamiento positivo de una nación cristiana para la debida protección de la moral social y del respeto debido a la dignidad de la mujer”. Así arrancaba el preámbulo de la norma franquista. Si donde dice “cristiano” me ponen ustedes “progresista” ya le estarán adelantando a esta panda de pacatos del Ejecutivo una parte de la tarea legislativa. Seguro que también les valdrá el artículo primero, que rezaba: “Velando por la dignidad de la mujer y en interés de la moral social, se declara tráfico ilícito la prostitución”. ¡Carmen, atiende, que Franco era feminista y te adelantó buena parte de la faena!

Lo que está claro es que las mujeres nos debemos a fines más elevados, que en los cincuenta eran aquellos que nos imponía el dictador y ahora son los que nos marcan las ministras, los ministros y les ministres. El paternalismo feminista ha reemplazado al franquista.

La ideología no les deja ver que la explotación sexual no trae causa de la prostitución. Prohibir la segunda no solucionará la primera, sino al contrario, la agravará. Legalizar la prostitución no sólo redundaría en mejoras para aquéllas que se dedican al negocio del sexo voluntariamente, sino que también facilitaría erradicar el execrable crimen que es la trata de seres humanos. Pero sé que pido demasiado a quienes no han venido a trabajar sino a sacar a pasear eslóganes y pancartas.

 

Trabajadoras sexuales, feministas e ‘influencers’

Un grupo de mujeres brasileñas se gana la vida ejerciendo el trabajo sexual y contando en redes sociales sus experiencias, compartiendo desde consejos picantes hasta enseñanzas sobre finanzas

 

Por Joana Oliveira

SÃO PAULO – 20 de marzo de 2021

https://elpais.com/sociedad/2021-03-20/trabajadoras-sexuales-feministas-e-influencers.html

 

Patrícia Rosa, prostituta y activista feminista lee un libro de la escritora Gabriela Leite, fundadora del Movimiento de Prostitutas de Brasil.Mariana Bernardes / EL PAÍS

 

Se ganan la vida ejerciendo el trabajo sexual en Brasil y contando sus experiencias en las redes sociales, compartiendo desde consejos picantes hasta enseñanzas sobre educación financiera y, sobre todo, feminismo. Con miles (a veces millones) de seguidores, algunas prostitutas que se han convertido en influencers tratan de eliminar los numerosos estigmas de la prostitución. “Los hombres no quieren que hablemos abiertamente de la prostitución, porque estamos hablando de su vida paralela, de algo que hacen a escondidas”, dice Patrícia Rosa, una de estas mujeres, que lleva siete años ejerciendo el trabajo sexual y cuenta parte de su rutina en Instagram. Son actividades como la suya las que hacen posible la ilusión de la monogamia, bromea.

Bajo la interpretación del personaje Chica de Compañía Mentirosa, cuenta sus experiencias como sugar baby (acompañante sostenida por un hombre, normalmente mayor y más rico), lo que ella llama “prostitución tradicional”, pero plantea debates sobre la violencia contra las mujeres, la independencia económica femenina y los derechos que deberían tener las trabajadoras del sexo. Todo ello con un lenguaje simple y directo. “A veces la gente utiliza palabras muy rebuscadas para decir cosas sencillas. Nos convertimos en feministas en el momento en que cuestionamos la naturalización de la misoginia, no creo que necesitemos tener contacto con la filosofía feminista para ello”, aclara Patrícia Rosa, que participa en el Coletivo Puta da Vida.

Fotógrafa, artista y productora cultural, Patrícia comenzó a trabajar con el sexo por la dificultad de mantenerse económicamente. “Para ser una artista con cierta comodidad en Brasil hay que tener dinero”, dice. Se planteó entrar en la prostitución después de darse cuenta de que tenía valor para salir con desconocidos de la aplicación de citas Tinder. “Estas aplicaciones trajeron la popularización del sexo casual y, para mí, tienen la misma dinámica que el trabajo sexual, solo que de una forma menos protegida y no remunerada”.

Esta es una de las cosas que enseña a sus seguidores: el afecto, el cuidado y el placer que una mujer proporciona a un hombre es siempre un trabajo no remunerado. “Todo el mundo trabaja con su cuerpo. Una empleada de servicio doméstico, por ejemplo, trabaja con su cuerpo y gana mucho menos que una puta. Gracias a la prostitución empecé a entender todo el trabajo no remunerado que hacen las mujeres, como cuando se follan a sus novios y maridos gratis y sin disfrutarlo”.

Patrícia dice que la mayoría de las mujeres ven la prostitución en un lugar oscuro porque se les enseña que “ser una puta es lo peor” que puede ser una mujer. “Pero cuando se llega al subempleo, creo que la prostitución es una opción. Y, especialmente para las mujeres pobres, el trabajo sexual es una posibilidad de ascenso social”, afirma.

Patrícia Rosa, trabajadora sexual y activista feminista.Mariana Bernardes

Ese fue el caso de Mara Vale. Tras ver recortadas las dos becas que pagaban su carrera de filología inglesa, decidió abandonar el Estado de Bahía para ir a São Paulo y convertirse en prostituta. Antes, incluso vendía helados para mantenerse, pero solo ganaba 300 o 400 reales al mes (unos 75 dólares). “Si pagaba el alquiler, no comía”, recuerda. Al principio, trató de ser una sugar baby, pero gracias a la orientación de una amiga, decidió hacer su primer programa en Twitter. “Veía series y documentales sobre la prostitución, buscaba cosas para leer, pero había poco contenido al respecto”, dice c, que ahora gana entre 3.000 y 5.000 reales al mes (entre 550 y 900 dólares).

Cuando se dio cuenta de lo difícil que era encontrar material sobre la prostitución, creó un canal en YouTube, que alcanzó 15 millones de visitas y 183.000 suscriptores, para enseñar a otras mujeres cómo iniciarse en el mundo del trabajo sexual. Allí y en Instagram relata las experiencias más destacadas con sus clientes, da consejos sobre sexo oral y organización financiera, enseña a hacer programas por anuncio y advierte a las mujeres sobre las estafas más comunes de los clientes.

En los vídeos más íntimos, habla de cómo lidia con su depresión y responde a las críticas de quienes dicen que “ser una puta es el camino más fácil”. “Renuncié a mi sueño de ser profesora de inglés porque me moría de hambre. No me arrepiento de haberme abierto de piernas y de haber cobrado por ello”, dice. Vale también cuenta que el autoestima y el respeto por una misma cambian cuando una mujer empieza a cobrar por el sexo. “He tenido relaciones con hombres que no se preocupaban por mí. Ahora los chicos me tratan como una reina, me siento más valorada. No pretendo dar glamur a la prostitución, pero trabajo a la hora que quiero, sirvo a quien quiero y amueblo mi casa pagando todo en efectivo”.

Mara Vale no interpreta un personaje: aparece con la cara limpia y en pijama en muchos de sus videos. Patrícia Rosa, en cambio, encarna “la típica Bruna Surfistinha, la chica de clase media, chica de compañía” que hace trabajo sexual porque quiere, no porque lo necesita. “Es una especie de autopreservación. Cuando creen que estás ahí porque lo necesitas, piensan que vas a aceptar cualquier cosa”, explica. La mujer explica que no se priva de publicar fotos en redes con su familia y amigos. “Tenemos que mostrar que las putas también son personas, tienen vidas, tienen familias, se divierten”. En este proceso de normalización, ella misma empezó a contar a algunos miembros de su familia cuál es su sustento de vida. Cuando salen con hombres y mujeres más allá de su profesión, las prostitutas escuchadas en este reportaje no ocultan con qué trabajan, pero, siempre que es posible, prefieren dejar el romanticismo fuera de estas relaciones.

Quien también expone su vida personal y profesional en las redes es Lays Peace, una prostituta de 21 años que se hizo famosa durante la pandemia, alcanzando casi dos millones de seguidores en Instagram. Comparte desde momentos con su madre hasta informes de reuniones con clientes. En un vídeo, aparece besando a su novio, en otro corre detrás de un hombre que se negó a pagarle. En sus señales en directo, enseña a hacer cosas como la inversión —cuando la mujer penetra al hombre—. “Ayuda a otras mujeres a convertirse en prostitutas de lujo. ¿En qué otro momento del mundo una prostituta sería una influencer? Incluso hasta la visión de lo que es ser una puta, de lo que es ser una mujer empoderada de su sexo, está cambiando”, celebra Patrícia. Y Lays no oculta cuánto cobra. El pasado 17 de febrero, por ejemplo, anunció una “promoción” de sus servicios: 3.000 reales por una cena con ella, más una cita de una hora.

Al reivindicarse como prostitutas feministas, contradicen la corriente del movimiento por los derechos de la mujer que cree que la prostitución debe ser abolida, ya que la considera una “violación pagada”. Estas activistas entienden que la relación sexual, en la prostitución, implica necesariamente la violación de la persona que la ejerce, ya que el consentimiento se obtendría a través del dinero. Es el caso de QG Feminista, un grupo de mujeres de entre 18 y 45 años, de los más diversos ámbitos, que están a favor de la abolición del trabajo sexual porque entienden que, además de perpetuar el poder de los hombres, el “comercio sexual depende tanto del racismo como del colonialismo para explotar a mujeres y niñas de todo el mundo”.

La explotación sexual infantil es precisamente otro argumento utilizado por las abolicionistas. En este sentido, Patrícia Rosa es tajante: “La prostitución es diferente de la explotación sexual infantil. Los niños no trabajan y punto, en ningún contexto. La prostitución es un trabajo elegido por las mujeres adultas. La reglamentación del trabajo sexual ayudaría incluso a proteger a los niños”, afirma.

Sobre la supuesta incoherencia de ser “puta y feminista” —otro argumento utilizado por las abolicionistas, casi siempre en tono acusador—, Monique Prada, prostituta, autora del libro Putafeminista (Ed. Veneta, 2018) y una de las fundadoras de la Central Única de Trabajadoras Sexuales, que lucha por los derechos de la categoría profesional, dice que “aislar a las trabajadoras sexuales del feminismo es como condenarlas a la violencia e impedirles luchar por cambios esenciales en su entorno”. “Algunas corrientes feministas aíslan a las trabajadoras del sexo por puro moralismo, al igual que las iglesias”, añade.

“La prostitución incomoda a la sociedad porque se trata de una mujer dueña de su sexualidad que decide venderla. ¿Por qué a las feministas blancas les molesta más esto que la explotación a la que están sometidas sus empleadas de servicio doméstico negras?”, agrega Patrícia.

Las putativistas argumentan que la reglamentación del trabajo sexual protegerá a las mujeres de la violencia, facilitará la fiscalización y la lucha contra la explotación infantil, y permitirá organizar el precio de este trabajo. Para Patrícia, los casos de mayor violencia que se producen en su oficio es cuando un cliente se niega a pagar y cuando intentan mantener relaciones sexuales sin preservativo. Una vez se enfadó cuando un cliente le envió en broma el vídeo de un marido que estrangulaba a su mujer cuando se enteraba de que ella hacía programas de Youtube con otros hombres. “Lo sentí como una amenaza. Después de eso, lo bloqueé de mi vida”. Sin embargo, afirma que la violencia no puede utilizarse para estigmatizar el trabajo sexual. “Todas las mujeres sufren acoso en el trabajo. Ya no siento miedo por ser prostituta, he sufrido más violencia fuera del trabajo sexual que en la prostitución”, aclara.

Patrícia y Monique afirman que las redes sociales y la popularización de plataformas como Only Fans han facilitado el intercambio de información, incluida la económica, y las experiencias de autoprotección entre las prostitutas. “De todos los trabajos que he hecho, solo con la prostitución aprendí cuánto vale mi tiempo. E internet ayudó a fijar los precios, porque hablamos entre nosotras”, cuenta Patrícia. Como no todas las trabajadoras sexuales tienen acceso a internet o saben utilizar las redes sociales, la Articulación de Prostitutas de Brasil ha ofrecido cursos sobre herramientas digitales.

 

Lo que nos dice el acto de feminicidio de Atlanta sobre los hombres y las trabajadoras sexuales

¿Cuál es la respuesta? Parece fácil, pero no lo es

 

 Victoria Gagliardo-Silver@victoriaxsilver

viernes 19 marzo 2021

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https://www.independentespanol.com/opinion/atlanta-georgia-spa-tiroteos-robert-aaron-long-trabajadoras-sexuales-b1819403.html

 

Ataques mortales contra tres salones de masajes asiáticos en Atlanta, EE.UU.
(Atlanta Journal-Constitution)

 

Otro día en Estados Unidos, otras ocho vidas perdidas por el cáncer de la supremacía blanca y la misoginia.

El tiroteo en Georgia del martes por la noche fue la culminación de la xenofobia, el sexismo y la putofobia: el presunto tirador, Robert Allen Long, eligió los negocios de masajes asiáticos por una razón. Según la policía, mató a estas mujeres específicamente para eliminar su tentación sexual individual, disparando a las supuestas trabajadoras sexuales en un “ataque a la industria del porno“. Por mucho que se trate de un acto de violencia contra los asiáticos, es un acto de violencia contra el trabajo sexual y un acto de feminicidio.

No puedo decirte cuántos chistes he escuchado que convierten a una trabajadora sexual muerta en un chiste. Las mujeres trabajadoras del sexo a menudo se enfrentan a la violencia a manos de los hombres, tanto en línea como en tiempo real, que no se denuncia porque carecemos del apoyo de los sistemas que nos criminalizan. Las trabajadoras sexuales tienen entre un 45 y un 75 por ciento de probabilidades de ser agredidas en el trabajo, y las trabajadoras sexuales transgénero y migrantes y las trabajadoras sexuales de color tienen una mayor probabilidad de sufrir daños. Al mismo tiempo, no podemos recurrir a la policía en peligro cuando la estructura misma de nuestro trabajo es ilegal. Somos gente común: vuestras maestras, enfermeras, maquilladoras, madres. He trabajado en las Naciones Unidas y en salas de redacción galardonadas, pero la respetabilidad no evitará que un cliente me haga daño o que los hombres me acosen en Internet.

