En el quicio de La Merced: mercado sexual y regulación del espacio público

 

Por Luz Jiménez

11 de junio de 2019

En el quicio de La Merced: mercado sexual y regulación del espacio público

 

En días pasados la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México votó para suprimir las sanciones al ejercicio y la solicitud de servicios sexuales en las calles de la ciudad. Estas sanciones apenas habían sido propuestas en el artículo 27 de la nueva Ley de Cultura Cívica, publicada el pasado ocho de junio de 2019. Los debates abiertos sobre este nuevo intento de sancionar el comercio sexual en la ciudad, en los que favorablemente participaron los grupos de trabajadoras sexuales organizadas, enmarcan mi reflexión en torno a la regulación sexual del espacio público.

Para localizar mi análisis, retomo el caso del barrio de La Merced ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde se sitúa uno de los mercados sexuales callejeros más antiguos de la ciudad. En este espacio, altamente politizado y disputado, se han operado diversas normativas —administrativas y penales— de la mano de un conjunto de intereses económicos que se hicieron más evidentes a finales del siglo XX y principios del XXI, cuando el gobierno de la Ciudad de México inició el proyecto de “rescate integral” del Centro Histórico. Una de las acciones impulsadas para apoyar este proyecto económico fue el reforzamiento de la seguridad pública en la zona, que contribuyó a construir al Centro Histórico como un espacio “seguro” para la gentrificación y turistificación, es decir para la obtención de beneficios comerciales y financieros mediante la apropiación de los escenarios urbanos.

En este sentido, no fue casual que el desarrollo del proyecto de recuperación del Centro Histórico sucediera de manera paralela a la publicación, en 2004, de la antigua Ley de Cultura Cívica, en la cual se sancionaba administrativamente el acto de “invitar a la prostitución o ejercerla” con el objetivo explícito de vigilar el orden público y la convivencia urbana. Si bien el ordenamiento legal intervino en la creación y modificación del ordenamiento espacial, en tanto delimitó las áreas para la realización de transacciones sexo-económicas, éste se transmutó en un ordenamiento moral y sexual del espacio que contribuyó a expulsar a las trabajadoras sexuales de las zonas comprometidas con el proyecto de rescate urbano.

Ilustración: Patricio Betteo

Al igual que la recién publicada, la anterior Ley de Cultura Cívica fue criticada porque introdujo políticas represivas dirigidas a las trabajadoras sexuales de la calle, quienes viven de manera directa los efectos del capitalismo neoliberal, como la pobreza, el desempleo, la falta de acceso a servicios sociales y la flexibilización laboral. Pareciera que la normativa creada para regular el espacio público ha funcionado también como estrategia para justificar la inexistencia de políticas estatales de justicia social dirigidas a las personas que se dedican al comercio sexual callejero.

No obstante, la Ley de Cultura Cívica no es la única legislación cuyo efecto colateral ha sido la criminalización y discriminación de las trabajadoras sexuales de la calle. Esto también ha sucedido con la legislación relativa a la trata de personas y sus mecanismos de operación, que si bien tienen el objetivo de “rescatar, proteger y atender a las víctimas o posibles víctimas del delito”, han tenido efectos concretos en la organización espacial del mercado sexual de La Merced.

Durante los primeros años del siglo XXI, el barrio de La Merced transitó de ser considerado el corazón de la prostitución a ser construido discursivamente como uno de los focos rojos de la trata de personas, específicamente de la trata sexual de mujeres. Tanto en notas periodísticas como en declaraciones oficiales, La Merced fue representada ante la sociedad mexicana —y alrededor de todo el mundo— como el prostíbulo de América Latinael centro de la trata infantil y de mujeres de México o el mayor corredor de prostitución y trata de personas de América Latina.

Para atender la demanda de atención de la trata de personas, en el 2000 se elaboró el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, conocido como Protocolo de Palermo, que forma parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Este es el instrumento legal más importante a nivel internacional para combatir la trata alrededor del mundo en el que se establecieron los lineamientos para la elaboración de políticas institucionales dirigidas a su prevención, atención, sanción y erradicación.

En México, la legislación sobre trata de personas fue elaborada por primera vez en 2007, y desde su creación planteó una ambigüedad sobre lo que debe ser considerado prostitución forzada y otras formas de explotación sexual, ya que ninguna de éstas es definida en el Protocolo. No obstante, las disputas alrededor del comercio sexual como una forma de esclavitud sexual o como un trabajo que debe ser reconocido como tal, han enmarcado la producción de una narrativa dominante que subraya la no distinción entre comercio sexual y trata de personas, lo que ha contribuido a una mayor criminalización de las trabajadoras sexuales.

En el caso mexicano, la operación de la ley antitrata en el espacio de comercio sexual callejero de La Merced comenzó en 2007 con los primeros operativos realizados en los hoteles y cuartos acondicionados para la realización de las transacciones sexoeconómicas. El cierre de hoteles y otros establecimientos donde se realizaba comercio sexual en nombre del combate a la trata sexual de mujeres ha sido interpretado como una “cacería de brujas” para expulsar a las trabajadoras sexuales de zonas comprometidas con el rescate del Centro Histórico de la Ciudad de México, pues a partir de las acciones impulsadas por el gobierno local se han cerrado y procesado una cantidad significativa de inmuebles que podrían ser vendidos a particulares para obtener el dinero que supuestamente estaría destinado para resarcir el daño a las víctimas.

Esto se suma a que en 2012 la legislación anti trata en México se modificó para eliminar la noción de consentimiento, lo que trajo como efecto que todas las personas que se dedican al comercio sexual —así fuera de manera autónoma— fueran consideradas víctimas de trata. Estos cambios fortalecieron la mezcla discursiva entre el comercio de servicios sexuales autónomo y la trata sexual, convirtiendo a la organización del comercio sexual en un delito y a las personas que se dedican a éste automáticamente en víctimas.

En lo que va del siglo XXI, los efectos de las viejas regulaciones alrededor del comercio sexual en las calles de la Ciudad de México, junto con estas nuevas políticas anti trata creadas con el objetivo de proteger a las personas víctimas de este delito, han vulnerado el ejercicio de derechos de las mujeres que comercian servicios sexuales en el espacio público. Estas normativas han traído consigo una mayor clandestinización de los mercados sexuales que ha favorecido la ausencia de condiciones laborales adecuadas y justas; la obstaculización o imposibilidad de constituir sindicatos de trabajadoras sexuales o la organización política y social informal para exigir derechos del gremio; y el aumento de la criminalización del trabajo sexual.

Sin embargo, las trabajadoras sexuales organizadas también han desplegado diversas formas la apropiación, ocupación y uso de los espacios públicos donde se realiza comercio sexual callejero. Una muestra de esta resistencia frente a su criminalización y victimización fue la obtención en 2014, vía un litigio jurídico, de las licencias de trabajadoras no asalariadas para las mujeres que se dedican al comercio sexual callejero por parte de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México. Estas licencias certifican a las mujeres como personas que realizan su actividad laboral en la vía pública sin necesidad de que exista una relación formal obrero-patronal o que reciban un salario fijo, como los lustrabotas, los cuidacoches, los músicos callejeros.

En un contexto en el que se privilegia el aumento del número de mujeres situadas en los márgenes del sistema económico neoliberal, resulta necesario que el proyecto intelectual y político del feminismo se cuestione los efectos que tienen las normativas para regular el espacio público y la legislación antitrata —que promueve la confusión entre comercio sexual y trata—, en el ejercicio de derechos de las personas que comercian servicios sexuales en las calles. Estas estrategias represivas no solo buscan sacar del espacio público al comercio sexual, sino encapsularlo o incluso volverlo cada vez más clandestino, mas no abolirlo como supuestamente argumentan las feministas abolicionistas-prohibicionistas.

Este encapsulamiento y clandestinización impide que las trabajadoras sexuales sean reconocidas como sujetos de derecho e interlocutoras políticas, capaces de dialogar y definir estrategias que atiendan sus necesidades concretas y respeten su derecho a transitar y trabajar en el espacio público. En este sentido, comparto el llamado elaborado por el Grupo Latinoamericano de Análisis/Acción sobre los Mercados Sexuales (GLAMSex), a apoyar una petición en la plataforma Change.com  para que las y los diputados de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México y la Jefa de Gobierno tomen en cuenta las voces de las trabajadoras sexuales organizadas en la discusión sobre sus necesidades y demandas y en la definición de la legislación y las políticas orientadas al reconocimiento del trabajo sexual con total respecto a sus derechos humanos.

 

Luz Jiménez
Feminista. Doctorante en Ciencias Políticas y Sociales, orientación en Sociología, de la UNAM. Integrante del Grupo Latinoamericano de Análisis/Acción sobre Mercados Sexuales (GLAMSex).

