Robin Maynard, feminista canadiense de izquierdas y antiabolicionista
3 de agosto de 2018
Feminismo carcelario: el fracaso de la prohibición de la prostitución
El título de esta entrada está tomado literalmente de un artículo que escribió la feminista negra, activista y educadora canadiense Robyn Maynard en 2014, del que voy a exponer sus líneas básicas en torno a lo que viene siendo, en los últimos tiempos, una campaña de hostigamiento masivo por parte del feminismo hegemónico postmoderno, contra la prostitución intentando criminalizar y englobar en una sóla dos actividades totalmente diferentes: la trata (tolerada y, a la vez, reprimida en el hábil juego del mercado capitalista donde se permiten la proliferación de redes de burdeles) y el desarrollo de la actividad de “trabajo sexual” autónoma y libre por parte de las mujeres. No sé en qué mundo vivirán las progre-feministas abolicionistas que últimamente proliferan por las redes sociales y pontifican agresivamente desde los púlpitos feministas, pero seguro que estupendamente acomodadas en el mejor sistema que sirve a sus intereses: el capitalista, ese que le colma de privilegios legislativos y subvenciones. Les recuerdo que no estamos en un sistema político socialista como la URSS donde dicho ejercicio de la prostitución era irrelevante o mínimamente clandestino e inexistente en el caso de la trata ya que el propio sistema proveía de mecanismos que impedían ejercer una actividad que iba contra los derechos y dignidad de la mujer. Pero pretender el “abolicionismo”-prohibicionismo de una actividad sexual (la realizada autónomamente por mujeres) en una sociedad, la capitalista, de libre mercado, lucro y negocio fácil, es simplemente vivir en la irrealidad.
El inquisitorialismo de ese “feminismo radical”, que conecta con la agenda política globalista, lo define muy bien Maynard en el comienzo de su artículo: “las estrategias de las feministas prohibicionistas no sirven a la salud y el bienestar de las trabajadoras sexuales, sino que en realidad promueven la criminalización de las personas que pretenden proteger. Por el contrario, los argumentos de este ensayo exponen un modelo de solidaridad con las personas que ejercen el trabajo sexual, en apoyo de sus propios movimientos en pro de la salud, la seguridad y la dignidad dentro del comercio sexual”.
Es curioso que la demanda penalizadora contra el consumo de la prostitución libre se esté intentando, interesadamente, solaparla con la trata, en particular, por parte determinadas ONGs feministas, activistas o periodistas pseudoprogres de cuota afines a medios como Público y El Diario, que van con discurso “radical”, muy activas en las redes sociales, y también por recién aterrizadas en el feminismo pop, como las pseudoactrices Mabel Lozano y el dúo postizo de las Towanda Rebels, éstas conocidas a través de su video-show efectista Hola Putero.
Una de las ONGs más activas contra la prostitución y, en general, en todo lo concerniente a la industria de género (como en el reciente caso de la secuestradora Juana Rivas y otras) es Women’s Link, referente del que suele echar mano el feminismo postmoderno. Women’s Link no es una ONG cualquiera, sino una multinacional del negocio feminista creada en EEUU que ha constituido filiales en todo el mundo (incluida España) y que recibe apoyo económico de once potentes Fundaciones privadas estadounidenses, entre ellas dos muy conocidas y de las más poderosas: la Open Society de George Soros y la Fundación Ford.
Las feministas más intolerantes han focalizado su objetivo anti-prostitución, no en el sistema que explota y favorece esa industria del tráfico sexual de mujeres (donde el Estado monta, de vez en cuando, numeritos policiales de “desarticulación” de bandas organizadas de trata, para lavar su imagen) sino, como es habitual en su fóbica doctrina misándrica ya que su objetivo son los hombres, como consumidores (mayoritarios) finales de esa industria. Todo hombre es putero por definición y “culpable” de la existencia de la prostitución, de la trata, del tráfico de niños, del calentón global y del paro en Indochina.
La retórica feminista, de este modo, se nutre de falacias y falsedades para advertir que la mujer es víctima en todo caso, ya sea por el tráfico (lo cual es cierto), ya sea por ejercer la prostitución libre e individualmente (lo cual es incierto). Pero este maniqueismo no funciona, salvo en las mentes más sectarias del feminismo. El abolicionismo y el prohibicionismo, por otra parte, son dos conceptos que las feministas pretenden desligar cuando en la práctica, en su ideario, significan lo mismo, en su empeño de proscribir el “trabajo sexual” con el sólo objetivo de criminalizar al hombre.
Maynard deja bien a las claras de partida que: “Las abolicionistas creen que el trabajo sexual, en sí mismo, es intrínsecamente violento y explotador, y proponen, en cambio, que se adopte un enfoque prohibicionista y carcelario para eliminar ese trabajo. Este modelo va en contra de las luchas por los derechos laborales, los derechos de las migrantes, la despenalización y la autodeterminación que actualmente están librando las activistas del trabajo sexual”.
