Guía anotada del protocolo completo de la ONU contra la trata de personas

 

 

Descargar PDF aquí:

http://www.oas.org/atip/reports/annot_prot_spanish.pdf

http://observatorio.sdhjgd.gob.hn/biblioteca-virtual/documentos/derechos-humanos/156-gu%C3%ADa-anotada-del-protocolo-completo-de-la-onu-contra-la-trata-de-personas/file

http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/Publicaciones/2006/3556

 

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Reducir la trata de personas a través de la despenalización del trabajo sexual

 

AMA Journal of Ethics. January 2017, Volume 19, Number 1: 122-126.

 

Erin Albright, JD y Kate D’Adamo, MA

 

http: //journalofethics.ama-assn.org/2017/01/sect2-1701.html

 

Resumen

Para reducir la trata de personas, los trabajadores de la salud deberían apoyar la despenalización total de la prostitución. Al igual que la trata en otros tipos de trabajo, la prevención de la trata en el comercio sexual requiere abordar las diferentes formas de marginación que crean comunidades vulnerables. Al eliminar las leyes punitivas que impiden denunciar la explotación y el abuso, la despenalización permite a las trabajadoras sexuales trabajar de forma más segura, reduciendo así la marginación y la vulnerabilidad. La despenalización también puede ayudar a desestigmatizar el trabajo sexual y ayudar a resistir la marginación política, social y cultural de las trabajadoras sexuales.

 

 

Introducción

 

En agosto de 2016, Amnistía Internacional, manteniendo y reafirmando su enérgica condena de la trata de personas, publicó una orientación política modelo que llama a los países a despenalizar el comercio sexual para proteger mejor la salud y los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual [1]. Como explica Amnistía en la orientación política, la despenalización es el cambio de “delitos comunes que penalizan la mayoría o todos los aspectos del trabajo sexual”, incluidas las leyes que se dirigen a terceros no coercitivos que compran o facilitan el trabajo sexual, a “leyes y políticas que brindan protección a las trabajadoras sexuales de los actos de explotación y abuso “[2]. La política ha sido respaldada por la Organización Mundial de la Salud, ONUSIDA, la Alianza Global contra el Tráfico de Mujeres (GAATW), Human Rights Watch, Lambda Legal, la Unión Americana de Libertades Civiles, Freedom Network USA y muchas otras organizaciones que se enfocan en poblaciones vulnerables, incluidas las víctimas de la trata de personas [3, 4]. Lo que es más importante, es una política abrumadoramente respaldada por las personas que comercian con sexo: la comunidad afectada por estas leyes y políticas [5].

 

En contraste, las organizaciones que ven la despenalización como algo que da permiso e impunidad a los posibles explotadores han criticado esta orientación política, a pesar de la insistencia expresada en ésta en que se mantengan o establezcan leyes contra la trata y las agresiones físicas y sexuales [1]. Sin embargo, estas críticas no logran entablar una conversación matizada sobre el trabajo sexual en lo que respecta a la explotación, la pobreza, la discriminación, los derechos de las trabajadoras y la trata de personas [6]. Más importante aún, la investigación muestra lo contrario: la penalización crea condiciones de impunidad y aumenta las vulnerabilidades de las trabajadoras sexuales a la violencia y la explotación, incluida la trata.

 

Razones para oponerse a la penalización del trabajo sexual

 

El trabajo sexual y la trata sexual no son sinónimos. La participación en el comercio sexual se produce en un espectro constantemente cambiante de elección, circunstancia y coacción. Las víctimas de trata se encuentran en el otro extremo de este espectro, implicadas en el trabajo sexual por la fuerza o la coacción. Si bien es difícil cuantificar el número de personas víctimas de trata en el comercio sexual, sí sabemos, como veremos más adelante, que la penalización del trabajo sexual aumenta la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales a la violencia, la explotación y la trata [7]. De esta forma, aquí, discutimos cuatro razones por las cuales los profesionales de la salud deberían oponerse a la penalización del trabajo sexual.

 

Aumento de la violencia. En primer lugar, la penalización aumenta las oportunidades de violencia que, de facto, no se pueden denunciar [7]; es decir, debido a que el trabajo que realizan se considera una actividad delictiva, las personas que ejercen el trabajo sexual son blancos fáciles de abuso y explotación, incluido la trata. El temor a la detención y otras consecuencias significa que aquellas personas que participan en el trabajo sexual tienen menos probabilidades de denunciar casos de violencia o explotación, lo que resulta en un “clima de impunidad que fomenta que la policía, el sector de la salud y grupos no estatales abusen de los derechos de las trabajadoras sexuales”[8]. Esto es cierto incluso para los llamados marcos de “penalización parcial”, como los que penalizan sólo a los compradores de sexo. Si bien dicha estrategia parece basarse, a primera vista, en el bienestar de las personas que ejercen el trabajo sexual, su puesta en práctica a menudo significa la vigilancia de las áreas donde las trabajadoras sexuales realizan su trabajo. Esto obliga a trabajar en condiciones y lugares más aislados, lo que aumenta la vulnerabilidad física. Interrumpe las estrategias y negociaciones de seguridad críticas, incluidas las técnicas de reducción de daños, como el uso de preservativos, y las redes de pares [7]. Según un estudio publicado en The Lancet, la penalización parcial “crea daños similares a los de la penalización total al impedir la capacidad de las trabajadoras sexuales de proteger su salud y su seguridad, y creando una relación antagónica con la policía que da lugar a un clima de impunidad” [8].

 

Erosión de confianza. En segundo lugar, la penalización socava la confianza en los sistemas de apoyo, incluida la atención de la salud. El temor a ser juzagas moralmente, la discriminación, la menor calidad del servicio y las consecuencias legales impiden que muchas divulguen que están involucradas en el trabajo sexual, independientemente de si se han implicado a través de la elección, las circunstancias o la coacción [9]. Un estudio de 783 trabajadoras sexuales informó que el 70 por ciento nunca había revelado la naturaleza de su trabajo a un profesional de la salud [10]. En una evaluación de necesidades de trabajadoras sexuales que buscan clientes en espacios públicos, a menudo referidas como trabajadoras sexuales callejeras, una mujer explicó: “Fui violada y tenía miedo de ser enjuiciada por el hospital y que llamaran a la policía”. [9]. Interrumpir la relación entre un profesional de la salud y una trabajadora sexual puede significar que no se tengan en cuenta las señales de alarma importantes de la explotación, la violencia y la trata.

 

Aumento de la vulnerabilidad. En tercer lugar, la implicación en el sistema de justicia penal crea consecuencias duraderas, en términos de la evolución de la salud de una persona y la vulnerabilidad a la trata y otras formas de explotación. La incapacidad de ocultar una detención y condena por prostitución hace que la obtención de empleo formal, vivienda, prestaciones sociales y apoyo comunitario sea significativamente más difícil. Las multas y los costos asociados con una detención agravan la pobreza, lo que aumenta significativamente la vulnerabilidad de una persona a la trata y otras formas de explotación.

 

Estigma. Finalmente, la penalización refuerza el estigma, que perpetúa la marginación de las trabajadoras sexuales. Las investigaciones respaldan el hecho de que las trabajadoras sexuales son algunas de las personas más marginadas del mundo, sometidas a violaciones generalizadas de los derechos humanos que incluyen homicidio, violencia física y sexual, encarcelamiento, acoso por parte de las fuerzas del orden y discriminación en el acceso a la atención médica y otras fuentes de apoyo [1] Social, cultural, política y económicamente, las trabajadoras sexuales son estigmatizadas, ignoradas y silenciadas activamente incluso en espacios activistas que debaten sobre las mismas políticas que influyen en sus vidas [11]. Con demasiada frecuencia, se habla de las personas que ejercen el trabajo sexual en lugar de darles una plataforma para hablar por sí mismas, y el resultado es la falta de reconocimiento y cumplimiento de sus derechos humanos básicos.

