El triste estado de la investigación académica sobre la trata sexual

Por Daniel Pryor

 

19 de julio de 2017

 

https://www.adamsmith.org/blog/the-sorry-state-of-sex-trafficking-research

 

El mes pasado, tuvo lugar en Irlanda del Norte el primer juicio a un acusado de pagar por servicios sexuales (delito equiparado a crímenes violentos). Después de haber adoptado el «modelo nórdico» de penalización de la compra de sexo en junio de 2015, Irlanda del Norte parece haber inspirado a los políticos del Partido Nacional Escocés para abogar por un enfoque similar en Escocia. El debate sobre la legislación referida al trabajo sexual también se agudiza en el resto del Reino Unido, donde se están logrando progresos marginales en algunas áreas.

La investigación sobre el impacto de las diferentes formas de legislación sobre el trabajo sexual y la trata sexual es un área fascinante, pero muy problemática. La prevalencia de la trata sexual y su relación con diferentes regímenes legales relacionados con el trabajo sexual es uno de los principales campos de batalla para aquellos que buscan la reforma, y ​​es difícil encontrar evidencia confiable sobre este tema tan emotivo.

Un nuevo artículo (1) publicado en línea la semana pasada por el sociólogo Ronald Weitzer —que escribió un excelente artículo (2) sobre la política del trabajo sexual y el tráfico sexual en 2011— da una nueva perspectiva del lamentable estado de la literatura académica sobre estos temas. En primer lugar en su lista de agravios está la falta de fiabilidad de los datos que se utilizan a menudo:

Utilizando información sobre 161 países de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Cho et al. (2013) y Jakobsson y Kotsadam (2013) intentaron determinar si las leyes nacionales de prostitución estaban relacionadas con la prevalencia de la trata de personas. Sin embargo, la ONUDD había advertido de que no se utilizaran sus cifras ni para una nación ni para un estudio comparativo transnacional, ya que “el informe no proporciona información sobre el número real de víctimas” (ONUDD 2006, pp. 37, 44-45). El aviso de la ONUDD se basaba en que las definiciones de trata varían de unos países a otros (algunos de los cuales amalgaman trata, paso ilegal de personas e inmigración irregular); la generalizada falta de transparencia en la recopilación de datos y la presentación de informes; y la dependencia de diferentes fuentes en los 161 países (medios de comunicación, institutos de investigación, agencias gubernamentales, ONGs, OIs). Para algunos países, sólo una de estas fuentes estaba disponible. Los autores reconocen que “los datos subyacentes pueden ser de mala calidad” y son “limitados e insatisfactorios de muchas maneras” (Jakobsson y Kotsadam, 1993, p.93) y que es “difícil, quizás imposible, encontrar pruebas sólidas” de una relación entre la trata y cualquier otro fenómeno (Cho et al., 2013, p.70). No obstante, tratan el informe de la ONUDD como una fuente de datos y extraen conclusiones profundas sobre la relación entre la trata de personas y las leyes nacionales de prostitución, concluyendo que la trata de personas es más frecuente en los países con prostitución legal que en los países donde la prostitución está penalizada.

Datos defectuosos son sólo la punta del iceberg. En el caso de los dos estudios citados anteriormente, el enfoque de los autores para el diseño del estudio también deja mucho que desear:

Se utiliza un diseño de sección transversal (en un solo punto de tiempo) para medir algo que debe examinarse longitudinalmente: la cantidad de trata antes y después de la legalización. Este último enfoque requeriría cifras de referencia fiables para comparar con cifras recientes fiables, ninguna de las cuales existe.

Los autores usan estimaciones agregadas de la trata nacional (que combinan trata laboral, trata sexual y otros tipos de trata) en su intento de evaluar si la prostitución legal marca una diferencia. Esto significa que existe una gran discrepancia entre las cifras de trata y las leyes de prostitución: al evaluar si las leyes de prostitución están relacionadas con la incidencia de la trata, se deben usar solamente cifras sobre la trata sexual, no las cifras totales para todos los tipos de trata. 

Es muy posible que las naciones donde algún tipo de prostitución es legal puedan tener mejores mecanismos para detectar la trata sexual, una variable que falta en ambos estudios.

Un estudio posterior de Cho (2016) utilizando una fuente de datos diferente contiene otro error garrafal. “Utiliza información sobre el nivel de protección de las víctimas de trata de personas (en general) en los países, para correlacionarla con el hecho de que la prostitución esté o no permitida en un país”. ¿La justificación para este truco?

Sin citar ninguna fuente, Cho afirma que “la prostitución está estrechamente ligada a la trata de personas, porque la trata sexual con fines de prostitución es la forma más común de trata de personas y constituye la mayor parte de las víctimas de trata” (Cho 2016, pp. ). Esta afirmación es contradicha por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Según la OIT, “la explotación sexual comercial forzada representa el 11% de todos los casos” de trabajo forzado en todo el mundo (OIT 2005, p.12), y el Departamento de Estado declara que “la mayor parte de la trata de personas en el mundo toma la forma de trata laboral “(USDS 2010, págs. 8-9).

Todos estos problemas son endémicos en el campo de la investigación sobre la trata sexual. El trabajo de Weitzer podría no ser más que un interesante ejercicio académico sobre los peligros del uso de datos de baja calidad y pobre metodología de investigación, si no fuera por el hecho de que las leyes que se promulgan sobre la base de los dos estudios anteriores están haciendo daño a las mujeres marginadas:

… estos dos estudios fueron adoptados por políticos y legisladores en varios países y sirvieron para justificar nuevas leyes de criminalización.

Weitzer también ofrece algunas reflexiones sobre cómo el estado actual de la investigación y el debate público basado en la misma puede persistir sin que se le haga una crítica significativa:

Es fácil hacer afirmaciones generales y desenfadadas sobre la trata y la prostitución cuando 1) faltan datos sólidos, 2) los medios de comunicación se limitan a recapitular afirmaciones “oficiales” sin cuestionarlas o verificarlas, 3) los expertos que cuestionan las afirmaciones oficiales son ignorados o denunciados, y 4) las participantes en el comercio sexual son altamente estigmatizadas y marginadas. Este patrón desafortunado puede verse tanto en las naciones prohibicionistas (por ejemplo, Suecia) como en las naciones que tienen que hacer frente a la oposición a sus actuales leyes [comparativamente] liberales (por ejemplo, Alemania y los Países Bajos).

Estoy seguro de que los lectores de este blog miran todos los titulares de los medios sensacionalistas con un ojo crítico. Sin embargo, cuando se trata de historias alarmistas sobre la epidemia de trata sexual y los acompañantes llamamientos a implantar el “modelo nórdico”, se debe tener precaución adicional.

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1.- https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-55973-5_4

https://books.google.es/books?id=Y9ksDwAAQBAJ&pg=PA47&dq=Legal+Prostitution+Systems+in+Europe+weitzer&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjTjeX0ksrVAhWrCcAKHTYcDtMQ6AEIJjAA#v=onepage&q=Legal%20Prostitution%20Systems%20in%20Europe%20weitzer&f=false

2.- http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=7413&context=jclc

 

 

 

Ahora es el momento de despenalizar el trabajo sexual en Canadá

 

Sandeep Prasad, Directora Ejecutiva de Acción Canadá para la Salud y los Derechos Sexuales

24/04/2017

http://www.huffingtonpost.ca/sandeep-prasad/decriminalizing-sex-work_b_16211160.html


El gobierno de Trudeau ha abordado varios elementos claves de su estrategia de reforma de la ley penal, pero hace mucho tiempo que tenía que haber despenalizado el trabajo sexual.

 
Ser elegido para dirigir nuestro país implica algo más que victorias fáciles y asuntos políticamente oportunos “agradables a la gente”. El gobierno de Trudeau tiene la obligación moral de garantizar la salud pública y la seguridad de todos sus ciudadanos. El peso de la mayoría liberal debe respaldar la salud y la seguridad de todas las personas en Canadá, incluyendo las trabajadoras sexuales.

 
En 2017, las trabajadoras sexuales de Canadá continúan viviendo y trabajando en condiciones inseguras, enfrentándose a la violencia predatoria y estatal, las redadas de inmigración, la deportación, la vigilancia y el arresto, así como a la violación de sus derechos humanos. El hecho de no haber solucionado esto todavía sugiere que esta cuestión de los derechos humanos es intencionalmente dejada fuera de la agenda legislativa, lo que constituye una seria preocupación.

 
La reforma de la ley sobre el trabajo sexual es importante en Canadá. Entre los interesados, el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la salud ha condenado la penalización total o asimétrica del trabajo sexual como una violación del derecho a la salud al crear barreras para el acceso de las trabajadoras sexuales a los servicios de salud.

 
Los gobiernos tienen la obligación de demostrar la debida diligencia en la protección de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, incluido su derecho a la salud y a no verse sometidos a la violencia. Las leyes y regulaciones deben estar basadas en la evidencia y abordar los sistemas de opresión cruzados y estratificados que afectan las experiencias de las trabajadoras sexuales. Esto sólo puede comenzar cuando nuestro gobierno tome las medidas necesarias para despenalizar el trabajo sexual en Canadá.

 
En diciembre de 2013, la victoria estuvo casi al alcance. La Corte Suprema de Canadá anuló unánimemente las leyes perjudiciales que obstaculizaban la protección efectiva de las trabajadoras sexuales y de la comunidad en general.

 
El avance hacia la despenalización fue respaldado por miles de páginas de evidencias y testimonios de expertos, así como décadas de informes e investigaciones de comisiones patrocinadas por el gobierno, encabezadas por el activismo implacable de las organizaciones de base.