Robyn Maynard fija su discurso, como canadiense, en la realidad de lo que fue y es la actividad de “trabajo sexual” en su país. Y expone qué clase de agenda ha movido siempre el abolicionismo-prohibicionismo: “Los grupos prohibicionistas en la reciente historia canadiense fueron colaboradores activos con una agenda carcelaria centrada en la prohibición del trabajo sexual, que se tradujo en arrestos, encarcelamiento y programas de rehabilitación forzosa para muchas trabajadoras sexuales. Muchos grupos de mujeres prohibicionistas fueron parte de una creciente tendencia de criminalización como medio para frenar los llamados vicios sociales e imponer el control sobre la sexualidad de las mujeres. Esto tuvo el resultado correspondiente de vigilar a mujeres de clase baja, mujeres indígenas, inmigrantes y mujeres en el comercio sexual”.
Continúa Maynard: “A principios del siglo XX, un fuerte lobby de grupos de mujeres contra la prostitución apareció en Canadá y en el extranjero, en colaboración con grupos puritanos cristiano-protestantes, fue cada vez a más con un discurso explícito donde era necesario salvar a las mujeres del comercio sexual. El medio de lograr esta meta fue arrestar tanto a las mujeres como a los hombres que eran sus clientes. Michaela Freund ha documentado uno de esos grupos, el Consejo de Mujeres de Vancouver, que estaba profundamente implicado en el proceso de criminalizar a las mujeres en el comercio sexual (y, en general, a las mujeres de clase baja)”.
“Este lobby estimuló la creación de una nueva división policial llamada División de Protección de Mujeres, también apoyada por la Liga de Amas de Casa de la Columbia Británica. Esta división comenzó su actividad en 1912 y alcanzó su punto máximo en 1929, y fue atendida por mujeres que hicieron trabajo preventivo y visitas domiciliarias para evitar que las mujeres se involucrasen en el comercio sexual”.
“Joan Sangster, que estudió uno de los principales reformatorios de Ontario, el Reformatorio Mercer, demostró que muchas trabajadoras sexuales fueron enviadas contra su voluntad a centros de rehabilitación. Estos reformatorios no fueron cualitativamente diferentes de la prisión, ya que las mujeres fueron retenidas contra su voluntad, obligadas a realizar trabajo doméstico, y además, “solo una minoría de los documentos que constan en los archivos de Mercer indican que las mujeres claramente abandonaron o quisieron abandonar la prostitución”.
Históricamente se podría afirmar, como señala Maynard que “Las abolicionistas, aunque supuestamente tienen en mente velar por los mejores intereses de las trabajadoras sexuales, han colaborado con enfoques prohibicionistas carcelarios contra el trabajo sexual en la imposición de un tipo particular de rol social y sexual para las mujeres en la sociedad, con resultados devastadores vividos por trabajadoras sexuales, inmigrantes y mujeres indígenas.
“Desafortunadamente, señala Maynard, no tenemos acceso a las voces de la mayoría de las trabajadoras sexuales que fueron forzadas contra su voluntad a “centros de rehabilitación” y prisiones a instancias de las prohibicionistas, la iglesia y los legisladores en la reciente historia canadiense. En la época actual, sin embargo, las personas que ejercen el trabajo sexual se han empoderado cada vez más para organizarse, decidiendo por sí mismas para elaborar sus necesidades, en lugar de ser representadas como víctimas sin voz por otros”.
“Las activistas sexuales ven el daño involucrado en el trabajo sexual como arraigado en injusticias sistémicas más grandes en lugar de ser causado por el trabajo sexual en sí mismo. Debido a esto, las trabajadoras sexuales en Canadá han identificado cada vez más las leyes que penalizan su trabajo como una de las principales barreras para su seguridad, y de hecho como una de las principales causas de los altos niveles de violencia cometidos contra ellas”.
Tanto es así que una alianza de varias docenas de trabajadoras sexuales canadienses a pie de calle llamadas Sex Workers United Against violence (SWUAv), representadas por Pivot Legal Society, ”en varias ocasiones han denunciado públicamente los efectos negativos de la criminalización de las negociaciones entre las trabajadoras sexuales y sus clientes. Numerosas publicaciones ordenadas por el gobierno han identificado la criminalización de estas interacciones cliente-trabajador como los principales factores en las condiciones existentes de violencia hacia las trabajadoras sexuales”.
