El coste humano de “machacar” el mercado: la penalización del trabajo sexual en Noruega

 

Amnistía Internacional

 

Publicado en 2016

 

https://www.amnesty.org/es/documents/eur36/4130/2016/es/

 

RESUMEN EJECUTIVO

 

“El año pasado viví un verdadero infierno.” Así es como Mercy, una trabajadora sexual nigeriana, describió sus experiencias de discriminación, exclusión social y abusos contra los derechos humanos en Noruega. Su caso culminó con el desalojo forzoso de su casa en 2014. El hecho de que la dejasen sin hogar, sin el debido proceso ni notificación alguna, constituye una violación de derechos humanos en virtud del derecho internacional. Que el desalojo forzoso se produjera como consecuencia directa de haber denunciado una violación y un robo violento de los que había sido víctima hace aún más atroz el trato que recibió como trabajadora sexual en Noruega. Mercy contó a Amnistía Internacional:

 

“Llegó a la casa un tipo bajo que llevaba una navaja. Yo le abrí la puerta. En la casa éramos nueve. Nos amenazó con una navaja y nos robó el dinero y los teléfonos […] Nos obligó a mantener relaciones sexuales con él. La policía tardó dos o tres horas en llegar. Nos llevaron a todas al hospital y nos buscaron un hotel para dos noches. Luego volvimos a la casa y, dos días después, el arrendador nos echó a la calle […] La policía lo presionó. Nos dio medio día para irnos […] Estuve deambulando por Oslo durante horas con mi equipaje, hasta que encontré un lugar donde quedarme”.

 

El de Mercy no es un caso aislado. Amnistía Internacional supo de otro robo violento del que habían sido víctimas tres mujeres que vendían servicios sexuales alrededor de esos mismos días de marzo de 2014, a las que expulsaron rápidamente del país tras denunciar el incidente a la policía.

 

Amnistía Internacional siente honda preocupación por que las trabajadoras y los trabajadores sexuales, grupo que, según se reconoce globalmente, corre un mayor riesgo de sufrir estigmatización, marginación y violencia, puedan ser penalizados en Noruega cuando denuncia delitos graves. Noruega es un país que se jacta de su sólido historial de derechos humanos tanto en el ámbito nacional como en el internacional, y es Estado Parte en todos los principales tratados de derechos humanos europeos y de la ONU pertinentes a las cuestiones que se abordan en el presente informe. Noruega es también un país que, en décadas recientes, ha debatido cuestiones relacionadas con el trabajo sexual y reformado su marco jurídico.

 

El modelo jurídico adoptado por el gobierno noruego se promociona como un modelo que fomenta la protección de las personas que venden servicios sexuales, las blinda de la penalización y, en su lugar, desplaza la carga penal de la culpa a quienes compran servicios sexuales. Pese a ello, Amnistía Internacional ha hallado indicios de abusos contra los derechos de personas que venden servicios sexuales en Noruega, que se ven agravados y, en algunos casos, están directamente causados por el marco jurídico. Amnistía Internacional habló con trabajadoras sexuales que habían sufrido violaciones del derecho a la vivienda, el derecho a la seguridad de la persona, el derecho a protección igualitaria ante la ley, el derecho a la salud, el derecho a no sufrir discriminación y el derecho a la intimidad. Las cuestiones expuestas en este informe demuestran que Noruega no está cumpliendo sus obligaciones internacionales de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos de las personas que venden servicios sexuales.

 

CÓMO REALIZAMOS NUESTRA INVESTIGACIÓN

 

Este informe es el resultado de una serie de entrevistas realizadas en Oslo (Noruega) durante tres semanas entre noviembre de 2014 y febrero de 2015, así como de investigaciones documentales. Amnistía Internacional realizó un total de 54 entrevistas, 30 de ellas a mujeres que venden o han vendido servicios sexuales. Tres de las mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional describieron experiencias de trata. Amnistía Internacional también se reunió con representantes de diversos organismos que proporcionan servicios de apoyo social a personas que venden servicios sexuales. Se realizaron entrevistas a representantes de organismos gubernamentales, incluido el Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública noruego, el Departamento de Policía de Oslo, la Fiscalía Regional de Oslo y la Oficina de Defensa por la Igualdad y contra la Discriminación. Amnistía Internacional también se reunió con varias organizaciones de la sociedad civil, así como con profesionales de la abogacía y del ámbito de la investigación académica/social.

 

LA AMPLIACIÓN DEL MARCO JURÍDICO

 

En décadas recientes, el gobierno noruego ha realizado reformas legislativas para ampliar el ámbito de intervención y control policial en el mercado del comercio sexual. Ha ampliado el alcance de la ley contra la “promoción” del comercio sexual, lo que significa que ahora está tipificada como delito una amplia gama de actividades relacionadas con la organización del trabajo sexual, como alquilar lugares para ejercerlo o ejercerlo con otras personas. En el ámbito nacional, las nuevas iniciativas promovidas por el gobierno noruego para abordar la trata de personas se han centrado en la reducción/erradicación del trabajo sexual como medio principal para prevenir la trata en el sector de los servicios sexuales, y eso pese a la preocupación —expresada por diversos órganos de la ONU y grupos que luchan contra la trata— de que el equiparar el trabajo sexual de personas adultas realizado con consentimiento con la trata de personas ayuda poco a reducir la trata y da lugar a violaciones de derechos humanos.

 

En 2009, Noruega se convirtió en el tercer país nórdico en tipificar la compra de servicios sexuales como delito, medida que, en combinación con la derogación de legislación que penaliza el acto directo de vender servicios sexuales recibe generalmente el nombre de “modelo nórdico”. Esta medida había sido rechazada de forma sistemática durante las dos décadas anteriores. No obstante, la preocupación por los cambios en el mercado del comercio sexual —especialmente la llegada a partir de 2003 de un número creciente de mujeres migrantes nigerianas que venden servicios sexuales en las calles de Oslo— intensificó el temor a la migración no deseada, la delincuencia organizada y la trata de personas, y ayudó a impulsar el apoyo a la nueva ley.