 

La decisión Bedford de la Corte Suprema marcó un gran paso en el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras sexuales específicamente, y de los derechos humanos en Canadá de manera más general. Durante más de treinta años, las trabajadoras sexuales habían pedido a Canadá que derogara las leyes que les atañen a ellas, a sus clientes y a las personas con las que trabajan, señalando el daño ocasionado por la penalización de los elementos del trabajo sexual y la incapacidad de las leyes de prostitución para protegerlas de la violencia. Muchas vidas se perdieron esperando esta victoria.

 
Casi de inmediato, el gobierno de Harper comunicó su intención de introducir nuevas leyes. Un cambio hacia un discurso que amalgamaba el trabajo sexual y la trata de seres humanos pronto se puso en marcha e introdujo la idea de las trabajadoras sexuales como víctimas para justificar la continua regulación agresiva del trabajo sexual y de las trabajadoras sexuales. En diciembre de 2014, el proyecto de ley C-36, Ley de protección de las comunidades y personas explotadas, se convirtió en ley.

 
Al igual que las leyes puestas en marcha en 2013, este nuevo régimen regulatorio no cumple con la Carta de Derechos y Libertades y con los requisitos establecidos por el Tribunal Supremo de Canadá en su decisión Bedford.

 
Este giro de los acontecimientos golpeó seriamente a las directamente afectadas por la penalización del trabajo sexual, algunas de los cuales habían pasado décadas luchando por sus derechos y se les decía que esperaran una vez más. Las evidencias de las ciencias sociales de Canadá y de todo el mundo indican claramente que la penalización de la industria del sexo — ya sean clientes, terceros o trabajadoras del sexo— continúa enviando a la industria del sexo a las sombras, restringiendo el acceso de las trabajadores sexuales a importantes mecanismos de seguridad y tiene profundas consecuencias negativas sobre la salud, la seguridad, la igualdad y los derechos humanos de las trabajadoras sexuales.

 
El Partido Liberal de Canadá, entonces un partido de oposición, denunció claramente la nueva ley. Tomaron una postura clara y expresaron serias preocupaciones sobre la nueva legislación que no protege adecuadamente la salud y la seguridad de las personas vulnerables, en particular las mujeres.

 
Durante la campaña electoral en 2015, la entonces crítica de salud liberal Hedy Fry dijo a un foro de igualdad de mujeres de todos los candidatos que su partido mantenía su firme oposición al proyecto de ley C-36 y planeaba desecharlo. Cuando el Partido Liberal ganó su gobierno mayoritario, prometieron un cambio real y calificaron al nuevo primer ministro de Canadá como feminista. ¿Dónde está el cambio?

 
Una vez elegido, el gobierno de Trudeau tomó la medida sin precedentes de publicar públicamente todas las cartas de mandato ministeriales. Estos documentos proporcionan un marco para lo que se espera que cumplan los ministros, incluyendo los objetivos políticos específicos y los retos a abordar. La carta de mandato público recibida por el nuevo Procurador General de Justicia de Canadá y el Ministro de Justicia, la Honorable Jody Wilson-Raybould, no mencionaba el trabajo sexual; no se incluyó un cronograma para abordar la penalización del trabajo sexual.

 
El gobierno de Trudeau se ha promocionado como uno que promueve, respeta y lucha por los derechos de la Constitución; sin embargo, su respuesta a los derechos constitucionales de las trabajadoras sexuales es lamentable hasta la fecha: un año y medio más tarde, seguimos esperando.

 
La ministra de Justicia, Jody Wilson-Raybould, debe iniciar rápidamente un proceso de reforma de la ley del trabajo sexual que culmine en la despenalización del trabajo sexual como parte de la estrategia de reforma del derecho penal de este gobierno. El momento es ahora. De hecho, el momento fue hace mucho tiempo.

 

Manuela Carmena, el Papa Francisco y la prostitución

El Vaticano organizó los días 21 y 22 de julio de 2015 un foro sobre el “Cambio climático y nuevas formas de esclavitud moderna”. Sobre ecologismo y prostitución debatieron Manuela Carmena, el Papa Francisco y el alcalde de Nueva York Bill de Blasio.

 

Clara Mallo

 

Madrid | @ClaraMallo

 

Martes 28 de julio de 2015

 

http://www.izquierdadiario.es/spip.php?page=movil-nota-3510&id_article=21121

carmena-en-el-vaticano-2015

La cita estuvo organizada por Academia Pontificia Ciencias Sociales del Vaticano y por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En el foro intervinieron más de 70 participantes entre alcaldes y alcaldesas de todo el mundo como los de Nueva York, París, Bogotá, Buenos Aires, o Madrid y representantes de la ONU.

El objetivo del Papa Francisco es buscar aliados. Así en su discurso se dirigió a los más de 70 participantes con estas palabras: “La Santa Sede o tal país podrán hacer un buen discurso en la ONU, pero si no hay trabajo desde la periferia al centro, no tendrá efecto. Y ahí, en la periferia, es donde está el trabajo de los alcaldes”. Con ello Bergoglio cuenta poder influir en las decisiones de la Cumbre sobre el Clima que la ONU celebrará a finales de año.

Pero no solo el Papa pidió “conciencia ecológica” sino que el otro de los puntos del encuentro fue los “nuevos modos de esclavitud moderna”. Entre los diferentes temas, la prostitución fue uno de los debatidos en este foro vaticano.

Manuela Carmena sobre la prostitución: un tema a evitar

Manuela Carmena intervino en el foro sobre esta cuestión, centrándose en una reflexión sobre los motivos del “consumo de la prostitución”. “Si queremos evitar el terrible crimen de la esclavitud sexual, tenemos que reflexionar con sinceridad sobre las causas”, dijo la recientemente electa alcaldesa de Madrid, a la vez que señaló que “hay que entender la sexualidad desde la cultura de los cuidados“.

En el programa de Ahora Madrid presentado para las elecciones del 24M, la formación encabezada por Carmena propuso un proyecto piloto para el “reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras del sexo”, un tema en torno al que hay debates “eternos, que nunca concluyen”, según aseguró Carmena en su momento. La propuesta giraba en torno a la voluntad de “buscar algún tipo de estructura de apoyo muy grande para el sector que está en contra de la legalización y otra de ensayo de una cierta legalización y sobre todo de reconocimiento de derechos laborales de protección“, pero parecía no concretar en propuestas.

No obstante, por el momento Manuela y su equipo se han limitado a mantener el “Plan contra la Explotación Sexual” iniciado por la anterior alcaldía del PP en la anterior legislación, ya que como afirmó la portavoz del Ayuntamiento Rita Maestre (dirigente de Podemos), lo consideran “muy interesante”.

El plan impulsado por Botella y avalado por Carmena reza “erradicar la demanda de prostitución y prestar atención a las mujeres que la ejercen ofreciéndoles recursos y alternativas viables para el abandono de la prostitución”. Un plan que fue criticado por algunas asociaciones que trabajan con mujeres en situación de esclavitud sexual y que lo definían como un plan nefasto principalmente porque con él “las prostitutas han sufrido un mayor acoso policial”, como expresó Cristina Garaizabal, cofundadora de Hetaira, un colectivo que trabaja con mujeres en situación de explotación sexual.

La ingenuidad de Carmen y la frivolidad de Bergoglio

El intento de capitulación por parte del Vaticano de la lucha por los Derechos Humanos en el último periodo, ha hecho que algunos vean a esta como una nueva etapa de la Iglesia Católica. Pero el mismo Bergoglio que organiza un encuentro en el que debatir la explotación sexual hacia las mujeres es el autor de declaraciones que arremeten contra derechos básicos de las estas como el aborto, o en contra de la diversidad sexual, alegando que las personas LGTB “no reconocen el orden de la creación”.

En los últimos tiempos el Vaticano ha buscado mostrarse con un nuevo rostro. Para ello ha utilizado una serie de discursos sociales con declaraciones en los distintos foros de gestión capitalista. Sus declaraciones en el Parlamento Europeo sobre la recuperación de los “viejos valores”, la lucha contra el cambio climático en la ONU y las declaraciones en su última visita a algunos estados latinoamericanos donde expresó “ningún poder fáctico o constituido tiene derecho a privar a los países pobres del pleno ejercicio de su soberanía”, son ejemplo de ello.

Todo esto es parte de un discurso que busca lavarle la cara a la Iglesia, fuertemente desprestigiada por los casos de corrupción y abusos a menores que saltaron públicamente en los últimos años. Una Iglesia que durante años fue fiel impulsora de las políticas neo liberales y adoctrinó en base a los pilares de la familia y el patriarcado.

Este nuevo discurso de “buenas intenciones” genera unas falsas expectativas que parece han causado efecto en ciertos líderes de algunas formaciones que se reivindican herederas de los movimientos sociales. Los cuales han visto en el Papa un aliado para sus políticas de mejora social. Primero fue Pablo Iglesias que mostró en varias ocasiones su admiración y voluntad de acercamiento a Bergoglio, y ahora es Manuela Carmena que ve voluntad en las “buenas intenciones” de la Iglesia.

Resulta paradójico (y no menos cínico) que una institución como la Iglesia Católica que desde hace 2000 años niega a las mujeres sus derechos más básicos, como el derecho a decidir sobre la maternidad o sobre la orientación sexual de las personas, discuta sobre la libertad de las mujeres. La discusión sobre esta cuestión en el seno de la Santa Sede solo puede perpetuar y fortalecer la situación de opresión y explotación que sufren millones de mujeres en todo el mundo.

La Iglesia junto con los gestores locales de los negocios capitalistas y la ONU, son instituciones que sostienen el orden mundial capitalista y, como la Iglesia, apoyan las bases del sistema patriarcal que lleva a las mujeres a las peores situaciones humanas posibles como la esclavitud sexual, el feminicidio, y les niega derechos como la educación, la libre sexualidad y el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos.

