La prostitución como violencia de género: asalto al Estado de Derecho. Hacia la prohibición de la prostitución en España.

 

La prohibición de la prostitución en España es inminente. La exigencia al próximo gobierno de una ley que penalice a los clientes y todo tipo de proxenetismo, exigencia liderada por la facción radical del feminismo, domina el discurso en todos los ámbitos. ¿Su fundamento?: el dogma de que la prostitución es violencia de género. Un dogma introducido ya en el Pacto de Estado contra la violencia de género sin ningún tipo de debate, sin necesidad de ninguna argumentación, tan sólo por la presión de las organizaciones abolicionistas.

El dogma de la prostitución como violencia de género era necesario para prohibir la prostitución mediante la penalización de los clientes. No bastaba con el mito de que el 80% de las prostitutas son víctimas del mito de la trata de personas con fines de la fantasmal (por indefinida) “explotación sexual”. Porque admitía que un 20% de las prostitutas lo eran por libre decisión y, entonces, ¿cómo desposeer de sus derechos fundamentales a esas mujeres que decidían libremente sobre su cuerpo y sobre su vida?¿Cómo lanzar el ataque al Estado de Derecho que reconoce mediante sus principios constitucionales el derecho de las mujeres a prostituirnos?

No argumentan por qué la prostitución debe ser considerada violencia de género. No en España, donde no tienen necesidad de argumentar nada. Pero el argumento, tal como lo expresan en otras partes, es que el sexo consentido sin deseo sexual por parte de la mujer es violencia contra ésta. Un argumento absurdo.

Sólo la conciencia de la enormidad de una ley como la que andan buscando las dominadoras de las mujeres y sus aliados y del enorme coste social y presupuestario que supondría puede frenar su aprobación. Un coste social que llevaría a la deportación masiva de inmigrantes indocumentadas y al paro sin derechos —a la miseria— a decenas de miles de mujeres; un coste presupuestario que supondría la creación de miles de nuevos puestos de policía para vigilar a todas y cada una de las prostitutas y la subvención a un enjambre de ONG rescatadoras —un nuevo Patronato de la Mujer— dirigidas por abolicionistas, tanto seglares como religiosas.

El enorme coste social y humano que supondría crear las condiciones para el control total de la prostitución clandestina por la mafia policial.

Frente a esta ofensiva totalitaria, las trabajadoras sexuales y sus aliadas y aliados, los defensores de los derechos humanos, de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, de los derechos de las mujeres, del Estado de Derecho, sólo tienen un camino posible: la defensa de la total despenalización del trabajo sexual en los términos expresados en el Manifiesto Político de las Trabajadoras Sexuales del Estado español.

 

Por los derechos de las trabajadoras sexuales, por los derechos de las mujeres, por los derechos de la humanidad, por la libertad y la democracia,

 

SUSCRIBE Y DIFUNDE

el

MANIFIESTO POLÍTICO DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES DEL ESTADO ESPAÑOL

 

 

 

 

 

Por qué debe ser despenalizado el trabajo sexual

 

Preguntas y respuestas

 

7 de agosto de 2019

https://www.hrw.org/news/2019/08/07/why-sex-work-should-be-decriminalized

 

Human Rights Watch ha llevado a cabo investigaciones sobre el trabajo sexual en todo el mundo, incluídos Camboya, China, Tanzania, Estados Unidos y, más recientemente, Sudáfrica. La investigación, que incluye amplias consultas con trabajadoras sexuales y organizaciones que trabajan en el tema, ha dado forma a la política de Human Rights Watch sobre el trabajo sexual: Human Rights Watch apoya la despenalización total del trabajo sexual consensuado entre adultos.

 

¿Por qué la penalización del trabajo sexual es una cuestión de derechos humanos?

Penalizar el sexo adulto, voluntario y consensuado —incluido el intercambio comercial de servicios sexuales— es incompatible con el derecho humano a la autonomía personal y la privacidad. En resumen, un gobierno no debería decirles a los adultos que dan su consentimiento con quiénes pueden tener relaciones sexuales y en qué términos.

La penalización expone a las trabajadoras sexuales al abuso y la explotación por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, tales como los agentes de policía. Human Rights Watch ha documentado que, en entornos criminalizados, los agentes de policía hostigan a las trabajadoras sexuales, obtienen sobornos mediante extorsión y abusan física y verbalmente de las trabajadoras sexuales, o incluso las violan.

Human Rights Watch ha encontrado constantemente en investigaciones en varios países que la penalización hace que las trabajadoras sexuales sean más vulnerables a la violencia, incluida la violación, el asalto y el asesinato, por parte de atacantes que ven a las trabajadoras sexuales como objetivos fáciles porque están estigmatizadas y es poco probable que reciban ayuda de la policía. La penalización también puede obligar a las trabajadoras sexuales a trabajar en lugares inseguros para evitar a la policía.

La penalización socava constantemente la capacidad de las trabajadoras sexuales para buscar justicia por los delitos cometidos contra ellas. Las trabajadoras sexuales en Sudáfrica, por ejemplo, dijeron que no denunciaron robos a mano armada ni violaciones a la policía. Dijeron que tienen miedo de ser detenidas porque su trabajo es ilegal y que su experiencia con la policía es ser hostigadas o fichadas y detenidas, o que se rían de ellas o no las tomen en serio. Incluso cuando denuncian delitos, las trabajadoras sexuales pueden no estar dispuestas a testificar en el juzgado contra sus agresores y violadores por temor a sufrir sanciones o nuevos abusos debido a su trabajo y estatus.

ONUSIDA, expertos en salud pública, organizaciones de trabajadoras sexuales y otras organizaciones de derechos humanos han encontrado que la penalización del trabajo sexual también tiene un efecto negativo en el derecho a la salud de las trabajadoras sexuales. Por ejemplo, Human Rights Watch encontró en un informe de 2012, “Sex Workers at Risk: Condoms as Evidence of Prostitution in Four US Cities,” que la policía y los fiscales utilizaron la posesión de condones de una trabajadora sexual como evidencia para respaldar los cargos de prostitución. La práctica dejó a las trabajadoras sexuales reacias a llevar condones por temor a ser detenidas, forzándolas a tener relaciones sexuales sin protección y poniéndolas en mayor riesgo de contraer el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual.

La penalización también tiene un efecto negativo en otros derechos humanos. En los países que prohíben el trabajo sexual, es menos probable que las trabajadoras sexuales puedan organizarse como trabajadoras, defender sus derechos o trabajar juntas para apoyarse y protegerse entre ellas.

 

¿Cómo ayuda la despenalización del trabajo sexual a proteger a las trabajadoras sexuales?

La despenalización del trabajo sexual maximiza la protección legal de las trabajadoras sexuales y su capacidad para ejercer otros derechos clave, incluida la justicia y la atención médica. El reconocimiento legal de las trabajadoras sexuales y su ocupación maximiza su protección, dignidad e igualdad. Este es un paso importante para desestigmatizar el trabajo sexual.

 

¿Despenalizar el trabajo sexual fomenta otras violaciones de derechos humanos como la trata de personas y la explotación sexual de niños?

El trabajo sexual es el intercambio consensuado de sexo entre adultos. La trata de personas y la explotación sexual de niños son cuestiones separadas. Ambos son graves abusos y crímenes contra los derechos humanos y siempre deben investigarse y procesarse.

Las leyes que distinguen claramente entre el trabajo sexual y los delitos como la trata de personas y la explotación sexual de niños ayudan a proteger tanto a las trabajadoras sexuales como a las víctimas de delitos. Las trabajadoras sexuales pueden estar en condiciones de tener información importante sobre delitos como la trata de personas y la explotación sexual de niños, pero a menos que el trabajo que ellas mismas realizan no sea tratado como criminal, es poco probable que se sientan seguras al transmitir esta información a la policía.

 

¿Qué deben hacer los gobiernos?

Los gobiernos deberían despenalizar completamente el trabajo sexual y garantizar que las trabajadoras sexuales no sufran discriminación en la ley o en la práctica. También deben fortalecer los servicios para las trabajadoras sexuales y garantizar que tengan condiciones de trabajo seguras y acceso a prestaciones públicas y redes de seguridad social.

Además, cualquier regulación y control sobre las trabajadoras sexuales y sus actividades deben ser no discriminatorias y cumplir con las leyes internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, las restricciones que impidan que las personas involucradas en el trabajo sexual se organicen colectivamente o trabajen en un ambiente seguro, no son restricciones legítimas.

 

¿Por qué Human Rights Watch apoya la despenalización total en lugar del “modelo nórdico”?

El “modelo nórdico”, introducido por primera vez en Suecia, hace que comprar sexo sea ilegal, pero no procesa a la vendedora, la trabajadora sexual. Los defensores del modelo nórdico ven la “prostitución” como inherentemente perjudicial y forzada; apuntan a terminar con el trabajo sexual matando la demanda de sexo transaccional. El desacuerdo entre organizaciones que buscan la despenalización total del trabajo sexual y grupos que apoyan el modelo nórdico ha sido un tema polémico dentro de la comunidad de derechos de las mujeres en muchos países y en todo el mundo.

Human Rights Watch apoya la despenalización total en lugar del modelo nórdico porque la investigación muestra que la despenalización total es un enfoque más efectivo para proteger los derechos de las trabajadoras sexuales. Las mismas trabajadoras sexuales también suelen desear la despenalización total.

El modelo nórdico atrae a algunos políticos como un compromiso que les permite condenar a los compradores de sexo, pero no a las personas que ven como forzadas a vender sexo. Pero el modelo nórdico en realidad tiene un impacto devastador en las personas que venden sexo para ganarse la vida. Debido a que su objetivo es terminar con el trabajo sexual, a las trabajadoras sexuales les resulta más difícil encontrar lugares seguros para trabajar, sindicalizarse, trabajar juntas y apoyarse y protegerse mutuamente, abogar por sus derechos o incluso abrir una cuenta bancaria para sus negocios. Estigmatiza y margina a las trabajadoras sexuales y las deja vulnerables a la violencia y el abuso por parte de la policía, ya que su trabajo y sus clientes siguen siendo criminalizados.

 

¿No es el trabajo sexual una forma de violencia sexual?

No. Cuando una persona adulta toma la decisión por su libre voluntad de intercambiar sexo por dinero, eso no es violencia sexual.

Cuando una trabajadora sexual es víctima de un delito, incluida la violencia sexual, la policía debe investigar de inmediato y remitir a los sospechosos para su enjuiciamiento. Cuando una persona intercambia sexo por dinero como resultado de la coerción —por ejemplo por un proxeneta— o experimenta violencia de un proxeneta o un cliente, o es víctima de trata, estos son delitos graves. La policía debe puntualmente investigar y remitir el caso para su enjuiciamiento.

Las trabajadoras sexuales a menudo están expuestas a altos niveles de violencia y otros abusos o daños, pero esto generalmente se debe a que trabajan en un entorno criminalizado. Las investigaciones de Human Rights Watch y otros indican que la despenalización puede ayudar a reducir la delincuencia, incluida la violencia sexual, contra las trabajadoras sexuales.

 

Además de despenalizar el trabajo sexual, ¿qué otras políticas apoya Human Rights Watch con respecto a los derechos de las trabajadoras sexuales?

Las personas dedicadas al trabajo sexual voluntario pueden provenir de entornos de pobreza o marginación y enfrentan discriminación y desigualdad, incluso en su acceso al mercado laboral. Con esto en mente, Human Rights Watch apoya medidas para mejorar la situación de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, incluida la investigación y el acceso a la educación, el apoyo financiero, la capacitación y colocación laboral, los servicios sociales y la información. Human Rights Watch también alienta los esfuerzos para abordar la discriminación basada en el género, la orientación sexual, la identidad de género, la raza, el origen étnico o el estado migratorio que afecta a las trabajadoras sexuales.

 

Trabajo de investigación de Human Rights Watch que documenta el abuso contra las trabajadoras sexuales:

—Por qué hemos presentado una demanda contra una ley federal de EE. UU. contra las trabajadores sexuales, junio de 2018

Why We’ve Filed a Lawsuit Against a US Federal Law Targeting Sex Workers, June 2018

—Grecia: la policía abusa de las personas marginadas: va a por las personas sin hogar, usuarios de drogas y trabajadoras sexuales en Atenas, marzo de 2015

Greece: Police Abusing Marginalized People: Target the Homeless, Drug Users, Sex Workers in Athens, March 2015

—”Tengo miedo de ser mujer”: abusos contra los derechos humanos de las personas transgénero en Malasia, septiembre de 2014

“I’m Scared to Be a Woman”: Human Rights Abuses Against Transgender People in Malaysia, September 2014

—En la senda del daño: Respuesta estatal a las trabajadoras sexuales, usuarios de drogas y VIH en Nueva Orleans, diciembre de 2013

In Harm’s Way: State Response to Sex Workers, Drug Users and HIV in New Orleans,December 2013

—“Barrido”: abusos contra las trabajadoras sexuales en China, mayo de 2013

“Swept Away”: Abuses Against Sex Workers in China, May 2013

—“Tratadnos como seres humanos”: discriminación contra las trabajadoras sexuales, las minorías sexuales y de género y las personas que usan drogas en Tanzania, junio de 2013

“Treat Us Like Human Beings”: Discrimination against Sex Workers, Sexual and Gender Minorities, and People Who Use Drugs in Tanzania, June 2013

—Fuera de las calles: detención arbitraria y otros abusos contra trabajadoras sexuales en Camboya, julio de 2010

Off the Streets: Arbitrary Detention and Other Abuses against Sex Workers in Cambodia,July 2010

—Trabajadoras sexuales en riesgo: los condones como evidencia de prostitución en cuatro ciudades de EE. UU., Julio de 2012

Sex Workers at Risk: Condoms as Evidence of Prostitution in Four US Cities, July 2012

“Enviarlas de vuelta”: trabajadoras sexuales migrantes deportadas de Europa

 

Las políticas contra la trata de personas afirman que apoyan a las mujeres vulnerables; sin embargo, su implementación conduce al encarcelamiento y deportación de trabajadoras sexuales migrantes en Europa.