 

LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES SEXUALES, CADA VEZ MÁS EXPUESTOS A SANCIONES Y CONTROL POLICIAL

 

Las afirmaciones según las cuales, en virtud del “modelo nórdico”, en Noruega no se penaliza ni se imponen sanciones a las trabajadoras y los trabajadores sexuales, y el grado de daño y estigma que sufren es reducido, no reflejan la realidad del terreno. Amnistía Internacional ha hallado indicios de que muchas personas dedicadas al trabajo sexual continúan siendo objeto de una actuación policial muy intensa y son acosadas y sancionadas por la policía de formas múltiples y entrecruzadas. Un proveedor de servicios sociales contó a Amnistía Internacional que:

 

“Ningún otro grupo social está sometido a un grado tan elevado de atención policial, y tiene que soportarlo pese a no estar haciendo nada ilegal. Esta atención no está ni siquiera justificada por el delito en el que incurren los clientes, menos aún cuando las trabajadoras y los trabajadores sexuales no están infringiendo la ley”.

 

En los últimos diez años la policía de Oslo ha adoptado un enfoque de “intervención preventiva” en relación con el trabajo sexual que lleva aparejada la aplicación de sanciones por infracciones menores como “métodos de estrés” para perturbar, desestabilizar y aumentar la presión sobre quienes operan en el sector de los servicios sexuales. Una investigadora académica describe que los agentes policiales “de Oslo utilizan a menudo expresiones como que van a ‘machacar’ o ‘estrangular’ el mercado [de la prostitución] y desestabilizar, presionar y estresar a la gente del sector”. Un ejemplo de este enfoque es la “Operación Sin Techo”, iniciativa que se centraba en aplicar con mayor dureza la ley contra la “promoción” del trabajo sexual, que tipifica como delito “alquilar inmuebles […] para la prostitución”. La “Operación Sin Techo” duró cuatro años, entre 2007 y 2011, y dio lugar a desalojos sistemáticos e inmediatos de trabajadoras y trabajadores del sexo de sus lugares de trabajo y sus domicilios. (Véase el capítulo 3.3. infra) Aunque la “Operación Sin Techo” se suspendió en 2011, Amnistía Internacional entrevistó a mujeres, como Mercy, que habían sido desalojadas forzosamente desde entonces.

 

Amnistía Internacional también ha hallado indicios de que muchas personas dedicadas al trabajo sexual continúan sometidas a un grado elevado de vigilancia policial, como medio para aplicar la ley contra la “promoción” —lo que da lugar a redadas y desalojos posteriores— y para identificar y “señalar” a las trabajadoras y los trabajadores sexuales con el fin de identificar a quienes compran servicios sexuales para multarlos. Esto hace recaer una carga injustificada en quienes se dedican al trabajo sexual y da lugar a posteriores redadas, desalojos y otras formas de sanción. Un abogado entrevistado por Amnistía Internacional expresó preocupación porque:

 

“La policía centra todos sus esfuerzos en desmontar a las mujeres, porque es la forma más sencilla de deshacerse del problema”.

 

Las pruebas recopiladas por Amnistía Internacional también indican que las trabajadoras y los trabajadores sexuales de la calle son sometidos periódicamente a paradas, interrogatorios y controles de identidad policiales, tras los que con frecuencia se les imponen sanciones. Esas sanciones incluyen la detención o la expulsión, el desalojo de su apartamento, la imposición de multas por no facilitar la dirección a la policía o la emisión de órdenes de alejamiento que les exigen abandonar la zona de inmediato para no ser sancionadas. Wendy, una joven de origen africano, explicó a nuestro equipo de investigación que la habían parado agentes vestidos de civil:

 

“Iba caminando por la calle. No estaba trabajando. Estaba charlando con mis amigas. Pensé que eran hombres violentos, y me asusté. La policía me pidió los papeles, y se los enseñé. Luego les hicieron preguntas a mis amigas: si tenían preservativos y por qué. Nos dijeron que nos fuéramos, y que sería mejor que no nos vieran en la calle, que como volviéramos por allí durante las siguientes 24 horas nos llevarían a comisaría”.

 

Amnistía Internacional escuchó testimonios de proveedores de servicios sociales y personas dedicadas al trabajo sexual que describían que mujeres que venden servicios sexuales habían sido interrogadas por la policía por llevar consigo preservativos, o temían llevarlos por si ello daba lugar a actuaciones policiales en su contra. Un representante del Departamento de Policía de Oslo confirmó a Amnistía Internacional que la existencia de preservativos en lugares cerrados se consideraría una prueba coadyuvante de que en el lugar se estaban vendiendo servicios sexuales. Este enfoque penaliza de facto la posesión de preservativos por las trabajadoras y los trabajadores sexuales, y representa un obstáculo a la protección efectiva de su derecho a la salud sexual y reproductiva.

 

LA VIOLENCIA CONTRA LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES SEXUALES

 

Como ocurre en muchos países, en Noruega las trabajadoras y los trabajadores sexuales corren un riesgo elevado de sufrir violencia y abusos. Sufren violencia a manos de diversos perpetradores, incluidos clientes, ciudadanos de a pie, terceros que participan en el trabajo sexual y bandas organizadas que los explotan, aprovechándose de su aislamiento y su situación de marginación. No obstante, en lugar de ser un grupo compuesto por personas con quienes la policía fomenta su relación para minimizar su marginación y ofrecerles protección, muchas de ellas, dependiendo de sus circunstancias, han de soportar ser desalojadas, sometidas a vigilancia policial, perder su medio de sustento o ser expulsadas si acuden a la policía.

