Comunicado sindical en defensa del colectivo de trabajadoras sexuales y en contra de los atentados sufridos contra el honor y la integridad moral

 

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EL NUEVO NOMBRE DEL TRANSODIO Y EL ABOLOCIONISMO: RADFEM

 

Por Guillermina Huarte

28 de enero de 2019

https://enfant-terrible.info/feminismos/el-nuevo-nombre-del-transodio-y-el-abolocionismo-radfem/

 

El feminismo está en disputa. Como toda lucha histórica y política es dinámica, está en tensión y en constante contradicción. Hoy una de esas disputas es porque sea interseccional, que reconozca la explotación capitalista, patriarcal y racista. Actualmente la vuelta de las “RadFem” implicó la construcción del odio y la violencia, puntualmente, hacia las compañeras trans, travestis, no binaries, varones trans y trabajadoras sexuales. Si el feminismo es interseccional o no es, ¿puede permitir esta línea dentro del movimiento?

¿Quienes son las RadFem?

Son una “red” de mujeres  “feministas”, que se proclaman por el abolicionismo de la prostitución y de la pornografía. Se proclaman en contra de las personas que rompen con la identidad genérica que les fue asignada al nacer. Rechazan los estudios y la teoria cuir. Tienen definiciones biologicistas entendiendo a las mujeres como “hembras de la especie humana“. Postulan que las mujeres trans y travestis no pueden ser mujeres por sus genitales.  Anuncian “su resurgimiento” en los espacios feministas y esto implica una grave violencia puntualmente a las personas que no son cis genero.

La página de facebook de “RadFem Argentina” es realmente nociva, violenta y discriminadora. El trato hacia las personas trans y travestis es inaceptable. Ignora la Ley de Identidad de Género, donde autopercibirse y nombrarse como una persona quiera o desee es un DERECHO, y no una patología. Si bien hecha la ley, hecha la trampa y que eso no es garantía del cumplimiento de todos nuestros derechos, ni tampoco funciona como debería, y que también es cierto que en miles de situaciones los derechos de las personas trans y travestis se ven nuevamente vulnerados, hasta el punto de que la expectativa de vida del colectivo no supera los 35 años, y que una ley debe ir acompañado de un proceso de integración y de cambio cultural, la Ley de Identidad de Género existe porque es una conquista de años de trabajo y lucha del movimiento LGTTTBIQ+. Es urgente entender que estas personas que se pronuncian como “feministas” pueden impugnar nuestras luchas, nuestro derechos y nuestras identidades.

El 2019 comienza con una convocatoria de Alika para “interesadas” en ser “feministas radicales” con el objetivo de cambiar la consigna y la participación del 8M en la que solo estén incluídas las mujeres cisexuales.

Ya el año pasado en diversas ocasiones las “RadFem” anunciaron su “vuelta”, tanto en la aparición de espacio feministas para disputar sus ideas trans odiantes de no incluír a las personas trans y travestis en consignas y marchas, como en pintadas que decían: “Googleá alika”“las RadFem volvimos”.

Estos grupos difunden discursos de odio, también, a las trabajadoras sexuales. Hace un tiempo hackearon la cuenta de Georgina Orellano, la Secretaria General deAmmar- Sindicato de trabajadorxs sexuales de argentina-, publicando en su muro de facebook “Queremos anunciar el fallecimiento de Georgina Orellano a causa de un ACV. Al fin triunfó el abolicionismo”. Teniendo en cuenta que no sólo hostigan a las trabajadoras sexuales vía internet. Lo hacen en las marchas con insultos. Interrumpen sus charlas y actividades. Las persiguen políticamente. Las hostigan cuando salen a trabajar. Además de acusar a las trabajadoras sexuales de ser proxenetas en diversas ocasiones.

Si bien el debate de trabajo sexual es más complejo, no puede leerse desde la perspectiva que lo hacen las “RadFem”, que además de descargar en las trabajadoras sexuales toda su violencia, las victimizan al decir que no elijen su trabajo y que todos sus derechos son vulnerados. Es urgente desmentirlo. Hay una larga e inmensa lucha de las trabajadoras sexuales por diferenciar el trabajo sexual de la trata de personas. Le guste a quien le guste, hay un colectivo de personas que ejercen el trabajo sexual que está organizado hace años luchando por el reconocimiento de sus derechos laborales. Es una deuda de las organizaciones, colectivos y personas feministas no reconocer a las trabajadorxs sexuales como sujetxs políticxs que están organizadxs por conseguir sus derechos, y que además son aliadxs en muchas otras luchas, y que lxs vemos en las calles cuando hay que estar. También reconozco que no toda posición abolicionista es inmediatamente “RadFem”, y esto es una apreciación personal. El feminismo “pro-sexo” no sólo disputa el reconocimiento del trabajo sexual, sino que disputa sentidos sobre la apreciación moral del cuerpo, del sexo, del placer, del deseo, tensionando una línea que pone constantemente en víctima a las personas que, de alguna forma u otra, ejercen o consumen el trabajo sexual.

Con respecto a la lectura esencialista de la mujer, del género y del sexo, hay una similitud con discursos de Agustín Laje, por ejemplo, cuando dice que las personas trans son “hombres disfrazados de mujeres”. La similitud que tienen sus discursos de un varón heterosexual que escribe y difunde teorías anti-feministas, anti-izquierda, basado en un argumento religioso, esencialista, dañino, moral y de odio. Nada más y nada menos que al símbolo namber uan del anti feminismo dice cosas similares sobre las personas trans y travestis. ¿Cómo es posible que después de tantos años de disputa intelectual por desmentir el destino biológico de “las mujeres” hoy recaigamos en concepciones muy parecidas sobre la “esencia” de la feminidad y el sexo biológico (si es que eso existe)? Simone de Beauvoir lo plenteó en uno de los aportes más importantes para el feminismo, obviamente luego refutados y criticados, pero que sirvieron para seguir avanzando y no al revés. En “el segundo sexo”, ya daba cuenta de que “no se nace mujer, se llega a serlo”, planteando así que los roles asignados a las personas por su sexo y género son construcciones culturales.

¿Entonces las personas trans que abandonan el género asignado al nacer, son “traidores de género”, algo así como en el Cuento de la Criada? De repente parece haber una dictadura moral que reprime y  corrige cuerpos, identidades y luchas. ¿Cómo puede ser que esto resurja después de todo el aporte que el movimiento LGTTTBIQ+ hicieron al feminismo? ¿cómo negar el aporte que hicieron y hacen las compañeras travas y trans?  ¿cómo puede leerse a la violencia machista y patriarcal de forma tan simplista y binaria? ¿cómo puede hablarse de que las compañeras trans y travas son opresoras por el género asignado al nacer, o que las trabajadoras sexuales son proxenetas?. Si, se puede porque es una disputa política y constante. Pero ahí es donde hay que ganar.

La interseccionalidad del feminismo se plantea para poder comprender y criticar un sistema desigual que es estructural. En términos de clase, de género, de etnia. Un sistema desigual que también es imperialista y racista. Una de las disputas del feminismo es reconocer esto para poder transformarlo. Entonces, si el feminismo es interseccional o no es, que sea con lxs trans, lxs no binaries, las trabajadoras sexuales y las travas adentro.

 

Guillermina Huarte

Estudiante de eso que le llaman comunicación social. Lesbiana y feminista con orgullo. Pelea con facilidad. Quisiera que sea verano todo el año. Desconfía y reniega de la astrología.

 

Prostitución, feminismo y las guerras del sexo

 

por Pablo de Lora 

5 de abril de 2017

https://www.revistadelibros.com/articulos/neoliberalismo-sexual-el-mito-de-la-libre-eleccion

 

REVISTA DE LIBROS

Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección

Ana de Miguel

Madrid, Cátedra, 2015

352 pp. 20,20 €

 

 

La prostitución y la pornografía han planteado, y siguen planteando, una encrucijada a la teoría feminista1. En las postrimerías del pasado siglo fueron autoras como Catharine MacKinnon o Andrea Dworkin quienes más se destacaron en denunciar que esas actividades son una expresión radical del dominio patriarcal y su correa de transmisión; hoy constituyen legión las pensadoras que así se manifiestan en foros de toda laya2. Pero el asunto es antiguo, como nos recuerda Ana de Miguel en Neoliberalismo sexual, premio Ángeles Durán del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma de Madrid en su edición de 2016, y que será objeto de comentario en las páginas que siguen. Aleksandra Kolontái, por ejemplo, una importante teórica del marxismo feminista de principios del siglo XX, ya habría consignado en La nueva moral sexual (1910) que la prostitución, como el matrimonio, obstaculiza el fomento de los sentimientos de solidaridad y camaradería entre los seres humanos3.

A pesar de que, desde esas remotas épocas, la posición jurídica y social de la mujer ha avanzado espectacularmente en buena parte del mundo, la prostitución no sólo no ha dejado de existir, sino que −constata De Miguel− ha aumentado de manera alarmante, fruto, según ella, de la globalización y la hegemonía del pensamiento «neoliberal». Igualmente alarmante es, a su juicio, que «prestigiosas profesoras universitarias» [sic] abracen tesis «regulacionistas», ideas estas que, según De Miguel, son igualmente abanderadas por la «poderosa industria del sexo» en alianza con el «feminismo queer» (con Judith Butler como más conocida representante) o por el denominado «posfeminismo». La «libre elección», estandarte de esa heterogénea argamasa teórica, procede, según la autora, del «liberalismo económico y del liberalismo sexual». Abrazar ese postulado socava, a su juicio, las bases mismas del movimiento teórico y político feminista. Nos enfrentamos, nos dice en la conclusión del libro, ante el pseudofeminismo de la libre elección, que genera un discurso acrítico, neoliberal, individualista y complaciente con el statu quo. El feminismo o es abolicionista o no lo es, de la misma manera que −sostiene− no se puede ser socialista y estar en contra de la sanidad universal.

Más allá de las querellas de familia, de si la posición no abolicionista es o no es una forma fetén de feminismo, el debate sobre la prostitución es teóricamente interesante y política y jurídicamente urgente4. Lamentablemente, en España su abordaje institucional ha sido muy frustrante: las reformas penales, o las puntuales medidas administrativas en el ámbito local, no han atajado ni el gravísimo problema de la trata ni el ejercicio ordenado de una actividad que a todas luces (sean o no de neón) se despliega cuasiimpunemente en las calles, carreteras, locales y pisos de toda España. El Informe elaborado al efecto por la Comisión Mixta de Derechos de la Mujer del Congreso y del Senado de abril de 2007 supuso, dado el despliegue de recursos y las múltiples voces que pudieron escucharse, una preciosa oportunidad perdida.

De la prostitución cabe hablar desde muy diferentes perspectivas. Los científicos sociales, sean estos psicólogos, sociólogos, antropólogos o economistas, indagan causalmente sobre el fenómeno tratando de saber qué mecanismos generan la oferta y la demanda. Los juristas, por su parte, se afanan en investigar el que podríamos llamar «aspecto regulatorio»: qué reglas deben gobernar el ejercicio de la prostitución a la luz de determinados principios del sistema jurídico de referencia; cuándo y hasta qué punto cabe volcar sobre esa actividad instituciones propias del Derecho mercantil, laboral o civil; qué tipo de policía administrativa, en qué ámbitos y con qué límites, debe desplegarse, y, por último –como última ratio− qué papel ha de ser reservado al Código Penal. Y hay, finalmente, una perspectiva filosófica en torno a la ética de la prostitución, a su admisibilidad moral y su eventual prohibición jurídica, un análisis que invoca arduas cuestiones sobre moralidad sexual en general.