 

Por Boglárka Fedorkó

19 de agosto de 2019

https://www.opendemocracy.net/en/beyond-trafficking-and-slavery/send-them-back-migrant-sex-workers-deported-from-europe/?utm_source=hootsuite&utm_medium=twitter&utm_term=globalsexwork&utm_content=c45fe4ff -4c51-a6ec-dc7b3140c2d0

 

La policía escolta a personas que van a ser subidas a un avión para ser deportadas en Alemania.
Michael Kappeler / DPA / PA Imágenes. Todos los derechos reservados.

 

 

En junio de 2019, dos trabajadoras sexuales, una de las cuales estaba embarazada, fueron encarceladas durante nueve meses en Irlanda. Las dos mujeres rumanas vendían servicios sexuales en un piso que compartían por seguridad cuando la policía lo allanó. Vender sexo es legal en Irlanda, que ha implementado el llamado modelo sueco de regulación del trabajo sexual. Pero debido a que había dos juntas, la policía pudo acusar a ambas de mantener un burdel, lo cual no es legal.

Este es solo un ejemplo de los riesgos complicados que enfrentan hoy en Europa las trabajadoras sexuales. Esos riesgos no desaparecen bajo el modelo sueco —un marco legal promovido como una forma perfecta de que los estados protejan a las trabajadoras sexuales mientras castigan a sus clientes— como se acaba de demostrar. Independientemente del modelo utilizado, las trabajadoras sexuales, especialmente las trabajadoras sexuales migrantes indocumentadas, siguen estando en alto riesgo de penalización en Europa y, en consecuencia, de encarcelamiento y deportación.

La vigilancia, la elaboración de perfiles y la vigilancia discriminatoria por parte de las autoridades afectan a muchas comunidades de trabajadoras sexuales en Europa. Las trabajadoras sexuales que son migrantes, personas sin hogar, no conformes con el género o personas de color entran en contacto con la policía con más frecuencia que la media. Como resultado, también enfrentan niveles desproporcionados de detención y prisión.

Acoso constante

En países donde la venta de sexo es un delito administrativo o penal, la policía ataca rutinariamente tanto a las trabajadoras sexuales de la calle como a sus clientes. Las trabajadoras sexuales que solicitan en zonas críticas o zonas de ligue son particularmente vulnerables al acoso policial. La evidencia de Serbia muestra un patrón de detención arbitrario por actividades tan leves como merodear en lugares donde las trabajadoras sexuales generalmente solicitan clientes, ofrecer servicios a los transeúntes o incluso poseer condones. . Las leyes no relacionadas con el trabajo sexual, como las regulaciones de tráfico o los delitos de moralidad y orden público, también se usan rutinariamente contra las trabajadoras sexuales en lugares donde vender sexo en sí no es ilegal.

Las trabajadoras sexuales no solo son acosadas en sus lugares de trabajo. El perfil racial y de género las hace vulnerables independientemente de dónde se encuentren o qué estén haciendo. Las mujeres romaníes en los Balcanes, por ejemplo, denuncian el acoso constante de la policía en su vida cotidiana, mientras que las trabajadoras sexuales chinas en París informan que a menudo tienen miedo de abandonar sus hogares y lugares de trabajo. Temen que la policía las acose por su situación migratoria.

En Suecia, la mera suposición de que una persona migrante no se mantendrá por “medios honestos” es motivo suficiente para denegarle la entrada.

Ser perseguidas por la policía es parte de la realidad cotidiana de las trabajadoras sexuales, incluso en países con el modelo sueco. De acuerdo con la evaluación de 2018 de la ley de penalización de clientes en Francia, las ordenanzas municipales que restringen el trabajo sexual a nivel local y los controles regulares de identificación dirigidos a quienes venden sexo hacen que las trabajadoras sexuales sigan siendo penalizadas con mayor frecuencia que sus clientes. Las trabajadoras sexuales a menudo denuncian intimidación por parte de la policía, incluida la presión para que denuncien a los clientes. Si son indocumentadas, con frecuencia son amenazadas con deportación si no obedecen.

Lucha contra la trata: una excusa para las redadas y la vigilancia

Los funcionarios del gobierno con frecuencia justifican este tipo de intervención policial como parte de la lucha contra la trata. En la práctica, sin embargo, está claro que el objetivo principal es vigilar, asaltar y deportar a las trabajadoras sexuales migrantes. En algunos países, las personas sospechosas de ser potenciales trabajadoras sexuales son detenidas y devueltas en la frontera. En Suecia, la mera suposición de que una persona migrante no se mantendrá por “medios honestos” es motivo suficiente para denegarle la entrada. Como las normas suecas declaran abiertamente que las víctimas de trata no deben reintegrarse a la sociedad en Suecia, sino más bien en su país de origen, incluso las personas clasificadas como víctimas de este delito son devueltas a sus países. Estas no son políticas de cuidados. Son políticas de identificación, obstrucción y eliminación.

Sin embargo, no es así como se presentan. Las feministas abolicionistas han abogado por un modelo que utiliza principalmente la justicia penal para “proteger” a las mujeres de la prostitución. El modelo sueco tiene sus raíces en estas campañas. Pero para las trabajadoras sexuales, la policía desempeña un papel represivo más que protector. Es esta discrepancia entre las realidades vividas de las trabajadoras sexuales (migrantes) y una esperanza de clase media blanca en la policía como la salvadora de las mujeres lo que nos ha llevado a políticas contra la trata que exacerban las vulnerabilidades de las trabajadoras sexuales en lugar de apoyarlas. .

La evidencia es clara sobre el impacto de abordar el trabajo sexual como un asunto de justicia penal. Según una nueva investigación, las trabajadoras sexuales que operan en un contexto de vigilancia represiva tienen una probabilidad tres veces mayor de experimentar violencia sexual o física que aquellas a las que se les permite realizar su trabajo. Por lo tanto, las trabajadoras sexuales exigen que los legisladores y las feministas abolicionistas reconsideren su forma de ver la intervención policial con gafas rosadas y, en cambio, escuchen a quienes tienen que hacer frente a las consecuencias de estas políticas todos los días.

 

Reconocimiento

Este artículo ha sido desarrollado por el Comité Internacional por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales en Europa (ICRSE) como parte de su proyecto ‘RnR- Rights not Rescue’, con el objetivo de capacitar a las trabajadoras sexuales migrantes para abordar la explotación y la trata en la industria del sexo. El programa, financiado por la Fundación OAK, reúne a trabajadoras sexuales y aliados de organizaciones de derechos de las trabajadoras sexuales en 10 países europeos para el intercambio, la defensa nacional y europea y la generación de conocimiento. Para más detalles sobre el proyecto, visite el sitio web de ICRSE: http://www.sexworkeurope.org

El modelo abolicionista de la prostitución gana peso entre las socialdemócratas alemanas frente a la posición del partido

 

  • La prostitución es legal en Alemania, pero cada vez son más las voces del Partido Socialdemócrata que reclaman, a pesar de la posición oficial de la formación, un cambio de modelo al estilo nórdico, que penaliza a los clientes
  • “El trabajo sexual ni es sexo ni es trabajo. Es una violación de los derechos humanos”, dice Maria Noichl, eurodiputada germana
  • Las asociaciones de trabajadoras sexuales se oponen: “Están llevando una batalla a costa de las trabajadoras del sexo. Ellas creen que saben lo que es bueno para nosotras, es muy arrogante”, explica Stephanie Klee

 

Por Aldo Mas

18 de agosto de 2019

https://www.eldiario.es/sociedad/abolicionismo-prostitucion-abre-socialdemocratas-alemanas_0_931956872.html

 

La prostitución lleva ya casi dos décadas siendo legal en Alemania. La ley que lo permitió fue aprobada por el Ejecutivo germano que lideraba el entonces canciller Gerhard Schröder en 2001, cuando el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) gobernaba en coalición con Los Verdes. La norma estaba destinada a facilitar que quienes la ejercen, en su mayoría mujeres, puedan pagar un seguro médico y cotizar para su jubilación, entre otras cosas. Sin embargo, aunque la posición oficial del partido sigue alineada con ello, cada vez son más las voces que, desde dentro, reclaman un cambio de modelo encaminado a la abolición de la prostitución.

“A través de la liberalización de principios de siglo asumimos que el trabajo sexual era como cualquier otra profesión”, dice a eldiario.es la diputada del SPD en el Bundestag Leni Breymaier. Para ella, sin embargo, la prostitución no lo es. Ella forma parte del grupo de mujeres del SPD que hace campaña para la aplicación del ‘modelo nórdico’, una solución abolicionista implementada en Suecia desde hace 20 años y puesta en marcha en países como Noruega, Islandia o Francia según la cual se puede castigar con multas y hasta con penas de prisión a quien consume sexo a cambio de dinero. En último término, la idea que subyace a esta perspectiva es que la prostitución es una forma de violencia sobre la mujer en sí misma. Por el contrario, el modelo legalizador distingue entre la prostitución forzada y voluntaria y apuesta por el establecimiento de un marco legal que mejore las condiciones laborales de las mujeres que ejercen.

A este debate se refería el pasado 2 de junio, en el Día Internacional de la Trabajadora Sexual, la eurodiputada germana Maria Noichl, otra mujer socialdemócrata que, como Breymaier, quiere que Alemania adopte este modelo. “El trabajo sexual ni es sexo ni es trabajo. El trabajo sexual es una violación de los derechos humanos”, según la también presidenta del grupo de trabajo de las mujeres socialdemócratas. Entre otras figuras del SPD favorables al ‘modelo nórdico’ destaca Herta Däubler-Gmelin, ex ministra de Justicia de la era Schröder.

Pese a las buenas intenciones que Breymaier ve en la liberalización de la prostitución de principios de siglo, a su entender, han aflorado problemas relacionados con que el trabajo sexual sea legal en Alemania. “Casi al mismo tiempo [que la legalización], la Unión Europea fue ampliada al este, lo que ha creado la posibilidad de que cientos de miles de mujeres jóvenes del este europeo hayan sido traídas a Alemania y a otros países para trabajar por poco dinero en burdeles y en las calles”, expone Breymaier.

Entre las condiciones laborales que esta política denuncia figuran casos de mujeres trabajando “16 horas al día”, en jornadas en las que “la penetración en todas las aperturas del cuerpo cuestan 30 euros”. Peor aún es que “a menudo trabajen en ambientes de criminalidad, con sus propias leyes, jueces y ejecutores”, abunda.

La postura oficial del partido

Sin embargo, su posición sobre la prostitución no es la mayoritaria en el SPD, partido que gobierna en Alemania en coalición con la conservadora Unión Cristiano Demócrata (CDU), la formación de la canciller Angela Merkel. “No todas las mujeres en el SPD tienen esta posición”, pero “hay comités individuales en el SPD, como por ejemplo en Karlsruhe o en Baden-Wurtemberg” donde la postura abolicionista se está integrando, según Breymaier.

Desde el Bundestag, el grupo parlamentario de los socialdemócratas –el segundo más grande de la Cámara Baja alemana–, sin embargo, desestiman la idea de que el ‘modelo nórdico’ sea conveniente. La de Breymaier y compañía son sólo “opiniones individuales de socialdemócratas” que no han hecho que el partido cambie, según indican a eldiario.es fuentes parlamentarias del SPD.

“Para nosotros, el derecho de la autodeterminación de las mujeres y de los hombres es el objetivo más importante. Hay gente que lleva a cabo esta actividad conscientemente y con la intención de hacerlo. Acusar a todas las prostitutas de no haber elegido por ellas mismas esa actividad va en contra del derecho de autodeterminación de mujeres y hombres”, argumentan oficialmente en el SPD.

Breymaier y sus compañeras díscolas del SPD se esfuerzan en poner de relieve las zonas grises que aún existen en la prostitución pese a la legislación implementada en 2002. Por ejemplo, se desconoce el número exacto de personas que la ejercen. En la prensa germana pueden leerse datos que van desde las 200.000 personas hasta las 400.000, pero no hay exactitud pese a que en 2017 se implementó una reforma que implicaba la necesidad de registrarse a las personas que se prostituyen en Alemania. “El mundo es mejor lugar con esa reforma que sin ella, pero esta ley no es suficiente. El legislador asume que el caso normal de prostitución es el de la prostituta libre y que la excepción es la prostitución forzada”, apunta la diputada del SPD, que apunta a que hubiera deseado una mayor protección para casos de “mujeres demasiado jóvenes” o “de mujeres embarazadas”.

“Una batalla a costa de las trabajadoras del sexo”

Sin embargo, este convencimiento se enfrenta a la idea opuesta de parte de las fuerzas progresistas y, más notablemente, de las organizaciones de trabajadoras sexuales, como Hydra o la Asociación Federal de Servicios Sexuales (BSD, por sus siglas alemanas). Stephanie Klee, trabajadora sexual, habla en nombre de la BSD. No oculta su enfado cuando responde a eldiario.es. “Yo les reprocho a la Sra. Breymaier y a todos los que se oponen a la prostitución lo siguiente: están llevando una batalla a costa de las trabajadoras del sexo. Ellas creen que saben lo que es bueno para nosotras, es muy arrogante”, dice Klee.

Para ella, soluciones como el ‘modelo nórdico’ “cambian la tolerancia en la sociedad, cambian el cómo la gente se relaciona y lleva a las trabajadoras del sexo a la clandestinidad y a situaciones más peligrosas porque no permite que haya abiertamente encuentros con los clientes. Esto es algo que sabemos por la experiencia sueca”.

Organizaciones como la de Klee defienden la liberalización de la prostitución y la mejora de la situación legal y social de las prostitutas, al igual que Amnistía Internacional, organización que en el debate alemán aparece del lado de quienes siguen apostando por que el trabajo sexual sea legal. En la BSD reconocen que puede haber abusos en ámbito del trabajo sexual, pero apuntan a que no por ello se debería prohibir la actividad. En esta lógica, la solución ante esto es legislar más y mejor.

Klee no parece pensar que, de momento, que las ideas abolicionistas vayan a imponerse en Alemania. Recientemente, su organización protagonizó una acción de información sobre el trabajo sexual en el que participaron prostitutas y artistas frente a la Estación Central de trenes de Berlín. Duró dos semanas. “Hubo mucha interacción con la gente que pasaba por allí. Debatimos mucho y logramos, en la mayoría de los casos, el respeto de nuestros interlocutores”, recuerda Klee.