 

No sorprende, pues, que muchas de las mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional declararan ser sumamente reticentes a acudir a la policía para denunciar un delito. Casi todas las mujeres a las que entrevistó Amnistía Internacional dijeron que sólo considerarían acudir a la policía en última instancia, a menudo sólo en circunstancias extremas que constituyeran una amenaza inmediata para su vida. Un estudio de 2012 realizado por el mayor proveedor de servicios sociales a trabajadoras y trabajadores sexuales de Noruega halló que solo el 16% de las 123 mujeres participantes declaró haber recibido ayuda de la policía tras un incidente violento. María, trabajadora sexual en ámbitos privados, contó a Amnistía Internacional:

 

“Si un cliente se porta mal contigo, al final tienes que solucionarlo tú misma. Sólo llamas a la policía en caso de peligro de muerte. Si llamas a la policía, corres el riesgo de perderlo todo”.

 

LA SEGURIDAD, COMPROMETIDA

 

Las medidas que adoptan las propias personas que ejercen el trabajo sexual para aumentar su seguridad también se están viendo comprometidas. Las trabajadoras sexuales a las que entrevistó Amnistía Internacional mencionaron varios grados y formas de reducir los riesgos en su trabajo. Por ejemplo, Celin, trabajadora sexual en ámbitos privados noruega, contó a Amnistía Internacional:

 

“Hago distintas cosas para mantenerme segura. Nunca voy a domicilios particulares, y en ningún caso la primera vez que atiendo a un cliente. No sé quién va a estar esperándome allí. Tu propia casa y los hoteles son mucho más seguros que el apartamento de un cliente. Tampoco atiendo llamadas de números ocultos. Quiero tener los números de los clientes para que, en caso de que tenga que acudir a la policía, puedan localizarlos”.

 

Mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional que trabajaban en la calle describieron que realizaban sus propias evaluaciones cuando comenzaban a trabajar con un cliente, principalmente mediante conversaciones cortas que les permitían valorar sus motivaciones. Muchas también identificaron el desplazamiento al domicilio del cliente con correr un riesgo importante y como algo que deseaban evitar. No obstante, la mayoría de las entrevistadas afirmaron que los clientes les pedían que fueran a sus casas para evitar que la policía los detuviera. Las mujeres que trabajaban en la calle mencionaban con más frecuencia que visitaban los domicilios de los clientes. En los testimonios recogidos por Amnistía Internacional, esto se asociaba estrechamente a actos de violencia. Ninguna de las trabajadoras de la calle con las que habló Amnistía Internacional poseía un lugar en propiedad, y estaban expuestas a sufrir un desalojo si la policía descubría que llevaban a los clientes a sus propias casas. Tina, trabajadora sexual nigeriana que ejerce en la calle, dijo a Amnistía:

 

“Algunos clientes te pueden hacer daño en sus apartamentos. Y eso es porque saben que te da miedo ir a la policía. Tenemos que obedecer sus reglas porque estamos en sus casas. No los podemos traer a la nuestra”.

 

Varios de los proveedores de servicios sociales con los que habló Amnistía Internacional expresaron preocupación por que la prohibición de la compra había creado un “mercado de clientes” que comprometía la seguridad de las trabajadoras y los trabajadores sexuales. Un representante de la Policía de Oslo contó a Amnistía Internacional que creía que se había reducido el número de compradores que, con mayor probabilidad, respetaban el acuerdo con la persona que efectuaba la venta:

 

“Muchos de los clientes buenos —los que respetan la ley, la generación más joven— ya no están ahí. Pero los clientes malos siguen estando”.

 

La evaluación de la prohibición de comprar servicios sexuales, realizada por Vista Analysis, consultoría de ciencias sociales, en nombre del gobierno noruego, reconoce que:

 

“Las mujeres del mercado de la calle declaran tener menos poder de negociación y un mayor temor por su seguridad ahora que antes de que se aprobara la ley. En el mercado de espacios cerrados, las prostitutas manifiestan recelos ante las ‘llamadas para trabajar fuera’. Prefieren que los clientes las visiten en su apartamento o en su habitación de hotel”.

 

Los proveedores de servicios sociales y la policía informaron a Amnistía Internacional de que se estaba interpretando que la ley contra la “promoción” se aplicaba al uso de habitaciones de hotel, lo que significaba que los hoteles podían ser considerados responsables de “promoción” cuando el trabajo sexual se realizaba en sus instalaciones. Casi todas las trabajadoras sexuales migrantes entrevistadas por Amnistía Internacional denunciaron haber sido identificadas como tales o excluidas por los hoteles.

 

Casi todas las trabajadoras del sexo con las que habló Amnistía, con independencia de dónde prestaran sus servicios, identificaron que una forma de aumentar su seguridad sería trabajar con otras personas. No obstante, la definición de “promoción” en virtud de la ley es lo bastante amplia para penalizar a las trabajadoras y los trabajadores sexuales que trabajan juntos o con cualquier otra persona, como personal de limpieza, recepción o seguridad.

 

El objetivo del “modelo nórdico”, desplazar la carga del delito de quien vende a quien compra, no se está cumpliendo para muchas personas que venden sexo en Noruega, en particular las más marginadas. En términos de gravedad, en muchos casos, la amenaza y el impacto del desalojo forzoso, la expulsión y la pérdida de los medios de sustento en las personas que venden servicios sexuales supera con creces las implicaciones de la multa de entre 15.000 y 25.000 coronas noruegas (alrededor de entre 1.700 y 2.850 dólares estadounidenses) que se impone a los compradores. La penalización del trabajo sexual en Noruega y la consiguiente reticencia de muchas personas que ejercen el trabajo sexual a acudir a la policía para denunciar un delito también están dando lugar a una situación en la que los responsables de actos de violencia contra trabajadoras y trabajadores sexuales, entre ellos clientes maltratadores, disfrutan de relativa impunidad por delitos graves.