 

Conclusión

 

La despenalización puede motivar un mayor reconocimiento de los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual y es por tanto un mecanismo de importancia crítica para disminuir la trata. Cuando mejoramos la salud y los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual, también lo hacemos para aquellas que son víctimas de trata sexual. De hecho, los “Principios y directrices recomendados sobre derechos humanos y trata” de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señala que “las violaciones de los derechos humanos son a la vez causa y consecuencia de la trata de personas” y, por lo tanto, es “esencial colocar la protección de todos los derechos humanos en el centro de todas las medidas adoptadas para prevenir y poner fin a la trata “[12]. Al despenalizar el trabajo sexual, las trabajadoras sexuales que sufren violencia pueden buscar ayuda de las fuerzas de orden público, los trabajadores de la salud o incluso amigos, con menos temor a las consecuencias para ellas mismas o para otros. Pueden unirse a redes de pares y emplear técnicas de reducción de daños que les ayuden a mantenerse más seguras, de modo que ya no tengan que arrostrar las consecuencias de una ficha penal simplemente por tratar de sobrevivir.

 

 

Referencias

  1. Amnesty International. Sex workers at risk: a research summary on human rights abuses against sex workers. http://www.amnestyusa.org/sites/default/files/briefing_-_sex_workers_rights_-_embargoed_-_final.pdf. Published May 2016. Accessed September 5, 2016.
  2. Amnesty International, 20.
  3. Women’s rights organization applauds new Amnesty International Policy to protect sex workers’ rights [news release]. Washington, DC: Center for Health and Gender Equity; May 26, 2016. Accessed October 19, 2016.
  4. Koster K. Does Amnesty International’s sex work resolution support “gender Apartheid”? Huffington Post. November 3, 2015. http://www.huffingtonpost.com/katherine-koster/amnesty-sex-work-resolution_b_8447106.html. Accessed October 19, 2016.
  5. Due to the myriad systems that marginalize women, including gender discrimination in the formal workplace and a higher scrutiny for policing under prostitution and loitering laws, women, both cis and transgender, are disproportionately engaged in the sex trade and may experience higher rates of exploitation. See, for example, Bobashev GV, Zule WA, Osilla KC, Kline TL, Wechsberg WM. Transactional sex among men and women in the South at high risk for HIV and other STIs. J Urban Health. 2009;86(suppl 1):32-47.
  6. Critics may also incorrectly use the terms decriminalization and legalization interchangeably, despite important differences in meaning. Legalization involves imposing state control over sex work through regulation, often in ways that perpetuate marginalization of vulnerable people.
  7. World Health Organization. Implementing Comprehensive HIV/STI Programmes with Sex Workers: Practical Approaches from Collaborative Interventions. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2013:24.
    http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/90000/1/9789241506182_
    eng.pdf?ua=1. Accessed September 12, 2016.
  8. Decker R, Crago AL, Chu SK, et al. Human rights violations against sex workers: burden and effect on HIV. Lancet. 2015;385(9963):192.
  9. Neal N, Schrader T, Hyndman, et al. Street based sex workers needs assessment: Toronto, Barrie and Oshwa. Street Health. February 2014:15. http://www.streethealth.ca/downloads/sex-workers-needs-assessment.pdf. Accessed August 25, 2016.
  10. Cohan D, Lutnick A, Davidson P, et al. Sex worker health: San Francisco style. Sex Transm Infect. 2006;82(5):418-422.
  11. Sukthankar A. Sex work, HIV and the law. Paper presented at: 3rd Annual Meeting of the Technical Advisory Group of the Global Commission on HIV and the Law; July 7-9, 2011; Geneva, Switzerland. http://hivlawcommission.org/index.php/report-working-papers?task=document.viewdoc&id=99. Accessed November 11, 2016.
  12. United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights. Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking. http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Traffickingen.pdf. Published 2002:3. Accessed November 18, 2016

 

Erin Albright, JD, es la directora regional de programas en Give Way to Freedom, en Boston. Sus ocho años de experiencia en el campo contra la trata incluyen trabajos para la Unidad de Trata de Personas del Departamento de Policía de Boston, gestión de una red de proveedores de servicios en Nueva Inglaterra, participación y liderazgo para Freedom Network USA y asesoramiento y liderazgo para grupos de trabajo en Nueva Inglaterra y en todo el país. Se especializa en el desarrollo de la capacidad de organización y la colaboración de servicios a través de la capacitación y la consulta con proveedores de servicios, fuerzas del orden público, grupos de trabajo y legisladores.

Kate D’Adamo, MA, es una defensora de políticas nacionales en el Proyecto de Trabajadoras Sexuales en la ciudad de Nueva York, donde trabaja en políticas y apoyo social a nivel estatal, federal e interregional sobre cuestiones que afectan a quienes participan en el comercio sexual, incluida la trata de personas y el VIH. Antes de unirse al Proyecto de Trabajadoras Sexuales, Kate fue una organizadora principal del Proyecto de Extensión de Trabajadoras Sexuales en Nueva York y Sex Workers Action New York, dos organizaciones dirigidas por mandantes que apoyan a quienes comercian con sexo en el área de la ciudad de Nueva York. También ha trabajado en temas como la trata de personas, los derechos laborales, la solidaridad internacional y la migración en la Comisión Internacional de Derechos Laborales, Global Workers Justice Alliance, Open Society Foundation y Freedom Network USA.

Reconocimientos

Los autores desean agradecer a Meg Muñoz, fundadora y directora ejecutiva de Abeni, por su aporte, sabiduría y liderazgo general sobre este tema.

Derechos para las trabajadoras sexuales en Bélgica – UTSOPI

 

Por Maxime Maes

 

Unión de Trabajadoras Sexuales Organizadas para la Independencia (UTSOPI)

 

Lunes, 6 de noviembre de 2017

 

 

Nosotras, trabajadoras sexuales, somos regularmente invitadas a hablar sobre nuestra situación y nuestros reivindicaciones, así que realmente querría encontrar las palabras adecuadas. Las palabras que busco son aquéllas que realmente te pueden explicar cuál es nuestra situación. Por supuesto, podría contarte sobre cifras, porcentajes y muchas otras cosas aburridas, pero trataré de que sea interesante.

UTSOPI se creó hace dos años, tras la observación de que no existía una asociación entre profesionales del sexo en Bélgica. Los proveedores de servicios de salud y sociales hacen un trabajo importante, pero, mientras conversábamos con otros dos o tres colegas, se nos ocurrió que necesitábamos un espacio específico, dedicado exclusivamente a nosotras. Pensamos que lo que más les faltaba a las trabajadoras sexuales era un espacio para intercambiar sobre nuestros problemas, con las personas interesadas, aquellos que las entienden de otra manera. Entonces, al principio, la idea era poder hablar pacíficamente, entre nosotras, sobre nuestras vidas, nuestras alegrías, nuestros problemas, nuestras tristezas, nuestras rabias.

Luego hubo algunos eventos políticos que nos hicieron ser más públicas: la comuna de Sint-Joost, en Bruselas, emitió una nueva regulación policial sobre prostitución, que, para decirlo con franqueza, tenía el único propósito de expulsar a las prostitutas de Sint-Joost. El 15 de diciembre de 2015, UTSOPI tomó su primera postura política y se opuso firmemente a esta regulación. Y también enviamos este mensaje a Bélgica y a todos los legisladores: no volveréis a hablar de nosotras sin nosotras.

Tienes que imaginar, aunque solo sea por un segundo, cómo se siente oír a las personas (los medios, tus amigos, tu familia) hablar constantemente sobre ti y tus colegas, mientras nadie te pide tu opinión. “Zorras”, “putas sucias”, “alienadas” … hay muchas palabras bastante poéticas para calificarnos, sin siquiera preguntarse qué piensan las personas más directamente interesadas sobre ellas. Es exactamente lo que UTSOPI intenta detener. No permitiremos más que las cosas se decidan sin ponernos sobre la mesa, no permitiremos más que se nos considere niñas, incapaces de decidir por nosotras mismas.