“No se puede practicar de modo seguro”

Frente a ello, en su lucha por implementar el ‘modelo nórdico’ en Alemania, las voces abolicionistas del SPD cuenta con el apoyo de organizaciones feministas como Terre des Femmes o Sisters. La propia Breymaier es, antes que diputada en el Bundestag, co-fundadora de Sisters. En Terre des Femmes ven con buenos ojos los esfuerzos de Breymaier. Esta organización “está pidiendo la aplicación del modelo abolicionista y la prohibición de la compra de sexo desde 2014”, recuerda a eldiario.es Andrea Tivig, responsable para temas de tráfico de mujeres y prostitución.

“Nos alegramos de que en el SPD haya una evolución y que haya políticas o personas que se hayan dado cuenta de que no puede ir bien el modo con que Alemania ha lidiado con la prostitución”, sostiene Tivig. En Terre des Femmes también ven el “sistema de la prostitución como una violencia contra las mujeres”. En su día, en esta organización pensaron que la legalización traería mejoras para quienes trabajan en este ámbito. “Siempre pensamos que un mundo sin prostitución sería lo mejor, pero pensamos que a las mujeres se las tenía que ayudar. Sin embargo, la legalización ha puesto de manifiesto que la prostitución no se puede practicar de un modo seguro”, apunta.

No obstante, voces como las de la Asociación Federal de Servicios Sexuales (BSD) echan de menos que representantes de la postura contraria no se hayan acercado al artístico punto de información montado por la organización y lamentan la falta de diálogo con los sectores opositores a que la prostitución sea legal. “¿Por qué tienen miedo a hablar con nosotras?”, se pregunta Klee. Ella y compañía parecen contar, eso sí, con buena parte del apoyo del progresismo germano. “En Alemania, al contrario que en otros países, Los Verdes y en otros partidos de la izquierda también se suele ser muy crítico con el modelo abolicionista”, señala Tivig.

 

¿Cómo puede el informe moralizante del Partido Conservador sobre la prostitución ignorar por completo las políticas de austeridad?

 

Por Frankie Mullin

La pobreza y el derrumbe de los servicios sociales han llevado a las personas vulnerables al trabajo sexual. No te enterarás por esta investigación.

@ @frankiemullin

Lunes 29 de julio de 2019

https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/jul/29/how-can-the-tories-moralising-report-on-prostitution-completely-ignore-austerity?fbclid=IwAR1xYOpT7MBe17SlD9dCWLA0nspCJGWnRiK9PNHCHHH2

 

“En todo el informe, las citas de las trabajadoras sexuales actuales flotan sin hacer ningún aporte sobre la legislación, y funcionan solo para proporcionar detalles espeluznantes o testimonios desgarradores”. Fotografía: Alamy Stock Photo

 

Cuando la diputada conservadora Fiona Bruce preside una investigación sobre el trabajo sexual, no puedes esperar un triunfo del progresismo. Este es una política que está en contra del aborto y ha votado repetidamente en contra del matrimonio igualitario. Y, sin embargo, el informe de la Comisión de Derechos Humanos del Partido Conservador, The Limits of Consent: Prostitution in the UK, publicado la semana pasada, aún conmociona por su falta de imparcialidad.

Al menos los autores fueron sinceros acerca de su compromiso con la ideología por encima de la evidencia, alegando que las decisiones en torno a la política pública “no pueden resolverse solo con referencia a la evidencia” y, en cambio, emprendieron una inmersión profunda en “las cuestiones éticas en torno a la prostitución”.

“Todo el sistema de prostitución se basa en el intercambio de dinero por consentimiento sexual”, se lee en el informe. “Sin el dinero, no habría consentimiento”. Bueno, claro. Las trabajadoras sexuales estarían de acuerdo. Pero el informe continúa: “La Comisión cree que, por lo tanto, es exacto caracterizar nuestro sistema como uno que permite la compra del consentimiento sexual, y cree que esto socava el principio del consentimiento sexual en sí mismo”.

Este es un argumento antiguo, uno contra el cual las trabajadoras sexuales han estado luchando durante muchos años. Hay muchas razones por las cuales las personas consienten en tener relaciones sexuales; El dinero es uno de ellos. Pero afirmar que las más de 70.000 trabajadoras sexuales del Reino Unido son, en esencia, violadas cada vez que van a trabajar, hace que sea imposible denunciar la violencia real cuando sucede.

Decenas de miles de personas (principalmente mujeres) pagan su renta, alimentan a sus hijos, cubren las tasas universitarias y se ganan la vida como discapacitadas vendiendo sexo. Y aquí radica la omisión evidente en el informe conservador, llamativa por su ausencia, pero que se esconde detrás de la moralización de club de debate de escuela pública: es la pobreza y la falta de atención social lo que lleva a las más vulnerables a las partes más explotadoras de la prostitución.

En todo el informe de 20.000 palabras, las políticas de austeridad no se mencionan ni una vez. La palabra “pobreza” aparece solo una vez. Si los autores realmente creen que todo el trabajo sexual es coercitivo, tal vez observar las razones por las que las mujeres lo hacen podría haber sido útil.

Se omitió del informe la admisión del mes pasado por el Departamento de Trabajo y Pensiones de que la pobreza causada por el crédito universal es una importante impulsora de la prostitución. Del mismo modo, el hecho de que, bajo los conservadores, el uso del banco de alimentos se ha disparado. La “falta de vivienda” se menciona cero veces, a pesar de un vínculo irrefutable entre la política conservadora y el dormir en la calle. La discusión sobre la trata está divorciada de la política de inmigración, las citas sobre la deuda de los estudiantes se utilizan para moralizar sobre el consentimiento en lugar de resaltar la necesidad de poner fin a las tasas de matrícula y una declaración de las trabajadoras de primera línea de que el “modelo de vivienda actual no es adecuado para las mujeres que experimentan necesidades múltiples y complejas” no desencadena la autorreflexión sobre el hecho de que las mujeres asumen el 86% del peso de las políticas de austeridad. Ninguna frase está dedicada al vínculo entre las brutales reducciones de las prestaciones por discapacidad y la prostitución.

Es cierto que leer las pruebas disponibles sobre la prostitución es una tarea enorme. Fue llevado a cabo por Amnistía Internacional en 2016, lo que resultó en el llamamiento de la organización a la despenalización total del trabajo sexual, una iniciativa legal también respaldada por la Organización Mundial de la Salud, ONUSIDA y organizaciones dirigidas por trabajadoras sexuales en todo el mundo. En el Reino Unido, grupos como Decrim Now, el English Collective of Prostitutes (ECP) y el Sex Worker Advocacy and Resistance Movement (SWARM) piden lo mismo: despenalización total para conseguir seguridad.

El informe conservador resume la evidencia y decide lo contrario, sugiriendo que “la forma más efectiva de salvaguardar el consentimiento sexual a la vez que se reduce el mercado de la prostitución… es legislar para hacer que pagar por los servicios sexuales sea un delito”. Criminalizar a los clientes —el llamado fin de la demanda o modelo nórdico— es todo lo que Bruce y su equipo tienen para ofrecer.

Es revelador que, a lo largo del informe, las citas de las trabajadoras sexuales actuales flotan sin hacer ningún aporte sobre la legislación, y funcionan solo para proporcionar detalles espeluznantes o testimonios desgarradores. Y así los puntos permanecen desconectados. Las descripciones de pobreza y enfermedad se quedan en el vacío y, libres de responsabilidad, los miembros del Partido Conservador pueden moralizar sobre la obscenidad de la prostitución mientras el horror de la austeridad se escapa a la vista.

 

  • Frankie Mullin es periodista independiente. Forma parte del English Collective of Prostitutes y del Sex Worker Advocacy and Resistance Movement.

Guía Práctica para Personas que Ejercen el Trabajo Sexual para Combatir la Introducción del Modelo Nórdico

 

Enviado por NSWP el 20 de marzo de 2018

https://www.nswp.org/es/resource/guia-practica-para-personas-que-ejercen-el-trabajo-sexual-para-combatir-la-introduccion-del

 

Descargar este recurso: 

Guía Práctica para Personas que Ejercen el Trabajo Sexual para Combatir la Introducción del Modelo Nórdico

Año: 2017

 

Esta Guía Práctica es parte de la ya herramienta existente de la NSWP sobre el “Modelo Sueco”, y da un repaso a los daños causados a las personas que ejercen el trabajo sexual en los países donde se ha introducido el Modelo Sueco. Está hecha a partir de las experiencias de los miembros de la NSWP, usando documentos, entrevistas en profundidad y estudios de casos a través de procesos de consultas. Esta guía está pensada para ser usada como una herramienta para fortalecer y apoyar a los miembros de la NSWP y a la habilidad de las personas que ejercen el trabajo sexual para abogar por sus derechos combatiendo las propuestas para introducir el Modelo Nórdico en sus países.

Los contenidos incluyen:

  • Consecuencias implícitas del Modelo Nórdico:
    • Reducir la demanda reduciendo las opciones de las personas que ejercen el trabajo sexual
    • Aumentar la vigilancia policial y el acoso a las personas que ejercen el trabajo sexual
    • Falta de seguridad
    • Aumentar el poder de la policía y aumentar la vigilancia policial de las personas que ejercen el trabajo sexual migrantes
    • Aumentar la discriminación
    • Exportar el modelo a otros países
  • Consecuencias no-implícitas del Modelo Nórdico:
    • Aumento del estigma social
    • Falta de iniciativas basadas en derechos
    • Falta de acceso a servicios de salud de calidad
    • Actitud de los empleados de los servicios y de la policía
    • Presentar datos de manera engañosa para introducir el Modelo Nórdico
    • Exclusión y desestimación de las perspectivas de las personas que ejercen el trabajo sexual
  • Combatir el Modelo Nórdico
    • Retar el control del estado y de las instituciones sobre las personas que ejercen el trabajo sexual
    • El rol del lenguaje y de la terminología para combatir el Modelo Nórdico
    • Principios Legales
    • Retar al Modelo Nórdico a través de los sistemas judiciales
    • Protestas visibles
    • Usar constituciones nacionales para combatir al Modelo Nórdico
    • Compartir narrativas personales para disipar malentendidos
    • Investigación
    • Arte
  • Consideraciones para planificar el activismo

Puedes descargarte el PDF. Esta fuente está disponible en inglés, chino, francés, ruso y español. Este recurso ha sido traducido del inglés por Nicola Chávez Courtright.

 

El puritanismo vuelve

 

Por Dionisio Escarabajal 

6 de julio de 2019

https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2019/07/07/puritanismo-vuelve/1036167.html

 

Al contrario de lo que la mayoría cree, muchos norteamericanos vivieron felices los años de la Ley Seca. En realidad el consumo de alcohol disminuyó drásticamente y, a pesar de que proliferó el contrabando y los garitos donde se servía alcohol ilegalmente, la prohibición ayudó a combatir la lacra de las borracheras sistemáticas los sábados por la noche y la consecuencia de familias enteras abandonadas a su suerte por maridos alcoholizados. La ley que prohibía el consumo de alcohol fue la primera conquista de un movimiento que podría calificarse de feminista, porque estaba impulsado por mujeres que vivían el alcoholismo de sus maridos como una tragedia de enormes dimensiones.

El problema es que, como tantas estrategias de ingeniería social, la prohibición del alcohol trajo como subproducto inintencionado una oleada de contrabando y crimen organizado. El contrabando afectaba a la recaudación de Hacienda, algo muy importante en un país en el que los impuestos sobre el alcohol representaron en algún momento el 80% de los ingresos del Gobierno Federal. El aumento de la criminalidad fue consecuencia de las violentas batallas por hacerse con el control de las zonas de consumo entre las bandas.

El levantamiento de la prohibición de la venta de alcohol y su consumo en lugares públicos fue una bendición para las arcas federales y un alivio para los habitantes de las grandes ciudades que se beneficiaron de una intensa reducción de los delitos violentos. Por el contrario, el mundo rural vivió con suma decepción el fin de la Ley Seca, por un doble motivo. El primero es que, en la América profunda de los pequeños pueblos del interior, era donde el conservadurismo puritano estaba más arraigado. El segundo fue que, por otra parte, era en las áreas más apartadas donde se producía el alcohol ilegal en los famosos alambiques ocultos en zonas boscosas o de difícil acceso. Así que, por razones opuestas, el fin de la prohibición fue un auténtico chasco para los ‘deplorables’, como diría Hillary Clinton, de la América interior.

El puritano suele ser un alma repleta de buenas intenciones que quiere que su mundo perfecto sea la norma para todos sus semejantes. No lo hace por fastidiar, sino para extender a los demás la felicidad que él siente por ser mejor y la satisfacción que le acarrea su propio buen comportamiento. Pero la cuestión es si se puede imponer al otro que sea mejor persona. ¿O hay que dejar que cada uno se comporte como quiera siempre que no haga daño a un tercero? Una pregunta que acarrea una derivada: ¿pueden dos personas adultas hacer lo que les venga en gana si lo hacen con el mutuo consentimiento? De la respuesta a esas preguntas se derivan consecuencias que alteran de forma notable la vida de las personas y el bienestar de sociedades enteras.

Tomemos otro ejemplo, que es el de la prostitución, de actualidad estos días porque en Holanda algunos se están planteando adoptar leyes como la sueca, que penaliza con multas o incluso prisión de un año al individuo que paga por tener sexo. El ‘modelo’ sueco, como se ha acabado denominando, se ha extendido con unos u otros matices a países como Noruega, Islandia, Canadá o Francia. Otros países han avanzado hacia casi una total liberalización, al menos en la práctica. España en concreto es conocida como el mayor burdel de Europa. La ley sueca, que no castiga a la prostituta pero sí a su cliente y al proxenetismo, tiene consecuencias desagradables como que las profesionales del sexo sean expulsadas de sus casas por las denuncias de sus vecinos, o que madres prostitutas vean cómo se les arrebata por el Estado la custodia de sus hijos menores de edad. Al fin y al cabo están cooperando con un delito, aunque ellas mismas no sean las delincuentes en teoría.

