Se equivocan las abolicionistas

 

 

Se equivocan las abolicionistas si creen que van a acabar con la prostitución. Y no porque sea imposible, sino porque no han adoptado la táctica adecuada. Hacer la guerra a la prostitución “manu militari”, como se hace la guerra a las drogas o al terrorismo, solo llevará a un mayor sufrimiento de las mujeres y a un mayor enriquecimiento de las mafias, estatales y no estatales, para mayor gloria del feminismo carcelario.

La forma de acabar con la prostitución es llevar a cabo una guerra comercial que hunda los precios y arruine a la competencia. Esta guerra debería enfocarse en la demanda, por una parte, y en la oferta, por otra.

Acabar con la demanda de sexo pagado es fácil: basta con ofrecer sexo gratis. Y a esto las feministas abolicionistas no deberían objetar nada, ya que defienden el derecho a hacer con el propio cuerpo lo que se quiera y tienen muy claro que la fidelidad conyugal y la castidad virginal son instituciones patriarcales. Ahí están las Femen, usando sus tetas como arma de combate. Ya veo a las cohortes de feministas abolicionistas recorriendo los polígonos y haciendo que pagar por sexo sea lo más estúpido de este mundo.

Y en cuanto a la oferta, terminar con ella no puede ser asimismo más fácil: basta con ofrecer a cada prostituta una renta equivalente a sus ganancias y en las mismas condiciones, es decir, no hacer nada más que acostarse con quien le de la gana y cuando le de la gana.

Si no se pone fin a la prostitución es porque las abolicionistas no quieren.

Ellas sabrán por qué quieren llevar adelante una guerra que solo beneficia a las mafias.

El coste humano de “machacar” el mercado: la penalización del trabajo sexual en Noruega

 

Amnistía Internacional

 

Publicado en 2016

 

https://www.amnesty.org/es/documents/eur36/4130/2016/es/

 

RESUMEN EJECUTIVO

 

“El año pasado viví un verdadero infierno.” Así es como Mercy, una trabajadora sexual nigeriana, describió sus experiencias de discriminación, exclusión social y abusos contra los derechos humanos en Noruega. Su caso culminó con el desalojo forzoso de su casa en 2014. El hecho de que la dejasen sin hogar, sin el debido proceso ni notificación alguna, constituye una violación de derechos humanos en virtud del derecho internacional. Que el desalojo forzoso se produjera como consecuencia directa de haber denunciado una violación y un robo violento de los que había sido víctima hace aún más atroz el trato que recibió como trabajadora sexual en Noruega. Mercy contó a Amnistía Internacional:

 

“Llegó a la casa un tipo bajo que llevaba una navaja. Yo le abrí la puerta. En la casa éramos nueve. Nos amenazó con una navaja y nos robó el dinero y los teléfonos […] Nos obligó a mantener relaciones sexuales con él. La policía tardó dos o tres horas en llegar. Nos llevaron a todas al hospital y nos buscaron un hotel para dos noches. Luego volvimos a la casa y, dos días después, el arrendador nos echó a la calle […] La policía lo presionó. Nos dio medio día para irnos […] Estuve deambulando por Oslo durante horas con mi equipaje, hasta que encontré un lugar donde quedarme”.

 

El de Mercy no es un caso aislado. Amnistía Internacional supo de otro robo violento del que habían sido víctimas tres mujeres que vendían servicios sexuales alrededor de esos mismos días de marzo de 2014, a las que expulsaron rápidamente del país tras denunciar el incidente a la policía.

 

Amnistía Internacional siente honda preocupación por que las trabajadoras y los trabajadores sexuales, grupo que, según se reconoce globalmente, corre un mayor riesgo de sufrir estigmatización, marginación y violencia, puedan ser penalizados en Noruega cuando denuncia delitos graves. Noruega es un país que se jacta de su sólido historial de derechos humanos tanto en el ámbito nacional como en el internacional, y es Estado Parte en todos los principales tratados de derechos humanos europeos y de la ONU pertinentes a las cuestiones que se abordan en el presente informe. Noruega es también un país que, en décadas recientes, ha debatido cuestiones relacionadas con el trabajo sexual y reformado su marco jurídico.

 

El modelo jurídico adoptado por el gobierno noruego se promociona como un modelo que fomenta la protección de las personas que venden servicios sexuales, las blinda de la penalización y, en su lugar, desplaza la carga penal de la culpa a quienes compran servicios sexuales. Pese a ello, Amnistía Internacional ha hallado indicios de abusos contra los derechos de personas que venden servicios sexuales en Noruega, que se ven agravados y, en algunos casos, están directamente causados por el marco jurídico. Amnistía Internacional habló con trabajadoras sexuales que habían sufrido violaciones del derecho a la vivienda, el derecho a la seguridad de la persona, el derecho a protección igualitaria ante la ley, el derecho a la salud, el derecho a no sufrir discriminación y el derecho a la intimidad. Las cuestiones expuestas en este informe demuestran que Noruega no está cumpliendo sus obligaciones internacionales de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos de las personas que venden servicios sexuales.

 

CÓMO REALIZAMOS NUESTRA INVESTIGACIÓN

 

Este informe es el resultado de una serie de entrevistas realizadas en Oslo (Noruega) durante tres semanas entre noviembre de 2014 y febrero de 2015, así como de investigaciones documentales. Amnistía Internacional realizó un total de 54 entrevistas, 30 de ellas a mujeres que venden o han vendido servicios sexuales. Tres de las mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional describieron experiencias de trata. Amnistía Internacional también se reunió con representantes de diversos organismos que proporcionan servicios de apoyo social a personas que venden servicios sexuales. Se realizaron entrevistas a representantes de organismos gubernamentales, incluido el Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública noruego, el Departamento de Policía de Oslo, la Fiscalía Regional de Oslo y la Oficina de Defensa por la Igualdad y contra la Discriminación. Amnistía Internacional también se reunió con varias organizaciones de la sociedad civil, así como con profesionales de la abogacía y del ámbito de la investigación académica/social.

 

LA AMPLIACIÓN DEL MARCO JURÍDICO

 

En décadas recientes, el gobierno noruego ha realizado reformas legislativas para ampliar el ámbito de intervención y control policial en el mercado del comercio sexual. Ha ampliado el alcance de la ley contra la “promoción” del comercio sexual, lo que significa que ahora está tipificada como delito una amplia gama de actividades relacionadas con la organización del trabajo sexual, como alquilar lugares para ejercerlo o ejercerlo con otras personas. En el ámbito nacional, las nuevas iniciativas promovidas por el gobierno noruego para abordar la trata de personas se han centrado en la reducción/erradicación del trabajo sexual como medio principal para prevenir la trata en el sector de los servicios sexuales, y eso pese a la preocupación —expresada por diversos órganos de la ONU y grupos que luchan contra la trata— de que el equiparar el trabajo sexual de personas adultas realizado con consentimiento con la trata de personas ayuda poco a reducir la trata y da lugar a violaciones de derechos humanos.

 

En 2009, Noruega se convirtió en el tercer país nórdico en tipificar la compra de servicios sexuales como delito, medida que, en combinación con la derogación de legislación que penaliza el acto directo de vender servicios sexuales recibe generalmente el nombre de “modelo nórdico”. Esta medida había sido rechazada de forma sistemática durante las dos décadas anteriores. No obstante, la preocupación por los cambios en el mercado del comercio sexual —especialmente la llegada a partir de 2003 de un número creciente de mujeres migrantes nigerianas que venden servicios sexuales en las calles de Oslo— intensificó el temor a la migración no deseada, la delincuencia organizada y la trata de personas, y ayudó a impulsar el apoyo a la nueva ley.

 

LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES SEXUALES, CADA VEZ MÁS EXPUESTOS A SANCIONES Y CONTROL POLICIAL

 

Las afirmaciones según las cuales, en virtud del “modelo nórdico”, en Noruega no se penaliza ni se imponen sanciones a las trabajadoras y los trabajadores sexuales, y el grado de daño y estigma que sufren es reducido, no reflejan la realidad del terreno. Amnistía Internacional ha hallado indicios de que muchas personas dedicadas al trabajo sexual continúan siendo objeto de una actuación policial muy intensa y son acosadas y sancionadas por la policía de formas múltiples y entrecruzadas. Un proveedor de servicios sociales contó a Amnistía Internacional que:

 

“Ningún otro grupo social está sometido a un grado tan elevado de atención policial, y tiene que soportarlo pese a no estar haciendo nada ilegal. Esta atención no está ni siquiera justificada por el delito en el que incurren los clientes, menos aún cuando las trabajadoras y los trabajadores sexuales no están infringiendo la ley”.

 

En los últimos diez años la policía de Oslo ha adoptado un enfoque de “intervención preventiva” en relación con el trabajo sexual que lleva aparejada la aplicación de sanciones por infracciones menores como “métodos de estrés” para perturbar, desestabilizar y aumentar la presión sobre quienes operan en el sector de los servicios sexuales. Una investigadora académica describe que los agentes policiales “de Oslo utilizan a menudo expresiones como que van a ‘machacar’ o ‘estrangular’ el mercado [de la prostitución] y desestabilizar, presionar y estresar a la gente del sector”. Un ejemplo de este enfoque es la “Operación Sin Techo”, iniciativa que se centraba en aplicar con mayor dureza la ley contra la “promoción” del trabajo sexual, que tipifica como delito “alquilar inmuebles […] para la prostitución”. La “Operación Sin Techo” duró cuatro años, entre 2007 y 2011, y dio lugar a desalojos sistemáticos e inmediatos de trabajadoras y trabajadores del sexo de sus lugares de trabajo y sus domicilios. (Véase el capítulo 3.3. infra) Aunque la “Operación Sin Techo” se suspendió en 2011, Amnistía Internacional entrevistó a mujeres, como Mercy, que habían sido desalojadas forzosamente desde entonces.

 

Amnistía Internacional también ha hallado indicios de que muchas personas dedicadas al trabajo sexual continúan sometidas a un grado elevado de vigilancia policial, como medio para aplicar la ley contra la “promoción” —lo que da lugar a redadas y desalojos posteriores— y para identificar y “señalar” a las trabajadoras y los trabajadores sexuales con el fin de identificar a quienes compran servicios sexuales para multarlos. Esto hace recaer una carga injustificada en quienes se dedican al trabajo sexual y da lugar a posteriores redadas, desalojos y otras formas de sanción. Un abogado entrevistado por Amnistía Internacional expresó preocupación porque:

 

“La policía centra todos sus esfuerzos en desmontar a las mujeres, porque es la forma más sencilla de deshacerse del problema”.

 

Las pruebas recopiladas por Amnistía Internacional también indican que las trabajadoras y los trabajadores sexuales de la calle son sometidos periódicamente a paradas, interrogatorios y controles de identidad policiales, tras los que con frecuencia se les imponen sanciones. Esas sanciones incluyen la detención o la expulsión, el desalojo de su apartamento, la imposición de multas por no facilitar la dirección a la policía o la emisión de órdenes de alejamiento que les exigen abandonar la zona de inmediato para no ser sancionadas. Wendy, una joven de origen africano, explicó a nuestro equipo de investigación que la habían parado agentes vestidos de civil:

 

“Iba caminando por la calle. No estaba trabajando. Estaba charlando con mis amigas. Pensé que eran hombres violentos, y me asusté. La policía me pidió los papeles, y se los enseñé. Luego les hicieron preguntas a mis amigas: si tenían preservativos y por qué. Nos dijeron que nos fuéramos, y que sería mejor que no nos vieran en la calle, que como volviéramos por allí durante las siguientes 24 horas nos llevarían a comisaría”.

 

Amnistía Internacional escuchó testimonios de proveedores de servicios sociales y personas dedicadas al trabajo sexual que describían que mujeres que venden servicios sexuales habían sido interrogadas por la policía por llevar consigo preservativos, o temían llevarlos por si ello daba lugar a actuaciones policiales en su contra. Un representante del Departamento de Policía de Oslo confirmó a Amnistía Internacional que la existencia de preservativos en lugares cerrados se consideraría una prueba coadyuvante de que en el lugar se estaban vendiendo servicios sexuales. Este enfoque penaliza de facto la posesión de preservativos por las trabajadoras y los trabajadores sexuales, y representa un obstáculo a la protección efectiva de su derecho a la salud sexual y reproductiva.

 

LA VIOLENCIA CONTRA LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES SEXUALES

 

Como ocurre en muchos países, en Noruega las trabajadoras y los trabajadores sexuales corren un riesgo elevado de sufrir violencia y abusos. Sufren violencia a manos de diversos perpetradores, incluidos clientes, ciudadanos de a pie, terceros que participan en el trabajo sexual y bandas organizadas que los explotan, aprovechándose de su aislamiento y su situación de marginación. No obstante, en lugar de ser un grupo compuesto por personas con quienes la policía fomenta su relación para minimizar su marginación y ofrecerles protección, muchas de ellas, dependiendo de sus circunstancias, han de soportar ser desalojadas, sometidas a vigilancia policial, perder su medio de sustento o ser expulsadas si acuden a la policía.

 

No sorprende, pues, que muchas de las mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional declararan ser sumamente reticentes a acudir a la policía para denunciar un delito. Casi todas las mujeres a las que entrevistó Amnistía Internacional dijeron que sólo considerarían acudir a la policía en última instancia, a menudo sólo en circunstancias extremas que constituyeran una amenaza inmediata para su vida. Un estudio de 2012 realizado por el mayor proveedor de servicios sociales a trabajadoras y trabajadores sexuales de Noruega halló que solo el 16% de las 123 mujeres participantes declaró haber recibido ayuda de la policía tras un incidente violento. María, trabajadora sexual en ámbitos privados, contó a Amnistía Internacional:

 

“Si un cliente se porta mal contigo, al final tienes que solucionarlo tú misma. Sólo llamas a la policía en caso de peligro de muerte. Si llamas a la policía, corres el riesgo de perderlo todo”.

 

LA SEGURIDAD, COMPROMETIDA

 

Las medidas que adoptan las propias personas que ejercen el trabajo sexual para aumentar su seguridad también se están viendo comprometidas. Las trabajadoras sexuales a las que entrevistó Amnistía Internacional mencionaron varios grados y formas de reducir los riesgos en su trabajo. Por ejemplo, Celin, trabajadora sexual en ámbitos privados noruega, contó a Amnistía Internacional:

 

“Hago distintas cosas para mantenerme segura. Nunca voy a domicilios particulares, y en ningún caso la primera vez que atiendo a un cliente. No sé quién va a estar esperándome allí. Tu propia casa y los hoteles son mucho más seguros que el apartamento de un cliente. Tampoco atiendo llamadas de números ocultos. Quiero tener los números de los clientes para que, en caso de que tenga que acudir a la policía, puedan localizarlos”.

 

Mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional que trabajaban en la calle describieron que realizaban sus propias evaluaciones cuando comenzaban a trabajar con un cliente, principalmente mediante conversaciones cortas que les permitían valorar sus motivaciones. Muchas también identificaron el desplazamiento al domicilio del cliente con correr un riesgo importante y como algo que deseaban evitar. No obstante, la mayoría de las entrevistadas afirmaron que los clientes les pedían que fueran a sus casas para evitar que la policía los detuviera. Las mujeres que trabajaban en la calle mencionaban con más frecuencia que visitaban los domicilios de los clientes. En los testimonios recogidos por Amnistía Internacional, esto se asociaba estrechamente a actos de violencia. Ninguna de las trabajadoras de la calle con las que habló Amnistía Internacional poseía un lugar en propiedad, y estaban expuestas a sufrir un desalojo si la policía descubría que llevaban a los clientes a sus propias casas. Tina, trabajadora sexual nigeriana que ejerce en la calle, dijo a Amnistía:

 

“Algunos clientes te pueden hacer daño en sus apartamentos. Y eso es porque saben que te da miedo ir a la policía. Tenemos que obedecer sus reglas porque estamos en sus casas. No los podemos traer a la nuestra”.

 

Varios de los proveedores de servicios sociales con los que habló Amnistía Internacional expresaron preocupación por que la prohibición de la compra había creado un “mercado de clientes” que comprometía la seguridad de las trabajadoras y los trabajadores sexuales. Un representante de la Policía de Oslo contó a Amnistía Internacional que creía que se había reducido el número de compradores que, con mayor probabilidad, respetaban el acuerdo con la persona que efectuaba la venta:

 

“Muchos de los clientes buenos —los que respetan la ley, la generación más joven— ya no están ahí. Pero los clientes malos siguen estando”.

 

La evaluación de la prohibición de comprar servicios sexuales, realizada por Vista Analysis, consultoría de ciencias sociales, en nombre del gobierno noruego, reconoce que:

 

“Las mujeres del mercado de la calle declaran tener menos poder de negociación y un mayor temor por su seguridad ahora que antes de que se aprobara la ley. En el mercado de espacios cerrados, las prostitutas manifiestan recelos ante las ‘llamadas para trabajar fuera’. Prefieren que los clientes las visiten en su apartamento o en su habitación de hotel”.

 

Los proveedores de servicios sociales y la policía informaron a Amnistía Internacional de que se estaba interpretando que la ley contra la “promoción” se aplicaba al uso de habitaciones de hotel, lo que significaba que los hoteles podían ser considerados responsables de “promoción” cuando el trabajo sexual se realizaba en sus instalaciones. Casi todas las trabajadoras sexuales migrantes entrevistadas por Amnistía Internacional denunciaron haber sido identificadas como tales o excluidas por los hoteles.

 

Casi todas las trabajadoras del sexo con las que habló Amnistía, con independencia de dónde prestaran sus servicios, identificaron que una forma de aumentar su seguridad sería trabajar con otras personas. No obstante, la definición de “promoción” en virtud de la ley es lo bastante amplia para penalizar a las trabajadoras y los trabajadores sexuales que trabajan juntos o con cualquier otra persona, como personal de limpieza, recepción o seguridad.

 

El objetivo del “modelo nórdico”, desplazar la carga del delito de quien vende a quien compra, no se está cumpliendo para muchas personas que venden sexo en Noruega, en particular las más marginadas. En términos de gravedad, en muchos casos, la amenaza y el impacto del desalojo forzoso, la expulsión y la pérdida de los medios de sustento en las personas que venden servicios sexuales supera con creces las implicaciones de la multa de entre 15.000 y 25.000 coronas noruegas (alrededor de entre 1.700 y 2.850 dólares estadounidenses) que se impone a los compradores. La penalización del trabajo sexual en Noruega y la consiguiente reticencia de muchas personas que ejercen el trabajo sexual a acudir a la policía para denunciar un delito también están dando lugar a una situación en la que los responsables de actos de violencia contra trabajadoras y trabajadores sexuales, entre ellos clientes maltratadores, disfrutan de relativa impunidad por delitos graves.

 

Pese a reconocer que el enfoque jurídico actual en Noruega ha socavado el poder de negociación de las personas que venden servicios sexuales en la calle y ha aumentado su dependencia de clientes maltratadores, Vista Analysis concluyó que la presión creciente en el sector de los servicios sexuales:

 

“[…] era acorde con las intenciones de la ley y […] por tanto no se consideraba un efecto secundario indeseado […]”.

 

Del mismo modo, un experto asesor del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública contó a Amnistía Internacional que:

 

“Al final la cuestión es ‘si se considera un problema que las personas que se prostituyen lo tengan difícil’. En la esfera política, nadie ha dicho que queramos que las prostitutas estén bien al mismo tiempo que intentamos erradicar la prostitución”.

 

UNA CULTURA DE ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN

 

Los proveedores de servicios sociales y algunas trabajadoras del sexo entrevistadas por Amnistía Internacional expresaron preocupación por el endurecimiento en años recientes de las actitudes hacia las personas que venden servicios sexuales, y citaron información publicada en los medios de comunicación, investigaciones y experiencias de personas dedicadas al trabajo sexual como pruebas de que las actitudes negativas hacia este colectivo son ahora más habituales. La trabajadora sexual en ámbitos privados Ellie describió a Amnistía Internacional el cambio que, según ella, se había producido:

 

“Cuando el gobierno ilegalizó la prostitución, hizo que la gente nos viera como ilegales. La gente empezó a mirarnos con ojos distintos”.

 

Un estudio de 2011 que exploraba el efecto que había tenido en las actitudes de la opinión pública noruega la entrada en vigor de la ley que penaliza la compra de servicios sexuales halló que, aunque había indicios de un creciente apoyo a la penalización de la compra de servicios sexuales en algunas zonas, “la sociedad noruega se hizo más propensa a pensar que debía ilegalizarse la venta de servicios sexuales frente a lo que lo habría sido de no darse el cambio jurídico”. Los autores reconocían que este cambio de actitud era “lo contrario de lo que los legisladores pretendían conseguir”.

 

Con frecuencia, las trabajadoras del sexo entrevistadas por Amnistía Internacional mencionaron experiencias negativas con ciudadanos de a pie. La discriminación que describieron las mujeres, especialmente en el caso de las trabajadoras sexuales migrantes nigerianas, estaba, a menudo, entremezclada con sentimientos racistas y contra las personas migrantes. Mary contó a Amnistía Internacional:

 

“Son sobre todo las mujeres las que nos insultan, [pero] a veces también lo hacen los hombres. Pasa muchas veces. [Dicen cosas como] ‘puta, vuelve a tu país’. ‘Quítate de una puta vez de mi vista’”.

 

LA CRECIENTE EXPOSICIÓN A LA EXPLOTACIÓN

 

Siete mujeres migrantes que ejercían el trabajo sexual contaron a Amnistía Internacional que, después de que las desalojaran, no tenían adónde ir, y tuvieron que depender de amigos, socios, extraños, refugios para personas sin techo o el espacio público para dormir hasta que encontraron otro lugar donde quedarse. Amnistía Internacional también halló indicios de que la penalización del trabajo sexual deja a algunas personas que ejercen el trabajo sexual expuestas a sufrir explotación a manos de arrendadores que ofrecen no denunciarlas a la policía a cambio de alquileres más elevados, entre otras cosas, o de socios que explotaron su situación de falta de hogar tras el desalojo. Un informe de 2012 sobre las experiencias de mujeres que ejercían la prostitución en Noruega identificaba la falta de estabilidad en la vivienda como un factor determinante para incrementar su vulnerabilidad a la explotación:

 

“La vivienda ha sido un factor clave en el desarrollo de la explotación; varias de las mujeres de Europa del Este que llegaron aquí poco después del cambio de milenio dependían de la ayuda de otras personas para algo tan básico como acceder a una vivienda, pero también para publicitarse y organizar otros aspectos de la prostitución. En cuando se hicieron con su propia red de contactos y lograron organizarse por su cuenta, varias de ellas comenzaron a operar de forma independiente.”

 

UNA RESPUESTA INEFICAZ A LA TRATA

 

Amnistía Internacional se reunió con tres mujeres sobrevivientes de trata de personas para el comercio sexual en Noruega. Relataron diversas experiencias de coacción, explotación y, en algunos casos, violencia extrema. Amnistía Internacional también se reunió con una organización que presta servicios de apoyo a sobrevivientes de trata.

 

La trata de personas constituye un grave abuso contra los derechos humanos. En virtud del derecho internacional, Noruega tiene un serie de obligaciones relativas a impedir la trata, proteger a las víctimas de trata y garantizar la investigación y el procesamiento efectivos de los delitos de trata. Para cumplir adecuadamente las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional, Noruega debe hacer efectiva su estrategia contra la trata sin violar los derechos humanos.

 

La magnitud y las formas de intervención punitiva en el mercado del comercio sexual que el gobierno y el marco jurídico noruegos apoyan actualmente comprometen la seguridad de muchas personas que venden servicios sexuales y contribuyen directamente a violaciones de sus derechos humanos. Al mismo tiempo, las pruebas en que las autoridades noruegas se han basado para justificar las medidas de represión punitivas como iniciativas efectivas contra la trata son fundamentalmente deficientes y se ven menoscabadas por pruebas alternativas que demuestran que, con frecuencia, la represión policial en el mercado del trabajo sexual tiene efectos negativos en las víctimas de trata.

 

Pese a que se promocionan como medidas contra la trata, no queda claro hasta qué punto iniciativas como la “Operación Sin Techo” han contribuido a identificar a las víctimas y a los responsables de trata. De los 280 casos de trata de personas para el comercio sexual denunciados en Noruega entre 2006 y 2014, sólo 32 han dado lugar a sentencias condenatorias de los responsables. En Oslo, la tasa anual de sentencias condenatorias ha oscilado entre cero (en 2010, 2012 y 2014) y tres (en 2011).