Ni con un plan redactado por el PP, ni debatiendo con el Papa, puede abrirse camino para discutir sobre la cuestión de la explotación sexual. Solo un debate amplio independiente del Estado y de los intereses de la Iglesia podrá avanzar en temas como el de la esclavitud sexual y llevar a cabo medidas para comenzar a acabar con ello.

Pero terminar definitivamente con la opresión de género no será posible sin un movimiento fuerte de trabajadoras, jóvenes, estudiantes, precarias, inmigrantes, LGTBI, que, junto al conjunto de la clase obrera, entierre definitivamente al sistema capitalista que la sostiene.

 

¿Cuál es la posición de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ante la prostitución?

 

dibujo

 

https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/faqs.html#What_is_UNODC%27s_stance_on_prostitution

 

 

Es importante señalar que cuando se negoció el Protocolo de Trata de Personas, los Estados miembros decidieron mantener el tema de la prostitución dentro del dominio de la competencia nacional, esto es, como una cuestión de política nacional a discreción de los Estados.

 

En el Protocolo no se da una definición de explotación. Sólo se da una mínima lista de delitos que deberían ser reconocidos por los Estados miembros. El Protocolo solo menciona la “explotación de la prostitución ajena” como una de las formas de explotación que configuran el delito de trata de personas. O dicho de otra manera, no existe una base para dar una opinión sobre la prostitución fuera del contexto de la trata de personas.

 

Aunque los países (1) enfocan de formas muy diferentes la prostitución (el abanico de políticas nacionales va de la completa prohibición y penalización tanto de prostitutas como de clientes, a la legalización, pasando por la despenalización combinada con regulación y la despenalización combinada con mera tolerancia), aún no existe una opinión establecida respecto a qué enfoque es el que tiene un efecto más positivo en la lucha contra la trata de personas.

 

La estricta línea política de la UNODC es permanecer neutral en el tema de la prostitución.

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1.- Relación de países firmantes: https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12-a&chapter=18&clang=_en


 

Definición de “explotación sexual”

Explotación sexual

Explotación es la acción y efecto de explotar. Y explotar, todo según la RAE, es

  1. tr. Extraer de las minas la riqueza que contienen.
  2. tr. Sacar utilidad de un negocio o industria en provecho propio.
  3. tr. Utilizar abusivamente en provecho propio el trabajo o las cualidades de otra persona.

La explotación sexual es el acto por el que una prostituta saca utilidad en provecho propio de las necesidades sexuales de los hombres.

La tercera acepción no es de aplicación en este caso, ya que no puede haber abuso cuando el cliente paga libremente el precio pactado.

Hay otras definiciones (1), pero son falsas.

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(1) Anotación al Protocolo contra la Trata de las Naciones Unidas:

Los términos “la explotación de la prostitución ajena” y la “explotación sexual” son los únicos términos en la definición de trata que intencionadamente son dejados como indefinidos y tampoco están definidos en ninguna parte en la ley internacional.

Las más de 100 delegaciones de países que negociaron el Protocolo contra la Trata en la Comisión de Crimen de Naciones Unidas fueron incapaces de acordar definiciones para estos dos términos y entonces ellos decidieron dejarlos indefinidos. La mayoría de los delegados y el Caucus de Derechos Humanos entendieron que los países tienen diferentes leyes y políticas sobre el trabajo sexual adulto. Muchos países no querían o no podría firmar el Protocolo contra la Trata si esto les hubiera obligado a cambiar sus leyes internas relacionadas con la prostitución. Unos delegados y ONGs en las negociaciones insistieron que toda la prostitución adulta, incluyendo la prostitución voluntaria y hasta legal que implica a adultos, sea clasificada como trata de personas y entonces ellos obligaron a un debate de un año en las negociaciones sobre este tema.
La mayoría de delegados y el Caucus de Derechos Humanos rechazaron la noción de que la participación voluntaria, no-obligada por adultos en el trabajo sexual, el trabajo de la fábrica o cualquier otro trabajo se califica como trata de personas. Mientras tal trabajo puede ser abusivo y explotador, solo será considerado trata de personas si esto asciende a las violaciones de derechos humanos internacionalmente aprobadas del trabajo forzado, la esclavitud o la servidumbre.

El Caucus de Derechos Humanos incidió por una solución de acuerdo general que permitiría a todos los países firmar el Protocolo contra la Trata, incluyendo los países que tienen leyes que criminalizan el trabajo sexual adulto y los países que tienen la despenalización de leyes y/o la regulación del trabajo sexual adulto. Todas las delegaciones convinieron que la trata implica la esclavitud, el trabajo forzado o la servidumbre. Sin embargo, ya que no hay ningún acuerdo internacional sobre el significado de “explotación sexual,” los miembros del Caucus propusieron incluir el término, pero dejándolo indefinido. De este modo, todos los gobiernos podrían firmar el Protocolo contra la Trata, porque la definición de compromiso permitiría a cada gobierno decidir por si mismo el tratamiento legal del trabajo voluntario sexual del adulto. Finalmente, esta propuesta fue aceptada.

Así, la Nota Interpretativa contenida en la nota 14 a pie de página

[14 Nota Interpretativa de Naciones Unidas:
En los travaux preparatoires se indicara que el Protocolo aborda la
explotación de la prostitución ajena y otras formas de explotación sexual únicamente en el contexto de la trata de personas. Los términos “explotación de la prostitución ajena” u “otras formas de explotación sexual” no se definen en el Protocolo, que en consecuencia no prejuzga la manera en que los Estados Parte aborden la prostitución en su respectivo derecho interno.”]

explica el lenguaje de compromiso y reconoce la existencia de ambos términos, tanto de la participación obligada como de la participación voluntaria en el trabajo sexual adulto. Esto explica que el Protocolo contra la Trata no toma ninguna posición sobre el tratamiento dado al trabajo sexual voluntario del adulto y explícitamente deja su tratamiento legal a la discreción individual de los gobiernos.

Desde que el trabajo sexual coactivo o forzado de adultos (y cualquier otro trabajo forzado u coactivo) y toda la participación infantil en el trabajo sexual son cubiertos en el Protocolo contra la Trata en el contexto de esclavitud, trabajo forzado o la servidumbre, los gobiernos pueden omitir los términos “la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual“ de sus leyes domesticas. Sin embargo, cualquier gobierno que decida incluir estos términos indefinidos en su legislación doméstica tendrá que definirlos claramente. Las definiciones recomendadas se enfocarían en el empleo de fuerza o la coacción (la inclusión de la coacción psicológica) para tener en cuenta la voluntad de la persona. Ponemos a consideración las siguientes definiciones:

“La explotación sexual” significa “la participación de una persona en la prostitución, la servidumbre sexual, o la producción de materiales pornográficos como consecuencia de estar sujeto a una amenaza, la coacción, el rapto, la fuerza, el abuso de autoridad, servidumbre por deuda o fraude”.

“La explotación de la prostitución ajena” podría ser definida como: “la obtención por una persona de cualquier ventaja financiera u otro beneficio procedente de la explotación sexual de otra persona”.

http://www.oas.org/atip/reports/annot_prot_spanish.pdf

Las prostitutas y el machismo

Hay estudios que parecen demostrar que la penalización no acaba con la prostitución, sino que la invisibiliza

 

Rosa Montero  

 

8 de noviembre de 2015

 

http://elpais.com/elpais/2015/11/03/eps/1446554871_974966.html

 

 

Hace un par de semanas, el colectivo Hetaira celebró una trepidante fiesta en Madrid para festejar sus 20 años de vida. Hetaira nació en 1995 de la mano de un grupo de mujeres feministas, algunas de ellas prostitutas, para defender los derechos de las trabajadoras sexuales. Estas heroicas guerreras llevan dos décadas luchando en una casi completa soledad contra los prejuicios más arraigados. Pocos grupos sociales sufren una discriminación tan absoluta como las prostitutas. De entrada, es un tema sobre el que todo el mundo se siente con derecho a opinar, pero no conceden ese mismo derecho a las propias trabajadoras sexuales. Nadie les pregunta lo que piensan, porque, con un puritanismo y una ignorancia feroces, la mayoría de los políticos y de los ciudadanos, tanto de derechas como de izquierdas, piensan que todas ellas son unas víctimas del proxenetismo a las que hay que rescatar de su triste sino, incluso en contra de su voluntad.

Eso, equiparar la prostitución a la trata, es la primera equivocación garrafal causada por los prejuicios. Un informe de la ONU de 2010 establece que en Europa sólo una de cada siete prostitutas es víctima de trata. Las demás ejercen su trabajo voluntariamente. Y aquí es cuando el puritanismo cacarea y añade: sí, pero no lo hacen libremente, se ven forzadas por la situación económica… Sí, claro, por supuesto. Como la mayoría de los trabajadores. La mayoría tiene empleos que no les gustan, muchos en jornadas abrumadoras, con un trato laboral humillante y por un sueldo de miseria. Comprendo perfectamente que haya mujeres adultas que prefieran vender sexo (que no su cuerpo: no es un mercado de esclavos ni de ganado) en un desempeño profesional que puede permitirles ganar más dinero en condiciones laborales menos embrutecedoras que, por ejemplo, limpiar oficinas de noche en una subcontrata por 400 euros al mes, sin nómina y teniendo que soportar el maltrato, la precariedad y el manoseo baboso del jefe del equipo. Y es la criminalización de la prostitución, como sucede con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, lo que impide que las hetairas puedan ejercer su trabajo en condiciones óptimas, seguras y saludables.