 

Pese a reconocer que el enfoque jurídico actual en Noruega ha socavado el poder de negociación de las personas que venden servicios sexuales en la calle y ha aumentado su dependencia de clientes maltratadores, Vista Analysis concluyó que la presión creciente en el sector de los servicios sexuales:

 

“[…] era acorde con las intenciones de la ley y […] por tanto no se consideraba un efecto secundario indeseado […]”.

 

Del mismo modo, un experto asesor del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública contó a Amnistía Internacional que:

 

“Al final la cuestión es ‘si se considera un problema que las personas que se prostituyen lo tengan difícil’. En la esfera política, nadie ha dicho que queramos que las prostitutas estén bien al mismo tiempo que intentamos erradicar la prostitución”.

 

UNA CULTURA DE ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN

 

Los proveedores de servicios sociales y algunas trabajadoras del sexo entrevistadas por Amnistía Internacional expresaron preocupación por el endurecimiento en años recientes de las actitudes hacia las personas que venden servicios sexuales, y citaron información publicada en los medios de comunicación, investigaciones y experiencias de personas dedicadas al trabajo sexual como pruebas de que las actitudes negativas hacia este colectivo son ahora más habituales. La trabajadora sexual en ámbitos privados Ellie describió a Amnistía Internacional el cambio que, según ella, se había producido:

 

“Cuando el gobierno ilegalizó la prostitución, hizo que la gente nos viera como ilegales. La gente empezó a mirarnos con ojos distintos”.

 

Un estudio de 2011 que exploraba el efecto que había tenido en las actitudes de la opinión pública noruega la entrada en vigor de la ley que penaliza la compra de servicios sexuales halló que, aunque había indicios de un creciente apoyo a la penalización de la compra de servicios sexuales en algunas zonas, “la sociedad noruega se hizo más propensa a pensar que debía ilegalizarse la venta de servicios sexuales frente a lo que lo habría sido de no darse el cambio jurídico”. Los autores reconocían que este cambio de actitud era “lo contrario de lo que los legisladores pretendían conseguir”.

 

Con frecuencia, las trabajadoras del sexo entrevistadas por Amnistía Internacional mencionaron experiencias negativas con ciudadanos de a pie. La discriminación que describieron las mujeres, especialmente en el caso de las trabajadoras sexuales migrantes nigerianas, estaba, a menudo, entremezclada con sentimientos racistas y contra las personas migrantes. Mary contó a Amnistía Internacional:

 

“Son sobre todo las mujeres las que nos insultan, [pero] a veces también lo hacen los hombres. Pasa muchas veces. [Dicen cosas como] ‘puta, vuelve a tu país’. ‘Quítate de una puta vez de mi vista’”.

 

LA CRECIENTE EXPOSICIÓN A LA EXPLOTACIÓN

 

Siete mujeres migrantes que ejercían el trabajo sexual contaron a Amnistía Internacional que, después de que las desalojaran, no tenían adónde ir, y tuvieron que depender de amigos, socios, extraños, refugios para personas sin techo o el espacio público para dormir hasta que encontraron otro lugar donde quedarse. Amnistía Internacional también halló indicios de que la penalización del trabajo sexual deja a algunas personas que ejercen el trabajo sexual expuestas a sufrir explotación a manos de arrendadores que ofrecen no denunciarlas a la policía a cambio de alquileres más elevados, entre otras cosas, o de socios que explotaron su situación de falta de hogar tras el desalojo. Un informe de 2012 sobre las experiencias de mujeres que ejercían la prostitución en Noruega identificaba la falta de estabilidad en la vivienda como un factor determinante para incrementar su vulnerabilidad a la explotación:

 

“La vivienda ha sido un factor clave en el desarrollo de la explotación; varias de las mujeres de Europa del Este que llegaron aquí poco después del cambio de milenio dependían de la ayuda de otras personas para algo tan básico como acceder a una vivienda, pero también para publicitarse y organizar otros aspectos de la prostitución. En cuando se hicieron con su propia red de contactos y lograron organizarse por su cuenta, varias de ellas comenzaron a operar de forma independiente.”

 

UNA RESPUESTA INEFICAZ A LA TRATA

 

Amnistía Internacional se reunió con tres mujeres sobrevivientes de trata de personas para el comercio sexual en Noruega. Relataron diversas experiencias de coacción, explotación y, en algunos casos, violencia extrema. Amnistía Internacional también se reunió con una organización que presta servicios de apoyo a sobrevivientes de trata.

 

La trata de personas constituye un grave abuso contra los derechos humanos. En virtud del derecho internacional, Noruega tiene un serie de obligaciones relativas a impedir la trata, proteger a las víctimas de trata y garantizar la investigación y el procesamiento efectivos de los delitos de trata. Para cumplir adecuadamente las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional, Noruega debe hacer efectiva su estrategia contra la trata sin violar los derechos humanos.

 

La magnitud y las formas de intervención punitiva en el mercado del comercio sexual que el gobierno y el marco jurídico noruegos apoyan actualmente comprometen la seguridad de muchas personas que venden servicios sexuales y contribuyen directamente a violaciones de sus derechos humanos. Al mismo tiempo, las pruebas en que las autoridades noruegas se han basado para justificar las medidas de represión punitivas como iniciativas efectivas contra la trata son fundamentalmente deficientes y se ven menoscabadas por pruebas alternativas que demuestran que, con frecuencia, la represión policial en el mercado del trabajo sexual tiene efectos negativos en las víctimas de trata.