En este caso, no importa intrínsecamente si las trabajadoras del masaje eran trabajadoras sexuales o no. Sigue siendo que fueron el objetivo de alguien que las vio como trabajadoras sexuales.

La industria del sexo y, a su vez, las trabajadoras sexuales se encuentran en una extraña intersección de legalidad y moralidad. Algunas formas de trabajo sexual pueden ser técnicamente legales con ciertas estipulaciones, pero todas las trabajadoras sexuales enfrentan un cierto tipo de estigma por el trabajo que realizan, y todas caemos bajo el paraguas del trabajo sexual. Ponerse en contacto directamente con la policía no sólo pone a las trabajadoras sexuales en riesgo individual de ser arrestadas, sino que los estudios han demostrado que la policía a menudo discrimina y se niega a ayudar a las trabajadoras sexuales de la calle, incluidas las que han sido violadas. Además, el 27 por ciento de las mujeres en un estudio informó que la policía había propagado la violencia contra ellas.

La solución parece fácil, ¿verdad? Con el aumento de la pornografía directa al consumidor y los sitios de fans y en medio de los cierres pandémicos, parece que ingresar a un sitio como Onlyfans sería una forma bastante fácil de ganar dinero seguro, y el trabajo sexual callejero y de servicio completo disminuiría. al borde del camino. Sin embargo, esa no es la historia completa. Los creadores de contenido migrantes no pueden acceder a dichas plataformas porque, como creador, necesita una cuenta bancaria para adjuntarla a casi todas. Si alguien necesita dinero para alimentar a sus hijos ese día, Onlyfans tiene un período de procesamiento. Y con el artículo reciente de Nicholas Kristof que llevó a MasterCard y Visa a negarse a trabajar con Pornhub, muchos artistas porno independientes están luchando por encontrar una nueva forma de obtener los ingresos que necesitan para sobrevivir.

Una trabajadora sexual promedio no gana decenas de miles de dólares, sino que trabaja para pagar su comida y alojamiento. Sólo requiere $1.000 al mes para estar entre el 10 por ciento superior de los artistas de Onlyfans. Es lógico que la mayoría gane muy por debajo del salario mínimo.

La pornografía no es el problema, per se, sino el hecho de que nuestra sociedad prospera con la explotación del trabajo de las mujeres, tanto sexual como emocional. El verdadero problema, como de costumbre, es el patriarcado.

Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo protegemos a las trabajadoras sexuales en una nación que devalúa activamente el trabajo sexual y el trabajo de las mujeres, hasta el punto de la violencia? La despenalización del comercio sexual es la única opción.

Valentina Fox , una dominatrix con sede en Nueva York, dice: “La despenalización es el primer paso para humanizar a las trabajadoras sexuales para el público en general. Las trabajadoras sexuales también tienen esperanzas y sueños. Las mujeres que fueron asesinadas tenían esperanzas y sueños; eran personas completas y complejas con familias asesinadas por ser (percibidas como) trabajadoras sexuales. Es peligroso que estemos agrupadas con perpetradores violentos de delitos a los ojos del público. Conduce al odio y a los malentendidos”.

Nuestro sistema legal fusiona el trabajo sexual consensuado con la trata sexual, lo que perjudica tanto a las víctimas de la trata como a las trabajadoras sexuales consensuales. Con la despenalización del comercio sexual, que es recomendada por la Organización Mundial de la Salud como práctica de salud pública, más ingresos de los departamentos de policía podrían dirigirse a las víctimas reales de la trata, y las trabajadoras sexuales podrían recibir servicios de la policía y las organizaciones gubernamentales de salud sin miedo a perder ingresos o ser denunciadas como objeto de trata.

La despenalización también viene con los beneficios de seguridad adicionales que existían antes de que FOSTA-SESTA expulsara a las trabajadoras sexuales de la esfera digital: tableros de selección de clientes y proveedores donde los clientes inseguros pueden ser incluidos en listas negras, foros publicitarios, soporte en línea y en tiempo real, y servicios de salida de la industria. Esto no previene intrínsecamente atrocidades como la de Georgia, pero las trabajadoras sexuales merecen el derecho de investigar el historial de sus clientes para asegurarse de que se respetarán sus límites. En otras palabras, merecen la oportunidad de hacerse cargo de su propia seguridad. Eso debería haber sido siempre lo mínimo.

 

Ya te han llamado puta

Algunas de las medidas propuestas en el Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual refuerzan los mandatos patriarcales de la sexualidad femenina

 

Por Projecte X

11 de marzo de 2021

https://www.elsaltodiario.com/palabras-en-movimiento/ya-te-han-llamado-puta-

 

Las trabajadoras del sexo se encuentran en el extremo más estigmatizado de las infractoras sexuales y es por ello que cualquier conducta transgresora por parte de las mujeres o personas identificadas como tal puede suscitar el “estigma de puta”. Defender el acceso a derechos laborales para las trabajadoras sexuales es una cuestión de justicia básica y primordial para favorecer la ampliación de los marcos de decisión y la capacidad de negociación de un colectivo fuertemente vulnerado. Pero también es imprescindible para acabar con el estigma asociado a la prostitución que afecta a todas las mujeres. Los mandatos de la feminidad en cuanto a la sexualidad implican la represión del deseo y la construcción de una identidad sexual frágil, infantilizada e inapetente. Vulnerar estos mandatos te expone al estigma de puta y a la violencia sexual, castigo privilegiado para las incumplidoras. Además, las normativas sexuales establecen los límites de la corrección sexual pero también favorecen los intereses capitalistas al convertir a las mujeres en guardianas de los valores asociados a la familia. Así se constriñen los deseos que puedan resultar desestabilizantes para la disciplina necesaria que garantiza la continuidad del status quo.

Desde esta visión, nos resultan muy cuestionables algunas de las medidas propuestas en el Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, el cual no hace más que reforzar los mandatos patriarcales de la sexualidad femenina que están en la base de las violencias que dice pretender combatir. El texto contribuye a la clásica idea de que la sexualidad de las mujeres es algo sagrado y a la consabida idea del temor femenino a la sexualidad irrefrenable de los hombres, proceso que nos aboca a la exigencia de un deseo suave y emotivo garantizado por la protección estatal.

La modificación del delito de proxenetismo coactivo o la incorporación como delito de la tercería locativa, que niega la capacidad de decisión de las trabajadoras del sexo, al dar por hecho que encontrarse en una situación de dependencia o subordinación te convierte en alguien que no sabe lo que quiere, son buena muestra de ello. Con estas medidas, no solo se empeoran las condiciones de trabajo en el marco de la prostitución, sino que se dan por buenos y legítimos los abusos laborales y la explotación de otros sectores económicos regulados.


Los mandatos de la feminidad en cuanto a la sexualidad implican la represión del deseo y la construcción de una identidad sexual frágil, infantilizada e inapetente.


De la misma forma, la definición de consentimiento que realiza el Anteproyecto, según la cual será considerado como agresión sexual cualquier acto sexual no consentido explícitamente, incide también en esta visión sacralizada de la sexualidad femenina. Esta forma de expresar la noción de consentimiento es la plasmación jurídica del lema feminista “solo sí es sí” mediante el cual se desplaza la necesidad de articular una respuesta negativa, porque solo cuando se afirma la voluntad es un acto consentido. De nuevo, la mencionada propuesta de ley incide en los mandatos de la feminidad patriarcal, en este caso, partiendo de la base de que la frágil identidad femenina no está capacitada para articular una negativa, establecer un límite sexual o, menos aún, ser quien se lo salte. Además, la idea de que las mujeres deben decir que sí para que se presuma su consentimiento es profundamente problemática en cuanto al empoderamiento sexual femenino. Niega la posibilidad de experimentar y explorar el deseo, elemento indispensable para combatir las atribuciones normativas según las cuales, para las mujeres, el sexo es algo secundario al no poder enfrentarse a un espacio necesariamente plagado de contradicción, conflicto y riesgo.


Las mujeres trans, racializadas, de clases trabajadoras, luchadoras, infractoras sexuales y, por supuesto, las trabajadoras del sexo están más expuestas al estigma de puta, pero la lucha contra éste es un interés colectivo.


El Anteproyecto de ley contribuye con todo ello al punitivismo, no solo porque amplia la horquilla de conductas que pueden ser consideradas como delito, sino también porque construye subjetividades femeninas victimizadas, frágiles y susceptibles, imprescindibles para justificar la existencia de un estado protector y castigador ante la indefensión sexual de las mujeres.

Reforzar la sacralización, la fragilidad y la victimización de las mujeres perjudica a las víctimas de violencias ya que les aporta relatos catastrofistas y de indefensión ante los ataques. Los relatos disponibles para interpretar su experiencia, entendiendo además como violencia conductas muy leves, se homogeneizan y se establecen como normativos, con los efectos de exclusión y castigo que esto tiene hacia las víctimas “incorrectas”. Ya te han llamado puta y volverán a hacerlo.


Renunciamos a nuestra reputación sexual: al fin y al cabo, ya nos han llamado “puta” y volverán a hacerlo


Las mujeres trans, racializadas, de clases trabajadoras, luchadoras, infractoras sexuales y, por supuesto, las trabajadoras del sexo están más expuestas al estigma de puta, pero la lucha contra este es un interés colectivo. La institucionalización del feminismo y la hegemonía de un feminismo puritano y castigador han supuesto el abandono de las luchas contra las condiciones que favorecen la estigmatización, la negación de derechos y la violencia contra las mujeres y personas disidentes en cuanto al género.

Por todo ello, entendemos que es necesario luchar juntxs por objetivos políticos comunes que doten de libertades, recursos y derechos a todxs con la finalidad de ampliar la capacidad de negociación y la potencia de los colectivos más vulnerados. Esto no se consigue reforzando la putofobia que se encuentra en la base de muchas violencias, sino luchando por reforzar nuestras comunidades, obteniendo recursos y renunciando a la reputación sexual que nos garantiza una ley punitiva y conservadora.

En Proyecto X renunciamos a nuestra reputación sexual: al fin y al cabo, ya nos han llamado “puta” y volverán a hacerlo.

 

#YATEHANLLAMADOPUTA

 

Trabajadoras sexuales, entre la violencia y la discriminación

 

Autor: Jordana Gonzalez y Karen Ballesteros

25 de febrero de 2021

Trabajadoras sexuales, entre la violencia y la discriminación

 

Violentadas por clientes, hoteleros, policías y hasta por algunos medios de comunicación, en plena pandemia las trabajadoras sexuales se han duplicado. Entre la discriminación y la trata, quienes intentan ejercer esa labor de forma independiente se enfrentan al estigma y al sistema que aún penaliza la prostitución

 

Extorsiones constantes –para no detenerlas “por putas”– son las violencias menos graves que padecen las trabajadoras sexuales a manos de policías; las peores: violaciones sexuales tumultuarias –incluso a bordo de patrullas–, denuncia una de las refugiadas de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, quien ejerce esa labor desde hace 32 años.

“Si yo le gustaba a los policías, tenían sexo conmigo en contra de mi voluntad. Eso era una violación porque yo no quería”. Su experiencia más dura ocurrió una noche que estaba drogada: 12 granaderos abusaron sexualmente de ella. Aunque trató de esconderse y defenderse, los agentes continuaban aprovechándose de su cuerpo. “Yo no quería. A las 2 o 3 de la mañana me dejaron en la Lagunilla llena de semen, adolorida”.

Más de una vez pensó que no valía nada. Ahora, a sus 53 años, la mujer narra a Contralínea que desde que decidió dedicarse al servicio sexual en las calles del Centro Histórico, las violencias fueron una constante no sólo por parte de la policía, sino también de la sociedad, los clientes y hasta su familia.

Entrevistada en las oficinas de la Brigada Callejera, recuerda que en el pasado había operativos contra la prostitución: “pasaba hasta dos días en El Torito. Nos quitaban nuestro dinero y nos daban de comer, pero era una comida asquerosa”.

De acuerdo con la Encuesta trabajo sexual derechos y no discriminación, en 2020 el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) analizó tres casos de discriminación contra trabajadores sexuales presuntamente ejercida por autoridades. Aunado a ello, en 2019 la Brigada Callejera presentó 75 denuncias contra elementos de la policía por distintos tipos de violencia, indica Elvira Madrid Romero, presidenta de esa organización.

Es por ello que la búsqueda del reconocimiento del trabajo sexual está estrechamente ligada a la lucha por la despenalización del mismo. Y ello se logró en la Ciudad de México en junio de 2019, gracias a la reforma del artículo 27 de la Ley de Cultura Cívica, con la que se eliminó la sanción que se les imponía a quienes realizaban y adquirían este servicio.

Un año después y en plena pandemia de Covid-19, en la capital el número de mujeres –incluidas transgénero– que tiene que vender su cuerpo para sobrevivir se duplicó: pasaron de 7 mil 700 a 15 mil 200, estima la organización Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez.

Aunque despenalizado, el oficio sigue enfrentando problemas porque todo se generaliza como “prostitución”, no se reconocen las diferencias entre el trabajo libre e independiente y la trata de personas, consideran activistas y trabajadoras sexuales consultadas por este semanario.

Consideran que aún falta una revolución a nivel social y político, para que el trabajo sexual sea cubierto con los derechos laborales que se establecen por ley. En su lugar, las mujeres que se emplean en este sector de manera autónoma están desprotegidas.

Las otras violencias

La presidenta de la Brigada Callejera, Elvira Madrid, denuncia que sujetos desconocidos también violentan a las trabajadoras sexuales. Las agresiones físicas han incluido ataques con balas de gotcha, lo que las puede dejar ciegas, y con ácido. E incluso intentos de atropellamientos: los automovilistas les “echan los carros”.