 

La aplicación del marco legislativo y el enfoque de “actuación policial preventiva” en el trabajo sexual están incrementando la vulnerabilidad de las personas que venden servicios sexuales en Noruega, exponiéndolas a un mayor riesgo de sufrir explotación. La expulsión estratégica de muchas mujeres migrantes que venden sexo, algunas de las cuales podrían ser víctimas de trata, también da lugar a que no se detecte la trata ni se identifique a las víctimas, lo que expone a las personas a volver a ser objeto de trata. Significa además que los responsables de esos casos no comparecen ante la justicia. La medida simplista del éxito que Noruega aplica a su trabajo contra la trata —a saber, la reducción general del mercado del comercio sexual— significa que, en la práctica, el gobierno puede presentar como exitosa la expulsión de víctimas de trata a otros países. Un representante del Departamento de Policía de Oslo reconocía lo siguiente: “Expulsa[n] a víctimas de trata. Muchas de ellas no saben que son víctimas, pero, con arreglo a la ley , lo son”.

 

Además, la conclusión general de que en Noruega la incidencia del trabajo sexual y, por asociación, de la trata, ha disminuido sustancialmente por la adopción del llamado “modelo nórdico” ha sido cuestionada sistemáticamente por especialistas en ese campo, que señalan “demasiadas incertidumbres” en los datos utilizados para argumentar el éxito de este enfoque.

 

Las mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional describieron motivos diversos para dedicarse al trabajo sexual. Para muchas, el trabajo sexual constituía un medio para abordar las dificultades económicas a las que se enfrentaban ellas o sus familias. La exclusión social, la marginación y la pobreza pueden ser factores en la decisión de comenzar a ejercer el trabajo sexual. Los Estados tienen la obligación de abordar esta injusticia social y económica respetando y protegiendo los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas. Para garantizar que las personas no tienen que depender de la venta de servicios sexuales para satisfacer sus necesidades inmediatas ni las de sus familias, los Estados deben tomar medidas que garanticen que las personas disfrutan de sus derechos humanos, como el derecho a un nivel de vida adecuado, a la educación, a la salud y a no ser discriminadas, entre otros. Los Estados también deben garantizar que las personas pueden participar libremente en la sociedad, sin injerencias indebidas ni represión del Estado.

 

En lugar de dar prioridad a la realización de los derechos humanos de las personas que venden servicios sexuales como objetivo central de la elaboración de políticas en este ámbito, el gobierno noruego ha adoptado un enfoque basado en la penalización. Esencialmente, este enfoque apoya la reducción/erradicación del mercado del comercio sexual por encima de todos los demás objetivos, por lo que, con frecuencia, ignora su impacto en los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual o le concede menos importancia que al objetivo de la reducción/erradicación.

 

Por tanto, Amnistía Internacional pide a las autoridades noruegas que cambien de enfoque y basen su respuesta al comercio sexual en la protección de los derechos humanos de todas las personas que venden servicios sexuales. Amnistía Internacional pide al gobierno noruego que emprenda un programa de reformas jurídicas que despenalice el trabajo sexual de personas adultas ejercido con consentimiento y garantice a las personas que venden servicios sexuales salvaguardias jurídicas frente a la explotación que cumplan las normas internacionales de derechos humanos. Amnistía Internacional recomienda que el gobierno noruego desarrolle y publique un Libro Blanco que formule recomendaciones sobre el establecimiento de un marco legislativo, normativo y regulador que haga efectivos los derechos humanos de las personas que venden servicios sexuales en Noruega, y que financie un proyecto de investigación a largo plazo que proporcione conocimiento sobre las condiciones de vida de las trabajadoras y los trabajadores del sexo en Noruega.

 

Amnistía Internacional también recomienda que el próximo plan nacional de actuación sobre la trata confirme la distinción entre el trabajo sexual de personas adultas ejercido con consentimiento y la trata de personas, y garantice que las medidas contra la trata no afectan negativamente a los derechos humanos y la dignidad de ninguna persona, en particular de las víctimas de trata, las que venden servicios sexuales, las migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. Amnistía también pide el cese inmediato en el uso de las prácticas de actuación policial como “método de estrés” contra las personas que venden servicios sexuales en Noruega.

 

Al final de la versión íntegra del presente informe figuran recomendaciones adicionales.

 

 

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EL COSTE HUMANO DE “MACHACAR” EL MERCADO:

LA PENALIZACIÓN DEL TRABAJO SEXUAL EN NORUEGA

 

RESUMEN EJECUTIVO

 

En 2009 Noruega se convirtió en el tercer país nórdico en penalizar la compra de servicios sexuales. Aunque la venta directa de servicios sexuales no es ilegal, el código penal prohíbe la “promoción” del trabajo sexual. Esta prohibición se aplica a una amplia gama de actividades asociadas con la organización del trabajo sexual, como el alquiler de lugares seguros o el ejercicio junto con otras personas por seguridad.

 

Con la adopción de un enfoque de “actuación policial preventiva”, la policía ha pretendido “machacar” el mercado del comercio sexual mediante la imposición de sanciones por infracciones menores para desestabilizar a quienes operan en él. Esto dio lugar a desalojos sistemáticos e inmediatos de los lugares de trabajo y domicilios de muchas personas dedicadas al trabajo sexual . Las personas que ejercen el trabajo sexual denuncian que están obligadas a correr mayores riesgos para proteger a sus clientes frente a la detención policial, como visitarlos en sus domicilios o disponer de menos tiempo y oportunidades para evaluar los riesgos de atender a potenciales clientes maltratadores. Puesto que el denunciar abusos y actos violentos expone a las trabajadoras y los trabajadores sexuales a un posible desalojo y, en algunos casos, a la expulsión, muchos de esos actos quedan sin denunciar. En Noruega el trabajo sexual continúa estando muy estigmatizado, lo que contribuye a que quienes se dedican a él sean objeto de discriminación, marginación y explotación.

 

El presente informe formula recomendaciones para que se reforme la legislación actual y medidas que adoptar para proteger los derechos humanos de las trabajadoras y los trabajadores del sexo en Noruega.

 

 

 

 

 

Resistencia al estigma del trabajo sexual

 

Ronald Weitzer

Universidad George Washington, EE.UU.

Enero de 2017

 

https://www.academia.edu/31011252/Resistance_to_Sex_Work_Stigma_2017_?auto=download

 

Resumen

El estigma es omnipresente en el trabajo sexual y está bien documentado en estudios de trabajadoras sexuales. Pero rara vez los estudiosos han examinado la cuestión vital de si el estigma puede reducirse o eliminarse de cualquier tipo de trabajo sexual (stripping comercial, pornografía, prostitución, etc.). Después de una breve revisión de los temas relacionados con el estigma, este comentario propone un conjunto de condiciones previas para la reducción y, en última instancia, la eliminación del estigma del trabajo sexual.

 

 

El estigma es uno de los problemas más importantes en el trabajo sexual. Es omnipresente en el comercio sexual, aunque su contenido e intensidad varían un tanto por género, por sector ocupacional y por contexto nacional. Las investigaciones sobre las profesionales del sexo, sus directivos y sus clientes ofrecen abundantes pruebas de las consecuencias nocivas de la estigmatización.

 

El estigma se ha descrito como una imputación de estatus inferior a aquellos que tienen un rasgo desacreditador visible (por ejemplo, discapacidad física) o algún defecto moral percibido. Erving Goffman define el estigma como “un atributo que es profundamente desacreditador”, pero lo que es clave no es el atributo en sí: el estigma es producto de una relación entre al menos dos actores, no algo inherente a un tipo de comportamiento o condición física (Goffman, 1963: 3). Se aplica a categorías enteras de personas (por ejemplo, homosexuales, traficantes de drogas), así como a individuos específicos. Se manifiesta en las encuestas de opinión pública, las representaciones de los medios de comunicación, el discurso político, los encuentros cara a cara y las maneras en que los individuos internalizan los estereotipos, ocultan su identidad estigmatizada y llevan vidas dobles.

 

 

El libro de referencia de Goffman, Stigma (1963), ofrece un análisis convincente de las dimensiones clave del estigma. Pero el libro tiene una sorprendente deficiencia: no dice casi nada sobre la posibilidad de resistencia (por individuos o colectividades) ni considera si el estigma puede ser reducido o eliminado con el tiempo. Estas lagunas se reflejaban en las formulaciones originales de la teoría del etiquetado, que ignoraban la posibilidad de desafío por parte de los individuos que eran etiquetados como desviados, lo que John Kitsuse (1980) llamó posteriormente “desviación terciaria” y Edwin Schur (1980) examinó a nivel de grupo en su discusión de los “movimientos de liberación de la desviación”. Goffman y los fundadores de la teoría del etiquetado parecen haber asumido que una vez que un individuo o categoría de personas había sido estigmatizado, es internalizado por ellos y es básicamente permanente. La pegajosidad es quizá una función del período de tiempo en el que escribieron Goffman y los teóricos del etiquetado temprano (1951-1963) en la medida en que veían pocos ejemplos en ese momento de resistencia por parte de personas estigmatizadas o una política de identidad más amplia.

 

En lugar de desafío, Goffman se centra en las formas en que los individuos manejan el estigma: ocultándolo de los demás (“pasar” por normal); revelándolo selectivamente a algunas personas (“cobertura”); aislándose dentro de un grupo de otros igualmente estigmatizados; retener información biográfica sobre sí mismos; o de otra manera hacer frente a lo que él llamó una “identidad estropeada.” Los individuos estigmatizados se presentan como resignados a su estado devaluado, y su agencia consiste en limitar creativamente la exposición. Otro rasgo llamativo del libro de Goffman es el descuido de los orígenes y funciones del estigma hacia categorías particulares de personas -por ejemplo, las formas en que la estigmatización refuerza las normas convencionales y promueve intereses dominantes legitimando las jerarquías de poder establecidas (Link y Phelan, 2001; , 1980). El examen de las causas estructurales del estigma podría haber llevado a Goffman a explorar los corolarios de cómo el estigma puede reducirse. En vez de eso, nos quedamos con un análisis bastante estático, en el que los individuos internalizan las atribuciones desacreditantes de otros y hacen frente a ellos en la vida cotidiana.

 

Dos reseñas bibliográficas destacadas mencionan la cuestión del cambio, pero sólo de pasada y con escepticismo con respecto al potencial de erosión del estigma (Link y Phelan, 2001; Pescosolido y Martin, 2015). Y los pocos estudios que han examinado la resistencia se limitan en gran medida al nivel psicológico individual (por ejemplo Thoits, 2011) e ignoran la cuestión más amplia de cómo el estigma puede reducirse o eliminarse frente a una categoría entera de personas (excepciones incluyen a Anspach, 1979, De Young, 1988, Estro y otros, 2004, Schur, 1980). Un libro reciente discute programas diseñados para reducir el estigma hacia los enfermos mentales, incluyendo la iniciativa de la Asociación Mundial de Psiquiatría de 1996, Open the Doors Global Program para combatir el estigma debido a la esquizofrenia y campañas nacionales similares (Stuart et al., 2012). Dichos programas buscan difundir conocimientos, disminuir los prejuicios y poner fin a la discriminación contra quienes padecen una enfermedad mental. Estos programas han sido dirigidos menos al público en general que a grupos específicos como jóvenes, periodistas , policías, funcionarios de salud y encargados de formular políticas. Estos programas parecen haber tenido cierto éxito en la reducción de los estereotipos entre los grupos objetivo.

 

 

Estigma en el comercio sexual

 

El campo del trabajo sexual refleja la literatura académica más amplia en la que el propio estigma rara vez se problematiza. Una vez más, el defecto es tratarlo como una constante inmutable, no una variable, y asumir que es utópico imaginar su erosión. El estigma es universal en el ámbito del trabajo sexual: está bien documentado en la investigación sobre pornografía, prostitución y stripping comercial como un obstáculo que las trabajadoras sexuales y sus asociados enfrentan regularmente. Varía en intensidad, siendo generalmente más severo en prostitución (especialmente prostitución de calle) que en stripping comercial y pornografía. Varía un poco según la sociedad, y algunas naciones adoptan un enfoque más tolerante que otras, aunque el estigma sigue siendo un riesgo ocupacional para las trabajadoras sexuales en todas las naciones (Abel y Fitzgerald, 2010; Weitzer, 2012). Es más fácil para las trabajadoras sexuales inmigrantes protegerse del tipo de estigma que más les preocupa – el descubrimiento por familiares y amigos en su país de origen – que para las trabajadoras domésticas que viven con la amenaza diaria de detección de personas que conocen ( Scambler, 2007). Pero la nube negra del estigma afecta también a las trabajadoras sexuales migrantes. Y persiste incluso después de que una persona deje de vender sexo (por ejemplo, Sallmann, 2010). Su omnipresencia es evidente en las formas en que las trabajadoras sexuales llevan su vida laboral y personal: típicamente ocultan el tipo de trabajo que hacen de sus familias, conocidos, vecinos e incluso algunos amigos; niegan que están involucrados en el comercio sexual cuando se les pregunta; usan seudónimos en el trabajo y fabrican biografías personales; y llevan vidas dobles de otras maneras (Abel y Fitzgerald, 2010, Koken, 2012, Koken et al., Morrison y Whitehead, 2005, Sanders, 2005). Algunos analistas pueden considerar estas técnicas como una resistencia implícita (Sallmann, 2010), pero sigo argumentando que es mejor considerarlas como una forma de gestión del estigma y no una lucha contra el mismo. Las pocas prostitutas excepcionales que han “salido” en público sólo ilustran que las estrategias predominantes de afrontamiento son las de pasar por normales o hacer una revelación muy selectiva a los personas de confianza.2

 

También se estigmatizan los asociados de las trabajadoras sexuales: sus parejas, clientes y terceros que los ayudan o administran (por ejemplo, Birch 2015, Hammond, 2015). Los dueños de los burdeles, los directores de clubes de striptease, los distribuidores porno y otros terceros son a menudo reacios a revelar la naturaleza de su ocupación a extraños. Las personas que participan en empresas ilegales se ven obligadas a operar en el mercado negro o a ocultar la fuente de sus ingresos en la apertura de cuentas bancarias, de las autoridades fiscales y en otros negocios convencionales. Pero incluso los propietarios legales, gerentes y otros terceros se enfrentan rutinariamente con el estigma (Weitzer, 2012). Por último, sabemos que algunos investigadores que estudian el trabajo sexual han sido estigmatizados, sometidos a comentarios despectivos y a denuncias infundadas, marginados por los colegas, han sufrido altercados en reuniones profesionales y un nivel excepcional de escrutinio por parte de juntas de revisión institucionales que ha veces ha desembocado en negación de permiso para realizar investigaciones sobre la base de presunciones infundadas sobre el estudio propuesto (Dewey y Zheng, 2013, Hammond y Kingston, 2014, Siegel y de Wildt, 2015).

 

Mientras que esta literatura documenta la existencia del estigma en todo el campo del trabajo sexual, refleja a Goffman centrándose casi enteramente en cómo los individuos manejan sus identidades contaminadas, en lugar de preguntarse si algunos de ellos resisten activamente a las expresiones del prejuicio y la discriminación directa en encuentros cara a cara o colectivamente como miembros de organizaciones que buscan cambiar actitudes populares y políticas públicas. Existe una literatura de investigación sobre las organizaciones de derechos de las trabajadoras del sexo en diferentes países, que documenta las luchas a nivel de grupo por la normalización. Estas organizaciones se discuten más adelante en el artículo.

 

 

Reducción del estigma

 

La desestigmatización es un asunto tanto académico como político. Políticamente, podemos identificar un conjunto de estrategias prácticas para combatir el estigma, basadas en la táctica de los movimientos de liberación de desviación (Schur, 1980). Académicamente, podemos identificar un conjunto de condiciones previas para reducir y, en última instancia, eliminar el estigma de una categoría de personas. Link y Phelan (2001) señalan que ese cambio requiere un enfoque multifacético, pero no dicen nada acerca de en qué consisten estos cambios. A nivel individual, la resistencia por parte de una trabajadora sexual puede tomar las siguientes formas: anunciar que tenía plena autonomía al entrar en el trabajo sexual; estar actualmente en control de sus condiciones de trabajo e interacciones con los clientes; definir el trabajo como una profesión de servicio como cualquier otra o como una forma de apoyo o terapia para los clientes; negar el daño; condenar a los estigmatizadores; o distinguir su nivel (por ejemplo, escort ) de lo que consideran formas deshonestas de trabajo sexual (por ejemplo, la prostitución callejera). La evidencia de cada una de estas prácticas está esparcida por toda la literatura sobre el trabajo sexual, pero, de nuevo, estos esfuerzos tienden a limitarse al nivel psicológico o individual (por ejemplo, Koken et al., 2004; Morrison y Whitehead, 2005; Y Harred, 1992). Los actos aislados de resistencia de los individuos pueden tener poco o ningún impacto en la sociedad en general y también pueden ser peligrosos para los resistentes si sus acciones provocan ataques de otros.

 

En el plano social, el filósofo Lars Ericsson (1980: 362, 366) escribe que reducir el estigma requiere permitir que la prostitución funcione en un clima social libre de prejuicios emocionales … Para mejorar la prostitución debemos mejorar nuestras actitudes hacia ella . Su argumento es algo limitado -desatendiendo la cuestión crucial de cómo mejorar las actitudes de la sociedad- pero sí resalta un requisito central para la normalización. El cambio de actitud fundamental y generalizado es una condición necesaria, pero no suficiente, para la desestigmatización. A continuación, esbozo algunas condiciones previas adicionales para reducir el estigma.

 

 

Lenguaje neutro

 

Los nombres derogatorios deben ser borrados del discurso público y privado para la normalización de cualquier condición o comportamiento estigmatizados. Como Michel Foucault observó, las relaciones de poder están embebidas en el lenguaje, con grupos dominantes típicamente dedicados a “nombrar y avergonzar” a los subordinados. Palabras como prostituta, puta y putero deben ser reemplazadas por trabajadora y cliente. Cabe señalar que los grupos desacreditados a veces expropian términos peyorativos: pueden llamarse a sí mismos «putas» o «puteros» a efectos de obtener un valor de choque y reclamar e invertir los identificadores negativos. Ejemplos de ello son la Convención Mundial de Putas de 1985 en Bruselas; los eventos de baile de Hookers Ball que COYOTE patrocinó en San Francisco en la década de 1970; las revistas Whorezine y Johnzine publicadas por profesionales del sexo estadounidenses en los años noventa; y la defensa de los clientes de Chester Brown (2013) en su libro Paying For It: Una crónica en cómic sobre cómo ser un putero. Se puede argumentar que aquellos que participan en el comercio sexual deben ser libres para llamarse a sí mismos lo que quieran. Pero para reducir el estigma, otros deben dejar de usar términos despectivos debido a la relación de poder asimétrica que su uso reproduce con el tiempo.

 

 

Los medios de comunicación

 

En su mayor parte, hay un sesgo de negatividad en las representaciones que hacen los medios de comunicación de masas del trabajo sexual. Los medios de comunicación ponen de relieve los peores casos de abuso, confunden la prostitución con el tráfico humano y rara vez ofrecen una imagen positiva (o incluso neutral) de las profesionales del sexo y sus clientes. Los noticiarios de televisión, los periódicos y las noticias en línea suelen centrarse en la victimización, los daños, la prostitución callejera, la trata, las detenciones o las redadas en los “círculos” de la prostitución o los negocios relacionados con la misma (Farvid y Glass, 2014, Van Brunschot Et al., 2000). Los informes de prensa y los artículos de revistas raramente ofrecen un panorama contrastante, aunque algunos medios destacados lo han hecho en ocasiones (por ejemplo, Economist, 2014; Goldberg, 2014). La mayoría de los documentales también destacan la explotación económica y la victimización física, representada con la ayuda de imágenes extremadamente emotivas. Y las mismas representaciones sesgadas penetran los medios de entretenimiento. Algunos largometrajes y programas de televisión romantizan el trabajo sexual, pero éstas son excepciones en el cuadro dominante de presentación como cuentos de advertencia sórdidos (Campbell, 2006). La estigmatización requiere una representación más equilibrada de lo que se suele describir en los medios de comunicación. Por ejemplo, los documentales sobre la prostitución pueden representar una serie de escenarios, escalas y experiencias de las trabajadoras, en lugar de concentrarse exclusivamente en un solo tipo, por lo general presentado despectivamente. Al examinar arreglos radicalmente diferentes en varios países, los documentales Red-Light Districts del canal A & E (1997) y el documental de la National Geographic Television Prostitution (2010) resaltan la variación transcultural, lo que puede ayudar a reducir las generalizaciones estigmatizantes. El documental de CNBC Dirty Money: The Business of High End Prostitution (2008) y National Geographic American Escort Girls (2014) también contienen representaciones positivas de las personas que trabajan en el sector de las escorts. Y la serie de televisión Showtime e ITV2, Diario Secreto de una Escort, incluye aspectos eróticos y rutinarios de una escort, además de encuentros con una variedad de clientes, lo que también puede tener algún efecto normalizador sobre la percepción de la audiencia del sector de escorts. Los medios de comunicación de masas también pueden usarse como un vehículo para la educación pública, incluyendo Anuncios de Servicio Público o anuncios pagados en televisión basados en evidencia. Un ejemplo de esto último son los anuncios colocados en los medios canadienses por el grupo de abogacía, Stepping Stone, en 2011 (Griner, 2011). Y el Proyecto Paraguas Rojo ha llevado a cabo sesiones de capacitación para que profesionales del sexo defiendan mejor sus derechos cuando se relacionen con los medios combatiendo las caricaturas estereotipadas.

 

 

Despenalización

 

La experiencia del movimiento por los derechos de los homosexuales muestra que la derogación de leyes discriminatorias es de vital importancia pero no es suficiente para la normalización. Esto se aplica también al trabajo sexual. En los lugares donde el estriptis comercial, la producción de pornografía y la prostitución son legales y regulados por el Estado, el estigma persiste, aunque sea en forma diluida. Las encuestas de Gallup muestran que sólo el 29% de los británicos (en 2008) y el 31% de los estadounidenses (en 2013) piensan que ver pornografía es “moralmente aceptable” (Gallup, 2015). El estado de Nevada legalizó los prostíbulos rurales en 1971, pero tres décadas más tarde, sólo una ligera mayoría de los nevadenses (52%) apoyó la conservación de este sistema y sólo el 35% respaldó la idea de permitir que los burdeles legales operaran en la ciudad de Las Vegas (donde son ilegales bajo la ley estatal (citado en Weitzer, 2012: 51)). El estigma persiste también en las naciones que más recientemente han despenalizado la prostitución (por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, Alemania y los Países Bajos), aunque puede estar un poco acallada en esos lugares en comparación con las naciones donde la penalización reina. 4 En el área del trabajo sexual debemos esperar un retardo en el cambio cultural después de la reforma legal: puede llevar un tiempo considerable que las normas sociales se ajusten a las normas legales. La despenalización es una condición necesaria, pero no suficiente, para la desestigmatización.

 

 

Movilización de la industria

 

Los propietarios y gerentes de negocios eróticos pueden desempeñar un papel importante en el apoyo a la desestigmatización y la presión por los derechos. La industria de la pornografía en los Estados Unidos, por ejemplo, tiene sus propias organizaciones de apoyo y red de apoyo legal (Voss, 2015). Los propietarios de burdeles legales y agencias de escorts en algunos países también tienen organizaciones que abogan no sólo por sus propios intereses sino también por las trabajadoras sexuales en la medida en que sus intereses se superponen (Weitzer, 2012). Una advertencia importante es que algunos de los intereses de los dueños de negocios pueden entrar en conflicto con los de las trabajadoras sexuales. Los primeros persiguen naturalmente sus intereses económicos, que pueden entrar en conflicto con los de las trabajadoras sexuales. Pueden encontrarse alineados en algunas cuestiones, como combatir lo que consideran regulaciones injustificadas, pero pueden ser oponentes en otras cuestiones, como la de si los propietarios deben ser obligados a proporcionar beneficios de seguridad social a las trabajadoras. Sin embargo, la búsqueda de la desestigmatización se hará en la medida en que los propietarios de empresas eróticas abogan por la normalización de la industria y en la medida en que las élites de la industria (por ejemplo, Hugh Hefner y Larry Flynt) apoyen públicamente los derechos de las trabajadoras sexuales y aporten recursos para acabar con la discriminación legal y social.