 

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Trabajo sexual, derechos laborales y sindicación

Inscripción obligatoria: otras@sindicatootras.org

Declaración de la Asociación CATS ante el 1º de Mayo

 

Asociación CATS

1 de mayo de 2019

https://bit.ly/2J4trPC

 

 

Hoy, 1° de mayo, el Día Internacional de las y los trabajadoras/es, no podemos pasar por alto a las personas que se dedican al ejercicio del Trabajo Sexual.

Provienen de muchos países y contextos diferentes, pero en todas partes se enfrentan a los mismos problemas en el trabajo y en la vida privada: La hipocresía de la sociedad que hace uso de sus servicios pero considera ilegal su trabajo, la hipocresía de la sociedad que las victimiza y criminaliza sin pararse a escucharlas, la hipocresía de la sociedad que las culpa de ser malas mujeres por no cumplir los cánones establecidos por un sistema heteropatriarcal mientras que dice luchar contra él, la hipocresía de una sociedad que grita “Nosotras decidimos” pero a ellas se lo prohíbe, la hipocresía de una sociedad que no considera que tengan capacidad para decidir por ellas mismas pero sí que la sociedad puede decidir por las trabajadoras del sexo…

Mientras la sociedad nos victimiza y criminaliza, queremos recordar que con la moral no se come, pero con el trabajo sexual se come bien.

Este maltrato consciente condena a lxs Trabajadorxs del Sexo al ocultismo, a no denunciar la violencia contra nosotras a la carencia de derechos, a un desigual trato ante la ley, al acoso y abuso de poder por parte de los agentes de la autoridad… Todo mientras la sociedad mira para otro lado o lo justifica diciendo que ellas no quieren este trabajo, que son esclavas, mujeres tratadas, mujeres sumisas…, pero sin escucharlas. Nosotras sí queremos escucharlas, por eso traemos algunas de las reivindicaciones realizadas por trabajadoras del sexo procedentes de 26 países durante la Conferencia Europea sobre Trabajo Sexual, Derechos Humanos, Trabajo y Migración:

“La primera aclaración que realizan y que todas deberíamos grabarnos a fuego: el trabajo sexual es por definición sexo consentido. El sexo no consentido no es trabajo sexual, sino violencia sexual o esclavitud”

Hoy, nuestras demandas son:

– Exigimos que dejen de excluir a lxs Trabajadorxs Sexuales de la sociedad.
– Exigimos que todas las decisiones acerca del trabajo sexual se tomen consultando con nosotrxs.
– Reivindicamos nuestro derecho a sindicarnos.
– Reivindicamos nuestro derecho a manifestarnos públicamente.
– Reivindicamos nuestro derecho a estar presentes en cualquier espacio público.
– Exigimos que el sistema judicial se tome en serio los delitos de los que somos víctimas y nuestras declaraciones sin que esto tenga las malas consecuencias para nosotras.
– Es inaceptable que se sacrifique a lxs trabajadorxs del sexo debido a la moral religiosa o sexual. Todo el mundo tiene derecho a vivir sus propios principios morales o religiosos pero esos principios no se deben imponer a terceros ni influir en las decisiones políticas.

 

¡EL TRABAJO SEXUAL ES TRABAJO, POR UN PRIMERO DE MAYO DE TODXS LXS TRABAJADORXS!

 

Demandas y Reivindicaciones Feministas sobre el Trabajo Sexual en España

 

Aliadas TransFeministas

25 de abril de 2019

https://aliadastransfeministas.wordpress.com/2019/04/25/demandas-y-reivindicaciones-feministas-sobre-el-trabajo-sexual-en-espana/

 

 

La situación actual de la prostitución en España resulta incongruente: Nos encontramos ante una actividad que no posee ningún tipo de reconocimiento legal ni de derechos, pero se contabiliza a la hora de calcular el PIB nacional como cualquier otro sector. A su vez, los y las trabajadoras sexuales somos perseguidas y acosadas a través de las ordenanzas municipales y de la Ley Mordaza (Ley Orgánica de protección de Seguridad Ciudadana). Somos un colectivo atravesado por todo tipo de discriminaciones e injusticias y, sin embargo, se nos ha mantenido al margen de toda consideración, participación y análisis. Sobre las putas se mantienen diversas atribuciones peyorativas y desvalorizantes que hasta hace poco se extendían a todas las mujeres. En ámbitos en los que las mujeres como grupo han batallado durante años para la consecución de los derechos, las putas continúan siendo discriminadas 1. Aún siendo el nuevo sujeto político de este país, ningún partido aborda en profundidad la cuestión del trabajo sexual en sus programas electorales ni de gobierno, ningún partido ha escuchado y tenido en cuenta nuestras reivindicaciones y necesidades. Deciden su posicionamiento sin contar con nosotras. Algunos pretenden una abolición y/o prohibición imposible que nos estigmatiza aún más, criminaliza nuestro entorno de trabajo y nos condena a la precariedad. Otros evitan posicionarse y hay quien pretende instrumentalizarnos. Todos estos posicionamientos tienen como resultado más beneficios para los empresarios mientras se nos siguen negando derechos básicos como trabajadoras.

Las trabajadoras sexuales, existimos, tenemos voz y demandamos derechos. NO estamos de acuerdo con el Modelo Regulacionista cuyos fines exclusivamente recaudatorios y de contención social, derivados de concepciones sexófobas, racistas y machistas perpetúan la discriminación y el estigma. Ejemplos de ello son el modelo Alemán u Holandés. Ciertos sectores del feminismo institucional y salvacionista identifican nuestras demandas con dichos modelos, con el objetivo de silenciarnos y mantener puestos y subvenciones a nuestra costa. Este tipo de regulación prima el “apartarnos” a lugares controlados, que gestionan empresarios que explotan a las trabajadoras, sobretodo a las migrantes en situación irregular. Lo que queremos y necesitamos es un modelo basado  en el reconocimiento de derechos y la plena participación en el diseño de las políticas que nos afectan. Sólo los derechos garantizarán que podamos defendernos de los abusos. A pesar del estigma, del abandono y de las políticas bienpensantes que nos violentan, tenemos capacidad de decisión y agencia, y somos las protagonistas de nuestras vidas. Reclamamos la despenalización completa del trabajo sexual, lo cual supone el acceso inmediato a los derechos fundamentales, y la derogación de todas las leyes y normativas que nos criminalizan. Exigimos que las políticas que se implementen sobre la prostitución se diseñen con nuestra participación y desde una perspectiva de derechos humanos y de reducción del daño. Para ello, es necesario tener en cuenta los siguientes puntos, que consideramos mínimos e imprescindibles, y que nos parecen debieran ser de consenso si realmente interesan nuestras vidas y nuestra dignidad.

El reconocimiento de derechos pasa necesariamente por la distinción entre prostitución y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

En un contexto político marcado por la utilización del debate de la prostitución dentro del feminismo, así como la utilización con fines electorales de asesinatos y casos de víctimas de trata, violencia de género y/o institucional, se tiende a eliminar la distinción entre prostitución y trata con el objetivo de silenciar e impedir la participación de aquellas personas que hemos decidido ejercer este trabajo. Incluso se ha llegado a difamar y comprometer la seguridad e intimidad de algunas de nosotras. Esta tergiversación forma parte del discurso que provoca un doble efecto negativo sobre las mujeres. Por un lado, no se llega a combatir la trata de manera real y no se protege a las víctimas de la misma. Por el otro, se criminaliza y se vulneran los derechos de quienes, independientemente de lo que nos haya llevado a ello, decidimos dedicarnos a la prostitución.

Es por ello que exigimos que cualquier intervención vaya acompañada de un marco legal que no confunda trata y prostitución y que sea capaz de dar respuestas reales a las diferentes situaciones de las personas que ejercen el trabajo sexual . Dentro de este marco legal entendemos que deben existir medidas específicas sobre prostitución y medidas específicas para combatir la trata. Las administraciones públicas necesariamente deben tener en cuenta la diferencia a la hora de intervenir, ya que las respuestas a cada situación no son en absoluto las mismas.

Medidas sobre trabajo sexual

 Alternativas laborales reales y no precarizadas ni feminizadas para las mujeres que quieren abandonar la prostitución. El acceso a las mismas no debe implicar el visibilizarse como prostituta, a fin de evitar los efectos del estigma a nivel laboral, social y personal.

– Necesitamos cursos de formación becados y de calidad, que permitan un progreso social y económico y que no condenen a las mujeres a empleos precarios, feminizados, donde van a ser explotadas y empobrecidas. Proponemos rescatar el perfil de Mediadora Social y de Salud que durante un tiempo se implementó en Andalucía, donde las ex prostitutas realizaban la intervención social en los contextos de trabajo de sus compañeras, y que posteriormente  fue tomada por organizaciones institucionales de corte abolicionista.

– Garantizar el efectivo empadronamiento y el acceso al sistema de salud de las migrantes, porque este es un derecho universal, al margen de que su situación administrativa esté o no regularizada. Establecer mecanismos que posibiliten el efectivo empadronamiento de las personas migrantes trabajadoras sexuales que residen en nuestro país.  Garantizar el acceso al sistema sanitario público de todas las personas migrantes, independientemente a su situación administrativa, en todo el estado español y con todas las garantías y derechos.

