http://www.minorites.org/index.php/3-lagence/1582-defendre-les-droits-des-putes-cest-defendre-les-droits-des-femmes.html
Por Didier Lestrade
Cécille Lhuillier me ha pedido publicar el artículo de opinión del Collectif Droits et Prostitution. Enseguida he dicho que sí.
Como no dejan de recordar los partidarios de la proposición de ley contra la prostitución, la mayoría de las trabajadoras del sexo son mujeres. Siguiendo esta lógica, no es posible defender los derechos de las mujeres sin defender los derechos de las putas: derecho a disponer del propio cuerpo, derecho al trabajo y a la autonomía, acceso a la sanidad y a los derechos comunes y fundamentales. Sin embargo, las prostitutas que, desde hace meses, se oponen a esta ley en su conjunto y en particular a su medida estrella, la penalización de los clientes, ven que su palabra es negada, ridiculizada, pisoteada.
Negar esta palabra y deslegitimizarla no tiene nada de feminista: se trata de mujeres que oponen su experiencia vivida, su historia, sus decisiones y sus luchas a posiciones ideológicas y teóricas, y que temen por sus condiciones de ejercicio, por sus vidas.
No considerar el trabajo del sexo en la complejidad de las trayectorias, de las situaciones de las mujeres que lo ejercen no tiene nada de feminista.
La fusión de la prostitución con la explotación y la violencia no tiene en cuenta las múltiples facetas del trabajo del sexo y no permite apoyar a las primeras interesadas.
Las medidas previstas de “ayuda” a las prostitutas están condicionadas al cese forzoso de una actividad que es, sin embargo, legal. El cinismo de esta disposición sólo es equiparable a la pobreza de las medidas previstas: un permiso de residencia muy precario y fondos ridículos y en ningún caso garantizados.
Además, se niega a las prostitutas toda capacidad de ejercer el trabajo del sexo como estrategia de autonomía financiera.
No hay nada previsto para restablecer los derechos fundamentales a las víctimas de la explotación, para permitir a las que lo deseen ejercer otra actividad o para que aquellas que han sido explotadas recuperen el dinero que les ha sido robado.
La única solución verdaderamente prevista no es en el fondo ninguna otra que una vuelta al país de origen, país que ellas han dejado, en su mayoría, voluntariamente, sea lo que sea lo que les haya ocurrido después.
El proyecto abolicionista rehusa pues la concesión de derechos a las primeras afectadas, por el único motivo de su actividad en la prostitución, de la forma que sea: es a toda una categoría de mujeres a las que se les niega los derechos fundamentales. El ideal igualitario feminista queda aquí roto: “derechos para todas, menos para las putas”.
Así, el estigma de la puta, que esta ley ratifica, participa de la asignación de cada mujer a un rol: la mamá por un lado, la puta por otro. Las políticas prohibicionistas y abolicionistas aumentan las disensiones entre las mujeres y rompen toda forma de solidaridad entre ellas.
La ley margina también una forma de sexualidad —la sexualidad tarifada explícita— porque no se adapta a las normas admitidas: heterosexualidad, sexualidad gratuita, conyugal y basada en una representación del amor exclusivo y eterno. Se trata de una actitud paternalista que busca controlar la sexualidad de las mujeres, sí, pero también su manera de vestir, de ocuparse y de comportarse en el espacio público, su actividad remunerada; que busca, en suma, controlar el cuerpo de las mujeres.
Es en nombre de esta misma norma que las mujeres trans son aún psiquiatrizadas, que se niega a las lesbianas el acceso a la reproducción asistida, que las mujeres seropositivas sufren una estigmatización particular ligada a su género.
La única medida válida, consensuada y reclamada desde hace mucho tiempo por las putas, es la derogación del delito de captación pública de clientes, verdadera urgencia social y sanitaria. A los impulsores de la proposición de ley no les avergüenza hacer de ella un instrumento de chantaje, el objeto de un trueque odioso, al condicionar dicha derogación a la instauración de otra medida represiva: la penalización de los clientes.
Desde un punto de vista feminista, la ley dirigida a luchar contra el sistema prostitucional es inaceptable en su conjunto. Niega la palabra a toda una categoría de mujeres, intenta controlar la vida y el cuerpo de otras, relega al conjunto de las trabajadoras sexuales a un subestatus de eternas víctimas y no les confiere ningún estatus real de sujeto de derecho. Esta ley tendrá sus víctimas, en primer lugar entre las mujeres.
¡Para luchar por los derechos de TODAS las mujeres, es el momento de comprender que las trabajadoras del sexo no son parte del problema, sino de la solución!
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Didier Lestrade
Periodista, escritor, cofundador de Act Up Paris et de Têtu, Didier Lestrade ha estado siempre fuera del armario, como gay, como seropositivo o como activista. Especialista de la música House, americanófilo, gran viajero y jardinero, es el autor de numerosos libros: Act up, une histoire (Denoël 2000), The End (Denoël 2004), Cheikh: journal de campagne (Flammarion 2007). Es la fuerza esencial detrás del renacimiento de Minorités. Dicen que es malo, pero la verdad es que dice justo lo que piensa.
El estante de la Citi 