Otra de las violencias que sufren es la cometida por los clientes, asegura la trabajadora sexual de 53 años que pide no publicar su nombre para no ser revictimizada. Ella comenzó a laborar en ese oficio –a sus 16 años– y aprendió que no se puede confiar, pues algunos no pagan y otros son violentos.

En entrevista, Adriana Aguilera Marquina, secretaria técnica en el Copred, explica que también los hoteleros son agresores: “muchas veces les quieren cobrar más para poder ejercer el trabajo sexual en algunas de las habitaciones o no las dejan entrar”. En 2020, el Consejo analizó tres quejas contra hoteles por abusos de este tipo.

Al respecto, y en el contexto de la pandemia, la abogada Arlen Palestina –‘miembro de la Brigada Callejera– asegura que las violencias han aumentado por parte de los dueños de hoteles y moteles, ya que han subido los precios. Incluso cobran por cada 20 minutos y no por hora.

Además, señala la experta en derecho, les rentan habitaciones sin limpiar y no respetan las normas de sanidad, pues no les dan gel antibacterial, no sanitizan los espacios, ni cambian las sábanas luego del uso de las habitaciones

Malos tratos y machismo

La psicóloga Alejandra Buggs Lomelí, directora del Centro de Salud Mental y Género de México, señala que no debería existir esa mirada represora de la sociedad que dice tener una gran “moral”. “No debe haber nadie que tenga el derecho ni de castigar, ni de lastimar a una mujer que haya decidido ejercer este derecho. Es otro tema cuando la mujer ha sido obligada a ejercerlo”.

Los clientes no son los únicos que ejercen violencia, también lo hacen desconocidos que transitan por las calles donde ellas trabajan. “No respetan nuestra vida. A veces pasan camionetas con vidrios polarizados filmando. Y eso no debe ser. Todas corren: qué necesidad tenemos de estar corriendo y escondiéndonos de las cámaras. Te suben a internet […]. Lo que más me choca es que somos exhibidas sin respeto en las redes y en los medios de comunicación. Somos trabajadoras no asalariadas: no somos prostitutas”, comenta la mujer de 53 años que pide el anonimato.

Recuerda una ocasión en la que su familia vio una entrevista que ella dio a Brigada Callejera sobre su labor: “se hizo un chisme en el pueblo porque decían que ‘andaba de puta’. Qué hipócritas. Pero ahora ya me vale lo que piensen”.

Los comentarios que estigmatizan siempre están presentes. Rememora que cuando era más joven, la gente le comentaba que podía encontrar otro tipo de trabajo: “no hay necesidad de vender las nalgas”, me decían, pero “a ellos qué les importa. Es mi gusto, son mis nalgas, es mi cuerpo”. También le expresaban que mejor buscara un “trabajo decente, digno”. “Yo me siento decente en mi trabajo. En un empleo ‘quesque’ digno, donde pagan un salario cada 15 días, no me alcanza. No es suficiente”.

De acuerdo con la Encuesta realizada por el Copred, las trabajadoras ganaron entre 1 mil y 3 mil pesos semanales en 2019. El 81.6 por ciento de las consultadas dijo emplear sus ingresos para la cobertura de sus gastos, lo que refleja que el ejercicio de esta labor se debe a la necesidad económica.

Y es que el 65.9 por ciento (147) de los encuestados respondió que es su principal fuente de ingresos; por necesidad, el 34.1 por ciento (76), la tercera razón es el horario flexible, 26 por ciento (58).

Sin seguridad social

El nulo o poco reconocimiento que existe por parte del Estado hacia el trabajo sexual ocasiona que las mujeres laboren en condiciones precarias, ya que además de estar expuestas a enfermedades de transmisión sexual, ahora también se enfrentan a la Covid-19. Pese a los riesgos, no cuentan con servicios de salud.

Don Anahí, una joven de 29 años que ejerce el trabajo sexual en el ciberespacio compartiendo contenido y contactando clientes–, no cuenta con seguro médico. “Siempre voy a servicios particulares y si no trabajo y me enfermo cómo pagaré los servicios privados. Si no trabajo, no tengo dinero. Además de que en la generación millennial, a la que pertenezco, existe poca capacidad de ahorro”.

La joven agrega: “llevo chambeando muchos años y más o menos puedo llevármela, pero hace 8 o 10 años, cuando me enfermaba y no tenía varo pensaba qué hacer. En ese entonces descuidé aspectos de mi salud, sobre todo de mi nutrición”.

Como no se reconoce como trabajo, para quienes lo ejercen no tienen acceso a la seguridad social. Lo anterior, pese a que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado que las personas que ejercen el trabajo sexual también contribuyen a la economía del país. En cuatro países, la OIT encontró que la industria del sexo proporciona entre el 2 y el 14 por ciento del producto interno bruto.

Libertad sobre su sexualidad, origen de la discriminación

Anahí eligió emplearse en ello: se descubrió plena en su sexualidad posando su desnudez para artistas plásticos. Comenzó a cobrar por realizar fotografía erótica, luego por hacer video. El sentirse cómoda y aceptar su cuerpo es por lo que ha sido criticada.

Para Don Anahí, creadora de contenido sobre sexualidad, lo que fomentó la discriminación hacia quienes realizan el trabajo sexual fue el papel de la prostituta en el cine: por ejemplo, en la película Santa, que retrata el papel de la prostituta víctima. “Recalcan y recalcan la revictimización. Al igual sucede cuando me preguntan [medios de comunicación en entrevistas] qué fue lo que me llevó a trabajar de esto: la forma en la que preguntan no es la misma si se lo preguntan a una mujer que trabaja en otro ámbito”.

Por ello, la activista Elvira Madrid señala que el respeto a las “compañeras” comienza desde la forma en hacer las preguntas. “Hay medios muy amarillistas”.

Anahí considera que es una cuestión de machismo. “Parten de sus inseguridades, de querer dominar a otro, poseer al otro o juzgar a la otra y hacen cosas horribles. Creo que las trabajadoras sexuales, precisamente, lo analizamos más porque es más evidente. En otras chambas está el velo, la hipocresía, el querer disfrazar”.

Por su parte, la psicóloga Alejandra Bugss Lomelí, especialista en violencia de género, explica que, desde el sistema patriarcal, los mandatos de género castigan a las mujeres que realizan un ejercicio pleno y libre de su sexualidad; “está visto de una forma negativa”.

Además de la existencia de posturas feministas que hablan de la explotación de los cuerpos “desde un sentido súper idealista, pensando que no todas las personas somos explotadas, cuando ya seas doctor o artista. Todos somos explotados, en diferentes niveles, pero estamos dentro de este sistema de producción”.

Para Adriana Aguilera, especialista en derechos humanos, la postura feminista abolicionista pone en duda la autonomía de las personas que deciden ejercer el trabajo sexual porque dicen que en realidad no se elije.

Desde el Copred se considera que ninguna persona, y ninguna elección, es ciento por ciento autónoma: “todas las decisiones o acciones de cualquier persona están influenciadas por la realidad en la que se encuentra. Muchas veces se nos olvida, también, la situación actual de precarización laboral que existe en México”.

La reforma a la Ley de Cultura Cívica, en junio de 2019, fue un avance en el reconocimiento del trabajo sexual, pero para las organizaciones y expertas consultadas aún se requieren políticas públicas integrales e interdisciplinarias en favor de quienes ejercen esta labor.

La abogada Arlen Palestina indica que debería legislarse todavía más para que las mujeres trabajadoras sexuales tengan los mismo derechos, prestaciones y seguro social para poder ser atendidas cuando enferman.

Todavía “hace falta mucho”, coincide Elvira Madrid, desde las oficinas de la Brigada Callejera. “Falta más compromiso del gobierno para hacer valer sus derechos humanos”.

Ello, sin asistencialismo ni paternalismo, dice Don Anahí, sino más bien de otras formas: desde la enseñanza. Sobre todo que se descentralice. Para ella, como trabajadora sexual virtual, debería detallarse la diversidad del ejercicio de este empleo en la ley: “no hay un apartado que se refiera al trabajo cibernético, solamente hablan del trabajo sexual callejero”.

La importancia de las organizaciones

La relevancia de las organizaciones como Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales (Amets) o la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer radica en que son por y para las trabajadoras sexuales: ellas se representan a sí mismas.

“Mucho tiempo quisieron representarnos desde la academia. Desde ahí dicen ‘vamos a hablar por ustedes’. También desde la discusión gubernamental. Cuando no necesitamos que nadie hable por nosotras porque nos infantilizan, y desde un punto de vista muy adultocentrista. Nosotras tenemos voz y no necesitamos que nadie venga a darnos voz”, dice con firmeza Don Anahí.

“La academia no sabrá nuestras necesidades por mucho que se llegue a investigar el trabajo sexual. En Amets no se pretende ser la representación del trabajo sexual. No. Sólo somos unas cuantas voces que intentan que se sumen unas cuantas voces para participar en actividades y se escuche la diversidad de . “No somos objetos de estudio. Somos sujetas de estudio. Nos preocupamos y sentimos como cualquier mujer.”

Violencias en el trabajo sexual virtual

Los servicios sexuales ofertados en el ciberespacio son mediante redes sociales y páginas, donde además de discriminación se sufre robo de contenido para intentar extorsionarlas, explica Anahí, trabajadora sexual independiente y miembro de la Amets.

De acuerdo con la joven de 29 años, las políticas de las redes sociales comerciales son “punitivas”: funcionan como una especie de “policía cibernética” porque, mediante sus reglas, cierran cuentas que ya contaban con 70 mil o más  seguidores. “Pero en otras cosas, como violencia, sangre y otros temas del mercado sexual, no las cierran. Hay un tipo de discriminación en ciertas redes sociales donde no puedes publicar ni si quiera una palabra” erótica.

Si las redes sociodigitales cuentan con una política que prohíbe su uso a menores de edad, “nosotras deberíamos tener la libertad de poder laborar en esas redes y utilizarlas para trabajar, porque mucha gente las utiliza para trabajar. Al fin y al cabo ni Twitter, ni Instagram, ni Facebook nos están pagando por todo lo que ellos sí ganan del tiempo que invertimos en esas redes sociales”.

Anahí expone que también enfrentan el robo del contenido erótico y del robo de identidad. Y es que, mediante la creación de perfiles falsos, hay quienes lucran con las fotos y videos de “las compañeras. Mientras que la otra chica echándole ganas a sus redes sociales para que otra persona abuse”. En muchos casos, el uso de las redes no sólo es para compartir imágenes y videos, sino para contactar clientes para sostener relaciones sexuales a cambio de una paga.

Aunque sus núcleos cercanos conocen su oficio, afirma haber recibido comentarios “feos” de parte de su familia al enterarse de su oficio. Por supuesto, no fue aplaudida por nadie. Lloraron cuando se enteraron, afirma. Hubo quienes se enfermaron. Fue una tragedia. “No sé cuál era su percepción de la trabajadora sexual, pero realmente me hicieron sentir mal, culpable”.

Durante los 11 años que lleva ejerciendo este trabajo ha sido maltratada, pero no por clientes desconocidos, sino por quienes ya la conocían de la escuela. Ellos, sus antiguos amigos, “se convirtieron en los peores machines que haya conocido”.

“Uno de mis amigos que había sido mi cliente, en la borrachera, me agarró la nalga y también me quería besar. Llegaron a ser muy violentos, no al punto de agredirme físicamente, pero sí de querer que aguantara más tiempo la penetración. Tampoco aceptaban sostener una relación meramente laboral. Entonces eran muy agresivos conmigo, se hacían los ofendidos. Me ofendían horrible”.

Las agresiones fueron “tan repetitivas que, de plano, comencé a alejarme de ciertos círculos de amistades. Recorté como en un 75 por ciento la banda con la que me juntaba porque ya eran chinga quedito o se la pasaban criticándome porque soy trabajadora sexual, cuestionarme que si no tenía una mejor opción de trabajo”.

Le afectó tanto a nivel emocional, al punto de decidir darse un espacio de esta labor e ir a terapia. “Después me di cuenta que la culpa no era del trabajo sexual, es del machismo insertado en los cuerpos que lo ejercen. Y que no nada más me lo hacen a mí por ser trabajadora sexual, se lo hacían a cualquier mujer”.

Cómo llegamos aquí: la historia del protocolo de Palermo sobre trata

La “trata de personas” no tenía por qué significar lo que significa ahora. Esta es la historia de cómo obtuvo su definición, contada por alguien que estaba en la habitación cuando sucedió.

 

Marjan Wijers

11 de febrero de 2021

https://www.opendemocracy.net/en/beyond-trafficking-and-slavery/how-we-got-here-story-palermo-protocol-trafficking/

 

Marjan Wijers, consultora e investigadora sobre la trata de personas desde hace mucho tiempo, estaba en la sala cuando se negoció el protocolo de Palermo sobre la trata de personas hace 20 años. Nos reunimos con Marjan como parte de nuestro aniversario especial sobre el protocolo para conocer cómo cambió el campo de la lucha contra la trata de personas con Palermo, cómo se desarrollaron esas negociaciones y hacia dónde podemos ir desde aquí. Esta entrevista ha sido editada y condensada para mayor claridad.

 

Joel Quirk (BTS): El protocolo de Palermo se finalizó hace más de 20 años, y para muchas personas que trabajan en los campos de la trata y la explotación laboral hoy en día simplemente siempre ha estado ahí. Pero ese no es realmente el caso. ¿Cómo era el campo antes de que existiera un protocolo de Palermo?

Marjan Wijers: En la década de 1980, grupos feministas con experiencia en cooperación para el desarrollo comenzaron a trabajar en la trata de personas en los Países Bajos. De hecho, se metieron en esto porque estaban investigando el turismo sexual. A través de ese trabajo y sus contactos con organizaciones de mujeres asiáticas, se dieron cuenta de que había un segundo flujo de mujeres al revés, que venían a los Países Bajos y otros países europeos para hacer trabajo sexual, pero también como trabajadoras domésticas y novias por correo. Así fue como se fundó la Fundación contra la Trata de Mujeres (STV) en 1987.