– Cese de las ordenanzas municipales que multan a prostitutas y/o clientes, y de la Ley Mordaza.Ésta suele implementarse para multar allí donde no hay ordenanza municipal. Estas prácticas criminalizan y empobrecen más a las mujeres y las condena a mayor vulnerabilidad (como ya lo ha demostrado en su reciente investigación el Grupo Antígona de la UAB*2) al tener que ir a lugares más aislados, con menos tiempo y capacidad de negociación, para evitar las multas. La criminalización y la precariedad a la que nos aboca, además, contribuye a que terminemos trabajando para terceros, ya sea en clubes o pisos, donde la explotación económica y laboral es mayor por carecer de derechos frente a los empresarios. En dicho orden, exigimos que se anulen todas las multas a trabajadoras sexuales no pagadas hasta hoy como acto de reparación.

– Sentar bases y criterios para que el debate sobre prostitución se produzca realmente, podamos escucharnos y llegar a acuerdos. Para ello, resulta necesario que se tengan en cuenta y respeten todas las voces y es imprescindible la participación activa de las prostitutas.

– Acceso a los servicios sociales: Las mujeres que ejercen la prostitución, especialmente si son madres, se enfrentan a una institución que, si no se asumen como víctimas dispuestas a ser salvadas, las estigmatiza, criminaliza y, les quita la custodia de sus hijes. Necesitamos poder acceder a los servicios sociales y sus recursos de forma segura, en pie de igualdad al resto de las personas con algún tipo de vulnerabilidad social. Necesitamos que las y los trabajadores sean sensibles frente al estigma que sufrimos, no que nos juzguen en base a una determinada moral *3.

– Derechos y protecciones laborales para las personas que han escogido ejercer la prostitución.Carecer de derechos laborales dificulta, y a veces incluso impide, el acceso a derechos civiles y sociales, abocándonos a una situación de indefensión social y jurídica. Como ha demostrado la experiencia neozelandesa en sus ulteriores revisiones por entidades de derechos humanos, academia y magistratura, esta es la única vía para reducir la vulnerabilidad de nuestro colectivo y aumentar nuestra autonomía en el trabajo *4.

 Trabajo a terceros:  En espacios de trabajo a terceros, la ausencia de cualquier tipo de derecho se traduce en un poder ilimitado por parte del empresariado, con los consecuentes abusos que eso acarrea. Muchas prostitutas no tienen la posibilidad de trabajar de manera autónoma por diversas razones, ya sea por su situación irregular u otros motivos personales y de preferencia. Necesitamos medidas que nos permitan organizarnos en espacios autogestionados y derechos para protegernos de los abusos del sector patronal y empresarial en todas sus modalidades.

– El Trabajo Sexual (TS) es diverso al igual que las personas que se dedican a ello,  y no solamente comprende un tipo determinado de prostitución: TS callejero , TS online/telefónico, TS independiente, TS a terceros, TS indoor, TS outdoor, y TS audiovisual, así como el TS masculino. Necesitamos medidas específicas para cada sector, pactadas y negociadas con sus agentes protagonistas, según sus necesidades y demandas.

Medidas contra la trata

El situarnos en un marco legal que establezca de manera clara y real la distinción entre trata y prostitución permitirá articular medidas concretas contra este gravísimo delito. También es necesario distinguir trata de las redes de tráfico de personas. Éstas últimas se aprovechan de las políticas de fronteras de la Europa fortaleza para lucrarse a costa de las personas migrantes. Ni todas las mujeres extranjeras vienen a través de una red de tráfico ni todas las que vienen a través de una red de tráfico han sido tratadas, sino que deciden dentro de las escasas opciones laborales que les quedan, prefiriendo gastar sus ahorros para venir a Europa a ejercer la prostitución que quedarse en sus países a merced de la violencia, el hambre o la guerra.

Es urgente y necesario cambiar el enfoque que se da a la trata. Es decir, la trata debería dejar de ser un instrumento de control migratorio para, en cambio, darle prioridad a los derechos humanos de las víctimas. Con ello, apostamos por que la víctima pueda acceder a derechos y a una protección independientemente de si denuncia o no al tratante. Además de esto, son necesarias otras actuaciones como:

– Que se tengan en cuenta todas las modalidades de trata que existen. De acuerdo con el último informe del Consejo de Europa, España vulnera sistemáticamente los derechos de las víctimas de trata laboral, que no se detectan, encontrándose infra representada. Los datos que proporcionó el Gobierno para este mismo Informe muestran que la trata laboral en España tiene las mismas proporciones que la trata con fines de prostitución forzada.

– Cese de las redadas dirigidas a las migrantes en situación irregular que ejercen la prostitución. Son la mayoría y (a pesar de que para ciertos sectores feministas prohibicionistas todas son tratadas) se les aplica la ley de extranjería, sufriendo continuamente controles llevados a cabo por motivos de discriminación racial y de país de origen. Como la prostitución no tiene estatus legal, no pueden cumplir con las restricciones que impone la ley y, por lo tanto, se ven obligadas a permanecer en un círculo de clandestinidad del que no pueden salir, ni tampoco acceder a otros trabajos si así lo desearan. Si cabe la posibilidad de que sean víctimas de trata: ¿por qué son expulsadas en lugar de ser protegidas?

– Cese de deportaciones y órdenes de expulsión: apoyo real sin límite de tiempo con garantías sociales y jurídicas para que las víctimas puedan denunciar. Actualmente tienen 90 días para reflexionar, sin ningún tipo de atención. Si no denuncian (lo cual es muy probable debido al miedo y las amenazas de los tratantes a sus familias) son trasladadas a los CIEs.

– Garantizar el asilo político a las víctimas de trata: en los 10 últimos años sólo se han concedido 25 asilos para las víctimas de trata de todos los sectores (agricultura, servicio doméstico, textil, explotación sexual).

– Que se garantice la indemnización a las víctimas por parte del Estado. En la mayoría de los sistemas legales, incluido el español, se reconoce el derecho de las víctimas a reclamar ante la justicia una compensación por los daños materiales y morales sufridos. Sin embargo, en la práctica, persisten muchos obstáculos para que lleguen a obtener una reparación efectiva. En el caso de las víctimas de trata de personas las posibilidades reales de que lleguen a obtener una indemnización es muy baja *5.

– Cierre inmediato de los CIEs: El funcionamiento del sistema carcelario de  los CIES incide de manera diferente entre mujeres y hombres. Las mujeres son también usadas como mano de obra en estos centros de internamiento y pueden permanecer arrestadas durante un tiempo ilimitado si las necesidades de mantenimiento de estos centros así lo requieren.

– Modificación de la actual Ley de Extranjería. Esta ley es responsable de las situaciones de abuso que viven las prostitutas migrantes de países extracomunitarios. Es necesario tener en cuenta que una política migratoria restrictiva como la que tenemos favorece la proliferación y el recrudecimiento de las redes de trata y sus métodos. Las dificultades de acceso a una regularización documental por parte de las personas migrantes en España, también afecta a las trabajadoras sexuales migrantes limitando sus opciones y poniendo obstáculos a sus proyectos migratorios.

Nuestras demandas no perjudican a nadie, no hay que elegir entre nuestros intereses y los de otro sector de la sociedad. Nos situamos de lleno en el feminismo, un feminismo que tiene en cuenta los diferentes ejes de opresión de las mujeres reales, y por tanto se ocupa también de fronteras y de horarios y de bajas por enfermedad. Consideramos que son compatibles con cualquier posición sobre lo que debería ocurrir con la prostitución en la sociedad futura a la que cada una aspiramos, son demandas para poner en marcha ahora mismo, en la sociedad y realidades que vivimos en el presente. El debate no consiste en decidir entre prostitución sí o no, la realidad es: trabajo sexual con derechos y protección, o trabajo sexual clandestino , con todas las consecuencias que eso conlleva.


*1 Palabras de Dolores Juliano
*2 “Las ordenanzas municipales: entre la regulación y la sanción de la prostitución en España”http://revistes.ub.edu/index.php/CriticaPenalPoder/article/view/26785
*3 Linda Porn “El hombre del saco”: https://www.pikaramagazine.com/2019/03/el-hombre-del-saco/ 
*4 United Nations Office on Drugs and Crime: “Global Report on Trafficking in Persons 2018”https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf
*5 Informe “Valoración del Nuevo Marco Jurídico contra la Trata de Seres Humanos. Análisis de Casos Reales y Recomendaciones”, Proyecto ESPERANZA:  http://www.proyectoesperanza.org/materiales/Informe_Nuevo_Marco_Juridico_Documento.pdf

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COLECTIVOS FIRMANTES:

AFEMTRAS – Agrupación Feminista de Trabajadoras Sexuales

APROSEX – Asociación de Profesionales del Sexo

Colectivo Caye

CPS – Colectivo de Prostitutas de Sevilla

IAC-FAA Secció Sindical Treballadores Sexuals

Putes Llibertaries del Raval

Sindicato OTRAS

ADHESIONES DE COLECTIVOS

Acciónenred Andalucía

Acciónenred Madrid

APDHA – Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía

Asamblea de mujeres de Granada “Mariana Pineda”

Asamblea Transmaricabollo de Sol, Madrid

Asociación Genera

CAMPA (Colectivo de apoyo a mujeres presas de Aragón)

Colectivo #NuncaSinNosotras Zaragoza

C.A.T.S. – Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo

Fundación de Los Comunes

Mujeres Progresistas por la Diversidad en Granada

Nociones Comunes Zaragoza.