 

Pese a que se promocionan como medidas contra la trata, no queda claro hasta qué punto iniciativas como la “Operación Sin Techo” han contribuido a identificar a las víctimas y a los responsables de trata. De los 280 casos de trata de personas para el comercio sexual denunciados en Noruega entre 2006 y 2014, sólo 32 han dado lugar a sentencias condenatorias de los responsables. En Oslo, la tasa anual de sentencias condenatorias ha oscilado entre cero (en 2010, 2012 y 2014) y tres (en 2011).

 

La aplicación del marco legislativo y el enfoque de “actuación policial preventiva” en el trabajo sexual están incrementando la vulnerabilidad de las personas que venden servicios sexuales en Noruega, exponiéndolas a un mayor riesgo de sufrir explotación. La expulsión estratégica de muchas mujeres migrantes que venden sexo, algunas de las cuales podrían ser víctimas de trata, también da lugar a que no se detecte la trata ni se identifique a las víctimas, lo que expone a las personas a volver a ser objeto de trata. Significa además que los responsables de esos casos no comparecen ante la justicia. La medida simplista del éxito que Noruega aplica a su trabajo contra la trata —a saber, la reducción general del mercado del comercio sexual— significa que, en la práctica, el gobierno puede presentar como exitosa la expulsión de víctimas de trata a otros países. Un representante del Departamento de Policía de Oslo reconocía lo siguiente: “Expulsa[n] a víctimas de trata. Muchas de ellas no saben que son víctimas, pero, con arreglo a la ley , lo son”.

 

Además, la conclusión general de que en Noruega la incidencia del trabajo sexual y, por asociación, de la trata, ha disminuido sustancialmente por la adopción del llamado “modelo nórdico” ha sido cuestionada sistemáticamente por especialistas en ese campo, que señalan “demasiadas incertidumbres” en los datos utilizados para argumentar el éxito de este enfoque.

 

Las mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional describieron motivos diversos para dedicarse al trabajo sexual. Para muchas, el trabajo sexual constituía un medio para abordar las dificultades económicas a las que se enfrentaban ellas o sus familias. La exclusión social, la marginación y la pobreza pueden ser factores en la decisión de comenzar a ejercer el trabajo sexual. Los Estados tienen la obligación de abordar esta injusticia social y económica respetando y protegiendo los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas. Para garantizar que las personas no tienen que depender de la venta de servicios sexuales para satisfacer sus necesidades inmediatas ni las de sus familias, los Estados deben tomar medidas que garanticen que las personas disfrutan de sus derechos humanos, como el derecho a un nivel de vida adecuado, a la educación, a la salud y a no ser discriminadas, entre otros. Los Estados también deben garantizar que las personas pueden participar libremente en la sociedad, sin injerencias indebidas ni represión del Estado.

 

En lugar de dar prioridad a la realización de los derechos humanos de las personas que venden servicios sexuales como objetivo central de la elaboración de políticas en este ámbito, el gobierno noruego ha adoptado un enfoque basado en la penalización. Esencialmente, este enfoque apoya la reducción/erradicación del mercado del comercio sexual por encima de todos los demás objetivos, por lo que, con frecuencia, ignora su impacto en los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual o le concede menos importancia que al objetivo de la reducción/erradicación.

 

Por tanto, Amnistía Internacional pide a las autoridades noruegas que cambien de enfoque y basen su respuesta al comercio sexual en la protección de los derechos humanos de todas las personas que venden servicios sexuales. Amnistía Internacional pide al gobierno noruego que emprenda un programa de reformas jurídicas que despenalice el trabajo sexual de personas adultas ejercido con consentimiento y garantice a las personas que venden servicios sexuales salvaguardias jurídicas frente a la explotación que cumplan las normas internacionales de derechos humanos. Amnistía Internacional recomienda que el gobierno noruego desarrolle y publique un Libro Blanco que formule recomendaciones sobre el establecimiento de un marco legislativo, normativo y regulador que haga efectivos los derechos humanos de las personas que venden servicios sexuales en Noruega, y que financie un proyecto de investigación a largo plazo que proporcione conocimiento sobre las condiciones de vida de las trabajadoras y los trabajadores del sexo en Noruega.

 

Amnistía Internacional también recomienda que el próximo plan nacional de actuación sobre la trata confirme la distinción entre el trabajo sexual de personas adultas ejercido con consentimiento y la trata de personas, y garantice que las medidas contra la trata no afectan negativamente a los derechos humanos y la dignidad de ninguna persona, en particular de las víctimas de trata, las que venden servicios sexuales, las migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. Amnistía también pide el cese inmediato en el uso de las prácticas de actuación policial como “método de estrés” contra las personas que venden servicios sexuales en Noruega.

 

Al final de la versión íntegra del presente informe figuran recomendaciones adicionales.

 

 

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EL COSTE HUMANO DE “MACHACAR” EL MERCADO:

LA PENALIZACIÓN DEL TRABAJO SEXUAL EN NORUEGA

 

RESUMEN EJECUTIVO

 

En 2009 Noruega se convirtió en el tercer país nórdico en penalizar la compra de servicios sexuales. Aunque la venta directa de servicios sexuales no es ilegal, el código penal prohíbe la “promoción” del trabajo sexual. Esta prohibición se aplica a una amplia gama de actividades asociadas con la organización del trabajo sexual, como el alquiler de lugares seguros o el ejercicio junto con otras personas por seguridad.