Trabajamos principalmente con mujeres migrantes en la industria del sexo. La mayoría de ellas eran indocumentadas. Algunas originalmente planearon hacer un tipo diferente de trabajo, como trabajo doméstico o modelaje, y terminaron en la industria del sexo. Otras vinieron con la intención de realizar trabajo sexual y terminaron en condiciones laborales abusivas y forzadas. Desde el principio, para nosotras, no se trató de mujeres inocentes obligadas a prostituirse. Se trataba de abordar la explotación y el abuso de las mujeres migrantes en la industria del sexo, independientemente de si se habían visto obligadas a hacerlo o no. De hecho varias de nuestras clientas querían seguir haciendo trabajo sexual, pero ahora por sí mismas.

Si no recuerdo mal, en ese momento solo los Países Bajos y Alemania tenían grupos que trabajaban en el tema de las trabajadoras sexuales migrantes y la trata. Y, en ese momento, realmente a nadie le importaba. Hablábamos de migrantes. Hablábamos de mujeres extranjeras, principalmente del sureste de Asia y América Latina, y mujeres de color. Y estábamos hablando de prostitutas. Todavía no usamos el término trabajadora sexual, que vino después.

Nuestras clientas no tenían derechos, como mujeres, como migrantes y como prostitutas. Tenían menos derechos y oportunidades que los hombres en su país. Y no tenían derechos aquí en Europa Occidental porque la mayoría eran indocumentadas y, sobre todo, no tenían derechos porque eran putas. Utilizo explícitamente la palabra “putas”, ya que realmente no importaba si tomaron su propia decisión de hacer trabajo sexual o si se vieron obligadas a hacerlo. “Una vez puta siempre puta, ¿a quién crees que le importará?”, eso es lo que les decían sus explotadores.

Y eso es precisamente lo que pasó. Incluso si acudían a la policía, los casos no se tomaban en serio. Simplemente eran deportados de regreso a la situación de la que habían intentado escapar, y los casos no eran procesados. Las primeras acciones que emprendimos junto con mujeres que ahora calificarían como “víctimas de la trata” impulsaron cosas como permisos de residencia temporales, la capacidad de presentar cargos y que los casos se investiguen y enjuicien activamente. Creo que fue más o menos lo mismo en Alemania.


Si hubiéramos conocido la historia y las fallas inherentes al concepto de trata en ese entonces, nunca lo hubiéramos usado.


El interés por la trata aumentó rápidamente con la caída del Muro de Berlín en 1989. Hubo varias razones para ello. No quiero ser cínica, pero estoy convencida de que una fue que las víctimas cambiaron de mujeres de color a mujeres blancas, mujeres de Europa del Este. O sea, de “ellos” a “nosotros”. La otra, creo, era que no sabíamos qué tan rápido podríamos reconstruir el muro. Una vez que cayó el muro, todos pudieron viajar libremente de nuevo. Eso estuvo bien, pero, por supuesto, nunca fue la intención. Y luego estaba el temor de que nos inundarían no solo los inmigrantes de Europa del Este, sino también la mafia rusa. La trata proporcionó la justificación perfecta para una agenda anti-migración en nombre de la lucha contra la trata, literalmente bajo la bandera de “si no pueden venir, tampoco pueden convertirse en víctimas”. Se gastó mucho dinero de la trata en la reconstrucción de las fronteras polacas, por ejemplo.

Estos factores ayudaron a impulsar la trata de personas en la agenda política. No fue tanto que la gente se preocupara más por los derechos de las trabajadoras sexuales o los migrantes, o por proteger a las trabajadoras sexuales del abuso. Se debió principalmente a que el argumento de la trata servía perfectamente a varios intereses estatales, que se volvieron urgentes después de la caída del Muro de Berlín.

Al mismo tiempo, se produjo el segundo movimiento feminista. Eso llamó la atención sobre la violencia sexual y el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos. Y desde la década de 1970, las trabajadoras sexuales habían comenzado a organizarse, ese también fue un movimiento que surgió. Entonces, por un lado, teníamos el movimiento por los derechos de las trabajadoras sexuales que reclamaba el derecho a elegir el trabajo que se desea hacer y no ser castigada o criminalizada por ello, y por otro lado, el movimiento contra la trata de personas que reclamaba el derecho a no ser forzada a hacer un trabajo que no quieres hacer. Ambos reclamos se refieren a los derechos humanos, la libertad de elegir la propia profesión y el derecho a ser protegido del trabajo forzoso, y ambos deben ser respetados. Así es como lo veíamos: en nuestra opinión, los derechos a favor y en contra de la violencia eran las dos caras de la misma moneda. Así que desde nuestro principio trabajamos junto con Red Thread, la organización holandesa de derechos de las prostitutas.

Antes de todo esto estaba la cuestión de cómo llamar a este tipo de abusos. Permítanme decirlo así: si hubiéramos conocido la historia y las fallas inherentes al concepto de trata en ese entonces, nunca lo hubiéramos usado. Lo que deberíamos haber hecho habría sido hablar sobre el trabajo forzoso, incluidos los servicios sexuales forzados, las prácticas análogas a la esclavitud y la servidumbre. Deberíamos haber utilizado conceptos que describan las condiciones de vida y de trabajo en las que se encuentran las personas. Estos son conceptos que están definidos en el derecho internacional de los derechos humanos y son algo neutrales. Pero en ese momento no éramos conscientes de todo eso, así que terminamos recurriendo al concepto victoriano de trata de personas del siglo XIX con su enfoque en la pureza y victimización de las mujeres y la protección de las fronteras nacionales. Al hacerlo, sin saberlo, importamos un concepto muy sesgado, dividiendo a las mujeres en víctimas inocentes que necesitan ser rescatadas y culpables que pueden ser abusadas con impunidad, pero también con tintes racistas y nacionalistas.

A pesar de los esfuerzos para contrarrestar estas fallas, esta herencia continúa definiendo el debate sobre la trata hoy, como lo ejemplifica la distinción que el Protocolo de la ONU contra la Trata hace entre la llamada ‘explotación sexual’ y la ‘explotación laboral’ y su enfoque en el reclutamiento y el movimiento en lugar de las condiciones de trabajo. Históricamente, la trata se ha utilizado para controlar la sexualidad y la movilidad de las mujeres y para justificar medidas opresivas contra las trabajadoras sexuales y los migrantes, en lugar de proteger sus derechos humanos. Ya en la década de 1990 quedó claro que esto era lo que estaba sucediendo. Entonces, cuando comenzamos las negociaciones sobre el protocolo de trata, éramos muy conscientes de los problemas del concepto. Y tratamos de abordarlos.

Joel: ¿Entraste en esas negociaciones creyendo que eran una oportunidad, o las abordaste principalmente con inquietud y ansiedad? ¿Ya estaba claro cuáles serían las fallas o te sorprendieron?

Marjan: Ya había habido mucha discusión en torno a la definición de trata cuando alcanzó la cima de la agenda internacional. ¿La trata es solo de mujeres y niñas? ¿La trata solo tiene lugar a través de fronteras o también ocurre dentro de las fronteras? ¿La trata consiste únicamente en obligar a las mujeres a prostituirse o también en prácticas abusivas de contratación para el trabajo doméstico y otros tipos de trabajo? ¿Se trata solo de contratación o también de condiciones de trabajo abusivas y análogas a la esclavitud? Prácticamente todas las preguntas y cuestiones que jugaron un papel en las negociaciones sobre el protocolo de trata ya eran puntos de discusión en el debate político más amplio.

Así que hubo una enorme confusión sobre cuál era el concepto. E incluso si la gente estaba de acuerdo en que el núcleo de la trata era la coacción o la fuerza, no había consenso sobre a qué se refería “fuerza”, especialmente en relación con el trabajo sexual. ¿Se refería tanto a condiciones abusivas de contratación como de trabajo? ¿O se refería únicamente a la forma en que una mujer llegó a prostituirse, como resultado de su propia decisión o forzada por otros (excluyendo así a las mujeres que decidieron conscientemente trabajar en la industria del sexo pero que fueron sometidas a la fuerza y ​​el abuso en el curso de su trabajo)? Y algunos vieron la prostitución en sí misma como una violación de los derechos humanos similar a la esclavitud. Desde este punto de vista, ninguna mujer puede dar su consentimiento voluntario para el trabajo sexual y cualquier distinción basada en el consentimiento o la voluntad de la mujer carece de sentido.

Sabíamos que todas estas discusiones estaban teniendo lugar, así que conocíamos los peligros y sabíamos cuánto se mezclaba el concepto con las agendas anti-prostitución y anti-migración. También sabíamos que era sexista en la forma en que vinculaba el derecho de las mujeres a ser protegidas contra la violencia con su inocencia o pureza sexual. Entonces sabíamos exactamente lo que estaba mal. Quizás no todo el mundo lo hizo, pero la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW), que fue fundada por grupos de mujeres tailandesas y STV a lo largo de la década de 1990, ciertamente lo hizo. Varias organizaciones de derechos humanos lo hicieron y, por supuesto, las organizaciones de trabajadoras sexuales fueron muy conscientes de ello desde el principio.

Joel: ¿El protocolo de Palermo podría haber resultado diferente? ¿O parecía más o menos fijo desde el principio, y lo que obtuviste fue más o menos lo que esperabas?

Marjan: No éramos tan optimistas. Sabíamos cuáles eran los problemas y sabíamos cómo se usaba el concepto contra las trabajadoras sexuales y los inmigrantes. Así que estábamos bien preparadas en ese sentido. Teníamos varios objetivos y nos organizamos a través de movimientos. Reunimos a organizaciones y activistas contra la trata de personas, los derechos humanos y los derechos de las trabajadoras sexuales, liderados por el International Human Rights Law Group y la GAATW. Participé en nombre de la GAATW y la Fundación Holandesa contra la Trata de Mujeres, donde trabajaba en ese momento. La composición de esta alianza fue realmente importante ya que fue la primera vez que estos tres movimientos trabajaron juntos en un lobby conjunto. Especialmente la combinación de activistas y grupos de lucha contra la trata y pro-trabajadoras sexuales fue radical, ya que cerró la brecha histórica entre los dos movimientos causada por la persistente fusión de la trata y el trabajo sexual.

Para el movimiento de las trabajadoras sexuales fue una posición realmente difícil porque estaban claramente en contra del concepto de trata. Ya habían sufrido mucho por eso. Al mismo tiempo, todos sabíamos que era importante intentar controlar el daño tanto como fuera posible. Entonces, las negociaciones sobre el protocolo no fueron como, ‘Oh, esta es una hermosa oportunidad’. Ellas dijeron, ya conocemos el daño y sabemos que puede empeorar, entonces, ¿qué podemos hacer para controlar el daño e intentar para aprovecharlo al máximo? Preparamos nuestros documentos juntas, fuimos juntas a las negociaciones y presionamos juntas.

Al igual que los estados, las ONG estaban profundamente divididas sobre cómo debería definirse la trata, es decir, qué prácticas deberían combatirse. Si bien hicimos una distinción clara entre la trata y el trabajo sexual y sostuvimos que las condiciones de trabajo forzoso en todas las industrias deben abordarse, el otro bloque de ONG, liderado por la Coalición contra la Trata de Mujeres (CATW) con sede en EE.UU. consideraba todo trabajo sexual como trata y quería el protocolo para combatir la prostitución como tal.

En el momento de las negociaciones sobre el protocolo, CATW había existido por un tiempo y habían ganado mucha influencia. Asistí a una de sus conferencias en Nueva York a finales de los 80. En ese momento no tenían ni idea de la trata o la posición y las experiencias de las mujeres migrantes. Se centraron principalmente en la violencia contra las mujeres blancas y la pornografía. Recuerdo a Andrea Dworkin, como una sacerdotisa que pone histéricas a todo un salón de mujeres sobre una mujer a la que su empleador obliga a mirar Garganta profunda, una famosa película porno de la época. Pero durante la década de 1990 obtuvieron mucho dinero de los gobiernos conservadores y se convirtieron en un grupo de presión anti-prostitución rico, importante e influyente con capítulos en varios países asiáticos.

Si mal no recuerdo, no estuvieron presentes en la primera sesión de negociaciones sobre el protocolo, pero desde la segunda sesión en adelante estuvieron allí. Y a partir de ese momento, hubo dos bloques de presión de ONG opuestos. Nuestro bloque, que operaba bajo el nombre de Human Rights Caucus, abogó por una definición amplia e integral de trata con la coerción como elemento central. Queríamos incluir tanto a hombres como a mujeres y niños, para ir más allá de la prostitución e incluir todos los sectores de trabajo en los que las personas podrían terminar en condiciones de esclavitud y trabajos forzados, e incluir la trata tanto transfronteriza como interna. Queríamos ser más amplios, ya que pensamos que esto podría neutralizar las partes problemáticas del concepto tradicional de trata.

El otro bloque, que junto a CATW incluía entre otros el Lobby Europeo de Mujeres y la Federación Abolicionista Internacional Francesa, quería un protocolo que definiera toda prostitución como trata, y que solo se aplicara a mujeres y niñas. Significativamente, operaron bajo el nombre de International Human Rights Network, copiando nuestro nombre y aumentando la confusión sobre quién era quién. Esas fueron las dos posiciones opuestas, y la definición final es un claro compromiso entre esas dos posiciones. Por un lado, establece una clara distinción entre el trabajo sexual y la trata. Cubre a mujeres, hombres y niños, e incluye todos los sectores laborales en lugar de solo la industria del sexo. Por otro lado, la “explotación de la prostitución y la explotación sexual” se destaca como algo separado y diferente de lo que se denominó “explotación laboral”, es decir, trabajo forzoso, prácticas análogas a la esclavitud y servidumbre en otras industrias. Y hemos visto sus efectos dañinos.