La trata, claro, es un horror, y, como es natural, las prostitutas son las primeras interesadas en erradicarla. Pero la trata engorda con las prohibiciones. En 1999 los suecos promulgaron una ley que penalizaba la compra del sexo, es decir, perseguía al cliente pero no a la vendedora. En 2010 sacaron un informe triunfalista en el que aseguraban que esa medida casi había acabado con la trata y la prostitución. En realidad lo que se publicó en todo el mundo fue un resumen en inglés, no el informe entero, y resultaba muy convincente; incluso yo, que siempre he estado a favor de la legalización de la prostitución, porque me parece una medida obvia para proteger y dar poder a las mujeres que la ejercen, recogí esos resultados en un artículo. Pero luego empezaron a salir multitud de trabajos criticando el estudio. Entre ellos, uno estupendo de Ann Jordan, del Center for Human Rights and Humanitarian Law (Washington College of Law), que analiza punto por punto el informe completo: el texto sueco no demuestra ninguno de los datos que da y carece de una metodología mínimamente fiable. La Universidad de Lund (Suecia) investigó los efectos de la aplicación de la ley entre 2005 y 2010 y sus resultados son demoledores: la prostitución no bajó, sólo se expandió a otros territorios, y el riesgo de las trabajadoras sexuales a ser asaltadas y violadas aumentó significativamente.

La trata, claro, es un horror, y, como es natural, las prostitutas son las primeras interesadas en erradicarla. Pero la trata engorda con las prohibiciones

Hay muchas fuentes autorizadas, desde el informe GRETA del Consejo de Europa a trabajos hechos por las Naciones Unidas o el Parlamento Europeo, que parecen demostrar que la penalización no acaba con la prostitución, sino que la invisibiliza, y que además aumenta la vulnerabilidad de las trabajadoras y su dependencia de los proxenetas, ya que, al no poder haber una oferta abierta, necesitan más a los intermediarios. Lo cual ¡es tan obvio y tan lógico, a poco que se ponga uno a pensarlo! Pero la ceguera de los prejuicios impide ver lo más evidente. Sólo creemos lo que queremos creer, aunque haya mil datos que contradigan nuestro pensamiento fosilizado. El pasado 6 de octubre, las prostitutas del polígono de Villaverde (Madrid) presentaron la Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo (Afemtras): “Somos feministas porque luchamos por una sociedad en la que ninguna mujer, prostituta o no, sea discriminada”, dicen, con toda razón. Y, sin embargo, conozco a bastantes feministas que no aceptan el derecho de las prostitutas a hacerse cargo de su propia vida y su propio cuerpo. Que quieren salvar a las hetairas contra su propia voluntad. Para mí esto no es más que puro paternalismo, puro machismo.

@BrunaHusky

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LA TRATA DE SERES HUMANOS

 

Intervención ante la Asamblea de Madrid

 

Cristina Garaizabal

Colectivo Hetaira

Mayo 2013

 

http://www.colectivohetaira.org/web/images/docs/asamblea%20de%20madrid%202013.pdf

 

Buenas tarde señoras y señores parlamentarios:

En primer lugar quiero agradecerles, desde Hetaira (Colectivo en Defensa de los Derechos de las Prostitutas), la invitación a esta Comisión. Una Comisión que nos llena de esperanza pues creemos que las Comunidades Autónomas tienen una gran labor por delante en la protección de las víctimas de Trata así como en la persecución de este delito.

Mi intención es valorar cómo se ha llevado la lucha contra la trata en estosúltimos años desde que se implementó el Plan Integral aprobado en diciembre de 2008, viendo los retos que se nos plantean en la actualidad.

La trata de seres humanos es una grave violación de los derechos humanos, una lacra en sociedades democráticas como la nuestra y un vestigio horrible de los tiempos en que la esclavitud era tolerada. Además, la trata de mujeres y niñas con el fin de obligarlas a prostituirse es una forma extrema de violencia de género.

El Convenio aprobado por la UE en 2005 es el que ha inspirado las políticas públicas en nuestro país. Además este Convenio tiene un gran valor porque pone los derechos humanos de las víctimas en primer plano. Eso implica, como ya se señaló en el año 2002 por parte del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que debe cuidarse que las medidas concretas contra la trata no conculquen los derechos humanos, especialmente de las víctimas. Y esto, en las leyes de nuestro país y sobre todo en su aplicación práctica no siempre se tiene en cuenta.

 

El Plan Integral Contra la trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual

En nuestro país, para combatir la Trata y proteger a las víctimas, contábamos desde diciembre de 2008 con El Plan Integral contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, así como con una serie de reformas legislativas que el Plan contemplaba y que ya han sido desarrolladas (art. 59 bis de la LOEX y art. 177 bis del Código Penal). Y un primer problema es que este Plan duraba hasta finales de 2012 y, de momento, no sabemos si se está elaborando otro Plan o una Ley integral que cubra el hueco legislativo que en la actualidad existe.

El Plan era un instrumento necesario ya que contemplaba una serie de medidas sociales, policiales y legislativas positivas para la protección y defensa de las víctimas de trata, así como para la persecución de este delito. Entre ellas las más importantes son: la coordinación internacional de los estamentos judiciales y policiales; el decomiso de los bienes de las organizaciones mafiosas y la creación de un fondo que luego pudiera servir de ayuda a las propias víctimas; el aumento de los díasde reflexión para que éstas decidan si denuncian ante la policía (aunque, como se ha demostrado, no está claro el procedimiento para ofrecerlo y sigue siendo un tiempo excesivamente corto para las dos fases de restablecimiento y .reflexión); las medidas de información a las víctimas, de servicios de atención, de asistencia jurídica y de protección integral (aunque, en principio solo fueran para las que han denunciado); las medidas legislativas y procedimentales que tratan de perfeccionar los mecanismos legales para la atención inmediata de las víctimas, entre ellas la de que éstas puedan testificar antes del juicio y, por lo tanto, no tengan que encontrarse en la situación violenta de estar presentes en él ante los mafiosos; la tipificación concreta del delito de trata en el C.P. o la posibilidad de que las víctimas de trata que son inmigrantes y se hallan en situación irregular en nuestro país sean protegidas y se paralice su expulsión…

No obstante, el Plan presentaba una serie de deficiencias y unilateralidades que han socavado su eficacia. En ello ha influido, por un lado, la presencia muy visible de un alto porcentaje de mujeres inmigrantes que ejercen la prostitución y que frecuentemente es considerado homogéneamente víctima de los tratantes, permaneciendo invisibles otros sectores en los que también se trata con personas, porejemplo, el campo o los talleres de confección clandestinos.

Junto al Plan hay que tener en cuenta, también, las conclusiones de la Comisión Mixta Congreso-Senado para el estudio de la prostitución de abril de 2007. Conclusiones en las que se planteaba que no tenía sentido diferenciar la prostitución coaccionada y la prostitución voluntaria, ya que la prostitución voluntaria era muy minoritaria o prácticamente inexistente. Estos prejuicios, basados fundamentalmente en la idea de que la prostitución es algo deleznable que no puede ser ejercida por voluntad propia y no en datos objetivos (las propias conclusiones reconocen que no existen estudios fiables que demuestren esta afirmación) han estado muy presentes en la lucha contra la trata de manera que a pesar de que en 2010 un estudio de Naciones Unidas concluía que “1 de cada 7 prostitutas son víctimas de trata en Europa”, esto no se ha tenido presente y se han realizado redadas y acosado a las trabajadoras del sexo inmigrantes aunque no existieran indicios previos de que hubiera trata.

Esta permanente asimilación de la prostitución con la trata de seres humanos lleva a que las medidas de concienciación sobre la existencia de trata hayan quedado totalmente desdibujada en la lucha contra la prostitución.

Así, por ejemplo, se hizo de la prohibición de anuncios de prostitución un elemento importante en la lucha contra la trata pero esto ha sido completamente ineficaz porque hay que ser serios ¿Cuándo se ha visto que una actividad ilegal se publicite? ¿Realmente se piensa que la mayoría de las que se anuncian son víctimas de Trata? Nuestra experiencia nos dice que no es así y los datos que se dan de las redadas policiales así lo corroboran: la mayoría de personas detenidas en las supuestas redadas contra la trata, acaban siendo acusadas de “explotación sexual”. Un concepto, por otra parte, más que discutible si nos atenemos a lo que plantea GAATW (Alianza Global contra la Trata de Mujeres) “No existe una definición internacional del término”explotación sexual”, con lo que cada país puede definir y abordar ésta como considere apropiado, teniendo así un gran margen de actuación”. Por su parte la OIT cuando se elaboró el Protocolo de Palermo ya recomendó eliminar este término o El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de NNUU que en junio de 1999 también recomendó suprimir el término “explotación sexual” para “evitar las dificultades de implementación inherentemente asociadas a los términos vagos, imprecisos y emotivos como “explotación sexual” cuando estos son utilizados refiriéndose a los adultos”.

Pero siguiendo con el Plan contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, otro de los problemas que se planteaba era que estaba dirigido a combatir, de manera exclusiva, la trata con fines de explotación sexual. Esto implica dejar desasistidas a las víctimas de trata que son explotadas en régimen de servidumbre en otros sectores laborales como la agricultura, el servicio doméstico, la construcción, la mendicidad, los matrimonios forzosos, etc.

Ahora bien, el problema mayor del Plan es que no está elaborado teniendo una perspectiva completa de defensa de los derechos humanos. Aunque en la declaración de intenciones así se plantea, las medidas propuestas no están del todo en consonancia con esta declaración inicial y no colocan a las personas objeto de trata en el centro de atención ni se valoran las estrategias a seguir en función del efecto que pueden tener sobre ellas.

Por el contrario, la política de este país ha sido la de poner el acento en el papel que las víctimas de trata pueden cumplir como testigos y, en general, no han sido consideradas como personas que han sufrido un grave atentado a sus derechos más fundamentales, y que, por lo tanto, deben ser protegidas y merecen una reparación por parte del Estado.