(N)O.M.A.D.A.S – Oficina de Migración y Atención a la Diversidad Afectivo Sexual, Valencia

Synusia

 

La juez del mayor caso sobre prostitución imputa a un guardia civil más de 70 delitos

 

La instructora propone a la Xunta personarse como acusación y avisa al Estado de que es responsable subsidiario de la actuación del agente que demandaba sexo a cambio de papeles

 

SILVIA R. PONTEVEDRA

26 de marzo de 2019

https://elpais.com/sociedad/2019/03/25/actualidad/1553538224_348830.html

 

La testigo protegida DPA 123 B llegó a España, desde Brasil, en situación irregular el 19 de octubre de 2006 y el 29 de noviembre conoció su primera redada. Pero aquella no era una auténtica inspección y de ella no quedó constancia policial alguna. El cabo primero de la Guardia Civil Armando Lorenzo Torre, miembro del Equipo de Personas y Emume (mujeres y menores) de Lugo, se presentó presuntamente en el Club Sirena proclamando que era “jefe de extranjería” y ordenó a un compañero fotografiar a las mujeres de una en una. Ellas iban pasando a la cocina para ser retratadas y dar sus datos personales. Y cuando le tocó el turno a DPA 123 B, Lorenzo le preguntó: “¿Qué hace una chica tan guapa ejerciendo la prostitución?”. Ella respondió que lo hacía “por necesidad”. Y el cabo mandó a su compañero que le tomara fotos de cuerpo entero. Después, le pidió a la mujer su número de móvil. Y ahí empezó todo.

Lo siguiente fueron las reiteradas llamadas a la chica y la visita al domicilio de esta, el 18 de diciembre, por parte de Armando Lorenzo. Según un par de testigos él sacó su pistola; la posó sobre una mesa. Le dijo “vengo de deportar a 20 o 30 compatriotas tuyas”, “tus días en España como legal se están terminando, dame el pasaporte que yo te arreglo para tres meses más”. A continuación, aunque ella se negaba, cuenta que la obligó a practicarle una felación y luego la penetró “sin preservativo”. Todo esto se relata en la Operación Carioca, la mayor investigación contra las mafias de proxenetismo que ha tenido lugar en España (310 tomos, 377 testigos) y que hunde sus raíces precisamente en la denuncia de esta joven. Después de una década de instrucción, la juez hace repaso de las actividades del agente (uno de los principales entre los 89 imputados que llegó a sumar la causa desguazada en 50 piezas) y propone en un auto de más de 200 folios el procesamiento del cabo por más de 70 delitos.

La magistrada Pilar de Lara ordena, además, notificar a otras 23 mujeres que tienen derecho a ayudas para personarse en calidad de víctimas de violencia de género. Ofrece a la Xunta de Galicia ejercer la acusación popular y toma una medida nunca aplicada hasta ahora: avisar al abogado del Estado de que la Dirección General de la Guardia Civil es responsable subsidiaria de los presuntos delitos cometidos por este agente y también por su jefe, el brigada Julio Baquero, al que atribuye omisión y cohecho. La juez se basa en que sus actividades eran “ampliamente conocidas por sus superiores jerárquicos”.

El auto de transformación de las actuaciones en proceso sumario dispone el inminente procesamiento de estos dos agentes y de tres proxenetas, entre ellosJosé Manuel García Adán, dueño de los clubes Queen’s y Colina, situado en el epicentro de la trama Carioca. Después el caso pasará a manos de la Audiencia Provincial de Lugo, que debe ratificar la conclusión y ordenar la apertura de juicio oral. La detención de Armando Lorenzo, que entró en prisión y luego quedó en libertad provisional con la prohibición de residir en Galicia, convulsionó a la sociedad lucense.

Una veintena larga de delitos que le atribuía la juez han prescrito o se sobreseen por falta de pruebas, pero entre los que todavía siguen en pie están la supuesta agresión sexual con intimidación y amenaza a la testigo protegida, y 21 delitos de cohecho en relación a otras mujeres a las que presuntamente requería favores sexuales a cambio de regularizarlas para no ser deportadas. De Lara también lo considera autor de delitos de extorsión y de cohecho con respecto a los dueños de los burdeles, por brindarles trato de favor si recibía a cambio beneficios económicos. Le atribuye igualmente revelación de secretos, tráfico de influencias o falsedad documental en la elaboración, por ejemplo, de denuncias falsas contra propietarios de prostíbulos que supuestamente se negaban a pagarle. Por último, la juez tiene en cuenta una docena de supuestos delitos continuados de omisión del deber de perseguir delitos y varios cargos vinculados al “favorecimiento de la prostitución”.

Según la titular del juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, el guardia civil no solo hacía funciones de “taxista” en el coche oficial del cuerpo al transportar a mujeres hasta el Queen’s para evitar posibles controles y deportaciones. También se encargaba de derivar a este y al otro burdel que regentaba el proxeneta García Adán a muchas trabajadoras de los clubes en los que había redadas, en vez de llevarlas a “una casa de acogida o una ONG”, reprocha la instructora.

“La actividad presuntamente delictiva del cabo Armando Lorenzo se remonta a su anterior destino en la Unidad Orgánica de Policía Judicial adscrita a la Audiencia Provincial de Lugo, en el que se habría granjeado la confianza y amistad de algún magistrado”, apunta la juez. En el otro mundo que frecuentaba el agente, había mujeres que “rozaban la indigencia”, señala. “La inmensa mayoría eran extranjeras”, jóvenes, “vulnerables”, “se encontraban en España en situación irregular, necesitaban enviar dinero a sus hijos, padres, hermanos y uno de sus principales temores eran las redadas, en las que podrían ser detenidas y expulsadas del país”.

En los clubes trabajan mujeres que “han sufrido violaciones o malos tratos, o simplemente han tratado de escapar de la pobreza de sus países y labrarse un futuro mejor”, recuerda. En consecuencia, defiende De Lara, Lorenzo “abusaba de su superioridad”, pedía favores sexuales para él, para amigos e incluso para los “socios de su hijo”, a veces en fiestas en pisos y otras veces en los clubes. Y se valía, supuestamente, de su estrecha relación con responsables de Extranjería de la Policía Nacional para amañar las órdenes de expulsión y los permisos.

El sumario recoge seguimientos, pinchazos telefónicos y SMS que revelan su supuesta debilidad por mujeres legalmente vulnerables. Mensajes en los que combina las referencias físicas con sus presuntas gestiones burocráticas.

La testigo protegida relató que desde el momento en el que se negó a mantener más contactos con el guardia civil “comenzó a sufrir una situación de acoso por parte de la policía nacional”, hasta que en septiembre de 2008 fue identificada en su domicilio y se le incoó un expediente de expulsión, que se llevó a efecto en marzo de 2009. Armando Lorenzo, asegura la juez, ejercía su influencia, especialmente, en una docena de clubes de la provincia y llegó a cobrar dinero de unos siete. En algunos casos, apunta De Lara, parecía uno más, “como si estuviera en nómina”. Y así, durante años, “construyó una creencia generalizada de que él tenía capacidad para arreglar todo tipo de papeles y documentación relativa a la situación administrativa de extranjeros en España”.

“Antes de acostarme con usted me meto en cemento”

Una mujer venezolana que trabajaba como encargada de un prostíbulo declaró en el juzgado que se sintió “humillada por el abuso de poder”: “¿Cómo es posible que a los que tienes que pedir auxilio sean los que abusan de ti? Es como si vas a tu madre a pedir ayuda y te mete una puñalada”; “no se puede hundir más a los que ya estamos hundidos”. Según esta supuesta víctima del cabo primero, el hombre reclamó sus servicios sexuales y ella se negó. “Tú no quieres colaborar, no te quieres portar bien… pues se te va a acabar el negocito”, la amenazó él presuntamente. “Máteme, pero antes de acostarme con usted me meto en cemento”, asegura ella que le respondió en una ocasión. “Armando cumplió finalmente sus amenazas”, concluye la juez, “porque ella sufrió una redada de la Inspección de Trabajo, que impuso al local una multa elevada, tras lo cual siguieron las redadas y su detención”.