Joel: Lo que ha dicho hasta ahora refleja la historia comúnmente contada sobre las negociaciones de Palermo, que es esencialmente una discusión entre dos coaliciones opuestas de ONG y voces de la sociedad civil. Y entiendo que ese fue un punto clave de la discusión. Pero siempre me ha llamado la atención que esta descripción pierde el papel de los estados. Los gobiernos siempre tienen la última palabra en este tipo de negociaciones: la sociedad civil no puede escribir su propio derecho internacional. ¿Podrías decirnos más sobre las posiciones gubernamentales durante las negociaciones?

Marjan: La lucha entre las ONG se reflejó más o menos también en la posición de los gobiernos. Fue hace mucho tiempo, pero por lo que recuerdo, creo que hubo tres cuestiones que dividieron a los estados, y no siempre en la misma línea. Una fue la cuestión moral de la prostitución y la idea de que toda prostitución es trata. Los estados comenzaron con diferentes posiciones sobre la prostitución, pero creo que les resultó relativamente fácil decir: ‘Incluso si no estamos de acuerdo sobre la prostitución, estamos de acuerdo sobre la coerción, así que limitemos este tratado a situaciones de abuso y coerción y no a la prostitución’ como tal. ”Eso resolvió más o menos la cuestión moral, aunque la cuestión moral vuelve a aparecer en otros artículos, por ejemplo, el de combatir la demanda.

Entonces creo que hubo una diferencia con respecto a las fronteras. Los países ricos y pobres se opusieron más en lo que respecta a la migración. Para los países ricos, especialmente, era realmente importante incluir artículos en el protocolo sobre la protección de las fronteras, mientras que para los países pobres las remesas de mano de obra que los migrantes enviaban a casa constituían una parte importante de su ingreso nacional. El tercer punto fueron los derechos de las víctimas. Los países de envío estaban mucho más inclinados a incluir disposiciones de protección a las víctimas, mientras que los países de destino no estaban dispuestos a hacerlo en absoluto.

Eso también se refleja en el protocolo. Hay una serie de disposiciones sobre la protección de las víctimas, pero no son obligatorias. La protección de las víctimas queda a discreción de los estados, mientras que todas las disposiciones de aplicación de la ley son obligatorias. Y allí, creo, el lobby de las ONG realmente fracasó. Nuestra facción sintió que incluso si no estábamos de acuerdo con los demás sobre la prostitución, deberíamos poder estar de acuerdo en la necesidad de disposiciones de protección a las víctimas. Pero la otra parte no quiso cooperar.

Joel: ¿Por qué no?

Marjan: Porque no querían trabajar con nosotras, en parte por lo polarizados que estábamos todos y en parte porque, y probablemente sea desagradable decirlo, no les interesaba. Nosotras éramos las que trabajábamos con las víctimas. Nosotras éramos las que queríamos protección para las víctimas. Tenían una agenda totalmente diferente, impulsada ideológicamente. Querían combatir la prostitución. Y cuál fuere el impacto real de eso en las mujeres, las trabajadoras sexuales, las víctimas, no creo que realmente les importara.

Joel: El protocolo de Palermo es lo que nos da la definición de trata acordada internacionalmente. En el fondo está la idea de que la trata de personas tiene como finalidad la explotación, que es la bisagra de todo el tratado. Sin embargo, la explotación no está definida, solo hay una lista no exhaustiva de ejemplos. ¿Por qué el protocolo en ningún momento dice realmente qué es explotación?

Marjan: No pudieron ponerse de acuerdo.

Joel: ¿No podían ponerse de acuerdo porque la gente quería versiones muy diferentes, o no podían ponerse de acuerdo porque la explotación es muy difícil de definir?

Marjan: Lo que recuerdo es que hubo varios estados y expertos internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Relatora Especial sobre la Violencia contra las Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo y nosotras, que dijimos que no uses la palabra explotación. Cíñete al trabajo forzado, la servidumbre, las prácticas análogas a la esclavitud, etc., conceptos aceptados y definidos en el derecho internacional de los derechos humanos. También abogamos por eliminar la palabra “explotación sexual” porque no está definida, es controvertida e innecesaria. La Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, por ejemplo, señaló que el término ‘explotación sexual’ podría interpretarse de formas muy diferentes, dependiendo de si crees que la prostitución constituye ‘explotación sexual’ per se, o si se refiere a situaciones de violencia forzada. trabajo, servidumbre o prácticas análogas a la esclavitud, que pueden ocurrir en la industria del sexo pero también en el trabajo doméstico o los matrimonios serviles.

Y luego estaba el otro grupo de estados, que incluía a EE.UU., que quería tener la explotación de la prostitución y la explotación sexual en el protocolo independientemente del uso del engaño, la fuerza o la coerción. Realmente querían tener eso en el protocolo. Recuerdo que le escribimos una carta a Madeleine Albright, la secretaria de Estado de Estados Unidos en ese momento, para tratar de discutir la posición de Estados Unidos con ella. Fue firmado por un montón de expertos de diferentes organizaciones en los EE. UU. y en otros lugares, y argumentó que había consenso sobre limitar el protocolo a situaciones forzadas y advirtió que expandirlo para incluir la prostitución voluntaria significaría que varios países se negarían a firmar eso.

El compromiso fue ponerlos a ambos. La frase ‘con el propósito de explotación’ era una especie de término general, y luego bajo ese encabezado se podría poner tanto la explotación de la prostitución como el trabajo forzado, etc. Los términos “explotación del la prostitución ajena” y “explotación sexual” se dejaron intencionalmente sin definir, de modo que los estados pudieran decidir por sí mismos cómo querían abordar la prostitución en sus leyes nacionales. Fue un compromiso político típico en el que ambas partes obtuvieron más o menos lo que querían.

Joel: Mencionaste los efectos dañinos de señalar la explotación sexual como algo diferente del trabajo forzado, las prácticas similares a la esclavitud y la servidumbre. ¿Qué quieres decir con eso?

Marjan: La inclusión de la explotación de la prostitución como un propósito separado del trabajo forzado, etc. reforzó la obsesión histórica por la prostitución y alimentó la vieja fusión de trata y trabajo sexual y la preocupación por la pureza de la mujer. No solo implica que el trabajo sexual no puede ser trabajo, sino que también sugiere falsamente que el trabajo forzado no puede existir en la industria del sexo, lo que priva a las trabajadoras sexuales de la protección contra esa práctica. La OIT siempre había considerado la prostitución forzada como una forma de trabajo forzado, por lo que separarla fue realmente un paso atrás.

El trabajo forzado y las prácticas análogas a la esclavitud no se definen por el tipo de trabajo sino por las condiciones laborales forzadas y no libres. Según la definición del protocolo, esto también debería aplicarse a la trata. Nadie diría nunca que una trabajadora doméstica no puede ser víctima de la trata simplemente porque sabía que haría trabajo doméstico o había trabajado antes como trabajadora doméstica. Pero cuando se trata del trabajo sexual, se ve que en la práctica muchos estados restringen la fuerza para referirse solo a obligar a alguien a prostituirse y no a condiciones de trabajo forzado.

El efecto es que en muchos casos, en lugar de que el delincuente sea juzgado, es la víctima quien tiene que demostrar su “inocencia”, desplazando así el enfoque de los actos del tratante a la moralidad de la víctima. Esta distinción entre mujeres “buenas” que merecen protección y mujeres “malas” que perdieron su derecho a la protección contra el abuso es uno de los principales obstáculos para combatir la trata. No solo implica que las trabajadoras sexuales pueden ser abusadas con impunidad, sino también que el derecho de las mujeres a ser protegidas contra la violencia y el abuso está determinado por su pureza u “honor” sexual. Esto no solo es perjudicial para las trabajadoras sexuales, sino para todas las mujeres.

Este excepcionalismo del trabajo sexual también allanó el camino para estrategias completamente opuestas. Donde todo el mundo está de acuerdo en que es importante fortalecer los derechos y apoyar la sindicalización, organización, etc. para combatir el trabajo forzado o las condiciones laborales abusivas, se promueven estrategias exactamente opuestas cuando se trata de combatir la trata en la industria del sexo. Allí se aboga por una mayor criminalización, que se suma al estigma y deja a las trabajadoras sexuales con menos en lugar de más derechos. Esto se ve reforzado por el artículo del protocolo que llama a los Estados a “desalentar la demanda que fomenta todas las formas de explotación”. Por supuesto, esto se interpreta como que se aplica únicamente al trabajo sexual y sentó las bases para las llamadas campañas de “fin de la demanda” que piden la criminalización de los clientes de las trabajadoras sexuales.


La gente tiende a pensar que el protocolo es un tratado de derechos humanos, pero es obvio que no lo es.


La separación de la explotación sexual de los otros fines también hizo que fuera crucial incluir los medios coercitivos en el protocolo. Sin eso se habría convertido en un tratado contra la prostitución, porque simplemente habría sido reclutamiento, transporte, etc., con el propósito de explotar la prostitución, independientemente del uso de la fuerza o la coacción. Si el propósito solo hubiera sido el trabajo forzado, la esclavitud, etc., no habría necesitado los medios coercitivos o engañosos, ya que aquellos son inherentemente coercitivos. Lo que hemos visto en la práctica es que varios países, como México, han eliminado los medios. Y si borras los medios, conviertes el protocolo contra la trata en un protocolo contra la prostitución.

Un cuarto problema es el enfoque en el movimiento. Desvía la atención del trabajo forzado y los resultados similares a la esclavitud que constituyen las violaciones reales de los derechos humanos. Esto no solo proporciona a los estados una justificación para seguir una agenda de control fronterizo bajo el disfraz de combatir la trata, sino que también crea dos categorías de víctimas: aquellas que llegan en una situación de trabajo forzado o esclavitud a través de la trata y aquellas que llegan de otras maneras. El primer grupo tiene derecho a recibir apoyo, aunque sea bastante mínimo, mientras que el segundo está excluido de cualquier derecho porque no lo consiguió a través de la trata. Desde el punto de vista de los derechos humanos, eso es, por supuesto, inaceptable. De hecho, refleja los primeros tratados sobre la trata de personas alrededor de 1900 que abordaban el reclutamiento transfronterizo de mujeres para lo que entonces se llamaba fines inmorales, pero dejaban de lado explícitamente las condiciones coercitivas dentro de los burdeles. Se consideró que era una cuestión de legislación interna.

Joel: ¿Saliste de las negociaciones sintiéndote feliz o preocupada?

 Marjan: Pienso que un poco las dos cosas. Nos alegró que cubriera a todas las personas en lugar de solo a mujeres y niñas. Nos alegró que cubriera todos los sectores. Nos alegró que, al menos en la definición y explicación del protocolo, estuviera claro que la coacción era un elemento central de la trata. Esa había sido una gran pelea. Así que nos alegramos de que estuviera claro que la coerción, el engaño o la fuerza deben estar presentes para que algo sea trata.

Al mismo tiempo, nos preocupaba mucho la distinción que se hacía entre la explotación de la prostitución y los demás fines de trabajo forzado, etc. Y nuestras preocupaciones han demostrado estar completamente justificadas. También nos decepcionó enormemente la falta de protección de los derechos humanos de las personas objeto de trata. La gente tiende a pensar que el protocolo es un tratado de derechos humanos, pero es obvio que no lo es. Es parte de un tratado sobre la delincuencia organizada, es un instrumento de aplicación de la ley.

Joel: Parece que la gente ha trabajado mucho para ampliar la definición de trata en lo que respecta al trabajo sexual, pero se han mostrado reacios a pensar de manera más amplia en otras áreas. Se han resistido a aplicarlo a los trabajadores migrantes o a los trabajadores de las cadenas de suministro globales, por ejemplo. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Intenta la gente aplicar la trata de manera amplia cuando se trata de trabajo sexual y luego de manera limitada cuando se trata de trabajadores migrantes porque de lo contrario es demasiado inconveniente políticamente?

 Marjan: Bueno, la explotación y la disponibilidad de mano de obra barata y explotable es, de hecho, el núcleo del sistema capitalista. Si realmente quisiéramos abordar la explotación en otras industrias, afectaría nuestros propios intereses en servicios y productos baratos. Tendríamos que pagar más por nuestros teléfonos móviles, por nuestras verduras, por la limpieza de nuestras casas y oficinas, etc. Por tanto, es mucho más atractivo centrarse en el trabajo sexual, que se ajusta a una agenda moral más que económica y es fácil de realizar separadamente de nuestras vidas e intereses diarios.

Abordar la explotación requeriría una agenda de justicia social. Requeriría mejorar la situación económica, social y legal de los migrantes, por ejemplo. Centrarse en la prostitución, por el contrario, permite reducir la cuestión a un marco de delito y castigo. No llega a intentar abordar el sistema económico. Y, por supuesto, rescatar a doncellas inocentes es mucho más sexy. Todo esto expone una vez más cuán defectuoso es todo el concepto. Gastamos millones para combatir la trata, mientras que los tratados de trabajo forzado, que ya se remontan a las décadas de 1930 y 1950, nunca han recibido tanta atención. Eso no ha sucedido por accidente.

Joel: ¿Dirías que el problema está más en el protocolo o en lo que hacen los gobiernos con el protocolo?

Marjan: No puedes separarlos. El protocolo fue un compromiso político entre dos puntos de vista e intereses opuestos. Había una razón para hacer ese compromiso, y esas razones también se reflejan en la forma en que se aplica. Así que no creo que realmente puedas hacer esa distinción. Muchos estados dependen de la mano de obra migrante y sería contrario a sus intereses abordar las condiciones abusivas de los trabajadores migrantes y otros trabajadores mal pagados. Entonces no son muy propensos a hacer eso. Además, es mucho más fácil centrarse en la prostitución, las fronteras y la moralidad de las mujeres. Eso encaja mucho mejor con los intereses del estado que abordar las condiciones laborales abusivas que experimentan los migrantes y otros grupos de trabajadores mal pagados que mantienen su economía en marcha. Entonces, ¿por qué deberías hacerlo?