 

 

Activismo de las trabajadoras sexuales

 

El cambio de política puede ser un proceso de arriba hacia abajo, orquestado por el Estado. Algunos legisladores han iniciado proyectos de despenalización con poca presión de las beneficiarias (por ejemplo, en Nevada, República Checa, Australia Occidental). Pero el cambio legal también ha sido catalizado desde abajo – por individuos y organizaciones. Para tener éxito, la investigación muestra que los grupos de derechos de las trabajadoras del sexo requieren:

 

  • Líderes inteligentes o carismáticos que sean capaces de soportar contraataques;
  • Recursos suficientes (material, personal);
  • Conexiones con organizaciones de medios de comunicación;
  • Alianzas con otras organizaciones y movimientos sociales; y
  • Apoyo generalizado de los beneficiarios (profesionales del sexo, clientes, empresarios).

 

Las organizaciones de trabajadoras del sexo en algunos países han disfrutado de uno o dos de estos factores (por ejemplo, una líder carismática), pero no todas ellas. Tales organizaciones tienden a estar muy poco financiadas, carecen de un liderazgo fuerte, reclutan a pocas trabajadoras sexuales como miembros, son marginadas por aliados potenciales (organizaciones de mujeres, sindicatos) y tienen pocas conexiones con los principales medios de comunicación (Gall, 2010; Majic, 2014, Mathieu, 2003, Oselin y Weitzer, 2013, Weitzer, 1991, West, 2000). Las trabajadoras sexuales carecen de solidaridad a través de la jerarquía del trabajo sexual; muchas ven su trabajo como temporal, no están inclinadas al activismo; y la mayoría percibe poca ventaja en la sindicalización, especialmente si son autónomas (Gall, 2010; van der Poel, 1992).

 

Hay excepciones importantes. El Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelandia, por ejemplo, desempeñó un papel instrumental en el proceso que condujo a la despenalización parlamentaria en 2003 y continúa influyendo en la política a través de su asiento permanente en el Comité de Revisión de la Prostitución del país que revisa periódicamente políticas y prácticas relacionadas con la prostitución . Respecto a los aliados, en 1973 la principal organización de derechos de las mujeres de Estados Unidos -la Organización Nacional de Mujeres- aprobó una larga resolución de despenalización declarando que NOW “se opone a las leyes prohibitivas continuas con respecto a la prostitución, creyendo que son punitivas” y por tanto apoya la derogación de todas las leyes relacionadas con el acto de prostitución “(NOW, 1973). Tal apoyo de una organización influyente dominante hizo poco para avanzar en la búsqueda de los derechos de las trabajadoras del sexo en los Estados Unidos (ahora no participan en ningún esfuerzo de reforma posterior), pero este tipo de apoyo, sin embargo, puede ser considerado vital para la desestigmatización. Amnistía Internacional, la Organización Mundial de la Salud, la Unión Americana de Libertades Civiles y la Comisión Mundial de las Naciones Unidas sobre el VIH y la Ley han defendido la despenalización, lo que bien divulgado puede ayudar a desafiar el estigma asociado con el trabajo sexual. En mayo de 2016, Amnistía Internacional apoyó formalmente la despenalización como una forma de reducir la victimización y la marginación de las trabajadoras sexuales. La decisión fue ampliamente divulgada y se considera como una gran victoria para la comunidad de trabajadoras del sexo (Amnistía Internacional, 2016).

 

Algunas acciones recientes ilustran las maneras en que las trabajadoras sexuales han intentado desestigmatizar el trabajo sexual, junto con otras metas. En 2001, una organización de San Francisco que proporciona atención médica a las trabajadoras sexuales (la St James Infirmary) publicó anuncios en autobuses urbanos que incluían fotos de profesionales del sexo y citas destinadas a desafiar los estereotipos: “los derechos de las trabajadoras sexuales son derechos humanos” “El trabajo sexual es un trabajo real” y “alguien que usted conoce es una trabajadora sexual” (Schreiber, 2015: 256). En septiembre de 2015 la organización escocesa de trabajadoras del sexo Scot-Pep lanzó una propuesta (con el miembro del Parlamento escocés Jean Urquhart) de una legislación que despenalizaría la prostitución, siguiendo el modelo de Nueva Zelanda. La Ley de Reforma de la ley de Prostitución de Escocia cuestiona la posición actual del Gobierno de Escocia de que el trabajo sexual equivale a la “explotación sexual comercial” y busca derogar las leyes contra la solicitud, el rastreo de clientes y el mantenimiento de burdeles. El proyecto de ley permitiría que más de una trabajadora sexual trabajara en las mismas instalaciones (la ley actual restringe esto a una trabajadora) y aumentaría las penas contra quienes coaccionan a las trabajadoras sexuales. En noviembre de 2015, el Colectivo Inglés de Prostitutas, junto con defensores de los derechos de las trabajadoras del sexo de otras naciones, testificó en un simposio especial sobre la despenalización en la Cámara de los Comunes británica.

 

Las demandas que cuestionan la constitucionalidad de las leyes de prostitución son otra estrategia que siguen los activistas de las trabajadoras sexuales. Un caso judicial importante de esta naturaleza tuvo éxito en Canadá en 2013, cuando la Corte Suprema dictaminó inconstitucionales las tres leyes de prostitución de la nación.5 En los Estados Unidos se presentó recientemente un recurso legal similar, que desafiaba las leyes de prostitución de California. En la medida en que el público es consciente de estos esfuerzos legislativos y judiciales, al ser cubiertos por los medios de comunicación, las iniciativas pueden tener algún efecto en el desafío de los conceptos erróneos populares sobre el trabajo sexual. Otros acontecimientos recientes mueven la política en una dirección más represiva. La legislación del Parlamento francés es un ejemplo, con la Asamblea y el Senado proponiendo diferentes proyectos de ley en 2013 y 2015: uno implementaría el sistema sueco de criminalización del cliente mientras que el otro lo rechazaría y mejoraría las penas contra las prostitutas que solicitaban en las calles. El proyecto de ley de criminalización de los clientes, aprobado en abril de 2016, fue rechazado por una variedad de organizaciones y más de 70 celebridades francesas, y la gran mayoría del público francés se opone a la criminalización de los clientes.6 Cientos de profesionales del sexo organizaron una protesta en las calles de París y una activista (Franceline Lepany) declaró: “Este proyecto de ley trata de estigmatizar aún más a las prostitutas” .7 Las activistas de las trabajadoras sexuales también han sido activas en la oposición a proyectos de penalización de clientes en Canadá en 2014, el Parlamento Europeo en 2014, e Irlanda del Norte en 2015. Todas las medidas fueron aprobadas a pesar de la oposición vocal de los críticos. Pero su impacto en el estigma del trabajo sexual puede ser mixto, ya que todas y cada una de las iniciativas provocaron la oposición de las trabajadoras sexuales y sus partidarios – resistencia que puede ayudar a iluminar al público y generar un mayor apoyo a las demandas de las trabajadoras sexuales.

 

 

La comunidad académica

 

La comunidad académica puede desempeñar un papel importante en la desestigmatización del comportamiento no convencional. En 1973, la Asociación Americana de Psiquiatría eliminó la homosexualidad de su compendio de enfermedades mentales (el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales) y la Organización Mundial de la Salud siguió su ejemplo en 1990. Asociaciones profesionales y académicas pueden ayudar a reducir el estigma aprobando resoluciones en apoyo a grupos marginados o patrocinando directamente campañas contra el estigma, como lo han hecho varias organizaciones de salud mental. Este tipo de intervención es poco frecuente en el ámbito del trabajo sexual, pero hay al menos un ejemplo destacado: En octubre de 2011 la junta directiva de la Sociedad para el Estudio de Problemas Sociales aprobó una resolución declarando su apoyo formal a: ) La legislación bipartidista para despenalizar la prostitución, 2) la información al público sobre los costos de emplear a la policía para controlar a las trabajadoras del sexo, y 3) la normalización de esta ocupación.8 Otras asociaciones académicas y profesionales podrían aprobar resoluciones similares, que pueden ser ampliamente publicadas después. Los eruditos pueden intervenir de otras maneras, tales como escribir columnas para fuentes de noticias, aparecer en programas de entrevistas, y publicar los resultados de la investigación que demontan las falacias predominantes. Esto sucede en cierta medida ahora – p.ej., los académicos participaron en el simposio parlamentario británico mencionado anteriormente – pero una implicación más robusta del experto ofrecería un correctivo basado en la evidencia a las políticas basadas en mitos con respecto al trabajo del sexo.

 

 

Conclusión

 

Esta lista de condiciones previas no es exhaustiva, pero sí cubre las principales áreas en las que se necesita un cambio. Como se mencionó anteriormente, el estigma es frecuentemente mencionado por académicos y activistas en el campo del trabajo sexual, pero típicamente no se problematiza como una variable sujeta a cambio. Este Comentario pretende catalizar análisis más directos de las condiciones para reducir el estigma para todos los participantes en el comercio sexual.

 

Es importante señalar que cualquier esfuerzo de normalización tendrá la oposición de las instituciones establecidas si el contexto jurídico nacional es uno en el que la prostitución está penalizada, el ordenamiento jurídico en sí mismo agrava la estigmatización y las autoridades tienen interés por considerar el trabajo sexual como una desviación. Además de esto, sabemos que las principales instituciones sociales y muchos grupos de interés poderosos y bien organizados están empeñados no sólo en bloquear la normalización del sexo comercial, sino también en perpetuar e intensificar la estigmatización. El movimiento contra la prostitución es fuerte y está creciendo en la mayoría de las partes del mundo, reforzado por su exitosa equiparación de prostitución y trata (Weitzer, 2007). Y hay también un creciente movimiento anti-pornografía que ha logrado imponer nuevas restricciones sobre material y espectáculos eróticos en algunas naciones (Gran Bretaña, Islandia, India) (Attwood y Smith, 2010; Burke, 2015; Helgado’ttir, 2014 ). Pero como el estigma no es inherente a ningún tipo de comportamiento y es en cambio una construcción social, puede ser contrarrestado y desconstruido. Y esa desestigmatización puede tener consecuencias importantes para otros aspectos del trabajo sexual: si se permite a la prostitución “funcionar en un clima social libre de prejuicios emocionales” (Ericsson, 1980: 362), entonces resulta “imaginable que la prostitución pueda ser practicada siempre, como ocasionalmente es incluso ahora, en circunstancias de relativa seguridad, libertad, higiene y control personal “(Overall, 1992: 716). Este ensayo ha esbozado algunas condiciones previas para una normalización más amplia.

 

 

Agradecimientos

 

Una versión de este artículo fue presentada en la conferencia COST Action IS1209, “Troubling Prostitution: Exploring Intersections of Sex, Intimacy and Labour” en Viena, Austria, 18 de abril de 2015. La acción COST se conoce como Comparación de las políticas europeas de prostitución : Entendiendo Escalas y Culturas de Gobierno (Prospol) (www.propol.eu). Agradezco a Susan Dewey, Juline Koken y Sharon Oselin por sus comentarios sobre una versión anterior de este artículo.

 

 

Notas

 

  1. Goffman (1963: 7) escribe: “El individuo estigmatizado tiende a tener las mismas creencias acerca de la identidad que que las que tenemos nosotros; éste es un hecho fundamental “. Él menciona, pero sólo de paso, algunos ejemplos de intentos de los representantes de una categoría estigmatizada para dar voz a sus sentimientos compartidos (Goffman, 1963: 24-27).

 

 

  1. Esto se aplica menos a las personas cuyo trabajo es muy visible, como las estrellas porno y los intérpretes de webcam, que ya están ” fuera del armario” en virtud de sus apariciones en pantalla.

 

 

  1. Después de que 50 académicos firmaran una carta a la legislatura estatal de Rhode Island (Estados Unidos) oponiéndose a una nueva ley de prostitución en 2009 (Associated Press, 2009), dos activistas antiprostitución atacaron los motivos de los académicos, que fueron etiquetados como “radicales sexuales”. “Los radicales sexuales están tomando como objetivo a Rhode Island para su propia agenda libertaria sexual extrema de prevenir cualquier límite legal a cualquier comportamiento sexual “(Brooks y Hughes, 2009: 3). La carta de los académicos, que coescribí con Elizabeth Wood, no contiene nada que pudiera justificar esta conclusión y en cambio se organizó en torno a los principios de reducción de daños y derechos laborales (Carta a los Honorables Miembros de la Legislatura del Estado de Rhode Island, Re: Prostitution Law Reform Bill, 31 de julio de 2009).

 

 

  1. La Encuesta Mundial de Valores documenta actitudes más tolerantes hacia la prostitución en las naciones que han legalizado la prostitución que donde la prostitución es ilegal (ver Weitzer, 2012: 80). Sin embargo, incluso en los países donde la penalización es la norma, la opinión pública puede cambiar con el tiempo: según la Encuesta Mundial de Valores, la perspectiva de que la prostitución “nunca se justifica” ha disminuido sustancialmente en Estados Unidos: de 63% en 1981 a 40 % En 2006: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp (se accede el 25 de mayo de 2015).

 

 

  1. Bedford c. Canadá, ONSC 4264, Tribunal Superior de Justicia de Ontario, 28 de septiembre de 2010. El caso fue oído por un tribunal de apelaciones en 2012 y culminó con una sentencia del Tribunal Supremo en 2013 (Canadá [Fiscal General] v. Bedford, 2013 SCC 72, Tribunal Supremo de Canadá, 20 de diciembre de 2013).

 

 

  1. En cinco encuestas realizadas entre 2011 y 2013, del 70% al 82% de los encuestados franceses desaprobaron la idea de penalizar a los clientes, y una encuesta de 2013 informó que el 74% de los encuestados favoreció la “reapertura de burdeles” en el país (Weitzer, 2015).

 

  1. Esto fue citado en France24.com (se accedió el 3 de junio de 2015).

 

 

 

  1. Resolución 3, Sex Work: disponible en: http://www.sssp1.org/index.cfm/pageid/1516/m/ 392 # R3 (se accede el 20 de mayo de 2015).

 

 

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ABOLICIONISMO vs FEMINISMO

Publicado 10 enero, 2017 | Por PaulaVip

 

http://www.aprosex.org/abolicionismo-vs-feminismo/

 

Ésta es una de esas ocasiones en las que la estupidez supera a la ficción. Sí, ya sabemos que la cita no es así, pero es irrelevante, llegados a este punto.

El feminismo busca la igualdad para todas las personas, independientemente del género binario que le ha correspondido (sí, es aburrido, somos conscientes de ello). Porque, para cuando se establecen las normas básicas del feminismo, en el mundo sólo había mujeres y hombres (sic).

Desde esta base, ahora sabemos que errónea, se ha ido creando en estas últimas décadas, un tipo de activismo perlino, presuntuoso, histriónico, exacerbado, carente de auto crítica, manipulador, resabiado, excluyente, pero sobre todo, rancio. Muy, muy, rancio.

Tanto, que no ha sabido adaptarse a la sociedad actual, tanto que denigra desde un pedestal imaginario a un gran número de mujeres, que lógicamente no cumplen con los requisitos necesarios para que ese feminismo las escuche, las defienda, las tenga en cuenta y les de la voz que tanto necesitan para poder empoderarse y luchar ellas mismas por lo que desean.

Mujeres que buscan tener al resto de mujeres por debajo, para sentir que ellas, siguen estando por encima.

No importa si son activistas de calle o de sofá, no importa si cobran de asociaciones para las que “colaboran” o lo hacen de forma desinteresada. El mecanismo es el mismo, la supremacía del insoportable ser en el que se han convertido.

Han envenenado el feminismo, lo han vendido a sus intereses, lo han tergiversado y lo han llevado a un punto de no retorno.

Y ahí es donde, desgraciadamente, se encuentra ahora. En ese punto en el que se lamen las heridas aparentes, las unas a las otras, mientras reniegan de las pobres “víctimas que no se dejan salvar”.

Porque tergiversar el discurso pro derechos, en defensa de las mujeres que ejercen prostitución de forma libre y voluntaria, intentándolo equiparar a las mujeres que están en situación de trata y explotación laboral siendo forzadas a tener relaciones sexuales, es abominable, despreciable y execrable.

Intentar escalar puestos en el “feminismo” a costa de la desgracia de millones de mujeres en todo el mundo ha sido siempre una práctica patriarcal de las más lastimosas y repugnantes. Pero parece que al adoptarla el “feminismo” institucional ya se haya blanqueado, como el dinero que se percibe por ello. Que no hay que olvidar que es público.

Es decir, las mujeres oprimidas, aquellas que no forman parte de la élite que se reúnen en grandes espacios burgueses, -construcciones emblemáticas mantenidas a nivel local o autonómico- por ejemplo, que han hecho suyos aún siendo mantenidos por todas y todos-, no son dignas de ser representadas por estas mujeres que han hecho de un movimiento de reclamo de derechos para las mujeres, su oficio y beneficio, público, que no se nos olvide, porque es relevante.

Este movimiento empozoñado, lleno de odio y enrabietado cuando no se sale con la suya, que no es la de todas, reniega de las mujeres trans (porque tienen polla). A ellas tampoco se las considera mujeres y como consecuencia, han tenido que crear sus propios espacios, ya que han sido vetados por el “feminismo” institucional. Ellas se defienden solas, como las putas.

Tampoco se han identificado con la lucha de las mujeres musulmanas o de las gitanas, porque así, en general, son pobres y tal…y puede que hasta huelan mal. Ellas se defienden solas, como las putas.

Con las mujeres limpiadoras ha pasado exactamente lo mismo, no nos engañemos que está muy bien que vengan a limpiar mi inodoro, pero de ahí a que me preocupe por sus derechos va un mundo. Y ellas se defienden solas, como las putas.

Tampoco las veganas tienen cabida en este mundo esterilizado de las abolicionistas. Que sufren TCA, que en el fondo están locas, que se representen solas. Y así lo han hecho, han emprendido su lucha solas, como las putas.

Y ahora, nos gustaría saber qué y a quién incluye, este “feminismo”. Porque tras ver las exclusiones, se nos ocurre que sólo se representan a sí mismas.

Cuando los derechos de las mujeres en minoría, no se luchan desde el centro que mueve los organismos, es que no existe más lucha, que la de los derechos adquiridos en beneficio propio.

Entendemos que haya mujeres que crean que el trabajo sexual no debiera existir, no lo compartimos, pero lo comprendemos.

Pero la putofobia, la mentira deliberada sobre mezclar el ejercicio libre de un trabajo con la trata de personas, la negación de los derechos laborales para otras, -Porque YO ya disfruto de ellos”-, es lo que nos parece que las aparta definitivamente del FEMINISMO.

Mientras tanto, la tercera ola avanza tanto que prevemos una cuarta en poco tiempo y las arrastra hacia el ostracismo y el declive que ellas mismas han andado.

Abolicionistas, vosotras no unís, no cuidáis, no atendéis y no escucháis a las compañeras de lucha que se encuentran en escalas sociales distintas a las vuestras, si no es para “ayudarlas” como vosotras queréis. Pero el hecho de ayudar, consiste en ofrecer la ayuda que cada una necesita, y ésa que vosotras vendéis, agria y enlatada, no nos sirve.

Vuestro feminismo, que lo hubo, estamos seguras de ello, murió cuando decidisteis poneros en contra de otras mujeres. Abolicionismo no es feminismo, sed conscientes de ello de una vez.

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¿Prostitución, trata o trabajo?

1 septiembre, 2014

Marta Lamas

http://www.nexos.com.mx/?p=22354

 

“Todo lo que nos incomoda nos permite definirnos”.
—Cioran

 

En 1989 empecé una relación de acompañamiento político a unas trabajadoras sexuales de vía pública en la ciudad de México, que después derivó en la realización de una investigación antropológica sobre algunos aspectos de sus vivencias y su organización del trabajo.1 De entonces a la fecha he visto cambios sorprendentes en cómo se habla y discute sobre el comercio sexual. En especial, me impacta que la propuesta de reglamentación del trabajo sexual se ha ido transformando en un alegato a favor de su total erradicación. En estas páginas intento aclarar mi posición, ante la postura de quienes insisten en “abolir” toda forma de comercio sexual, usando como excusa el combate a la trata.

Prostitución es un término que únicamente alude de manera denigratoria a quien vende servicios sexuales, mientras que comercio sexual da cuenta del proceso de compra-venta, que incluye también al cliente. Respecto a esta actividad persisten dos paradigmas: uno es el que considera que la explotación, la denigración y la violencia contra las mujeres son inherentes al comercio sexual y por lo tanto habría que abolir dicha práctica, y otro el que plantea que tal actividad tiene un rango de formas variadas de desempeño que deberían regularse así como reconocerse los derechos laborales de quienes se dedican a ella.2

A pesar de que a lo largo de los últimos 30 años muchas trabajadoras3 han reivindicado su quehacer como una cuestión laboral, desarrollando diversas estrategias para obtener derechos correspondientes, en la última década se ha multiplicado una perspectiva que califica a todas las mujeres que trabajan en el comercio sexual de “víctimas”. Hoy en día es patente el crecimiento y la expansión del comercio sexual, lo que expresa no sólo un fenómeno económico sino también una transformación cultural. Este notorio aumento viene de la mano de la liberalización de las costumbres sexuales y de la desregulación neoliberal de los mercados, que han permitido la expansión de las industrias sexuales como nunca antes, con una proliferación de nuevos productos y servicios sexuales: shows de sexo en vivo, masajes eróticos, table dance y strippers, servicios de acompañamiento (escorts), sexo telefónico y turismo sexual. Aunque la droga y el SIDA la han impactado dramáticamente, la industria mundial del sexo se ha convertido en un gran empleador de millones de personas que trabajan en ella, y que atraen igualmente a millones de clientes. Los empresarios tienen agencias de reclutamiento y sus operadores vinculan a los clubes y burdeles locales en varias partes del mundo, en un paralelismo con las empresas transnacionales de la economía formal. Y al igual que éstas, algunas se dedican a negocios criminales, como el mercado negro de la trata.

Las feministas que han reflexionado sobre el tema están divididas al respecto: hay quienes subrayan la autonomía en la toma de tal “decisión” mientras que del otro lado están quienes insisten en la “explotación” y coerción. Ahora bien, no son excluyentes: puede haber decisión y explotación, autonomía para ciertos aspectos y coerción para otros (Widdows 2013). Unas feministas argumentan que ninguna mujer “elige” prostituirse, que siempre son engañadas u orilladas por traumas infantiles de abuso sexual; otras aseguran que la mayoría lleva a cabo un análisis del panorama laboral y toma la opción de un ingreso superior a las demás posibilidades que están a su alcance. “Elegir” en este caso no implica una total autonomía, ni siquiera supone optar entre dos cosas equiparables, sino preferir, no un bien, sino el menor de los males.

En México en el contexto de la precarización laboral (el desempleo, la ausencia de una cobertura de seguridad social y la miserabilidad de los salarios) la llamada “prostitución” es una forma importante de subsistencia para muchas mujeres. Es un hecho que las necesidades económicas llevan a la gente sin recursos a hacer todo tipo de cosas, incluso algunas muy desagradables, como limpiar excusados o trabajar en los camiones de basura. La coerción económica es fundamental.4 Anne Phillips (2013a) dice que hay algo en el uso de las partes íntimas del cuerpo que vuelve la presión del dinero inaceptablemente coercitiva en el caso de la prostitución mientras que Martha Nussbaum (1999) señala que la compulsión económica es problemática, pero que la presión del dinero no se vuelve más coercitiva o inaceptablemente coercitiva sólo porque conduzca a un acceso íntimo en el cuerpo. Como las mujeres están ubicadas en lugares sociales distintos, con formaciones diferentes y con capitales sociales diversos, en ciertos casos el trabajo sexual puede ser una opción elegida por lo empoderante y liberador que resulta ganar buen dinero, mientras que en otros casos se reduce a una situación de una precaria sobrevivencia, vivida con culpa y vergüenza. Además, así como muchas mujeres ingresan por necesidad económica, otras son inducidas por la droga, y viven situaciones espantosas. Sin embargo, no hay que olvidar que también hay quienes realizan una fría valoración del mercado laboral y usan la estrategia de vender sexo para moverse de lugar, para independizarse, incluso para pagarse una carrera universitaria o echar a andar un negocio.