Los clubes que no accedían a las demandas de Armando Lorenzo sufrían “persecución”, “extorsión” y “amenazas”, asegura De Lara. Según la juez, el cabo utilizó a algunas mujeres, en ocasiones bajo “presiones insoportables”, para que testificasen hechos falsos contra propietarios de burdeles y así “eliminar a la competencia en una guerra entre clubes”. Otra testigo venezolana declaró que un día el agente la llevó al cuartel, le dijo que si no cooperaba con una denuncia (falsa) la expulsaría. Y que si lo hacía le daría los papeles, la haría testigo protegida, cobraría una pensión de 300 euros al mes y recibiría ayuda para conseguir un piso.

 

Evelin contra Goliat

 

La sentencia que da la razón a una trabajadora de un local de alterne muestra que regular la prostitución no es equiparable a las posturas proderechos

 

Por Paula Sánchez Perera (Colectivo Hetaira)

3 de Abril de 2019

https://ctxt.es/es/20190403/Politica/25377/Paula-Sanchez-Perera-prostitucion-alterne-sentencia-tribunal-superior-de-Madrid-Evelin-Rochel.htm?utm_campaign=lecturas-de-fin-de-semana-115-5-de-marzo&utm_medium=email&utm_source=acumbamail

 

Salón de la Rue des Moulins (1894).
Henri de Toulouse-Lautrec

 

A principios de mayo del pasado año, en un Juzgado de lo social de Madrid, un juez espetaba: “Si quieren ustedes hacer activismo, váyanse a la calle con pancartas, pero no en los juzgados, hombre”. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón a Evelin Rochel: entre ella y el club de alterne Flowers sí había una relación laboral.

Evelin, trabajadora sexual del alterne por cuenta ajena y de la prostitución por cuenta propia, mujer migrante colombiana e integrante del sindicato OTRAS, comenzó su andadura sindicalista ya a finales de 2016. Entonces el club quiso endurecer las condiciones laborales y Evelin lideró una protesta, organizando a unas cincuenta compañeras para finalmente negociar con el jefe que aquellas condiciones no se les aplicarían a las trabajadoras antiguas. Pero Evelin ya estaba en el punto de mira. A mediados de febrero de 2017 una discusión con un cliente se convirtió en la excusa perfecta para despedirla. El empresario la citó en su despacho, junto a una persona de cada departamento –trabajadoras de alterne, limpieza, seguridad, etc.– para dar ejemplo, y le dijo que tenía hasta esa misma tarde para abandonar el club. Sin embargo, Evelin no cedió y se atrincheró en su habitación durante una semana, pero le negaron el cobro de la habitación porque sabían que no pagar la estancia en un “hotel-discoteca” es motivo de sobra para echarla. Si era una huésped, como dicen los empresarios, ¿por qué tenía que trabajar 12 horas seguidas en el local? Si no era una asalariada, ¿cómo se puede despedir a alguien que no trabaja para ti? Finalmente, abandonó el club escoltada por la Guardia Civil. El despido es también un desahucio porque, como es habitual para todo el colectivo de trabajadoras sexuales, sin contrato laboral no pueden alquilar y terminan viviendo en su habitación de trabajo. Despido sin finiquito ni indemnización ni derecho a paro después de quince años trabajando para el mismo grupo, eso sí, habiendo cotizado pagándose su seguridad social como falsa autónoma.

En 1995 la reforma del Código Penal despenalizó el proxenetismo no coactivo, pero desde 2003 la presión del movimiento abolicionista consiguió de nuevo tipificarlo. Así, si en aquellos años la inspección de trabajo comprobaba que las mujeres brindaban servicios laborales de alterne bajo la dirección del empresario –remunerados a través de las comisiones por el consumo de copas–, se multaba a la empresa y se le obligaba a darles de alta en la seguridad social. A partir de 2007 se va generalizando la estrategia maestra: sustituir el sistema de la retribución del 50% de las copas por el de las “plazas de hotel”, pasando a pagarles ellas a los empresarios por el alquiler de la habitación. Así, si no existe remuneración, tampoco relación laboral, las mujeres seguirían trabajando bajo sus condiciones y encima gratis. Brillante. La misma jurisprudencia les avalaba en su actuación porque los tribunales de manera recurrente concluían que la ilicitud del contrato de prostitución lastraba la validez del contrato del alterne. Así las cosas, como se prostituyen en el mismo espacio en el que alternan no pueden darlas de alta y cumplen la ley porque en España el alquiler de habitaciones no se considera proxenetismo. (En Francia y en Suecia, por ejemplo, sí, por eso a las prostitutas se las desahucia y desaloja de sus propias casas).

Sin embargo, la novedosa sentencia del TSJ de Madrid recoge varios hechos probados que certifican que Evelin, como sus compañeras, trabajaban bajo las directrices de la empresa, sujetas a un horario y a una jornada laboral: no se podían acercar a un cliente hasta que este consumiera; se hacían sorteos a las cinco de la tarde con la habitación gratis como premio para incitarlas a iniciar la jornada laboral; y se realizaban registros en las habitaciones para que no guardasen alcohol. Primero, los beneficios de la empresa, pues, como reconoce la sentencia, los empresarios que se dedican a la venta de alcohol, se lucraban del trabajo de las prostitutas. Así, concluye la sentencia sobre este punto: “y es que considerar que se trataba de un trabajo sin derecho a contraprestación, sería tanto como admitir la esclavitud”.

La sentencia, estimatoria en parte, reconoce la relación laboral aun cuando se ejerza la prostitución en el mismo local y aun cuando no se produzca remuneración, pues entiende que la falta de remuneración, más que invalidar la relación laboral, constituye una vulneración más. Además, esta sentencia abre la veda para el encuadre en un convenio laboral, como podría ser la categoría profesional de auxiliar de servicios del convenio colectivo de hospedaje de la Comunidad de Madrid, según la propuesta de Juan Jiménez-Piernas, abogado laboralista de Evelin y activista del Colectivo Hetaira. Esta sentencia, de sentar jurisprudencia, ampararía a las trabajadoras bajo la cobertura de la Seguridad Social y favorecería la regularización de muchas migrantes. También implicaría que pudieran contar con una prestación y unos derechos laborales básicos (salario, nocturnidad, descansos, etc.), ayudaría a reducir la vulnerabilidad del colectivo y facilitaría, en el caso de que así lo deseen, poder abandonarla. En otras palabras, les posibilitaría la salida del círculo vicioso de la indefensión social y jurídica y la clandestinidad. Sin embargo, todos estos beneficios acabarán en papel mojado si el Supremo no ratifica la sentencia. Hay varias razones para pensar que tenemos las de perder porque no nos enfrentamos a cualquiera. El dueño del local implicado, el Flowers, Antonio Herrero Lázaro, ya fue absuelto en el 2015 por el Supremo de un supuesto delito –entre otros– de soborno a policías para que le avisaran de las redadas. En vez de la posible pena de 8 años de cárcel se le impuso una multa que no llegaba a los 1.000 euros.

Gracias a la identificación habitual de la postura proderechos con el regulacionismo –posturas no solo diferentes, sino antagónicas– en lugar de que el foco de atención esté situado en los empresarios y en el genuino regulacionismo, recae en cambio sobre las trabajadoras que se organizan. Solo así se explica que en 2004, cuando se legalizó la patronal del alterne, ningún colectivo abolicionista llevase ante la Audiencia Nacional a esa patronal –Mesalina–. En cambio, cuando el Ministerio de Trabajo aprobó los estatutos del sindicato OTRAS sí se intentó ilegalizar por esta vía. Mientras se cree a pies juntillas que estos señores esperan con ansia la regularización, no se advierte que la situación actual les resulta muchísimo más beneficiosa: un limbo jurídico con una mayoría migrante sin acceso a derechos civiles y sociales sale muy, muy rentable. Por eso el estribillo recurrente que escuchábamos en aquellos juicios laborales incidía en que el club solo era una discoteca independiente y las trabajadoras, meras huéspedes del hotel. Por otro lado, esa insistencia invisibiliza que España ya presenta de facto ingredientes definitorios de una regulación, como la zonificación del ejercicio. Como denuncia Evelin, existe una conexión perversa entre sancionar la prostitución callejera mientras se dan licencias a los clubes de alterne, de modo que se obliga a las mujeres a trabajar para terceros, bajo sus condiciones, pero sin reconocimiento de la relación laboral. Esta es justo la fórmula perfecta que tantos años lleva reclamando la patronal del alterne ANELA: prohibir la prostitución callejera y tener a las mujeres en sus clubes como falsas autónomas. Si se regulase a la alemana por y para los empresarios, mejor para ellos, pero descriminalizar, otorgar derechos y trabajar por incrementar las alternativas laborales es otra cosa bien distinta. Esta es la diferencia básica entre las posturas regulacionistas y las proderechos. Es decir, las regulaciones son leyes específicas del comercio sexual pensadas desde una mentalidad de orden y salud públicas con el objetivo de beneficiarse de los ingresos de la prostitución, mientras las posiciones proderechos buscan la despenalización de todo su universo –a excepción de la trata de personas y la prostitución de menores–, y el reconocimiento de derechos, cuyo modelo definitivo ha de ser diseñado por sus protagonistas. La diferencia estriba en dónde se pone el foco, si en beneficiar a los empresarios y a la población bienpensante o a las mujeres que la ejercen.