Joel: ¿Te has vuelto más optimista o pesimista en el tiempo que ha pasado con respecto al valor de la trata de personas como una forma de abordar cuestiones de explotación?

Marjan: Creo que ha pasado lo que temíamos. Ha hecho muy poco para abordar las violaciones reales de los derechos humanos o las causas de la explotación de personas en condiciones de trabajo forzoso o análogas a la esclavitud. Tampoco hizo mucho por los derechos de las víctimas porque, por supuesto, existen abusos. Nadie niega que haya graves abusos contra los derechos humanos de las personas, pero el protocolo hace poco para abordarlos. Al contrario, respalda medidas que agravan los abusos. Las medidas represivas siempre tienen un impacto negativo en los grupos más vulnerables. Cuanto más criminaliza o estigmatiza a los grupos, más vulnerables los vuelve a sufrir abusos y más cierra su acceso a la justicia.


Es posible que el protocolo de Palermo hiciera un poco por una categoría muy pequeña de víctimas, pero perjudicó a grupos mucho más grandes.


Yo diría que la situación ha empeorado para muchos grupos. Eso es ciertamente cierto para las trabajadoras sexuales, pero también para muchos migrantes. El protocolo de Palermo brindó a los estados un instrumento para justificar las medidas represivas que colocan a las personas en posiciones más vulnerables. Y al mismo tiempo, no ayudó mucho a mejorar la situación de las víctimas de abuso. En la mayoría de los estados tienes que cooperar con la fiscalía para beneficiarte como víctima, lo que significa que tienes que ponerte a ti y a tu familia en mayor riesgo. Y si usted es un migrante, es probable que lo deporten una vez que ya no sea útil como testigo. También sabemos que el derecho penal no está hecho para víctimas. El derecho penal es un problema entre los estados y los perpetradores. Básicamente, las víctimas no son más que una huella digital, algo que se guarda en un cajón y se saca si necesitas pruebas. Es así. Es posible que el protocolo de Palermo sirviera un poco para una pequeña categoría de víctimas, pero no mejoró las cosas para la mayoría de ellas y perjudicó a grupos mucho más grandes.

Durante las negociaciones defendimos que la trata debería abarcar tanto las condiciones abusivas de contratación como las condiciones laborales abusivas. El protocolo no hace esto. La trata según el protocolo se limita al proceso de contratación, la forma en que las personas llegan a situaciones de explotación. Esto significa que tenemos millones de personas en condiciones de trabajo forzado en todo el mundo que no llegaron allí a través de la trata, y como no llegaron a través de la trata, carecen completamente de derechos. Es como combatir la trata de esclavos pero no la esclavitud. Si naciste esclavo porque tus padres eran esclavos, está bien, siempre y cuando no hayas llegado allí a través del comercio de esclavos. Intentamos transmitir la necesidad de combatir la explotación en sí, pero eso no sucedió.

Joel: Entonces, ¿a dónde vamos desde aquí? Algunas personas sugieren que debería haber una convención de seguimiento que afirme y amplíe el protocolo de Palermo. Otros argumentan que la trata ha creado tantos problemas que es mejor descartarla y probar otra cosa. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Vale la pena permanecer en el campo de lucha contra la trata y buscar reformas desde adentro? ¿O es mejor elegir un campo de batalla diferente y luchar usando un conjunto diferente de conceptos?

Marjan: Probamos esas estrategias. Intentamos deshacernos de todo el concepto de trata y no lo logramos. Una vez que has abierto la caja de Pandora, ya sabes, está fuera de tu control. Está ahí para quedarse. Hay demasiados otros intereses vinculados al concepto de trata como para deshacerse de él. Y esos no son los intereses de las personas afectadas.

También probamos el control de daños. Aún me halaga la idea de que al menos hicimos algo de control de daños en las negociaciones. Podría haber sido peor, pero eso no lo hace bueno. Y debo decir que después de 30 años de control de daños solo, estoy cansada y no soy solo yo. Hacer control de daños no es lo más inspirador que se puede hacer en la vida.

Mi conclusión es que es mucho mejor trabajar por los derechos. Veo dos caminos a seguir. Uno es trabajar por los derechos de las trabajadoras sexuales, los derechos de los migrantes, etc. Es difícil y vivimos tiempos represivos. Estamos en un período histórico conservador y represivo. No es solo trabajo sexual, son derechos sexuales y reproductivos en general. No son solo los trabajadores migrantes, son los migrantes, los refugiados, etc. Todos los derechos humanos están bajo presión. Pero al menos solían verse como algo por lo que luchar. Ahora se debate la necesidad de los derechos humanos en su conjunto.

Joel: Hablo con muchos activistas diferentes y conozco personas que trabajan en reparaciones por la esclavitud transatlántica, y nunca los invitan a los pasillos del poder. Están en el exterior haciendo afirmaciones que a los gobiernos no les gustan. Y contrasta eso con las personas que trabajan en la lucha contra la trata, que son invitadas a gabinetes y salas de juntas, a quienes se les da una plataforma, que tienen influencia y acceso a los centros de poder. Llevo un tiempo preguntándome qué tan adictivo es ese acceso. Cambiar la conversación significa renunciar a ese acceso, incluido el acceso a la financiación, y eso hace que sea difícil decir: “Esto contra la trata de personas no está funcionando. Necesito trabajar en los derechos de las trabajadoras sexuales, los derechos de los migrantes, los trabajadores sindicalizados y todo este tipo de cosas”. ¿Qué tan fácil crees que es realmente para las personas que trabajan en la lucha contra la trata de personas comenzar a trabajar en otras cosas, dado que el perfil político de esas otras cosas es mucho menos acogedor para el activismo?

Marjan: Es absolutamente cierto. Y también dentro del movimiento contra la trata hay una gran división. Está la parte progresista a la que pertenezco, que se basa en los derechos y a la que pertenece la Alianza Global contra la Trata de Mujeres. Y está el movimiento conservador contra la trata, que está muy feliz de dormir en una cama con el estado y con el poder.

Si quieres conseguir dinero, haz trata. No elijas los derechos de los migrantes o los derechos de las trabajadoras sexuales. Esa es una elección estúpida si quieres dinero e influencia. Y, por supuesto, el dinero es adictivo. Cuando empezamos, a finales de los 80, a nadie le interesaba. Una vez que se convirtió en un gran problema, no sé cuántos cientos de organizaciones se subieron al tren.

Creo que al final, no importa lo difícil que sea enfocarnos en los derechos en lugar de la represión, es lo mejor que podemos hacer. Me alegra que la Organización Internacional del Trabajo haya abordado el tema. Creo que si queremos abordar los abusos, o si queremos abordar la explotación de personas en condiciones de trabajo forzado y análogas a la esclavitud, la OIT es una mejor manera de hacerlo.

Seguiría intentando trabajar junto con la OIT. Les presionaría para que también incluyeran la industria del sexo. Pasaron años antes de que incluyesen a las trabajadoras del hogar, pero al final lo hicieron. Y no es que el mundo cambie cuando se concluye un tratado internacional. Ciertamente no para las trabajadoras domésticas, pero es un paso. Es un pequeño paso, pero al menos un paso hacia los derechos en lugar de la represión. Por tanto, creo que sería importante que la OIT incluyera también la industria del sexo como un área de preocupación sobre las normas laborales.

Si puedes tirar de la OIT, también significa que pasas a conceptos mucho más neutrales. Debemos ser conscientes de cuán corrompidos y defectuosos pueden ser los conceptos, y el gran alcance que tiene la influencia de un concepto. Como dije al principio, si hubiéramos estado al tanto de la historia de la trata y de lo que significó importar ese concepto, no lo habríamos hecho. Realmente tienes que ser muy consciente del lenguaje que usas, los conceptos que importas y tratar de buscar un lenguaje neutral.

La trata no va a desaparecer y no escaparemos a la necesidad de controlar los daños. Tenemos que seguir haciéndolo. Pero al mismo tiempo, como movimiento, es realmente importante conectarse con otros movimientos basados en los derechos. El movimiento por los derechos de los migrantes, el movimiento por los derechos de las trabajadoras sexuales y el movimiento por los derechos humanos deben unirse y desarrollar su propia agenda basada en los derechos.

Trabajadoras sexuales en Suiza: ni víctimas, ni alborotadoras

El libro Soy trabajadora del sexo muestra, a través de retratos y voces de expertos, cómo esta actividad, que es legal en Suiza, sufre aún el estigma social. Sin embargo, el Tribunal Federal acaba tomar una decisión que supone un gran paso adelante.

 

Por Patricia Islas

7 de febrero de 2021

https://www.latam-legal.com/trabajadoras-sexuales-ni-victimas-ni-alborotadoras/

 

Una trabajadora sexual en el sitio destinado a esta actividad en Zúrich y una de las imágenes que ilustran el libro ‘Soy sexotrabajadora’. © Yoshiko Kusano

 

Durante el segundo semiconfinamiento a inicios de este 2021 en Suiza, los cantones decidieron si suspendían o no temporalmente el acceso a los servicios sexuales en el marco de las restricciones anti-COVID. Berna y Vaud no las vetaron y Ginebra se unió a ellos el 20 de enero.

“La Confederación dejó a los cantones la libertad de elegir sobre el asunto. Constatamos que esto provocó reglas dispares. El cantón de Vaud no prohibió esa práctica, a diferencia de Ginebra. Por ello preferimos alinearnos”, indicó entonces Mauro Poggia, miembro del gobierno ginebrino.

Este caso muestra la falta de homogeneidad en las regulaciones cantonales sobre el trabajo sexual. Hecho que también ocurre en tiempos normales y que se aborda en el libro ‘Ich bin Sexarbeiterin’ (‘Soy trabajadora del sexo’, Ed. Limmat), en el que participa, entre otras plumas, la periodista judicial Brigitte Hürlimann.

“Cada administración cantonal tiene sus propias reglas sobre el trabajo sexual y poco le interesa lo que hagan los otros cantones”, sostiene la conocedora de las legislaciones en el sector sexual.

Sexotrabajadora de España. © Yoshiko Kusano

Hürlimann considera que el manojo de leyes locales sobre prostitución tiene algo en común: “O bien subrayan la condición de víctimas de las trabajadoras sexuales o de alborotadoras, y de las que se debe proteger a la población. Y la mayoría de las veces, se cumplen ambas cosas”.

En el libro hay ejemplos concretos sobre estas disparidades en uno de los países más liberales en la regulación de la prostitución en Europa, junto con Países Bajos, Alemania, Austria, Hungría, Letonia, Grecia y Turquía.

Italia, España o Portugal también permiten la prostitución, pero no la regulan. También existe el denominado ‘modelo nórdico’, que siguen Suecia, Noruega, Islandia, Francia e Irlanda y que sanciona a los clientes. Un modelo que, por cierto, también ha sido tema de debate en Suiza.

Para Christa Ammann, responsable de Xenia, uno de los centros especializados en el apoyo a las trabajadoras del sexo en Suiza, “este modelo abolicionista no termina ni con la oferta ni con la demanda de servicios sexuales y vuelve más vulnerables a las trabajadoras sexuales, como se ve en Francia desde 2016”.

Ammann conoce la situación en otros países por el contacto que tiene con las asociaciones de apoyo afines y sus denuncias; y por su trato diario, desde sus oficinas en Berna, con las trabajadoras sexuales procedentes, la mayoría, de Europa.

“Para ellas, evidentemente es mejor saber que aquí el trabajo sexual es legal y que se puede llamar a la policía en caso de problemas”. La especialista confirma lo que ya se sabe: mucha de esta fuerza laboral llega a Suiza atraída por el hecho de que aquí esta actividad es legal y por la remuneración, que es alta en comparación europea.

Ella forma parte de la fuerza laboral que se encuentra en la zona destinada a los servicios sexuales en Zúrich. © Yoshiko Kusano

La sobrerregulación del trabajo sexual y la estigmatización que aún pesa sobre las trabajadoras del sexo son los asuntos principales que ocupan a Ammann a la hora de asesorarlas sobre sus derechos y obligaciones.

En su opinión, acabar con esas barreras es el único camino a una mejora real de sus condiciones laborales, para ser vistas al mismo nivel que el resto de la fuerza laboral helvética.

Justo en ese sentido el Tribunal Federal (TF), la máxima instancia judicial de Suiza, acaba de dar un gran paso adelante.

El TF, en su sentencia 6B_572/2020 rechazó el recurso de un estudiante que engañó a una trabajadora sexual al prometer pagarle después de los servicios recibidos.  El cliente, denunciado y condenado por estafa en primera y segunda instancia, argumentaba que el contrato verbal acordado era un acuerdo inmoral, y por tanto, sin valor en la jurisprudencia de la corte federal.

De inmoral, nada, clarificó el TF. “El contrato de prestación de servicios sexuales no contradice los principios y valores éticos contenidos en el ordenamiento jurídico general”. Es decir, no es una ofensa grave contra el orden público, primeramente, porque el ingreso de una servidora sexual está reconocido como legal en Suiza, además de que sus ingresos se someten al impuesto sobre la renta y el patrimonio y al seguro estatal de vejez (AVS).

Además, “la prostitución es una actividad socialmente habitual y autorizada, cuyo ejercicio también es protegido por el derecho constitucional a la libertad económica”, señala la máxima instancia judicial.

En un burdel suizo. © Yoshiko Kusano

La decisión del TF, “era esperada desde hace décadas por las trabajadoras del sexo”, indica Brigitte Hürlimann en su artículo en el diario digital Republik.

“El Tribunal Federal ha dictaminado que el contrato entre una prostituta y su cliente no puede calificarse de inmoral per se. La sentencia se refiere a un caso penal —se trata de un delito por estafa— y, por tanto, defiende una protección penal de la trabajadora sexual engañada. Pero el alto tribunal helvético no olvida mencionar que sus consideraciones también se aplican al derecho civil”, especifica Hürlimann.

Es decir, a partir de ahora no quedan dudas: el contrato de servicios acordado por una prostituta tiene validez, como cualquier otro en este país.