El libro de Ana de Miguel puede ser leído como un intento de navegar entre todos esos mares: hay una apuesta por el abolicionismo, esto es, una defensa de la inmoralidad de toda prostitución (sin que en ningún caso se dé pista alguna al lector de qué traducción jurídica habría de tener esa condena), pero hay también un intento de indagar sobre el fenómeno con las «gafas» (en expresión de la propia autora) del feminismo como teoría, esto es, desde una «perspectiva de género»; y hay, por último, una cierta aproximación «antropológica» o «sociológica» al fenómeno, tratando de desvelar los resortes que hacen que los hombres quieran pagar por los servicios sexuales prestados por las mujeres. Todo ello trufado por el relato sobre el devenir histórico –muchas veces reiterativo− del feminismo, algo sobre lo que la autora es una destacada especialista5.

En lo que sigue no abundaré sobre esas dimensiones causales del fenómeno, sobre sus «porqués» y sus «cómos», sobre las que la autora también se pronuncia; entre otras cosas, porque no tengo la necesaria pericia para ello, aunque sí la suficiente, sin embargo –y esto es todo lo que señalaré al respecto− para constatar que en esos ámbitos el libro es insuficiente, anecdótico y sesgado. Me justifico a continuación.

Sobre el fenómeno del comercio sexual es difícil recabar datos fiables por razones suficientemente obvias6, pero esa ausencia de datos no autoriza a recalar como fuente de autoridad única en el chascarrillo sobre qué se dice en ciertas páginas web o en las redes sociales, o lo que se comenta en determinados pagos, o el modo en el que se publicitan los servicios sexuales. Siempre, claro, que con una investigación como la de Ana de Miguel se pretenda algún vuelo «científico». Y es que con ese expediente de la anécdota o el comentario ligero procede la autora cuando describe la implosión del sexo a la que asistimos, según ella, como efecto del contraataque del patriarcado; o a la visión que tienen los hombres [sic] sobre las prostitutas. En ocasiones se formulan conjeturas en el texto sin ningún apoyo, como, por ejemplo, que la normalización de la prostitución hará que ésta se multiplique y vendrá de la mano de odiosos incentivos y reclamos publicitarios (pp. 166-167); o correlaciones arriesgadísimas, como sostener, aunque se hace tímidamente, que en los países como Francia y Suecia donde más se ayuda públicamente a la maternidad menos se ha tolerado o normalizado jurídicamente la prostitución, y ello a diferencia de Alemania (p. 88).

Pero lo más llamativo es el sesgo, sesgo que se manifiesta en el modo en que se estipula el fenómeno de la prostitución: «práctica por la que los varones se garantizan el acceso grupal y reglado al cuerpo de las mujeres» o «violencia contra las mujeres»7; y también en cómo se caracteriza a las posiciones en liza: la propia y la ajena. El sesgo es deliberado y se encarna en la explícita reivindicación de adoptar una «perspectiva de género», perspectiva que estaría ausente en las defensas de la legalización cuando se emplea la definición más neutral –pero, a juicio de la autora, esta sí, sesgada y patriarcal− de «intercambio de sexo por dinero» o de «trabajador@s sexuales»8. Adoptar una perspectiva de género, de acuerdo con De Miguel, comporta, fundamentalmente, analizar el fenómeno teniendo en cuenta la historia de la desigualdad entre hombres y mujeres; poner de manifiesto que son las mujeres quienes se prostituyen y los hombres los clientes (siendo el «sexo» intercambiado un cierto tipo de sexo en el que el varón tiene un orgasmo usando el cuerpo de otra persona) y que la prostitución es una «escuela de desigualdad», «de egolatría, prepotencia y negación de toda empatía, en la que priman sus deseos [los de los hombres] y no importa en absoluto lo que vivan y sientan las mujeres prostituidas» (p. 178; todas las cursivas son mías).

Esta visión sesgada es compartida por destacadas compañeras de viaje, que se han erigido en importantes portavoces de la posición feminista sobre la prostitución en la arena pública española. Así, Beatriz Gimeno sostiene que «Los hombres no buscan sexo en la prostitución, sino ejercer su masculinidad tradicional. El cliente necesita a la prostituta para reafirmar una identidad cifrada en la potencia sexual, el tamaño del pene y la cantidad de mujeres, así como en su capacidad de dominio, que ellas no tienen»9; los clientes buscan, en definitiva, «plusvalía de género» [sic], pues, si fuera el placer lo anhelado, podrían sencillamente masturbarse10. La prostitución no es un contrato individual, sino, pace Carole Pateman, una relación social entre el género masculino y el género femenino11.

En el haber de la teoría política feminista está el colosal movimiento emancipatorio de las mujeres, y también, qué duda cabe, el hecho de haber puesto sobre el tapete de muchas reflexiones las vivencias y experiencias propias de la sujeción y del silencio al que siglos de dominio masculino han condenado a las mujeres; o haber desnaturalizado, por fin, la normatividad en la atribución de roles, deberes, derechos y expectativas a los sexos biológicos. Pero adoptar una perspectiva de género del modo en que lo hace De Miguel para abordar la prostitución cegando otras realidades –por menos representativas cuantitativamente que sean− impide analizar el fenómeno en toda su complejidad (la prostitución gay es una realidad globalmente muy relevante12). Aunque no se disponga de datos fiables, todo hace pensar que ciertamente son las mujeres las que se prostituyen mayoritariamente en comparación con los hombres, pero los datos también demuestran que, si tomamos como referencia colectivos de individuos –mujeres, hombres y transgénero−, son estos últimos los que en mayor proporción ejercen la prostitución13.

Definida la prostitución en los emotivos términos empleados por De Miguel, o bajo la indemostrada caracterización de Gimeno, resulta difícil, si no imposible, argumentar nada en contra. Algo parecido ocurre frecuentemente en el debate cuando de lo que está hablándose es de trata o del tráfico de mujeres que son esclavizadas para prostituirse bajo la amenaza del uso de la violencia o la coacción14. Tal vez algún utilitarista dogmático (de todo hay en la viña de la filosofía moral) podría llegar a justificar ese tipo de acciones, pero nadie discute que en esos supuestos estamos en presencia de actos injustificables merecedores de un castigo severo15.

Pero aún más objetable que describir la tesis propia en términos tales que no pueden sino suscitar adhesión, es caricaturizar al contrario, construir un hombre de paja. Esto se hace en el libro de De Miguel de modos diversos. Para empezar, caracterizando como «neoliberal» la postura reglamentista o legalizadora. Lamentablemente, hoy en muchos pagos tildar de neoliberal aquello a lo que nos oponemos es sencillamente una prerrogativa para ahorrarnos el esfuerzo justificador de las propias tesis o propuestas, o del sustento argumentativo de nuestras objeciones. Así, por ejemplo, Beatriz Gimeno señala en la misma línea que De Miguel: «La regulación de la prostitución sólo es defendible desde posiciones neoliberales, de ahí que sus principales defensores en la actualidad sean los empresarios y todas las empresas que se lucran de la misma, así como la derecha política, que, una vez liberada de la moralina conservadora, ha comprendido muy rápido que esa regulación es perfectamente coherente con sus postulados políticos»16. En ninguno de los dos casos se explicita qué es lo que quiere denotarse con el término «neoliberal», aunque si uno toma como un rasgo característico de esa posición el de la no interferencia del poder público, o la minimización de su intervención en el gobierno de los asuntos de interés general, la propuesta de Beatriz Gimeno de mantener la prostitución en la «alegalidad» –que, según ella, implica «desregular»17− sería cabalmente una apuesta neoliberal.

En segundo término, porque el reglamentismo no es necesariamente «proprostitución», como se afirma reiteradamente en el libro de De Miguel, sino que surge más bien en el trasfondo de una muy consolidada distinción en la teoría política entre aquello que convenimos sería lo justo en condiciones ideales y lo que resulta justo en condiciones no ideales18. Así, puede sostenerse que en un mundo distinto no habría prostitución; que es claramente un ideal de justicia que la actividad sexual se desarrolle sin mediar precio, pero que, dadas las circunstancias del mundo real, es de justicia dotar a las prostitutas que ejercen su actividad de manera voluntaria de un marco normativo que garantice mejor sus condiciones laborales y de vida19. Y ese marco puede trazarse con restricciones diversas, especificaciones que derivan de la consideración de que estamos ante un servicio especial y no ante «un oficio más», con lo que cabe justificar la limitación de la publicidad; o excluir la oferta pública de la prostitución; o que no quepa la existencia de «escuelas o formación profesional reglada» para su ejercicio; o que se exija una mayor edad laboral, o que el servicio se preste en determinadas condiciones (mediante el uso de preservativos, como ocurre en Nueva Zelanda); o que la relación laboral no pueda ser de ajenidad o dependencia, sino autónoma, etc. Y todo ello para minimizar el riesgo de que se dediquen a la prostitución quienes en el fondo la rechazan por ser una ocupación indigna. En esa línea discurre la apuesta por una «legalización vigilante» de Agustí Vicente, por poner uno entre muchos ejemplos posibles.

Y ese es también el presupuesto sobre el que se apoya la política pública que Amnistía Internacional insta a los Estados a poner en marcha en su conocido – y polémico− informede 25 de mayo de 2016. La propuesta ha desatado una polémica fenomenal en muy diversos círculos del movimiento feminista global; también el aplauso, en particular el de muchas asociaciones de mujeres, hombres y transgénero que se dedican a la prostitución. Y la razón estriba en que, de acuerdo con Amnistía Internacional, el intercambio de sexo por dinero puede constituir una actividad consentida entre adultos (el documento deja fuera la trata o tráfico de personas para la explotación sexual, que Amnistía Internacional condena, como no podía ser de otra forma, sin paliativos). Pensadoras feministas que suscriben el abolicionismo, como Ana de Miguel, niegan la posibilidad de que la prostitución se ejerza libremente. Sencillamente, no hay prostitución consentida o voluntaria: el sexo comercial es una forma de «violación remunerada»20. También el informe oficial del Gobierno sueco, que en 2010 evaluó la política penalizadora del cliente instaurada en 1999, estima que no es relevante la distinción entre prostitución libre o forzada.

Se trata de una tesis defendida por De Miguel de modo ambiguo, a veces de manera muy robusta, ocasionalmente más aligerada. Y es que pudiera pensarse, en primer lugar, que, dadas las actuales circunstancias, las mujeres no pueden prestar un consentimiento genuino21. Pero también −segunda interpretación posible− podría sostenerse que hay sencillamente cosas a las que no se puede consentir, aunque se den las condiciones de una voluntad informada; que hay, por decirlo en expresión de Michael Sandel, límites morales al mercado o al ejercicio de la autonomía de la voluntad (De Miguel, pp. 146-147 y 162). El caso de la venta de riñones es paradigmático en este sentido; también el supuesto de la prostitución que implica violencia para la mujer, que Amnistía Internacional excluye de la prostitución legalizable. De Miguel parece abrazar ambas tesis, que −insisto− conviene deslindar.

En el planteamiento de De Miguel hay, finalmente, una no explícita ni suficientemente articulada, pero sí recurrente, concepción sobre moral sexual en general: así, cuando censura la sexualidad que se ha desligado, primero, del amor, y ahora también del propio deseo al modo del «sexo del cuarto oscuro» (p. 144); o cuando no hay reciprocidad entre los intervinientes, como ocurriría típicamente en el caso de la compra de servicios sexuales. Esta cuestión nos aboca irremediablemente a considerar los límites morales de la práctica sexual misma, y es en ello en lo que me centraré a continuación.