Los Convenios internacionales1, establecen que «una víctima en un delito es una víctima de delito siempre, independientemente de que colabore o no con la policía». En contra de estas recomendaciones el Gobierno español ha optado por anteponer la persecución de las redes criminales a la defensa total de las víctimas, planteando la denuncia y la colaboración con la policía como condición para poder acceder a las medidas de asistencia y protección que el Plan contempla.

En correspondencia con ello, la identificación de las víctimas se deja en manos de las Fuerzas de Seguridad, dependiendo la participación de las ONG’s del requerimiento de la policía. 2

Desde nuestro punto de vista, la defensa de las víctimas, tal y como contemplan los art. 10 y 12 del Convenio Europeo, implicaría protección y derechos, independientemente de su colaboración con la justicia; implicaría mecanismos eficaces de detección de las víctimas a través de agentes sociales y no solo de la policía o la judicatura; implicaría permisos de residencia y de trabajo para las víctimas, y derecho de asilo sin todas las trabas que hoy existen para ello; y, especialmente, potenciar la autonomía y la capacidad de decisión de las víctimas. De hecho, algunas recomendaciones internacionales instan a contemplar el principio de proporcionalidad en las medidas, es decir, tener en cuenta que las medidas restrictivas y represivas en la lucha contra la trata no redunden en contra de los derechos, de la autonomía y de la libertad de las personas que son objeto de trata. Creo que la vía por la que se está yendo en nuestro país deja muchos interrogantes en relación con esto que acabo de decir.

No poner los derechos de las víctimas en primer plano implica, como ha denunciado GAATW (Alianza Global Contra la Trata de Mujeres), que en ocasiones las medidas antitrata provoquen una serie de “daños colaterales”, así llamados porque estas medidas se acaban volviendo contra las personas que pretenden proteger, en este caso, las mujeres que ejercen la prostitución bajo coacción y en una condiciones parecidas a la esclavitud.

En la actualidad, después de casi 5 años desde la aprobación del Plan, los daños colaterales sobre las víctimas de trata son patentes, así como las insuficiencias de la actuación institucional. Las medidas sociales y judiciales encaminadas a una mayor protección de las víctimas casi no han sido implementadas. Lo más visible ha sido el aumento de las redadas en clubes de alterne para la detención y desarticulación de redes relacionadas con la prostitución. En algunos de los clubes que han sido cerrados, es discutible que sus trabajadoras fueran víctimas de trata, como se ha podido ver en el caso del macro club de Castelldefels (Catalunya) o en la operación Afrodita en Madrid en julio de 2010. Operación cuyo resultados fueron: 315 mujeres “liberadas” (según las instituciones y la prensa) o sin lugares donde poder trabajar (según las trabajadoras del sexo); 34 mujeres en situación administrativa irregular a quienes se ha aplicado la ley de extranjería; 1 mujer denunció encontrarse en situación de trata (no sabemos si finalmente se la protegió o no) y una decena de personas, detenidas por proxenetismo tras la redada y que se encuentran desde mediados de septiembre de ese año en libertad con cargos.

En ambos casos, las trabajadoras del sexo implicadas salieron públicamente afirmando que su trabajo en esos lugares era voluntario y que no se daban coacciones por parte de los empresarios. Pero incluso en los casos en los que realmente se han desarticulado redes de trata existen enormes dudas sobre el destino que han sufrido las presuntas víctimas y si realmente han sido protegidas por el estado como deberíahaberse hecho3. Por las noticias de la prensa, más bien parece que muchas de las mujeres detenidas en las redadas han sido detenidas por estancia ilegal, enviadas a los CIES y posteriormente retornadas a su país, sin que esté claro su voluntariedad para ello.

Es decir, que no sólo no se protege a las víctimas de trata sino que, en la mayoría de ocasiones, éstas son tratadas como delincuentes.

La lucha contra la trata, en nuestro país, se ha instrumentalizado para combatir la inmigración, especialmente de mujeres, y para intentar acabar con la prostitución en general y especialmente aquella más visible, la que capta su clientela en la calle. Al calor de las ideas y los planteamientos institucionales sobre la trata se han desarrollado normativas municipales en la mayoría de ciudades de nuestro país, que persiguen la prostitución que capta la clientela en la calle, bien penalizando a clientes y prostitutas bien penalizando sólo a los primeros. Estas Normativas incrementan, revalorizan y favorecen el mercado clandestino del sexo, en detrimento de las trabajadoras que ven así cómo aumenta su vulnerabilidad. Así lo reconoce un informe del Parlamento Europeo del año 2000 que considera que “el régimen de prohibición directa e indirecta de la prostitución vigente en la mayoría de Estados miembros crea un mercado clandestino monopolizado por la delincuencia organizada que expone a las personas implicadas, sobre todo a los inmigrantes, a la violencia y la marginación”4

 

Propuestas

Para Hetaira es fundamental diferenciar entre prostitución coaccionada (Trata) y prostitución voluntaria para poder defender y garantizar de manera realista y consecuente los derechos de unas y otras. El no reconocimiento legal de la prostitución voluntaria implica, como decía antes, abonar el terreno para que los traficantes de mujeres con fines de prostitución forzada campen a sus anchas en el magma de la alegalidad del conjunto de la prostitución. En este sentido creemos que el Gobiernoautonómico debería instar al Gobierno Central a elaborar una Ley integral de lucha contra la trata de seres humanos:.

  • Que contemple todo tipo de trata, independientemente del sexo de las víctimas y del sector laboral al que va encaminada.
  • Que diferencie la trata de la prostitución voluntaria y de la explotación sexual, un concepto tan opaco que da pie a todo tipo de interpretaciones..
  • Que ponga los derechos de las víctimas en el centro de la actuación

Así mismo, desde el Gobierno autonómico debería de contemplarse el desarrollo de todos los recursos sociales que se preveían en el Plan vigente hasta el año pasado y que no han sido desarrollados. Contemplando que para acceder a ellos no sea necesaria la denuncia previa, como han hecho otros gobiernos autonómicos con la Violencia de Género.

En relación a la detección e identificación de víctimas se debería contemplar que las ONG’s fueran el instrumento imprescindible para la detección y la identificación de víctimas, en colaboración con la policía, pues tal y como demuestran diversos informes que valoran la implementación de las políticas anti-trata en nuestro país, queda mucho por avanzar en la consideración, información sobre sus derechos y tratamiento a las posibles víctimas de trata5.

También consideramos fundamental la transparencia en la información sobre la situación en la que se encuentran las víctimas de trata identificadas para saber cuántas se han acogido al periodo de reflexión y si éste ha sido concedido. Tan sólo en el II Informe del Plan Integral de Lucha contra la Trata, a pie de página, se recoge que, en el año 2010, a “523 mujeres víctimas potenciales en situación irregular se les ofreció el Período de Restablecimiento y Reflexión, únicamente 43 aceptaron su tramitación”. En esta información se echan de menos datos sobre a cuántas víctimas de las 43 que solicitaron dicho período les fue concedido. En 2011, según datos facilitados por laSecretaría de Estado de Seguridad, se ofrecieron 763 periodos de restablecimiento y reflexión, de los que 680 fueron denegados o rechazados por las víctimas y 98 concedidos. Como se puede ver la información de 2011 es más explícita sobre el nº de permisos concedidos pero no está claro de los 680 cuantos fueron denegados y cuantos rechazados. En general, es costoso acceder a la información sobre este particular ya que según hemos podido saber a través de entrevistarnos con la UCRIF y con la Delegada para la Violencia de Género en Madrid, los datos no están disponibles ni tan siquiera para ellos.

Otro aspecto que nos suscita enormes dudas es cómo se ha informado a las mujeres de sus derechos. Los procesos de identificación son largos y complejos y la información debe darse en un ambiente de comodidad y seguridad para las víctimas. Las comisarías o los juzgados o los CIES son los sitios menos apropiados para ello, dada la comprensible desconfianza que tienen estas mujeres.

Para que las víctimas de trata puedan ejercer realmente sus derechos es necesario un buen proceso de identificación y para ello es fundamental la formación de los profesionales que pueden entrar en contacto con posibles víctimas: Fuerzas de Seguridad, profesionales de la medicina, abogacía, trabajo social… así como la coordinación real y efectiva de todos los agentes sociales que intervienen con las víctimas: ONG’s, Fuerzas de Seguridad, jueces, Fiscalía, servicios de asistencia, etc..siendo esta la única manera de garantizar la eficacia de las medidas de protección.

Por último quisiera mencionar el aspecto económico, necesario para quecualquier Plan se pueda llevar a cabo. En el Plan integral que ha vencido se contemplaba el decomiso de los bienes de las mafias y la creación, con este dinero, de un Fondo destinado a la protección de las víctimas. También sabemos que la política del Gobierno central anterior fue la de potenciar, a través de subvenciones, la creación de los servicios sociales necesarios para la atención a estas mujeres, en lugar de crearlos directamente. Teniendo en consideración estos dos factores nos preocupa especialmente por un lado que no se haya creado este Fondo y por otro la falta de transparencia en la concesión de las subvenciones. En relación a esto último consideramos que no están claros los criterios por los cuales se conceden subvenciones a organizaciones que nunca han trabajado ni con mujeres víctimas de trata ni en contextos, como el de la prostitución, donde puede ser más probable la existencia de indicios de trata. Esta falta de transparencia nos parece especialmente preocupante. Mucho nos tememos que una buena parte del dinero que supuestamente está destinado a la prevención, atención y protección de las víctimas está siendo malgastado con fines ideológicos, concediéndoselo a organizaciones que solo hacen “incidencia política” como dicen. En esta línea, buena parte del dinero de las subvenciones no repercute directa y positivamente en aquellas mujeres que lo que necesitan no son proclamas ideológicas sino una atención desprejuiciada, profesional, basada en la escucha y el respeto y que tenga como finalidad su empoderamiento y no su revictimización.