 

Con la adopción de un enfoque de “actuación policial preventiva”, la policía ha pretendido “machacar” el mercado del comercio sexual mediante la imposición de sanciones por infracciones menores para desestabilizar a quienes operan en él. Esto dio lugar a desalojos sistemáticos e inmediatos de los lugares de trabajo y domicilios de muchas personas dedicadas al trabajo sexual . Las personas que ejercen el trabajo sexual denuncian que están obligadas a correr mayores riesgos para proteger a sus clientes frente a la detención policial, como visitarlos en sus domicilios o disponer de menos tiempo y oportunidades para evaluar los riesgos de atender a potenciales clientes maltratadores. Puesto que el denunciar abusos y actos violentos expone a las trabajadoras y los trabajadores sexuales a un posible desalojo y, en algunos casos, a la expulsión, muchos de esos actos quedan sin denunciar. En Noruega el trabajo sexual continúa estando muy estigmatizado, lo que contribuye a que quienes se dedican a él sean objeto de discriminación, marginación y explotación.

 

El presente informe formula recomendaciones para que se reforme la legislación actual y medidas que adoptar para proteger los derechos humanos de las trabajadoras y los trabajadores del sexo en Noruega.

 

 

 

 

 

Cinco preguntas pertinentes (o no) sobre trabajo sexual y derechos humanos

 

Por Ana Martínez

 

15 de julio de 2016

 

http://bit.ly/29WHgjK

 

Oslo, Noruega, 11 de la noche. Las calles están vacías, a excepción de dos mujeres de origen africano que conversan bajo la luz de una farola. Varios policías vestidos de paisano se acercan y las interpelan de malas maneras: “¿Tenéis condones? ¿Dónde está vuestra documentación? No os queremos ver más por aquí”.

Acoso policial como en este caso, violencia, extorsión, hostigamiento o discriminación. Las personas que se dedican al trabajo sexual están especialmente expuestas a estas y a otras muchas vulneraciones de derechos humanos en todo el mundo. En su mayoría se trata de mujeres que, además, se enfrentan a múltiples formas de discriminación y desigualdades de género.

Amnistía Internacional ha publicado cuatro informes sobre trabajo sexual en Noruega, Argentina, Hong Kong y Papúa Nueva Guinea que evidencian los abusos y violaciones de derechos humanos que sufren las trabajadoras y trabajadores sexuales en estos países, la solución pasa por exigir a los Estados normas que protejan, respeten y hagan efectivos sus derechos humanos a la vez que abordan la trata, la explotación y la discriminación de género. Entre las medidas que Amnistía Internacional solicita a los gobiernos está la despenalización del trabajo sexual entre personas adultas cuando hay consentimiento.

Mona ejerce como trabajadora sexual y vive en las calles de Port Moresby, capital de Papúa Nueva Guinea, con sus tres hijos. A menudo, sufren agresiones verbales. “Dormimos y nos bañamos en los desagües. En ocasiones, algún cliente nos paga una habitación. Si pedimos agua a los vecinos, nos persiguen y nos insultan. Me da mucha vergüenza, pero no hay esperanza para nosotros”, explica. Las trabajadoras sexuales y sus familias están particularmente expuestas a la violencia y a otros abusos de derechos humanos. La esperanza de la que habla Mona está precisamente en leyes que garanticen que todas las personas tengan acceso a sus derechos económicos, sociales y culturales, a la educación y a oportunidades de empleo, además de que gocen de una protección y seguridad mayores. La despenalización supone eliminar las leyes y políticas que criminalizan o sancionan el trabajo sexual y reforzar aquellas que penalizan la explotación, la trata de personas o la violencia contra quienes se dedican a ello.

A Laura, una trabajadora sexual de las calles bonaerenses, la asaltaron una noche a punta de navaja. Nunca lo denunció a la policía. “No me van a escuchar porque trabajo en esto”, asegura. Cuando el trabajo sexual está penalizado, las trabajadoras y trabajadores sexuales están también privados de medidas de protección que podrían servir para aumentar la vigilancia e identificar y prevenir abusos de derechos humanos tan atroces como por ejemplo la trata. A menudo, las víctimas son reacias a denunciar si temen que la policía tome medidas contra ellas por vender servicios sexuales.

Es el caso del modelo nórdico, que prohíbe la compra de servicios sexuales, criminaliza la organización del trabajo sexual y penaliza a las personas que ejercen este trabajo y que se organizan con el objetivo de sentirse más seguras. Amnistía Internacional destaca que estas personas tienen dificultades hasta para encontrar algo tan básico como el alojamiento, ya que sus arrendadores pueden ser procesados por alquilarles un hogar. “Algunos clientes te agreden en sus apartamentos. Pueden hacerlo porque saben que estás demasiado asustada como para ir a la policía. No nos queda otra opción que obedecer sus reglas porque estamos en su casa y no podemos llevarlos a la nuestra”, explica Tina, una mujer nigeriana que trabaja en las calles de Oslo.

La doble discriminación y el estigma que sufren algunos colectivos, como el LGBTI, es otra de las principales preocupaciones en torno a la vulneración de derechos humanos en el trabajo sexual. Virginia, una mujer trans que ejerció como trabajadora sexual en Buenos Aires durante años, explica las dificultades a las que tenía que hacer frente para acceder a los servicios médicos: “Cuando estaba enferma, iba al hospital, pero la gente siempre nos maltrataba. Nos decían que fuéramos a otra clínica porque allí no podían tratarnos…”. Ante este tipo de abusos, es necesario combatir la discriminación y los estereotipos de género perjudiciales, empoderar a las mujeres y al resto de grupos marginados y garantizar que ninguna persona carece de alternativas viables para ganarse la vida.

En definitiva, ¿qué deben hacer los gobiernos para proteger los derechos de las trabajadoras y trabajadores sexuales? Amnistía Internacional demanda un marco jurídico que proteja a estas personas frente a la violencia, explotación y la coerción; que impulse su participación en la elaboración de las leyes y políticas que afectan a su vida y su seguridad; y que garantice el acceso a la salud, la educación y les ofrezca oportunidades de empleo.

Ana Martínez es periodista en Amnistía Internacional España.