El trabajo sexual es la actividad mejor pagada que encuentran cientos de miles de mujeres en nuestro país, y más que un claro contraste entre trabajo libre y trabajo forzado, existe un continuum de relativa libertad y coerción. Y, al mismo tiempo que existe el problema de la trata aberrante y criminal con mujeres secuestradas o engañadas, también existe un comercio donde las mujeres entran y salen libremente, y donde algunas llegan a hacerse de un capital, a impulsar a otros miembros de la familia e incluso a casarse. Por eso, “quienes sostienen que es un trabajo que ofrece ventajas económicas tienen razón, pero no en todos los casos, y quienes insisten en que la prostitución es violencia contra las mujeres, también tienen razón, pero no en todos los casos” (Bernstein 1999: 117).

Aunque desde la perspectiva del liberalismo político no hay razón para estar en contra del comercio sexual mientras lo que cada quien haga con su cuerpo sea libremente decidido, muchas personas consideran que el comercio sexual es de un orden distinto de otras transacciones mercantiles. La venta de servicios sexuales ofende, irrita o escandaliza de una manera diferente que la situación de otras mujeres que venden su fuerza de trabajo, en ocasiones en condiciones deleznables, como las obreras de la maquila, las empleadas domésticas, incluso algunas meseras, enfermeras y secretarias. Cuando se denuncia la “explotación” de las trabajadoras sexuales no se menciona siquiera a tantas otras trabajadoras que también son explotadas. Muchas personas ven la “prostitución” como la degradación a la dignidad de la mujer. Pero no hay reacciones tan indignadas o escandalizadas ante formas aberrantes de explotación de la fuerza de trabajo en otro tipo de industrias. Tal vez porque lo que más molesta de la “prostitución” voluntaria es que atenta contra el modelo de feminidad.5

Sí, la prostitución femenina subvierte el paradigma de castidad y recato inherente a la feminidad (Leites 1990). Jo Doezema ha planteado que la distinción entre prostitución “forzada” y “voluntaria” reproduce la división entre “putas” y “santas” dentro de la propia categoría de prostituta, siendo la “puta” la que se dedica voluntariamente a dicha actividad mientras la “santa” es la forzada y, al ser una “víctima”, queda exonerada de ser despreciada (1998: 41). Como la expectativa cultural respecto de la sexualidad de las mujeres es que solamente tengan sexo dentro del marco de una relación amorosa (por lo que también se rechaza que las mujeres tengan sexo casual con “desconocidos”, aunque no cobren) la mayoría de las trabajadoras tiene dificultades para asumirse públicamente como tales. No obstante, algunas trabajadoras sexuales han caracterizado la prostitución como un acto transgresor y liberador.6 Lo que provoca el estigma, y muchas de las dificultades y discriminaciones que enfrentan las trabajadoras derivadas de él, es justamente la doble moral: la sexualidad de las mujeres es valorada de manera distinta de la de los hombres. Por eso hace muchos años Mary McIntosh dijo: “la prostitución implica, al mismo tiempo, un desafío y una aceptación de la doble moral del statu quo. Como tal, no puede ser ni condenada totalmente ni aceptada con entusiasmo” (1996: 201). Sí, la actividad sexual comercial de las mujeres es, al mismo tiempo, un desafío a la doble moral, que considera que las transacciones sexuales de las mujeres son de un orden distinto a las transacciones sexuales de los hombres, y una aceptación de dicha doble moral, porque persiste el estigma.

En el debate sobre cuál debería ser el estatus legal de la llamada “prostitución” es posible ver que las implicaciones7 para las políticas públicas que se derivan tanto de la penalización como de la despenalización pueden tener el efecto de exacerbar las desigualdades de género. Como ambas posturas tienen consecuencias en las vidas de las trabajadoras sexuales, resulta complicado hablar en abstracto del comercio sexual, sin ubicarlo en el contexto concreto e histórico en que ocurre y sin distinguir tanto el capital social de las trabajadoras como las condiciones laborales en que realizan su trabajo, en especial su libertad de movimiento. Una rápida mirada sobre la situación mundial muestra que la mayoría de las prostitutas son muy pobres. La brecha económica y social entre las de la calle y las call girls8 es sideral. Estas call girls, que no son engañadas, ni drogadas, ni secuestradas, y que seguramente podrían conseguir otro tipo de trabajo, están en el comercio sexual porque obtienen ganancias enormes. Ellas son, económicamente hablando, privilegiadas y representan una faceta distinta del fenómeno. Para las demás, que son la gran mayoría, la venta de servicios sexuales en contextos laborales de trabajos precarios, salarios miserables y gran desempleo, les permite sobrevivir y a algunas cuantas ganar en un día la misma cantidad de dinero que ganarían en semanas en otro tipo de desempeño laboral, si es que lo consiguieran.

Por eso algunas investigadoras sostienen que el comercio sexual no siempre tiene consecuencias negativas, y que con frecuencia es un medio importante de movilidad económica y de liberación personal (Agustín 2007; Day 2010; Kempadoo 2012). Sin embargo, ciertas filósofas y politólogas feministas, dentro de una reflexión sobre que algunas actividades humanas9 deberían estar fuera del mercado, piensan lo contrario (Phillips 2013a y 2013b; Widdows 2013). Ellas insisten en que el comercio sexual tiene un efecto negativo en la justicia social, en especial en cómo estructura las opciones vitales de las mujeres, pues su ejercicio obstaculiza las relaciones igualitarias.

Como se sabe, el mercado no es un mecanismo neutral de intercambio, y sus transacciones dan forma a las relaciones sociales. Si el mercado no sólo desata procesos económicos, sino que también da forma a la cultura y a la política, entonces hay que analizar cómo ciertas transacciones mercantiles frustran o impiden el desarrollo de las capacidades humanas (Sen 1996) mientras que otras determinan ciertas preferencias problemáticas. La ONU ha señalado que las creencias y mandatos de género en la economía estructuran y validan las relaciones desiguales entre los hombres y las mujeres de manera absolutamente funcional para la marcha del sistema social (ONU Mujeres 2012). Las relaciones de género “marcan el terreno sobre el que ocurren los fenómenos económicos y ponen las condiciones de posibilidad de los mismos” (Pérez Orozco 2012). De ahí que para evaluar un mercado laboral sea necesario evaluar también las relaciones políticas y sociales que sostiene y respalda, y examinar los efectos que tal transacción produce en las mujeres y los hombres, en las normas sociales y en el significado que imprime en las relaciones entre ambos. Hay mercados con consecuencias negativas para las relaciones de género, como el trabajo sexual y el servicio doméstico. La industria del sexo no toma en consideración el contexto de desigualdad social y económica entre mujeres y hombres por lo que refuerza la pauta de opresión patriarcal y contribuye a la percepción de las mujeres como objetos sexuales y, en ocasiones, incluso como seres socialmente inferiores a los hombres.

Se habla de “mercados nocivos” cuando impulsan y sostienen no sólo cuestiones económicas sino también éticas y políticas, y respaldan relaciones jerárquicas y/o discriminatorias totalmente objetables (Satz 2010).10 A los mercados que producen más desigualdad que otros se los califica de nocivos; por ejemplo, es obvio que el mercado de las verduras resulta mucho más inocuo que el del comercio sexual. Y aunque en principio muchos mercados pueden convertirse en nocivos, algunos tienen más posibilidades de hacerlo cuando hay una distribución previa e injusta de recursos, ingresos y oportunidades laborales (Satz 2010).

Pero aunque los mercados nocivos tienen efectos importantes en quiénes somos y en el tipo de sociedad que desarrollamos, no siempre la mejor política es prohibirlos. La mejor manera de acabar con un mercado nocivo es modificar el contexto en que surgió, o sea, con una mejor redistribución de la riqueza, más derechos y oportunidades laborales (Satz 2010). Las prohibiciones pueden llegar a intensificar los problemas que condujeron a que se condenara tal mercado.11 En ese sentido Satz señala que es menos peligrosa la prostitución legal y regulada que la ilegal y clandestina, pues ésta aumenta la todo tipo de peligros, tanto para las mujeres como para los clientes. Lo que en verdad debería preocupar es que en general el comercio sexual está rodeado de gran vulnerabilidad porque en muchos casos es una actividad con altos riesgos de violencia y de contagio de infecciones de transmisión sexual (ITS), en especial de VIH-SIDA.12 De ahí que consideraciones fundamentales para una política de salud pública (Gruskin et al. 2013) respaldan la importancia de una regulación que saque de la clandestinidad a quienes interactúan en esa dinámica de compra-venta.

Justamente por todo lo anterior, las prohibiciones y restricciones al trabajo sexual no son una solución, además de que van contra la libertad constitucional de las mujeres y son “maternalistas”.13 Como lo que impulsa a las trabajadoras a dedicarse a tal actividad suele ser la necesidad económica, prohibirla sin garantizarles un ingreso similar, ni la más mínima seguridad social, les quita una “tablita de salvación”. Si no se resuelven las circunstancias socioeconómicas que las llevan a tal actividad, penalizar para erradicar el comercio sexual las hundiría o marginaría aún más. Regular el comercio sexual no evita los problemas de violencia ni de discriminación por el estigma, pues como señaló hace años Nanette Davis: “No puede haber una política racional hacia la prostitución mientras exista la discriminación de género” (1993: 9). Sin embargo, comprender que la regulación es la forma en que las trabajadoras están más protegidas, no impide entender que el hecho de que ellas elijan la “prostitución” como el trabajo mejor pagado que pueden encontrar no es, en sí mismo, una confirmación de que se trata de una práctica deseable.

Además la regulación ha demostrado ser una excelente estrategia para combatir la trata (Kempadoo 2012). Por eso, es un error plantear la abolición del comercio sexual, como lo hace la Coalition Against Traffic in Women (CATW). Como integrante de esa extraña alianza entre religiosos puritanos y feministas radicales unidos en su misión abolicionista (Scoular 2010), la CATW agita discursivamente contra lo que considera que es la “esclavitud sexual”, término que aplica no sólo a las mujeres víctimas de trata sino a toda mujer en el comercio sexual. Las formas que toma esta cruzada son múltiples, y dependen de las tradiciones políticas y culturales de cada país, pero el eje de la política que impulsan es “salvar a las mujeres”: rescatarlas (Agustín 2007). Aunque el discurso público sobre prostitución muestra una amplia variación entre los países (Vanwesenbeeck 2001: 274), la política alentada por las abolicionistas de CATW se ha difundido ampliamente en oposición a las investigaciones académicas que dan evidencia empírica de que tal política viola los derechos civiles y laborales de las trabajadoras, aumenta el poder de terceros sobre las trabajadoras (clientes, padrotes, traficantes) y pone en riesgo su salud y su bienestar ¡sin jamás lograr el objetivo de abolir la prostitución!

La CATW, que “pretende eliminar el comercio sexual con el argumento de que la prostitución estimula el tráfico” (O’Connell y Anderson 2006: 14) no tiene nada que ver con otra organización internacional, la Global Alliance Against Trafficking in Women (GAATW). Este frente mundial distingue entre trabajo y trata y hace una labor de prevención y combate a la trata entre trabajadores(as) sexuales a partir de impulsar formas de regulación que respeten sus derechos.14 Mientras las trabajadoras sexuales y los activistas de derechos humanos argumentan a favor de la regulación, señalando que si la prostitución se prohíbe o penaliza es imposible establecer estándares laborales y sanitarios, y que precisamente la ausencia de regulación alienta formas de trabajo forzado, la CATW y su sucursal latinoamericana y caribeña CATWLAC lanzan discursos flamígeros contra el comercio sexual, impulsan una cruzada moralista que alienta el “pánico moral”.15

El tráfico de seres humanos es un pavoroso flagelo criminal, del cual el tráfico con fines de explotación sexual es sólo una parte (Casillas 2013; Chang 2013). Sin embargo, de acuerdo a Kamala Kempadoo, “El tráfico sexual ha surgido como una metáfora del estado de degradación de la humanidad en el siglo XXI y se ha convertido en el eje principal de la crítica académica a una variedad de relaciones sociales de poder contemporáneas, tanto a nivel local como mundial” (2012: viii). En México están documentados casos de traslado de mujeres de un lugar a otro dentro y fuera del territorio mexicano así como las distintas formas de coerción (droga, retención de hijos, amenazas) para que den servicios sexuales. Pero aunque esa práctica nefasta es una parte mínima de la industria del sexo,16 la cobertura mediática ha magnificado el fenómeno de la trata pues es más rentable hablar de “esclavas sexuales” que de mujeres pobres. Investigaciones académicas analizan cómo el discurso incendiario de las abolicionistas sobre los cuerpos “violados” o “explotados” de las mujeres traficadas es también parte de una política xenófoba de “seguridad nacional” contra migrantes, y encuentran que el clima de miedo a la inmigración es el telón de fondo de muchas de las políticas en contra del comercio sexual (Kulick 2003; Agustín 2007; Scoular 2010; Weitzer 2010; Kempadoo 2012).

La cruzada moralista de la CATW ha logrado instalar mundialmente un discurso apocalíptico sobre la trata y el tráfico, que ya circula en nuestro país a través de la CATWLAC. Hablar solamente de mujeres víctimas de trata sin reconocer la existencia de otras trabajadoras sexuales favorece posturas fundamentalistas, que desvían la imprescindible lucha contra el tráfico hacia el absurdo proyecto de abolir todo el comercio sexual. Y así como no hay que confundir la situación de las mujeres obligadas a tener sexo a través de engaños, amenazas y violencia con la de otras mujeres que realizan trabajo sexual por razones económicas, tampoco hay que confundir a los clientes. Si bien hay cómplices indiferentes de ese atentado brutal contra la libertad y la dignidad que es la trata, en el comercio sexual también los hay respetuosos y atentos, como relatan las propias trabajadoras; algunos incluso se vuelven clientes “regulares” y desarrollan relaciones sentimentales que duran años. Es imperativo deslindar el comercio sexual de la trata con fines de explotación sexual, pues dicha confusión se expresa en actos discursivos que logran un cierto efecto en la sociedad y en el gobierno.

Hay que combatir la trata, pero respetar a las personas que se dedican al comercio sexual, y apoyar a las que quieren tener otra ocupación.17 Pero lo que priva hoy en día es lo que Kempadoo (2012) denomina “la aplanadora antitráfico”: una estrategia discursiva que tiene como fin último abolir toda forma de comercio sexual. Un elemento de dicha estrategia es el de calificar a las personas que defienden los derechos de las trabajadoras sexuales como “pro prostitución” y decir que con tal postura se favorece la trata.18

Nuestra Constitución y nuestro sistema político democrático garantizan la libertad individual, incluso la de vender y de comprar servicios sexuales. Sin embargo, al revisar la situación del comercio sexual en México el panorama es deprimente pues el esquema con que funciona —al menos en el Distrito Federal— refleja los distintos y complejos intereses de los grupos organizados que están implicados en el negocio, ya que la legislación vigente está llena de omisiones e incongruencias. En la ciudad de México la prostitución es legal pero se penaliza el lenocinio. La definición de lenocinio del Código Penal Federal no ha sido modificada desde 1931: el lenocinio se comete contra personas menores de 18 años o que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo. En cambio, el Código Penal del DF (reformado en 2007) declara que se castigará por cometer lenocinio al que:

  1. Habitual u ocasionalmente explote el cuerpo de una persona u obtenga de ella un beneficio por medio del comercio sexual.
  2. Induzca a una persona para que comercie sexualmente su cuerpo con otra o le facilite los medios para que se prostituya.

III. Regentee, administre o sostenga prostíbulos, casa de citas o lugares de concurrencia dedicados a explotar la prostitución, u obtenga cualquier beneficio con sus productos.

¿Qué significa “explotar el cuerpo de una persona”? ¿A qué se llama “obtener un beneficio por medio del comercio sexual”? Bajo esa ambigüedad cabe cualquier cantidad de actividades. La imprecisión coincide con la deliberadamente confusa redacción del Protocolo de Palermo,19 y con ella se puede consignar a cualquier familiar, socio, empresario, hotelero o amistad que realice alguna tarea o apoyo de cualquier forma a una persona que se dedique al trabajo sexual.

De esa manera el delito de lenocinio, cuya moderna acepción es la de “trata”, sirve para manifestar discursivamente un rechazo moralista al comercio sexual, mientras que en los hechos dificulta establecer formas legales de organización del trabajo sexual de quienes quieren trabajar independientemente, sin padrotes ni madrotas. Por ejemplo, si un grupo de trabajadoras decidiera rentar un local donde dar servicios sexuales, a quien firme el contrato de alquiler se la podría acusar de “lenona” o “tratante”. Así se persigue a quien trabaja en la calle al mismo tiempo que se le impide organizarse en locales cerrados. Esta ambigüedad hipócrita obstaculiza la autoorganización de las trabajadoras y el desarrollo de formas más discretas y seguras de ofrecer el servicio. Además, a esta incongruencia legal se suma el sórdido entramado de corrupción y abuso que rodea al comercio sexual, donde no sólo los que controlan el negocio logran inmensas ganancias sino también algunas autoridades delegacionales, policiacas y judiciales. Y quienes intentan trabajar por fuera de las mafias, y sin dar mordidas, enfrentan no sólo dificultades enormes sino grandes peligros.

Para empezar a “limpiar” el terreno donde se lleva a cabo el comercio sexual y para garantizar los derechos de quienes trabajan en ese sector hay que ir más allá de las posturas fundamentalistas del abolicionismo y regular el negocio. Hay que apoyar a las trabajadoras más vulnerables para que, mientras cambian las condiciones educativas y laborales de nuestro país, puedan trabajar sin riesgos y de manera independiente de las mafias o, si lo desean, capacitar para realizar otro tipo de trabajo. Además de ampliar el marco legal con nuevas formas de organización laboral es indispensable mejorar la seguridad de la mayoría de quienes se dedican a esa actividad con formas de supervisión que no permitan la extorsión. Son muchas las cuestiones que hay que analizar y debatir, especialmente porque la postura abolicionista sostenida por la CATWLAC inhibe una discusión civilizada al responsabilizar a quienes están por la regulación de ser instrumentales en la proliferación de la trata. Esto atemoriza a cualquiera, pero más a políticos y funcionarios.

Por ello es imprescindible impulsar un debate público sobre la regulación del comercio sexual, y analizar cómo el puritanismo que se ha filtrado en la discusión alimenta lo que Elizabeth Bernstein (2012) denomina el “giro carcelario” de la política neoliberal.20

Al reconceptualizar el comercio sexual como “tráfico de mujeres”, el activismo feminista abolicionista ha transnacionalizado un discurso que alienta una política punitiva, que Bernstein denomina “carcelaria”. Esta autora analiza cómo el movimiento feminista llamado “antitráfico”, que usa un discurso sobre las víctimas, facilita un control creciente sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres y produce una “remasculinización del estado”. Bernstein encuentra que anteriormente las feministas en contra de la violencia sexual tomaron la vía del activismo de base para combatirla, pero ahora acuden cada vez más al terreno judicial. La penalización legal es concebida por esas feministas como lo más eficaz para frenar a los clientes y los padrotes: “Necesitamos leyes que hagan que los varones se lo piensen antes de entrar al negocio de la explotación sexual comercial” (2012: 241). Bernstein critica que el feminismo abolicionista le haya dado la espalda a una reflexión más crítica sobre las causas estructurales (económicas y culturales) del fenómeno, y que al denunciar la “prostitución” como una forma de violencia sexual se hayan decantado hacia la penalización otorgando un respaldo ideológico al modelo punitivo neoliberal. Ella concluye que al ampliar y fortalecer la intervención judicial, en lugar de insistir en que el Estado se enfoque en las condiciones de la explotación de la fuerza de trabajo, se desplaza la problemática de la “prostitución” de los factores estructurales a las personas “delincuentes”. Esto, que ha tenido un impacto devastador en quienes se dedican al trabajo sexual, también alimenta el ascenso del modelo carcelario.

Como se ve, el debate es complejo y abarca mucho más que los argumentos sobre “las víctimas” y los “degenerados”, que es lo que se suele ventilar cuando se discute sobre comercio sexual en nuestro país. Obvio que la compraventa de sexo seguirá produciendo conflictos y desacuerdos, y que seguiremos discutiendo y discrepando en torno a estas cuestiones. Obvio también que no hay que dejar de lado ni el combate contra la trata ni las políticas de salud contra el SIDA y las ITS. Pero en última instancia los grandes cambios económicos y la creciente fluidez en el movimiento de personas, capital y servicios que provoca la reestructuración globalizada del capitalismo no deben de hacernos olvidar lo que también significa simbólicamente el comercio sexual. Liv Jessen, una trabajadora social directora del Pro Centre, un centro nacional para prostitutas en Noruega, dice: “La prostitución es una expresión de las relaciones entre mujeres y hombres, de nuestra sexualidad y los límites que le ponemos, con nuestros anhelos y sueños, nuestro deseo de amor e intimidad. Tiene que ver con la excitación y con lo prohibido. Y tiene que ver también con el placer, la tristeza, la necesidad, el dolor, la huída, la opresión y la violencia” (2004: 201). Reflexionar sobre esto es una de las maneras de acercarnos a una mejor comprensión de la condición humana y, por ende, a mejores formas de convivencia.

 

Marta Lamas
Antropóloga. Directora de la revista Debate Feminista y profesora-investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. Su más reciente libro es Cuerpo, sexo y política.

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1 De esa experiencia nacieron algunos ensayos y mi tesis de maestría en etnología “La marca del género. Trabajo sexual y violencia simbólica”, ENAH, 2003.

2 Hay muchísimo publicado desde ambas posturas. Las autoras paradigmáticas de la postura que considera que siempre es violencia contra las mujeres son Barry 1987; McKinnon 1993; Dworkin 1997; mientras que en la otra destacan Agustín 2007; Day 2010; Scoular 2010; Kempadoo 2012. Una revisión de la literatura de ciencias sociales sobre trabajo sexual de 1990 a 2000 se encuentra en Vanwesenbeeck 2001, y un análisis sociológico al respecto en Weitzer 2009.

3 Si bien también hay hombres que se dedican a la venta de sexo, la dinámica y la problemática de las mujeres es muy distinta. Tanto mi investigación como mi activismo político han sido con mujeres y fundamentalmente me referiré a ellas a lo largo de estas páginas. Para escritos de las propias trabajadoras sexuales: ver Delacoste y Alexander 1987; Pheterson 1989; y Nengeh Mensah, Thiboutot y Toupin 2011.

4 Aunque las mujeres eligen la venta de sexo fundamentalmente por cuestiones económicas, también existen casos donde son las razones psíquicas las que las impulsan. Por eso también se ha investigado y reflexionado sobre los condicionantes psicológicos. Ver Welldon 1993.

5 No ocurre lo mismo con la prostitución masculina, que no subvierte el paradigma de masculinidad. La valoración de la masculina toma como “natural” y valioso que a los varones les guste el sexo.

6 Básicamente algunas organizaciones estadunidenses, como COYOTE, y muchas trabajadoras sexuales europeas. Ver Pheterson 1989 y Nengeh Mensah et al., 2011.

7 Una implicación sustantiva es la relativa a la salud pública, que no analizaré en estas páginas pero que sin duda mueve a muchos gobiernos a tomar la postura de la regulación (Rekart 2005; Day y Ward 2009; Gruskin, Williams y Ferguson 2013).

8 Uso el término call girls para referirme a quienes trabajan en departamentos, aunque en ocasiones las acompañantes (escorts) también trabajan así.

9 Este debate se ha centrado en si permitir o prohibir transacciones vinculadas al cuerpo, como la venta de órganos, el alquiler de úteros, y también la prostitución. Ver S. Madhok, A. Phillips y K. Wilson 2013.

10 Debra Satz analiza los mercados nocivos, donde incluye al del sexo, establece cuatro parámetros relevantes para valorar un intercambio mercantil y los aplica al trabajo sexual: 1) vulnerabilidad, 2) agencia débil, 3) resultados individuales dañinos y 4) resultados sociales dañinos. La vulnerabilidad y la agencia débil aluden a lo que las personas aportan en la transacción; la vulnerabilidad aparece cuando las transacciones se dan en circunstancias de tal pobreza o desesperación que las personas aceptan cualquier condición, y la agencia débil se da cuando en las transacciones una parte depende de las decisiones de la otra parte. Los otros dos parámetros (daños individuales y sociales) son característicos de los resultados de ciertos mercados cuando posicionan a los participantes en circunstancias extremadamente malas, por ejemplo, en las que son despojados o en las que sus intereses básicos están aplastados. También eso produce resultados extremadamente dañinos para la sociedad, pues socava el marco igualitario que requiere una sociedad y alienta relaciones humillantes de subordina- ción. Ver Satz 2010.