En mi caso, hará pronto siete años que soy trabajadora sexual. Me encantaría decirte que todo ha sido siempre perfecto, maravilloso y lleno de brillo, pero sería una mentira. Como en cada trabajo, hay algunas cosas muy agradables, y muchas otras muy malas. Pero, de hecho, creo que la parte más difícil de mi trabajo es que tengo que luchar para que me escuchen y para no ser juzgada día tras día.

Sin UTSOPI, me sería imposible hablar sobre los problemas que surgen durante mi trabajo. Mis amigos no pueden entender, mi familia estaría preocupada y mi novio aún más. Ya sabes, durante varios años, estuve sola en mi trabajo. Hice mis clientes, y eso fue todo. Pero cuando era demasiado difícil, cuando tenía preguntas, tenía que apretar los dientes y luego pensé que iría inevitablemente mejor después, que llegaría una solución. Y finalmente, la solución, la encontramos nosotras mismas, al crear UTSOPI.

Pero UTSOPI no es solo para nosotras. Somos conscientes de que la mayoría de nosotras somos privilegiadas: los simples hechos de tener documentos de identidad en Bélgica, un permiso de residencia, de hablar correctamente francés, holandés o inglés, y de tener, de cierta manera, “elegida” nuestra actividad nos hacen afortunadas . Lo que queremos con UTSOPI es también crear solidaridad en un mundo cada vez más difícil. Lo que queremos es derechos para todas las trabajadoras sexuales, sin excepción. Lo que queremos es el derecho a vivir, a tener una familia, a cambiar de trabajo si queremos, a ser consideradas como seres humanos.

Las leyes y el sistema belgas actuales sobre las trabajadoras sexuales son una hipocresía total. Existen tratados internacionales, como la Convención de Nueva York de 1949, que establece que nuestro trabajo es una violencia y que debe ser abolido, lo acordemos o no. Existen leyes belgas contra el proxenetismo con fines de prostitución y trata de personas, y finalmente, existen regulaciones comunales que, al parecer, pueden hacer lo que quieran, con el pretexto de evitar perturbar la paz pública, sin considerar a las trabajadoras sexuales ni siquiera por un segundo. Es bueno saber que la prostitución no es ilegal en Bélgica. Pero este sistema completamente impreciso conduce a una sensación constante de inseguridad para las trabajadoras del sexo, que nunca son realmente capaces de comprender lo que está permitido o no, lo que las hace desconfiar de todos. Esta situación nos hace vivir en secreto, entre mentiras, y para muchas de nosotras, con el temor de ser descubiertas.

Incluso cuando una quiere hacer un trabajo declarado, una todavía tiene que mentir, hacer algunos trucos y orar a Dios para que nadie se meta en nuestros asuntos. Todo lo cual hace imposible llevar una vida serena y llena de bienestar.

Pero no es solo un problema de reconocimiento y solidaridad o apoyo. La criminalización y la estigmatización de las trabajadoras sexuales impactan directamente en su estado general de salud y en los riesgos que corren. Se ha demostrado, entre otros, por investigaciones científicas e informes de UNO AIDS, NSWP, WHO, que la criminalización de las trabajadoras sexuales no hace más que impulsarlas más a la clandestinidad, y ponerlas en mayor riesgo, a fin de mantener sus ingresos habituales y poder seguir alimentando a ellas y a sus familias. En la misma idea, luchar contra la trata de personas —que está claramente bien representada en el trabajo sexual— no se hará por leyes y decisiones morales, al tratar de ocultar y estigmatizar a las prostitutas. Por el contrario, los países que han optado por la abolición nos muestran que, en realidad, la prostitución no desapareció, sino que se hizo menos visible, menos accesible y menos cuantificable. Dicen que ya no hay más quejas sobre prostitutas o clientes. Permítanme decirles que, si trabajara en un país abolicionista, si tuviera un problema, el último lugar donde buscaría ayuda y apoyo sería en la comisaría de policía. Porque simplemente temería ser considerada culpable o tratada como una víctima, a quien la única oportunidad que se le da es que detenga su trabajo y vaya a trabajar a Mc Donald.

 

La prostitución es un mundo vasto y variado. No hay solo “un” tipo de prostitución sino “varios” tipos de prostitución. No hay solo un perfil de puta, sino miles. Tantos como hay de seres humanos. Y este es el punto: detrás de las cifras y las estadísticas, hay personas. Personas que luchan todos los días para obtener el respeto que merecen, para sobrevivir en la vida y para seguir adelante.

 

UTSOPI también es parte del Proyecto de la Red Global de Trabajadoras Sexuales (NSWP) y del Comité Internacional por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales en Europa (ICRSE). Gracias a estas redes globales, podemos ver lo que está sucediendo en otras partes del mundo, y considerar soluciones integrales y perspectivas para las trabajadoras sexuales. Claramente, no estamos a favor del abolicionismo, como supongo que ha quedado claro. Los sistemas completamente regulacionistas también muestran algunos límites.

 

Tomaré el caso de Alemania, o Austria, —de la que se habla con menos frecuencia— cuya política regulacionista hace que la vida de las trabajadoras sexuales sea una pesadilla. En la última reunión internacional de profesionales del sexo que tuvo lugar en Marsella, Francia, algunos de nuestros colegas, que trabajan en Viena, nos explicaron que obligan a hacerse un análisis de sangre para detectar el VIH y las ITS cada dos días. Entiendo la idea de la salud pública, pero sería más efectivo obligar a cada marido infiel a hacer estas pruebas que a las trabajadoras sexuales, quienes, en la gran mayoría de los casos, se protegen a sí mismas.

 

Actualmente, lo que todavía parece para nosotras el mejor y más efectivo modelo es la despenalización del trabajo sexual. Tomaré Nueva Zelanda como un ejemplo. Las trabajadoras sexuales de allá no están sujetas a un estatus específico como en Alemania o Austria, sino que se las considera como trabajadoras como todas las demás. No se trata de decir que el trabajo sexual es un trabajo como cualquier otro, por cierto, no es nuestra opinión en UTSOPI, sino que las personas que lo hacen merecen los mismos derechos que todos. Allí, todos los policías están capacitados para recibir quejas de las trabajadoras sexuales, para protegerlas en caso de litigio con un cliente, y trabajan codo a codo con las asociaciones de campo. Una colega nos contó cómo un cliente intentó robarla al no pagarle, y luego fue capturado por la policía, que lo obligó a pagarle a la trabajadora sexual, y que luego lo llevaron a la comisaría de policía.

 

Nueva Zelanda también facilita el acceso a otro trabajo para las trabajadoras sexuales que desean abandonar el trabajo sexual, y les da prioridad en la provisión de capacitación, considerando que el trabajo sexual es una profesión difícil, y es verdad, y que todo debe hacerse para apoyar a estas personas El único problema (pero no el menor) es el de las personas indocumentadas, que no pueden trabajar como trabajadoras sexuales legalmente, y por lo tanto no están protegidas por el sistema.

 

Todo eso ofrece posibles perspectivas e ideas para Bélgica, que pueden mostrar creatividad y pragmatismo cuando hay voluntad Todos sabemos que Roma no fue construida en un día y, por lo tanto, que la solución no caerá del cielo mañana por la mañana. Pero es necesario comenzar a colocar la piedra angular, con las trabajadoras sexuales, para construir un sistema sólido para proteger a las personas, que incluya a todos, y no deje de lado a las trabajadoras sexuales.