¿Bajo qué condiciones es moralmente aceptable la actividad sexual? ¿Qué circunstancias hacen que, constatada su ilicitud moral, deba además ser penalmente castigada? Antes de entrar de lleno en el asunto, les invito a acompañarme en la reflexión de la mano de algunos casos que pueden servirnos para enmarcar este, por lo demás, espinoso y complejo asunto.

Considérese el caso de Anna Stubblefield, profesora y jefa del Departamento de Filosofía de la Universidad de Rutgers (Newark, Nueva Jersey) hasta el año 2015 y hasta entonces reputada especialista en lo que se conoce como «filosofía de la discapacidad». En su calidad de experta en «facilitación comunicativa» (facilitated communication), una muy controvertida y hoy desacreditada técnica con la que supuestamente se logra interactuar con personas que sufren de severas discapacidades cognitivas, Stubblefield comenzó a «tratar» a D. J., un individuo adulto a quien se asigna la edad mental de un bebé; alguien absolutamente dependiente de los demás para las actividades esenciales de la vida. En el curso de sus enseñanzas, Stubblefield comenzó una, en sus propias palabras, «relación amorosa» con D. J. Por dos veces, una en su propio despacho de la Facultad, intentó tener relaciones sexuales con él, relaciones que, según Stubblefield, fueron deseadas y consentidas por D. J.

Conocemos la historia y sus pormenores porque la familia de D. J., la madre y el hermano que ostentan su representación legal, pusieron en manos de la fiscalía los hechos tras comprobar que Stubblefield no cedía en su pretensión de proseguir sus contactos con D. J. Ella fue finalmente procesada y sometida a juicio, en el que la cuestión del consentimiento de D. J. a través de la «facilitación comunicativa» (propiciada por la propia Stubblefield) centró buena parte de la discusión22. No importaron las muchas simpatías despertadas por Anna Stubblefield, el testimonio de algunos «expertos», sus reiteradas peticiones de perdón o el hecho de que ella fuera siempre franca con la familia de D. J. en relación con sus sentimientos y pretensiones una vez que se enamoró. El hermano de D. J., africano-americano, para añadir todavía más morbo a la historia, llegó a afirmar en el juicio que en el comportamiento de Stubblefield hubo un acto de «apropiación», evocando con ello el fantasma de la esclavitud. Fue condenada a doce años de prisión por dos delitos de violación.

En 1978, cuando contaba dieciocho años, William Peace, profesor de Humanidades de la Universidad de Syracuse, quedó paralítico de resultas de una lesión medular. En el centro de rehabilitación donde fue ingresado le enseñaron durante meses a poder desarrollar por sí solo las actividades esenciales de la vida, pero una pregunta le rondaba persistentemente: ¿podría tener relaciones sexuales? Entre el resto de pacientes corría el rumor de que, de manera cuasiclandestina, a horas intempestivas, algunas enfermeras, conocidas como «head nurses»23, practicaban sexo oral con los pacientes como Peace para, de esa forma, disipar sus dudas y temores sobre su pérdida de virilidad. Así ocurrió finalmente una noche, tal y como narra en «Head Nurses», un ensayo incluido en un número especial de la revista electrónica Atrium del Programa de Bioética y Humanidades Médicas de la Northwestern University, cuya inicial censura y posterior publicación ha generado una fabulosa polémica24. Peace, que desarrolló finalmente una vida feliz y llegó a ser padre, se muestra eternamente agradecido a esa enfermera que reafirmó su masculinidad y con quien mantuvo contacto hasta su muerte: «nunca olvidaré a las “chicas malas”, las que me dieron tal experiencia educativa, las que me dieron mi yo», concluye Peace25.

Podemos examinar desde muy diferentes perspectivas la bondad de esas acciones, las motivaciones y condicionantes para satisfacer sexualmente al paciente, cliente o «pareja» –la compasión, el dinero, la profesión mal entendida o el amor tal vez patológico−, pero hay un elemento que se revela como condición necesaria para juzgarlas como moral y jurídicamente permisibles: el consentimiento26. La pregunta que nos haremos en primer lugar es: ¿consintieron los protagonistas?

Considere el lector el relato de hechos probados de la Sentencia del Tribunal Supremo del 16 de octubre de 2002. Lucia y Daniela, que ejercían la prostitución en Barcelona, acudieron al apartamento de Rosendo junto a un segundo individuo (Pedro Miguel) para, previo acuerdo del pago de diez mil pesetas por una hora, mantener relaciones sexuales. Una vez llegados al lugar, Rosendo y Pedro Miguel se negaron a abonar el precio acordado y obligaron a las dos mujeres, tras una brutal agresión física y bajo la amenaza de un cuchillo, a realizar diversas prácticas sexuales. Frente a la condena de trece años de prisión por la comisión de un delito de violación impuesta por la Audiencia Provincial de Barcelona, los condenados alegan, entre otras cosas, que el uso de la violencia y la amenaza no constituye el medio para lograr el fin de la relación sexual, sino para disminuir el precio de lo acordado. No habría por tanto un delito de violación sino una extorsión; generalizando el planteamiento, no cabría «violar o agredir sexualmente a una prostituta». Pero como señala el Tribunal Supremo, «la imposición violenta del acto carnal a una persona que ejerce la prostitución constituye el delito de violación […] ya que la persona afectada, con independencia del modo que vive su sexualidad, conserva la autonomía de su voluntad en orden a disponer libremente de su cuerpo y de la sexualidad que le es propia […] a pesar de que haya existido un acuerdo previo para mantener relaciones sexuales, es indudable que la víctima mantiene el derecho a poner límites a sus prestaciones (o a negarlas, en atención al comportamiento de la otra parte) dado que –resulta redundante decirlo− en el acuerdo no enajena su condición de persona y, por ello, el autor no puede tratarla como un objeto»27.

En términos históricos, este razonamiento es novedoso, es decir, durante siglos la moralidad reinante no ha tenido al consentimiento como una condición ni necesaria ni suficiente para juzgar como lícitas las relaciones sexuales entre mayores de edad, y mucho menos ha podido considerar que una prostituta pueda delimitar su sexualidad, como bien nos recuerda De Miguel28. Tómese la decimonónica figura del «estupro», que durante decenios se mantuvo en nuestro Código Penal y que tenía una versión «fraudulenta» o «involuntaria» –cuando el varón lograba «gozar» de la mujer mayor de edad, pero «doncella», esto es, virgen, mediante «seducción»−, pero también una versión «voluntaria»29, lo que en el fondo venía a suponer la condena penal de la relación sexual prematrimonial.

Durante años, los ataques a la «honestidad» –que no «libertad sexual», como hoy indica el Código Penal español− sufridos por las «mujeres públicas» revestían menor gravedad y pena30, y el delito de violación sólo tenía como sujeto pasivo a la mujer. De otra parte, la violación en el seno del matrimonio fue tomada como un oxímoron, es decir, la ausencia de consentimiento de la mujer casada no era relevante31. Las siguientes consideraciones de Alejandro Groizard y Gómez de la Serna a este respecto son suficientemente expresivas de la mentalidad patriarcal imperante: «La mujer casada cuenta entre sus deberes, como primero, el de no negarse a la realización de los fines del matrimonio, y entre todos ellos no hay ninguno más culminante que el de la procreación. Ningún derecho es en ella atropellado por el marido, obligándola contra su voluntad a realizar con él un acto que no tiene ella ningún derecho para no prestarse a ejecutarlo»32.

Nada de esto nos parece hoy concebible. Si tomamos como referencia el vigente Código Penal en España, la falta de consentimiento implica alguna de las formas de ataque contra la autodeterminación sexual englobadas en los artículos 178 a 183 (violación, agresión o abuso). La conducta sexual reprochable es, en esencia, la de quien actúa por encima de la voluntad de la víctima, sea por incapacidad para consentir (que incluye la incapacidad para prestarlo por trastorno mental, la privación de sentido o la anulación de la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos, drogas u otras sustancias) sea porque se actúa contra la voluntad del sujeto pasivo, mediando intimidación o violencia. El bien jurídico protegido por esos delitos, como gustan de decir los penalistas, es el de la autonomía o libertad sexual33.

Así y todo, que el consentimiento constituya la condición necesaria para la permisibilidad de la relación sexual adulta, y su ausencia el presupuesto de la punición jurídico-penal, no zanja la cuestión, ni desde el punto de vista moral ni tampoco jurídico, pues, en definitiva, ¿cuándo el consentimiento dado es suficiente? ¿No habría supuestos en los que diríamos que el consentimiento está viciado? ¿No es precisamente ese el caso del comercio sexual, como señalan muchas y muchos abolicionistas?34

En los términos de Alan Wertheimer, el consentimiento opera como una suerte de «transformador normativo»: troca en justificable lo que, de otro modo, sería inadmisible35. Pensemos en las heridas que nos inflige un cirujano: mediando el consentimiento informado del paciente, estamos ante una operación quirúrgica; ausente aquél, el médico habrá incurrido en un delito. Este transformador no es universal, en el sentido de que dependerá del tipo de interacción ante la que nos hallemos. Nuevamente el contexto clínico nos servirá de ayuda. Acabo de señalar que el consentimiento que hace lícita la agresión física a que nos somete un médico debe ser informado, esto es, no basta con arrancar el mero asentimiento del paciente, sino que éste ha de haber podido barajar las opciones disponibles y valorar los riesgos. ¿Es este mismo tipo de consentimiento informado el que debe darse para hacer lícito el encuentro sexual?

Hay quienes sostienen que sí; que no cabe, por ejemplo, «engañar» o «tergiversar» hechos que pueden ser relevantes, para, de esa forma, conseguir mantener relaciones sexuales. En esos casos −se prosigue con el razonamiento− estaríamos también ante una forma de agresión sexual, pues el consentimiento está deliberadamente viciado. De otro modo, ¿de qué justificación dispondríamos para reprochar el engaño al que sometió D’Artagnan a Milady36 o la conducta de los libertinos personajes masculinos de The Great Switcheroo, el relato de Roald Dahl37?

Tom Dougherty ha sostenido que, bajo ciertas condiciones, esos engaños son males morales graves, pues se incumple la máxima kantiana de no tratar a nadie como un mero medio. Así ocurre cuando el engaño está directamente relacionado con la relación sexual habida, es decir, el dato ocultado o tergiversado es un determinante de la −así sorteada− oposición de la pareja a mantener relaciones sexuales; y ello por muy trivial que, desde nuestra perspectiva, pudiera ser el hecho ocultado o deformado. Si un amigo me pide la casa para dejar a su perro chihuahua −sabiendo de mi aversión a los chihuahuas− y para conseguirlo me dice que es un gran danés, no puede excusarse señalando que consentí al dejarle la llave para entrar en la casa38.

Esta concepción del consentimiento, empero, arrostra consecuencias muy contraintuitivas. En el límite, la seducción que antecede al encuentro sexual −en tanto en cuanto implica exageraciones o sobreactuaciones más o menos deliberadas o inconscientes− constituye una manera de, parafraseando a Hume, hacer que la razón sea esclava de las pasiones, y en esa medida constituiría un vicio del consentimiento de acuerdo con los estándares de, por ejemplo, las normas jurídicas que rigen el negocio privado: «Si el consentimiento plenamente informado fuera la condición para el sexo lícito, lo primero que tendríamos que hacer es encarcelar a todos los guapos y guapas», señala elocuentemente Jed Rubenfeld39. Y sin embargo…

Sin embargo, lejos de considerar como ilícito el sexo por ser el resultado de la irracionalidad, del juicio empañado por la pulsión amorosa, entendemos que lo que confiere su naturaleza distintiva y deseable a esa interacción es que no discurre por tales carriles «contractualistas», sino que está abierta a la sorpresa, la espontaneidad, el misterio, la prueba y error, y, también, al fracaso, la frustración y el dolor. Así, Sarah Conly ha señalado en este sentido que «Cuando inicias una relación […] te expones a la posibilidad de ser dañado en distintos modos. Uno de ellos es que la otra persona puede informarte de que te dejará si no cambias, lo cual puede colocarte ante un dilema doloroso, esto es, hacer lo que no quieres o ser dejado. Así ocurre si lo que se te pide es ser fiel y también si lo que se te solicita es tener relaciones sexuales. Así como uno tiene derecho a pedir, el otro tiene el derecho de no hacer nada de lo pedido. Pero nadie tiene derecho a insistir en que la relación no cause dolor alguno y nadie puede alegar que ha sido coaccionado simplemente porque la perspectiva de dicho dolor induce a cambiar de conducta»40.