Crédito: Enlace fuente

 

Trabajadoras sexuales cubanas: atrapadas entre la pandemia y el ‘ordenamiento monetario’

Acosadas por la Policía, algunas han recurrido a grupos de WhatsApp para continuar llevando el sustento a sus familias.

 

Por Jorge Enrique Rodríguez

La Habana, 7 de febrero de 2021

https://diariodecuba.com/cuba/1612717283_28641.html

 

La expansión del Covid-19 en la Isla truncó la sobrevivencia de Aliuska, una joven habanera de 26 años de edad que ejerce como trabajadora sexual entre Centro Habana y el Vedado. Tanto el temor al contagio como las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno para intentar contener la pandemia, limitaron su actividad y la posibilidad de llevar el sustento a su familia.

“2020 fue un año bien difícil para todas las mujeres que trabajamos ofreciendo servicios sexuales. Fueron muchas las limitaciones: negocios que tuvieron que parar tras el cierre de las fronteras, gente que se quedó desempleada por las cuarentenas, y que quienes recibían remesas se vieron obligados a prescindir de muchas cosas, porque la escasez de todo disparó los precios de la vida misma”, dijo Aliuska, soltera, con una hija de seis años de edad y a cargo de su madre, una anciana con limitaciones físico-motoras.

Al panorama descrito por Aliuska se sumó el recrudecimiento del hostigamiento de la Policía a las trabajadoras sexuales, ahora bajo amparo de un nuevo delito: “propagación de epidemia”.

“Intenté hacer parte de mi trabajo en las cercanías de mi barrio, pero el jefe de sector me acosó de tal manera que me vi obligada a desistir. Las amenazas de quitarme a mi hija y de mandarme a prisión por propagación de epidemias y peligrosidad surtieron efecto. Prácticamente he estado viviendo de la caridad pública, de mis amigas en el extranjero, o arriesgándome uno o dos días a la semana a hacer la calle, y no siempre he podido ‘hacer la cruz'”.

Con las nuevas tarifas de los servicios públicos y el astronómico aumento de los precios de alimentos y medicamentos tras la instauración del “ordenamiento” monetario y cambiario en el país, la supervivencia de Aliuska se tornó caótica: solo el costo de los medicamentos prescritos a su madre supera los 400 pesos mensuales, y la dirección municipal de Trabajo y Seguridad Social de su territorio “todavía está estudiando otorgarle la chequera”.

Otras mujeres, como Sandra, tienen el convencimiento de que ofrecer servicios sexuales es un trabajo y no les avergüenza. Para esta joven de 27 años, madre soltera de dos menores de cinco y ocho años de edad, ser una mujer independiente y sostener a su familia no va en la misma ecuación de tener un salario estatal.

Lo que avergüenza es la mentalidad de las personas en este país y la hipocresía del Gobierno y de la Policía, que nos acosa como si estuviésemos cometiendo un delito. Ninguna mujer que ofrece servicios sexuales necesita ayuda psicológica, sino que necesita trabajar como cualquier persona. Pero trabajar por un salario digno y no explotador”, dijo Sandra.

“Durante la pandemia, todas nos hemos visto entre la espada y la pared porque aumentó la persecución policial contra nosotras. Mientras se permitía abrir playas, bares y restaurantes, a nosotras nos impedían siquiera salir a la calle”, añadió Sandra, quien trabajó en un laboratorio farmacéutico por un salario que apenas le alcanzaba para el uniforme escolar de sus hijas.

“Decidí ofrecer mis servicios porque, al menos para mí, robar o estafar no es una opción. No recibo remesas y jamás he puesto un pie en Seguridad Social para mendigar una chequera. Ser una madre soltera en este país es casi un delito, es casi como llevar un cartel que dice ‘jódete'”, cuestionó Sandra, quien ha logrado mantener su actividad durante la pandemia gracias a un grupo de WhatsApp para servicios sexuales.

“Tenemos dos casas de dos amigas, porque en nuestros barrios es imposible por la persecución del jefe de sector”, explicó Sandra.

No son pocos los testimonios de trabajadoras sexuales que, a cambio de no ser procesadas por “estado peligroso” ‒delito por el cual son encausadas judicialmente‒ han sido prácticamente obligadas a recibir atención psicológica.

Las trabajadoras sexuales en Cuba no están reconocidas ni protegidas, sino que son estigmatizadas socialmente y por el Gobierno. Desde hace décadas, a aquellas que ofrecen sus servicios a extranjeros se les denomina “jineteras”, un término peyorativo que muchas suelen cargar de por vida.

El Código Penal vigente no castiga explícitamente la prostitución, pero el Artículo 73 considera “estado peligroso” que un el sujeto incurra en alguno de los índices de “peligrosidad” siguientes: “la embriaguez habitual y la dipsomanía, la narcomanía, y la conducta antisocial”.

En su apartado 2 señala que se considera en estado peligroso por conducta antisocial “al que quebranta habitualmente las reglas de convivencia social mediante actos de violencia, o por otros actos provocadores, viola derechos de los demás o por su comportamiento en general daña las reglas de convivencia o perturba el orden de la comunidad o vive, como un parásito social, del trabajo ajeno o explota o practica vicios socialmente reprobables”. El Artículo 73 suele ser aplicado a las trabajadoras sexuales.

La pandemia también hizo mella en la vida de Viviana, una joven de 30 años de edad que ofrecía sus servicios a extranjeros en la red de hoteles ubicados en el territorio de Playa. Tras el cierre de la frontera, tuvo que hacer malabares para mantener a sus dos hijos menores y a sus padres, de edad avanzada y con graves problemas de salud.

Trabajar para el Estado es como mentirse a sí misma. Nunca me llegó el círculo infantil para mis hijos, como le pasa a más de la mitad de las mujeres en Cuba. Las madres solteras que quieren ser independientes económicamente tienen que recurrir a los círculos privados. Y para tener una atención médica decente, también tienes que pagar”, dijo Viviana, quien no responsabiliza a nadie de su decisión de convertirse en trabajadora sexual.

“Fue mi decisión personal, pero tampoco permito que nadie, incluyendo al Gobierno, me juzgue por no querer seguir girando en un círculo de pobreza y necesidades”, añadió.

“Hablamos de un país donde ni siquiera se garantiza la producción de condones. Sigo ejerciendo mi actividad a través de WhatsApp, pero dirigida a clientes bien selectos que puedan pagar los precios actuales”, explicó Sandra, a quien el ordenamiento monetario no logra convencerla de abandonar.

“Sales a la calle y todo lo que escuchas son quejas contra el dichoso ordenamiento, que ni quintuplicando los salarios le arreglará la vida a quienes trabajan para el Estado. Por ese camino, bien, mal o regular, muchas madres solteras terminarán ejerciendo como trabajadoras sexuales antes que estar ocho horas sudando para nada”, opinó.

 

Déjeme que le cuente algunas vidas trans, señora Carmen Calvo

 

Por Raúl Solís

Periodista, europeísta, andalucista, de Mérida, con clase y el hijo de La Lola. Independiente, que no imparcial.

6 de febrero de 2021

https://www.lavozdelsur.es/opinion/dejeme-cuente-algunas-vidas-trans-senora-carmen-calvo_255680_102.html

 

Carmen Calvo, en una imagen reciente. FOTO: PSOE

 

Me gustaría que lo que va a leer en adelante se lo hubiese escrito Soraya, una mujer trans de 70 años que vota al PSOE hasta cuando lo hace mal y que me encantaría que usted la conociese para entender que nunca eligió su género, jamás eligió lo que es, porque de haber podido elegir su vida hubiese sido mucho más fácil de lo que ha sido. Conocer a Soraya le ayudaría a entender que las teorías sin empatía son fanatismo y que el género no se elige, se manifiesta a muy temprana edad. Las personas trans, así como las personas que somos gais, lesbianas o bisexuales, lo único que decidimos desde que somos bien pequeñas es cómo intentar que no se note lo nuestro para evitar un destino lleno de piedras que supone nuestro camino a la libertad.

Soraya fue expulsada de su hogar familiar a los 13 años, con una paliza de por medio, porque un amigo de su padre le dijo a éste que la había visto con los ojos pintados por el centro de Sevilla. Pasó tres meses durmiendo debajo del puente de Triana por el pavor que le daba regresar a casa. A los 14 años, esta señora fue violada por un vecino y en un solo día llegó a ser detenida más de 20 veces sólo por andar con sus andares y mover las caderas a un ritmo prohibido por el franquismo.

En una de esas detenciones fue trasladada a la prisión a cumplir condena durante seis meses en aplicación de la ley de vagos y maleantes. Soraya no eligió las palizas que le pegó su padre, ni dormir durante tres meses debajo de un puente, ni que la violara un hombre a los 14 años. Mucho menos eligió pasar seis meses de los mejores años de su vida en una prisión inmunda ni soportar las torturas de un régimen que le pegaba palos pensando que así dejaría de ser mujer y se haría un hombre  hecho y derecho, que era la expresión machista que se usaba y se usa para corregir a las personas que se salen de las normas de género hegemónicas impuestas por el patriarcado.

Soraya ahora cobra un pensión no contributiva y vive en un apartamento de 25 metros cuadrados. Ha trabajado toda su vida, pero gran parte de ella ha sido en el espectáculo, haciendo reír y divirtiendo a una sociedad hipócrita que le aplaudía de noche y de día la encarcelaba. Vive sola, sola como la una, y aún hay miembros de su familia que la siguen llamando en masculino, cuando la llaman, a pesar de que es una mujer como usted. Está sola también porque en el amor ha tenido poca suerte. Los hombres la querían para el sexo, pero no para presentarla en sociedad porque ser trans era un motivo de vergüenza y deshonra para la masculinidad hegemónica. Me gustaría que este artículo lo hubiese escrito Soraya, pero no puede, Carmen, a los nueve años fue expulsada de la escuela por alterar la moral de la época.

Esta mujer, a la que yo quiero y admiro, no ha elegido casi nada en su vida. No ha elegido las hostias que le pegó la policía franquista, ni la pensión de miseria que cobra, ni haber sido una paria de la sociedad y un objeto sexual para los hombres que luego le negaban el amor. Soraya no eligió nunca ser mujer, lo es desde que tiene conciencia, a pesar de las palizas de su padre, de las hostias de la policía, del abandono familiar, de los trabajos de miseria, de los codazos y de la soledad que sufre a sus 70 años. ¿Usted se imagina que alguien en su sano juicio iba a elegir una vida tan amarga por puro capricho?

Este artículo se lo podría haber escrito también Silvia, otra mujer trans, canaria, que abandonó su isla en el año 73 y, a los seis meses de llegar a Barcelona, se encontró con la cárcel y la prostitución, de la que todavía no ha podido salir porque, a sus 68 años, se ve obligada a aceptar servicios para ir ganándose la vida y sortear la situación de extrema vulnerabilidad social que sufre. Nunca pudo recuperar la relación con sus padres, Carmen, y su vejez se avecina sola, pobre y con secuelas en todo su cuerpo de tratamientos médicos clandestinos y procesos de autohormonación sin control alguno. Silvia se intentó matricular en la Universidad de la Laguna para estudiar Medicina pero no pudo ser: “O te vistes como un hombre o no serás admitida”, le dijeron el día que quiso matricularse. Rechazó disfrazarse de hombre porque no podía elegir ser lo que no era, Carmen.

Dirá que me remonto a muy atrás y que la situación de las personas trans en España ha cambiado mucho. Le diré que lleva razón, pero aún hay casos de maltrato hacia las personas trans que estremecen y no se cuentan. Este artículo se lo podría también  haber escrito Oscar, un joven trans de 25 años de Jerez de la Frontera, que a los 19 años tuvo que huir de su casa. Su padre lo encerró con llaves en su habitación porque no toleraba que hubiese comenzado su transición. Hoy este chico vive en Madrid, laboralmente navega en la precariedad más absoluta y no cuenta con el apoyo de su familia. ¿De verdad piensa que este chico ha elegido el abandono familiar, la pobreza y el desarraigo como forma de vida?

En Córdoba vive una chica trans de unos 20 años, Carmen, que me gustaría que la conociese en una de las veces que baje a su tierra. Esta chica ha contado con el apoyo de su familia desde que tiene 16 años. Hoy está estudiando y su futuro no será en nada parecido al de Soraya, Silvia u Óscar. Alma, que así se llama la chica cordobesa, ha tenido la suerte de tener unos padres que la han apoyado, pero hay miles de personas trans que no tienen esa suerte y sus vidas son una continua cuesta arriba. ¿De verdad cree que una persona trans elige la exclusión laboral, que no le alquilen un piso, la expulsen de bares o discotecas, la echen de vestuarios y baños públicos o recibir insultos, humillaciones y palizas sólo por poner un pie en la calle?

Imagínese qué ha sentido estos días Soraya, Silvia, Oscar o Alma al escucharle decir que han elegido su género, ser lo que son, y que todo lo que les ha pasado en la vida, poco más o menos, se debe a una decisión caprichosa que lo único que persigue es borrar a las mujeres, cargarse el movimiento feminista y querer acabar con la leyes de igualdad y de violencia de género. No dudo que sepa teoría feminista, señora Calvo, pero estaría bien que entendiera que la vida real tiene muchas más aristas que las teorías y que imponer teorías como si fueran moldes de hormigón es un ejercicio de ausencia absoluta de empatía que está más cerca de los regímenes totalitarios que de un Estado democrático.

Aprobar la ley trans es una urgencia porque bien sabe, tanto como jurista y como política con varios trienios en las instituciones, que las leyes sirven para educar a la población y esta ley servirá para lanzar un mensaje rotundo a la sociedad de que las vidas trans importan, que no son un chiste, ni un capricho, ni una performance y que se merecen un Estado que las acompañe y reconozca su identidad para que ser feliz no dependa de la suerte de nacer en una familia o en otra.