 

Declaración a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo

 

 http://www.sexworkeurope.org/news/general-news/statement-european-parliaments-womens-rights-and-gender-equality-committee

 

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Sábado 25 de enero de 2014, por el Coordinador de ICRSE

ICRSE condena la decisión de FEMM, Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo, de apoyar la penalización de los clientes.

Invitamos a nuestros miembros, asociaciones civiles y público en general a reenviar nuestra declaración a los Miembros del Parlamento Europeo, o a utilizarla como plantilla de su propia carta. 

La carta puede ser descargada aquí: http://www.sexworkeurope.org/node/483

Podéis encontrar a vuestros parlamentarios europeos haciendo click aquí: http://www.europarl.europa.eu/meps/en/search.html

Enlace a la carta en portugués: http://encontraprazer.blogspot.com/p/declaracao-ao-comite-do-parlamento.html

Amsterdam
24 de enero de 2014

Un enfoque retrógrado de los derechos, salud y seguridad de las trabajadoras sexuales, apoyado ahora por la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo

El Comité Internacional para los Derechos de las Trabajadoras Sexuales en Europa (ICRSE) condena enérgicamente la recomendación de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo (FEMM)  de penalizar a los clientes de las trabajadoras sexuales. [1]

Contra las recomendaciones de todas las organizaciones de trabajadoras sexuales de Europa, de muchas organizaciones sanitarias y de otros grupos de la sociedad civil, FEMM ha votado apoyar una medida represiva que, bajo guisa de proteger a las mujeres, solo conseguirá aumentar su vulnerabilidad.

Nos ha sorprendido ver que Mary Honeyball, parlamentaria europea por Londres y autora del informe aprobado hoy, pueda ignorar tan descaradamente el hecho de que la penalización de los clientes no solo ha sido ineficaz para reducir la prostitución y la trata, sino que también se ha evidenciado que aumenta la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales. Y, en contra de lo que afirma la Sra. Honeyball, ha llevado también a la penalización de las trabajadoras sexuales.

Entre otras pruebas, un reciente informe de la policía sueca menciona que: “En 2009, el Departamento de Investigación Nacional estimó que había alrededor de 90 salones de masaje Thai en Estocolmo y alrededores, la mayor parte de los cuales se consideraba que estaban ofreciendo en venta servicios sexuales. Entre fines de 2011 y principios de 2012, el número de salones de masaje Thai en el área de Estocolmo se estimaba que era alrededor de 250 y en todo el país alrededor de 450”. [2]  Tales cifras son un claro indicador de que el modelo sueco se ha mostrado ineficaz en su principal misión.

Numerosos otros informes apoyan este sencillo hecho. En Noruega, Pro-Sentret, el centro de ayuda oficial de Oslo a las trabajadoras sexuales, publicó su informe anual de 2012 con pruebas de que el número de trabajadoras sexuales no había disminuido y que tampoco se habían visto afectados por la ley los niveles de violencia contra las trabajadoras sexuales. Este informe, basado en una encuesta realizada a 123 trabajadoras sexuales en activo, demuestra también claramente que las trabajadoras sexuales se muestran ahora más reacias a pedir protección a la policía a causa del mayor estigma que soportan y el entendimiento de que ellas mismas son vistas como delincuentes. [3]

Un aspecto preocupante de la penalización de los clientes concierne a la salud de las trabajadoras sexuales, especialmente en relación al VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual. No es de extrañar que en su artículo en el Observer de hoy la Sra. Honeyball ignore completamente esta cuestión. En Francia, en los meses que precedieron al voto en la Asamblea Nacional, un amplio espectro de organizaciones denunció la falta de preocupación de Najat Valaud-Belkacem, la ministra de Derechos de la Mujer, por la epidemia de VIH y el papel protagonista que las trabajadoras sexuales están representando en la lucha contra la misma. Cien organizaciones francesas y otras tantas organizaciones internacionales firmaron un manifiesto contra la penalización de los clientes, [4] incluyendo proveedores de servicios y organizaciones sanitarias, tales como Médicos del Mundo, y desde luego las propias organizaciones de trabajadoras sexuales.

Nos cuesta trabajo creer que la Sra. Honeyball pueda ignorar tan fácilmente las recomendaciones de expertos de su propio país, tales como las de UKNSWP, una organización de voluntarios integrada por más de sesenta proyectos en todo el Reino Unido, que ofrece servicios de apoyo de primera línea y tiene contacto directo con miles de mujeres y hombres trabajadorxs sexuales en todo el Reino Unido. Sus respuestas a la reciente consulta hecha en Escocia a propósito de la derrotada proposición de ley para penalizar a los clientes de las trabajadoras sexuales no dejan duda de que los trabajadores sociales y otros agentes clave en el trabajo diario con trabajadoras sexuales no apoyan el modelo sueco: 

“La investigación ha mostrado que la penalización, ya del cliente ya de la trabajadora sexual, puede tener consecuencias negativas, peligrosas y a veces fatales para las trabajadoras sexuales, especialmente para aquellas que trabajan en la calle. En el caso del trabajo sexual de calle, la penalización a menudo lleva a un desplazamiento que hace que las trabajadoras sexuales trabajen en lugares más oscuros, más peligrosos y menos conocidos. Esto aumenta las probabilidades de sufrir violencia y hace a aquellas que trabajan en la calle más vulnerables a la explotación. En los otros sectores, la penalización de los clientes refuerza el estigma del trabajo sexual y las trabajadoras sexuales temen que el contacto con la policía y otras autoridades llevará a una investigación sobre ellas y sus clientes. Esto actúa como una barrera de primer orden que impide que las trabajadoras sexuales tengan la confianza de denunciar a la policía y otras autoridades los crímenes de los que puedan ser víctimas. Esto aumenta la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales en todos los sectores: muchos agresores que van a por las trabajadoras sexuales lo hacen porque creen que estas no lo denunciarán a la policía. Esta proposición de ley aumentará aún más esa dinámica”. [5]