En muchos países, el modelo sueco cuenta con firmes partidarios de su implantación. En su apoyo muestran los datos que confirman una disminución de esa práctica en las sociedades que implantan la prohibición. La liberalización, argumentan con datos que lo avalan, provoca el aumento de prostitutas y su consecuencia más indeseada: el incremento del tráfico y trata de personas. En sentido totalmente contrario, la principal asociación de enfermeras británicas reclamaba hace un tiempo la legalización de la prostitución en Reino Unido en aras de mejorar la salud y bienestar de las prostitutas y sus clientes, mediante, entre otras cosas, el mejor control de las enfermedades de transmisión sexual.

Y está, por supuesto, el tema de las drogas y el combate contra su tráfico y consumo. La guerra contra la droga comenzó a nivel mundial en los años sesenta, en los que el movimiento hippie y la extensión de su consumo produjo una reacción en contra que alcanzó su máximo en la campaña desatada por Ronald Reagan. Ahora vivimos una época de creciente despenalización del consumo y venta del cannabis nada menos que en Estados Unidos, el país que encabezó la prohibición y lideró la batalla por su desaparición. La criminalidad en Estados Unidos durante la Ley Seca se queda en poca cosa o prácticamente nada comparada con las batallas entre los cárteles de la droga de Colombia o Méjico, por citar solo dos países que han visto sus sociedades emponzoñadas como consecuencia de la violencia que genera el negocio ilegal de la droga.

¿Y para qué tanto sufrimiento? ¿Realmente la prohibición y castigo de un comportamiento que consideramos criticable desde un punto de vista moral, hace mejor a las personas y a las sociedades? Para mí la respuesta está clara: hay que tratar a las personas mayores de edad como personas mayores de edad y dejar que se provoquen daños sin cuento a sí mismos siempre que no perjudiquen a los demás de forma fehaciente y demostrable. O, matizando el lema del mayo del 68: debería estar prohibido prohibir lo que solo me perjudique a mí. La gente debe mejorar por educación y convicción, para eso sirve la libertad individual, que o es extrema o no existe. La demostración evidente es que, en un mundo donde se vende y consume alcohol libremente, su ingesta va disminuyendo progresivamente año tras año. Tratar a los adultos como adultos. Ese es el espíritu para que lleguen a serlo del todo.

 

“El problema de la prostitución”: políticas represivas en nombre del control de la migración, el orden público y los derechos de las mujeres en Francia

 

 

http://www.antitraffickingreview.org/index.php/atrjournal/article/view/383/323?fbclid=IwAR1BI1BUB26NaggS68ytgLssGJuZ1q0qJCYQktHfJZ8ND8I083ZD78mNSiM

 

Charlène Calderaro y Calogero Giametta

 

Resumen

Este artículo se enfoca en los debates políticos que llevaron a la adopción de la prohibición de compra de sexo (comúnmente conocida como el modelo sueco o nórdico) en Francia en abril de 2016. Examina la convergencia de las feministas francesas y los actores neoabolicionistas tradicionales en la lucha contra la prostitución y su impacto en los derechos y el bienestar de las trabajadoras sexuales. Argumentamos que existe una continuidad entre los efectos producidos por la prohibición de solicitar promulgada en 2003 y los creados por la ley que penaliza a los clientes en 2016. Al discutir la represión actual del trabajo sexual en Francia, destacamos cómo la construcción del “problema’ de la prostitución” debe verse a la luz de preocupaciones políticas más amplias sobre el sexismo en los barrios pobres y el control de la inmigración, que justifican las prioridades nacionales de seguridad y orden público.

Palabras clave: trabajo sexual, migración, modelo sueco, Francia, derechos de las mujeres, orden público.

Cite, por favor, este artículo como: C Calderaro and C Giametta, ‘“The Problem of Prostitution”: Repressive policies in the name of migration control, public order, and women’s rights in France’, Anti-Trafficking Review, issue 12, 2019, pp. 155-171,www.antitraffickingreview.org.

 

 

Contextualizando el “problema de la prostitución” en Francia

 

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Francia ha participado en la lucha contra la trata de personas y la prostitución, especialmente tras la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas para la represión de la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena en 1960. En Francia, como en muchos otros países, los debates políticos y las normativas han combinado sistemáticamente la trata de personas con la prostitución. [1] Con el fortalecimiento de las fronteras de Europa en la década de 1990, los migrantes se han visto obligados a recurrir a terceros para acceder al área de Schengen. [2] Durante este tiempo, las trabajadoras sexuales migrantes se hicieron mucho más visibles en ciudades francesas, pueblos y aldeas más pequeñas, siendo sometidas a un mayor control estatal [3]. En este sentido, era de esperar una atención política renovada al “problema de la prostitución” [4]. Como señala Lilian Mathieu, el momento en que la clase política francesa consideraba que tratar de la prostitución era “indigno” de las preocupaciones de la Asamblea Nacional había terminado. [5] En las últimas dos décadas, de hecho, ha habido un aumento constante en el número de informes parlamentarios, iniciativas legislativas y debates públicos sobre el tema.

La cuestión de cómo lidiar con la prostitución surgió en el ámbito político nacional en 2003 a través de la implementación de una ley sobre seguridad doméstica, Loi pour la sécurité intérieure (LSI), presentada por Nicolas Sarkozy, el entonces Ministro del Interior. Esta ley se incluyó en una serie más amplia de medidas relacionadas con el orden público y la seguridad y se dirigió directamente a las trabajadoras sexuales. Amplió la tipificación de solicitar de falta (contravention) a delito (délit); también amplió los actos que estarían sujetos a sanciones de “solicitud activa” para incluir “solicitud pasiva”. Como resultado de estos cambios, se introdujo un nuevo artículo en el Código Penal (art. 225-10-1). Cabe destacar que el delito de solicitud había sido eliminado previamente del Código Penal en 1994.

La cuestión de cómo lidiar con la prostitución volvió a surgir en 2011 cuando dos parlamentarios —Danielle Bousquet y Guy Geoffroy— realizaron un informe detallado sobre la prostitución en Francia y lo presentaron a la Asamblea Nacional para su debate parlamentario. Este informe se basó en una postura represiva sobre el trabajo sexual [6] que articuló la “lucha contra el sistema de prostitución” como una cuestión de derechos de las mujeres. Lo que distinguió el informe Bousquet-Geoffroy de los informes anteriores fue su enfoque en los derechos de las mujeres, en el sentido de que los autores sugirieron que las trabajadoras sexuales no deberían ser penalizadas, sino que la responsabilidad debería recaer en los clientes, ya que deberían responder por el hecho de que su demanda de servicios sexuales pagados fomentaba la explotación y la trata. En todo el espectro político, la gran mayoría de los políticos franceses acogieron con satisfacción la propuesta de crear un delito en el Código Penal que se centrara en las personas que pagaban por los servicios sexuales, lo que finalmente se aprobó en abril de 2016 (ley n ° 2016-444). Aunque uno de los objetivos declarados de la ley era brindar a las mujeres la oportunidad de dejar el trabajo sexual, una investigación reciente muestra que la penalización de los clientes ha sido aún más perjudicial para las trabajadoras sexuales que las medidas anteriores contra la solicitud, [7] que ya habían resultado en el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de las trabajadoras sexuales [8].

Este artículo pretende arrojar luz sobre el desarrollo particular de las leyes represivas sobre el trabajo sexual en Francia. Si bien destaca las especificidades del contexto francés, argumenta que la construcción de la prostitución como un problema social debe verse a la luz de las inquietudes políticas más amplias sobre el sexismo en los barrios pobres (quartiers populaires) y el control de la inmigración. El análisis se basa en dos conjuntos de datos principales: la investigación en curso sobre las intervenciones humanitarias dirigidas a las trabajadoras sexuales migrantes (Giametta) y las entrevistas con las feministas institucionales de la corriente dominante y otros grupos neoabolicionistas [9] (Calderaro) que apoyaron las leyes represivas de prostitución en Francia. La primera información surgió del proyecto de investigación Sexual Humanitarianism (2016-2020), que explora la relación entre la migración, el trabajo sexual y la trata en la industria sexual mundial. [10] Centrándose en la ley y los debates políticos actuales, Giametta ofrece un análisis de los discursos humanitarios y las prácticas de seguridad dirigidas a las trabajadoras sexuales en Francia. Este análisis se ve respaldado por los datos etnográficos que surgen de las entrevistas con 25 trabajadoras sexuales migrantes (trans, cis, mujeres y hombres) y diez informantes clave, como trabajadores de la salud comunitaria, trabajadores sociales y abogados de inmigración en París y Marsella que se realizaron entre enero de 2016 y marzo de 2018. Este último surge del trabajo de campo que Calderaro realizó para una tesis de maestría sobre las políticas represivas de trabajo sexual en Francia. En el invierno de 2018, realizó 15 entrevistas con el objetivo de comprender el papel de los diferentes actores involucrados en la redacción de la ley de 2016. Se entrevistaron cuatro categorías diferentes de actores: dos parlamentarios clave a cargo del desarrollo de la ley y miembros del comité especial de la Asamblea Nacional; miembros de instituciones públicas, como la oficina para la igualdad de género en el Ayuntamiento de París, el organismo de vigilancia parisino sobre la violencia contra las mujeres (Observatoire Parisien des Violences faites aux Femmes), y dos oficinas para la igualdad de género en Saint-Denis y Bagnolet en el Sena – Área de Saint-Denis; activistas neoabolicionistas, incluidos dos miembros del Mouvement du Nid y el presidente de la Fondation Scelles; y trabajadoras sexuales, activistas y personal de organizaciones comunitarias de salud que defienden los derechos de las trabajadoras sexuales. Se les preguntó a todos sobre su participación en los procesos de consulta y toma de decisiones antes de la promulgación de la ley de 2016.

Política sexual, orden público y seguridad nacional

Aunque el modelo de acabar con la demanda no ha dado los resultados prometidos de eliminar la prostitución y la trata en Suecia, todavía se presenta como la solución a los problemas de la prostitución y la desigualdad de género. La funcionaria electa a cargo de la igualdad de género en el ayuntamiento de París (Mairie de Paris), Hélène Bidard, nos dijo que: “en retrospectiva, su éxito realmente tuvo que ver con las organizaciones que subrayan el vínculo entre la violencia contra las mujeres y la prostitución”. Según el paradigma neoabolicionista, las trabajadoras sexuales ya no son delincuentes, sino víctimas. En el contexto sueco, la ley se promovió como parte de un conjunto más amplio de leyes llamadas Kvinnofrid, o Ley de Violencia contra las Mujeres (Kvinnofrid se traduce como “paz o serenidad para las mujeres”). [11]

Siguiendo la dimensión de género del debate sobre la prostitución que emana de las instituciones suecas, el antropólogo Don Kulick examinó cómo el discurso de la sexualidad, o cómo se trata la sexualidad en la vida privada, nos dice algo sobre los valores de la sociedad en general. En el referéndum de la UE de 1994, Suecia votó para unirse a la Unión Europea por un margen estrecho, ya que circulaban temores en el país de que, al acceder a la UE, el país “se vería inundado por decenas de miles de prostitutas extranjeras que clamaban a las puertas, y se vería infectado por una visión liberal de la prostitución que, según se decía, se estaba extendiendo por toda Europa”. [12] Desde entonces, los parlamentarios suecos en Bruselas han hecho actividad de lobby a favor de lo que se conoció como el “modelo sueco” para la abolición de la prostitución, con el objetivo de exportar la imagen distintiva de Suecia como paraíso de igualdad de género a otros estados miembros. Hoy, a nivel de la UE, vale la pena mencionar los vínculos fortalecidos que han surgido entre las feministas de la corriente dominante suecas y francesas como resultado de las actividades del Lobby de Mujeres Europeas. [13] Sin embargo, para entender el camino particular de Francia hacia la adopción del enfoque de acabar con la demanda, debemos analizar otros factores que van más allá de las preocupaciones morales de los políticos sobre la desigualdad de género y la trata.

 

Sexualidad, valores nacionales y cuestiones raciales.

A principios de la década de 2000, hubo un cambio en la forma en que se discutió el género y la sexualidad en la esfera política francesa, ya que comenzaron a vincularse explícitamente con las cuestiones raciales [14]. En ese momento, los medios de comunicación centraron su atención en los actos de violencia sexual en los banlieues (suburbios) parisinos cometidos por hombres jóvenes de origen norteafricano [15]: la cantidad de artículos periodísticos sobre este tema se multiplicó por diez entre 2000 y 2001. [16 ] Esta visión de la violencia sexual como endémica en ciertas áreas geográficas no puede ser entendida, argumenta Myriam Ticktin, sin considerar los debates sobre inmigración y seguridad nacional, y la intensificación de la islamofobia en el país [17].

Dos discursos notables coexistieron en Francia a principios de la década de 2000. El primero se centró en la lucha contra el sexismo a través del racismo, movilizando “el archivo colonial que codifica la raza / clase a través de la sexualidad” [18] (es decir, el Otro migrante o racial visto como un desviado sexual). El segundo fue el discurso institucionalizado de violencia contra las mujeres que emanaba de las Naciones Unidas desde la década de 1990, que permitió una mayor visibilidad de las cuestiones relacionadas con el género y la violencia sexual (es decir, mutilación genital femenina, violencia doméstica, sati, asesinatos de honor, etc.). En ese momento, las prohibiciones de la solicitud pasiva y el hijab, así como el enfoque en la violencia sexual en los banlieues, “cobraron importancia en un discurso sobre la protección de las mujeres contra la violencia y la opresión; se mantenga o no actualmente esta retórica en la práctica”. [19] La economía moral que está detrás de los debates y la implementación de las leyes que controlan la sexualidad creó un pánico que se centró en los migrantes y los no migrantes racializados que viven en Francia.