Sabemos que la prostitución es un tema muy controvertido. Pero la trata es una grave vulneración de los derechos humanos de las personas. Y no podemos dar la espalda a todas aquellas mujeres, niñas, niños y hombres que son víctimas de trata con fines diferentes a la prostitución y que según recoge el Informe del Departamento de Estado del Gobierno de EEUU de 2010  “Algunos estudios recientes demuestran que la mayor parte de la trata de personas en el mundo se realiza con fines de trabajos forzados. La OIT calcula que por cada víctima de trata sometida a la prostitución forzada, hay nueve personas que son forzadas a trabajar”.

Y en relación a la que tiene por fines la prostitución forzada es necesario implementar políticas públicas que defiendan de manera eficaz a las mujeres que están en una situación más vulnerable. Y para que esto sea posible es necesario garantizar los derechos de todas las trabajadoras del sexo, diferenciando quienes están en situación de trata de quiénes están explotadas laboralmente aunque hayan decidido trabajar en ello. Para estas segundas, asimilar su situación a la de las víctimas de trata o considerarlas víctimas de un delito tan vago y poco concreto como el de “explotación sexual”, no es la solución. Se necesitan leyes laborales que les reconozcan sus derechos y reduzcan las posibilidades de ser explotadas por los dueños de clubes. La actual situación de confusión entre trata, prostitución voluntaria, explotación sexual y explotación laboral deja desprotegidas a todas las mujeres que ejercen la prostitución, aumenta la vulnerabilidad de éstas y dificulta enormemente la identificación de las víctimas de trata. Son necesarias leyes que ayuden a este sector de mujeres luchar contra las terribles injusticias que hoy siguen sufriendo.

Muchas gracias por su atención

 


1 El artículo 12.6 del propio Convenio europeo y la Declaración de Naciones Unidas de 1985 sobre principios fundamentales de justicia para las víctimas de delito y abusos de poder

2 Aunque en la Reforma de la Ley de Extranjería se incluyó en el último momento la propuesta de la Red española contra la Trata, de que se podrá detener la expulsión y conceder permisos excepcionales de residencia y trabajo también atendiendo a “la situación personal de la víctima” esta consideración en la práctica no está siendo contemplada en las actuaciones concretas ni de las Fuerzas de Seguridad ni de la Fiscalía. Plantear la protección en función del proceso judicial implica una presión muy fuerte para las personas víctimas de trata, muchas de las cuales no pueden afrontar ese proceso porque es el momento de mayor riesgo.

3 Así, Europa Press (2 de febrero de 2010) informaba que en la desarticulación de una red de prostitutas brasileñas en Andalucía “según fuentes de la Subdelegación del Gobierno se habían detenido a ocho mujeres por estancia ilegal en España, que se encuentran en estos momentos en el CIE de Málaga”. O El País (29/7/2010) ante la operación de Madrid recogía que según fuentes del Mº de Interior “a estas personas se les ha incoado el procedimiento administrativo para expulsarlas de España. En los casos más graves, en los que ya tenían el decreto judicial aprobado y estaban pendientes de que se les asignase un vuelo, han ingresado en el centro de internamiento de extranjeros (CIE) de Aluche hasta que abandonen el país.”

4 Informe del Parlamento Europeo. Mayo 2000

5 Informe sobre trata de personas 2011. España elaborado por el Gobierno de EEUU

¿Anti trata de personas o antiprostitución?

 

28 de febrero de 2016
https://lionsdensaskatoon.wordpress.com/2016/02/28/anti-human-trafficking-or-anti-prostitution/

 

La trata de seres humanos es considerada uno de los crímenes más atroces imaginables, descrito por la Oficina de las Naciones Unidas contra las drogas y el crimen (UNODC) como el crimen más vil y el que nos avergüenza a todos. En 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y Canadá fue uno de los primeros países en participar del mismo. En 2010, UNODC recibió el mandato de confeccionar un informe del problema y presentó sus resultados en 2014. El hecho más sorprendente fue que el número de condenas está enormemente desproporcionado con la creciente conciencia y extensión del `problema, con el 40% de 128 países refiriendo menos de 10 condenas por año y el 15%, ninguna, mientras que el número de víctimas detectadas no para de crecer.

 
En Canadá y en los EE.UU. yo creo que la disparidad se debe en parte a las campañas anti trata de seres humanos que en realidad disimulan cruzadas antiprostitución a pesar de la abrumadora evidencia que prueba que la despenalización de la industria del sexo ayuda a la lucha contra la trata de seres humanos.

 
Para comprender mi argumento, es relevante la siguiente información extraída del informe de la UNODC. Mientras que la mayoría de las víctimas se ven sometidas a explotación sexual, cada vez hay más víctimas de trabajo forzado, que incluye: manufactura, limpieza, construcción, catering, restaurantes, trabajo doméstico y producción textil. En Canadá y los EE.UU. entre 2010 y 2012, las víctimas de trata fueron explotadas casi a partes iguales en la industria del sexo y en el trabajo forzado. También se informa de que los niños suponen sólo el 30% de las víctimas (sin que esto signifique infravalorar el horror de esta cifra) y el 70% fueron adultos y más de 1 de cada 4 procedían de los países del Este de Asia.

 
Uno de los mayores retos a los que se enfrenta hoy el movimiento antitrata es una constante aceptación de una desinformación sin fundamento, imprecisa y excesivamente exagerada. Un ejemplo es la afirmación de que la Super Bowl será un evento principal de trata de seres humanos. En 2012, la ciudad anfitriona Indianápolis aprobó leyes más duras, entrenó a 3400 personas para reconocer los signos de trata y repartió entre los hoteles de la zona 40.000 pastillas de jabón con el número de la línea telefónica directa al servicio antitrata. De las 68 detenciones de trabajadoras sexuales locales, sólo 2 fueron calificadas por la ley de Indianápolis como víctimas de trata.

 
Entonces, ¿por qué siguen teniendo atractivo estas falsas afirmaciones? Un estudio dirigido por la Alianza Global contra la trata de mujeres lanzó una sólida teoría. Argumenta que eso es útil para las organizaciones antitrata porque ofrece una buena estrategia para conseguir subvenciones, capta la atención de los medios, es visto como que se emprende una acción contra la trata y es una buena cobertura para la lucha antiprostitución. No hay muchas ganas hoy de emprender una campaña antiprostitución, así que disfrázala de de campaña antitrata y la cruzada está otra vez en pleno apogeo financiada y apoyada con dólares de nuestros impuestos.

 
Ha habido solo 35 condenas por trata en Canadá, según el último informe de la Seguridad Pública de Canadá, desde que en 2005 entraron en vigor las nuevas leyes, a pesar de que el antiguo primer ministro Stephen Harper prometió 25 millones de dólares a lo largo de 4 años para establecer un plan de acción nacional. La verdad es que la mayor parte de las “operaciones de rescate” son “redadas” en aplicación de la ley, que atrapan a trabajadoras de sexo entre adultos consensuado y a menudo terminan con el encarcelamiento de las supuestas víctimas. La operación Northern Spotlight, que movilizó a 180 policías y otro personal en Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Quebec, Nova Scotia, Newfoundland, Labrador y New Brunswick, rescató a 20 víctimas menores de edad, pero violó los derechos constitucionales de 310 trabajadoras sexuales legales.

 

No desprecio el enorme éxito de haber rescatado aunque solo hubiera sido una víctima, pero sugiero que la victoria habría sido mucho mayor si no hubiera sido al precio de violar los derechos de muchas otras personas durante su desarrollo. La despenalización conseguirá ese objetivo.

 
Mientras que algunos de los involucrados en el movimiento antitrata dicen que se necesita más financiación, John Ferguson, un superintendente retirado de la RCMP, dice que la falta de condenas por trata sexual internacional en Canadá puede indicar que no está tan extendida. “Al cabo de tantos años, tras una década de aplicación de la ley en la que has conseguido tan pocas acusaciones”, dice, “uno solo puede conjeturar que los esfuerzos de aplicación de la ley por parte del gobierno han ido en la dirección equivocada”. La disparidad entre dispendios y resultados hace que las trabajadoras sexuales crean que se han convertido en el objetivo de una cruzada del tipo de la “guerra contra las drogas” bajo la apariencia de prevención de la trata.

 
Están también las campañas intensivas de concienciación fuertemente financiadas por el gobierno. Además de panfletos, líneas telefónicas directas y pegatinas de concienciación para pegarse en negocios “relevantes”, la policía está entrenando a empleados de determinadas industrias para que reconozcan los signos de la trata, entrenamientos del tipo del puesto en marcha en Halifax denominado “Di algo si ves algo”. Los empleados de hotel, por ejemplo, tienen que fijarse en cosas tales como: papeleras con muchos condones usados, uso frecuente de los cartelitos de “No molestar”, excesivas entradas y salidas de la habitación, “excesiva parafernalia sexual”, un invitado que “aparta los ojos o desvía la mirada”, demasiados productos de higiene personal, especialmente “lubricación, sprays”, demasiadas pocas posesiones personales o “personas vagabundeando o dirigiéndose a los clientes masculinos”. A pesar de haber estado directamente relacionada con trabajadoras sexuales durante años, incluso a mí me costaría determinar a partir de esas señales si estoy viendo a una trabajadora sexual legal o a una víctima de trata.

 
En la medida en que alguna parte de la venta de sexo comercial sea penalizada, será extremadamente difícil abordar de modo efectivo la trata de personas en el seno de la industria e imposible sin violar los derechos constitucionales de las trabajadoras sexuales. La razón por la que la despenalización resulta fundamental es por la poca diferencia que se aprecia a primera vista entre las víctimas y las trabajadoras legales.