Las alternativas, por tanto, parecen claras: 1) O concebimos «clínicamente» la relación sexual, despojándola con ello de elementos que −tendemos a pensar− la hacen valiosa y característica (pero que en otros contextos se tomarían como vicios del consentimiento41), y así castigamos como delitos contra la libertad sexual no sólo las relaciones sexuales logradas con violencia o intimidación, sino también aquellas para las que ha mediado engaño, fraude o manipulación42; o bien 2) Dejamos de hacer pivotar la justificación del reproche moral o del castigo penal de la violación, agresión o abuso sexual sobre la noción de autodeterminación sexual de la víctima43. Abandonamos, así, la idea de que lo que traduce esa punición es el derecho de todo individuo a señorear el modo en el que llega a darse la relación sexual.

Esta última es la opción adoptada por Jed Rubenfeld: rebajar el alcance de la autodeterminación sexual, del sexo consentido, admitiendo que no es cierto que sólo cuando controlamos todos los aspectos del encuentro sexual este es lícito moral y jurídicamente44. Recuérdese que, para Tom Dougherty, la reprochabilidad del sexo obtenido por engaño o fraude tiene un cimiento kantiano –la proscripción de tratar a nadie meramente como un medio−, pero una lectura más estricta del ideal de la autonomía kantiana parece hacer radicalmente incompatible éste con las relaciones gobernadas por el deseo e impulso sexual. Kant mismo señaló que «Quien ama por inclinación sexual convierte al ser amado en un objeto de su apetito». Y añadía: «En esta inclinación [sexual] se da una humillación del hombre, ya que, tan pronto como se convierte en un objeto del apetito del otro, se desvanecen todos los móviles de las relaciones morales; en tanto que objeto del apetito de otro es en verdad una cosa gracias a la cual se sacia ese apetito ajeno y, como tal cosa, puede ser objeto de abuso por parte de los demás […]. La condición del ser humano queda así degradada a un mero instrumento de satisfacer deseos e inclinaciones y se homologa la humanidad con la animalidad»45.

La autonomía, en definitiva, entendida como soberanía corporal inalienable casa mal con el deseo y la actividad sexual cuando es precisamente «invadir» y ser «invadidos» lo que pretendemos al tener sexo. Para Jed Rubenfeld, con la violación pasa como con la tortura: no es la vulneración de la «autonomía corporal» lo que está en juego, aunque ciertamente el torturador carece del consentimiento de su víctima para infligirle daño. Lo que está en juego, tanto en la violación o abuso sexual como en los delitos de esclavitud y tortura, es la «autoposesión» en el muy básico sentido de «posesión del propio cuerpo», de «control corporal»46. Quien ha trabajado más horas de las pactadas, o por causa distinta de la creída, o ha recibido inferior salario, no ha sido esclavizado, aunque su consentimiento para la relación laboral haya estado viciado y por ello se haya podido afrentar su autonomía47. Quien fue engañosamente llevado a mantener relaciones sexuales, no ha sido violado ni agredido ni abusado sexualmente (lo cual, obviamente, no hace del engaño algo inmune a la censura moral).

Es momento de recapitular. La discusión anterior ha podido causar la impresión en el lector de que, a la vista de las dificultades en fijar con precisión los contornos del consentimiento para la relación sexual, y el alcance y consecuencias que éste ha de tener, la «libre elección», en lo que hace a la prostitución, es un mito, tal como se dice elocuentemente en el subtítulo del libro de Ana de Miguel. ¿Debemos entonces arrumbar el consentimiento como fuerza normativamente justificadora de la prostitución no forzada, prescindir de su eventual presencia para abrazar el abolicionismo? Nada más lejos de mi propósito: la controversia que he resumido en torno a la caracterización del delito contra la libertad sexual muestra dos cosas importantes para el debate sobre la prostitución: el consentimiento importa, e importa crucialmente, pero, al tiempo, es contextualmente dependiente de una concepción más general de lo que es importante y valioso en las relaciones afectivo-sexuales entre los seres humanos. Dado ese contexto, debemos precavernos frente a lo que he llamado una caracterización «clínica» del consentimiento.

La moral sexual de sociedades liberales como la nuestra tiene en el consentimiento de los intervinientes la característica esencial que transforma en correcta –aunque quizá no buena− la relación sexual y, de ese modo, en una actividad inmune frente al poder punitivo del Estado. Aquélla puede ser esporádica, casual, irreflexiva o descarnadamente frívola, de la misma manera que puede estar vinculada al propósito de sellar con ella una unión con vocación de ser vitalicia; puede ser un «mal negocio» personal o conducir a la frustración, de la misma manera que puede constituir el culmen del éxtasis y la pasión; puede ser desviada o no placentera a los ojos de la mayoría, o tal vez convencional o rutinaria en su desarrollo. Y, al fin, puede practicarse sexo de forma puramente «desinteresada» o a cambio de precio, siempre que haya consentimiento. Las actrices y actores porno así lo hacen, como las prostitutas no forzadas; también quienes deciden participar en los montajes operísticos de Calixto Bieito o de La Fura dels Baus.

¿Con qué argumentos podría reclamarse hoy la interferencia del poder público sobre la interacción sexual que no discurre por los «buenos cauces» o las «buenas razones», por el «sexo con sentido» entre personas que, para cualesquiera otros órdenes de la vida social, juzgamos como agentes morales? Se ha dicho, por ejemplo, que para la mujer prostituta no estamos en presencia de sexo, pues es sólo él, y no ella, quien obtiene placer o desea tal intercambio48. Por supuesto, la prostituta desea, en el sentido relevante, tener la relación sexual (condicionada a que se reciproque por parte del cliente con el precio acordado), aunque no obtenga placer. Pero, además, ¿cómo es posible señalar que sólo si hay placer mutuo cabe hablar de actividad sexual? ¿Acaso entre parejas estables no se acepta ocasionalmente causar placer sexual, aunque él o ella no lo obtengan? ¿Eso no es sexo?

La cuestión, por otro lado, no puede zanjarse definicionalmente. Es simplemente insostenible decir que la relación es censurable –y no digamos ya punible− porque no es sexo para la prostituta. Llamémosle X (nada más adecuado en este contexto) y seguiremos preguntándonos qué hay de malo en X. Pensemos que la prostituta que facilita la invasión de su cuerpo sin ella obtener placer ocupa una posición semejante al «modelo» que se usa para que los estudiantes de medicina aprendan a hacer una colonoscopia. Como ha señalado Martha Nussbaum, a quien se debe el ejemplo, nuestras razones para regular, y si acaso prohibir esta práctica, tienen que ver con la desproporción de riesgos, o las condiciones en que se ejerce la actividad, pero no con que la actividad en sí sea «inmoral»49.

Y lo extraño es que, para la propia Beatriz Gimeno, la actividad prostitucional no es equivalente a otros usos del cuerpo, como, por ejemplo, dar un masaje50. No es sexo, o no deja de serlo, nos recuerda Gimeno, lo que de manera voluntarista queramos que sea, sino lo que resulta socialmente construido como tal51, y parece indudable que la actividad que realizan socialmente las prostitutas es una prestación de naturaleza sexual. En el fondo, como ha señalado Nussbaum, la diferencia entre la masajista y la prostituta es puramente de respetabilidad social: la primera, frente a la segunda, se ha ganado el derecho a ser considerada una profesional digna que ejerce una habilidad especial. Más allá de ese hecho constatable, nuestras razones para hacer relevante la obvia diferencia de que en un caso se busca satisfacer un deseo erótico-sexual, y en el otro no (aunque ser masajeado es una manera de obtener placer) son el producto de un prejuicio52: el prejuicio consistente en considerar inmoral intercambiar sexo por dinero. Volvemos a las andadas.

Regular la prostitución −se ha dicho también− legitima socialmente una práctica que afecta a las mujeres en su conjunto, y no sólo a quienes intervienen en el intercambio53. En la visión de Ana de Miguel, Beatriz Gimeno y tantas otras feministas abolicionistas, la prostitución está inextricablemente anudada al patriarcado y su persistencia refuerza la sumisión de las mujeres. Pero hay una lectura diferente: la sumisión, en realidad, está reforzada por el estigma asociado a la prostituta, la mujer corrompida y corruptora del buen orden; la mujer que, por vivir su sexualidad de manera insumisa, constituye una fuente de peligros para el orden patriarcal aún imperante. Anida, por tanto, una vocación distinta en el reglamentismo a la atribuida por De Miguel: una pretensión de empoderar a las mujeres que deciden tomar control de su propia sexualidad para, si acaso, venderla. Esa es la conclusión que ha de seguirse cuando se abraza la reivindicación feminista «mi cuerpo, mis normas», que enarbolamos, por ejemplo, en materia de reproducción. Extraigamos, pues, de ese postulado las debidas consecuencias en lo que hace a la prostitución54. Y todo ello es compatible con el intento de no hacer de la prestación de servicios sexuales el único plan de vida posible para las mujeres menos favorecidas. A la regulación deberá aparejarse una política pública que remueva las barreras aún persistentes entre los géneros a la hora del desarrollo personal y profesional y que ponga ciertos límites en el ejercicio del trabajo sexual si se realiza por cuenta ajena. La tarea sigue siendo enorme, pero no acometerla no ayuda en nada a las mujeres que ejercen la prostitución55.

 


Pablo de Lora es profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. Es autor de Justicia para los animales. La ética más allá de la humanidad (Madrid, Alianza, 2003), Memoria y frontera. El desafío de los derechos humanos (Madrid, Alianza, 2006),Bioética. Principios, desafíos, debates (con Marina Gascón; Madrid, Alianza, 2008) y El derecho a la asistencia sanitaria. Un análisis desde las teorías de la justicia distributiva (con Alejandra Zúñiga; Madrid, Iustel, 2009).