Este contexto creó una animosidad y división significativas entre las feministas en Francia [20] y dio lugar a la consolidación de lo que la socióloga estadounidense Elisabeth Bernstein ha denominado “feminismo carcelario”, un tipo de feminismo que se basa en gran medida en las formas estatales de poder, como la policía e instituciones legales, para combatir el patriarcado. [21] La convergencia de un cierto tipo de feminismo hegemónico con el Estado y sus políticas contra la inmigración ha creado una política contra la trata en Francia que puede denominarse “femonacionalista”. [22] Este término, acuñado por Sara Farris, señala cómo prominentes feministas y mujeres burócratas —Farris las denomina “femócratas”— han promovido leyes y actitudes que estigmatizan a la población musulmana en Francia, fortaleciendo así las posiciones anti-Islam en nombre de los derechos de las mujeres.

Desde el punto de vista femonacionalista, el problema de la misoginia y la dominación patriarcal está muy a menudo relegado a áreas específicas (pobres) en ciudades francesas donde viven muchas personas racializadas. En los debates recientes sobre la prohibición del trabajo sexual, los clientes pobres y de clase trabajadora de las trabajadoras sexuales son patologizados como sujetos sexuales “malos” que no tienen lugar en el espacio civilizado de la República: éste es el argumento moral con respecto a ideales de ciudadanía francesa. Al mismo tiempo, los clientes suelen ser racializados como sujetos sexuales “regresivos” que no saben cómo tratar a una mujer con respeto y que son muy propensos a explotar (a sus) mujeres comprando sexo de ellas, haciendo de proxenetas o sometiéndolas a trata: este es el argumento racista dirigido a minorías y migrantes. En los principales medios de comunicación, las personas que viven en quartiers populaires  (barrios de clase trabajadora) son estigmatizadas por sus actitudes sexistas hacia las mujeres y los hombres homosexuales, y se considera que ambos grupos necesitan ayuda. Este tipo de discurso de rescate ha impactado en la forma en que el gobierno ha adoptado simultáneamente políticas represivas para eliminar el velo de las mujeres musulmanas y abolir la prostitución, en nombre de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. En una de nuestras entrevistas, Yves Charpenel del grupo neoabolicionista Fondation Scelles, cuando hablaba de la prostitución en los barrios parisinos más pobres, dijo: “estas mujeres son utilizadas por sus propias comunidades, generalmente éstas son minorías étnicas en los banlieues, a menudo son violadas por pandillas (tournantes), son desclasadas socialmente, se vuelven completamente silenciosas e invisibles, y pueden ser vendidas a las pandillas en los banlieues cercanos” (entrevista, febrero de 2018). La convergencia de las inquietudes políticas sobre el orden público, la seguridad y la libertad de las mujeres ha tenido el efecto de radicalizar la postura de las feministas francesas en general sobre la abolición de la prostitución y, con ello, el fenómeno de la trata. La mayor visibilidad de las migrantes en el sector del trabajo sexual —especialmente en las calles y espacios públicos— ha exacerbado estas preocupaciones.

 

Control migratorio: orden público y seguridad nacional.

La presencia de trabajadoras sexuales migrantes en toda Francia ha sido vista como una molestia pública. Algunas ciudades, como Lyon, comenzaron a aplicar leyes contra la solicitud en el centro de la ciudad incluso antes de LSI, la ley de seguridad doméstica de 2003. Como en otras partes de Europa, los centros de las ciudades y las áreas gentrificadas tenían que ser “salvaguardadas” y las ordenanzas contra las solicitudes comenzaron a ser promulgadas en todo el país a nivel municipal ya en 2002. [23] El mantenimiento del orden público a través de la penalización de la solicitud se convirtió en una cuestión de seguridad nacional en el marco del entonces ministro del interior Nicolas Sarkozy. Esto ocurrió porque se consideraba que las trabajadoras sexuales migrantes estaban conectadas a redes de trata; encarnaban una forma de criminalidad transnacional enraizada en Francia. Bajo el LSI (y la implementación del Protocolo de Trata de las Naciones Unidas), las trabajadoras sexuales migrantes que fueron detenidas por solicitar tuvieron la oportunidad de acceder a mecanismos contra la trata y recibir permisos de residencia temporales con la condición de que informaran de sus proxenetas y / o tratantes.

El control del número de migrantes es fundamental para la seguridad en Francia. La llamada “crisis de refugiados” de Europa, los ataques terroristas de 2015 en Francia y Bélgica y los dos años de emergencia que siguieron, y la subsiguiente ley antiterrorista implementada en 2017 por el gobierno del presidente Macron, provocaron un aumento en los controles de identidad , redadas y mayor estigmatización del Islam, todos los cuales se dirigen a personas racializadas y migrantes. Estas extraordinarias medidas policiales y administrativas se han justificado como parte del modus operandi convencional en el marco de la emergencia. [24] Los migrantes han sido descritos cada vez más como depredadores y sujetos a niveles sorprendentemente altos de control policial. Como lo indicó nuestra investigación etnográfica, la agenda de igualdad de género del gobierno que emana de las feministas institucionales no ha desafiado las lógicas racistas de sus medidas de seguridad; por el contrario, ha legitimado prácticas carcelarias como una forma de promover la abolición de la prostitución.

 

Nuevas alianzas y la redefinición del “problema de la prostitución”

 

Las alianzas emergentes entre diversos actores han influido en la politización del “problema de la prostitución”, así como en su lugar en la agenda institucional en Francia [25]. La alianza de organizaciones neoabolicionistas, feministas institucionales y movimientos feministas tradicionales ha redefinido la prostitución a través del paradigma neoabolicionista, fusionándola con la violencia contra las mujeres [26]. Además, los discursos antineoliberales y antiglobalización se han movilizado ampliamente para redefinir la prostitución como un problema político tanto a nivel nacional como internacional. [27]

 

La convergencia de neoabolicionistas, feministas e instituciones públicas.

La primera alianza a la que queremos apuntar es la de los propios actores neoabolicionistas, es decir, los grupos de activismo feminista y las organizaciones neoabolicionistas tradicionales. Los neoabolicionistas a los que nos referimos incluyen organizaciones que entran en la categoría legal de “organizaciones de utilidad pública” (associations reconnues d’utilité publique), es decir, organizaciones con un objetivo de interés público que pueden beneficiarse de fondos públicos, donaciones y legados. Nos referimos a estos actores como “empresarios morales”, [28] porque enfatizan su postura moral y la tradición católica de la que emanan sus políticas. [29] Entre estas organizaciones, Mouvement du Nid y Fondation Scelles han jugado un papel central. De hecho, junto con organizaciones feministas, establecieron Abolition 2012, un colectivo de todos los neoabolicionistas que están a favor de la erradicación de la prostitución en Francia. Cuando se le preguntó sobre los vínculos entre Mouvement du Nid y Fondation Scelles, Yves Charpenel, presidente de esta última, declaró:

Y. Charpenel: Creamos Abolición 2012 juntos y creamos la PAC [Coalición para la Abolición de la Prostitución], que reúne a 23 organizaciones de 23 países diferentes e intercambiamos conocimientos sobre diferentes leyes nacionales, y también trabajamos con organizaciones de sobrevivientes [ ‘sobrevivientes’ aquí se refiere a ex trabajadoras sexuales, nota de los autores]. 

C: Entonces, ¿Abolición 2012 fue creada al principio por …?

Y. Charpenel: La Fondation [Scelles] y el Mouvement du Nid, sí. Y luego se unieron las feministas.

Abolición 2012 fue el resultado de la alianza de unos 80 neoabolicionistas y feministas provenientes de grupos de activistas e instituciones públicas. Se reunieron para organizar reuniones y manifestaciones para apoyar la ley de acabar con la demanda. Los parlamentarios entrevistados mencionaron el apoyo indispensable de las organizaciones feministas. Catherine Coutelle, ex diputada y vicepresidenta del comité especial encargado del desarrollo de la ley, declaró: “ Abolition 2012 ha sido un movimiento muy útil, nos involucramos regularmente con ellos cuando sentimos que la opinión pública y la prensa no estaban lo suficiente a favor, luego escribieron editoriales en periódicos, etc…” (entrevista, enero de 2018). Abolition 2012 no es solo un grupo de activistas compuesto por organizaciones que intentan presionar a las instituciones públicas; funcionarios e instituciones son una parte central del colectivo. Hélène Bidard, la funcionaria a cargo de la igualdad de género en París, confirmó, durante una entrevista, la importancia de este colectivo y el papel de la Mairie de Paris y otras instituciones públicas en el desarrollo de la ley de acabar con la demanda, afirmando que: “se reunieron en repetidas ocasiones y organizaron manifestaciones frente a la Asamblea y el Senado para que se incluyera en la agenda” (entrevista, abril de 2018).

En este proceso, el Mouvement du Nid se convirtió en lo que Kingdon llama un “participante oculto” [30], ya que jugó un papel principal detrás de la escena a través de la acción de lobby persistente. En nuestra entrevista, Catherine Coutelle señaló el compromiso implacable del Mouvement:

Te lo explicaré desde el principio, ya que nadie lo sabe [risas]. El Mouvement du Nid organizó un almuerzo en la universidad de verano de La Rochelle en 2012, con Najat Vallaud-Belkacem [entonces Ministra de Asuntos de la Mujer]. Grégoire Théry [el presidente del Movimiento] quería que viniera, ya que acababa de ser presidenta de la delegación de los derechos de las mujeres, por lo que sabían que podía ser un actor estratégico. Y sentí que este almuerzo era como una trampa [risas], quiero decir, él [Théry] estaba al lado de Najat, diciendo: ‘Najat, esta ley debe ser aprobada necesariamente, tienes que adoptarla, debes ponerla en la agenda, ¿Cuándo empieza a discutirla el parlamento? ‘Me quedé asombrada, pensando’ pero, ¿qué está haciendo esta organización, dictándonos nuestra agenda? … ’.

El Mouvement logró ejercer presión sobre los parlamentarios y los funcionarios durante las reuniones formales e informales, enfatizando continuamente la relevancia y la urgencia de la ley. Al describir la práctica de lobby del Mouvement, Lorraine Questiaux, abogada del Mouvement, usó la expresión “hostigar a los políticos” (entrevista, abril de 2018). En todos los niveles, el Mouvement desempeñó un papel clave en la redefinición del problema y su inclusión en la agenda institucional.

 

La redefinición ideológica del “problema de la prostitución”: el uso de la retórica anticapitalista

 

Vale la pena señalar que la política represiva del gobierno francés sobre el trabajo sexual es el resultado de las convicciones y los esfuerzos de los políticos socialistas, a diferencia de otros países donde el modelo de acabar con la demanda se implementó bajo gobiernos conservadores, como en el caso de Canadá e Irlanda del Norte. De hecho, la redefinición política del “problema de la prostitución” desde un punto de vista izquierdista ha sido esencial para el éxito de la visión feminista y neoabolicionista en Francia. El uso del argumento antiglobalización, [31], así como otras ideas marxistas sobre la mercantilización de la fuerza laboral, ha servido para afirmar que la ley no solo es progresiva sino también anticapitalista.

Las feministas de la izquierda radical contribuyeron a la consolidación del apoyo para el modelo de acabar con la demanda. Por ejemplo, el comité de género del grupo antiglobalización Attac ha argumentado que la prostitución fomenta la mercantilización de los cuerpos de las mujeres y que representa el mejor ejemplo de trabajo forzado globalizado, por lo que encaja en una ideología neoliberal. [32] La socióloga Marie-Victoire Louis, presidenta de la AVFT (Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail), fue la primera en vincular el anticapitalismo y el neoabolicionismo en los años noventa. Ella definió la prostitución como el fruto de la violencia patriarcal, que llevaba a la mercantilización de los cuerpos de las mujeres en beneficio de los clientes, los proxenetas y el estado [33]. Siguiendo esta lógica, la represión se convierte en la posición necesaria que debe adoptarse para reafirmar la “no propiedad” del cuerpo humano, que está vinculada a la noción legal de la dignidad humana, como lo ejemplifica el título del informe Attac 2008: “La globalización de la prostitución, una violación global de la dignidad humana”.

Algunos de los actores neoabolicionistas que apoyaron o se movilizaron en torno a la ley de 2016 tenían carreras y roles públicos en grupos neoabolicionistas, organizaciones feministas y partidos políticos de izquierda radical. Por ejemplo, en nuestra entrevista, Lorraine Questiaux, del Mouvement, argumentó que la ley de 2016 representó una “auténtica revolución”:

Es una revolución; es para mí la ley más revolucionaria de los últimos 40 años. Es el último progreso social que hemos ganado: es la primera vez que afirmamos de manera tan clara que el trabajo no puede ser una explotación total del individuo. Afirmamos que no podemos explotar por completo al individuo, su cuerpo y su psique. Es una ley anticapitalista. Una ley marxista, profundamente marxista.

Cuando se le pidió que explicara por qué esta ley es “profundamente marxista”, afirmó que “la culminación del capitalismo es la prostitución”, ya que explota de manera integral a la persona. Luego inscribió el abolicionismo en la historia de los movimientos para el progreso social:

Toda ley y reforma laborales tenían un único objetivo: prevenir la prostitución. Desde principios de siglo, exigimos la protección del cuerpo, que los accidentes de trabajo deberían cubrirse, horas de trabajo flexibles para que las personas no mueran en el lugar de trabajo, para que el cuerpo no pueda ser dañado, consumido por la necesidad individual del explotador capitalista.

Así, los actores neoabolicionistas utilizan la retórica anticapitalista para defender su posición ideológica. La inscripción de la ley neoabolicionista en el marco histórico de las reformas sociales se ve reforzada por la participación de actores de la izquierda radical francesa en el debate sobre la prostitución, pero también por actores que gozan de una posición múltiple: participando simultáneamente en organizaciones feministas, instituciones públicas, y partidos de izquierda radicales.

 

La deslegitimación de las trabajadoras sexuales: violencia simbólica y daños colaterales.