En los juicios de Evelin nosotras éramos retratadas por la patronal como abolicionistas. Así, las testigos insistían en que habían decidido ejercer la prostitución y el pleito giraba en torno a esta discusión bizantina, la de la libertad, mientras la vulneración de derechos y el abuso de poder quedaban en segundo plano. Este es el resultado de simplificar los discursos hasta reducirlos a un par dicotómico, abolición o regulación, que viene muy bien para hacer campaña electoral, pero no para realizar análisis políticos a la altura de la complejidad de las circunstancias. La cooptación de nuestros discursos alcanzó tal punto, que el abogado de la defensa llegó a citar a una de las nuestras, a Lucía Fernández, para revalidar su posición, al tiempo que afirmaba que “no están desamparadas, ganan hasta 15.000 euros al mes, ¿qué tipo de explotación es esa?”. Los derechos laborales no cuentan en prostitución, porque en este terreno de blancos y negros del debate mediático –de libres o esclavas– solo aquella que no la escogió, la víctima de trata –que tiene su reputación sexual intacta–, puede ser una buena víctima. El resto, aunque sean víctimas de explotación laboral, no cuentan. Si se piensa que la solución estriba en prohibir definitivamente el alterne, háganse cargo de las mujeres que retornarán a las colas del hambre, de los servicios sociales, o peor, a espacios todavía más clandestinos a merced de proxenetas.

Se puede reconocer la capacidad de decisión de la Otra, como un ser humano pleno, vulnerable pero agente activo a la vez, y eso es distinto a convertir esa libertad en un argumento político como hace Ciudadanos. Porque una cosa es despenalizar y dotar de derechos a un colectivo, acabar con la criminalización y la estigmatización del sector, y otra diferente es defender una regulación específica del mercado con sus impuestos, también especiales, y tan altos que en la práctica solo puedan asumirla los empresarios, como en Alemania. Porque una cosa es una ley hecha y evaluada por las putas desde una perspectiva de derechos humanos y reducción del daño como en Nueva Zelanda, y otra blindar la prostitución a terceros, como en Holanda. El feminismo blanco fue desde su cuna liberal y burgués, pero un feminismo interseccional, que reconozca las múltiples opresiones que nos atraviesan, entiende que a menudo pesa más el racismo institucional y el miedo a la deportación que el lastre de tener que trabajar para un tercero. Un feminismo con conciencia de clase entiende que decir que algo es un trabajo no significa decir que sea maravilloso, porque cierta izquierda curiosamente solo romantiza el trabajo y obvia la explotación inherente al capital cuando habla de prostitución. A quienes se les acusa de estar financiadas por proxenetas –como a Hetaira o a integrantes del sindicato OTRAS– son paradójicamente las que llevan a los empresarios a juicio. Cuando la gente deje de escuchar el ruido de lo que las putas feministas “son” para oír lo que dicen, entonces comprenderemos que las vidas de las mujeres mejoran a fuerza de conquistar derechos.

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Paula Sánchez Perera es activista del Colectivo Hetaira.

 

 

Manifestación Feminista del #8M por los derechos laborales de las trabajadoras sexuales

 

http://www.tiffotos.com/trabajo-sexual/?fbclid=IwAR352snDwziZBkdIHvd7zqMF8OXq0zplJY2Len7TXATcodUVjw46DtcCD38

Trabajadoras sexuales en lucha por el reconocimiento de sus derechos

 

Durante la manifestación por el 8 de Marzo, Día de la Mujer Trabajadora, en Madrid, la Asociación Feminista de Trabajadoras Sexuales AFEMTRAS y la Organización de Trabajadores Sexuales, el sindicato OTRAS, acudieron con sus pancartas a reivindicar su derecho a la dignidad y sus derechos como trabajadores. Tienen que arriesgarse a dar la cara ellas mismas, ya que el movimiento feminista les da la espalda y les niega cualquier reconocimiento. Les acusa de promover la violación y el proxenetismo. Las líderes abolicionistas pretenden criminalizar aun más la prostitución.

Según antropólogos, el origen de la explotación de las mujeres se situaría en las raíces de nuestro desarrollo evolutivo. Las antiguas tribus de cazadores recolectores, de pocos indivíduos, recurrirían al intercambio de mujeres con otras tribus. De este modo evitarían la endogamia en los pequeños clanes al introducir nuevos genes en las descendencias. También se cree que se procuraba la compañía de las mujeres de la tribu a los viajeros como signo de hospitalidad, que también aportaría nuevos genes al clan. Esta hospitalidad se agradecería con regalos para el clan por parte de los viajeros, lo que marcaría el origen del proxenetismo, más que de la prostitución.

 

Mariano Tudela sitúa el origen de la prostitución en los rituales religiosos de Caldea:

“(…)Vayamos por partes. Indiquemos que hospitalidad y prostitución van muy unidas en los primeros tiempos; casi se puede decir que se complementan. Pero no nos precipitemos, empero, y digamos que las dos partes de Caldea, al unirse por mandato de Nemrod, exhiben, como característica más acusada, la recién inventada y descubierta prostitución. Y, además, la prostitución primitiva con sus dos vertientes perfectamente diferenciadas: la hospitalaria y la religiosa. “

La evolución al neolítico incorporó a la cultura el concepto de propiedad en los asentamientos estables. Se empezó a practicar la apropiación de las mujeres por parte de los hombres, y su sometimiento a los trabajos domésticos, evidencias de esto se encuentran en los hayazgos arquológicos. En las escavaciones de los asentamientos más antiguos aparecen restos femeninos con las articulaciones deformadas, lesiones relacionadas con actividades concretas, señal de una vida de trabajo intenso e ininterrumpido, que no se aprecian en los restos masculinos. Es el origen del patriarcado y la represión sexual (los hombres ya no desean criar herederos descendientes de terceros e impiden a sus mujeres relacionarse con otros varones), una forma de organización social que implica el abuso que se ha ido perpetuando hasta la actualidad. Este sistema se asimila como un valor cultural inspirado en los modelos de comportamiento difundidos entre la mitología local.

 

Bien entrados en el siglo XXI, aun tenemos que convivir con legislaciones influenciadas por las antiguas tradiciones y las supersticiones nacidas de los primeros ejercicios de propaganda política, como la que contempla nuestro universo sexual, que nos define como especie, como espiritualmente nocivo para poder justificar la represión sexual hacia el colectivo femenino y su sometimiento a los caprichos de los hombres. Arabia Saudí es un ejemplo conocido por todos.

El movimiento abolicionista, compuesto por colectivos que se oponen a la descriminalización y normalización de los servicios sexuales, está arraigado en el poso del abrahamismo original. Se entiende desde un prisma moralista que ignora todos los estudios sobre biología, anatomía humana, psicología, sociología, e incluso la Historia. Las investigaciones sólo corroboran lo positivo que es mantener relaciones sexuales con naturalidad, bueno para el indivíduo y, consecuentemente, para toda la comunidad. En una sociedad heterogénea, que abraza el enriquecimiento de la diversidad cultural, es ridículo insistir en que las relaciones entre adultos deban ceñirse al modelo tradicional propuesto desde los colectivos más supersticiosos.

En las sociedades civilizadas, la tolerancia a la diversidad sexual es un hecho. En las sociedades más primitivas, la represión sexual todavía se practica con extrema crueldad, y siempre contra las mujeres. Son las mujeres que reivindican su libertad, su sexualidad y su derecho a disfrutarla quienes son objeto de ataques y vejaciones.

En España no estamos alejados de las culturas menos desarrolladas. Aun se estigmatiza a las personas que disfrutan abiertamente de su libertad sexual (recién adquirida hace apenas 40 años, con la caída del régimen católico franquista, tras un período de transición cultural revolucionaria). Y en este contexto, las personas que ofrecen servicios sexuales, además de estar estigmatizadas, se ven condenadas a la marginalidad, a la indefensión legal y el desamparo al no recibir protección por parte de las autoridades. Sin sus derechos reconocidos, las trabajadoras sexuales son vulnerables ante los malos tratos, las estafas, los abusos policiales y las redes de trata de las mafias del sector. Miles de trabajadoras sexuales son violadas, asesinadas, torturadas o simplemente desaparecen cada año en todo el mundo sin que se investiguen sus casos.

El estigma de la prostitución es acusado. En el sector del trabajo sexual es extraño encontrar trabajadores que se atrevan a reconocer su actividad públicamente, por las graves repercusiones que pueda tener, y muy raro encontrar valientes que levanten la cara para defender su dignidad y sus derechos básicos como personas. Luchar para filtrar el poso cultural del patriarcado, encostrado en nuestras más profundas raíces evolutivas, no está siendo fácil ni agradecido. Es un combate doloso y lleno de sacrificios, pero se van consiguiendo avances por todo el mundo. Los trabajadores sexuales están aprendiendo a organizarse para defender su derecho a la dignidad y el reconocimiento de su actividad como un aporte importante y necesario para la sociedad.