 

Finalmente, las afirmaciones de UTSOPI son claras: queremos poder hacer el trabajo declarado legalmente, para tener una protección social adaptada. Queremos tener acceso a un sistema de atención médica adaptado a nuestro trabajo, que tenga en cuenta las especificidades de nuestro trabajo. Queremos tener acceso a un sistema de pensiones claro, y no continuar viendo a nuestras colegas de más de sesenta años tener que seguir trabajando, con el temor de estar bajo el sistema de asistencia social o vivir bajo un puente. Queremos ser reconocidas como trabajadoras y tener la posibilidad de llegar a ofertas de trabajo o capacitaciones si nuestra voluntad es detener nuestra actividad. Queremos que el sistema de protección de la trata de personas se extienda a todas las personas que ejercen el trabajo sexual, que pueden ser víctimas de la violencia y sin tener la obligación de denunciar a sus proxenetas. Queremos tener acceso a una vida decente, y queremos el respeto que merecemos, en particular de los políticos que no parecen dejar de decir las cosas más horribles de nosotras.

 

Y una vez más, si aún no estaba claro, queremos que nuestro lema y nuestro mensaje sean respetados:

 

NADA SOBRE NOSOTRAS SIN NOSOTRAS

Litigio en los tribunales para conseguir los derechos constitucionales de las trabajadoras sexuales en California (EE.UU.)

 

 

Louis Sirkin, preeminente abogado especializado en la Primera Enmienda de la Constitución de los EE.UU., presentará las alegaciones

Nota de Prensa: Louis Sirkin prepara alegaciones orales históricas PDF

10 de octubre de 2017

https://esplerp.org/louis-sirkin-preeminent-first-amendment-lawyer-will-argue/

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 10 de octubre de 2017
Contacto: Maxine Doogan (41Five) 265-3302
info (AT) esplerp (DOT) org

Louis Sirkin, preeminente abogado especializado en la Primera Enmienda, será el defensor de la novena apelación del circuito que defiende la privacidad sexual contra la penalización del trabajo sexual.
El caso pionero planteado por activistas del trabajo sexual está programado para vista oral en el noveno circuito de apelación el 19 de octubre

El 19 de octubre a las 9 am, Louis Sirkin se pondrá de pie ante un panel de jueces en el Noveno Circuito de Apelaciones en San Francisco, en la última etapa de un largo proceso judicial que aboga por la intimidad sexual y contra la prohibición a través de la criminalización del trabajo sexual.

En marzo de 2015, el Proyecto de Investigación en Educación Jurídica de Proveedores de Servicios Eróticos (ESPLERP) lanzó un caso histórico en el Tribunal Federal de Distrito de Oakland, en el Tribunal Federal de Distrito de Oakland, en el que se impugna el Código Penal 647 (b) de la ley contra la prostitución de California argumentando que es inconstitucional y buscando descriminalizar el trabajo sexual. Ese caso ha llegado a la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito de Apelación, donde es apoyado por escritos presentados por más de treinta organizaciones de derechos civiles y LGBTQ. Y el 19 de octubre a las 9 de la mañana, el Noveno Circuito tiene previsto escuchar los Argumentos Orales.

El abogado principal de ESPLERP es Louis Sirkin, uno de los principales abogados de la Primera Enmienda y de defensa criminal del país. Durante más de 50 años de práctica, Sirkin ha defendido consistentemente la libertad de expresión y los derechos constitucionales de innumerables personas y empresas.

● Alcanzó la prominencia nacional en 1990 cuando defendió con éxito a Dennis Barrie, director del Centro de Arte Contemporáneo de Cincinnati, en contra de los cargos de obscenidad por mostrar la obra desnuda de Robert Mapplethorpe.
● En 2002 argumentó con éxito ante el Tribunal Supremo en Ashcroft v. Free Speech Coalition que la Ley de Prevención de Pornografía Infantil era inconstitucional.
● En 2005, en el caso Estados Unidos vs. Extreme Associates, argumentó con éxito que el derecho a la privacidad, recientemente confirmado y reforzado en el caso Lawrence vs. Texas, otorgaba a las personas el derecho constitucional de ver los materiales ofensivos en privado, un derecho que no puede ejercerse de manera significativa sin un derecho correspondiente de las empresas a distribuir dichos materiales.
● Y en 2008, fue el abogado principal en el caso Reliable Consultants vs. Abbott, donde el Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito consideró inconstitucional la ley de Texas que prohibía la venta y distribución de juguetes sexuales. En resumen, el tribunal, citando la sentencia del caso Lawrence vs. Texas, declaró: “El caso no es sobre sexo público. No se trata de controlar el comercio del sexo. Se trata de controlar lo que la gente hace en la intimidad de sus propios hogares porque el Estado se opone moralmente a cierto tipo de conducta íntima privada consensual. Esta es una justificación insuficiente para el estatuto después del caso Lawrence”.

“Toda mi carrera legal se ha centrado en la libertad de expresión y la privacidad”, dijo Louis Sirkin. “Y este caso es una extensión natural de ese trabajo. En el caso Lawrence vs. Texas, la Corte Suprema dejó en claro que el gobierno no podía usar la moralidad como base para regular la actividad sexual consensual privada “.

Los acusados ​​en el caso son varios abogados de California y luego el fiscal general de California, Kamala Harris, quien desde entonces ha sido reemplazado por Xavier Becerra. Sus argumentos orales probables, basados ​​en sus argumentos legales en sus escritos al Noveno Circuito, y en el reciente testimonio de Xavier Becerra ante el Congreso, parecen estar totalmente basados ​​en desaprobación moral, junto con una mezcolanza de afirmaciones espeluznantes sin fundamento sobre factores que no tienen nada que ver con el comportamiento privado entre adultos que consienten.

“Una larga lista de organizaciones internacionales, incluida Amnistía Internacional, la Organización Mundial de la Salud, la revista médica Lancet, Human Rights Watch y la Comisión Global de las Naciones Unidas sobre el VIH y el Derecho, han pedido la despenalización del trabajo sexual”, dijo Maxine Doogan, Presidente de ESPLERP. “Les gusta que reconozcamos que las leyes contra la prostitución criminalizan la vida privada de adultos que consienten, atacan los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y sus clientes y tienen efectos muy adversos sobre la salud y la seguridad públicas. Tenemos el abogado adecuado para discutir nuestro caso “.

“Ha hecho falta mucho tiempo llegar aquí – y estamos muy agradecidos a todos nuestros partidarios y aliados que lo hicieron posible”, dijo Claire Alwyne, de ESPLERP. “Esperamos que llegue nuestro día en el tribunal, y ava zar otro paso hacia el final de la guerra represiva contra el sexo”.

ESPLERP v Gascon es mayormente financiado por individuos que hacen pequeñas contribuciones, pero nuestros oponentes tienen bolsillos profundos – esencialmente usando nuestros dólares de contribuyentes para negarnos nuestros derechos. Las contribuciones para apoyar el caso judicial pueden ser presentadas a través del enlace de crowfunding – Liberate To Emancipate

Proveedores de Servicios Eróticos Proyectos de Derecho, Educación e Investigación (ESPLERP) es una coalición diversa basada en la comunidad que promueve los derechos de privacidad sexual a través de litigios, educación e investigación. Proveedores de Servicios Eróticos Proyecto Legal, Educación e Investigación (ESPLERP) 2261 Market St. # 548 San Francisco, CA 94114esplerp.org, decriminalizesexwork .com ###

El triste estado de la investigación académica sobre la trata sexual

Por Daniel Pryor

 

19 de julio de 2017

 

https://www.adamsmith.org/blog/the-sorry-state-of-sex-trafficking-research

 

El mes pasado, tuvo lugar en Irlanda del Norte el primer juicio a un acusado de pagar por servicios sexuales (delito equiparado a crímenes violentos). Después de haber adoptado el «modelo nórdico» de penalización de la compra de sexo en junio de 2015, Irlanda del Norte parece haber inspirado a los políticos del Partido Nacional Escocés para abogar por un enfoque similar en Escocia. El debate sobre la legislación referida al trabajo sexual también se agudiza en el resto del Reino Unido, donde se están logrando progresos marginales en algunas áreas.