Las actuaciones políticas y los legisladores perpetúan la inaudibilidad histórica de las trabajadoras sexuales y las trabajadoras sexuales siguen hablando a través de organizaciones, sindicatos, representantes individuales, pero nadie escucha. [34] En particular, las migrantes que trabajan en el sector del trabajo sexual están sujetas a estrategias de silenciamiento institucional de maneras específicas. Primero, esto se logra a través de la categoría víctima de trata, ya que se aplica sistemáticamente a ellas. El caso de las trabajadoras sexuales chinas en París es significativo, ya que desafía esta clasificación. Florence Lévy y Marylène Lieber muestran que las mujeres chinas que venden sexo en París trabajan, en gran parte, de manera independiente y que comienzan el trabajo sexual después de evaluar las posibilidades de contrarrestar la pobreza y acceder a los recursos, es decir, su capacidad para hacer planes, tener estrategias, y actuar dentro de una estructura limitante. [35] Sin embargo, durante nuestra entrevista, el político neoabolicionista Maud Olivier declaró categóricamente que las trabajadoras sexuales chinas dependen de “mafias chinas muy violentas, son violadas y brutalizadas”, por lo que borran por completo cualquier forma de autonomía que este grupo de mujeres migrantes pueda tener. En segundo lugar, cuando las trabajadoras sexuales migrantes se movilizan para reclamar sus derechos y luchan por mejorar sus condiciones de trabajo a través de manifestaciones públicas, están expuestas a una mayor vigilancia policial y su estatus migratorio puede hacer que estén sujetas a detención y deportación. Por ejemplo, incluso después de la movilización de trabajadoras sexuales chinas a través del Lotus Bus, un programa de apoyo que la ONG Médecins du Monde lanzó en 2002, la represión policial que experimentaron siguió siendo alta. [36] Además, durante nuestro trabajo de campo, también aprendimos que tanto las trabajadoras sexuales como Médecins du Monde dejaron de recibir subsidios públicos de la Marie de Paris. Por lo tanto, en nombre de la protección, las trabajadoras sexuales migrantes a menudo son blanco de políticas represivas y punitivas. Estos mecanismos son parte integrante de una lógica “humanitaria sexual”, un concepto que Nicola Mai utiliza para describir la interacción específica entre protección y control que experimentan los migrantes cuando son considerados vulnerables por el discurso y las intervenciones humanitarias debido a sus comportamientos, orientaciones y trabajo sexuales [37].

Más generalmente, la deslegitimación de los argumentos y del trabajo de las trabajadoras sexuales, ya sean migrantes o no migrantes, se basa en la noción de “violencia simbólica”, que se refiere a “la violencia ejercida contra un agente social con su complicidad”. [38] En Francia, este concepto se usó ampliamente tanto en la prohibición del hijab como en los debates sobre el trabajo sexual, permitiendo a los legisladores afirmar que las personas dominadas —en este caso, las mujeres con velo y las trabajadoras sexuales— aceptan inconscientemente ser dominadas e incluso reclaman el derecho a serlo. Un ejemplo destacado de esto fue cuando, en 2016, la entonces ministra de los derechos de las mujeres, Laurence Rossignol, comparó a las mujeres musulmanas que vestían el hijab con los “[esclavos africanos en los Estados Unidos] que estaban a favor de la esclavitud” en un programa de radio francés. [39] Además, el paradigma represivo del trabajo sexual no puede concebir que las trabajadoras sexuales puedan hablar por sí mismas. Thierry Schaffauser, miembro de STRASS, el sindicato francés de trabajadoras sexuales, nos dijo que “porque soy un hombre, porque puedo desafiar sus argumentos, los abolicionistas no me ven como trabajador sexual; dicen que lo elijo o que soy un proxeneta ‘. Desde su inicio en 2009, STRASS ha sido el objetivo en la prensa y en los medios nacionales de los argumentos neoabolicionistas que dicen que las trabajadoras sexuales activistas son proxenetas, mentirosas o “facilitadoras de explotadores y tratantes”. [40]

Se pueden observar importantes similitudes en el proceso de redacción que condujo a la ley de 2004 que prohíbe el velo en las escuelas y el que condujo a la ley de 2016 que penaliza a los clientes de las trabajadoras sexuales, en particular a través de la deslegitimación de las mujeres con velo y de las trabajadoras sexuales y su supuesta incapacidad para hablar por sí mismas. 41] En ambos casos, los comités especiales de la Asamblea Nacional se encargaron de realizar audiencias con grupos e individuos seleccionados, que se entendieron como “expertos” en el asunto respectivo. En cuanto a la prohibición de 2004, las mujeres con velo no estuvieron presentes en el comité especial, [42] y tampoco los portavoces, científicos sociales y maestros en contra de la prohibición [43].

En 2013, el comité especial convocó a los opositores de la ley de acabar con la demanda todos al mismo tiempo y en un solo día (30 de abril), permitiéndoles solo unas pocas horas para debatir con los parlamentarios. Sin embargo, organizaciones y personas que apoyaban la ley participaron en todo el proceso de redacción. Maud Olivier, el entonces diputado relator de la ley, dijo que los parlamentarios “también tenían que escucharlas [a las organizaciones de trabajadoras sexuales] para no parecer sectarios, partidarios o no objetivos”, y que “los parlamentarios ya sabían que no serían convincentes”. Al mismo tiempo, las organizaciones de trabajadoras sexuales eran conscientes de que su invitación a la discusión era simplemente una forma de tokenismo. La entonces secretaria de STRASS, Morgane Merteuil, nos dijo que: “el objetivo de los parlamentarios era establecer una situación en la que se pudieran usar palabras contra nosotras; necesitaban nuestros argumentos para terminar su informe y para legitimar lo que habían estado diciendo desde el principio” (entrevista, abril de 2018). Esto significaba que la decisión ya había sido tomada.

La composición de los comités especiales del gobierno sobre estos dos temas (el velo y la prostitución) reflejó las posiciones ideológicas de sus miembros; estos comités se convirtieron efectivamente en el sitio estratégico para “la construcción de una narrativa planificada de antemano para justificar la necesidad de la prohibición”. [44] Aquí, el velo se presenta fácilmente como un símbolo de la opresión de las mujeres y la prostitución es vista como una violencia inherentemente de género. Esta es la lógica que excluyó a las mujeres con velo del debate político y parlamentario en 2004 y, más adelante, a las trabajadoras sexuales de los debates en 2013-2016.

El marco neo-abolicionista ha producido inevitablemente daños colaterales, es decir, el impacto negativo de estas políticas no se tiene en cuenta. En este contexto, la figura de la trabajadora sexual se considera digna de ser rescatada y, al mismo tiempo, aceptada como daño colateral dada su posición en un espacio político-económico criminalizado. Entre los legisladores, coexisten el discurso sexual humanitario de intervenir para poner fin a la violencia simbólica y la conciencia del daño causado a las poblaciones objetivo. Actúan en funciones de “violencia simbólica” a nivel discursivo, y su consecuencia resultante es el impacto perjudicial en el sustento de las trabajadoras sexuales, quienes siguen siendo las más afectadas por las medidas de penalización. En este proceso, las vidas de las trabajadoras sexuales se vuelven “desechables”, [45] en el sentido de que pueden ser sacrificadas por el bien de intentar crear un mundo sin prostitución. A nivel gubernamental, este daño causado a las trabajadoras sexuales está justificado por el control de las fronteras, la seguridad nacional, el orden público y los derechos de las mujeres.

Conclusión

El pánico moral sobre la trata lleva a la perpetuación de los mitos sobre su escala y las circunstancias bajo las cuales ocurre. [46] En un estudio realizado en Francia en 2015, antes de la implementación de la ley de abril de 2016, Mai y Giametta realizaron una encuesta con 500 trabajadoras sexuales en las principales ciudades francesas [47], que mostró que el 98 por ciento de las encuestadas estaba en contra de la adopción de la ley y que alrededor del 7 por ciento podría ser identificado como víctimas potenciales de trata.

La forma en que Francia ha decidido abordar el “problema de la prostitución” resuena con posiciones ideológicas más amplias sobre la guerra contra las drogas y la prostitución en otras partes del mundo. Primero, rechaza el conocimiento empírico producido por los científicos sociales que estudian los fenómenos. [48] En segundo lugar, utiliza imágenes racializadas para promover formas de gobierno afectivas y humanitarias basadas en el odio (a los tratantes y otros “explotadores”) y la compasión (hacia las trabajadoras sexuales / víctimas). Finalmente, produce leyes que son altamente perjudiciales para el sustento de las mismas personas que pretende proteger, ya que hace que el trabajo sea mucho más oculto y peligroso. Las investigaciones académicas sobre el ‘modelo sueco’ y su impacto en Suecia han demostrado que este marco ha sido perjudicial para el sustento de las trabajadoras sexuales, incrementando su aislamiento y estigmatización, así como su exposición a la violencia. [49] Los activistas y académicos también han cuestionado en repetidas ocasiones la dimensión antitrata intrínseca al enfoque de acabar con la demanda. Las trabajadoras sexuales, tanto migrantes como no migrantes, son más vulnerables a la explotación, el abuso y la coacción como consecuencia de la “lucha contra la trata”. [50] Además, como argumentan Anderson y O’Connell Davidson, la penalización de la demanda no aborda los problemas socioeconómicos estructurales que producen y sostienen la trata de personas y la explotación [51].

La exclusión de las trabajadoras sexuales de los debates políticos que les conciernen es el resultado de ser construídas como “desviadas socialmente” a través del prisma del género y la raza [52] y se sitúa dentro del marco de mayores inquietudes nacionales sobre el orden público, la seguridad y el control de la inmigración. Como hemos demostrado, las mujeres musulmanas con velo comparten una situación similar en Francia: la prohibición del velo no puede separarse de las políticas racistas y antiinmigrantes que describen a los hombres musulmanes como “opresores” y a las mujeres musulmanas como “víctimas” que hay que salvar. Del mismo modo, las políticas represivas del trabajo sexual no se pueden aislar de las preocupaciones nacionales sobre inmigración y seguridad [54]. La taxonomía legal se sirve de categorías sociales de desviación que circulan a través de discursos sociopolíticos y culturales en la sociedad en general. [55] Las leyes represivas sobre la prostitución no solo consolidan las “categorías desviadas”, sino que también las ponen al servicio de estrategias más amplias de control estatal.

 

Los dos autores contribuyeron igualmente al análisis desarrollado en este artículo y se enumeran alfabéticamente.

Charlène Calderaro es estudiante de doctorado en el Centro de Estudios de Género de la Universidad de Lausana, Suiza. Su trabajo actual se centra en los movimientos y conflictos sociales feministas. En su tesis de maestría, que completó en el EHESS (París), examinó la construcción del problema de la prostitución y el proceso de redacción de la ley neoabolicionista. También ha trabajado en la ley que prohíbe el velo en las escuelas de Francia, destacando así las alianzas entre las instituciones públicas francesas y algunos grupos feministas. Correo electrónico: charlene.calderaro@unil.ch.

Calogero Giametta es sociólogo de la Universidad de Aix-Marseille. Su investigación actual se centra en el género, la sexualidad y la economía política de la migración, examinando cómo funciona el control de la migración a través de intervenciones humanitarias (sexuales) en Francia y el Reino Unido. Estudia las intervenciones contra la trata de personas y el derecho de asilo. Es becario postdoctoral en el proyecto de investigación financiado por ERC ‘Humanitarian Sexual: Migration, Sex Work and Trafficking’ (2016-2020) para Francia, y autor del libro The Sexual Politics of Asylum (Routledge, 2017). Correo electrónico: calogiame@gmail.com.

 

Notas:

[1]     R Andrijasevic and N Mai, ‘Editorial: Trafficking (in) representations: Understanding the recurring appeal of victimhood and slavery in neoliberal times’, Anti-Trafficking Review, issue 7, 2016, pp. 1—10, https://doi.org/10.14197/atr.20121771.

[2]     F Guillemaut, ‘Femmes Africaines, migration et le travail du sexe’, Sociétés, vol. 1, no. 99, 2008, pp. 91-106,https://doi.org/10.3917/soc.099.0091.

[3]     C Deschamps, ‘La figure de l’étrangère dans la prostitution’, Autrepart, vol. 2, no. 42, 2007, pp. 39-52,https://doi.org/10.3917/autr.042.0039.

[4]       La frase “problema de la prostitución” aquí señala el proceso a través del cual las instituciones públicas francesas han construido la prostitución como un problema social que debe abordarse con urgencia. El uso de esta terminología nos permite referirnos a la sociología de los problemas sociales, que desde la década de 1970 ha analizado los factores y los actores que deciden que una actividad o fenómeno social particular debe entenderse y tratarse como un problema. Ver M Spector and J I Kitsuse, Constructing Social Problems, Cummings, Menlo Park, 1977; J Gusfield, The Culture of Public Problems: Drinking-driving and the symbolic order, University of Chicago Press, Chicago, 1981.

[5]     L Mathieu, ‘Genèse et logiques des politiques de prostitution en France’, Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 3, no. 198, 2013, pp. 5-20.

[6]     Para un análisis de las categorías utilizadas en la literatura para definir los regímenes de normativas de trabajo sexual, VER:: P Östergren, ‘From Zero-tolerance to Full Integration. Rethinking prostitution policies’, Demand AT Working paper, 2017b, p. 13, retrieved 5 November 2018, http://www.demandat.eu/publications/zero-tolerance-full-integration-rethinking-prostitution-policies.

[7]     H Le Bail and C Giametta, Que pensent les travailleur.ses.s du sexe de la loi prostitution?, Médecins du Monde, Paris, 2018.

[8]     Estos hallazgos son consistentes con la investigación realizada en otros países. Véase, por ejemplo: Amnesty International,Policy on State Obligations to Respect, Protect and Fulfil the Human Rights of Sex Workers, AI, 2016; S K Chu and R Glass, ‘Sex Work Law Reform in Canada: Considering problems with the Nordic Model’, Alberta Law Review, vol. 51, no. 1, 2013, pp. 101-124, http://dx.doi.org/10.29173/alr59; C Holmström and M Skilbrei, ‘The Swedish Sex Purchase Act: Where does it stand?’, Oslo Law Review, vol. 4, no. 2, 2017, pp. 82-104, https://doi.org/10.18261/issn.2387-3299-2017-02-02; J Levy and P Jacobsson, ‘Swedish Abolitionist Discourse and Law: Effects on the dynamics of Swedish sex work and on the lives of Sweden’s sex workers’, Criminology and Criminal Justice, vol. 5, no. 14, 2014, pp. 593-607,https://doi.org/10.1177/1748895814528926; P Östergren ‘Sweden’ in S Jahnsen, and H Wagenaar (eds.), Assessing Prostitution Polices in Europe, Routledge, London and New York, 2017; UNAIDS, Guidance Note on HIV and Sex Work, UNAIDS, 2009.