 

05/04/2017

  1. De «guerras del sexo» en el seno del feminismo tilda la controversia Beatriz Gimeno,La prostitución, Barcelona, Bellaterra, 2012, pp. 16-17.↩
  2. La nómina sería interminable. En el seno del pensamiento político feminista español hay también autoras que se han destacado en la defensa de una posición que en esta, como en otras materias, trata de hacer compatible el feminismo con el liberalismo político; se trata, entre otras, de Elena Beltrán, Ruth Mestre o María Luisa Maqueda.↩
  3. Fue precisamente ese mismo año cuando se adoptó en París el convenio internacional relativo a la represión de la Trata de Blancas, si bien el célebre «An Appeal to my Countrymen», de Josephine Butler, el acta bautismal del movimiento conocido como «abolicionismo», es muy anterior: 1877. La sección española de la Federación Abolicionista Internacional data de 1882. Es interesante destacar que sus primeros veinticinco inscritos eran todos varones y que entre ellos se encuentran célebres institucionistas como Francisco Giner de los Ríos o Gumersindo de Azcárate. También Luis Jiménez de Asúa fue un declarado abolicionista. Para algunas notas histórico-legislativas sobre el fenómeno de la prostitución en España, me permito remitir a mi trabajo «¿Hacernos los suecos? La prostitución y los límites del Estado»,Doxa, núm. 30 (2007), pp. 451-470, así como al libro de Jean-Louis Guereña,La prostitución en la España contemporánea, Madrid, Marcial Pons, 2003. ↩
  4. A otras feministas que se han ocupado del tema, como Beatriz Gimeno, les preocupa tanto o más qué aliadas se encuentran en la defensa de una determinada visión de la prostitución, o cómo ganar el debate social, que los argumentos mismos a favor de una u otra posición. Su libro es un denodado esfuerzo por mantenerse junto a las compañeras de viaje «progresistas», «feministas», «no puritanas» y «anticapitalistas», a pesar de que éstas defiendan una postura abolicionista con argumentos con los que la propia autora confiesa no estar ya conforme (op. cit., pp. 60-61).↩
  5. No puedo evitar remarcar que estamos ante un libro hecho a trompicones: las referencias internas brillan por su ausencia, en un texto en el que muchas ideas, propuestas, tesis o referencias históricas son repetidas en los diversos capítulos que lo componen («conceptualizar es politizar», «la distinción entre las iguales y las idénticas» y «lo personal es político» son divisas del pensamiento feminista múltiples veces citadas y pesadamente reiteradas). El lector tiene la impresión −yo al menos la tengo− de que se han empastado escritos de origen diverso sin que se hiciera una sutura final que evitara las redundancias. Esa impresión se corrobora en el quinto capítulo, que procede −con el único cambio de una muy genérica e irrelevante nota al pie, la 142, y el añadido de una referencia bibliográfica sin mayor comentario, la nota 146− de un artículo publicado en el número 16 (2014) deDilemata, que es a su vez una versión de un trabajo ya publicado en 2011. Aunque la autora agradece en el prólogo a los editores que hayan permitido la utilización de «versiones anteriores», advertir al lector que, como es el caso, en el libro se incluye material idéntico o casi idéntico al ya publicado, señalando la fuente original, constituye un uso académico más correcto.↩
  6. El informe del Parlamento EuropeoSexual exploitation and prostitution and its impact on gender equality, de 2014, estima que el negocio global de la prostitución se eleva a 186 billones de dólares de ingresos anuales. En España alcanzaría los 18 billones (p. 22).↩
  7. Aunque al mismo tiempo, y de manera más desconcertante, la autora apela a que busca la «claridad conceptual» (p. 124). En una parecida falacia de definición persuasiva incurre Beatriz Gimeno: «si hablamos de prostitución estamos hablando de sexualidad masculina. La prostitución es muchas cosas, pero en su materialidad es sexo (masculino): lo que se pone en venta es el uso del cuerpo de las mujeres para que los hombres tengan sexo con él» (op. cit., p. 211).↩
  8. Una definición muy cercana es la que emplea María Luisa Maqueda: «Prestación voluntaria y negociada de servicios sexuales remunerados». Tomo la referencia de Elena Beltrán, que la asume: véase «En los márgenes del derecho antidiscriminatorio: prostitución y derechos de las mujeres»,Anales de la Cátedra Fernando Suárez, vol. 45 (2011), pp. 43-63, p. 45, nota 5.↩
  9. Op. cit., p. 224. Los estudios cualitativos llevados a cabo por Melissa Farley cifran en un 22% el porcentaje de clientes que disfrutan del hecho de tener poder sobre la prostituta que han contratado; véase el informe del Parlamento Europeo, p. 15.↩
  10. Op. cit., pp. 219-220 y 251-252.↩
  11. Ibídem, p. 251.↩
  12. Aunque de ella se tienen muy pocos datos. En España se dispone de un informe de 2006 del Ministerio de Sanidad y la Fundación Triángulo referido a la ciudad de Madrid. Recientemente, Iván Zaro ha publicadoLa difícil vida fácil. Doce testimonios sobre prostitución masculina(Madrid, Punto de Vista, 2016) donde recopila doce testimonios de trabajadores del sexo gais. ↩
  13. Véase el informe de Amnistía Internacional al que haré referencia a continuación. El 42% de los trabajadores del sexo en el Reino Unido son hombres, de acuerdo conalgunas estimaciones.↩
  14. Las estimaciones varían también sobre el número de estas y qué porcentaje representen las prostitutas no forzadas; de acuerdo con el informe ya citado del Parlamento Europeo, una de cada siete personas que se prostituyen en Europa son traficadas y hasta ciento cuarenta mil mujeres en Europa son víctimas de tráfico (p. 16).↩
  15. Justo cuando se redactan estas líneas tengo conocimiento de la historia del rabino jefe de las Fuerzas Armadas israelíes. el coronelEyal Qarim, quien, ante una consulta religiosa, ha afirmado que es legítimo que los soldados israelíes violen mujeres palestinas en tiempo de guerra.↩
  16. Op. cit., p. 261 (las cursivas son mías).↩
  17. Ibídem, pp. 265-266. ↩
  18. John Rawls,Justice as Fairness. A Restatement, Cambridge, Harvard University Press, 2001, pp. 136-138. Cuando De Miguel sostiene que el feminismo no puede sustentarse en el discurso de la libre elección, afirma que esta tesis no es fácil de ser explicada en cinco minutos, mientras que la posición normalizadora que se basa en el consentimiento puede fácilmente sintetizarse con la vehemente afirmación «Lo he elegido yo y punto» (p. 340). Es difícil imaginar un planteamiento más maniqueo y tendencioso.↩
  19. Esta distinción, y sus implicaciones, escapa también a la simplista, aunque más honesta, dicotomía que plantea Gimeno entre feministas pro y antiprostitución (op. cit., pp. 24-25).↩
  20. Beatriz Gimeno,op. cit., pp. 56-57. Una excepción es precisamente el libro de Gimeno. En sus propias palabras: «Si no hemos sido capaces de hacerlo [luchar más eficazmente contra la trata] se debe, en parte, a la negativa del sector antiprostitución en diferenciar la prostitución forzada de la voluntaria, al negarse a considerar siquiera la posibilidad de que pueda existir consentimiento en ningún caso. Esa postura,que va contra el sentido común y, sobre todo, contra la percepción de la mayoría de la gente, está limitando la lucha contra esta nueva forma de esclavitud» (p. 174; las cursivas son mías). ↩
  21. Así De Miguel en las páginas 61-63 y 145 de su libro. Andrea Dworkin sostiene que el coito heterosexual discurrirá en condiciones de igualdad cuando la violación y la prostitución –las dos instancias emblemáticas, a su juicio, de la supremacía masculina y negadoras de la autodeterminación de las mujeres− sean desterradas (Intercourse, Nueva York, Free Press, 1987, p. 143). Muchos pasajes de su libro invitan a pensar que, en su opinión, todo coito heterosexual es una forma de violación: «el odio a las mujeres es una fuente de placer sexual por sí mismo para los hombres. El coito resulta la expresión de ese desprecio en su forma más pura, en la forma de la jerarquización sexual […]. El coito es la expresión pura, esterilizada y formal del desprecio de los hombres a las mujeres […]. Cualquier violación del cuerpo de una mujer puede convertirse en sexo para los hombres; esta es la verdad esencial de la pornografía» (p. 138). Y más adelante: «Ser mujer en este mundo es haber sido desprovista del potencial de la elección humana por los hombres que nos odian […]. ¿Podría el coito existir sin que la mujer por sí misma se convierta en un objeto, lo cual debe hacer porque los hombres no pueden follar a iguales y los hombres deben follar? […] Al convertirse en un objeto para que él pueda instrumentalizarla y así follársela, ella colabora políticamente con su dominación; y entonces, cuando él la penetra, él confirma para sí y para ella lo que ella es: que ella es algo, no alguien; y ciertamente no un igual» (pp. 140-141). Dworkin negó posteriormente haber afirmado que toda forma de sexo coital heterosexual sea una violación;véase su entrevistacon Michael Moorcock en 1995. ↩
  22. La historia está contada de manera fascinante enThe New York Times Magazineen «The Strange Case of Anna Stubblefield». ↩
  23. La ambigüedad del término «head» en inglés (cabeza, en el sentido de «jefatura», pero también una manera de referirse al glande) se pierde en la traducción al español.↩
  24. Se trata del número 12 del invierno de 2014, que, con el también provocativo título de «Bad Girls» está dedicado al sexo y la discapacidad.↩
  25. El cine se ha ocupado de todo ello. Es el caso del clásico de Dalton Trumbo,Johnny cogió su fusil(1971), pero también de las más recientes Nacional 7, una película francesa del año 2000, y de The Sessions, de 2012. ↩
  26. Véase, en la misma línea, el artículo de Elena Beltrán citado en la nota 8 (p. 52).↩
  27. Véase el Fundamento Jurídico 10 y Alan Wertheimer, «Consent and Sexual Relations»,Legal Theory, vol. 2, núm. 2 (1996), pp. 89-112 (p. 101). Jeffrie G. Murphy, por su parte, añade otra justificación para castigar la violación de una prostituta: tal vez la prostituta ha trastocado el valor de la sexualidad, que vende como un servicio, pero nosotros, como sociedad, no queremos renunciar al tipo de valor que asignamos a la sexualidad; véase «Some Ruminations on Women, Violence, and the Criminal Law», en Jules Coleman and Allen Buchanan (eds.),In Harm’s Way. Essays in Honor of Joel Feinberg, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, pp. 209-230 (p. 216). ↩
  28. Así se comprenden los tradicionales delitos de «fornication», «seduction», «adultery» o de incurrir en ciertas prácticas sexuales desviadas (la sodomía) presentes en el Derecho Penal anglosajón; véase Jed Rubenfeld,«The Riddle of Sex-By-Deception and the Myth of Sexual Autonomy», p. 1.390.↩
  29. María Verónica Caruso Fontán,Nuevas perspectivas sobre los delitos contra la libertad sexual, Valencia, Tirant lo Blanch, 2006, pp. 59-60; Miguel Díaz y García Conlledo, «Delitos contra la libertad sexual: ¿libertad sexual o moral sexual?», en Santiago Mir Puig y Mirentxu Corcoy Bidasolo (dirs.),Nuevas tendencias en Política Criminal, Madrid, Reus, 2006, pp. 181-208 (p. 182). ↩
  30. María Verónica Caruso Fontán,op. cit., p. 51, nota 84. Esto ocurrió desde la aprobación del Código Penal de 1822 hasta una sentencia del Tribunal Supremo de 1906: véase José Jiménez Villarejo, «Comentarios a los artículos 179-183 del Código Penal», en Cándido Conde-Pumpido Tourón y Jacobo López Barja de Quiroga (eds.),Comentarios al Código Penal (tomo II), Barcelona, Bosch, 2007, pp. 1269-1415 (p. 1293). Es en 1989 cuando los delitos de violación y las agresiones sexuales pasan a englobarse bajo la rúbrica «delitos contra la libertad sexual». ↩
  31. María Verónica Caruso Fontán,op. cit., pp. 25 y 39. Para la evolución de la jurisprudencia estadounidense en este punto, véase Jed Rubenfeld,art. cit., p. 1389, nota 80, y Andrea Dworkin, op. cit., pp. 165-167. ↩
  32. Alejandro Groizard y Gómez de la Serna,El Código Penal de 1870 concordado y comentado, Salamanca, 1893, p. 85 (tomo la cita de María Verónica Caruso Fontán,op. cit., p. 44, nota 67). ↩
  33. José Jiménez Villarejo,op. cit., p. 1272. Véase igualmente Rosario Vicente Martínez en Varios autores,Comentarios al Código Penal, Madrid, Iustel, 2007, p. 429; María Luisa Cuerda Arnau, «Los delitos contra la libertad sexual de la mujer como tipos de violencia de género. Consideraciones críticas», Revista General de Derecho Penal, vol. 13 (2010), p. 17; Manuel Cancio Meliá en Fernando Molina (dir.), Memento Práctico Penal, Madrid, Francis Lefebvre, 4ª ed., 2016, p. 9216. En España, el debate doctrinal y jurisprudencial, una vez superada la tesis de que la mujer debía desplegar una resistencia heroica para poder apreciarse el delito de violación, se centra en la delimitación de lo que constituya intimidación (a este respecto, véase Octavio García Pérez, «La regulación del derecho penal sexual en España», en Luis Reyna Alfaro (dir.), Los delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Enfoque dogmático y jurisprudencial, Lima, Jurista, 2005, pp. 229-321 [p. 247]). Para Caruso, se intimida cuando se da una «manipulación motivacional», lo cual la acerca mucho a la figura de la violación por fraude o engaño que veremos más adelante (op. cit., p. 140). ↩
  34. La muy desafortunada redacción del segundo inciso del artículo 188.1. del Código Penal dada en 2003 («En la misma pena incurrirá el que se lucre explotando la prostitución de otra persona,aun con el consentimiento de la misma») permitió hasta muy recientemente esa lectura que hace de toda forma de prostitución una explotación tipificada. Así lo entendió la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 27 de mayo de 2014 en el conocido como caso Saratoga posteriormente casada por el Tribunal Supremo en sentencia de 23 de septiembre de 2015.↩
  35. Art. cit., p. 95.↩
  36. Tom Dougherty,«Sex, Lies and Consent»(pp. 724-728) y Rubenfeld, art. cit., pp. 1402-1403. Joyce Short es, tal vez, la más conocida abanderada de la causa en pro de tipificar como violación el «sexo obtenido por fraude». ↩
  37. Un caso prototípico de consentimiento sexual fraudulento que conduce a los jueces a considerar que se trata de una violación es la penetración que un médico realiza a una mujer con la fraudulenta justificación de tratarse de un procedimiento clínico; para un relato de esos casos en la jurisprudencia de los países anglosajones véase Jed Rubenfeld,art. cit., p. 1397. En la jurisprudencia española, véase el supuesto de la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio de 2014, que condena a un ginecólogo por delito de abusos sexuales al haber realizado a un gran número de pacientes tocamientos masturbatorios sin afán ni indicación clínica alguna.↩
  38. Art. cit., pp. 719, 732 y 736-737.↩
  39. Art. cit., p. 1416. En una línea parecida, véase Sarah Conly, «Rape and Coercion»,Ethics, vol. 115, núm. 1 (2004), pp. 96-121 (p. 113) y Jeffrie G. Murphy, op. cit., p. 218. ↩
  40. Véase Sarah Conly,art. cit., p. 110. Pero no, no nos confundamos ni equivoquemos la tesis de Dougherty: no se trata de condenar toda seducción, sino a aquellos seductores que culminan su conquista –la relación sexual− sin haber revelado a su pareja la información ocultada o manipulada que hizo posible el enamoramiento. Hasta tanto eso no ocurra, Dougherty advierte que habrá que guardar abstinencia sexual, pues de otra forma el consentimiento para la interacción sexual no será moralmente válido (art. cit., p. 740).↩
  41. Esta concepción «clínica» es la que hoy gobierna muchos códigos de conducta en los campus norteamericanos bajo el estandarte del «no is no». Para una crítica de los mismos, véase Jed Rubenfeld,«Mishandling Rape».↩
  42. El delito de abusos sexuales del artículo 181 del Código Penal comprendería esos casos, bien por no mediar consentimiento, bien porque se ha obtenido por «prevalimiento de la situación de superioridad manifiesta en que se halla el autor»; véase Rosario Vicente Martínez,op. cit., p. 438↩
  43. Jed Rubenfeld,art. cit., p. 1395. Una de las consecuencias más abracadabrantes de considerar que el engaño es una forma de vulneración de la autonomía sexual –sea en la forma de violación o de abuso sexual, tal y como recoge el Código Penal en España (artículo 181)− es que un menor que mintiera sobre su edad para, de esa forma, poder tener relaciones sexuales con un adulto, sería a la vez víctima y autor del mismo delito (p. 1414). También concurriría esa doble condición cuando alguien es inducido a creer (falsamente) que la otra persona quiere vivir la fantasía de ser violada, como ocurrió dramáticamente en el caso del exmarine Jebidiah James Stipe; véase Jed Rubenfeld,art. cit., pp. 1414-1415. ↩
  44. Jed Rubenfeld,art. cit., p.1417. Puede también, por supuesto, haber otras razones para no extender la criminalización, razones que pueden tener que ver con las dificultades probatorias y con el engorroso proceso de judicialización que podría enturbiar la relación afectivo-sexual entre los individuos engañados o defraudados. Pero estas serían razones instrumentales, no basadas en principios.↩
  45. Immanuel Kant,Lecciones de ética, trad. de Concha Roldán Panadero y Roberto Rodríguez Aramayo, Barcelona, Crítica, 1988, pp. 204-205. Como en otros ámbitos –por ejemplo, la extracción de un diente−, Kant parece exagerar al sostener que esa disposición de una parte del cuerpo equivale a la disposición del todo o la persona en sí. Kant sostiene que la única manera de satisfacer moralmente la inclinación sexual es mediante el contrato matrimonial, pues sólo así se adquiere el derecho mutuo de disponer íntegramente de la otra persona y no sólo el sexo, disociación que es, a juicio de Kant, degradante (p. 207).↩
  46. Jed Rubenfeld,art. cit., pp. 1423-1427.↩
  47. Ibídem, pp. 1432-1436.↩
  48. Beatriz Gimeno,op. cit., pp. 211-212. La prostitución, dice Gimeno, «no es sexualidad femenina».↩
  49. Martha Nussbaum,Sex and Social Justice, Oxford, Oxford University Press, 1999, p. 285.↩
  50. Beatriz Gimeno,op. cit., p. 227.↩
  51. Ibídem, pp. 227-228 y 252.↩
  52. Martha Nussbaum,op. cit., pp. 284-285.↩
  53. Y, obvio es decirlo, dependiendo de los términos concretos de la regulación, puede contribuir al indeseable fenómeno de la trata o, por el contrario, frenarlo. Véanse al respecto las no muy prometedoras experiencias en Holanda y Alemania, de acuerdo con el relato hecho en el informe citado del Parlamento Europeo.↩
  54. Es la lectura feminista que hace Martha Nussbaum,op. cit., p. 287.↩
  55. Una versión distinta de este trabajo apareció publicada en la revistaJueces para la Democracia.↩