La investigación sobre el impacto de las diferentes formas de legislación sobre el trabajo sexual y la trata sexual es un área fascinante, pero muy problemática. La prevalencia de la trata sexual y su relación con diferentes regímenes legales relacionados con el trabajo sexual es uno de los principales campos de batalla para aquellos que buscan la reforma, y ​​es difícil encontrar evidencia confiable sobre este tema tan emotivo.

Un nuevo artículo (1) publicado en línea la semana pasada por el sociólogo Ronald Weitzer —que escribió un excelente artículo (2) sobre la política del trabajo sexual y el tráfico sexual en 2011— da una nueva perspectiva del lamentable estado de la literatura académica sobre estos temas. En primer lugar en su lista de agravios está la falta de fiabilidad de los datos que se utilizan a menudo:

Utilizando información sobre 161 países de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Cho et al. (2013) y Jakobsson y Kotsadam (2013) intentaron determinar si las leyes nacionales de prostitución estaban relacionadas con la prevalencia de la trata de personas. Sin embargo, la ONUDD había advertido de que no se utilizaran sus cifras ni para una nación ni para un estudio comparativo transnacional, ya que “el informe no proporciona información sobre el número real de víctimas” (ONUDD 2006, pp. 37, 44-45). El aviso de la ONUDD se basaba en que las definiciones de trata varían de unos países a otros (algunos de los cuales amalgaman trata, paso ilegal de personas e inmigración irregular); la generalizada falta de transparencia en la recopilación de datos y la presentación de informes; y la dependencia de diferentes fuentes en los 161 países (medios de comunicación, institutos de investigación, agencias gubernamentales, ONGs, OIs). Para algunos países, sólo una de estas fuentes estaba disponible. Los autores reconocen que “los datos subyacentes pueden ser de mala calidad” y son “limitados e insatisfactorios de muchas maneras” (Jakobsson y Kotsadam, 1993, p.93) y que es “difícil, quizás imposible, encontrar pruebas sólidas” de una relación entre la trata y cualquier otro fenómeno (Cho et al., 2013, p.70). No obstante, tratan el informe de la ONUDD como una fuente de datos y extraen conclusiones profundas sobre la relación entre la trata de personas y las leyes nacionales de prostitución, concluyendo que la trata de personas es más frecuente en los países con prostitución legal que en los países donde la prostitución está penalizada.

Datos defectuosos son sólo la punta del iceberg. En el caso de los dos estudios citados anteriormente, el enfoque de los autores para el diseño del estudio también deja mucho que desear:

Se utiliza un diseño de sección transversal (en un solo punto de tiempo) para medir algo que debe examinarse longitudinalmente: la cantidad de trata antes y después de la legalización. Este último enfoque requeriría cifras de referencia fiables para comparar con cifras recientes fiables, ninguna de las cuales existe.

Los autores usan estimaciones agregadas de la trata nacional (que combinan trata laboral, trata sexual y otros tipos de trata) en su intento de evaluar si la prostitución legal marca una diferencia. Esto significa que existe una gran discrepancia entre las cifras de trata y las leyes de prostitución: al evaluar si las leyes de prostitución están relacionadas con la incidencia de la trata, se deben usar solamente cifras sobre la trata sexual, no las cifras totales para todos los tipos de trata. 

Es muy posible que las naciones donde algún tipo de prostitución es legal puedan tener mejores mecanismos para detectar la trata sexual, una variable que falta en ambos estudios.

Un estudio posterior de Cho (2016) utilizando una fuente de datos diferente contiene otro error garrafal. “Utiliza información sobre el nivel de protección de las víctimas de trata de personas (en general) en los países, para correlacionarla con el hecho de que la prostitución esté o no permitida en un país”. ¿La justificación para este truco?

Sin citar ninguna fuente, Cho afirma que “la prostitución está estrechamente ligada a la trata de personas, porque la trata sexual con fines de prostitución es la forma más común de trata de personas y constituye la mayor parte de las víctimas de trata” (Cho 2016, pp. ). Esta afirmación es contradicha por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Según la OIT, “la explotación sexual comercial forzada representa el 11% de todos los casos” de trabajo forzado en todo el mundo (OIT 2005, p.12), y el Departamento de Estado declara que “la mayor parte de la trata de personas en el mundo toma la forma de trata laboral “(USDS 2010, págs. 8-9).

Todos estos problemas son endémicos en el campo de la investigación sobre la trata sexual. El trabajo de Weitzer podría no ser más que un interesante ejercicio académico sobre los peligros del uso de datos de baja calidad y pobre metodología de investigación, si no fuera por el hecho de que las leyes que se promulgan sobre la base de los dos estudios anteriores están haciendo daño a las mujeres marginadas:

… estos dos estudios fueron adoptados por políticos y legisladores en varios países y sirvieron para justificar nuevas leyes de criminalización.

Weitzer también ofrece algunas reflexiones sobre cómo el estado actual de la investigación y el debate público basado en la misma puede persistir sin que se le haga una crítica significativa:

Es fácil hacer afirmaciones generales y desenfadadas sobre la trata y la prostitución cuando 1) faltan datos sólidos, 2) los medios de comunicación se limitan a recapitular afirmaciones “oficiales” sin cuestionarlas o verificarlas, 3) los expertos que cuestionan las afirmaciones oficiales son ignorados o denunciados, y 4) las participantes en el comercio sexual son altamente estigmatizadas y marginadas. Este patrón desafortunado puede verse tanto en las naciones prohibicionistas (por ejemplo, Suecia) como en las naciones que tienen que hacer frente a la oposición a sus actuales leyes [comparativamente] liberales (por ejemplo, Alemania y los Países Bajos).

Estoy seguro de que los lectores de este blog miran todos los titulares de los medios sensacionalistas con un ojo crítico. Sin embargo, cuando se trata de historias alarmistas sobre la epidemia de trata sexual y los acompañantes llamamientos a implantar el “modelo nórdico”, se debe tener precaución adicional.

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1.- https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-55973-5_4

https://books.google.es/books?id=Y9ksDwAAQBAJ&pg=PA47&dq=Legal+Prostitution+Systems+in+Europe+weitzer&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjTjeX0ksrVAhWrCcAKHTYcDtMQ6AEIJjAA#v=onepage&q=Legal%20Prostitution%20Systems%20in%20Europe%20weitzer&f=false

2.- http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=7413&context=jclc

 

 

 

Ahora es el momento de despenalizar el trabajo sexual en Canadá

 

Sandeep Prasad, Directora Ejecutiva de Acción Canadá para la Salud y los Derechos Sexuales

24/04/2017

http://www.huffingtonpost.ca/sandeep-prasad/decriminalizing-sex-work_b_16211160.html


El gobierno de Trudeau ha abordado varios elementos claves de su estrategia de reforma de la ley penal, pero hace mucho tiempo que tenía que haber despenalizado el trabajo sexual.

 
Ser elegido para dirigir nuestro país implica algo más que victorias fáciles y asuntos políticamente oportunos “agradables a la gente”. El gobierno de Trudeau tiene la obligación moral de garantizar la salud pública y la seguridad de todos sus ciudadanos. El peso de la mayoría liberal debe respaldar la salud y la seguridad de todas las personas en Canadá, incluyendo las trabajadoras sexuales.

 
En 2017, las trabajadoras sexuales de Canadá continúan viviendo y trabajando en condiciones inseguras, enfrentándose a la violencia predatoria y estatal, las redadas de inmigración, la deportación, la vigilancia y el arresto, así como a la violación de sus derechos humanos. El hecho de no haber solucionado esto todavía sugiere que esta cuestión de los derechos humanos es intencionalmente dejada fuera de la agenda legislativa, lo que constituye una seria preocupación.