Solidaridad frente a prohibicionismo. Maynard hace referencia a un informe innovador de Kate Shannon del Centro de la Columbia Británica para la Excelencia en VIH/SIDA publicado en mayo de 2012 en el que se detallaba un “aumento en la seguridad percibida por las trabajadoras sexuales en Vancouver en Centros específicos para desarrollar su actividad con las siguientes reglas: “No traficar con drogas, no violentar ni presionar a otras mujeres para que hagan algo que no quieren hacer”. Estos centros para mujeres decidieron escuchar las necesidades de las trabajadoras sexuales en lugar de imponer sus propios puntos de vista sobre la industria y, en consecuencia, mejoró la seguridad de las mujeres”.
Maynard igualmente cita el caso de Nueva Zelanda, país que ha despenalizado por completo el “trabajo sexual”: “un estudio encargado por el Ministerio de Justicia demostró que las trabajadoras sexuales se sentían menos vulnerables a la violencia, que los niveles de explotación eran bajos y que el 60% de las trabajadoras sentían que tenían una mayor capacidad para denunciar la violencia en virtud de la nueva Ley de Reforma de la Prostitución que sin ella. El Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda también ha declarado que el acceso a los derechos laborales les permite combatir mejor los incidentes de violencia y explotación en sus lugares de trabajo. Por el contrario, el prohibicionismo moderno sigue siendo una forma de feminismo de “rescate” en lugar de feminismo basado en la solidaridad”. En su extremismo, la perspectiva prohibicionista niega que las trabajadoras sexuales puedan diferenciar entre trabajo sexual forzado y voluntario”.
Maynard matiza que, a pesar de las diferencias históricas existentes entre los abolicionistas de ayer y los de hoy hay un discurso en boga, ya señalado más arriba, claramente criminalizador “Los prohibicionistas contemporáneos difieren de sus contrapartes históricos en que ya no abogan directamente por el encarcelamiento o la rehabilitación forzada de las trabajadoras sexuales como el medio para terminar con la existencia del comercio sexual. Sin embargo, su enfoque para abolir la prostitución sigue siendo necesariamente carcelario; dado que la compra en sí es vista como un acto violento, todos los clientes son vistos como abusadores y malhechores y todas los trabajadoras como víctimas”.
Las feministas abolicionistas en la Canadá de Maynard, como las de otros países de las democracias capitalistas, incluida España, son parte de una estrategia política de camuflaje del globalismo internacional para promulgar un modelo de prohibición como parte de una iniciativa estadounidense que comenzó bajo la administración Bush en 2003, el índice Trafficking in Persons (TIP), que define cualquier forma de prostitución, de facto, como tráfico y ha pedido la criminalización de los clientes en todo el mundo, a pesar de que muchas mujeres, por no decir todas (las que ejercen libre y voluntariamente), son las que ofertan sus servicios a los hombres. Detrás de esta iniciativa hay mucha hipocresía y lavado de imagen.
El TIP, dice Maynard, es un sistema de tres niveles que califica a los países sobre su supuesto éxito o fracaso en lo que considera que es la lucha contra el tráfico, y ejerce una influencia política significativa. En efecto, sin embargo, a menudo ejerce presión sobre los países clientes para criminalizar (o aumentar la criminalización) el comercio sexual mediante incursiones y cerrando establecimientos de trabajo sexual, recompensándolos por una mayor represión del trabajo sexual y la migración ilegal, mientras castiga a los países que obtienen el puntaje más bajo en el índice TIP, con la amenaza de perder la ayuda extranjera estadounidense.
En definitiva, el TIP es una herramienta de control político de EEUU enmascarada en la lucha contra la prostitución mundial (sea trata o no), de la misma forma, habría que decir, que aquella fraudulenta campaña de propaganda que la Administración Nixon lanzó en los años 70 a cuenta de la famosa “guerra contra las drogas”. En realidad, lo que estaba haciendo EEUU era aumentar los canales de distribución de droga para garantizarse ese país el control del narcotráfico eliminando la competencia de las mafias corsa o marsellesa mediante incursiones de la Interpol, favoreciendo a su vez a redes del crimen organizado como la mafia siciliana y los cárteles colombianos de la droga, que le eran más útiles en sus propósitos de obtener amplios fondos para la guerra sucia anticomunista (Operación Gladio). Para ello, EEUU utilizó a la CIA como operadora principal del narcotráfico a escala global.
Volviendo a la prostitución, señala Maynard que aunque Suecia es alabada por las feministas prohibicionistas por tomar medidas legislativas para criminalizar a los clientes, su propósito declarado de eliminar la industria del sexo ha sido un fracaso abyecto: En boca de los propios organismos oficiales suecos: “No podemos dar ninguna respuesta inequívoca a [la cuestión de si la prostitución ha aumentado o disminuido]. A lo sumo, podemos discernir que la prostitución callejera está regresando lentamente, después de desaparecer rápidamente a raíz de la ley”.