11 Me sorprende el paralelismo que se da con el aborto. No es que a quienes luchamos por la despenalización del aborto nos parezca tal intervención la mejor de las prácticas, y propongamos su regulación para que más mujeres aborten, sino que pensamos que la penalización produce males mayores, que la regulación abate.

12 Para un panorama sobre los riesgos sanitarios que tiene el trabajo sexual y la importancia de una política de salud pública ver Rekart 2005 y Gruskin, Williams y Ferguson 2013.

13 Llamo “maternalismo” al paternalismo de las feministas abolicionistas, que pretenden “rescatar” y “salvar” a las mujeres, aun en contra de sus deseos y su voluntad.

14 En México Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” A.C. es integrante de la Red Latinoamericana y del Caribe contra la Trata de Personas, que es el capítulo regional de la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW, por su nombre en inglés).

15 Respecto al pánico moral Sophie Day (2010) establece un paralelismo entre la situación actual y la época victoriana. Day señala que durante tal época, con sus intensas transformaciones económicas y sociales, el pánico moral en torno a la prostitución, la “trata de blancas” y la enfermedad venérea (en especial la sífilis) expresó las angustias culturales respecto al cambiante papel de las mujeres y a los procesos de inmigración y urbanización. Alentadas por una amplia coalición de feministas y grupos religiosos que había decidido “rescatar” a las mujeres, aparecen las leyes sobre “enfermedades contagiosas” (1864, 1866 y 1869) que perfilaban a la prostituta como peligrosa física y moralmente al mismo tiempo que la consideraban vulnerable. Así se justificó la regulación moral, social y legal de muchas mujeres solteras de la clase trabajadora, para que la salud moral de la sociedad quedara a salvo. También Jane Scoular (2010) comparte tal equiparación y añade que el espectro de la esclavitud sexual servía como cortina de humo para tapar otras cuestiones, como la esclavitud colonial. ¿Qué estará tapando hoy en México el espectro de la trata?

16 Debido a su ilegalidad hay escasas estadísticas sobre el número de mujeres que se dedican al comercio sexual. Brigada Callejera, usando un modelo de la Organización Internacional del Trabajo sobre el sector sexual para estimar la cantidad de personas que se dedican al trabajo sexual, estima en 800 mil mujeres, de las cuales 200 mil son menores de 18 años, en nuestro país. Para ver el modelo, consultar ILO 1998.

17 Esa es justamente la postura de Brigada Callejera, que ha publicado varios manuales sobre trata dirigidos tanto a las trabajadoras sexuales como a los funcionarios que tienen a su cargo las políticas públicas. Ver Brigada Callejera 2013.

18 Este discurso intimidatorio ya se lo han aplicado a la Secretaria del Trabajo del GDF, por acatar la resolución de la Juez Primera de Distrito, que resolvió que había que reconocer el carácter de trabajadores no asalariados de quienes se dedican a ofrecer ese servicio en vía pública.

19 Es el Protocolo de la ONU que se firmó en diciembre de 2000 en Palermo, y que con la influencia del gobierno de Bush introdujo la confusión entre trata y prostitución. Ver Saunders 2004 y Weitzer 2010.

20 El análisis de Bernstein se inscribe en una tendencia crítica donde varios autores analizan la relación entre las estrategias carcelarias contemporáneas para la gobernanza social con la agenda económica neoliberal. Indudablemente hay varios aspectos del problema vinculados con otras transformaciones culturales del capitalismo tardío que ella no analiza al acotar su reflexión al comercio sexual.

 

Georgina Orellano, prostituta y feminista argentina: “El feminismo prohibicionista nos victimiza y criminaliza”

 

Daniel Hopenhayn 03 Enero, 2017

http://www.theclinic.cl/2017/01/03/georgina-orellano-prostituta-y-feminista-argentina-el-feminismo-prohibicionista-nos-victimiza-y-criminaliza/

 

Se define como “puta, feminista, peronista y anticapitalista”. Hace once años ejerce el trabajo sexual en Buenos Aires y desde 2014 lidera AMMAR, Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, que cuenta con 6500 afiliadas y una creciente visibilidad en su país. Reclaman al Estado que reconozca lo suyo como un trabajo para poder salir de la clandestinidad, evitar los abusos policiales, acceder a derechos laborales y enfrentar el estigma cultural. Y aunque enmarcan su discurso en un feminismo militante, el enemigo que les ha salido al paso no usa sotana ni corbata. Se trata del “feminismo abolicionista”, con el cual sostienen una lucha de poder de alto voltaje que a diario saca chispas en seminarios de género, redes sociales y hasta en el Congreso. Georgina (30) y sus compañeras las acusan de patriarcales y moralistas, de querer pensar por ellas y “salvarlas” mientras impulsan leyes que las reprimen y cosifican. Aquí desmenuza las contradicciones de esas “feministas de escritorio” a las que esperan arrebatar el dominio de las políticas públicas que incumben a su sector.

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AMMAR ha acuñado el eslogan “Puta y Feminista”. ¿Cómo se llevan hoy la prostitución y el feminismo?
–Mirá, hubo todo un proceso por el cual las trabajadoras sexuales hemos pasado a ver con buenos ojos el feminismo. Al principio, cuando comenzamos a pedir la palabra en espacios donde está muy tensa la discusión sobre prostitución, nosotras contábamos los problemas que nos genera trabajar en la clandestinidad y presentábamos nuestra reivindicación principal: que el Estado reconozca el trabajo sexual y nos dé un marco legal, con acceso a derechos laborales básicos. Pero al plantear esto nos veíamos enfrentadas al feminismo abolicionista, que hoy ocupa muchísimos lugares de poder en las instituciones del Estado que ven políticas de género. Ese abolicionismo ya tiene poder en la toma de decisiones, incluida la decisión de que la prostitución no pueda ser considerada un trabajo, y de arrojarnos encima el derecho penal, apelando al sistema punitivista para combatir la trata de personas sin importar que esa política nos termine criminalizando a nosotras. Entonces, cuando veíamos ese feminismo, la verdad es que sentíamos que eran nuestras enemigas. Esa fue la primera impresión que tuvimos, decíamos “si eso es el feminismo, nosotras no somos feministas”. Porque además, en las discusiones usaban argumentos súper violentos.

¿Por qué violentos?
–Porque no sólo traían el discurso teórico abolicionista, sino que descreían de nuestros testimonios. Cuando contábamos por qué habíamos elegido el trabajo sexual frente a otros trabajos por los cuales hemos pasado, se producía una fuerte discusión en la que nuestros testimonios todo el tiempo eran deslegitimados. Eso nos llevaba a comparar a ese feminismo con el aparato represivo de las fuerzas de seguridad, que también deslegitiman nuestros testimonios y así nos cobran una coima para dejarnos trabajar. Ellas hacían un poco eso: querer “policiar” el cuerpo de las demás y decirnos qué deberíamos hacer o no hacer. Y todo el tiempo hablándonos de un mundo ideal, nunca hablaban de la realidad. Yo comparto que una tiene que luchar por esa utopía de vivir en una sociedad justa, libre e igualitaria, pero creo que esa transformación pasa por darle derechos a las minorías para que no sean aplastadas por las mayorías dominantes. Y no veíamos que esa fuera la propuesta de ese feminismo.

Es que el sentido común de cierto feminismo ve en la prostitución la esencia misma del patriarcado y de la explotación de la mujer. ¿Qué respondes tú a eso?
–Yo creo que el propio feminismo abolicionista es un poco patriarcal, aunque con cara de mujer. Porque todo el tiempo nos quiere aleccionar desde un lugar superior, cómodo y muchas veces privilegiado. Sin siquiera antes sentarse a escuchar lo que la otra compañera tiene para decir, o lo que el otro sujeto político que está organizado tiene para contar de su propia experiencia. En el país hay un montón de mercados laborales en los que se explota, cosifica y mercantiliza a la mujer –también al hombre–, y muchos no eligieron libremente esos trabajos, sino coaccionados por la necesidad económica. Entonces, ¿por qué poner el foco en abolir la prostitución? En una sociedad donde las mujeres ganamos menos que los hombres, accedemos menos a lugares de poder y las de sectores populares sólo podemos realizar trabajos domésticos o manuales mal pagados, el trabajo sexual a nosotras nos remunera más y es más liberador, porque trabajamos menos horas y con mucha más autonomía. Por eso lo elegimos. Pero el feminismo abolicionista todo el tiempo está pensando por nosotras, con argumentos hasta un poco morales.

¿Crees que se enfocan en la prostitución por moralismo?
–Sí, es una cuestión moral. El empleo doméstico, por ejemplo, también es ejercido por mujeres que vienen de los sectores populares. Sin embargo, la política del Estado argentino no fue abolir ese trabajo, sino reglamentarlo y mejorar sus condiciones, reconocer derechos como las vacaciones, los días por enfermedad, la jubilación. Ahí las abolicionistas no pusieron ningún tipo de objeción, todas estuvieron a favor. Pero esas mujeres, que también están a favor de despenalizar el aborto porque cada mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, son las mismas que se oponen rotundamente a que las trabajadoras sexuales tengamos acceso a derechos.

Quieres decir que, para ellas, todas las mujeres son dueñas de su cuerpo mientras no sean putas.
–Exactamente, sí, mientras no cobren por sexo. Y creo que ese quiebre en su discurso se explica por cuestiones morales, por tabúes socioculturales todavía muy arraigados respecto del rol de la mujer en la sexualidad.

¿Cómo así?
–Históricamente la sexualidad fue un campo de batalla donde la mujer tenía que ceder. El que podía disfrutar y desear era el hombre. Y que algunas mujeres decidan ofrecer servicio sexual a cambio de una remuneración económica, desafía esos patrones al proponer que cada mujer decide qué hace con su sexualidad y qué provecho le saca. En cambio, pretender que haya una única sexualidad femenina, pura y legítima, me parece es partir de un discurso moralista que hace una división entre las mujeres buenas y las malas, entre un sexo puro y un sexo indigno.

Tienes una frase muy citada: “Mientras creamos que la concha es sagrada difícilmente combatiremos al patriarcado”.
–Sí. Lo que sostengo es que la fuerte oposición a que seamos reconocidas como trabajadoras proviene de la parte del cuerpo con la cual trabajamos. Nadie está cuestionando por qué un albañil decide poner en riesgo su integridad física y su salud, ni que el sistema capitalista se quede con la ganancia que su fuerza de trabajo produce. No hay tensión ahí. Toda la tensión aparece cuando nosotras decimos que ponerle un precio a tu sexualidad puede ser una salida laboral que te genere muchísima más independencia que otros trabajos destinados a la mujer. Ahí nos dicen “no, no se puede comercializar el sexo”. ¿Y por qué sí las manos, las piernas, la espalda? Porque se piensa que esa parte del cuerpo de la mujer es sagrada. Por eso no se le puede poner un precio. Y creo que pensar que la sacralidad de la mujer y su dignidad solamente están en su sexualidad, es seguir obedeciendo un poco al patriarcado.

Quizás ellas te contestarían que es al revés: si bien otros empleos también explotan el cuerpo, la cosificación sexual de la mujer es, en la guerra contra el patriarcado, la madre de las batallas.
–Pero hay un montón de otros trabajos en los cuales la mujer termina explotando su capital erótico. Acá en Argentina, la mayoría de los puestos laborales que una puede agarrar en los avisos clasificados te piden buena presencia y no pasar de los 35 años. La moza explota su capital erótico, las promotoras, las secretarias, las modelos, las vedettes… Y si ellas deciden hacer eso conscientemente, porque saben que así pueden ganar muchísimo más, hay que respetar la decisión de esa mujer. Cuando nosotras empezamos a formarnos un poco más en el feminismo, vimos que el abolicionismo teórico te dice que la prostitución es producto de la desigualdad de género. Pero las políticas que ellas impulsan no parten de romper con esa brecha. Acá en nuestro país se pensaron trabajos para sacarnos de la prostitución, pero eran talleres para ser peluqueras, para que hagamos carteras, toallones, bisutería… ¿Esos son los trabajos que tenemos que hacer para dejar de ser funcionales al patriarcado?

Lo que objetan algunas teóricas del feminismo es que la mujer que explota sus atributos físicos perjudica a todas las que no los tienen, porque perpetúa la figura de la mujer objeto que vale por eso.
–Sí, pero yo creo que la mujer tiene que valer por el valor que ella se pone. Algunas explotan su valor erótico, otras su valor intelectual, y lo que eso viene a reflejar es que todas somos diferentes. Si pretendemos un mundo con un solo tipo de mujer socialmente aceptado, vamos por un camino claramente incorrecto. Hay un montón de mujeres y cada una potencia su cuerpo y su placer a su manera, vende su capital erótico y sus otras capacidades a su manera. Creo que todas tienen que ser respetadas y legitimadas.

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Entre feministas jóvenes, un tema de mucho debate ha sido el reggaetón. Unas acusan a otras de obedecer al deseo masculino que las denigra o las reduce.
–Mirá, la mujer sigue obedeciendo a un montón de presiones socioculturales: mantenerse joven, ser madre, asumir ella la educación y la crianza de sus hijos, mantener todo el sistema de la limpieza y la responsabilidad de la casa. Esos puntos habría que tratar, antes que caerles a las mujeres que bailan reggaetón o les gusta perrear. Me parece que a veces el movimiento feminista se desvía en querer castigar a otras mujeres, haciendo esta división entre las buenas y las malas que recae sobre nosotras porque, supuestamente, cobramos por algo que no tiene precio. En cambio, nosotras decimos que hay un montón de situaciones en que la mujer le pone un precio a sus relaciones. El matrimonio es una de ellas, y no vemos que estén pidiendo abolir la institución matrimonial, dentro de la cual son violentadas y abusadas muchísimas más mujeres que en el trabajo sexual. En Argentina cada 36 horas muere una mujer asesinada dentro de sus entornos familiares. Y sin embargo la política de ellas no es abolir la institución matrimonial.

A propósito de eso, leí que tú antes les cobrabas más a las mujeres, por ser un servicio menos habitual, pero después decidiste hacer lo contrario.
–Sí, porque entendí que al cobrar más a las mujeres seguía fomentando esa desigualdad: que a la mujer siempre le va a costar más disfrutar su sexualidad. Y eso fue darme cuenta de un montón de cosas. Por ejemplo, de por qué la mayoría de clientes que tenemos son varones. No es porque nosotras estemos haciendo funcionar el patriarcado, sino porque el varón está mucho más legitimado para disfrutar su sexualidad. Muchas mujeres me dicen, o me escriben, que a ellas les encantaría pagar un servicio sexual, pero la culpa se los impide, se sienten haciendo algo malo al pensar sólo en su propio disfrute. Y hay más clientes varones por otra razón: en muchas familias, la mujer no gana su propio dinero. En los últimos años comenzó toda una avanzada para que la mujer salga de la casa y se inserte en el trabajo, pero va a llevar un tiempo bastante largo invertir esa cuestión y que las mujeres también se animen a pagar.

POLICÍAS Y PSICÓLOGAS

Para buena parte de la sociedad, ayudar a las prostitutas significa ofrecerles “un trabajo digno”. ¿Qué tan difícil ha sido instalar una voz que dice “nosotras queremos hacer esto”?
–Muy difícil, sobre todo por una razón: durante siglos se ha hablado y se ha escrito sobre la prostitución, pero las que tomaron la voz nunca fueron las prostitutas. Nosotras estamos organizadas hace 21 años y fue toda una lucha no sólo ser reconocidas como un sujeto político válido, sino ser escuchadas en las mismas mesas donde se discutían políticas públicas para nuestro sector. Se habían sentado ONGs, movimientos de mujeres, gente de la academia, pero a nosotras nunca nos convocaron. Tuvimos que partir por algo tan básico como conquistar una voz en nuestros espacios. Cuando los docentes o los metalúrgicos piden mejorar sus condiciones, el Estado se sienta a negociar con ellos, no con otra gente que viene a pensar por ellos. Y eso refleja lo que venimos hablando: esa actitud maternalista por parte de algunas, cercana al patriarcado, de decidir por nosotras como una especie de salvadoras, creyendo que somos mujeres no pensantes…

Sino explotadas…
–Claro, tomarnos por víctimas: lo que decimos no es legítimo porque no somos conscientes de lo que estamos haciendo. Es súper violento tener que escuchar esos argumentos. Es tratarnos como mujeres incapaces, infantilizar nuestras voces. Y me parece que eso, aunque provenga de un sector que se reconoce como feminista, es una actitud claramente machista.

Y que, según reclaman ustedes, favorece al principal enemigo que tienen, la policía.
–Sí. Porque el abolicionismo te dice “no perseguimos a las mujeres”, pero una vez que institucionalizan sus posiciones, despliegan un montón de legislaciones que les entregan muchísimo más poder a las fuerzas policiales para que hostiguen a nuestras compañeras, las coimeen, las violenten, realicen detenciones arbitrarias, les allanen los departamentos, les roben el dinero y sus pertenencias, en fin.

En 2012 se modificó en Argentina la ley que penaliza la trata de personas, y ahora ustedes no pueden decir que sus servicios sexuales son consentidos. Lo que digan al respecto vale cero, ¿no?
–Exactamente. La ley anterior, del año 2008, diferenciaba trata de personas de explotación laboral y de trabajo sexual autónomo. Y la modificación que sufrimos en 2012 fue producto de un juicio muy emblemático que hubo en el país, por el caso de Marita Verón, una joven tucumana que todavía no ha sido encontrada. Los tres imputados quedaron sobreseídos y eso generó un clamor social que se tomó las calles. Entonces, un poco para apaciguar ese reclamo, un 18 de diciembre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner llamó a sesiones extraordinarias para modificar la ley sobre trata de personas. Esa ley ya se venía trabajando en el Congreso, donde nosotras ya habíamos planteado que eliminar el consentimiento de la mujer nos sería muy perjudicial. Y como no había acuerdo sobre ese punto, siempre quedaba encajonado. Pero bueno, ahí en sesiones extraordinarias se aprobó. Y la consecuencia es que hoy, para el Estado, todo es trata de personas. Muchos diputados y diputadas, a los cuales les hicimos ver que se estaba legislando sin la maduración en el debate político que merecía ese proyecto, hoy reconocen que no sabían las consecuencias de lo que estaban votando.

¿Cuáles han sido esas consecuencias?
–Bueno, a partir de esa ley se cerraron la mayoría de los lugares donde nuestras compañeras ejercían el trabajo puertas adentro, en sus domicilios particulares o en departamentos que compartían con otras compañeras.

¿Por qué?
–Porque muchos fueron allanados sin orden judicial, que es otro de los poderes que se otorgó a la policía. Y nadie es veedor de lo que la policía hace. Allanan sin orden judicial, les roban a nuestras compañeras el dinero recaudado y sus objetos de valor. Y en muchos casos, no sólo se clausuró el lugar y ellas quedaron en la calle, sino que también alguna quedó procesada como la supuesta regentora del lugar, la que explotaba a las otras.

¿Con qué pruebas?
–Simplemente por haber sido la que abrió la puerta en el allanamiento, la consideraban dueña del lugar. O en otros casos, por ser la más veterana, la justicia entendía “bueno, vos sos la mayor, vos explotás a las otras”. Nos encontramos con situaciones de muchísimo abuso y muchísima arbitrariedad. En la mayoría de los casos fuimos litigando, aunque muchas compañeras desistían de seguir con el proceso judicial, que acá es muy largo. Pero bueno, una de ellas llegó hasta el final y marcó el precedente de demostrar a la justicia que ella era trabajadora sexual autónoma y que era perseguida por los agentes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los operadores judiciales. Y una jueza obligó al gobierno de la Ciudad a que deje de perseguirla, que deje de allanarle su vivienda que es también su lugar de trabajo. Y que si el gobierno quiere ser el ente regulador de la prostitución, debe primero regularla como lo que es. Ese primer fallo demostró, justamente, que las políticas antitrata no diferenciaban entre trata y trabajo sexual, que se llevaban puesto todo. Criminalizaron el trabajo sexual y empujaron a una cantidad de compañeras a terminar trabajando en la clandestinidad.

Las precarizaron al máximo.
–Así es. La que antes tenía un departamentito y lo compartía con una compañera, ahora se quedó en la calle y tiene un perfil de Facebook. Ahí se contacta con los clientes y directamente pasa al encuentro en la casa del cliente o en un hotel, pero no tiene un lugar físico. Y eso también dificultó a la organización con el alcance hacia nuestras compañeras. Antes podíamos visitarlas en el departamento, hablar con ellas, ver cómo ejercían su trabajo. Hoy por hoy, muchas de ellas no sabemos dónde están.

Aparte de estas prerrogativas que tiene ahora la policía, entiendo que la ley también creó unas brigadas de psicólogas que se llaman “rescatistas”.
–Sí, la Oficina Nacional de Víctimas de Trata. Son un grupo de psicólogas y trabajadoras sociales que ingresan en el allanamiento para, en teoría, asistir a las víctimas. Por lo que nos han contado la mayoría de nuestras compañeras que pasaron por la entrevista con la psicóloga, son preguntas inquisidoras todo el tiempo. Y son ellas las que elaboran el informe que llega al juez o al fiscal, y ese informe desestima totalmente que la decisión de las mujeres de ejercer la prostitución sea voluntaria. Siempre ven que está coaccionada, que no elige por sí misma sino víctima de una situación de vulnerabilidad. Y mientras la psicóloga las entrevista, ellas ven cómo los policías y los operadores judiciales se están llevando su dinero, sus celulares, y nadie les responde. Y también, muchas veces, cuando su lugar quedó clausurado, ellas le decían a la psicóloga que no tenían dónde más ir, que por favor las dejaran quedarse ahí, y ellas les dijeron “no, te venís conmigo al refugio o te quedás en la calle”. Nosotras decimos que ellas son las policías de la moral. Las compañeras pueden negarse a hacer la entrevista, pero ellas nunca les dicen que existe esa posibilidad, directamente las sientan y les comienzan a hacer esas preguntas que les imponen la figura de la víctima. Y después hablamos de cosificación, ¿no?

Algunos pensarán, cuando lean esta entrevista, que al negar la condición de víctima generalizas una situación tuya que para otras sí puede ser más dramática. ¿Qué les contestarías?
–Primero, que si ha habido un “discurso único” alrededor de las trabajadoras sexuales, ha sido el discurso victimizante que reduce nuestra capacidad de decisión. Y si decidimos salir a hablar es, en parte, justamente para mostrar que no todo en el mercado sexual es igual, que hay otras historias posibles, de mujeres que decidimos hacer trabajo sexual como un proyecto laboral emancipatorio. Todas las voces deben escucharse, pero hasta acá, las voces desacreditadas han sido las nuestras. Y siempre remarco que nunca presentaría mi historia como representativa de todo un colectivo. Cada una tiene su historia, su recorrido. Lo que nos une a todas son las consecuencias de trabajar en la clandestinidad y la lucha por mejorar nuestras condiciones laborales y acceder a derechos.

LA BATALLA CULTURAL

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En algún discurso decías que la gran batalla cultural, para ustedes, es ser aceptadas por sus propias familias. Y que algunas le tienen más miedo a que sus familias sepan en qué trabajan que a irse presas.
–Sí. El principal problema nuestro no es lo que la gente piensa: la violencia de nuestros clientes, o haber tenido que hacer esto como la única opción y vivirlo con mucho drama. Nosotras decimos “no, mirá, yo no tengo problemas con mis clientes ni me siento víctima por hacer esto”. El gran problema nuestro es el estigma. Todos esos prejuicios de personas que juzgan, que señalan, que discriminan, se convierten en el estigma de ser puta, de hacer un trabajo que unos denigran y otros victimizan. Se convierten en vivir muchos años de manera clandestina, mintiéndoles a las propias familias, creando un montón de barreras de ocultamiento: tener dos teléfonos, salir vestida de tu casa con una ropa y después ponerte una minifalda o un pantalón ajustado y unos zapatos en la casa de alguna amiga para poder pararte en la esquina, esconder el dinero, vivir con el temor de que algún conocido te vea en la calle y le vaya a contar a tu familia. Y el miedo a que tu propia familia, tu propio entorno te excluya, no te acepte. Porque nuestra familia también es parte de esa sociedad, ¿no?