 
La reforma de la ley sobre el trabajo sexual es importante en Canadá. Entre los interesados, el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la salud ha condenado la penalización total o asimétrica del trabajo sexual como una violación del derecho a la salud al crear barreras para el acceso de las trabajadoras sexuales a los servicios de salud.

 
Los gobiernos tienen la obligación de demostrar la debida diligencia en la protección de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, incluido su derecho a la salud y a no verse sometidos a la violencia. Las leyes y regulaciones deben estar basadas en la evidencia y abordar los sistemas de opresión cruzados y estratificados que afectan las experiencias de las trabajadoras sexuales. Esto sólo puede comenzar cuando nuestro gobierno tome las medidas necesarias para despenalizar el trabajo sexual en Canadá.

 
En diciembre de 2013, la victoria estuvo casi al alcance. La Corte Suprema de Canadá anuló unánimemente las leyes perjudiciales que obstaculizaban la protección efectiva de las trabajadoras sexuales y de la comunidad en general.

 
El avance hacia la despenalización fue respaldado por miles de páginas de evidencias y testimonios de expertos, así como décadas de informes e investigaciones de comisiones patrocinadas por el gobierno, encabezadas por el activismo implacable de las organizaciones de base.

 

La decisión Bedford de la Corte Suprema marcó un gran paso en el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras sexuales específicamente, y de los derechos humanos en Canadá de manera más general. Durante más de treinta años, las trabajadoras sexuales habían pedido a Canadá que derogara las leyes que les atañen a ellas, a sus clientes y a las personas con las que trabajan, señalando el daño ocasionado por la penalización de los elementos del trabajo sexual y la incapacidad de las leyes de prostitución para protegerlas de la violencia. Muchas vidas se perdieron esperando esta victoria.

 
Casi de inmediato, el gobierno de Harper comunicó su intención de introducir nuevas leyes. Un cambio hacia un discurso que amalgamaba el trabajo sexual y la trata de seres humanos pronto se puso en marcha e introdujo la idea de las trabajadoras sexuales como víctimas para justificar la continua regulación agresiva del trabajo sexual y de las trabajadoras sexuales. En diciembre de 2014, el proyecto de ley C-36, Ley de protección de las comunidades y personas explotadas, se convirtió en ley.

 
Al igual que las leyes puestas en marcha en 2013, este nuevo régimen regulatorio no cumple con la Carta de Derechos y Libertades y con los requisitos establecidos por el Tribunal Supremo de Canadá en su decisión Bedford.

 
Este giro de los acontecimientos golpeó seriamente a las directamente afectadas por la penalización del trabajo sexual, algunas de los cuales habían pasado décadas luchando por sus derechos y se les decía que esperaran una vez más. Las evidencias de las ciencias sociales de Canadá y de todo el mundo indican claramente que la penalización de la industria del sexo — ya sean clientes, terceros o trabajadoras del sexo— continúa enviando a la industria del sexo a las sombras, restringiendo el acceso de las trabajadores sexuales a importantes mecanismos de seguridad y tiene profundas consecuencias negativas sobre la salud, la seguridad, la igualdad y los derechos humanos de las trabajadoras sexuales.

 
El Partido Liberal de Canadá, entonces un partido de oposición, denunció claramente la nueva ley. Tomaron una postura clara y expresaron serias preocupaciones sobre la nueva legislación que no protege adecuadamente la salud y la seguridad de las personas vulnerables, en particular las mujeres.

 
Durante la campaña electoral en 2015, la entonces crítica de salud liberal Hedy Fry dijo a un foro de igualdad de mujeres de todos los candidatos que su partido mantenía su firme oposición al proyecto de ley C-36 y planeaba desecharlo. Cuando el Partido Liberal ganó su gobierno mayoritario, prometieron un cambio real y calificaron al nuevo primer ministro de Canadá como feminista. ¿Dónde está el cambio?

 
Una vez elegido, el gobierno de Trudeau tomó la medida sin precedentes de publicar públicamente todas las cartas de mandato ministeriales. Estos documentos proporcionan un marco para lo que se espera que cumplan los ministros, incluyendo los objetivos políticos específicos y los retos a abordar. La carta de mandato público recibida por el nuevo Procurador General de Justicia de Canadá y el Ministro de Justicia, la Honorable Jody Wilson-Raybould, no mencionaba el trabajo sexual; no se incluyó un cronograma para abordar la penalización del trabajo sexual.

 
El gobierno de Trudeau se ha promocionado como uno que promueve, respeta y lucha por los derechos de la Constitución; sin embargo, su respuesta a los derechos constitucionales de las trabajadoras sexuales es lamentable hasta la fecha: un año y medio más tarde, seguimos esperando.

 
La ministra de Justicia, Jody Wilson-Raybould, debe iniciar rápidamente un proceso de reforma de la ley del trabajo sexual que culmine en la despenalización del trabajo sexual como parte de la estrategia de reforma del derecho penal de este gobierno. El momento es ahora. De hecho, el momento fue hace mucho tiempo.

 

Manuela Carmena, el Papa Francisco y la prostitución

El Vaticano organizó los días 21 y 22 de julio de 2015 un foro sobre el “Cambio climático y nuevas formas de esclavitud moderna”. Sobre ecologismo y prostitución debatieron Manuela Carmena, el Papa Francisco y el alcalde de Nueva York Bill de Blasio.

 

Clara Mallo

 

Madrid | @ClaraMallo

 

Martes 28 de julio de 2015

 

http://www.izquierdadiario.es/spip.php?page=movil-nota-3510&id_article=21121

carmena-en-el-vaticano-2015

La cita estuvo organizada por Academia Pontificia Ciencias Sociales del Vaticano y por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En el foro intervinieron más de 70 participantes entre alcaldes y alcaldesas de todo el mundo como los de Nueva York, París, Bogotá, Buenos Aires, o Madrid y representantes de la ONU.

El objetivo del Papa Francisco es buscar aliados. Así en su discurso se dirigió a los más de 70 participantes con estas palabras: “La Santa Sede o tal país podrán hacer un buen discurso en la ONU, pero si no hay trabajo desde la periferia al centro, no tendrá efecto. Y ahí, en la periferia, es donde está el trabajo de los alcaldes”. Con ello Bergoglio cuenta poder influir en las decisiones de la Cumbre sobre el Clima que la ONU celebrará a finales de año.

Pero no solo el Papa pidió “conciencia ecológica” sino que el otro de los puntos del encuentro fue los “nuevos modos de esclavitud moderna”. Entre los diferentes temas, la prostitución fue uno de los debatidos en este foro vaticano.

Manuela Carmena sobre la prostitución: un tema a evitar

Manuela Carmena intervino en el foro sobre esta cuestión, centrándose en una reflexión sobre los motivos del “consumo de la prostitución”. “Si queremos evitar el terrible crimen de la esclavitud sexual, tenemos que reflexionar con sinceridad sobre las causas”, dijo la recientemente electa alcaldesa de Madrid, a la vez que señaló que “hay que entender la sexualidad desde la cultura de los cuidados“.

En el programa de Ahora Madrid presentado para las elecciones del 24M, la formación encabezada por Carmena propuso un proyecto piloto para el “reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras del sexo”, un tema en torno al que hay debates “eternos, que nunca concluyen”, según aseguró Carmena en su momento. La propuesta giraba en torno a la voluntad de “buscar algún tipo de estructura de apoyo muy grande para el sector que está en contra de la legalización y otra de ensayo de una cierta legalización y sobre todo de reconocimiento de derechos laborales de protección“, pero parecía no concretar en propuestas.

No obstante, por el momento Manuela y su equipo se han limitado a mantener el “Plan contra la Explotación Sexual” iniciado por la anterior alcaldía del PP en la anterior legislación, ya que como afirmó la portavoz del Ayuntamiento Rita Maestre (dirigente de Podemos), lo consideran “muy interesante”.