 

Cuando la industria se vuelve clandestina y las trabajadoras temen la ley, los tratantes de personas tienen la condiciones perfectas para operar y crecer. Las trabajadoras sexuales que abandonan por miedo a una detención dejan un hueco para que se introduzcan las víctimas de trata.

 

Las trabajadoras sexuales usarán dinero en efectivo, no se identificarán, “no mirarán a los ojos o desviarán la mirada” y pueden parecer nerviosas a pesar de no estar forzadas a trabajar. Los clientes bajo amenaza de detención no denunciarán los signos de una víctima potencial. La mejor fuente de información para la policía es cortada, las víctimas y las trabajadoras son indistinguibles y se da a los tratantes el secreto que necesitan para sus operaciones. Trayendo la industria a la luz mitiga todos estos factores, haciendo mucho más fácil identificar y ayudar a quienes están en ella contra su voluntad.

 
En una declaración explicando su respaldo a la despenalización de la industria del sexo, Amnistía Internacional tiene esto que decir:

”…no hay pruebas que sugieran que la despenalización origine un aumento de la trata. Creemos que la despenalización ayudaría a combatir la trata. Cuando el trabajo sexual es despenalizado, las trabajdoras sexuales tienen más fácil trabajar juntas y exigir sus derechos, lo que conduce a mejores condiciones y estándares de trabajo y a una mayor supervisión del sexo comercial y de la eventual trata dentro del mismo”.

 
Mi último punto de vista es que a pesar de los enormes presupuestos destinados a la lucha contra la trata, muy poco se dedica a estrategias de salida. Las supervivientes han dicho que lo que se necesita con urgencia son más refugios y viviendas, adiestramiento y consejo laborales que les ayuden a adaptarse a una nueva vida. Imaginad la devastación que experimenta una víctima si al final consigue la libertad solo para verse sin plaza en un albergue, obligada a volver a lo mismo antes que verse en la calle. Entonces es cuando hemos fracasado de verdad. Si no podemos proporcionar alimento, alojamiento y asistencia para que se mantengan por sí mismas, ¿por qué nos sorprendemos de las dificultades que tienen para cambiar de vida? Abandonarlas en este punto es otra traición.

 
¡Debemos detener la cruzada antiprostitución! Las leyes están trabajando en favor de los criminales, no de quienes necesitan nuestra ayuda y protección. No las fallemos, igual que hicimos con los que se convirtieron en daño colateral en la guerra contra las drogas. ¡No funcionó entonces y no hay razón para creer que funcionará ahora!

La figura del cliente como un agente más en la realidad del trabajo sexual

 
Área de Prostitución de APDHA
09/02/2016

 

http://www.eldiario.es/andalucia/APDHA/cliente-agente-realidad-trabajo-sexual_6_482661743.html

 
Cuando se habla de prostitución, rara vez se aborda el rol que ejerce el cliente. Los clientes son una pieza clave dentro de este mundo y desde la APDHA trabajamos para sensibilizarlos, fomentando una contratación de servicios sexuales respetuosos con los derechos de las personas que los ejercen, y para reivindicar el papel activo que pueden tener en la prevención y lucha contra la trata de seres humanos en el trabajo sexual.

Hemos mantenido una charla con Paco Majuelos, antropólogo y doctor por la Universidad de Almería, además de miembro del área de Prostitución de la APDHA, quien ha estado trabajando en estos últimos tiempos en una tesis doctoral que aborda la figura del cliente del trabajo sexual.

¿Cuáles son los objetivos de dicha tesis?

De manera muy resumida te diré que traté de exponer un panorama del trabajo sexual en el segmento estándar en la provincia de Almería, analizándolo como un sector económico más, y donde se le diera voz a los distintos agentes que participan de esa actividad, en particular a las mujeres que trabajan en él.

Sobre la figura del cliente, nos gustaría que profundizara con nosotras en algunas cuestiones. Existen muy pocos estudios que aborden la figura del cliente como un agente más en la realidad del trabajo sexual y, cuando los hay o se hace referencia a aquél, se cae en el estereotipo de varón agresivo y que no es capaz de controlar su sexualidad, para lo que recurre a los servicios de la trabajadora sexual. ¿Se corresponde este estereotipo con la realidad?

En realidad no hay muchos estudios de carácter científico o académico sobre los clientes en el trabajo sexual. Lo que sí existe son frecuentes juicios o valoraciones desde determinadas perspectivas ideológicas y/o morales que culpabilizan o criminalizan al cliente como sujeto genérico.

¿Se podría hablar de un cliente tipo o de un tipo de cliente determinado?

Lo que indican los estudios al respecto es que no existe un perfil psicosocial específico de los hombres que compran servicios sexuales. En mis investigaciones en el sector del sexo he podido corroborar esa idea: no hay diferencia entre los hombres que con mayor o menor frecuencia acuden a establecimientos donde se ofrece sexo de pago y los hombres que no lo hicieron nunca.

Se dice que las agresiones son el temor constante de las trabajadoras de la calle ¿es real esa sexualidad masculina agresiva? ¿Está sobrerrepresentada en los clientes de la prostitución?

Bueno, la pregunta incluye dos cosas diferentes. Por un lado, es cierto que las mujeres que trabajan en la calle suelen estar más desprotegidas que las que trabajan en hoteles o en otros establecimientos cerrados, si bien en ningún caso se puede garantizar que no se produzcan conflictos que puedan derivar en actos violentos. Algunas trabajadoras que han participado en mi investigación reconocen la existencia de estos conflictos por desacuerdos en el precio, por el incumplimiento de alguno de los pactos referentes al servicio o al pago de ellos, y eso puede ocurrir en cualquier espacio y modalidad de trabajo. No obstante, las mujeres que trabajan en la calle elaboran determinadas estrategias de seguridad para atenuar el riesgo. Otra cuestión tiene que ver con lo que has llamado sexualidad masculina agresiva. Realmente no entiendo muy bien el fundamento de esa aseveración procedente de determinadas corrientes ideológicas feministas, que afirman que la sexualidad de los hombres es de naturaleza más agresiva que la de las mujeres, producto de una cierta normativización acerca de lo que debe ser una sexualidad correcta y la que no. Yo no le doy mayor transcendencia a esa diferenciación. Y desde luego no tengo testimonios que la avalen.

Hay una serie de campañas de criminalización y estigmatización del cliente. ¿A qué cree que se deben?

Llevo aproximadamente 15 años en contacto con el sector del sexo, como mediador y como investigador, y he ido percibiendo un cierto cambio en los sujetos sobre los que recae la culpabilización o penalización, sea legal o social. De hecho hasta no hace muchos años la opinión mayoritaria responsabilizaba, cuando no incriminaba, a las trabajadoras –y a todo su entorno social– de su propio destino. Incluso la figura del chulo decayó para centrarse en las mafias que traficaban con ellas. Téngase en cuenta que desde finales del siglo XX la mayoría de esas mujeres provenían de la inmigración. En la actualidad parece poco correcto políticamente hacer recaer la condena social sobre las mujeres, así que la sanción social y penal se centra en las mafias que trabajan y tratan con las trabajadoras. Finalmente el cliente se encuentra entre esos objetivos penalizadores. Intentando concretar la respuesta, parece claro que, conviviendo con posiciones bienintencionadas, existe un proyecto de carácter político que trata de eliminar el trabajo sexual en base a argumentos ideológicos con determinada orientación moral. Proyecto político en el que se mezclan diferentes corrientes ideológicas del feminismo y del abolicionismo, algunas de ellas bien instaladas en diferentes instituciones y administraciones de diferente nivel.

¿Cree que benefician o perjudican a las trabajadoras en la consecución de sus derechos?

Enlazando con lo anteriormente expresado, todo ese conjunto de ideas no podría abrirse paso si no incidiera en dos ideas fuerza –por simplificar la exposición–. Por un lado la consideración de que todas las trabajadoras sexuales son víctimas de trata y que, por tanto, existe una identificación inexorable y sustancial entre lo que se suele llamar prostitución y la trata de seres humanos –a pesar del categórico desmentido que los datos empíricos hacen de ella–. La segunda idea fuerza tiene que ver con el carácter victimario de toda mujer que tenga esa dedicación. De esta forma, toda trabajadora es una víctima –de la trata, del traficante, del empresario, del cliente, etc.– y sus opiniones y decisiones no cuentan. Lo cual lleva a la desconsideración de esas mujeres como sujetos sociales activos, sin capacidad de agencia y, consecuentemente, sin competencia para la negociación. A partir de aquí la reivindicación de derechos laborales, sociales, o su participación en las decisiones sobre cualquier otro asunto relacionado con su trabajo se convierte en una misión casi imposible.

En algunas ocasiones se llega a asimilar a cliente con tratante ¿no sería mejor tener al cliente como aliado en la lucha contra la trata?

Ante todo, quiero dejar claro que lo que dicen los datos empíricos y los escasos estudios globales que pretenden cuantificar el fenómeno de la trata de seres humanos –generalmente provenientes de agencias de la ONU– es que los casos de trata vinculados al ejercicio del trabajo sexual son una parte minoritaria en relación al trabajo sexual en general. Y también que, en el conjunto de casos de trata, los relacionados con el trabajo sexual no son los más numerosos. Por lo que conozco, y lo que se desprende de otras investigaciones referentes al Estado español, la gran mayoría de las mujeres que decidieron en un momento de sus vidas dedicarse al trabajo sexual lo hicieron conscientemente y con un conocimiento aproximado de en qué consistiría su trabajo. Incluso algunas mujeres que utilizaron redes de tráfico –que podrían ser tipificadas como vinculadas a la trata de seres humanos– para introducirse en el sector lo hicieron con total conocimiento de lo que implicaría su decisión y aceptaron las condiciones de la red. En referencia al cliente, lo que transmiten diferentes agentes implicados en el sector del sexo de pago, y en particular las trabajadoras, tiene poco que ver con esa visión que se pretende transmitir. Lo que las mujeres expresan son insatisfacciones respecto a la higiene, al estado de embriaguez o al cumplimiento de las condiciones del servicio pactadas o intentos de evitar el pago del servicio, etc., pudiendo, en ocasiones, derivar en actos violentos por parte de los clientes. Piense que en no pocas ocasiones trabajadoras y clientes inician relaciones afectivas, establecen relaciones familiares estables –incluido el matrimonio– en numerosas ocasiones y comparten hijos, como cualquier pareja que se haya conocido en otros ámbitos laborales. Además, podríamos decir que los clientes son las personas que por su particular posición en el sector –próximos en el trabajo, sin intereses empresariales y ajenos a la familia de origen– pueden detectar casos de trata, de maltrato o de sobreexplotación de las trabajadoras, sin levantar sospechas de forma directa y sin verse involucrados en hipotéticos conflictos posteriores.