 

Intervención de Marijose B. Márquez (Colectivo de Prostitutas de Sevilla) en “Derechos y autoorganización de las Trabajadoras Sexuales”

 

 

 

Intervención de Marijose B. Márquez (Colectivo de Prostitutas de Sevilla) en la charla titulada “Derechos y autoorganización de las Trabajadoras Sexuales”, celebrada en el Centro de Historias de Zaragoza el día 12 de diciembre de 2018. Participaron asimismo las trabajadoras sexuales Verónika Arauzo (USTS-IAC) y Conxa Borrell (OTRAS), actuando como moderadora la periodista Rocío Durán.

 

 

Puede verse la charla completa aquí:

 

Hasta el coño

 

Por Beatriz Talegón

29 de noviembre de 2018

http://diario16.com/hasta-el-cono/

 

Siempre me ha sorprendido esa actitud paternalista de algunas mujeres que, abanderando el feminismo, se dedican a señalar lo que está bien y lo que está mal, lo que otras mujeres pueden y no pueden hacer. Esas, sobre todo, que se comportan como altavoces de todas, criminalizando a quienes, también siendo mujeres, piensan y sienten de una manera, digamos “diferente”.

Hace ya casi veinte años que comencé a participar en conferencias políticas, en debates, sobre la prostitución. Era el momento en que el Partido Socialista gobernaba, en la “era Zapatero” y en las Juventudes Socialistas se nos planteó el debate: “Prostitución: regulación o abolición”. Recuerdo perfectamente cómo trabajamos en aquel momento los debates. Yo estaba en la sección europea y allí estuvimos haciendo una labor de equipo, investigando y debatiendo entre nosotros para llegar a una postura que después sería trasladad en la reunión de Madrid, junto a compañeras de todos los territorios.

En principio la postura del partido era defender la abolición de la prostitución. Y los primeros pasos se dieron en en sentido de prohibir los anuncios de servicios sexuales en los periódicos, con Bibiana Aido al frente del recién creado “ministerio de igualdad”.

En aquel debate que duró un fin de semana entero estuvimos largas horas argumentando, a favor y en contra de la regulación. Y finalmente, a través de votación, las juventudes socialistas defendieron la regulación. Sin embargo no quedó así plasmado del todo en las resoluciones que después fueron presentadas y aún recuerdo las discusiones fuertes ante el intento de trampear lo que en asamblea se había defendido desde un debate sosegado y bien estructurado. Hicimos valer que lo que habíamos decidido no era lo que aparecía finalmente en la resolución. Y creo recordar que la manera de “solucionar” aquello fue, más o menos la de siempre: correr un tupido velo y hacer como que no había pasado nada. Y cuando digo nada, me refiero a que el tema quedó aparcado y no se quiso mover más porque la posición que habíamos defendido desde las Juventudes no era la que al partido le habría gustado defender. Así que, bajo ese manto del “jóvenes inexpertos” se dio carpetazo a la cuestión.

Sin embargo hace poco han sido precisamente las juventudes socialistas las que han vuelto de nuevo a defender los derechos de las mujeres libres. Esta vez, con la gestación subrogada. Y aprobaron una resolución en este sentido. Más o menos pasó lo mismo, y es que esa resolución junto a la de la república, no consiguieron prosperar porque el partido “de los mayores” no ha querido responder al posicionamiento claro y transparente de sus jóvenes. Otro carpetazo.

Pues bien, he estado años escuchando a feministas de referencia. A personas como Lidia Falcón, que además de tener mi respeto y reconocimiento, han formado parte de mi círculo personal durante mucho tiempo. Como Mabel Lozano, amiga y profesional que está dedicando su extraordinaria carrera de directora para visualizar los problemas que afectan a las mujeres. Entre ellos: la explotación y la trata de mujeres. Y siempre las he escuchado con atención, he tomado notas. He leído. He estado en muchas reuniones en las que he escuchado los argumentos de las abolicionistas.

Y ellas siempre me han dicho que no perseguían el derecho de mujeres libres a prostituirse. Pero que entendían que no podía blanquearse una profesión que ninguna mujer realmente querría ejercer (o que si hay alguna que lo hace libre y convencida, son las menos). Y así he pasado años sin atreverme a opinar abiertamente porque me faltaban todavía más datos.

¿Querrías que tu hija fuera puta? Te preguntan siempre. Y no creo que esa sea la manera más adecuada de plantear una cuestión como esta. Porque el hecho de que yo no quisiera prostituirme o no quisiera que mi hija lo hiciera no significa que por ello, por una cuestión en la que evidentemente mi cultura y mi moral me predisponen, yo pueda juzgar a alguien que sí decida hacerlo. Libremente, por supuesto.

Y cuando hablo de libertad en el ejercicio de la prostitución hablo precisamente de eso: de prostitución. Lo otro, eso que supone la explotación de otra persona para obligarle a prostituirse ya no es de lo que estamos hablando. Porque eso está penado y es delito. Y me parece necesario que así sea.