[9]     Como H Wagenaar et al. describen, ‘neoabolicionismo’ es el término usado ‘para indicar el movimiento dominante actual para erradicar o suprimir la prostitución en la sociedad mediante la aplicación de la ley penal a clientes y terceros … su expresión en la política pública —la criminalización del cliente y el uso de la ley como herramienta pedagógica— fue diseñada en Suecia ‘. Ver: H Wagenaar et al., Designing Prostitution Policy: Intention and reality in regulating the sex trade, Policy Press, Bristol and Chicago, 2017, pp. 11-12. Generally speaking, neo-abolitionist actors view sex workers as victims of the patriarchal social order.

[10]     The research project is titled ‘Sexual Humanitarianism: Migration, Sex Work and Trafficking’ SEXHUM (ERC CoG 682451). It is a four-year project (2016-2020) funded by the European Research Council. SEXHUM is directed by Nicola Mai and based at Kingston University, London (Department of Criminology and Sociology) and at Aix-Marseille University (LAMES – Mediterranean Laboratory of Sociology). See: El proyecto de investigación se titula “Humanitarismo sexual: migración, trabajo sexual y trata de personas” SEXHUM (ERC CoG 682451). Es un proyecto de cuatro años (2016-2020) financiado por el Consejo Europeo de Investigación. SEXHUM está dirigido por Nicola Mai y reside en la Universidad de Kingston, Londres (Departamento de Criminología y Sociología) y en la Universidad de Aix-Marsella (LAMES – Laboratorio Mediterráneo de Sociología). Consulte: https://sexualhumanitarianism.wordpress.com.

[11]     D Kulick, ‘Sex in the New Europe: The criminalization of clients and Swedish fear of penetration’, Anthropological Theory, vol. 3, no. 2, 2003, pp. 199-218, https://doi.org/10.1177/1463499603003002005.

[12]     D Kulick, ‘Four Hundred Thousand Swedish Perverts’, GLQ, vol. 11, no. 2, 2005, pp. 205-235, p. 221.

[13]     El Lobby Europeo de Mujeres, fundado en 1990, es una organización paraguas de ONG de mujeres en toda la Unión Europea con una secretaría con sede en Bruselas. Incluye la Coordinación Francesa para el Lobby Femenino Europeo (CLEF) y el Lobby Femenino Sueco. Esta ONG tiene un enfoque neoabolicionista de la prostitución.

[14]     E Fassin, ‘The Rise and Fall of Sexual Politics in the Public Sphere: A transatlantic contrast’, Public Culture, vol. 18, no. 1, 2006, pp. 79–92, https://doi.org/10.1215/08992363-18-1-79; E Macé and N Guénif Souilamas, Les Féministes et le Garçon Arabe, Aubes, Paris, 2004.

[15]     C Hamel, ‘De la racialisation du sexisme au sexisme identitaire’, Migrations Société, vol. 17, no. 99-100, 2005, pp. 91-104.

[16]     L Mucchielli, Le Scandale des ‘Tournantes’: Dérives médiatiques, contre-enquête sociologique, La Découverte, Paris, 2005.

[17]     M Ticktin, ‘Sexual Violence as the Language of Border Control: Where French feminist and anti-immigrant rhetoric meet’, Signs, vol. 33, no. 4, 2008, pp. 863-889, https://doi.org/10.1086/528851.

[18]     A L Stoler, Race and the Education of Desire: Foucault’s history of sexuality and the colonial order of things, Duke University Press, Durham, 1995.

[19]     Ticktin, p. 873.

[20]     J W Scott, The Politics of the Veil, Princeton University Press, Princeton, 2007; N Dot-Pouillard, ‘Les recompositions politiques du mouvement féministe français au regard du hijab’, SociologieS (Online), 2017, available athttp://journals.openedition.org/sociologies/246.

[21]     E Bernstein, ‘The Sexual Politics of the New Abolitionism’, Differences, vol. 18, no. 3, 2007, pp. 128–143,https://doi.org/10.1215/10407391-2007-013.

[22]     S Farris, ‘Femonationalism and the “Regular” Army of Labor Called Migrant Women’, History of the Present, vol. 2, no. 2, 2012, pp. 184–199, https://doi.org/10.5406/historypresent.2.2.0184.

[23]     Mathieu, 2013.

[24]     D Fassin, ‘Short Cuts’, London Review of Books, vol. 38, no. 5, 2016, p. 23.

[25]     Para más información sobre la inclusión de los problemas sociales en la agenda y sobre la distinción entre agendas institucionales y políticas, ver: R Cobb and C Elder, Participation in American Politics: The Dynamics of Agenda-Building, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1972.

[26]     D Bousquet, ‘Prostitution: des violences du corps à l’esprit’, Après-demain, vol. 2, no. 26, 2013.

[27]     Mathieu.

[28]     H Becker, Outsiders: Studies in the sociology of deviance, Free Press, New York, 1973.

[29]     El Mouvement du Nid fue creado en 1946 por un predicador, Jean-Marie Talvas, y se encuentra dentro del movimiento católico de izquierda Acción Católica Obrera. Fondation Scelles se registró como una organización de utilidad público en 1994 y está menos implantada que el Mouvement du Nid. Sus miembros provienen de entornos sociales burgueses, con altos funcionarios y magistrados que forman parte de la fundación. Publican materiales y organizan seminarios para sensibilizar al público sobre los peligros de la prostitución.

[30]     J Kingdon, Agendas, Alternatives and Public Policies, Little, Brown, 1984.

[31]     Mathieu.

[32]     Attac, Mondialisation de la Prostitution, Atteinte Globale à la Dignité Humaine, Mille et une nuits, Paris, 2008.

[33]     Mathieu.

[34]     G Pheterson, ‘At long last, listen to the women!’, Open Democracy, 2 March 2016,https://www.opendemocracy.net/beyondslavery/sws/gail-pheterson/at-long-last-listen-to-women.

[35]     F Lévy and L Marylène, ‘Sex and Emotion-Based Relations as a Resource in Migration: Northern Chinese women in Paris’, Revue française de sociologie, vol. 52, no. 5, 2011, pp. 3-29, https://doi.org/10.3917/rfs.525.0003.

[36]     H Le Bail, ‘Mobilisation de Femmes Chinoises Migrantes se Prostituant à Paris. De l’invisibilité à l’action collective’,Genre, sexualité & société, no. 14, 2015, https://doi.org/10.4000/gss.3679.

[37]     N Mai, ‘Assembling Samira: Understanding sexual humanitarianism through experimental filmmaking’, antiAtlas Journal, vol. 1, 2016.

[38]     P Bourdieu and L Wacquant, An Invitation to Reflexive Sociology, University of Chicago Press, Chicago, 1992, p. 167.

[39]     ] Programa de radio de RMC el 30 de marzo de 2016 (consulte el artículo de prensa: K Lewis, ‘El ministro francés Laurence Rossignol compara a las mujeres musulmanas que usan velos con “negros en favor de la esclavitud”, The Independent, 31 de marzo de 2016, https: / /www.independent.co.uk/news/world/europe/french-minister-laurence-rossignol-compares-muslim-women-who-wear-veils-to-negroes-in-favour-of-a6961121.html).

[40]     Véase, por ejemplo, una entrevista televisiva con Lorraine Questiaux: ‘“Vous mentez!”: vif échange entre une avocate des travailleuses du sexe et l’une d’entre elles’, LCI, 13 April 2016, retrieved 14 November 2018, https://www.lci.fr/france/vous-mentez-vif-echange-entre-une-avocate-des-travailleuses-du-sexe-et-lune-dentre-elles-1255046.html.

[41]     C Calderaro, La ‘Problématique du Voile’ et son Entrée dans le Cadre Juridique Français: Genèse et évolution, Master dissertation, Presses Universitaires de Strasbourg, Strasbourg, 2017.

[42]     A Gresh, L’Islam, la République et le Monde, Fayard, Paris, 2004; I Chouder, M Latrèche, P Tevanian, Les Filles Voilées Parlent, La Fabrique, Paris, 2004.

[43]     P Tevanian, Le Voile Médiatique. Un faux débat : “L’affaire du foulard islamique”, Raisons d’agir, Paris, 2005, pp. 44-46.

[44]     P Portier, ‘La Politique du Voile en France: Droits et valeurs dans la fabrique de la laïcité’, Revue du droit des religions, Presses Universitaires de Strasbourg, no. 2, 2016.

[45]     J Butler, Frames of War: When is life grievable?, Verso, New York, 2009.

[46]     N Mai, ‘Between Embodied Cosmopolitanism and Sexual Humanitarianism: The fractal mobilities and subjectivities of migrants working in the sex industry’ in V Baby-Collins and L Anteby (eds.), Borders, Mobilities and Migrations: Perspectives from the Mediterranean in the 21st century, Peter Lang, Brussels, 2014, pp. 175–192.

[47]     N Mai, Sondage sur la Pénalisation de Clients en France, Marseille, 2015,http://www.lames.cnrs.fr/IMG/pdf/RESUME_ETUDE_PENALISATION-2.pdf.

[48]     N Mai, C Giametta and H Le Bail, ‘The Impact of the Swedish Model in France: Chronicle of a disaster foretold’, Open Democracy, 25 April 2018, https://www.opendemocracy.net/beyondslavery/nicola-mai-calogero-giametta-h-l-ne-le-bail/impact-of-swedish-model-in-france-chronicl.

[49]     Levy and Jacobsson; Östergren.

[50]     P G Macioti and G Garofalo Geymonat, ‘Sex Workers Speak: Who listens?’, Open Democracy, 29 February 2016,https://www.opendemocracy.net/beyondslavery/sws/giulia-garofalo-geymonat-pg-macioti/sex-workers-speak-who-listens.

[51]     B Anderson and J O’Connell Davidson, Is Trafficking in Human Beings Demand Driven? A multi-country pilot study, IOM, Geneva, 2003.

[52]     N Heitzeg, ‘Differentials in Deviance: Race, class, gender and age’ in B D Clifton (ed.), Routledge Handbook of Deviant Behavior, Routledge, London and New York, 2011, pp. 53-60.

[53]     S Farris, In the Name of Women’s Rights: The rise of femonationalism, Duke University Press, Durham, 2017.

[54]     G Pheterson, The Prostitution Prism, Amsterdam University Press, Amsterdam, 1996; L Oso Casas, ‘Prostitution et immigration des femmes latino-américaines en Espagne’, Cahiers du genre, no. 40, pp. 91-113,https://doi.org/10.3917/cdge.040.0091.

[55]     C Rinaldi, Diventare normali. Teorie, analisi e applicazioni interazioniste della devianza e del crimine, McGraw-Hill Education, New York, 2016.

 

Una mujer apuñalada en París, la reacción (¿hipócrita?) de Pécresse e Hidalgo

 

Por THIERRY SCHAFFAUSER

16 de junio de 2019

http://MA.LUMIERE.ROUGE.BLOGS.LIBERATION.FR/2019/06/16/UNE-FEMME-POIGNARDEE-DANS-PARIS-LA-REACTION-HYPOCRITE-DE-PECRESSE-ET-HIDALGO/

El Grupo de Autodofensa de Trabajadoras Sexuales SWAG.

 

¿Se convertirá finalmente la lucha contra la violencia contra las trabajadoras sexuales en un problema político?

 

El viernes por la tarde, nos enteramos del ataque con cuchillo a una joven de 28 años en el Bois de Boulogne. Un artículo del Parisien describía su estado como crítico, entre la vida y la muerte. Esta agresión es tanto más triste cuanto que hace meses que avisamos sobre el aumento de esto actos de violencia. En agosto de 2018, en el mismo Bois de Boulogne, Vanesa Campos fue asesinada.

La Sra. Schiappa había organizado una reunión con DILCRAH para ver cómo se podían mejorar las cosas y no se llegó a nada. Sin duda ocupada en las 24 Horas de Le Mans, no ha reaccionado a este ataque.

Las señoras Pécresse e Hidalgo, sin embargo, se han expresado en Twitter.

La Sra. Pécresse reaccionó primero (de forma tal vez un poco apresurada) hablando de “asesinato”:

Seguida unos minutos después por la señora Hidalgo:

Estas reacciones son una novedad, ya que hasta ahora es muy raro que los políticos de este rango se expresen sobre la violencia cometida contra las trabajadoras sexuales. El contexto de la proximidad de las elecciones municipales puede explicar esto. Pero lo que plantea dudas es la sinceridad de estas respuestas. De hecho, las actuaciones políticas y los votos de estas mujeres políticas siempre han sido dirigidas contra las trabajadoras sexuales y sus demandas.

La señora Pécresse votó a favor de la penalización de los clientes en tanto que diputada y no sigue una política favorable a las mujeres precarizadas y a las minorías. La Sra. Hidalgo es partidaria de la penalización de clientes desde hace mucho tiempo y también aplica una política municipal muy represiva contra el trabajo sexual en París: ordenanzas municipales en el Bois de Boulogne y en el Bois de Vincennes, hostigamiento policial en Belleville, controles en Château Rouge y otros lugares y un alcalde socialista del distrito 13 que ha llegado a filmar a las trabajadoras sexuales para difundir su imagen (no borrosa) en Internet con todas las repercusiones que esto puede tener en su vida. El “apoyo total” del que habla no parece realmente creíble…


En esta carta dirigida a los vecinos del distrito 18 “en relación con la prostitución”, la alcaldesa de París dice exigir la represión de los propietarios de los pisos de trabajadoras sexuales y garantizar la presencia de la policía en el espacio público para la tranquilidad de los residentes.