Maynard apunta algo a lo que las llamadas feministas “radicales” prefieren no ver y eludir el debate: “Ya sea si funcionan o no realmente esos métodos para eliminar el trabajo sexual, esa forma de feminismo de rescate está desconectada de las necesidades de las trabajadoras sexuales. De hecho, la aplicación de la ley intenta centrarse en la criminalización de los clientes y ha tenido consecuencias perjudiciales para las trabajadoras sexuales de Canadá durante las últimas décadas. Por ejemplo, en Montreal en 2001, la policía realizó redadas masivas de clientes, y Stella, una organización de trabajadoras sexuales con sede en Montreal, documentó un aumento del triple de incidentes violentos y de cinco veces los incidentes con armas de fuego con resultados mortales durante un período de tres meses que duraron las redadas.”
El “modelo sueco” con el que sueñan las feministas más dogmáticas no sólo no es la panacea anti-prostitución sino que ha desembocado en todo lo contrario. Maynard, lo describe: “Con la implementación internacional gradual del modelo sueco, las condiciones de trabajo y la seguridad relativa de las mujeres en todos los niveles de la industria del sexo se han visto reducidas considerablemente. Según un estudio del Ministerio de Justicia y Policía de Norweigan, las trabajadoras sexuales a pie de calle en Suecia han informado que se sienten menos seguras y con mayor riesgo de violencia, y de hecho se enfrentan a un aumento real de la misma, mientras que las mujeres que trabajan en el interior de sus propios espacios se han enfrentado a un deterioro de las condiciones de trabajo. Las feministas prohibicionistas, incluida la Coalición contra la Trata de Mujeres y la Coalición de Mujeres para la Abolición de la Prostitución, abogan por la criminalización de todos los clientes como un medio para acabar con la trata, ya que no distinguen entre trabajadoras voluntarias y las que son forzadas a hacerlo.
Maynard finaliza su larga exposición dejando bien claro a la neoinquisición feminista que: “El apoyo ético consiste en dejar que las trabajadoras sexuales determinen sus propias necesidades y reconocer que cada individuo tiene experiencias diferentes y es el más capaz para determinar el curso de su vida. Todas las trabajadores sexuales merecen respeto, y necesitan ser apoyadas en sus elecciones en lugar de ser tratadas como víctimas que son incapaces de comprender su propia opresión. Como señala Nandita Sharma, autora de Home Economics: The Making of Migrant Labor in Canadá, “si queremos acabar con la explotación tenemos que dar más poder a las trabajadoras para poner fin a ella“.
Las abolicionistas, por bien intencionadas que sean, continúan defendiendo la estructura del feminismo de rescate, apoyando políticas de cárcel y alineándose con los intereses de gobiernos de derechas. Estas políticas promueven abusos contra los derechos de las trabajadoras sexuales. Como se describió anteriormente, el abolicionismo carcelario tiene poco efecto cuantitativo sobre el número de personas involucradas en el comercio sexual. Además, causa un daño cualitativo, en forma de estigmatización y violencia hacia las trabajadoras sexuales (sin mencionar las deportaciones de las mujeres migrantes) que no desean ser “rescatadas”.
Finalizo. Si penalizan al “putero”….¿qué opciones van a dejar a las prostitutas, tanto las que abandonen el oficio como a las que no desean dejarlo? ¿Qué me dicen de las prostitutas que ofrecen voluntaria y conscientemente sus servicios pagando publicidad en los medios? ¿Qué clase de víctimas son estas? ¿Saben las cruzadas feministas que existen muchas putas de alto standing que sirven a jefes de Estado, políticos, jueces y representantes de las altas finanzas? ¿A esas también les van a “rescatar” o las dejamos a un lado? ¿Realmente quién promueve y está detrás del tráfico internacional de esclavas sexuales o prostitución infantil del Tercer Mundo que se importa a Occidente? ¿No serán los propios países capitalistas quiénes incitan, subterráneamente, esa demanda y a la vez implementan medidas represivas, aplaudidas por las feministas, para curarse en salud? ¿Tienen algo que decir agencias oficiales del crimen organizado como la CIA, la DEA (Agencia “anti-droga”) y el FBI, acusadas de promover redes internacionales de prostitución?
No hay respuesta a todo ello porque lo más fácil es seguir acurrucándose en las subvenciones del Estado (capitalista) y propagar en los medios hegemónicos que tanta voz les otorgan el cansino, disparatado y tóxico discurso de que el hombre es el “putero violador” que no paga por follar sino por “violar”…y así se construye el mendaz e idílico discurso abolicionista donde el objetivo a batir nunca es el sistema que genera injusticias sino que las feministas-yihadistas se apoyan precisamente en ese sistema para satanizar al hombre, ser perverso cuyo deporte favorito a lo largo de la historia es haber creado víctimas en serie del sexo femenino, casi diría que desde los mismos orígenes del espacio y el tiempo.
El estante de la Citi 