Seguramente sepa usted mucha teoría feminista, pero me temo que no conoce a ninguna persona trans, que no se ha sentado nunca delante de una de ellas y las ha mirado a los ojos, sin  medios de comunicación de por medio, para conocer sus recorridos vitales y el mucho sufrimiento que llevan en las mochilas desde que se presentan al mundo como lo que son. Sería interesante que lo hiciera a la mayor brevedad posible, señora vicepresidenta del Gobierno.

Las personas trans no son una teoría, son realidad y a usted, que es ministra, le pagamos por hacer política, por gestionar la realidad, y no para imponer sus dogmas teóricos a ninguna vida. Créame, las personas trans son un colectivo vulnerable, desde que manifiestan su identidad descienden a los sótanos de la sociedad y sus vidas están repletas de muros difíciles de saltar. No han elegido su género, lo único que han elegido en la vida es a esconderse de la violencia, del abandono familiar, de los insultos, de las humillaciones y de los codazos a su paso. Más empatía y menos teoría, señora Calvo.

 

¿Sería mucho soñar con una ley que regule el trabajo sexual?

 

Por Amarú Varela

3 de febrero de 2021

https://www.aimdigital.com.ar/politica/sera-mucho-soar-con-una-ley-que-regule-el-trabajo-sexual.htm

 

 

Por Amarú Varela, de Revista PPV, especial para AIM. Primero, aclaremos que se entiende al trabajo sexual como el intercambio simultáneo o inmediato y autónomo de servicios de índole sexual a cambio de una retribución para beneficio propio, pero que el concepto se modifica a través del tiempo y las sociedades.

Segundo, es necesario diferenciar la despenalización de la legalización: la primera significa eliminar las leyes y políticas que penalizan o sancionan el trabajo sexual. La legalización, por otro lado, plantea la regulación expresa de una determinada situación de hecho para darle un marco normativo, a fin de resguardar los derechos de les trabajadores sexuales.

Desde los años 70, las trabajadoras sexuales, para que su milenario oficio fuera considerado un trabajo legal, en diversas partes del mundo armaron conferencias y encuentros internacionales en diversas partes del mundo para debatir sobre sus condiciones de regulación, e incluso algunas hicieron huelgas de hambre y amenazaron con dar a conocer el nombre de sus clientes.

Hasta mediados de la década de los 80´ hubo progresos en distintos frentes: sindicalización, derogación de leyes discriminadoras, debates sobre la libertad sexual y establecimiento de alianzas con otros movimientos y grupos.

Pero a partir de los años 90, el avance se frenó en muchos países y por distintas cuestiones, en su mayoría por la presión de la Iglesia Católica y grupos de derecha, junto con los gobiernos neoliberales que se limitaban a negar derechos sociales y laborales.

Pese a que se fueron debilitando los procesos de autoorganización de les trabajadores sexuales, en varios países, algunos grupos han seguido reivindicando su quehacer como una cuestión laboral, y han desarrollado diversas estrategias para obtener los derechos correspondientes.

El por qué de la necesidad de una Ley del Trabajo Sexual

Legalizar el trabajo sexual, traería beneficios a les trabajadores sexuales y también límites para aquellos que no sólo se benefician —directa o indirectamente— de ese mismo trabajo (por ejemplo, los policías que exigen coimas a les trabajadores en una clara extorsión), sino que además violan los derechos humanos de les trabajadores sexuales mediante el maltrato al que son sometidas a diario.

Si pensamos en la normalización del trabajo sexual autónomo, mediante su regulación por una ley nacional, podemos fundamentar esta decisión por tres ejes fundamentales: primero, el trabajo sexual es una cuestión de libertad individual y autonomía de las mujeres y de les trabajadores sexuales; segundo, las mujeres y les trabajadores sexuales tienen derecho a ofrecer sus servicios sexuales (equiparándolo a cualquier otro servicio que se pueda ofrecer en un mundo capitalista donde ponemos el cuerpo a diario para ganar lo que llamamos “salario” y que sólo alcanza para subsistir) y, por último, regular este servicio garantizará el reconocimiento de derechos humanos básicos de las mujeres y trabajadores sexuales que eligen esta actividad diariamente.

Así, Georgina Orellano, como titular de Ammar (Asociación de Meretrices de la República Argentina) a nivel nacional, hace hincapié en que la lucha del colectivo es la lucha de cualquier trabajador o trabajadora: una obra social, el acceso al crédito y a una cuenta bancaria para ingresar al sistema formal de bancarización, y sobre todo una situación laboral digna, libre de discriminación y de agresiones.

En nuestro país son aproximadamente 80.000 las personas que ejercen el trabajo sexual, las que en su mayoría son jefas de hogar.

Además, la legalización llevaría a una mejora de la situación sanitaria de este colectivo y le permitiría contar con elementos de cobertura estándar del mercado laboral, como seguros, programas de salud, seguridad ocupacional, y reglas de comercio justo. Además, un reclamo que se agudizó en tiempos de pandemia, fue la necesidad de acceder a una vivienda digna que tiene el colectivo de les trabajadores sexuales, lo cual es casi imposible, ya que las condiciones para alquilar vivienda son muchos más estrictas para estas personas debido a que no cuentan con recibos de sueldo ni constancias de ingreso alguno.

Una ley en este sentido garantizaría el libre ejercicio de la actividad en el territorio nacional y separaría a la actividad lícita de delitos, como son la trata de personas y la explotación sexual por parte de proxenetas.

Además, se brindaría un marco legal al trabajo sexual donde les trabajadores podrían acceder a derechos actualmente vedados.

¿No dice nuestra Constitución Nacional en el Art. 19 que “las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”?

Haciendo una interpretación conjunta con la del art. 15 de la Ley de Profilaxis N.º 12.331 (de 1936) que explicita que “queda prohibido en toda la República el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución, o se incite a ella, con excepción de aquellos cuyo funcionamiento fuera autorizado por la Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social con aprobación del Ministerio del Interior. Estas autorizaciones sólo deberán otorgarse atendiendo a necesidades y situaciones locales, limitando su vigencia al tiempo que las mismas subsistan, con carácter precario, debiendo los establecimientos autorizados sujetarse a las normas sanitarias que se impongan por la reglamentación” y su artículo 17: “Los que sostengan, administren o regenteen, ostensible o encubiertamente casas de tolerancia, serán castigados con una multa (…). En caso de reincidencia sufrirán prisión de 1 a 3 años, la que no podrá aplicarse en calidad de condicional”, entendemos por el simple ejercicio del trabajo sexual autónomo por la mujer u hombre en su domicilio privado, en forma individual e independiente y dentro del marco de la privacidad personal, sin afectar el orden público, la moral y las buenas costumbres, no constituye violación a los mencionados artículos.

El trabajo sexual en los Códigos Contravencionales argentinos y su anacronismo

Es sabido que a les trabajadores sexuales se les sigue deteniendo y dejando preses por muchos días (desde cinco hasta 20 o 30 días como lo prevé la contravención en Provincia de Buenos Aires) sólo por el hecho de ejercer el trabajo sexual en la calle. Este mecanismo de crimininalización del trabajo sexual tiene una base legal que está en jaque desde hace varios años y que es necesario reformar para evitar los abusos policiales actuales.

Existen grandes discusiones acerca de la constitucionalidad de los códigos contravencionales de nuestro país. A lo largo de los años, diversos actores sociales y políticos se han encargado de afirmar que los códigos contravencionales y de faltas fomentan y legitiman violaciones a los derechos humanos, vulnerando las garantías constitucionales y los Tratados Internacionales en la materia. No sólo porque criminalizan conductas que no lesionan bienes jurídicos específicos, sino porque —en algunos casos— permiten que determinadas acciones sean castigadas sin siquiera la intervención de un juez o un defensor, operando a modo de trámite administrativo e incumpliendo con el debido proceso legal.

Las faltas y contravenciones son conductas sancionadas con menos lesividad que implican una transgresión menor a los cánones de la vida común. Esta legislación está bajo la potestad de las provincias argentinas. Es decir, son estas las encargadas de su redacción, sanción y juzgamiento. En algunas provincias no existen juzgados contravencionales, por lo que el Poder Judicial no interviene en la imposición de este tipo de pena, que aunque menor, no deja de ser un castigo estatal.

El trabajo sexual ejercido libremente no es penalizado por el Código Penal de la Nación Argentina, es decir, la prostitución libre no es un delito. Sin embargo, desde el comienzo de la redacción de los Códigos de Faltas y Contravenciones provinciales, se ha incorporado el ejercicio de esta actividad como una conducta perseguida y castigada con arresto, multa y quizás —en los códigos más modernos— con trabajos comunitarios.

La realidad muestra que la mayoría de les trabajadores sexuales se ven sometidas a arbitrariedad y discriminación del poder policial y judicial mediante la imposición de la pena —en la mayoría de los casos— de arresto o multa.

Además, alrededor de la penalización de la prostitución existen otras conductas castigadas como es el hecho de “circular por la vía pública con ropa indecente, el travestismo y el homosexualismo”, conductas que claramente hablan del anacronismo que presentan los códigos y la gran carga de corrección social que sostienen. Este tipo de faltas y contravenciones, muchas veces van de la mano con la criminalización del trabajo sexual del Colectivo Travesti y Trans, que desde hace largo tiempo reclama el libre ejercicio de sus derechos y la adecuación de la legislación heteronormativa.

Por estas cuestiones, vemos que la legislación prohibicionista del trabajo sexual lo único que genera es la estigmatización y criminalización de un trabajo válido, resultado de la libre elección de las trabajadoras sexuales. En cuestión de derechos, no puede permitirse una solución moral.

Un Registro para les Trabajadores Sexuales

Como avance para el reconocimiento del trabajo sexual también es necesaria la creación de un Registro de Trabajadores Sexuales. Este registro debería tener como objeto relevar a les trabajadores sexuales y tener información sobre sus ingresos, condiciones laborales, habitacionales y de seguridad social, entre otros.

Como antecedente podemos mencionar el registro uruguayo que dio resultados positivos, ya que les trabajadores sexuales luego de inscribirse -respetando los requisitos legales para ser trabajadora sexual- obtienen una libreta sanitaria, que les permite la atención médica y que, además, sirve como documento para poder demandar en instancias judiciales a los clientes que no cumplen con la prestación en el intercambio del servicio sexual. Es un claro reconocimiento del trabajo sexual autónomo con herramientas que permiten la defensa de sus derechos.

En el mes de junio de 2020, el Ministerio de Desarrollo Social, al anunciar el lanzamiento del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep), había incluido la categoría de “trabajadores sexuales”, lo que devendría en uno de los primeros reconocimientos institucionales a esa actividad en nuestro país. A las pocas horas, el Ministerio dio marcha atrás con la medida.

Fallos con Perspectiva de género a favor de les trabajadores sexuales

En el año 2012, el Tribunal Oral Criminal de La Plata hizo lugar en la Causa 1910, a una acción de amparo interpuesta por Ammar a favor de les trabajadores sexuales de la Provincia de Buenos Aires, reconociendo el trabajo sexual como trabajo autónomo y declarando la inconstitucionalidad del art. 68 del decreto ley 8031/73 (Código de Faltas de Buenos Aires). En el fallo se exhortó al ministerio de Seguridad de esa provincia para que apliquen debidamente la ley 13.482 a fin de que el personal policial no discrimine al colectivo de les trabajadores sexuales.

Lo importante de este fallo es que el tribunal se encargó de sentenciar que la prostitución no es un delito, y que con la norma antes mencionada solamente se castiga “a quien honestamente ejerce la prostitución”. Así, la prohibición se dirige a sancionar acciones privadas y la moral pública no puede ser el patrón para medir estas acciones. El tribunal además afirmó que la “oferta de sexo por sí misma carece de entidad suficiente para configurar el daño a terceros que se debería exigir para prohibirla legítimamente sin afectar el principio de reserva ni legalidad”. Además, se dijo que el articulo 68 afectaría al artículo 18 y 19 de nuestra Constitución Nacional, en una clara violación del derecho de libertad, dignidad, por cuanto restringe la posibilidad de elección y de acción de la persona humana, avasallando la igualdad y la no discriminación.

En el año 2015, la jueza Natalia Molina, del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, declaró ilegítimo el procedimiento del Gobierno porteño para imponer la clausura y multas en domicilios de trabajadoras sexuales y sostuvo en el fallo que la falta de regulación es una deuda con la sociedad para con este colectivo de trabajadores.

La inexistencia de una ley nacional sobre el trabajo sexual autónomo facilita la violencia policial, el abuso y la extorsión, y perpetúa el estigma y la discriminación que sufren les trabajadores sexuales a manos de funcionarios públicos, prestadores de atención médica y la comunidad en general.

Las sanciones punitivas contra el trabajo sexual también perpetúan estereotipos negativos que impiden el acceso de les trabajadores sexuales a servicios de atención médica y a una vivienda adecuada, y hacen que trabajen en condiciones más precarias. Además, el temor de les trabajadores sexuales hacia las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes también merma su capacidad de buscar protección frente a la violencia y el delito.

Podemos elegir entre un derecho al trabajo sexual autónomo reconocido o un trabajo clandestino, con sus violencias y sus violaciones de derechos humanos; podemos elegir entre el reconocimiento de derechos o la persecución policial y judicial de les trabajadores sexuales; podemos elegir entre un trabajo registrado o la coima y la extorsión policial; podemos elegir entre reconocer y ampliar derechos o simplemente negarlos.

Dice Gerda Lerner: “cuando en el proceso de lucha, y en ciertos momentos históricos, las mujeres toman conciencia de las contradicciones de su relación con la sociedad y el proceso histórico, las perciben correctamente y las denominan privaciones que ellas comparten en cuanto a que son un colectivo. Esta toma de conciencia de las mujeres se convierte en la fuerza dialéctica que las empuja a la acción a fin de cambiar su condición y entablar una nueva relación con una sociedad dominada por los varones”. Eso misma pasa con la lucha feminista de las trabajadoras sexuales.