¿Y han logrado torcerle la mano a eso, abrir el tema y que la familia apoye?
–Mirá, en el último tiempo sí. También eso se debe a que hubo muchas compañeras que hicieron camino al andar, y nos demostraron que no hay nada más liberador que poder contarle a tu alrededor verdaderamente quién sos, a qué te dedicás, y dejar de vivir todo eso con la culpa. Sacarte esa mochila súper pesada que llevás sobre la espalda porque te creés lo que la sociedad deposita sobre nosotras. Contar tu historia y que tu familia, tus hijos, tus amigos, te acepten… eso no se compara con nada. Yo lo viví en carne propia. Y también lo veo cuando mis compañeras vienen y me cuentan que se lo contaron a su novio, a sus amigas, que se lo pudieron contar a su madre, a sus hijos, y lo cuentan tan emocionadas… Porque es eso, ¿no? Es sacarnos lo que durante mucho tiempo llevábamos a escondidas, como salir del clóset.

Además, me imagino que el comentario “qué va a pensar tu hijo cuando sepa” debe ser la zona más sensible de ese estigma.
–Bueno, y si hay un actor que trabaja arduamente para potenciar ese estigma, es el abolicionismo. Porque justamente su argumento es: “si tanto defendés el trabajo sexual, ¿se lo recomendarías a tu hijo?”. Como diciéndome que si yo soy puta, quiero que mi hija sea puta, y después vengo por las sobrinas y las nietas. O decir sobre nosotras “son sólo diez, y además andan con caretas”. Y no entendés que esa mujer tiene que usar una careta porque hay discursos como el tuyo que predominan en un montón de espacios, y que recaen de tal manera sobre la vida de esa mujer que, en vez de poder contar quién es y mostrar la cara, tiene que taparse. Porque ahí está el abolicionismo diciendo todo el tiempo que nosotras no elegimos esto, que estamos mintiendo… Y ya eso de meter a nuestros hijos en el medio de un debate demuestra una actitud muy controladora, ¿no? Se supone que si vos sos feminista y querés destruir el patriarcado, no vas a defender la carga moral que se le puso durante siglos a la maternidad. Pero nos dicen “ustedes son madres que no piensan en sus hijos”.

Para sus hijos, al mismo tiempo, también debe ser todo un tema cargar con ese discurso social: “tu mamá es tal cosa”.
–Claro, ese es uno de los temores que tenemos, por lo menos las que somos mamás y jefas de hogar. Una cosa es que tus hijos sepan que sos trabajadora sexual y te acepten, y otra cosa es cómo nuestros hijos van a poder defenderse en sus ámbitos –la escuela, el club de amigos– y generar herramientas para deconstruir prejuicios. Para mí, la raíz de todo lo que recae sobre la trabajadora sexual tiene que ver con lo moral, con los prejuicios sexuales y también sociales que hay. Y después, con el enorme desconocimiento de personas que dan cosas por hecho sin siquiera ponerse a pensar.

Tu movimiento ha tenido llegada en algunos sectores del feminismo, pero la pelea con las abolicionistas ha subido mucho de tono. Ustedes denuncian que ellas les boicotean las cuentas de Facebook, convocan a quemar sus volantes publicitarios y cosas por el estilo. ¿Qué explica tanta tensión?
–El problema del sector abolicionista es que ha conquistado un montón de políticas públicas –no sólo la ley nacional sino muchas ordenanzas municipales y decretos presidenciales, como la prohibición de los avisos clasificados en los diarios– pero ya no sabe cómo mantener lo conquistado. Porque desde el otro lado se alzan cada vez más voces de mujeres que, además de reconocerse como trabajadoras sexuales, cuentan las consecuencias de las políticas que ellas han impulsado desde un feminismo de línea prohibicionista que nos victimiza y criminaliza. Y creo que al no saber cómo enfrentar la avanzada de las trabajadoras, apelan, desde la bronca, desde la impotencia, a esas acciones, como denunciar las cuentas de Facebook para que no podamos visibilizar más lo que venimos haciendo. O decir que las dirigentes de la organización no somos trabajadoras sexuales, sino que tenemos todo un discurso armado que está financiado por el proxenetismo internacional…

¿Les dicen eso?
–Nos dicen eso. A mí me dicen que no soy trabajadora sexual y que fui formada por el proxenetismo internacional. Pero todos esos argumentos reflejan, justamente, la situación incómoda en que están ellas con su discurso de la mujer víctima que no eligió y que ellas están salvando. Ahora esas mujeres están diciendo “yo no soy víctima y no quiero que nadie me salve, sino que el Estado me reconozca mi trabajo y mis derechos”. Entonces hay, por un lado, trabajadoras hablando en primera persona, y por el otro, algunas feministas institucionalizadas hablando detrás del escritorio, donde no hay nadie que pueda respaldar ese discurso.

Tú dices que están más preocupadas de construirse a sí mismas como activistas.
–Sí, y por eso están siempre preocupadas de lo que genera la organización. Porque en todos los espacios donde ellas van a hablar, hablan de nosotras. Hablan de nuestras actividades, hablan del “Puta y Feminista”, que según ellas es una movida que generamos para atraer a chicas desde una mirada más cool. Muchas veces vienen periodistas y nos preguntan “mirá, fui a una charla y dijeron que ustedes eran proxenetas, que son un invento…”. Ante su situación incómoda, lo único que surge es desacreditar a una organización social que, como todas, pasa por procesos de maduración, de debates internos, de pensar estrategias para incidir políticamente y comunicacionalmente… Y ahora que, para peor, tenemos un gobierno de derecha, ha quedado a la vista que ellas dejaron ahí un montón de dispositivos judiciales para quienes quieran perseguir a la mujer que ejerce el trabajo sexual.

Vi un cartel que decía “Te lo decimos las putas: Macri no es hijo nuestro”.
–Sí, Macri y tantos otros.

Un doble reclamo: no le digan “hijo de puta” que nos ofende.
–Claro. Durante mucho tiempo nosotras nos corríamos de la palabra puta. No queríamos ni que nos fuera mencionada. Decíamos “no, nosotras somos trabajadoras y queremos que la sociedad nos comience a respetar como clase obrera”. Pero también vimos que al dejar que la palabra puta se siga usando para estigmatizar a las mujeres y sus cuerpos, le regalamos cosas al patriarcado. Esta fue toda una discusión interna que tuvimos. Y decidimos que no queremos regalar más nada, que durante muchos años le habíamos regalado casi todo a muchísima gente que se ha aprovechado del estigma nuestro, y de nuestra clandestinidad, para hablar por nosotras, para escribir libros por nosotras y hablar desde la academia por nosotras. Y que la puja de la organización sindical también recuperar esos espacios que ganó la mirada prohibicionista. Así que resolvimos reapropiarnos colectivamente de la palabra puta para quitarle el estigma y que algún día deje de ser un insulto a la mujer. Porque incluso para insultar al hombre se sigue insultando a la mujer que hay detrás del hombre. Y la raíz de eso es que hay un colectivo de trabajadoras sexuales, de putas, que está estigmatizado. Entonces, el día que nos reconozcan como trabajadoras, y el día en que demos entre todos y todas una gran batalla cultural, seguramente la palabra puta no tendrá el tinte peyorativo y discriminatorio que hoy tiene.

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Derivas sociológicas y de las ciencias sociales sobre la prostitución

 

 

Santiago Morcillo*

 

Octubre – Diciembre 2016

 

http://produccioncientificaluz.org/index.php/espacio/article/view/22004/21731

 

Derivas sociológicas y de las ciencias sociales sobre la prostitución.

 

Santiago Morcillo*

 

Resumen

En el marco de la relación múltiple y cambiante que la Sociología ha entablado con la prostitución, este artículo busca repasar apenas algunas de las líneas más significativas en la producción de las ciencias sociales sobre el sexo comercial para comprender las claves de lectura actuales. En primer lugar se abordan algunos hitos en la construcción sociológica de la prostitución como objeto de estudio. Luego se considera el influjo del debate feminista en sus distintas posiciones y también de los movimientos de prostitutas o trabajadoras sexuales. Por último se mencionan algunos temas que se han intersectado con la prostitución y el mercado sexual para finalmente dejar planteadas las vicisitudes y necesidades de esta área.

 

Palabras clave: Prostitución; Sociología; Feminismo; Trabajadoras Sexuales

 

La Sociología y la prostitución han construido una relación compleja y que ha sufrido varias transformaciones. Dar cuenta exhaustivamente de los abordajes sociológicos de la prostitución, incluso restringiéndonos a las últimas décadas, implicaría un trabajo que excede con mucho los límites de este escrito de pretensiones más humildes. Aquí busco repasar apenas algunas de las líneas que me parecen significativas en la producción de las ciencias sociales sobre el sexo comercial a fin de comprender mejor cuáles son las claves de lectura actuales.

 

La prostitución llega a constituirse como objeto de análisis para las ciencias sociales y la sociología durante del siglo XIX y en diálogo con otros campos discursivos: la medicina –y en particular el higienismo-, la filosofía y la ética, y el derecho han sido claves en este sentido. A pesar del latiguillo de “profesión más antigua” resulta problemático construir una línea de continuidad entre la prostitución moderna y otras formas de intercambios sexo económicos en la antigüedad. Varios estudios modernos acerca de la prostitución en la antigüedad se apoyan en la noción de una “prostitución sagrada”. Más allá de su existencia empírica1, en la mayoría de los casos la imagen de la prostitución sagrada -la poderosa sacerdotisa o diosa prostituta- sirve para marcar un contraste con la figura de la prostituta

luego del cristianismo -la lujuriosa descarriada o la victimizada Magdalena arrepentida-. Este es el caso de Bataille (1997), que planteó la oposición entre la prostitución religiosa y la prostitución moderna a la que denomina la “baja prostitución”. Esta surge de la miseria, y el valor simbólico atribuido a estas prostitutas será únicamente el de la exclusión.

 

Como otros tantos objetos sociológicos, la construcción sociológica de la prostitución moderna vendrá marcada por el abordaje primigenio de la medicina higienista. Desde mediados del siglo XIX, el desarrollo urbano tuvo aparejado el crecimiento del burdel al cual los médicos higienistas buscaron transformar en “casa de tolerancia”. En este marco emerge en 1836 el estudio “De la prostitución en la ciudad de París desde el punto de vista de la higiene pública, la moral y la administración” de Alexandre Parent Duchâtelet, señalado como uno de los fundadores de la investigación en temáticas sexuales desde las ciencias sociales y del comportamiento (Bullough y Bullough, 1996). Más allá de sus sesgos, lo que cristaliza por primera vez con el estudio de Parent Duchâtelet, es la construcción de las prostitutas como una “población”, en sentido foucaultiano: se enfoca hacia la extensión de la prostitución, se necesita medirla, conocer sus rasgos como grupo. Como veremos, esta caracterización epidemiológica de las prostitutas resonará cuando irrumpa la epidemia de VIH/sida (Morcillo, 2015).

 

A su vez, en este momento histórico emerge “la prostituta” como personaje del elenco de anormales y perversos que produce el “dispositivo de sexualidad”2 (Foucault, 2002). Al situar al sexo como clave para descifrar la identidad subjetiva, el dispositivo de sexualidad genera personajes perversos, esencializando prácticas “desviadas” y postulándolas como emergentes, puntas de un iceberg que esconde un complejo sistema subjetivo pervertido. La constitución de la figura de “la prostituta” surge como uno de los efectos de este dispositivo, sumado a leyes específicas que aislaron y segregaron a las prostitutas del resto de la clase trabajadora (Guy, 1994; Walkowitz, 1980).

 

Esto permitirá entender la orientación de la sociología de la desviación en sus exploraciones sobre la prostitución. Este enfoque –que tuvo importancia en la sociología hasta la década de 1990- se mueve desde la pregunta por “¿quiénes son las prostitutas?” hasta cuáles los motivos y las formas de entrada en la prostitución (ver por ejemplo Davis, 1937). Varias investigaciones han tomado a las prostitutas como objeto para estudiar conductas desviadas (sexuales o de consumo de drogas, de propagación de enfermedades venéreas o delincuencia juvenil) sin cuestionar la construcción ideológica de “la prostituta” ni pensar en paralelo en otras formas de intercambios sexo-económicos (ver en Pheterson, 2000; Tabet, 2004)3.

 

Sin embargo, desde la sociología de la desviación también nacerá una línea que habilita a repensar el papel de la categoría “prostituta”. Acá tienen un papel importante tanto el desarrollo de la teoría del etiquetaje de Howard Becker como los desarrollos de Erving Goffman sobre el estigma. Ambos abordajes han permitido reconstruir la posición de la prostituta en una trama de relaciones sociales, dejando de lado el peso puesto a las características personales y psicológicas. En esta línea de trabajo se han desarrollado, desde mediados de los 80’ y hasta la actualidad, distintos estudios que describirán el manejo de la identidad y permiten elaborar una crítica de la estigmatización que sufren las prostitutas a partir del análisis de sus vidas cotidianas (por citar sólo algunos: Fonseca, 1996; Gaspar, 1985; Kong, 2006; Morcillo, 2011, 2014a; Pasini, 2000; Piscitelli, 2006; Sanders, 2005). En esta línea de trabajo, la socióloga Gail Petherson (2000) ha planteado un concepto clave para comprender cómo funciona la prostitución: el “estigma de puta”, que no solo controla y disciplina la sexualidad de las que venden servicios sexuales sino de todas las mujeres. Este enfoque ha permitido desarrollar todo un abordaje de la prostitución que comprende en clave crítica las relaciones de género que la atraviesan, sin por ello poner a las prostitutas en un lugar de meras víctimas sin capacidad de agencia. Pero para esta transformación, además de los desarrollos en la sociología de la desviación, serán también clave los movimientos de prostitutas (Pheterson, 1989). Nacidos a fines de los 70’, es el diálogo con estos movimientos el que permite a la sociología feminista percibir con agudeza el peso de la estigmatización entre quienes se dedican al sexo comercial. Sin embargo las posiciones del feminismo están divididas respecto a la prostitución y otras voces se han contrapuesto a esta posición.

 

Las guerras del sexo y la polarización del debate feminista.

 

Un punto ineludible para comprender el desarrollo la sociología en torno al mercado sexual en las últimas décadas son las transformaciones en el debate feminista sobre la prostitución. La prostitución ya era un tema importante desde el feminismo de la primera ola. Estas feministas hacían énfasis en dos elementos: las condiciones socio-económicas de las mujeres y una crítica del matrimonio. Según Barbara Sullivan (1995) el feminismo de la primera ola comprendía a la prostitución dentro de un continuo de intercambios sexuales-económicos que marcaban las posiciones de las mujeres. Sin embargo, las perspectivas comenzaron a trasformarse tempranamente en el marco de ligazón del movimiento feminista abolicionista de la prostitución con los movimientos religiosos de “pureza social” y su vuelco hacia la cuestión de la “trata de blancas” a fines del siglo XIX4. Más adelante, esta misma temática reflotaría a fines del siglo XX, denominada ahora como “trata de personas”5 y acicateada por los fenómenos económicos trasnacionales asociados a la globalización y trasformaciones geopolíticas (retomaré este punto más adelante).

 

A esta circunstancia se sumó también desde mediados de los 80’ el debate feminista sobre la sexualidad, que en el marco del feminismo euro-anglosajón se conoce como las guerras del sexo (sex wars). Aquí surge la oposición entre las concepciones del feminismo radical, que conceptualiza al sexo en un contexto patriarcal como un peligro, y del feminismo libertario o pro-sexo, que lo enfocará como una posibilidad de placer. De un lado, se plantea que negociar el placer sexual no conlleva a ninguna forma de libertad, ni es el placer un tema central de la sexualidad femenina; la cuestión es la dominación y la forma de detenerla (Dworkin, 1987, 1993; MacKinnon, 1987). Del otro, se sostiene que la cuestión clave de la sexualidad son los aspectos potencialmente liberadores del intercambio de placer entre individuos que consienten (ver Ferguson, 1984: 53). En estas discusiones las prostitutas ocuparon tanto el lugar de esclavas sexuales como de paradigma de la subversión sexual (Chapkis, 1997).

 

En el feminismo radical la homogeneización sobre las diversas experiencias de las mujeres en el sexo comercial puede comprenderse a partir del tono esencialista que mantiene la concepción de sexualidad. Más allá de la crítica en clave de género, las diferencias en términos de clase, de raza, de nacionalidades, de edades y de mercados sexuales son despreciadas desde este enfoque. A ello debe sumarse los señalamientos en cuanto a la escasa rigurosidad metodológica de sus investigaciones (Weitzer, 2005a).

 

Aunque el feminismo radical es la línea teórica más desarrollada dentro de las posiciones abolicionistas de la prostitución, también podemos encontrar otros enfoques que se reconocen como feministas y desarrollan una comprensión contextualizada de la comercialización del sexo, desarticulando el esencialismo de las feministas radicales. Desde estas posiciones se toma en cuenta el papel del género –pero no como una estructura de dominación dicotómica e inamovible— sin desatender el rol que juegan la clase y la raza. Si bien no abundan estudios desde estas perspectivas se puede mencionar, por ejemplo, a Julia O’Connell Davidson (2002) quien objeta tanto las miradas abolicionistas como las pro-trabajo sexual; cuestiona la concepción reificada del poder, que para unas aparece en manos de los clientes y/o proxenetas, y para otras se halla concentrado en el Estado y en la legislación que criminaliza a la prostitución.

 

La otra posición del debate feminista sostiene la noción de “trabajo sexual” como forma de conceptualizar a la prostitución. Aquí ocupan un lugar importante las feministas que en el contexto de las sex wars se han denominado “pro-sexo”. Si bien algunas feministas pro-sexo, simplemente perciben a la prostituta en un sentido diametralmente opuesto al del

feminismo radical -como un agente de subversión del orden sexual-6; la mayoría elaboran sus concepciones sobre sexualidad teniendo en cuenta un contexto cultural de dominación masculina: “el sexo se entiende como construido por esta cultura, sin ser completamente determinado por ella” (Chapkis, 1997: 23). Lo que caracteriza a esta perspectiva es la noción de que el sexo es un terreno de lucha y no un campo de posiciones fijas de género y de poder.

 

Muchas lecturas de los planteos de las feministas pro-sexo se ven perjudicadas por el juego político de polarización. En este sentido, Adriana Piscitelli sostiene la necesidad de correrse de las posiciones que tienden a la simplificación de la problemática. En Gênero no mercado do sexo –un artículo clave que sintetiza este punto de vista— Piscitelli aclara que los problemas ocurren cuando se interpreta la sexualidad como mera corporificación del género –tal como se puede leer la perspectiva de MacKinnon— o como parte de posiciones o identidades de género fijas; pero también cuando en una perspectiva de identidades fluidas se dificulta el acceso a los scripts que están siendo performados en un contexto (Piscitelli, 2005: 20).

 

Un punto ineludible para comprender el desarrollo de este debate es el surgimiento de los movimientos de prostitutas. Ya desde mediados de los 70’, algunas prostitutas habían comenzado a pelear por sus derechos por primera vez públicamente y conformando alianzas junto a otros actores. A partir de la década siguiente florecerán en todo el mundo diversas organizaciones de prostitutas (Gall, 2007; Pheterson, 1989; West, 2000). Según la activista y prostituta Carol Leigh (1997)7, la expresión “trabajo sexual” (sex work) y luego “trabajadora sexual” fueron acuñadas por ella en 1980 debido a los problemas que les causaba a las mujeres presentarse como “prostitutas” en los contextos feministas. La concepción de la prostitución como un trabajo se halla ligada desde su surgimiento a dos problemas centrales: la estigmatización y las divisiones entre mujeres.

 

En este contexto emergen nuevas formas de pensar y denominar a la prostitución, concebida ahora como “trabajo sexual”, y da el marco para que algunas feministas y académicas/os comiencen a investigar y pensar esta problemática con estudios que se visibilizarán a lo largo de la década del 90’ (Piscitelli, 2006). Como vimos antes, a partir de las colaboraciones con los movimientos de prostitutas Gail Pheterson (2000) logra desarrollar la mencionada noción de “estigma de puta” como un elemento constitutivo sin el cual no puede comprenderse a la prostitución. Para Pheterson, lo que se sanciona específicamente con el estigma de puta es el pedido explícito de dinero, pero además

se condena cualquier gesto de autonomía femenina8. Dolores Juliano (2002, 2003) ha retomado esta idea al concebir a la estigmatización de las putas como modelo de control sobre la sexualidad femenina, que refuerza la división entre mujeres puras y putas aislando a las prostitutas en un submundo. Por ello, para estas autoras, como para toda la posición pro-trabajo sexual, es clave la alianza entre putas y no putas como forma de poner en cuestión la división patriarcal entre mujeres “buenas” y “malas”. Kamala Kempadoo también ha sugerido otras alianzas posibles a partir de la redefinición de la prostitución como trabajo sexual pues se vincula con:

 

Las luchas por el reconocimiento del trabajo de la mujer, por los derechos humanos básicos y por condiciones de trabajo dignas: luchas que no son específicas de la prostitución y el comercio sexual, sino que son comunes a la lucha general de las mujeres [y a su vez esta redefinición] destaca la naturaleza variada y flexible del trabajo sexual así como sus similitudes con otras dimensiones de la vida de las/los trabajadores/as. (1998: 1).

 

El enfoque del trabajo sexual expandió tanto las nociones de trabajo como las de sexualidad. Por un lado, en el caso de la sexualidad permite ir más allá de los intercambios que usualmente se piensan como “prostitución”, es decir mero sexo a cambio de dinero y sin afecto. Por ejemplo, Piscitelli (2008) ha considerado los vínculos afectivos que las mujeres brasileras entablan con turistas sexuales, con quienes migran y pueden casarse, como parte de una estrategia para tener una movilidad social ascendente que en su contexto vernáculo les sería imposible. También Kempadoo (1996) ha examinado en las sociedades del Caribe lo que se conoce como “sexo transaccional”, es decir intercambios sexuales a cambio de bienes o mejoras diversas. Esta autora critica la homogeneización de las experiencias de las mujeres del “Tercer mundo” señalando que la mirada del feminismo radical supone valores sexuales que, al postular al sexo como aquello más íntimo y valioso, “borra otras definiciones y experiencias culturales de sexualidad y relaciones sexuales-económicas […] e impone una definición muy estrecha desde una visión de sexo feminista estrictamente occidental y burguesa”. (1998: 4). Detrás de la concepción de las mujeres del “Tercer mundo” como meras víctimas sin ninguna capacidad de agencia, existe, según Kempadoo, un neocolonialismo que acalla las voces de estas mujeres e imagina su experiencia a partir de las concepciones de género y sexualidad hegemónicas en el primer mundo occidental9.

A partir de esta expansión, el concepto de “trabajador/a sexual” da la posibilidad de conectar la prostitución, tanto con otras actividades de la industria del sexo, como con otras actividades de las mujeres trabajadoras -por ejemplo esto sucede cuando se liga al

trabajo sexual con el “trabajo emocional” como un trabajo feminizado (Adelman, 2011; Bernstein, 2007b; Hochschild, 2003; Morcillo, 2014b)-. Estas articulaciones, según Kempadoo, “puede ser la base de movilización en luchas por condiciones de trabajo, derechos y beneficios y por formas de resistencia más amplias contra la opresión de los/las trabajadores/as en general y de las mujeres en particular” pues “pone de manifiesto que los intereses comunes de las mujeres trabajadoras pueden articularse dentro del contexto de luchas (feministas) más amplias contra la devaluación del trabajo de las ‘mujeres’ y la explotación de género dentro del capitalismo.” (1998: 3).