El plan impulsado por Botella y avalado por Carmena reza “erradicar la demanda de prostitución y prestar atención a las mujeres que la ejercen ofreciéndoles recursos y alternativas viables para el abandono de la prostitución”. Un plan que fue criticado por algunas asociaciones que trabajan con mujeres en situación de esclavitud sexual y que lo definían como un plan nefasto principalmente porque con él “las prostitutas han sufrido un mayor acoso policial”, como expresó Cristina Garaizabal, cofundadora de Hetaira, un colectivo que trabaja con mujeres en situación de explotación sexual.

La ingenuidad de Carmen y la frivolidad de Bergoglio

El intento de capitulación por parte del Vaticano de la lucha por los Derechos Humanos en el último periodo, ha hecho que algunos vean a esta como una nueva etapa de la Iglesia Católica. Pero el mismo Bergoglio que organiza un encuentro en el que debatir la explotación sexual hacia las mujeres es el autor de declaraciones que arremeten contra derechos básicos de las estas como el aborto, o en contra de la diversidad sexual, alegando que las personas LGTB “no reconocen el orden de la creación”.

En los últimos tiempos el Vaticano ha buscado mostrarse con un nuevo rostro. Para ello ha utilizado una serie de discursos sociales con declaraciones en los distintos foros de gestión capitalista. Sus declaraciones en el Parlamento Europeo sobre la recuperación de los “viejos valores”, la lucha contra el cambio climático en la ONU y las declaraciones en su última visita a algunos estados latinoamericanos donde expresó “ningún poder fáctico o constituido tiene derecho a privar a los países pobres del pleno ejercicio de su soberanía”, son ejemplo de ello.

Todo esto es parte de un discurso que busca lavarle la cara a la Iglesia, fuertemente desprestigiada por los casos de corrupción y abusos a menores que saltaron públicamente en los últimos años. Una Iglesia que durante años fue fiel impulsora de las políticas neo liberales y adoctrinó en base a los pilares de la familia y el patriarcado.

Este nuevo discurso de “buenas intenciones” genera unas falsas expectativas que parece han causado efecto en ciertos líderes de algunas formaciones que se reivindican herederas de los movimientos sociales. Los cuales han visto en el Papa un aliado para sus políticas de mejora social. Primero fue Pablo Iglesias que mostró en varias ocasiones su admiración y voluntad de acercamiento a Bergoglio, y ahora es Manuela Carmena que ve voluntad en las “buenas intenciones” de la Iglesia.

Resulta paradójico (y no menos cínico) que una institución como la Iglesia Católica que desde hace 2000 años niega a las mujeres sus derechos más básicos, como el derecho a decidir sobre la maternidad o sobre la orientación sexual de las personas, discuta sobre la libertad de las mujeres. La discusión sobre esta cuestión en el seno de la Santa Sede solo puede perpetuar y fortalecer la situación de opresión y explotación que sufren millones de mujeres en todo el mundo.

La Iglesia junto con los gestores locales de los negocios capitalistas y la ONU, son instituciones que sostienen el orden mundial capitalista y, como la Iglesia, apoyan las bases del sistema patriarcal que lleva a las mujeres a las peores situaciones humanas posibles como la esclavitud sexual, el feminicidio, y les niega derechos como la educación, la libre sexualidad y el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos.

Ni con un plan redactado por el PP, ni debatiendo con el Papa, puede abrirse camino para discutir sobre la cuestión de la explotación sexual. Solo un debate amplio independiente del Estado y de los intereses de la Iglesia podrá avanzar en temas como el de la esclavitud sexual y llevar a cabo medidas para comenzar a acabar con ello.

Pero terminar definitivamente con la opresión de género no será posible sin un movimiento fuerte de trabajadoras, jóvenes, estudiantes, precarias, inmigrantes, LGTBI, que, junto al conjunto de la clase obrera, entierre definitivamente al sistema capitalista que la sostiene.

 

¿Cuál es la posición de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ante la prostitución?

 

dibujo

 

https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/faqs.html#What_is_UNODC%27s_stance_on_prostitution

 

 

Es importante señalar que cuando se negoció el Protocolo de Trata de Personas, los Estados miembros decidieron mantener el tema de la prostitución dentro del dominio de la competencia nacional, esto es, como una cuestión de política nacional a discreción de los Estados.

 

En el Protocolo no se da una definición de explotación. Sólo se da una mínima lista de delitos que deberían ser reconocidos por los Estados miembros. El Protocolo solo menciona la “explotación de la prostitución ajena” como una de las formas de explotación que configuran el delito de trata de personas. O dicho de otra manera, no existe una base para dar una opinión sobre la prostitución fuera del contexto de la trata de personas.

 

Aunque los países (1) enfocan de formas muy diferentes la prostitución (el abanico de políticas nacionales va de la completa prohibición y penalización tanto de prostitutas como de clientes, a la legalización, pasando por la despenalización combinada con regulación y la despenalización combinada con mera tolerancia), aún no existe una opinión establecida respecto a qué enfoque es el que tiene un efecto más positivo en la lucha contra la trata de personas.

 

La estricta línea política de la UNODC es permanecer neutral en el tema de la prostitución.

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1.- Relación de países firmantes: https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12-a&chapter=18&clang=_en


 

Definición de “explotación sexual”

 

Explotación sexual

 

Explotación es la acción y efecto de explotar. Y explotar, todo según la RAE, es

Del fr. exploiter ‘sacar provecho [de algo]’.

  1. tr. Extraer de las minas la riqueza que contienen.
  2. tr. Sacar utilidad de un negocio o industria en provecho propio.
  3. tr. Utilizar abusivamente en provecho propio el trabajo o las cualidades de otra persona.

La explotación sexual es, pues,  el acto por el que una prostituta saca utilidad en provecho propio de las necesidades sexuales de los hombres.

La tercera acepción no es de aplicación en este caso, ya que no puede haber abuso cuando el cliente paga libremente el precio pactado.

Hay otras definiciones (1), pero son falsas.

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(1) Anotación al Protocolo contra la Trata de las Naciones Unidas:

Los términos “la explotación de la prostitución ajena” y la “explotación sexual” son los únicos términos en la definición de trata que intencionadamente son dejados como indefinidos y tampoco están definidos en ninguna parte en la ley internacional.

Las más de 100 delegaciones de países que negociaron el Protocolo contra la Trata en la Comisión de Crimen de Naciones Unidas fueron incapaces de acordar definiciones para estos dos términos y entonces ellos decidieron dejarlos indefinidos. La mayoría de los delegados y el Caucus de Derechos Humanos entendieron que los países tienen diferentes leyes y políticas sobre el trabajo sexual adulto. Muchos países no querían o no podría firmar el Protocolo contra la Trata si esto les hubiera obligado a cambiar sus leyes internas relacionadas con la prostitución. Unos delegados y ONGs en las negociaciones insistieron que toda la prostitución adulta, incluyendo la prostitución voluntaria y hasta legal que implica a adultos, sea clasificada como trata de personas y entonces ellos obligaron a un debate de un año en las negociaciones sobre este tema.
La mayoría de delegados y el Caucus de Derechos Humanos rechazaron la noción de que la participación voluntaria, no-obligada por adultos en el trabajo sexual, el trabajo de la fábrica o cualquier otro trabajo se califica como trata de personas. Mientras tal trabajo puede ser abusivo y explotador, solo será considerado trata de personas si esto asciende a las violaciones de derechos humanos internacionalmente aprobadas del trabajo forzado, la esclavitud o la servidumbre.