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo está tristemente siguiendo la misma tendencia de poner la ideología por delante de la salud y la seguridad de las trabajadoras sexuales, y al actuar así hace caso omiso de la diversidad de experiencias de las trabajadoras sexuales y de los trabajadores sociales, así como de las recomendaciones de organismos internacionales, tales como las publicadas en diciembre de 2011 por el Grupo Consultor sobre VIH y Trabajo Sexual de ONUSIDA en su informe acompañante de la Directiva sobre VIH y Trabajo Sexual de ONUSIDA (2009):

“Los estados deben evitar penalizar el trabajo sexual o las actividades asociadas al mismo. La despenalización del trabajo sexual debería incluir la retirada de castigos penales por la compra y venta de sexo, por la gerencia de trabajadoras sexuales y burdeles y por otras actividades relacionadas con el trabajo sexual”.

¿Cuántos más informes y recomendaciones deberán escribirse y publicarse antes de que los grupos y organizaciones de mujeres empiecen por fin a escuchar a las trabajadoras sexuales? Pero, lo que es más importante, cuántas de nuestras colegas deberán ser asesinadas antes de que empecéis a escucharnos? Las trabajadoras sexuales tienen voz. Y estamos diciendo NO al modelo sueco.

Atentamente,

Luca Stevenson

Coordinador, Comité Internacional para los Derechos de las Trabajadoras Sexuales en Europa (ICRSE)

www.sexworkeurope.org


[1] http://www.ibtimes.co.uk/european-parliament-vote-nordic-model-prostitution-that-fines-clients-1433466?utm_source=hootsuite&utm_campaign=hootsuit

[2]http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Informationsmaterial/01%20Polisen%20nationellt/Engelskt%20informationsmaterial/Trafficking_1998_/Trafficking_report_13_20130530.pdf

[3] http://www.thelocal.no/20120622/rip-up-prostitution-law-says-top-oslo-politician

[4] http://site.strass-syndicat.org/2013/09/manifeste-contre-la-penalisation-des-prostituees-et-de-leurs-clients/

[5] http://www.uknswp.org/wp-content/uploads/UKNSWP_Scotland_consultation_response_dec_2012.pdf


Intl. Committee on the Rights of Sex Workers in Europe (ICRSE) * Van Diemenstraat 194 * 1013 CP Amsterdam, The Netherlands * +31 20 693 1300

Hay que hacer trizas la ley de prostitución, dice un alto cargo político de Oslo

Published: 22 Jun 2012

http://www.thelocal.no/page/view/rip-up-prostitution-law-says-top-oslo-politician

Noruega debería hacer pedazos una ley que criminaliza a los compradores de sexo, cree la directora de asuntos sociales de Oslo, tras un nuevo informe que muestra un marcado incremento de la violencia contra las prostitutas que trabajan en la ciudad.

                           

Anniken Hauglie (Partido Conservador) hizo un llamamiento para que sea derogada la ley después de que el centro oficial de la ciudad de ayuda a las prostitutas, Pro Sentret, publicara un informe el viernes pasado detallando el deterioro de las condiciones de vida de las trabajadoras sexuales de la capital.

“La realidad es que la ley ha hecho la vida más difícil para las mujeres que se dedican a la prostitución”, dijo Hauglie.

“Es nuestra responsabilidad política tomar en serio esta evaluación. Mi opinión es que la prohibición de comprar sexo debería ser derogada, y pienso que lo menos que debe hacer el parlamento es evaluar los efectos de la ley.”

La ley de prostitución de 2009 prohibe la compra pero no la venta de servicios sexuales, siendo la intención de los legisladores obstaculizar el comercio apuntando a la demanda.

Pero el informe de Pro Sentret indica que la ley ha vuelto, de hecho, a las prostitutas mucho más susceptibles de violencia a manos de sus clientes en la medida en que el comercio sexual se vuelve más clandestino.

Y, más aún, las prostitutas se han retraído más de buscar ayuda desde que entró en vigor la ley, ya que muchas mujeres perciben que ellas también son vistas como criminales, dice el informe.

Muchas de las mujeres dijeron también que la nueva ley había ahuyentado a muchos de sus clientes de más confianza, mientras que los clientes  problemáticos y violentos habían seguido relativamente impertérritos.

De acuerdo con el estudio, titulado Farlige Forbindelser (Relaciones Peligrosas), el 59 por ciento de las prostitutas de Oslo habían sido víctimas de alguna forma de violencia en los últimos tres años.

“La violencia contra las mujeres que practican prostitución es brutal y frecuente”, dijo Ulla Bjørndahl de Pro Sentret.

“A menudo la violencia es extrema. Once personas han sufrido amenazas de muerte, muchas han sido amenazadas con armas, o han sufrido robos y violaciones, o han sido amenazadas para obligarlas a participar en sexo no consensuado”,  declaró Bjørndahl al periódico Dagbladet.

Anniken Hauglie dijo que estaba horrorizada por los hallazgos del informe.

“También es desgarrador ver la violencia a la que se ven sometidas, sólo para enterarse después de que muchas de ellas no denuncian (los crímenes). Esto significa que los agresores se van tan tranquilos y tienen libertad para poner en peligro a otras”.

El informe está basado en entrevistas realizadas entre enero y marzo de este año a 123 prostitutas que trabajan en las calles, no en pisos, y en salones de masaje ofreciendo servicios sexuales.

En un estudio similar de 2008, el 52 por ciento de las prostitutas dijo que habían sido víctimas de violencia.

Las prostitutas que participaron en el estudio de este año procedían de 16 países diferentes. Cincuenta eran de Tailandia, 24 de Nigeria y 21 de Noruega.