 

Del VIH a la “trata de personas” y los desafíos abiertos

 

Desde mediados de los 80’, con mayor fuerza en los 90’ y hasta entrada la primera década del siglo XXI, ha tenido lugar una gran producción de estudios e investigaciones sobre diversos aspectos de las relaciones entre el sexo comercial y la epidemia de VIH/sida. En un principio buena parte de las investigaciones se orientan a detectar los patrones epidemiológicos de expansión del virus, donde las prostitutas jugarán el papel de “vector de contagio” hacia el resto de la sociedad. Como señalan Ward y Day (1997), ya desde el higienismo decimonónico y en toda la epidemiología clásica del tratamiento de enfermedades sexualmente transmitidas, las prostitutas son vistas como una suerte de reservorio de infección. Solo a mediados y fines de los 90’ las investigaciones comienzan a problematizar este paradigma. Entonces, múltiples estudios mostrarán que es necesario considerar para cada población específica cual es el grado de riesgo, poniendo de relieve el papel de otras problemáticas como el uso de drogas intravenosas y la estigmatización (Lazarus, et al., 2011; Rekart, 2005; Ward, H. A. S. O., 2006). Aquí es donde también comienza a marcarse la necesidad de estudiar otros actores como los clientes de sexo comercial, indagar en más allá de las prostitutas mujeres y considerar también las relaciones en sus vidas privadas. En este aspecto varias investigaciones han señalado como el uso de preservativos resulta consistente en aquellas relaciones sostenidas en el ámbito laboral, pero no sucede lo mismo por fuera de este (Allen, et al., 2003; Sanders, 2002). Al igual que sucedió desde los abordajes de otras problemáticas ligadas el sexo comercial, paulatinamente emerge la necesidad de reconstruir un conocimiento matizado sobre el mercado sexual que lo comprenda en su complejidad suspendiendo juicios morales y estereotipos.

 

Este no parece ser el caso con los actuales abordajes que analizan la prostitución a partir de perspectiva de la “trata de personas con fines de explotación sexual”. Si bien ya había cierta preocupación por la trata de personas a fines del siglo XX, será con el cambio de siglo que buena parte de la producción académica sobre la prostitución se vuelca a este fenómeno. Aunque es presentado como novedoso (“la nueva esclavitud”), varias autoras coinciden en señalar los paralelismos entre el pánico moral que impulsaba la lucha contra la “trata de blancas” y la actual lucha contra la “trata de personas” (Doezema, 2000; Kempadoo, 2015; Schettini, 2013). Se ha mostrado las deficiencias y las dificultades en la producción de datos empíricos sobre la extensión concreta del fenómeno, con lo que se hace difícil dimensionarlo (Blanchette y Da Silva, 2011; Silva, et al., 2005; Varela y Gonzalez, 2015) y para algunos la lucha anti-trata adquiere en este siglo características que la asemejan una cruzada moral (Weitzer, 2007).

 

En este marco, el enfoque del feminismo radical, que subsumir las distintas formas del sexo comercial bajo la idea de la violencia de género y la esclavitud, prefigura la operación por la cual el tipo criminal de la “trata” sirve como clave de comprensión de todo el mercado sexual (ver por ejemplo Jeffreys, 2009). Sin embargo, desde otros enfoques, los procesos que muchas veces son interpretados como casos de trata con fines de explotación sexual son reenmarcados –a partir de los relatos y las experiencias de las mujeres— dentro de diversos tipos de tránsitos transnacionales y problemáticas migratorias, sin perder de vista la agencia de estas mujeres (Agustín, 2006; Kempadoo, 2005; Piscitelli, 2008; Piscitelli, Oliveira Assis y Olivar, 2011).

 

Observar la lucha contra la trata como una cruzada permite ver su expansión territorial irradiada a partir de los Estados Unidos. Allí la “lucha contra el terrorismo”, las transformaciones en las políticas seguridad y migratorias, entre otras, articulan un escenario donde el fenómeno de la “trata de personas” sirve para canalizar estas tensiones (Chapkis, 2005). Luego el proceso de institucionalización de este fenómeno ha construido mecanismos que coaccionan a los países periféricos a posicionarse bajo el paradigma norteamericano (Varela, 2015; Weitzer, 2005b). Este movimiento norte – sur de la campaña anti-trata se complementa con los estereotipos racializados sobre las víctima y quienes deben rescatarlas (Doezema, 2000; Kempadoo, 2015). Además, la creciente atención de los medios masivos de comunicación sobre la “trata de personas” pone a circular versiones espectacularizadas y simplificadas (Justo von Lurzer, 2013; Kempadoo, 2015).

Todo ello contribuye a un escenario que propicia además cambios en las legislaciones de diversos países10. En este nuevo giro emerge una vertiente del feminismo abolicionista que se asemeja cada vez más a una forma nueva de prohibicionismo pues propone la intrervención del sistema penal para resolver los problemas de justicia social, por ello algunos la llaman “feminismo carcelario” (Bernstein, 2007a). Aunque tiene origen en los países centrales, sus propuestas tienen eco en nuestra región -por ejemplo en Argentina donde las transformaciones legales han dado cauce a un modelo punitivo del derecho para intervenir en el mercado sexual-. Una de las medidas propuestas desde este paradigma es la penalización de los clientes de prostitución como forma de luchar contra la trata y la violencia contra las mujeres. Impuesto en Suecia en 1999, este paradigma de penalización, el “modelo sueco”, ha sido mencionado como ejemplo a seguir desde el feminismo radical (ver MacKinnon, 1993, 2009; Raymond, 2003). Sin embargo, varios estudios sostienen que estas normativas, bajo argumentos supuestamente feministas, muestran connotaciones moralizantes (Carline, 2011; Sanders, 2009; Scoular y O’Neill, 2007). Además, Don Kulick (2005) ha señalado los perjuicios que ha ocasionado a las trabajadoras sexuales de Suecia afectando casi exclusivamente a las que trabajan en las calles y particularmente a las migrantes. Al mismo tiempo, Kulick advierte cómo, con las encuestas y las distintas producciones discursivas sobre los clientes de prostitución, se está generando una nueva especie de “perverso”, en el sentido foucaultiano11.

 

La perspectiva de conjunto de la dinámica de producción académica sobre prostitución en las últimas décadas ha vuelto a poner de relieve la importancia del trabajo de investigación empírica como fuente del análisis. Una crítica situada solo puede provenir de un análisis minucioso y riguroso, especialmente considerando las diferencias que existen para los distintos mercados sexuales. Las revisiones de la literatura anglosajona suelen marcar esta necesidad, planteando el desbalance entre las investigaciones que abordan la prostitución callejera de mujeres y el resto de los actores y mercados que han sido mucho menos estudiados (Vanwesenbeeck, 2001; Weitzer, 2009). Sólo recientemente en nuestra región –a excepción de Brasil que cuenta con un conjunto de estudios de mayor antigüedad- se ha comenzado a señalar esta necesidad y, a la vez, la relevancia de poner atención a las distintas narrativas de las presonas dedicadas al sexo comercial para realizar una crítica de las posiciones esencialistas respecto a la sexualidad.

 

La dinámica maniquea del debate feminista obstaculiza los abordajes matizados que respondan a la complejidad del asunto. Más aún cuando la investigación sobre prostitución se constituye como un campo minado donde el apasionamiento puede desencadenar injurias y/o estigmatización hacia las y los investigadores (Dewey y Zheng, 2013; Hammond y Kingston, 2014; Pecheny, 2013). Más que los abordajes desde la filosofía política o el derecho a los que nos ha acostumbrado la dinámica del debate feminista, se muestra la necesidad de una contextualización sociocultural e historización de las distintas formas de prostitución. El análisis empírico es el que permite diferenciar mercados y conocer las complejidades de las distintas formas de inserción en ellos. A partir de allí se podrá indagar sobre las vinculaciones con las transformaciones entre la esfera doméstica, laboral y la moral sexual. Contextualizar y enlazar las variantes de las prácticas puntuales de sexo comercial con los mercados sexuales y las estructuras culturales y económicas reinantes, más que trazar una distinción esquemática entre prostitución libre / forzada, abre a una comprensión balanceada de las distintas formas de intercambio. Este es un punto de partida fundamental para construir una crítica que permita transformar las realidades de las poblaciones subalternizadas a partir de considerar sus polifónicas voces.

 

 

NOTAS:

 

  • 1 Algunas investigaciones recientes ponen en cuestión el sustento empírico de tal figura. Por ejemplo Stephanie Budin (2006) concluye que las versiones que hablan de “prostitución sagrada” se basan en malas interpretaciones (y/o errores de traducción) de los textos antiguos. La supuesta prostitución sagrada, que siempre aparece predicada acerca de otras sociedades o en épocas remotas, funcionaría en realidad como una acusación. La prostitución sagrada no sería tanto una realidad histórica como una denuncia de la barbarie de otros pueblos, posición cara a los primeros padres fundadores del cristianismo.

 

  • 2 La extensión de dicho dispositivo en el contexto de América Latina es objeto de disputas (Olivar, 2013). Sin embargo, los efectos discursivos de este aparato y su exportación sirven como analizador para comprender algunas de las aproximaciones sociológicas a la prostitución.

 

  • 3 Paola Tabet (2004) plantea un abanico de formas en que se intercambian sexo y bienes económicos, donde se incluyen la prostitución y el matrimonio. Dichos intercambios constituyen un continuum con matices respecto a quiénes intercambian, la modalidad y temporalidad del intercambio, y las formas de retribución económica.

 

  • 4 A fines del siglo XIX en la mayoría de los países europeos se consideraba que sus mujeres –de ahí la denominación trata de blancas- eran traficadas, -entre otros países a Argentina-, para ser explotadas sexualmente. Varias historiadoras han planteado que la percepción del problema estaba sobredimensionada por un pánico moral (Guy, 1994; Walkowitz, 1980). De todas formas, el tema del tráfico de mujeres tendría gran impacto sobre el movimiento feminista.

 

  • 5 El cambio de denominación obedecía al sesgo racial y a la incorporación de otros sujetos (niños, varones, etc.) (Ezeta, 2006). Una definición precisa llegará recién en 2000 con el “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional” (conocido como Protocolo de Palermo), no obstante la problemática estaba en la agenda del movimiento desde antes.

 

  • 6 Por ejemplo, Camille Paglia invierte los términos del discurso victimizante del feminismo radical: son los varones quienes están desprotegidos frente a la sexualidad femenina y, en una posición de inferioridad, sólo pueden apelar al dinero frente a las prostitutas (ver en Chapkis, 1997). Esta forma de concebir las posiciones de los sujetos en abstracto reduce las interacciones a decisiones de actores individuales y hace caso omiso de los procesos sociales más amplios que las enmarcan y atraviesan.

 

  • 7 Junto a una colega hemos realizado una traducción de este texto clave para comprender el desarrollo de la idea de “trabajo sexual” (consultar Morcillo y Varela, 2016)

 

  • 8 Pheterson da una lista de actividades que supuestamente llevan a cabo las prostitutas, pero que pueden imputársele a cualquier mujer, por las cuales la sociedad las considera deshonradas: “(1) relacionarse sexualmente con extraños; (2) relacionarse sexualmente con muchas parejas; (3) tomar la iniciativa sexual, controlar los encuentros sexuales y ser una experta en sexo; (4) pedir dinero a cambio de sexo; (5) satisfacer las fantasías sexuales masculinas de manera impersonal; (6) estar sola en la calle por la noche, en calles oscuras, vestida para provocar el deseo masculino; (7) encontrarse en situaciones determinadas con hombres insolentes, borrachos o violentos que o bien una puede manejar (‘mujeres descaradas o vulgares’) o ser manejadas por ellos (‘mujeres convertidas en víctimas’)” (Pheterson, 2000: 59).

 

  • 9 No sólo se homogeneizan las miradas sobre las sexualidades, sino que, en la polarización, las lecturas abolicionistas pueden llevar a igualar un discurso del trabajo sexual como el de Kempadoo con la doctrina de la tolerancia de la iglesia católica y plantear a ambos como etiquetas estigmatizantes. (ver Nuñez, 2002)

 

  • 10 Por ejemplo en Argentina, aunque el delito ya estaba penado, se dicta en 2008 una nueva legislación sobre trata -Ley 26.364- y en 2012 se la modifica con la ley N° 26.842 que permite ampliar el espectro de lo que se concibe como “trata” incluyendo también a quienes hayan prestado consentimiento.
  • 11       Es decir, pasando de una caracterización de acciones aberrantes a delinear un personaje (tal lo como Foucault señala en referencia al pasaje del sodomita al homosexual, 2002)

 

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Recibido: 11-07-2016 / Aceptado: 16-08-2016

 

*            Universidad Nacional de San Juan. Argentina.

E-mail: santiagomorcillo@gmail.com

 

 

 

 

 

Manifiesto a favor y propuesta de regulación del trabajo sexual en España

El Grupo de Estudios de Política Criminal hizo público, a finales de 2006, su Manifiesto a favor de la regulación del ejercicio voluntario de la prostitución entre adultos. Los argumentos del documento tuvieron cierto eco entre los diseñadores de las políticas locales y autonómicas relativas a la prostitución. Pero ninguna acogida en el Proyecto de reforma del Código Penal publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 27 de noviembre de 2009.

 

Puede consultarse el documento completo, con anexos, aquí:

http://www.gepc.es/web/sites/default/files/ficheros/DOCUMENTO10.pdf

 

1310231742

 

PRESENTACIÓN

 

Resulta obvio que las prácticas sexuales, incluso mediante precio, pueden responder a una decisión voluntaria. Y no parece que, en principio, los poderes públicos estén legitimados para oponerse al libre intercambio de placer por dinero; menos aún en un contexto en el que el dinero es la medida de todas las cosas.

 

La percepción de esta obviedad, sin embargo, ha estado históricamente condicionada por dos factores: de un lado, la imposición coactiva de sexo es un dato recurrente en la práctica de la prostitución; de otro, y con carácter más general, el sexo de la mujer —con la excepción del que fuera ejercido dentro del matrimonio— ha quedado recubierto con la pátina de lo sucio y de lo peligroso, a embates de un integrismo oscurantista que, durante siglos, ha venido impidiendo el discurso sobre la sexualidad femenina.

 

La concurrencia de estos factores provoca la contradicción de que, hoy, en las sociedades occidentales, donde se acepta que el placer, incluido el sexual, no puede ser visto con recelo, la prostitución comporta un estigma de descalificación in totum, que está en la base de los modelos abolicionistas y prohibicionistas.

 

Pero la amenaza penal propugnada por el prohibicionismo se ha mostrado ineficaz: “¿Qué multa podemos proponer-se preguntaba, ya en 1724, Bernard de Mandeville-que sea suficiente para disuadir a los hombres, cuando hay tantos que malgastan toda su fortuna por esta sola gratificación? ¿Y qué castigo corporal, aparte de la muerte, podemos encontrar equivalente a una sífilis, a la que se arriesgan todos los días?”. Por su parte, el paternalismo abolicionista, anclado en el tópico de la mujer débil y dócil, siempre necesitada de la tutela del Estado o de bienintencionados redentores, ni responde al sentir de los tiempos ni puede hacer olvidar el dato de que la explotación sexual se hace fuerte allí donde la clandestinidad y la marginalización hacen más vulnerables a sus víctimas.

 

A partir de ahí, el primer objetivo es la despenalización de la prostitución voluntaria entre adultos y la orientación del sistema penal a la tutela efectiva de la libertad sexual. Despenalización no significa, sin embargo, garantía de mejor tutela de derechos. Es sólo el primer paso, porque no se trata de garantizar al cliente un nivel sanitario aceptable o de facilitar una válvula de escape a los requerimientos del instinto sexual que refuerce la paz intra-matrimonial. No se trata de defender intereses ajenos a quien presta servicios sexuales, sino de asegurar los derechos inherentes a la dignidad personal de quien se decanta, por razones sobre las que no cabe inquirir, por una determinada opción laboral.

Se trata, en resumen, no sólo de despenalizar, sino también de regular. Lo que, como demuestran experiencias ajenas, no incrementa el tráfico o la explotación: ni siquiera favorece la expansión de la industria del sexo.

 

El Grupo de Estudios de Política Criminal hizo público, a finales de 2006, su Manifiesto a favor de la regulación del ejercicio voluntario de la prostitución entre adultos. Los argumentos del documento tuvieron cierto eco entre los diseñadores de las políticas locales y autonómicas relativas a la prostitución. Pero ninguna acogida en el Proyecto de reforma del Código Penal publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 27 de noviembre de 2009.

 

El Manifiesto reivindica no sólo la despenalización de la prostitución entre adultos, sino, sobre todo, la implementación de políticas sociales dirigidas a garantizar el respeto a los derechos esenciales –incluidos los laborales- de quienes deciden dedicarse a la prestación de servicios sexuales, en el marco general de la industria del ocio.

 

De acuerdo con el modus operandi del Grupo de Estudios de Política Criminal, se publica ahora, junto a aquel Manifiesto, la Propuesta de regulación del trabajo sexual: un conjunto de alternativas jurídicas para conciliar la salvaguardia de los derechos de los trabajadores del sexo con la persecución penal de cualquier forma de prostitución forzada.

 

El Anexo, que consuetudinariamente viene complementando nuestras publicaciones, incorpora extractos de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 20 de noviembre de 2001, que consagra el derecho al ejercicio de la prostitución, como práctica lícita, si libre, y diseña los criterios de su consideración como actividad económica no asalariada, contemplada como tal en el Tratado de la Unión Europea.

 

El Anexo incluye también un extracto del polémico, pero referente ineludible en la reflexión posterior, Informe de la ponencia sobre la situación actual de la prostitución en nuestro país, publicado en 2007 por la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer y la Igualdad de Oportunidades, del Congreso de los Diputados.

 

Tras dos décadas de actividad, el grupo pretende seguir estando presente en el debate, siempre inconcluso, sobre la cuestión penal, aportando documentos y argumentos que puedan enriquecer la reflexión compartida y crítica entre la ciudadanía, los juristas especializados y, sobre todo, los poderes públicos responsables del diseño de las estrategias político-criminales.

 

La Junta Directiva

 

 

 

 

MANIFIESTO A FAVOR DE LA REGULACIÓN DEL EJERCICIO VOLUNTARIO DE LA PROSTITUCIÓN ENTRE ADULTOS

 

Ante el debate suscitado en torno a la regulación de la prestación voluntaria y remunerada de servicios sexuales entre adultos, los abajo firmantes, miembros del Grupo de Estudios de Política Criminal, manifiestan lo siguiente:

 

1          El Código Penal de 1995 despenalizó el entorno de la prostitución voluntaria entre adultos, orientando la tutela penal a la salvaguardia exclusiva de la libertad sexual y despojando a la regulación punitiva de la influencia de ciertas concepciones moralistas que ni siquiera son hoy en día socialmente mayoritarias.

 

2          La represión de todas las actividades relacionadas con la prostitución ha arrojado un balance histórico que sólo puede ser calificado de lamentable, y, además, en lugar de erradicar el fenómeno –como pretendía- lo ha ocultado provocando una serie de efectos perniciosos tales como la estigmatización, la vulnerabilidad y la explotación de las personas que la ejercen.

 

3          Es una realidad constatada en nuestro país que miles de adultos voluntariamente prestan servicios sexuales remunerados. Es preciso que las autoridades no desprecien este hecho, para cuya comprobación ha de propiciarse un método de conocimiento razonable huyendo de las aproximaciones morales que intentan simplificar un fenómeno complejo y diverso. Tampoco puede desconocerse que, aun siendo dichas personas mayoritariamente mujeres, hay muchos hombres y transgéneros que se dedican a la prestación de servicios de carácter sexual. El debate, por tanto, no puede ser monopolizado por un discurso en clave de género.

 

4          El contexto de alegalidad actual permite una situación que sólo puede calificarse de hipócrita, pues mientras se ponen trabas a la regulación de la prestación voluntaria de servicios sexuales, se permite que la oferta de esos mismos servicios genere cuantiosos ingresos por publicidad a los medios de comunicación que la anuncian, al tiempo que se fomenta una actividad económica sumergida con todas las consecuencias negativas que ello conlleva.

 

5          La desregulación discrimina a las personas que voluntariamente ofrecen prestaciones sexuales frente a otros colectivos que realizan cierto tipo de trabajos relacionados con el sexo, como son las actividades de alterne, las líneas telefónicas eróticas o la elaboración de material audiovisual de la industria de la pornografía, cuyos trabajadores tienen un reconocimiento jurídico.

 

6          La situación de alegalidad favorece la explotación de la prostitución por parte de empresarios que en la actualidad no están obligados a reconocer a dichos trabajadores los derechos sociales y laborales básicos, así como la proliferación de organizaciones delictivas dedicadas a la trata de personas, en la medida en que fomenta el carácter clandestino de estas actividades y desmotiva la denuncia de la víctima. La privación a estos trabajadores del estatuto jurídico del ciudadano les impone la condición de infrasujetos. Circunstancia que se ha visto agravada por la desafortunada reforma penal de 2003, que, al castigar la obtención de lucro de la explotación de la prostitución ajena, ha venido a intensificar la tendencia al ocultamiento de las condiciones de contratación y prestación de servicios de los trabajadores del sexo.

 

 

Habida cuenta de lo anterior, resulta imprescindible que las autoridades establezcan un marco de reflexión seria sobre el reconocimiento de los derechos de las personas que prestan servicios sexuales, en el que participen todos los agentes sociales implicados y que se base en los siguientes pilares:

 

PRIMERO. Dicha reflexión deberá estar presidida por la ineludible distinción entre moral y derecho. El reconocimiento de la dignidad humana como valor supremo recogido en nuestra Constitución exige el respeto a la voluntad de la persona mayor de edad que libremente decide prestar servicios remunerados de carácter sexual. Negar de plano la posibilidad de que esa opción sea válida constituye un tratamiento paternalista de la mujer (y del hombre) como personas incapaces de tomar decisiones adultas. Están de más los discursos morales basados en el carácter degradante de la prostitución.

 

SEGUNDO. Resulta criticable el contenido del art. 188.1 del Código Penal, procedente de la reforma de 2003, que sanciona la obtención de lucro por la explotación de otra persona aun con su consentimiento. La ambigüedad del término explotación permite, tanto una interpretación restrictiva reducida a situaciones de abuso, como su interpretación en clave represiva y contraria al proceso de legalización de la prostitución. Por ello, en aras de la seguridad jurídica, resulta aconsejable su supresión. Y si lo que se pretende prevenir es la obtención de un lucro excesivo o la imposición de condiciones abusivas de trabajo, para ello están ya los tipos penales de protección de los derechos de los trabajadores. Así mismo, deben eliminarse de otros sectores del ordenamiento todos aquellos preceptos que imponen sanciones o privaciones de derechos a las personas que ejercen la prostitución.

 

TERCERO. Dada la naturaleza de la actividad a regular, deben fomentarse las formas de auto-organización, como el régimen de autónomos o las cooperativas, sin que ello suponga el desconocimiento de otras formas de prestación de servicios sexuales, como el trabajo por cuenta ajena, que habrá de ordenarse según un régimen especial. Dicho régimen no podrá conllevar en ningún caso medidas que supongan un etiquetamiento o una discriminación injustificada de las personas que prestan servicios de carácter sexual.

CUARTO. La regulación de la prestación voluntaria y remunerada de servicios sexuales entre adultos debe ir acompañada de una persecución eficaz de cualquier forma de actividad sexual forzada, así como de una política social adecuada que garantice la libertad del trabajador en el acceso y la permanencia en la actividad.