Con cursos de defensa personal, asesoramiento legal, sistemas de alerta, las trabajadoras sexuales se organizan a través del proyecto Jasmine y de otros grupos contra la violencia sin el apoyo político o financiero de las autoridades. Hay que considerar el hecho de que estas acciones sean dirigidas por las mismas trabajadoras sexuales y que la clase política siga petrificada en una ideología abolicionista que prohíbe cualquier “ayuda a la prostitución”, que supuestamente debe ser abolida y, por tanto, no se deben crear las condiciones que permitan una mayor seguridad en su ejercicio.

STRASS (Syndicat du Travail Sexuel) denuncia este estado de cosas comparando la lucha contra la violencia con la lucha contra el SIDA:

La muerte de Vanesa Campos en agosto pasado, ha ayudado a aumentar la conciencia pública, pero los legisladores se están quedando por detrás de la sociedad. La “salida de la prostitución” no puede ser la única respuesta del gobierno y las autoridades. Es hora de aceptar en el campo de la lucha contra la violencia que es posible reducir los riesgos, como lo hicimos en el campo de la lucha contra el SIDA en los años 1980-90. Aquí también, se trata de la vida o la muerte. Aquí también, debemos cambiar el paradigma.

Apostar todo a la abstinencia y al fin del trabajo sexual no parece funcionar porque el número de trabajadoras sexuales continúa aumentando, incluídas las víctimas de trata y la explotación de menores. Sin embargo, las políticas de penalización han resultado en una escalada continua de la violencia debido a una mayor precariedad y, por lo tanto, un poder de selección más débil, el desplazamiento de los escenarios de trabajo sexual a lugares más remotos y el aislamiento y, por tanto, la menor ayuda mutua entre trabajadoras sexuales.

Hay que creer que la muerte de las trabajadoras sexuales es preferible a considerar cualquier mejora en sus condiciones de trabajo y correr el riesgo de que se piense que se tolera la existencia de la “prostitución”; pero también, de paso, la suya.

¿Puede estar la prostitución a punto de ser despenalizada en Estados Unidos?

 


Una manifestante frente a una concentración a las puertas del Ayuntamiento en Manhattan de quienes se oponen a la despenalización de la prostitución. Crédito de Estepanie Keith para The New York Times.

 

Por Jesse McKinley

31 de mayo de 2019

 

 

ALBANY – La marihuana se ha generalizado, los juegos de casino están en todas partes y las apuestas deportivas se están extendiendo. ¿Podría ser la prostitución la próxima?

Los legisladores de todo el país están empezando a reconsiderar cómo manejar la prostitución, ya que las peticiones de despenalización están ganando impulso.

Se han presentado proyectos de despenalización en Maine y Massachusetts; se espera que un proyecto de ley similar se presente al Concejo Municipal en Washington DC en junio; y los legisladores de Rhode Island celebraron audiencias en abril sobre una propuesta para estudiar las consecuencias de despenalizar la prostitución.

Nueva York puede ser la siguiente: algunos legisladores demócratas están a punto de proponer un proyecto de ley de despenalización integral que eliminaría las penas tanto para las mujeres como para los hombres que ejercen la prostitución, así como para los clientes a quienes ofrecen sus servicios.

“Se trata de la profesión más antigua y entendemos que no hemos podido disuadirla o terminar con ella en milenios”, dijo la senadora Jessica Ramos, demócrata de Queens que es una de los patrocinadores del plan. “Así que creo que es hora de enfrentar la realidad”.

Parece poco probable que la legislación de Nueva York se apruebe en los próximos meses, pero la idea de la despenalización ya ha acumulado una creciente lista de partidarios destacados, lo que sugiere que podría seguir ganando terreno.

El debate es indiscutiblemente polarizante en muchos círculos, incluso entre las defensoras de las mujeres víctimas de la trata y el abuso sexual que temen que la creación de un camino legal para la prostitución no elimine, sino que en realidad fomente, la trata sexual clandestina.

Y la despenalización ya está despertando una intensa reacción en las capitales de los estados por parte de los oponentes que consideran que las medidas son ingenuas y potencialmente peligrosas.

Aún así, el tema se ha deslizado en la naciente campaña presidencial del Partido Demócrata: a fines de febrero, la Senadora Kamala Harris de California se convirtió en el primer candidato en respaldar alguna forma de despenalización, una idea también presentada por otro contendiente, el ex gobernador de Colorado, John Hickenlooper.

Kate Zen, a la derecha, dirige a un grupo de mujeres a una reunión en Albany para discutir los argumentos para presentar un proyecto de ley que haría legal la prostitución. Crédito Shannon Straney para The New York Times

“Cuando se habla de adultos que consienten, creo que sí, realmente deberíamos considerar que no podemos penalizar el comportamiento consensual siempre que nadie resulte perjudicado”, dijo Harris, en una entrevista con The Root.

Los partidarios de la despenalización ven sus esfuerzos como parte de una mayor liberalización de las costumbres estadounidenses de décadas, como levantar la prohibición de vender alcohol en domingo y legalizar la marihuana. También enmarcan el tema como un acto de reducción de daños para las prostitutas y una admisión tácita de que la aplicación de la ley moderna y la indignación moral antigua han hecho poco para detener la práctica.

“Hemos aprendido esta lección muchas veces con la prohibición del alcohol, la penalización del aborto o incluso la penalización de la marihuana: el mercado negro crea circunstancias oscuras y proporciona cobertura para mucha violencia y explotación”, dijo Kaytlin Bailey, comediante y ex prostituta que se desempeña como portavoz de Decriminalize Sex Work, que se fundó el año pasado.

La prostitución es legal solo en unos pocos condados de Nevada, e incluso allí, la industria de los burdeles tuvo que rechazar recientemente un proyecto de ley que habría prohibido la prostitución en el estado. E incluso los más optimistas de aquellos que presionan para lograr cambios no creen que ningún estado despenalizará pronto completamente la prostitución.

Pero en lugares como Nueva York, donde los demócratas ahora controlan la Legislatura del Estado después de que una gran cantidad de titulares republicanos fueron eliminados en noviembre por los demócratas que actúan en plataformas progresistas, no hay duda de que el ambiente ha cambiado.

En un mitin reciente en Albany para derogar una ordenanza que penaliza el merodear con el propósito de la prostitución, ex trabajadoras sexuales posaron junto a legisladores como el senador Ramos y el asambleísta Richard N. Gottfried, el presidente del comité de salud.

Los organizadores de la protesta consideran su lucha como una batalla por los derechos civiles y económicos, lo que refleja una pasión progresista más amplia por los derechos de los homosexuales y transexuales, así como la reforma de la justicia penal, que también defiende los derechos de las minorías y los inmigrantes ilegales, e incluso la “autonomía física”, la capacidad de llegar a fin de mes por cualquier medio necesario.

“Yo no veía el sexo como el problema”, dijo Jessica Raven, organizadora comunitaria y ex prostituta menor de edad que fue una de las docenas de trabajadoras sexuales que se manifestaron en Albany en mayo. “Veía la falta de vivienda estable como el problema”.

No obstante, algunos defensores de las mujeres víctimas de la trata y el abuso sexual caracterizan tales esfuerzos en Nueva York y en otros lugares como desorientados. Ellos creen que la despenalización total creará una demanda que será llenada por más mujeres.

“La prostitución es inherentemente violenta”, dijo Ane Mathieson, especialista en programas de Sanctuary for Families, una organización con sede en Manhattan que atiende a las víctimas de la violencia doméstica y es parte de una coalición contra la despenalización. “La compra de sexo promueve la trata sexual, promueve el proxenetismo y el crimen organizado, y la explotación sexual de los niños”.


“Esto se trata de la profesión más antigua, y entendemos que no hemos podido disuadirla o ponerle fin”, dijo la senadora Jessica Ramos, demócrata de Queens, que apoya la despenalización del trabajo sexual. Crédito: Cindy Schultz para The New York Times

El impulso para presentar la despenalización como un problema de derechos civiles también afectó a Laura Ramírez, coordinadora de AF3IRM, un grupo feminista internacional, que dijo que estaba “absolutamente consternada por el hecho de que esto se venda como algo que es progresista”.

“Esta legislación propuesta es la legislación más clasista, racista y absolutamente obtusa que jamás hayamos visto”, dijo Ramírez, durante una contraprotesta opuesta a la despenalización en Albany, agregando que “las mujeres y niñas de este estado merecen algo mejor”.

La Sra. Mathieson y otras personas que trabajan con mujeres en el comercio sexual dicen que los partidarios de la despenalización pasan por alto una serie de detalles espantosos sobre la profesión, incluida la violación, el abuso físico por parte de clientes y proxenetas, el uso habitual de drogas y una carga física a menudo devastadora de múltiples parejas sexuales, a veces en el lapso de unas pocas horas.

“Han aceptado una especie de mito de la industria del sexo que habla de prostitutas felices y crímenes sin víctimas”, dijo Dorchen Leidholdt, directora del Centro de Servicios Legales para Mujeres Maltratadas en Sanctuary for Families en Nueva York, y agregó: “Es una fantasía perpetuada y aceptada por los medios de comunicación “.

Si bien es poco probable que la despenalización se apruebe en Nueva York este año, un par de proyectos de ley relacionados con elementos de la prostitución parecen tener una mayor probabilidad de aprobación, incluido uno que eliminaría los delitos no relacionados con la prostitución, como los cargos por drogas, de los registros de las víctimas de trata sexual.

Recientemente avanzó más allá de un comité del Senado. Un segundo proyecto de ley derogaría el delito de merodeo con fines de prostitución, una ley que los activistas dicen que conduce a detenciones injustas de personas, a menudo transgénero, por usar faldas, condones o incluso “caminar siendo trans.”

El gobernador Andrew M. Cuomo, un demócrata, no ofreció ninguna opinión sobre esos proyectos de ley o sobre la despenalización, y dijo que solo revisaría tales propuestas.

Los Estados Unidos siguen a muchos otros países desarrollados al considerar los efectos de despenalizar la prostitución, que es legal en países europeos como Alemania, Suiza y los Países Bajos, y en otras partes del mundo.

Los resultados de tales reformas son mixtos: en Nueva Zelanda, por ejemplo, que despenalizó la prostitución en 2003, un estudio de 2012 descubrió que “la gran mayoría de las personas involucradas en la industria del sexo están en mejores condiciones” con la despenalización. Pero el informe también agregó que “muchas trabajadoras sexuales seguían siendo vulnerables a las ‘condiciones de empleo explotadoras’” y que algunas trabajadoras sexuales estaban siendo obligadas a aceptar clientes “en contra de su voluntad”.

Sin embargo, también encontró que “el número de trabajadoras sexuales, y de trabajadoras menores de edad, no parece haber cambiado significativamente” debido a la despenalización.

John Hickenlooper, ex gobernador de Colorado y candidato demócrata a la presidencia, ha planteado la idea de algún tipo de despenalización. Crédito Kristopher Radder / The Brattleboro Reformer, a través de Associated Press

Algunos opositores a la legalización apoyan una forma de despenalización parcial conocida como el “modelo nórdico” o el enfoque de “terminar con la demanda”, que pone el énfasis en el procesamiento judicial de las personas que compran sexo, pero no de quienes venden sus cuerpos, y ofrece en cambio servicios sociales a las prostitutas.

Dichas políticas tienen partidarios de alto perfil como Gloria Steinem, quien ofreció su apoyo al modelo nórdico en una reciente manifestación en el Ayuntamiento de la ciudad de Nueva York con el objetivo de combatir los esfuerzos en Albany.

“Es crucial despenalizar a las mujeres, hombres y niños prostituidos”, escribió Steinem en una declaración que se leyó en el mitin. “E igualmente crucial, no despenalizar a los proxenetas y tratantes que los explotan”.

Además de las complejidades en torno al tema, algunos opositores de la despenalización total, como Sanctuary for Families, apoyan la eliminación de registros de antecedentes penales y la eliminación de las ordenanzas de merodeo, una posición también sostenida por Decrim NY, la coalición que está tras del impulso general de despenalización en Nueva York.

Los proyectos de ley de despenalización ofrecidos por los legisladores en Massachusetts y Maine crearían sistemas similares al “modelo nórdico”, eliminando las penas para las prostitutas, pero siguiendo penalizando a los compradores y proxenetas.

La patrocinadora de Massachusetts, la representante Kay Khan, una demócrata de Newton, Massachusetts, dijo que su proyecto de ley no solo ayudaría a poner fin al “ciclo de trauma y encarcelamiento” sino que también le ahorraría al estado aproximadamente $ 1 millón por año que podría usarse para servicios como alojamiento.

Pero la senadora estatal Julia Salazar, una demócrata de Brooklyn que realizó una campaña insurgente exitosa para el cargo el año pasado que incluyó la aprobación de la despenalización, dijo que el “modelo nórdico” no resolvía el problema de la prostitución porque aún hacía a las trabajadoras sexuales “cómplices de actividad ilegal”. . ”

“Todavía no traería la industria a la superficie”, dijo.

Aún así, agregó que había sido “muy gratamente sorprendida” por la rapidez con que la despenalización ha aumentado “en el discurso público” durante el último año.

A pesar de algunos avances, los logros legislativos en torno a la prostitución a menudo han sido escasos. El proyecto de ley de Maine fue declarado muerto en el Senado del estado a fines de mayo, y otros esfuerzos recientes también se han estancado: en 2017, por ejemplo, la Cámara de Representantes de New Hampshire aprobó un proyecto de ley que establece un comité legislativo para estudiar la despenalización del trabajo sexual, como la actual propuesta en Rhode Island. Pero el proyecto de ley de New Hampshire se estancó en el Senado estatal en medio de una fuerte oposición del gobernador Chris Sununu, un republicano.

La patrocinadora del proyecto de ley, Elizabeth Edwards, dejó el cargo el año pasado, pero dijo que espera que sus antiguos colegas continúen luchando. “Parece un área de política en la que podríamos hacerlo mucho mejor”, dijo.

“Ojalá el mundo supiera que estas son solo personas que están ganando dinero de una manera que creo que es un beneficio social neto”, agregó la Sra. Edwards, una demócrata. “Siempre habrá gente que quiere tener sexo. Es un impulso humano básico. Todo lo que puedes hacer es hacerlo más seguro”.

 

Jeffery C. Mays contribuyó reportando.