Precisamente una de las dificultades que siempre he encontrado al abordar esta cuestión es que se confunden los términos: la prostitución y la explotación sexual. Cuando planteas esta disyuntiva, siempre te comentan que en realidad, las mujeres que ejercen libremente la prostitución son muy pocas. Prácticamente inexistentes. Y que a día de hoy, ofrecen sus servicios como “masajistas”, “fotógrafas” o vaya usted a saber. Pero que están dentro de un sistema de cotización, enmascarado, pero están. Y a mi no termina de quedarme claro.

Recuerdo además que Lucía Etxebarría me comentaba que si se regulaban las putas, ¿qué pasaría? ¿Darían una factura a sus clientes? ¿Tendrían que tomar los datos de los usuarios de sus servicios para poder hacerlo de manera legal? Y reconozco que no tengo respuesta todavía para ello. Por eso digo que es un tema que merece pensar mucho, y sobre todo, no caer en superficialidades.

La prostitución no puede ser un trabajo

Así argumentan muchas personas que defienden el abolicionismo. Porque consideran que por dinero no todo se puede permitir. Que este sistema no puede comerciar con el sexo porque esto es algo que degrada a las mujeres.

Personalmente me parece que este argumento es igualmente aplicable para cualquier otro trabajo. Precisamente la diferencia entre un trabajo y una afición es hacerlo por dinero, o sea, con unas obligaciones que, de no ser retribuidas no se asumirían. Y así nos pasa a todos los trabajadores: hemos de cumplir con nuestros contratos para poder percibir un salario que nos permita vivir. Y cuando el sistema capitalista es el que impera, abrir el debate sobre trabajos dignos e indignos en base a percepciones éticas o morales me parece interesante pero también ciertamente falaz.

¿Follar por dinero es indigno? Pues depende de para quién y de cómo se perciba la sexualidad. Y en esto, la percepción que tenemos viene fundamentalmente marcada por condicionantes sociales, culturales, religiosos y morales. Parece que follar ha de ser un acto de libertad, porque de lo contrario, la sociedad mayoritaria considera que es algo reprobable. Y no estoy de acuerdo.

Juzgar por estas cuestiones a personas que quieren ejercer la prostitución de manera libre y regulada me parece un despropósito. ¿Quién soy yo para juzgar lo que otra persona libremente quiera hacer, sin causar daño a nadie?

Las putas no pueden sindicarse 

Recientemente se ha conocido la noticia de que, durante el verano, se inscribió en el registro de sindicatos el que representa a las trabajadoras del sexo. Se vendió como un gol a la ministra Valerio, que tuvo lugar durante el verano y recién estranada su responsabilidad frente al Ministerio. Y ha sido la Audiencia Nacional la vía para invalidar la inscripción de este sindicato como tal.

Más allá de argumentos burocráticos, la razón de fondo es sencillamente que las putas no pueden sindicarse porque el trabajo sexual viene a ser algo indigno. Como si prohibir la sindicación de estas trabajadoras consiguiera terminar con la existencia de las putas. Como si no fueran ciertos los datos que ahora expondremos. Parece ser que según el gobierno y las posturas abolicionistas, regular la prostitución supondría blanquear todo lo que se mueve alrededor de ella: la explotación. Y en mi opinión precisamente la explotación tendrá más posibilidades de seguir perpetuándose en la medida en que no se regule el trabajo sexual y puedan promoverse controles y garantías, tanto para las prostitutas como para sus usuarios.

La prostitución en datos

La realidad nos cuenta que la prostitución existe. Que además de ser “la profesión más antigua del mundo”, sigue teniendo demanda. Y no asumir la necesidad de regularla, es sencillamente el caldo de cultivo para la explotación y la generación de miles de millones que se mueven de manera ilegal en nuestro país.

Concretamente son 10 millones de euros al día los que mueve la prostitución en España. Supone más de 3.500 millones de euros al año. Un 0,35% del PIB (equiparable a la industria del calzado o a lo que aporta a las arcas públicas la recaudación de una ciudad como Málaga).

En la Colonia Marconi, en Mardid, son unas cuatrocientas mujeres ejerciendo en plena calle. En el barrio del Raval, en Barcelona, trabaja más de la mitad de las más de 500 mujeres que ejercen la prostitución en la Ciudad Condal.

En España existen 1.600 locales de alterne. Y el 66% de las prostitutas trabajan en ellos.

Según datos publicados por El País, se calcula que en españa hay unas 10.000 prostitutas. El doble que fisioterapeutas colegidas. El triple que dentistas. Y según estos mismos datos que aportaba el diario, un tercio de ellas provienen de la explotación sexual y de la trata.

Todos estos datos demuestran que hay alguien que consume sexo y paga por ello. Concretamente, las cifras se encuentran en el 40% de españoles que han pagado alguna vez por tener sexo con una prostituta. La media es gastarse 127 euros al mes en prostitución, lo que viene suponiendo unos 1530 euros al año.

La criminalización de las mujeres, una constante

Y como suele pasar, son siempre las mujeres las que terminan pagando los platos rotos. Las putas, las gestantes por subrogación, como en su día se señaló a las abortistas.

Y por desgracia los ataques más duros vienen de otras mujeres. Esas que de manera paternalista se preocupan por hablar en nombre de aquellas que además, suelen estar ya estigmatizadas y no encuentran la manera de poder expresar lo que piensan y lo que quieren. Suelen ser aquellas líderes de opinión, políticas y representantes de partidos que normalmente carecen de debate sobre estos temas, las que consideran que las putas no son libres de decidir, que se ven obligadas a practicar “semejante” labor, y que en realidad, deberíamos liberarlas en lugar de facilitarles las cosas. Porque han de dedicarse a otra cosa, y para ello, regular la prostitución solamente las condenaría más.

En mi opinión, regular la prostitución es sencillamente algo que están exigiendo las propias prostitutas. Y por desgracia prácticamente nadie quiere escucharlas. Una actitud paternalista, repito, irrespetuosa y cínica que pretende pasar por alto la realidad existente y la necesidad de darle una respuesta real a las demandas de personas que también forman parte de nuestra sociedad. ¡Pregúntenle a ese 40% de hombres que utilizan sus servicios, si las putas están presentes en la sociedad!

Sin embargo, a pesar de las noticias que conocemos, esas que nos dicen que algunos políticos y policías se han estado dedicando a “celebrar con volquetes de putas y coca” pagando con dinero público sus fiestas, la realidad es que son después quienes dan discursos contra los derechos de las prostitutas, porque hay que dar la imagen de que esa realidad nada tiene que ver con ellos.

Como mujer, adulta y libre, defenderé siempre la libertad de todas las mujeres. El respeto a que cada una pueda elegir y actuar en consecuencia. Y desde luego, lucharé para que exista libertad y cada cual pueda asumir sus propias decisiones valorando y sopesando todos los puntos de vista a tener en cuenta. Ante un aborto, ante la gestación subrogada, ante la propia prostitución. Porque nada me duele más que ver que desde la propia trinchera algunas se sienten más dignas y pretenden juzgar a las demás, señalándolas con el dedo y considerando que son menos inteligentes, menos libres, o menos listas que cualquiera por tomar la decisión que libremente deseen tomar.

No pretendo que nadie se prostituya si no lo desea. Ni que nadie geste al hijo de otra mujer si no lo desea. Ni que nadie aborte si no lo desea. A veces parece que quienes defendemos la regulación es que queremos obligar a todo el mundo a prostituirse, abortar o gestar. Y no. Sencillamente defendemos que quien quiera hacerlo pueda, en libertad, con protección legal y sin correr riesgos innecesarios.

En definitiva, por decirlo claro: estoy hasta el coño de esas supermujeres que se arrogan el discurso de todas, silenciando y criminalizando a quienes también tienen coño y tienen el derecho a hacer con él lo que consideren, de manera libre y responsable.

 

El respeto a otras

 

El discurso neoabolicionista sobre la prostitución pretende “abolir” el comercio sexual sin escuchar la voz de las trabajadoras

 

Por MARTA LAMAS

2 de noviembre de 2018

https://elpais.com/elpais/2018/11/01/opinion/1541092599_253158.html?id_externo_rsoc=TW_CC

 

El debate en torno al registro de la organización de trabajadoras sexuales Otras vuelve a poner en el centro de la discusión política un tema que tiene dividido al movimiento feminista. Resulta complicado hablar en abstracto del comercio sexual, sin ubicarlo en el contexto concreto en que ocurren los intercambios sexomercantiles. Los argumentos de las feministas en contra de la prostitución califican todos los intercambios sexuales pagados como denigrantes para las mujeres, y sostienen que implican tanto una dañina mercantilización como una enajenación de su sexualidad. Son de la opinión de que la transacción mercantil convierte a las mujeres en objetos que los hombres controlan y usan a su antojo y que son despojadas de su dignidad.

La filósofa Martha Nussbaum cuestiona estas ideas, y plantea que hay que hacer una revisión de nuestras creencias y prácticas en relación a tomar dinero por el uso del cuerpo. Ella señala que: “Todas las personas, excepto las que son ricas de manera independiente y las desempleadas, recibimos dinero por el uso de nuestro cuerpo. Profesores, obreros, abogados, cantantes de ópera, prostitutas, médicos, legisladores, todos hacemos cosas con partes de nuestro cuerpo y recibimos a cambio un salario. Algunas personas reciben un buen salario, y otras no: algunas tienen cierto grado de control sobre sus condiciones laborales, otras muy poco control; algunas tienen muchas opciones de empleo, y otras tienen muy pocas. Y unas son socialmente estigmatizadas y otras no lo son”. Según ella, no debería preocuparnos el que una mujer con opciones laborales elija la prostitución; lo verdaderamente preocupante es que las mujeres pobres (o las sin papeles, diría yo) no tengan más opción que esa para conseguir un ingreso suficiente.

Por eso para Nussbaum el punto candente es el de las oportunidades laborales de las mujeres de escasos recursos y el control que pueden tener sobre sus condiciones de empleo. Comparto con ella su convicción de que la lucha de las feministas debería promover la expansión de las opciones laborales, a través de la educación, la capacitación en habilidades y la creación de empleos, en lugar de intentar prohibir su práctica. Es central el cómo expandir las opciones y oportunidades que tienen las trabajadoras sexuales y cómo garantizar que todas tengan derechos laborales y sean tratadas con respeto. Ese es un objetivo del sindicato Otras.

Vale la pena explorar hasta qué punto la concepción puritana sobre los servicios sexuales deriva de la hegemonía judeocristiana sobre la sexualidad

Gran parte del rechazo surgido en torno al comercio sexual se debe a que confunde la situación de las mujeres obligadas a tener sexo a través de engaños, amenazas y violencia, con la de mujeres que realizan trabajo sexual por la misma razón por la que todas las personas trabajamos: por razones económicas. El discurso neoabolicionista imperante, que pretende “abolir” el comercio sexual por medio de medidas punitivas sin escuchar la voz de las propias trabajadoras, mezcla discursivamente comercio sexual y trata. Indudablemente que existe una urgencia ético-política para erradicar la trata de personas, pero junto a ella también existe la imperiosa necesidad de respetar a las prostitutas que se asumen como trabajadoras.

Me sorprende la forma en que las feministas neoabolicionistas caen en una postura como la que Richard Hare, un filósofo inglés que trabajó sobre las valoraciones morales desde la racionalidad, identificó como fanática. Hare describe al fanatismo como la actitud de quienes persiguen la afirmación de los propios principios morales dejando que éstos prevalezcan sobre los intereses reales de las personas de carne y hueso, indiferentes al daño que sus creencias moralistas ocasionan. Valdría la pena que las neoabolicionistas exploraran hasta dónde esa concepción puritana sobre la venta de servicios sexuales se deriva de la creencia hegemónica judeocristiana sobre la sexualidad.