¿Cómo debería hacerse esto?

Desde luego la criminalización es un mal camino, más aún si el conjunto de agentes involucrados –especialmente las trabajadoras– perciben a las fuerzas policiales más como amenaza que como aliados. Los diferentes sectores sociales e institucionales concernidos deberían empezar a separar claramente los casos de explotación forzada –al igual que se hace con el resto de los trabajos– del ejercicio voluntario de la actividad. Ello exigiría un cambio en la orientación de las campañas; y, por supuesto, sensibilizar al cliente acerca de su potencial colaborativo para erradicar los casos que pudiera detectar. Pero, sinceramente, soy bastante escéptico de que tales cambios se produzcan, al menos en el corto plazo, ya que no se trata de errores perceptivos o de inadecuaciones de estrategias sino de convicciones ideológicas fuertemente infiltradas en el entramado social y de las administraciones, tanto estatal como de las comunidades autónomas y de las entidades locales.

Dictamen del Defensor de los derechos de la República Francesa: no a la penalización de los clientes de la prostitución

Dibujo

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_avis_20151216_15-28.pdf

 
París, a 18 de diciembre de 2015

Dictamen del Defensor de los derechos nº 15-28

El Defensor de los derechos,

Visto el artículo 71-1 de la Constitución de 4 de octubre de 1958;
Vista la ley orgáinica nº 2011-333 del 29 de marzo de 2011 relativa al Defensor de los derechos;

El Defensor de los derechos emite el dictamen adjunto concerniente a la propuesta de ley nº 3149 que intenta reforzar la lucha contra el sistema prostitucional y asistir a las personas prostitutas.

El Defensor de los derechos

Jacques TOUBON

.

A título preliminar, el Defensor de los derechos reconoce la necesidad de luchar contra todas las formas de explotación y proteger a las personas víctimas. Esta es la razón por la que suscribe plenamente la voluntad del legislador de reforzar los medios de lucha contra el proxenetismo y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual (capítulo I).

En contrapartida, el Defensor de los derechos lamenta que las personas prostitutas sean uniformemente percibidas como víctimas en la propuesta de ley. La prostitución es un fenómeno heterogéneo y complejo, como testimonia en particular el informe de la Inspección general de asuntos sociales publicada en 2012 (1). Al considerar de manera arbitraria que las personas prostitutas son mayoritariamente “víctimas”, “débiles” y “explotadas”, el legislador hace oídos sordos a los diferentes informes que demuestran la ausencia de cifras fiables y a las observaciones hechas por las asociaciones. En efecto, los/as prostitutos/as no son todas y todos víctimas de trata, y la prostitución refleja realidades múltiples. La propuesta de ley no está hecha a imagen de esta realidad polimorfa y tiende a hacer una amalgama entre prostitución y trata.

 

1. Sobre el capítulo II relativo a la protección de las víctimas de la prostitución y a la creación de un circuíto de salida de la prostitución y de inserción social y profesional.

 

Al tiempo que reconoce la necesidad de proteger y de asistir a las personas prostitutas que lo deseen, el Defensor de los derechos deplora la noción de “circuíto de salida”. Esta noción parece particularmente inadecuada, ya que obliga a la inscripción de las personas prostitutas en un procedimiento predefinido sin permitir, una vez más, tener en cuenta la diversidad de su situación. La obligación para las “víctimas de prostitución” de dejar la prostitución si quieren poder beneficiarse de esta asistencia o protección es problemática. Además, el Defensor de los derechos expresa serias reservas sobre la condición de inscribirse en un “circuíto de salida”, contraria al principio de igualdad de acceso a los derechos, y preconiza un acceso incondicional a los dispositivos de asistencia social, sanitaria y profesional.

El Defensor de los derechos toma nota con satisfacción de la supresión, por el artículo 13, del delito de captación previsto por el artículo 225-10-1 del código penal, que sanciona a las personas prostitutas. La utilidad de la detención preventiva de las personas prostitutas detenidas por captación, con la finalidad de reunir información en el marco de la lucha contra el proxenetismo, está lejos de ser siempre constatada, como revela la exposición de motivos. Además, el delito de captación ha degradado sobremanera las condiciones de salud y de ejercicio de las personas que se prostituyen, y la mención de este delito en los archivos judiciales de las personas afectadas dificulta profundamente su reinserción social y profesional.

 

2. Sobre el capítulo IV relativo a la prohibición de compra de actos sexuales mediante el establecimiento de una multa que sancione el recurso a la prostitución

 

El Defensor señala que la prohibición de la compra de un acto sexual basada en el modelo sueco no es la medida más eficaz para “reducir la prostitución y para disuadir a las redes de trata y de proxenetismo de implantarse en nuestro territorio” y aún menos “la solución que mejor protege a las personas que permanezcan en la prostitución”, como se enuncia en la propuesta de ley.

Aparte del hecho de que en Francia, como en Suecia, no disponemos de cifras fiables y es por tanto difícil cuantificar los efectos de la ley sobre el sistema prostitucional, el modelo sueco citado en referencia es hoy objeto de gran controversia (2). Así, el efecto de una disposición tal sobre el fenómeno prostitucional en Francia se anuncia limitado o incluso nulo.

 
En contrapartida, los efectos sobre la salud, la seguridad de las personas y su acceso a los derechos fundamentales están bien definidos por las instituciones internacionales (OMS, ONUSIDA, PNUD) y francesas (CNS, IGAS, INVS). A la vista de los efectos generados por la penalización de la captación en Francia, la penalización de los clientes acentuará la precariedad de las personas prostitutas al forzarlas a una mayor clandestinidad. En efecto, una medida tal desplazará el ejercicio de la prostitución de calle a zonas cada vez más apartadas y/o aisladas, empeorando unas condiciones de ejercicio ya difíciles.

 
Por dicha razón, esta mayor clandestinidad hará más difícil la actuación de los servicios de policía en la lucha contra la trata y el proxenetismo. ¿Cómo luchar contra las redes desde el momento en que las víctimas no sean ya visibles y accesibles?

 
Esta disposición tendrá igualmente como consecuencia una mayor exposición de los/as prostitutos/as a la violencia de ciertos clientes y a los contagios de VIH y/o hepatitis víricas. La OMS, ONUSIDA y el CNS se muestran unánimes: la penalización de la prostitución perjudica la salud de las personas que la practican. Estén o no forzadas a ejercer la prostitución, las personas que proponen servicios sexuales tarifados verán mermada su capacidad de negociación, obligándolas a aceptar ciertas prácticas o relaciones sin protección.

 
Por otra parte, su acceso a la prevención y a la asistencia será aún más problemática al alejarlas de las redes de apoyo de las estructuras asociativas y médicas existentes y haciendo más complicada la actuación de los agentes de prevención. ¿Cómo aplicar una verdadera política de reducción de riesgos, que está sin embargo inscrita en la ley, desde el momento en que las personas se prostituirán en lugares mal conocidos por las asociaciones o inaccesibles para ellas?

 
En conclusión, al mantener la amalgama entre trabajo sexual y delincuencia, la penalización de la prostitución aumenta la vulnerabilidad jurídica de los/as prostitutos/as, a veces víctimas de acoso policial, de detenciones abusivas y de humillaciones. En consecuencia, las asociaciones prevén una mayor desconfianza hacia las fuerzas del orden y un menor recurso a ellas en caso de sufrir violencia. En lugar de ser una fuente de protección, la sanción a los clientes por recurrir a la prostitución obstaculiza el acceso a sus derechos de las personas prostituídas.

En consecuencia, el Defensor de los derechos constata con satisfacción la supresión del artículo 18 y no desea su reintegración.

 

3. Sobre las disposiciones finales previstas en el artículo 18

 

El Defensor de los derechos saluda la obligación que se plantea al Gobierno de presentar un informe sobre la aplicación de la presente ley en un plazo de dos años a contar desde su promulgación, pero desea que este informe permita igualmente elaborar datos públicos fiables y compartidos sobre el sistema prostitucional.

A día de hoy, los diferentes actores están de acuerdo en deplorar la ausencia casi total de datos públicos sobre las condiciones de ejercicio, así como sobre la situación sanitaria y social, de las personas prostitutas. Los únicos datos disponibles emanan de las autoridades al cargo de la seguridad pública y de las asociaciones que trabajan sobre el terreno y se refieren esencialmente a la prostitución de calle.

 


 

1.- AUBIN Claire, JOURDAIN-MENNINGER Danielle, EMMANUELLI Julien, Prostitución: cuestiones sanitarias, IGAS, diciembre de 2012 ___

2.- Ver en particular DODILLET Susanne et ÖSTERGREN Petra, La ley sueca contra la compra de actos sexuales: éxito proclamado y efectos documentados. Documento de conferencia presentado en el Taller internacional: Despenalización de la prostitución y más allá: las experiencias prácticas y los desafíos. La Haya, 3 y 4 de marzo de 2011.