En Madrid, a 25 de noviembre de 2006

 

FIRMANTES

 

ABEL SOUTO, MIGUEL PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

ACALE SÁNCHEZ, MARÍA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

ALONSO RIMO, ALBERTO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

ÁLVAREZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

ANDRÉS DOMÍNGUEZ, ANA CRISTINA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS

ARAMBURU GARCÍA-PINTOS, MIGUEL MAGISTRADO DEL JUZGADO DE LO PENAL Nº 2 DE VIGO

ASÚA BATARRITA, ADELA CATEDRÁTICA DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

BALERDI MÚGICA, JOSÉ MANUEL MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE HUELVA

BENÍTEZ ORTÚZAR, IGNACIO F. PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

BORJA JIMÉNEZ, EMILIANO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

BRANDARIZ GARCÍA, JOSÉ ÁNGEL PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA

BUJÁN ÁLVAREZ, JOSÉ MANUEL MAGISTRADO DE LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS

CARMENA CASTRILLO, MANUELA MAGISTRADA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

CARMONA SALGADO, CONCEPCIÓN CATEDRÁTICA DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

CORTÉS BECHIARELLI, EMILIO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

CUERDA ARNAU, MARÍA LUISA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

DEMETRIO CRESPO, EDUARDO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

DÍEZ RIPOLLÉS, JOSÉ LUIS CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

ESPINOSA CASARES, IGNACIO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA RIOJA

FARALDO CABANA, PATRICIA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA

FEIJOO SÁNCHEZ, BERNARDO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

GALLEGO SOLER, JOSÉ IGNACIO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA

GARCÍA ARÁN, MERCEDES CATEDRÁTICA DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

GARCÍA DE DIOS FERREIRO, RAMIRO MAGISTRADO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 6 DE MADRID

GARCÍA PÉREZ, OCTAVIO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

GÓMEZ INIESTA, DIEGO J. PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

LAMARCA PÉREZ, CARMEN PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

LASCURAIN SÁNCHEZ, JUAN ANTONIO LETRADO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

LAURENZO COPELLO, PATRICIA CATEDRÁTICA DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MACHADO RUIZ, Mª DOLORES PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, CARLOS CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA

MATA BARRANCO, NORBERTO DE LA PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

MUÑOZ SÁNCHEZ, JUAN PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

NÚÑEZ PAZ, MIGUEL ÁNGEL PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA

OLAIZOLA NOGALES, INÉS PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

OLIVAS DÍAZ, AMAYA JUEZ DE INSTRUCCIÓN DE BARCELONA

PANTOJA GARCÍA, FÉLIX FISCAL DEL TRIBUNAL SUPREMO

PAREDES CASTAÑÓN, JOSÉ MANUEL CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

PÉREZ CEPEDA, ANA ISABEL PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

PESTANA PÉREZ, MARIO MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

PRADA SOLAESA, JOSÉ RICARDO MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA NACIONAL

RAMÍREZ ORTIZ, JOSÉ LUIS MAGISTRADO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1 DE GRANOLLERS

RAMON RIBAS, EDUARD PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES

RAMOS TAPIA, Mª INMACULADA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

RIOS CORBACHO, JOSÉ MANUEL PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

RODRÍGUEZ PUERTA, MARÍA JOSÉ PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

SÁEZ VALCÁRCEL, RAMÓN MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA NACIONAL

SALINERO ALONSO, CARMEN PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

SÁNCHEZ-ALBORNOZ BERNABÉ, CARMEN MAGISTRADA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SANTANA VEGA, DULCE MARÍA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

TAMARIT I SUMALLA, JOSEP MARIA CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LÉRIDA

VALEIJE ÁLVAREZ, INMACULADA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO

VICENTE MARTINEZ, ROSARIO DE PROFESORA TITULAR DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

ZUGALDÍA ESPINAR, JOSÉ MIGUEL CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

 

 

PROPUESTA DE REGULACIÓN DEL TRABAJO SEXUAL

 

 INTRODUCCIÓN

Con la presente propuesta de regulación del trabajo sexual, el Grupo de Estudios de Política Criminal pretende demostrar que existen alternativas jurídicas para dar respuesta a los problemas que esta actividad plantea, sin dejar por ello de salvaguardar los derechos de los trabajadores sexuales, ni de perseguir cualquier forma de prostitución forzada.

 

Debe decirse, en primer lugar, que no es cierto que la regulación del trabajo sexual incremente el tráfico y la explotación, ni que favorezca la expansión de la industria del sexo. Es un tópico más, que la realidad desmiente. Un estudio de 2005 (Andrea di Nicola, aportado al Informe del Congreso de los Diputados sobre la prostitución en España, 13 de marzo de 2007), sobre las políticas relativas a la prostitución en veinticinco Estados miembros de la Unión Europea y su impacto sobre la trata de seres humanos, reconoce al modelo laboral un efecto minimizador del daño y protector de los derechos de quienes se prostituyen. Es también la posición que mantiene la OIT desde hace años: “Guste o no, sea legal o no, la prostitución es una actividad económica y la misión de la OIT es mejorar las condiciones laborales y promover los derechos humanos de todos/a los/as trabajadores/as” (Declaración de 1998). Un reconocimiento que los tribunales españoles otorgan a las actividades de alterne desde los años 80, al margen de que esta actividad se encuentre recogida en convenio colectivo o esté presente, -que no lo está-, en la Clasificación nacional de ocupaciones del Instituto Nacional de Empleo.

 

Con todo, en nuestro país se ha abierto una vía jurisprudencial partidaria de la admisión también de la prostitución, o trabajo sexual, como actividad profesional lícita. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en sentencia de 23 de diciembre de 2003 (confirmada por la STS, Sala de lo Social, de 27 de noviembre de 2004) es una buena prueba de ello, y además pone el dedo en la llaga cuando afirma que la falta de previsión legislativa de esa realidad en un estado social como el nuestro no pone de manifiesto sino una “carencia de sensibilidad normativa” al no acometer “los múltiples problemas que desde ámbitos tan diferentes como la marginación, las relaciones de vecindad o de urbanidad, la sanidad o la economía sumergida plantea la prostitución”.

 

DIRECTRICES GENERALES:

En cuanto al ámbito de la propuesta de regulación, ésta tiene por objeto los servicios sexuales remunerados prestados en condiciones de libertad y no vulnerabilidad. La mayoría de edad debe ser requisito imprescindible para prestar y recibir servicios sexuales remunerados.

 

En cuanto a las relaciones jurídicas, la regulación del trabajo sexual debe reconocer la existencia de dos formas posibles de relación, que serán desarrolladas en el apartado correspondiente a la reforma laboral:

a) La relación laboral por cuenta ajena, que debe ser de carácter especial.

b) La prestación en régimen de trabajo autónomo, en la que debe atenderse a la relación entre quien presta los servicios y quien los recibe, pero también, en su caso, a la relación entre quien presta los servicios y el establecimiento en que lo hace.

 

Dada la naturaleza de la actividad a desarrollar, se propone el fomento de las formas de auto-organización laboral, como el régimen de autónomos o las cooperativas.

 

PROPUESTA DE REFORMA PENAL:

La propuesta presentada se limita a suprimir el obstáculo contenido en el Código Penal para la regulación del trabajo sexual libre, sin perjuicio de que, en otra propuesta más amplia que abordara temas no tratados en este documento, fueran pertinentes otras modificaciones legales en delitos relativos a la prostitución o en el delito de tráfico de personas.

 

Con tal objeto, se propone la supresión del último inciso del artículo 188.1 del Código Penal, incluido por L.O. 11/2003, que en la actualidad sanciona con la misma pena que la prostitución forzada, “al que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma”. Dicho precepto quedaría redactado como sigue:

 

“El que determine, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, a persona mayor de edad a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella, será castigado con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de 12 a 24 meses”.

 

JUSTIFICACIÓN: La regulación vigente, en aquello que proponemos suprimir, sanciona penalmente actos lucrativos vinculados a la realización libre de una actividad, lo que carece de sentido. Con el texto vigente, la ambigüedad del término “explotación” permite tanto una interpretación restrictiva, reducida a situaciones de abuso, como una interpretación en clave represiva y contraria al proceso de regulación del trabajo sexual realizado voluntariamente por adultos. Si lo que se pretende prevenir es la obtención de un lucro excesivo por parte del empleador o la imposición de condiciones laborales abusivas, para ello están ya los tipos penales de protección de los derechos de los trabajadores.

 

 

PROPUESTA DE REFORMA LABORAL:

 

  1. Trabajo por cuenta ajena.

 

Con el fin de evitar la imposición de condiciones abusivas por parte de los empleadores, y de proteger los derechos sociales de aquellas personas que realizan trabajos sexuales como asalariadas, se propone regular el trabajo por cuenta ajena mediante una relación laboral de carácter especial, en el marco del artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores, que permita la adaptación de las normas laborales generales a las peculiares características y necesidades de este colectivo de trabajadores. Para ello, se requeriría una habilitación legal expresa, ya que el artículo 2.1.i) del Estatuto de los Trabajadores prevé que pueden crearse nuevas relaciones laborales de carácter especial por “Ley”.

 

En el momento de configurar la relación laboral especial mediante el correspondiente desarrollo reglamentario deberían diseñarse, con la mayor claridad posible, todos los aspectos que la conforman (esto es, a quién se aplica, régimen de jornadas, descansos, vacaciones, régimen de retribuciones, lugar de trabajo, causas de suspensión o extinción de la relación…).

 

Dadas las especiales características de la prestación de servicios sexuales, la regulación laboral debería hacer especial hincapié en el reconocimiento de la máxima autonomía en el ejercicio de su actividad al trabajador; esto es, el poder de dirección empresarial no podría alcanzar, en ningún caso, a la forma y condiciones concretas en que se produce la prestación de servicios sexuales a los clientes. En tal sentido, el empresario no podría decidir si se presta un servicio o no, o el tipo de servicio, siendole de aplicación otras limitaciones derivadas del principio de autonomía, del tenor de las indicadas para el trabajo autónomo. También cabría insistir en las cuestiones vinculadas con la prevención de riesgos laborales, en la medida en que constituyen una obligación empresarial.

 

  1. Trabajo autónomo

 

Por lo que respecta a la organización del trabajo sexual en régimen de autónomos, se propone la aplicación de los siguientes principios:

a) se tendrá por inexistente la condición por la cual la persona que demanda los servicios sexuales condiciona el pago de la remuneración a la obtención de un determinado resultado.

b) el contenido de la prestación deberá ser consentido y acordado directamente por la persona que presta los servicios con el demandante de dichos servicios.

c) la persona que presta los servicios podrá exigir el pago previo de la remuneración pactada. La remuneración pagada es irrepetible, salvo que no se hayan empezado a realizar los servicios pactados.

d) la persona que presta los servicios sexuales podrá desistir de realizarlos en cualquier momento, sin necesidad de alegar ningún motivo.

e) el titular del establecimiento no podrá imponer la prestación de un determinado servicio, la forma o manera de prestarlo o la persona receptora del mismo. No podrá ser objeto de acuerdo la determinación del domicilio o residencia de la persona que presta los servicios sexuales remunerados.

 

  1. Seguridad Social y negociación colectiva.

 

Con el fin de garantizar el acceso a las prestaciones del sistema de Seguridad Social, será de aplicación a los trabajadores por cuenta ajena el Régimen general de la Seguridad Social, debiéndose realizar la consiguiente cotización por parte del empresario y por parte del trabajador, de modo que se garantice el acceso a las prestaciones del sistema de Seguridad Social. Por lo que respecta a los trabajadores en régimen de autónomos, el reconocimiento del trabajo sexual como actividad económica permitiría su inclusión en el marco del Régimen especial de Seguridad Social de Trabajadores autónomos (RETA).

 

Tanto en el caso de trabajadores por cuenta ajena, como en el de los autónomos , se garantizará el ejercicio de la correspondiente negociación colectiva, determinando quiénes pueden ejercerla, con qué contenido, alcance temporal, etc.

 

DIRECTRICES PARA LA REGULACIÓN ADMINISTRATIVA

 

  1. Establecimientos.

 

Se propone la creación de una ley marco que, respetando las competencias de los municipios y demás entidades locales, permita la realización de trabajos sexuales en inmuebles urbanos conforme a un sistema de licencias municipales que no podrá incluir condiciones discriminatorias directamente relacionadas con la naturaleza de la actividad.

Los titulares de los establecimientos deberán contar con una licencia específica para este tipo de actividad económica, que requerirá previamente de las autorizaciones administrativas previstas en la legislación vigente, incluida, en su caso, la normativa sobre establecimientos abiertos al público y realización de espectáculos públicos. No podrán ser titulares de forma directa ni indirecta, ni participar en la financiación o aportación de medios económicos o materiales, ni dirigir, administrar o encargarse de un establecimiento, quienes tengan antecedentes penales vigentes por alguno de los delitos contra la libertad o indemnidad sexuales, contra los derechos de los trabajadores o contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

 

La regulacion debería establecer la posibilidad de establecimientos gestionados directamente por las personas que prestan los servicios sexuales remunerados. Se propone que a tales establecimientos les sean aplicables fórmulas societarias cooperativas que tengan como finalidad la adquisición, alquiler y cesión de uso de inmuebles, instalaciones y otros elementos auxiliares necesarios o convenientes para la actividad de sus socios.

 

  1. Trabajo sexual en zonas urbanas.

 

Con el fin de conciliar los derechos de las personas que desarrollan trabajos sexuales en la calle con los de otros conciudadanos, se propone que se regulen las posibilidades de creación, intervención y control, desde el ámbito municipal, de espacios específicos para el ejercicio de esta actividad. Dichos espacios deberán contar con las condiciones de accesibilidad,salubridad, iluminación, comodidad y seguridad aptas e idoneas para el desarrollo del trabajo sexual.

Se propone la modificación de aquellas ordenanzas municipales y otras disposiciones que prohiban la oferta y solicitud de servicios sexuales remunerados en la calle, con el fin de garantizar su práctica libre, siempre que se respete el resto de la legislación vigente.

 

  1. Inmigración.

 

La obtención del permiso de trabajo y de residencia por parte de los ciudadanos extranjeros no comunitarios que deseen desarrollar en nuestro país trabajos sexuales debe sujetarse a los mismos requisitos y condiciones que en el caso de los demás trabajadores extranjeros, sea en trabajo por cuenta propia o ajena.

 

  1. Programas de asistencia sanitaria y social

 

La realización de trabajo sexual remunerado no estará sometida a controles sanitarios extraordinarios no previstos en las normas generales de protección de la salud en el trabajo.

 

Se propone la puesta en marcha periódica de campañas informativas, dirigidas tanto a los trabajadores sexuales como a los consumidores, sobre salud y prevención de enfermedades de contagio sexual. El organismo competente en materia de salud deberá facilitar el acceso al sistema sanitario público a las personas que se dediquen a la prestación de servicios sexuales remunerados.

 

Asimismo se propone la creación de programas asistencia-les, con el fin de informar adecuadamente a los trabajadores sexuales de sus derechos y prevenir cualquier forma de prostitución forzada. Dichos programas y campañas deberán respetar el principio de autonomía en el ejercicio del trabajo sexual y deberá evitarse todo aquello que pueda llevar a la estigmatización social o institucional de los trabajadores del sexo.

 

En Jerez de la Frontera, a 2 de junio de 2007.

 

FIRMANTES

 

ABEL SOUTO, MIGUEL PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

ACALE SÁNCHEZ, MARÍA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

ALONSO RIMO, ALBERTO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

ÁLVAREZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

ANDRÉS DOMÍNGUEZ, ANA CRISTINA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS

ARAMBURU GARCÍA-PINTOS, MIGUEL MAGISTRADO DEL JUZGADO DE LO PENAL Nº 2 DE VIGO

ASÚA BATARRITA, ADELA CATEDRÁTICA DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

BENÍTEZ ORTÚZAR, IGNACIO F. PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

BORJA JIMÉNEZ, EMILIANO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

BRANDARIZ GARCÍA, JOSÉ ÁNGEL PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA

BUJÁN ÁLVAREZ, JOSÉ MANUEL MAGISTRADO DE LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS

CARMENA CASTRILLO, MANUELA MAGISTRADA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

CORTÉS BECHIARELLI, EMILIO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

DEMETRIO CRESPO, EDUARDO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA DÍEZ RIPOLLÉS, JOSÉ LUIS CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

ESPINOSA CASARES, IGNACIO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA RIOJA

FARALDO CABANA, PATRICIA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA

GALLEGO SOLER, JOSÉ IGNACIO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA

GARCÍA ARÁN, MERCEDES CATEDRÁTICA DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

GARCÍA DE DIOS FERREIRO, RAMIRO MAGISTRADO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 6 DE MADRID

GÓMEZ INIESTA, DIEGO J. PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

LAMARCA PÉREZ, CARMEN PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

LASCURAIN SÁNCHEZ, JUAN ANTONIO LETRADO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

LAURENZO COPELLO, PATRICIA CATEDRÁTICA DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MATA BARRANCO, NORBERTO JAVIER DE LA PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

NUÑEZ PAZ, MIGUEL ÁNGEL PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA

OLAIZOLA NOGALES, INÉS PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

OLIVAS DÍAZ, AMAYA JUEZ DE INSTRUCCIÓN DE BARCELONA

PANTOJA GARCÍA, FÉLIX FISCAL DEL TRIBUNAL SUPREMO

PAREDES CASTAÑÓN, JOSÉ MANUEL CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

PÉREZ CEPEDA, ANA ISABEL PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

PESTANA PÉREZ, MARIO MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

RAMÍREZ ORTIZ, JOSÉ LUIS MAGISTRADO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1 DE GRANOLLERS

RAMON RIBAS, EDUARD PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES RIOS CORBACHO, JOSÉ MANUEL PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

RODRÍGUEZ PUERTA, MARÍA JOSÉ PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

SÁEZ VALCÁRCEL, RAMÓN MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA NACIONAL

SÁNCHEZ-ALBORNOZ BERNABÉ, CARMEN MAGISTRADA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SANTANA VEGA, DULCE MARÍA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

TAMARIT I SUMALLA, JOSEP MARIA CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LÉRIDA

VALEIJE ÁLVAREZ, INMACULADA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO

VICENTE MARTINEZ, ROSARIO DE PROFESORA TITULAR DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

ZUGALDÍA ESPINAR, JOSÉ MIGUEL CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

 

Para las putas, la violencia tiene nombre… “abolicionismo”

 

abolicionismo

 

Cuando escuchás hablar a las “abolicionistas” te sorprende su violencia y el odio que muchas sienten por los hombres. Tienden a confundir “Patriarcado” (esa súper-estructura que condiciona a todes), con el colectivo de los “varones”, esos seres “deleznables y aprovechadores que abusan de las pobrecitas mujeres”… Pero no se refieren a los “machos violentos” que todas combatimos y repudiamos, no, no se refieren sólo a ellos, se refieren a todos los varones, esos “perversos seres” que desean tener sexo (mayoritariamente) con las mujeres… Y cómo las Putas estamos disponibles y a su alcance, nos convertimos en las pobres “víctimas” que debemos ser “rescatadas” por las “heroicas abolicionistas”, porque no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, ni de los riesgos que corremos al ponernos a “disposición” de semejantes “monstruos” (léase tu abuelo, tu padre, tu hermano, tu tío, tu sobrino, tu amigo, tu novio, tu amante, tu marido… o sea, de casi media humanidad).

Ya no se conforman con facilitar (con sus discursos y acciones) el accionar represivo de las fuerzas del “orden moral”, ahora ellas encarnan la “buena conciencia”, y el “único feminismo válido”, y buscan profundizar su lucha contra nosotras, las Putas, esas “malas mujeres” (y “malas feministas”), que se niegan a dejar la prostitución para ganarse la vida de maneras “más dignas”.

Siempre utilizaron la culpa y el estigma para manipularnos, pero eso se está acabando. Acostumbradas a luchar contra los prejuicios y la violencia (de todo tipo), las Putas les decimos, “Basta”, a estas nuevas evangelizadoras de lo “correcto”, a esas nuevas religiosas del “feminismo más puro”, a esas violentas que disfrazadas de blancas palomitas, nos llevan hacia un Estado cada vez más totalitario y represivo.

No existe Feminismo sin las Putas. No existe Feminismo si unas mujeres deciden que tu cuerpo ya no te pertenece, porque les pertenece a ellas, a las guardianas de la “nueva moral”.
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Stella Beatriz de Vita
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Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016.-

 

Carta de una Puta a las abolicionistas

 

Por Linda Porn

 

Publicado 13 diciembre, 2016

 

http://www.aprosex.org/carta-de-una-puta-a-las-abolicionistas/

 

Señoras y señoritas, porque comprendo todas sois unas señoritas y señoras de bien, que cumplen perfectamente con el binomio patriarcal de la buena y la mala mujer, quizá muchas de vosotras, tenéis trabajos fijos, o no, quizá, algunas de vosotras seáis precarias (lo cual me sorprende que teniendo una formación marxista todavía no comprendáis nuestra condición de trabajadoras y estéis en nuestra contra) quizá casi la mayoría de vuestra plataforma seáis la mayoría buenas chicas blancas europeas, que a pesar de la precariedad en la que podáis vivir, tenéis el apoyo de mami o papi, que algo os da de ayuda a fin de mes, o una vivienda donde acceder cuando os quedáis en el paro.

Quizá muchas de vosotras os sintáis traicionadas, por haber invertido muchos miles en vuestra formación, para que una chica como yo, con un anuncio en internet y por quitarme la ropa, el dinero se desvele, con formación o no, muchas de nosotras gracias a este trabajo hemos podido formarnos y no, no quisimos coger trabajos precarios, porque tuvimos esa elección.

Puedo ver que no queréis comprender ni escuchar a nosotras, las Putas empoderadas, porque vuestro discurso se cae frase por frase, puedo ver que no tenéis estadísticas comprobables y escribís desde la víscera y no desde la lógica, algo que nosotras intentamos hacer.

Os veo haciendo el trabajo sucio del patriarcado, asignado a las mujeres como la policía moral de lo femenino (Foucault), diciendo que prácticas sexuales son legales y cuáles no, satanizando prácticas como el sadomasoquismo, o gang’s bang’s, diciendo nos denigra, aunque nosotras hayamos afirmado esas prácticas son de nuestro agrado, con las cuales comercializamos (como la pornografía) e insistís que lo hacemos porque estamos alienadas, lo cual me lleva a resumir, en vuestra limitada visión de la sexualidad, y sólo querer vosotras la exclusiva de una sexualidad de acuerdo a sus (pobres) experiencias sexuales.

También observo un fuerte ejercicio colonizador, que está claro no sois conscientes de ello, ya que no habéis tenido la experiencia, de ser empujada a migrar porque vivís en una sociedad del bienestar en la que ingenuamente creéis que la mayoría del planeta compartimos. No os habéis dado cuenta que el imperio Europa tiene cerradas sus fronteras (Ley de Extranjería) para sujetas como yo y hemos de apañarnos como sea, lo que da lugar a las mafias y debido a esa vulnerabilidad legal, hemos de aceptar lo que se nos ofrezca (no contratos, por ende cero condiciones laborales) Es decir, las leyes de extranjería son las enemigas, que le dan carta blanca a las mafias, esa es la aliada de la trata, de la explotación.

O quizá tampoco comprendáis, que muchas queremos ampliar horizontes, y dejar la precariedad, en busca de nuevas experiencias y conocimiento y que quizá este trabajo nos lo pueda dar, claro, impensable que una analfabeta sudaka como yo, quiera salir de la naturaleza para formarse y llevar una vida más confortable

En vuestra insistencia de que la prostitución no es trabajo, generáis más y más estigma, esto repercute en la psique de las compañeras y en la sociedad en general, haciendo creer que lo que hacemos es malo y sucio, lo que da lugar a que si nos encontramos en una situación de vulnerabilidad en nuestro espacio de trabajo, por temor a decir nuestra profesión tengamos que aguantarlo. O sí decidimos denunciarlo, no se considere violencia porque somos putas, nosotras nos lo buscamos.

También os veo morbosas y con un escaso, casi nulo conocimiento sobre nuestro trabajo, ya que sólo queréis escuchar (si es qué las escucháis, ya veo que ese ejercicio no lo hacéis habitualmente) a las compañeras que están jodidas, porque eso da para vuestro discurso

Os veo llenas de odio, de envidia y de violencia, sin saber, nuestras continuas luchas y señalamientos, vejaciones y muertes, que hemos tenido a lo largo de la historia, solo por ser putas. Os recuerdo que quien vive de contar mujeres muertas nunca se alegrará de las que estamos vivas.

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Nos decís proxenetas, a un grupo de putas autónomas, que no dejamos de exponernos, aguantando vuestros insultos llenos de odio y putofobia, dando la cara para parar el estigma, juntándonos para hacer fuerza contra las instituciones que no reconocen nuestros derechos, organizándonos, enseñando lo que es el trabajo sexual, empoderándonos, trabajando por nuestros derechos y las de todas nuestras compas putas y aun así nos llamáis proxenetas, de una forma cruel y vil, desde vuestro pódium, blanco y burgués, sin conocernos, y sin querer hacerlo. El patriarcado baila! De antipatriarcal no tenéis más que el nombre.

 

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Ya que decís no nos atacáis a las que lo ejercemos libremente, si no a los clientes, también me gustaría invitaros a reflexionar sobre la condición de nuestros clientes, nuestros clientes son los que pagan nuestros servicios, sí chicas de bien, nuestros servicios, nadie se lleva trozos de nuestro cuerpo a sus casas, y como dice Montse Neira, si vais a por nuestros clientes, pues preparaos para ir a por vuestros padres, vuestros hermanos, vuestros tíos, vuestros profesores, vuestros curas, vuestros hijos y vuestros novios, es decir, vais a por todos.

Y cuando nos decís alienadas, falsas feministas, recordad que somos vuestras hermanas, vuestras madres, vuestras primas, vuestras amigas, vuestras hijas y vuestras abuelas, si no lo queréis ver, es porque quizá, estáis a punto de la ceguera.