Por Nicolas Gardères
Publicado el 05/04/2016
FIGAROVOX/TRIBUNE – La ley de penalización de los clientes de las prostitutas ha sido aprobada este miércoles. Para Nicolas Gardères, se trata de una ley de infantilización, más que de protección, que producirá efectos exactamente contrarios a los pretendidos.
Nicolas Gardères es abogado y director de conferencias en Sciences-Po Paris. Es el abogado del Colectivo Derechos y Prostitución, organización francesa creada por trabajadoras y trabajadores del sexo para la defensa de sus derechos.
“El hecho de solicitar, aceptar u obtener relaciones de naturaleza sexual de una persona que se dedique a la prostitución, incluso cuando sea de manera ocasional, a cambio de una remuneración, de una promesa de remuneración, de la entrega de un beneficio en especie o de la promesa del mismo, está castigado con la multa prevista para las faltas de quinta clase” (Futuro artículo 611-1 del Código Penal).
Este 6 de abril, el largo recorrido legislativo del proyecto de ley “para reforzar la lucha contra el sistema prostitucional” ha llegado a su término. Presentado en octubre de 2013, habrá conocido tres debates y tres votaciones en cada una de las dos asambleas parlamentarias; movilizado, sin éxito, una comisión mixta paritaria; y será finalmente aprobada el 6 de abril por la Asamblea Nacional, a la que el artículo 45 de la Constitución de la 5ª República concede la última palabra en caso de desacuerdo con el Senado.
La oposición entre las dos cámaras se cristalizó en torno a la disposición central de la ley, o sea la penalización de los clientes de las prostitutas. A propósito de tal asunto, existen numerosos campos y niveles de análisis. Nosotros dejaremos a un lado los de la moral y la antropología, dominados por las honestas personas que conocen y dicen el bien.
En el terreno político, que debe ser el de la eficacia en relación a los fines deseados, conviene notar que una organización como Médicos del Mundo, cuya experiencia, desinterés y obra de utilidad pública son indiscutibles, se ha opuesto con firmeza al texto, considerando que la represión legislativa de la prostitución tiene siempre como consecuencia el aislamiento de las trabajadoras del sexo, aumentando su precariedad, obstaculizando su acceso a la atención sanitaria y a la prevención, y reforzando su exposición a la violencia y a la explotación.
El análisis de Médicos del Mundo no está solo, sino que es compartido por todos los actores sobre el terreno, es decir aquellos que están en contacto con la realidad cotidiana de la prostitución. Es compartido igualmente por mi cliente, el Colectivo Derechos y Prostitución, principal organización francesa creada por trabajadoras y trabajadores del sexo para la defensa de sus derechos. Nos enfrentamos pues a una ley rechazada por aquellos a los que pretende proteger, así como por aquellos que les ayudan y les protegen realmente.
Esta ley de higiene mental y de infantilización, más que de protección, es una mala ley, contraproducente, que ocasionará efectos exactamente contrarios a los pretendidos.
Sin embargo, no es en el terreno político-sanitario en el que esta ley es la más nefasta. Jurídicamente, descansa sobre una monstruosidad, raramente vista en la historia del derecho. En efecto, al suprimir todo delito de captación, la ley establece la perfecta y total legalidad de la actividad encaminada a prostituirse. Pero, al mismo tiempo, hace de la compra de actos sexuales una infracción penal, es decir, un acto estricta y sistemáticamente ilegal. Así, una actividad totalmente legal (prostituirse) genera un acto perfectamente ilegal y penalmente reprimido (recurrir a los sevicios de una prostituta).
El actual gobierno ha mostrado, estos últimos meses, que mantenía una relación bastante libre y distante, ligera, con el Estado de derecho. Aquí, instila una aporía vertiginosa en nuestro orden jurídico, en el mismo corazón de éste, en su punto más sagrado y frágil, en el derecho penal.
Por sí sola, esta locura jurídica debería llevarse por delante la ley. El Consejo Constitucional tendrá igualmente que pronunciarse sobre pesadas problemáticas vinculadas con los derechos fundamentales: derecho a la salud y a la seguridad de las personas, libre disposición del propio cuerpo, libertad de comercio y de industria…
Pues es necesario que los senadores, que han rechazado por tres veces este principio de penalización del cliente, se atrevan a recurrir al Consejo Constitucional desde el momento del voto final de la ley. Si no se encuentra 60 senadores para hacerlo (es el umbral previsto por la Constitución), yo invito a Gérard Larcher, Presidente del Senado, a hacer uso de su derecho constitucional en la materia y a recurrir él mismo a los sabios de la calle Montpensier. Poco importa su opinión personal sobre la ley. La mayoría de su asamblea ha votado en contra por tres veces y ha sufrido la humillación de la última palabra dada a la Asamblea Nacional. Es su deber constitucional, tratándose de una ley que plantea tantos graves problemas jurídicos, que ésta pueda ser examinada por el Consejo Constitucional antes de cualquier entrada en vigor. En cualquier caso, y por principio, es deber de Gérard Larcher y de sus senadores ejercer sus derechos, para que esta ley peligrosa no pase nunca a integrar nuestro orden jurídico.
El estante de la Citi 