El sindicato OTRAS nace en España ante la necesidad de las trabajadores sexuales de una organización capaz de representarles con poder para negociar convenios colectivos, así mejorar las condiciones de los trabajadores sexuales que trabajan por cuenta propia o ajena en hoteles o clubs, garantizar el respeto por sus derechos laborales, protección y amparo por parte de las instituciones responsables de la seguridad.

Citando a Conxa Borrell, Secretaria General de OTRAS:

-“Nuestros derechos los conseguimos a través del sindicalismo, como se han conseguido los derechos de todos los trabajadores y todas las trabajadoras a nivel global. Sin sindicatos no habría una jornada de 8 horas, sin sindicatos no habría fines de semana, sin sindicatos no habría pagas dobles, sin sindicatos no habría vacaciones. Por lo tanto, la importancia de crear un sindicato en este sector era muy fuerte, y era una demanda que las trabajadoras del sector nos venían haciendo desde hace mucho tiempo. No es fácil crear un sindicato, no es fácil crear algo desde la nada, y crear un sindicato de trabajo sexual no ha sido fácil. No está siendo fácil. Pero estamos seguras de una cosa, y es de que la fuerza de la razón nos acompaña (…)”-

 

Web del sindicato OTRAS:

http://sindicatootras.org/

 

Contacto con AFEMTRAS en Facebook:

https://www.facebook.com/Afemtras-1073000382756369/

Sindicato OTRAS en el B.O.E.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-B-2018-40130.pdf

 

by T.I.F Fotos the Ibán – TIFFotos.com

 

Crónica puta podemita

 

Por María José Barrera

21 de marzo de 2019

https://bit.ly/2CsRovS

 

María José Barrera, cofundadora del Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS)

 

Hace años, antes de que Podemos se presentara a las  Elecciones Europeas, participé en mi primera asamblea de Podemos en mi barrio, Cerro Amate de Sevilla. Fui apoderada en aquellas elecciones y, cuando comenzaron a organizarse los círculos, llevé una pregunta al de mi barrio sobre los clubs de alterne. Era sobre el  cambio de denominación de los clubs de alterne que gestiona el Ayuntamiento (entonces creía que lo llevaba urbanismo, pero las concede medio ambiente). Esta pregunta como muchas otras (sobre las licencias de clubs, la evaluación del plan contra la prostitución, etc) fueron llevadas al pleno del Ayuntamiento de Sevilla a través de ‘Participa Sevilla’ gestionadas desde el Círculo Feminista formado por  Participa y Podemos Sevilla. Así estuve un par de años participando, donde se decidió que fuera representante de Participa Sevilla, en el Consejo de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla, al que solo asistí en 2 ocasiones: el día de la presentación y el 26 de Septiembre 2017, día que juré en el Consejo que iban a escuchar a las putas en la calle.

Hasta el nacimiento del CPS (Colectivo de Prostitutas de Sevilla) la relación con Participa Sevilla fue muy buena: siempre nos atendieron y llevaron nuestras preguntas al pleno y averiguaron cómo estaban dados de alta los clubs, entre otras cuestiones… pero la relación ya no fue tan buena desde el momento en que se abrió el debate sobre prostitución en la organización (en el que fui muy respetuosa por no terminar con la paz interna, que siempre se ha sujetado con pinzas). Finalmente el posicionamiento se aceleró por el pacto con IU.

Las vías por las que intentamos que nuestras demandas fueran escuchadas en el trabajo del programa de Adelante Andalucía tuvo como consecuencia la destitución de compañeras aliadas de sus cargos internos. Fueron atendidas y aprobadas las enmiendas abolicionistas presentadas por el Partido Feminista, pero no fueron tenidas en cuenta ni se incluyeron las del CPS,  alegando que no había tiempo.

Este rechazo a nuestras demandas por parte de Podemos Andalucía me pareció vergonzoso, puesto que el CPS nunca ha llevado el debate ni a Participa Sevilla ni a Podemos Sevilla y mucho menos al programa autonómico. Dijeron que no tuvieron tiempo de contactar con nosotras antes de realizar el programa, pero tampoco tuvieron en cuenta ninguna propuesta de las que hicimos a través de los procesos participativos de elaboración del programa por el reconocimiento de los derechos laborales. En ese momento respetamos los acuerdos, aun entendiendo que el posicionamiento se debe coordinar y trabajar desde la organización a nivel estatal teniendo en cuenta a todas las voces, incluida la nuestra, como partido asambleario que somos.

Según va pasando el tiempo y se van dando los posicionamientos con respecto a prostitución, me doy  cuenta de que en los partidos de izquierda parece haber referentes feministas y abolicionistas que imponen su visión del feminismo como la oficial del partido.

Estoy harta que estás señoras que dicen ser representantes del feminismo de izquierdas acusen a trabajadoras sexuales de proxenetas, de responsables de trata y captadoras de mujeres entre otras cosas. Injuriando contra las activistas visibles y las organizaciones de Trabajadoras Sexuales olvidándose de esa sororidad que tanto presumen sin ninguna empatía a mujeres con familias a sus espaldas que estamos poniendo el cuerpo en pro de compañeras que sufren una violencia institucional provocada por las decisiones que se toman en estos espacios todas las putas politizadas somos acusadas de proxenetismo sin ninguna prueba y de cosificar los cuerpos de otras compañeras cuando en estos espacios estas señoras cosifican su cerebro promoviendo el acoso policial hacia nuestros cuerpos en nuestros espacios de trabajo y promoviendo la violencia hacia nosotras en los espacios feministas  como así se ha hecho visible en la manifestación en Sevilla el 25 de noviembre, en las asambleas preparatorias del 8M en Ca la Dona, en la asamblea estatal del 8M en Valencia, entre otras. Estos referentes abolicionistas tienen o han tenido cargos públicos que se pavonean de hablar con todos los sujetos políticos, pero se marchan cuando las putas hablan en primera persona en actos y también las bloquea en redes sociales. Obviando así y dejando de lado a las personas sobre las que hablan y para las que legislan. No les quito el carnet de feminista porque eso ya lo hacen ellas con nosotras es lo que tenemos las inclusivas no rechazamos a nadie.

En Podemos ha ocurrido lo mismo  organizan una comisión de estudio sin expertas y sin putas en activo, sin recomendaciones de informes, sino de artículos de opinión. Imponiendo el posicionamiento abolicionista de sus referentes en el Círculo Feminista Estatal ejerciendo la violencia a quien no comulga con ellas. Este Círculo está dividido en grupos de trabajo uno de ellos es de prostitución  formado por personas mayoritariamente abolicionistas, que pretendían trabajar sin metodología, en base a artículos de opinión la gran parte de sus referentes y sin abrir participación, es decir, sin las putas ni las bases de podemos ni representación territorial sin que las mujeres que formamos podemos seamos conocedoras de estos mecanismos de decisión. Copado por abolicionista que nos  difama y violenta a todas aquellas personas del círculo que no sean abolicionistas como bien han mamado de sus referentes.

Los espacios virtuales de este círculo de feminismos estatal, han estado cerrados a las trabajadoras sexuales. Yo llevo esperando desde el día 10 de diciembre mi incorporación al grupo de trabajo y aún no he podido acceder mientras otras personas se incorporaron después de esa fecha.

El acceso está hasta hoy controlado por abolicionistas rancias que se niegan rotundamente a que exista participación de voces diferente a la suya, impidiendo que se dé un debate real, no pueden hablar por nosotras sin nosotras. Lo peor es ver como quienes deciden por nosotras votantes podemita están disfrazando esto de ser un proceso democrático cuando lo han  manipulado desde el primer minuto han bloqueado accesos y han echado para atrás todo el trabajo de compañeras no abolicionistas.

Somos nosotras, las prostitutas, trans, gitanas, racializadas, paradas, obreras, etc. Nosotras, las que durante años hemos estado levantando los círculos en toda España y levantando a Podemos, quienes debemos liderar los procesos que tocan nuestros derechos.

Podemos nació como una herramienta al servicio del pueblo y no es el pueblo quien tiene que estar al servicio de Podemos.  Somos nosotras, las prostitutas, trans, gitanas, racializadas, paradas, obreras, etc. Nosotras, las que durante años hemos estado levantando los círculos en toda España y levantando a Podemos, quienes debemos liderar los procesos que tocan nuestros derechos.

Podemos ya no es la herramienta de cambio que era. Las bases y la cúpula se masculinizan y envejecen. Pasan a estar más interesados en problemas e intereses personales o de “familia” que en nuestros problemas como pueblo. Podemos  ha dejado de interesarse por aquellas personas que se posicionan fuera del partido, pero dentro de la izquierda, para convertirse en una herramienta de autorrepresentación.