Reflexionar sobre el efecto que tendría “abolir” el comercio sexual trae a cuento la distinción que Weber estableció entre la persona que actúa en política solo desde sus convicciones o la que lo hace con la responsabilidad de analizar las consecuencias. El neoabolicionismo tiene un impacto negativo en la justicia social, en especial, en cómo estructura las opciones vitales de las personas que se dedican al trabajo sexual.

Sin duda hay muchos tipos de trabajadoras sexuales, y también hay distintas personas y organizaciones que están implicadas en el negocio del comercio sexual. Pero precisamente lo que una organización sindical pretende es fortalecer a las mujeres para que no caigan en manos de las mafias. El trabajo sexual es la ocupación mejor remunerada que consiguen muchísimas personas frente a los brutales cambios económicos que provoca la reestructuración globalizada del capitalismo, que genera precarización laboral, desempleo prolongado y salarios míseros. Más que abolir el comercio sexual, hay que cambiar el sistema socioeconómico.


Marta Lamas es feminista socialista y doctora en Antropología.

 

Recoger un folleto en una feria de novatos no te convertirá en una trabajadora sexual

 

La Universidad de Brighton debe ser aplaudida, no desdeñada, por promover servicios de salud y apoyo para trabajadores sexuales.

 

Por Molly Smith

2 de octubre de 2018

https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/oct/02/brighton-university-freshers-fair-sex-workers-health-support-services?CMP=twt_gu

 

“Si quieres evitar que los estudiantes participen en el trabajo sexual, ¿por qué no tratar de mejorar sus condiciones materiales?” Fotografía: Martin Godwin / Guardian

 

 

La controversia estalló durante el fin de semana cuando la Universidad de Brighton fue acusada en el Sunday Times de “preparar” a las estudiantes para la prostitución. La universidad había permitido que un servicio de salud y apoyo para trabajadoras sexuales dirigiera un puesto en una feria de novatos, decía en un artículo lleno de indignación que observaba que la organización repartía un folleto informando a las trabajadoras sexuales de sus derechos legales, y que el puesto tenía una “rueda de bienestar sexual ”.

El servicio en cuestión ofrece asesoramiento, apoyo y atención médica sin prejuicios a las trabajadoras sexuales en Sussex, junto con apoyo a las mujeres que usan drogas y las mujeres que necesitan ayuda para escapar de la violencia doméstica.

Por permitir la presencia de este servicio en la feria de los novatos, la diputada laborista Sarah Champion escribió que la universidad estaba “en connivencia con el crimen organizado y los abusadores”. La historia es realmente perturbadora, pero no porque las estudiantes estén siendo atraídos al trabajo sexual por un puesto. La historia es perturbadora porque, al alarmarse por algo que debería ser normal, representa un nuevo ataque al acceso de las trabajadoras sexuales a los servicios de salud y apoyo.

Aquí hay algunas verdades obvias. Las estudiantes no practican el trabajo sexual porque pasaron por un puesto en su feria de novatos. Al igual que todas las demás trabajadoras sexuales, se dedican al trabajo sexual como resultado de sus condiciones materiales. Para las estudiantes, eso significa que deben poder pagar las tasas y cubrir el costo de la vivienda y la vida. Si deseas evitar que las estudiantes realicen trabajo sexual, ¿por qué no tratar de mejorar sus condiciones materiales —digamos, haciendo una campaña para reintroducir las subvenciones, el fin de las cuotas o la vivienda gratuita para estudiantes— en lugar de intentar impedirles el acceso a la salud y a servicios de apoyo?

“La diputada laborista Sarah Champion escribió que la universidad estaba” en connivencia con el crimen organizado y los abusadores “.Fotografía: Getty Images

 

Los servicios de salud y apoyo que realizan actividades de divulgación son tan normales como buenos. The Sunday Times se enfurece por lo “divertido” que era el puesto, lo que significa no comprender cómo funciona la divulgación: nadie va a estar recibiendo un apoyo emocional serio y profundo mientras se encuentra en medio de una feria de novatos. En cambio, al hacer que el puesto sea accesible y esté lleno de cosas que las estudiantes en general pueden querer (¡condones gratis! ¡Premios tontos!) resaltas que este servicio existe, y nadie “sale a la luz” como trabajadora sexual por acercarse o por tomar un folleto junto con un paquete de lubricante novedoso. Luego, en el futuro, si una estudiante o una de sus amigas necesita ayuda o atención médica relacionada con el trabajo sexual, recordará la organización y podrá consultarla o pasar el folleto.

El bloqueo del acceso a dichos servicios no impedirá que las estudiantes ingresen al trabajo sexual. Solo garantizará que aquellas que lo hagan lo hagan desde una posición de máxima vulnerabilidad: sin estar segura de cuáles son sus derechos, sin acceso a profesionales de salud especializados o a listas de “malos clientes”. La indignación podría hacer que las universidades tengan miedo de permitir que dichos servicios realicen actividades de divulgación, limitando el números de trabajadoras sexuales estudiantes que al menos se hayan enterado de que ese servicio está disponible para ellas y, en última instancia, amenazan la financiación de este tipo de servicios. Los financiadores privados están notoriamente inquietos y el Servicio Nacional de Salud está sufriendo cortes brutales en los servicios de salud sexual.

Es deprimente incluso tener que argumentar que las trabajadoras sexuales merecen acceso a servicios de salud y apoyo. Esto debería ser algo en lo que tanto las defensoras de los derechos de las trabajadoras sexuales como aquellas feministas que creen en intentar erradicar la industria del sexo a través del derecho penal puedan ponerse de acuerdo; sin embargo, son las feministas contra la prostitución las que han dirigido la acusación en este montaje de indignación. En todo caso, esta controversia revela hasta qué punto el feminismo a favor de la criminalización, como el que defienden las parlamentarias como Champion, tiene un interés nulo en la seguridad o el bienestar de quienes venden sexo. El acceso a la asistencia sanitaria y al apoyo es algo bueno. Sí, incluso para las trabajadoras sexuales. Digamos esto claramente y sin disculpas.

 

  • Molly Smith es trabajadora sexual y activista

¡NO A LA LEY MORDAZA ANDALUZA!

 

¡La prostitución no es delito, amordazar a las trabajadoras sexuales sí!

 

EL DERECHO DE SINDICALIZACIÓN ESTÁ EN GRAVE PELIGRO EN LA EUROPA DE LOS 27

 

Por Secretaria

Publicado 31 agosto, 2018

http://www.aprosex.org/el-derecho-de-sindicalizacion-esta-en-grave-peligro-en-la-europa-de-los-27/

 

 

Esta Unión Europea que ha adoptado como himno la 9ª Sinfonía de Beethoven y se llena la boca con los derechos humanos, se le cae la careta de la alegría con demasiada frecuencia y este es un atropello más de la Europa de las libertades y las constitucionalidades, esas que nuestros políticos no dejan de sacar a relucir para que las respetemos todas, pero que no dudan en pisotear cada vez que les resulta conveniente, o inconveniente.

Esta Europa viola sistemáticamente los derechos humanos de migrantes y refugiadas que huyen de la miseria, el hambre, el terror y la muerte en sus países de origen, como resultado del colonialismo europeo, cuando intentan alcanzar sus costas para salvar la vida.

Ahora, bien no contenta con ello intenta robarse otro trozo de libertad fundamental, esta vez, en detrimento del futuro de sus propias ciudadanas.

Hoy somos las trabajadoras sexuales las que estamos viendo pisoteados nuestros derechos de la mano del Gobierno Socialista de Pedro Sánchez Castejón, un gobierno que se declara feminista, pero que intenta impedir a toda costa que un grupo de mujeres españolas y migrantes se auto-organice y tenga mejores herramientas legales para luchar contra las condiciones abusivas de los empresarios.

Empresarios que bajo licencia de funcionamiento expedida por el Reino de España se llevan una buena tajada de lo que producimos a cambio de ninguna prestación de ley por no estar reconocido como trabajadoras, pero el Reino de España no duda en contabilizar los ingresos derivados de nuestra actividad dentro del PIB, eso parece que no les genera el menor conflicto ético, pero que un grupo de mujeres estigmatizadas e históricamente denostadas intente organizarse de manera autónoma, eso sí parece que les genera un conflicto grave.

Hoy somos nosotras, las putas, las OTRAS, las que nadie quiere ver en sus calles porque afeamos el vecindario, a las que nadie escuchar aunque llevemos más de 50 años reivindicándonos en las calles, como buenas hijas de nuestra puta madre, Grisélidis Real. Esas que siempre somos el origen de todos los males desde tiempos inmemoriales. Somos esas que aún no nos recuperamos de la pérdida de nuestra compañera Vanesa Campos en París asesinada como resultado de la política de la República Francesa.

Pero mañana será otro colectivo que a esta Europa tan ilustrada le resulte incómodo en algún momento dado y no dudará en machacarlo hasta conseguir su objetivo, no es la primera vez que sucede aquí, sólo que antes teníamos a las Valkirias de fondo en lugar de Beethoven, era menos “friendly”.

Con la impugnación que impulsará el Gobierno Socialista OBRERO Español, abrirá un peligroso precedente, de aquí en adelante cualquier gobierno, bajo cualquier pretexto podrá invalidar cualquier sindicato que le parezca inadecuado mediante decreto ley, aunque éste haya sido aprobado por el Ministerio de Trabajo Español pues cumple con todos los requerimientos legales.

No solo peligra la libertad sindical, si no todas, podríamos perder el derecho de libre reunión, de libertad de circulación, de expresión de manera progresiva.

¿Quiénes de ustedes serán las siguientes en ver reducidas sus libertades más fundamentales? Esta no es una lucha sólo de las putas, es de toda la clase obrera. Hoy somos nosotras bajo el pretexto de la trata y mañana, el siguiente grupo que resulte “inadecuado”. La socialdemocracia abrió la veda.

 

¡POR QUE NUESTRO DERECHO DE SINDICALIZACION NO SE NIEGA, LUCHAREMOS!

 

¡TRABAJO SEXUAL ES TRABAJO!

 

 

Sindicato OTRAS

 

APROSEX

Desmontando el Abolicionismo: El Mito del 80%

 

Por Raj Redlich

Publicado el 16 de agosto de 2018

 

 

1:24 Disclaimer
4:15 Los Mitos del 80%
31:03 El Origen del Mito

Los Héroes del 80%:
5:18 Mabel Lozano
8:32 Mediaset
12:14 José Nieto
17:10 Pérez Oliva
17:40 Instituto Andaluz de la Mujer
21:25 Cristina Simó
23:54 Anesvad
24:41 Apramp
25:50 Nueva Vida
26:28 Observatorio Cívico Independiente
28:06 Odette Terol
28:57 Grande Marlaska
29:40 Lidia Falcón

(Ekberg 2018) https://drive.google.com/file/d/1RowY…
(UNODC 2010) https://drive.google.com/file/d/1oDeF…
(European Parliament 2005) https://drive.google.com/file/d/1LyV5…
(Cortes Generales 2007) https://drive.google.com/file/d/1mDUQ…
(Ministerio de Sanidad 2015) https://drive.google.com/file/d/1ttfq…
(CITCO 2016) https://drive.google.com/file/d/1S5HX…
(Rössler 2010) https://drive.google.com/file/d/17egt…
(Save the Children 2016) https://drive.google.com/file/d/13353…
(Ovservatorio Cívico Independiente 2009) https://drive.google.com/file/d/1orTL…
(Farley 2000) https://drive.google.com/file/d/1i3HS…
(Marcus 2016) https://drive.google.com/file/d/17Dy4…