El Caucus de Derechos Humanos incidió por una solución de acuerdo general que permitiría a todos los países firmar el Protocolo contra la Trata, incluyendo los países que tienen leyes que criminalizan el trabajo sexual adulto y los países que tienen la despenalización de leyes y/o la regulación del trabajo sexual adulto. Todas las delegaciones convinieron que la trata implica la esclavitud, el trabajo forzado o la servidumbre. Sin embargo, ya que no hay ningún acuerdo internacional sobre el significado de “explotación sexual,” los miembros del Caucus propusieron incluir el término, pero dejándolo indefinido. De este modo, todos los gobiernos podrían firmar el Protocolo contra la Trata, porque la definición de compromiso permitiría a cada gobierno decidir por si mismo el tratamiento legal del trabajo voluntario sexual del adulto. Finalmente, esta propuesta fue aceptada.

Así, la Nota Interpretativa contenida en la nota 14 a pie de página

[14 Nota Interpretativa de Naciones Unidas:
En los travaux preparatoires se indicara que el Protocolo aborda la
explotación de la prostitución ajena y otras formas de explotación sexual únicamente en el contexto de la trata de personas. Los términos “explotación de la prostitución ajena” u “otras formas de explotación sexual” no se definen en el Protocolo, que en consecuencia no prejuzga la manera en que los Estados Parte aborden la prostitución en su respectivo derecho interno.”]

explica el lenguaje de compromiso y reconoce la existencia de ambos términos, tanto de la participación obligada como de la participación voluntaria en el trabajo sexual adulto. Esto explica que el Protocolo contra la Trata no toma ninguna posición sobre el tratamiento dado al trabajo sexual voluntario del adulto y explícitamente deja su tratamiento legal a la discreción individual de los gobiernos.

Desde que el trabajo sexual coactivo o forzado de adultos (y cualquier otro trabajo forzado u coactivo) y toda la participación infantil en el trabajo sexual son cubiertos en el Protocolo contra la Trata en el contexto de esclavitud, trabajo forzado o la servidumbre, los gobiernos pueden omitir los términos “la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual“ de sus leyes domesticas. Sin embargo, cualquier gobierno que decida incluir estos términos indefinidos en su legislación doméstica tendrá que definirlos claramente. Las definiciones recomendadas se enfocarían en el empleo de fuerza o la coacción (la inclusión de la coacción psicológica) para tener en cuenta la voluntad de la persona. Ponemos a consideración las siguientes definiciones:

“La explotación sexual” significa “la participación de una persona en la prostitución, la servidumbre sexual, o la producción de materiales pornográficos como consecuencia de estar sujeto a una amenaza, la coacción, el rapto, la fuerza, el abuso de autoridad, servidumbre por deuda o fraude”.

“La explotación de la prostitución ajena” podría ser definida como: “la obtención por una persona de cualquier ventaja financiera u otro beneficio procedente de la explotación sexual de otra persona”.

http://www.oas.org/atip/reports/annot_prot_spanish.pdf

Las prostitutas y el machismo

Hay estudios que parecen demostrar que la penalización no acaba con la prostitución, sino que la invisibiliza

 

Rosa Montero  

 

8 de noviembre de 2015

 

http://elpais.com/elpais/2015/11/03/eps/1446554871_974966.html

 

 

Hace un par de semanas, el colectivo Hetaira celebró una trepidante fiesta en Madrid para festejar sus 20 años de vida. Hetaira nació en 1995 de la mano de un grupo de mujeres feministas, algunas de ellas prostitutas, para defender los derechos de las trabajadoras sexuales. Estas heroicas guerreras llevan dos décadas luchando en una casi completa soledad contra los prejuicios más arraigados. Pocos grupos sociales sufren una discriminación tan absoluta como las prostitutas. De entrada, es un tema sobre el que todo el mundo se siente con derecho a opinar, pero no conceden ese mismo derecho a las propias trabajadoras sexuales. Nadie les pregunta lo que piensan, porque, con un puritanismo y una ignorancia feroces, la mayoría de los políticos y de los ciudadanos, tanto de derechas como de izquierdas, piensan que todas ellas son unas víctimas del proxenetismo a las que hay que rescatar de su triste sino, incluso en contra de su voluntad.

Eso, equiparar la prostitución a la trata, es la primera equivocación garrafal causada por los prejuicios. Un informe de la ONU de 2010 establece que en Europa sólo una de cada siete prostitutas es víctima de trata. Las demás ejercen su trabajo voluntariamente. Y aquí es cuando el puritanismo cacarea y añade: sí, pero no lo hacen libremente, se ven forzadas por la situación económica… Sí, claro, por supuesto. Como la mayoría de los trabajadores. La mayoría tiene empleos que no les gustan, muchos en jornadas abrumadoras, con un trato laboral humillante y por un sueldo de miseria. Comprendo perfectamente que haya mujeres adultas que prefieran vender sexo (que no su cuerpo: no es un mercado de esclavos ni de ganado) en un desempeño profesional que puede permitirles ganar más dinero en condiciones laborales menos embrutecedoras que, por ejemplo, limpiar oficinas de noche en una subcontrata por 400 euros al mes, sin nómina y teniendo que soportar el maltrato, la precariedad y el manoseo baboso del jefe del equipo. Y es la criminalización de la prostitución, como sucede con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, lo que impide que las hetairas puedan ejercer su trabajo en condiciones óptimas, seguras y saludables.

La trata, claro, es un horror, y, como es natural, las prostitutas son las primeras interesadas en erradicarla. Pero la trata engorda con las prohibiciones. En 1999 los suecos promulgaron una ley que penalizaba la compra del sexo, es decir, perseguía al cliente pero no a la vendedora. En 2010 sacaron un informe triunfalista en el que aseguraban que esa medida casi había acabado con la trata y la prostitución. En realidad lo que se publicó en todo el mundo fue un resumen en inglés, no el informe entero, y resultaba muy convincente; incluso yo, que siempre he estado a favor de la legalización de la prostitución, porque me parece una medida obvia para proteger y dar poder a las mujeres que la ejercen, recogí esos resultados en un artículo. Pero luego empezaron a salir multitud de trabajos criticando el estudio. Entre ellos, uno estupendo de Ann Jordan, del Center for Human Rights and Humanitarian Law (Washington College of Law), que analiza punto por punto el informe completo: el texto sueco no demuestra ninguno de los datos que da y carece de una metodología mínimamente fiable. La Universidad de Lund (Suecia) investigó los efectos de la aplicación de la ley entre 2005 y 2010 y sus resultados son demoledores: la prostitución no bajó, sólo se expandió a otros territorios, y el riesgo de las trabajadoras sexuales a ser asaltadas y violadas aumentó significativamente.

La trata, claro, es un horror, y, como es natural, las prostitutas son las primeras interesadas en erradicarla. Pero la trata engorda con las prohibiciones

Hay muchas fuentes autorizadas, desde el informe GRETA del Consejo de Europa a trabajos hechos por las Naciones Unidas o el Parlamento Europeo, que parecen demostrar que la penalización no acaba con la prostitución, sino que la invisibiliza, y que además aumenta la vulnerabilidad de las trabajadoras y su dependencia de los proxenetas, ya que, al no poder haber una oferta abierta, necesitan más a los intermediarios. Lo cual ¡es tan obvio y tan lógico, a poco que se ponga uno a pensarlo! Pero la ceguera de los prejuicios impide ver lo más evidente. Sólo creemos lo que queremos creer, aunque haya mil datos que contradigan nuestro pensamiento fosilizado. El pasado 6 de octubre, las prostitutas del polígono de Villaverde (Madrid) presentaron la Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo (Afemtras): “Somos feministas porque luchamos por una sociedad en la que ninguna mujer, prostituta o no, sea discriminada”, dicen, con toda razón. Y, sin embargo, conozco a bastantes feministas que no aceptan el derecho de las prostitutas a hacerse cargo de su propia vida y su propio cuerpo. Que quieren salvar a las hetairas contra su propia voluntad. Para mí esto no es más que puro paternalismo, puro machismo.

@BrunaHusky

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