La alianza de extrema derecha amenaza estas futuras elecciones y por ello muchas tendremos que ir a votar con la nariz tapada, tragando coaliciones que no apoyamos, dando nuestro voto a representantes que sólo se interesan por seguir manteniendo una silla para imponer su ideología.

Pero para seguir construyendo a la izquierda tenemos que estar las trabajadoras sexuales, las gitanas, las obreras, las amas de casa, las trabajadoras del hogar, las trans, los hombres y mujeres en paro, las racializadas, las discapacitadas, las analfabetas, la gente del campo…. Todas esas personas para las que no hacéis política.

Sin putas, trans, racializadas, gitanas no hay feminismo. Nada por nosotras sin nosotras. Ni os pedimos paso ni os pedimos permiso: exigimos nuestros derechos. No tenemos bandera política, pero nos sobra orgullo para luchar hasta conseguir nuestros derechos.

Nos vemos en las calles… queda mucha zorroridad que repartir y mucho orgullo puta como para rendirnos cuando ya no tenemos nada que perder.

 

M José Barrera
21 de marzo 2019

 

¡YA ESTÁ AQUI LA FANZINE PRODERECHOS! 

 

 

 

Este símbolo se va hacer visible durante #8M en muchas ciudades donde el movimiento feminista inclusivo hará visible su apoyo a la lucha #TransMaricaBolloPuteril SIN LAS PUTAS, LAS TRANS, LAS RACIALIZADAS, LAS INDÍGENAS, LAS GITANAS, LAS MORAS… NO HAY FEMINISMO. FORMAMOS PARTE DE ÉL, NO PEDIMOS PERMISO, NO PEDIMOS PASO, EXIGIMOS OKUPAR NUESTRO ESPACIO LEGÍTIMO DENTRO DEL FEMINISMO. Estamos en un momento histórico en el movimiento feminista donde las alianzas tienen la responsabilidad de visibilizar a estos colectivos. Nos avalan años de lucha, defendiendo nuestro derechos y apoyando hasta a quien no nos consideran feministas. Este #8M las putas volverán a las calles como siempre, pero este año será diferente porque muchas ciudades no necesitarán putas organizadas para alzar la voz por nuestros derechos, estaremos presentes a través de nuestras #aliadas #SinPutasNoHayFeminismo

Marijose Barrera Marquez

Cofundadora del Colectivo de Prostitutas de Sevilla

 

 

https://aliadastransfeministas.wordpress.com/2019/03/05/descarga-fanzine/

 

En esta primera edición llena de zorroridad, hemos recopilado textos y materiales de compañeras trabajadoras sexuales y aliadas en la lucha proderechos de todas las mujeres, todos los días. Puedes descargar la versión para imprimir aquí. Esta es una fanzine colaborativa de libre reproducción, distribución y venta para cubrir costes de impresión.

¡IMPRIME Y DIFUNDE!

 

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@AliadasTransFem

 

María José Barrera: “Las putas no pedimos permiso; pedimos paso”

 

Por Anna Solé Sans

Barcelona. Viernes, 8 de marzo de 2019

https://www.elnacional.cat/es/sociedad/huelga-feminista-maria-jose-barrera-putas-pedimos-paso_361374_102.html

 

Foto: Sergi Alcàzar

 

 

“A las putas nos quieren sacar del movimiento feminista porque políticamente no interesamos”. Así se expresa la exprostituta y fundadora del Colectivo de Prostitutas de Sevilla, Maria José Barrera. “El movimiento feminista no quiere que las trabajadoras sexuales formemos parte de él”.

Barrera explica que no las dejan participar y opina que el 8-M es abolicionista. “Estamos diciendo que el 8-M haremos huelga de consumo, de educación, pero nadie dice nada de las putas”. Cuenta que el año pasado, fueron a la manifestación de Sevilla con sus hijos con las caras tapadas: “No éramos bienvenidas. Nos hacían fotos como si fuésemos algo raro, nos mapeaban en las redes sociales. El día del orgullo salimos con una pancarta y vinieron en busca de nosotras. Las abolicionistas parecían paparazzis”.

Así, reclama que “no somos un colectivo vulnerable porque tenemos unos ovarios como dos carretas. Somos un colectivo marginado por la sociedad. Por los políticos, por los colectivos feministas, estamos olvidadas por los sindicatos…”.

Los estudios indican que hasta el 90% de las prostitutas que ejercen esta actividad lo hacen de manera forzada. Pero Barrera no está de acuerdo. “¿Estos datos de dónde los sacan? Los da la policía. ¿Y cómo cuentan? 1, 2, 3, 4 y 45 son víctimas de trata. Cuando lo seríamos todas. Las ‘víctimas de trata’ son inmigrantes no documentadas. Nosotras no hablamos. Entran y te separan”. Y expone que “cuando llegan, no sé si te habrás dado cuenta, pero en las redadas las mujeres salen menos difuminadas. Al hombre y a la mujer les tapan la cara, pero a las mujeres menos. Y cuando las enseñan apuntan a la ropa, tetas y culo. ¿Eso no cosifica el cuerpo?”.

Barrera cuenta que el ejercicio libre y consentido de la prostitución no es delito y que quiénes la trabajan no son víctimas. Resalta que simplificar y confundir la trata de seres humanos o la violencia de género con la prostitución, no contribuye a proteger a las verdaderas víctimas de estos delitos.

“¿A mí sólo me invaden mi cuerpo cuando soy puta?”, se pregunta. “Mira, no. También cuando mi novio me obliga a follar. También cuando vives con un maltratador y estás aguantando sabiendo que es un maltratador y tienes que mantener relaciones sexuales con él. No lo dejas porque no tienes alternativa laboral. Cuando decidimos que con nuestro cuerpo hacemos lo que nos da la gana es porque tenemos derechos. Las putas pedimos derechos”.

“Nos hacen las pruebas del sida en guetos”

Barrera comenta que las prostitutas evitan ir a los servicios sociales por miedo a que les quiten sus hijos. Aun así, remarca que se pueden organizar “como cualquier mujer monoparental. Un niño va al cole a tomar las clases lectivas, pero ¿cuántas hacemos uso de la guardería, del comedor o alguna extraescolar para ganar más tiempo?”.

“Y no he terminado”, subraya. Porque tomar la decisión de ir a los servicios sociales o no, no es para Barrera lo más difícil. Una de las otras cosas que preocupa a las trabajadoras sociales es el hecho de ir al médico. “Tú llegas allí y le dices que eres puta. A partir de entonces,todo lo que tu tengas está relacionado con el coño. Te duele una muela y está relacionado con eso. ¿Te duele la garganta? Pues también. ¿Tienes problemas psicológicos? Eso es porque eres puta. A ti, te joden en tu trabajo, vienes con problemas laborales y te dan la baja por ansiedad. A mí se me señala”.

No vamos a los servicios sociales porque tenemos miedo de que nos quiten a nuestros hijos

“Nos hacen las pruebas del sida en guetos” y destaca que ir a hacerse un análisis es complicado. Ir al médico, para ellas, “no sólo tiene que ver con el sida o las enfermedades de transmisión sexual. Quizá estaría bien una revisión ginecológica”, reclama.

Barrera también echa de menos educación y pedagogía en los clientes y en los clubes. Asegura que no ha “visto jamás un cartel en las puertas de los clubes diciendo que el condón no se negocia”, y se queja que “nadie educa al cliente, pero a nosotras nos enseñan a poner condones con la boca”. Aunque éste no es el único problema con el que se encuentran las trabajadoras sexuales en los clubes donde trabajan. Según explica, las comidas son un problema. “Tenemos una alimentación de mierda. He visto los huevos cambiar tres veces de color”. “Si trabajamos hasta las 5 de la mañana, ¿quién baja a desayunar a las 7 o las 8?”, demanda.

“No he visto jamás un cartel en las puertas de los clubes diciendo que el condón no se negocia”

El estigma social que recae sobre las trabajadoras sexuales llega, sin embargo, a todos los niveles. Así, explica que no reciben el mismo trato que otras chicas. “Cuando te violan, no es lo mismo si eres puta. La gente no sale a protestar por ello”. “Hay un estigma muy fuerte”, remarca. “Hay víctimas de primera y víctimas de segunda. Y las putas somos víctimas de segunda”. Precisamente por eso, la consigna y la petición que resalta Barrera es bien clara: “Las putas no pedimos permiso, pedimos paso”.

Ni Ámsterdam ni Alemania

“No lo queremos. Ninguna quiere Ámsterdam. Las putas no queremos Alemania. Nosotras estamos de acuerdo con el derecho de las putas”. Según su opinión, en Ámsterdam se ha regulado la prostitución para terceros, es decir, para empresarios. “Las putas de ahí no están ni organizadas ni representadas. Están en asociaciones y en clubes”.

“En Ámsterdam te dan un carné como puta y hay clientes que le han hecho fotos”. “Ámsterdam es una vergüenza. Eso no es prostitución. Eso no es trabajo sexual. Eso es ocio y libertinaje y gente riéndose de las putas”, sentencia