Charlène Calderaro y Calogero Giametta
Resumen
Este artículo se enfoca en los debates políticos que llevaron a la adopción de la prohibición de compra de sexo (comúnmente conocida como el modelo sueco o nórdico) en Francia en abril de 2016. Examina la convergencia de las feministas francesas y los actores neoabolicionistas tradicionales en la lucha contra la prostitución y su impacto en los derechos y el bienestar de las trabajadoras sexuales. Argumentamos que existe una continuidad entre los efectos producidos por la prohibición de solicitar promulgada en 2003 y los creados por la ley que penaliza a los clientes en 2016. Al discutir la represión actual del trabajo sexual en Francia, destacamos cómo la construcción del “problema’ de la prostitución” debe verse a la luz de preocupaciones políticas más amplias sobre el sexismo en los barrios pobres y el control de la inmigración, que justifican las prioridades nacionales de seguridad y orden público.
Palabras clave: trabajo sexual, migración, modelo sueco, Francia, derechos de las mujeres, orden público.
Cite, por favor, este artículo como: C Calderaro and C Giametta, ‘“The Problem of Prostitution”: Repressive policies in the name of migration control, public order, and women’s rights in France’, Anti-Trafficking Review, issue 12, 2019, pp. 155-171,www.antitraffickingreview.org.
Contextualizando el «problema de la prostitución» en Francia
Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Francia ha participado en la lucha contra la trata de personas y la prostitución, especialmente tras la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas para la represión de la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena en 1960. En Francia, como en muchos otros países, los debates políticos y las normativas han fusionado sistemáticamente la trata de personas con la prostitución. [1] Con el fortalecimiento de las fronteras de Europa en la década de 1990, los migrantes se han visto obligados a recurrir a terceros para acceder al área de Schengen. [2] Durante este tiempo, las trabajadoras sexuales migrantes se hicieron mucho más visibles en ciudades francesas, pueblos y aldeas más pequeñas, siendo sometidas a un mayor control estatal [3]. En este sentido, era de esperar una atención política renovada al «problema de la prostitución» [4]. Como señala Lilian Mathieu, el momento en que la clase política francesa consideraba que tratar de la prostitución era «indigno» de las preocupaciones de la Asamblea Nacional había terminado. [5] En las últimas dos décadas, de hecho, ha habido un aumento constante en el número de informes parlamentarios, iniciativas legislativas y debates públicos sobre el tema.
La cuestión de cómo lidiar con la prostitución surgió en el ámbito político nacional en 2003 a través de la implementación de una ley sobre seguridad doméstica, Loi pour la sécurité intérieure (LSI), presentada por Nicolas Sarkozy, el entonces Ministro del Interior. Esta ley se incluyó en una serie más amplia de medidas relacionadas con el orden público y la seguridad y se dirigió directamente a las trabajadoras sexuales. Amplió la tipificación de solicitar de falta (contravention) a delito (délit); también amplió los actos que estarían sujetos a sanciones de «solicitud activa» para incluir «solicitud pasiva». Como resultado de estos cambios, se introdujo un nuevo artículo en el Código Penal (art. 225-10-1). Cabe destacar que el delito de solicitud había sido eliminado previamente del Código Penal en 1994.
La cuestión de cómo lidiar con la prostitución volvió a surgir en 2011 cuando dos parlamentarios —Danielle Bousquet y Guy Geoffroy— realizaron un informe detallado sobre la prostitución en Francia y lo presentaron a la Asamblea Nacional para su debate parlamentario. Este informe se basó en una postura represiva sobre el trabajo sexual [6] que articuló la «lucha contra el sistema de prostitución» como una cuestión de derechos de las mujeres. Lo que distinguió el informe Bousquet-Geoffroy de los informes anteriores fue su enfoque en los derechos de las mujeres, en el sentido de que los autores sugirieron que las trabajadoras sexuales no deberían ser penalizadas, sino que la responsabilidad debería recaer en los clientes, ya que deberían responder por el hecho de que su demanda de servicios sexuales pagados fomentaba la explotación y la trata. En todo el espectro político, la gran mayoría de los políticos franceses acogieron con satisfacción la propuesta de crear un delito en el Código Penal que se centrara en las personas que pagaban por los servicios sexuales, lo que finalmente se aprobó en abril de 2016 (ley n ° 2016-444). Aunque uno de los objetivos declarados de la ley era brindar a las mujeres la oportunidad de dejar el trabajo sexual, una investigación reciente muestra que la penalización de los clientes ha sido aún más perjudicial para las trabajadoras sexuales que las medidas anteriores contra la solicitud, [7] que ya habían resultado en el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de las trabajadoras sexuales [8].
Este artículo pretende arrojar luz sobre el desarrollo particular de las leyes represivas sobre el trabajo sexual en Francia. Si bien destaca las especificidades del contexto francés, argumenta que la construcción de la prostitución como un problema social debe verse a la luz de las inquietudes políticas más amplias sobre el sexismo en los barrios pobres (quartiers populaires) y el control de la inmigración. El análisis se basa en dos conjuntos de datos principales: la investigación en curso sobre las intervenciones humanitarias dirigidas a las trabajadoras sexuales migrantes (Giametta) y las entrevistas con las feministas institucionales de la corriente dominante y otros grupos neoabolicionistas [9] (Calderaro) que apoyaron las leyes represivas de prostitución en Francia. La primera información surgió del proyecto de investigación Sexual Humanitarianism (2016-2020), que explora la relación entre la migración, el trabajo sexual y la trata en la industria sexual mundial. [10] Centrándose en la ley y los debates políticos actuales, Giametta ofrece un análisis de los discursos humanitarios y las prácticas de seguridad dirigidas a las trabajadoras sexuales en Francia. Este análisis se ve respaldado por los datos etnográficos que surgen de las entrevistas con 25 trabajadoras sexuales migrantes (trans, cis, mujeres y hombres) y diez informantes clave, como trabajadores de la salud comunitaria, trabajadores sociales y abogados de inmigración en París y Marsella que se realizaron entre enero de 2016 y marzo de 2018. Este último surge del trabajo de campo que Calderaro realizó para una tesis de maestría sobre las políticas represivas de trabajo sexual en Francia. En el invierno de 2018, realizó 15 entrevistas con el objetivo de comprender el papel de los diferentes actores involucrados en la redacción de la ley de 2016. Se entrevistaron cuatro categorías diferentes de actores: dos parlamentarios clave a cargo del desarrollo de la ley y miembros del comité especial de la Asamblea Nacional; miembros de instituciones públicas, como la oficina para la igualdad de género en el Ayuntamiento de París, el organismo de vigilancia parisino sobre la violencia contra las mujeres (Observatoire Parisien des Violences faites aux Femmes), y dos oficinas para la igualdad de género en Saint-Denis y Bagnolet en el Sena – Área de Saint-Denis; activistas neoabolicionistas, incluidos dos miembros del Mouvement du Nid y el presidente de la Fondation Scelles; y trabajadoras sexuales, activistas y personal de organizaciones comunitarias de salud que defienden los derechos de las trabajadoras sexuales. Se les preguntó a todos sobre su participación en los procesos de consulta y toma de decisiones antes de la promulgación de la ley de 2016.
Política sexual, orden público y seguridad nacional
Aunque el modelo de acabar con la demanda no ha dado los resultados prometidos de eliminar la prostitución y la trata en Suecia, todavía se presenta como la solución a los problemas de la prostitución y la desigualdad de género. La funcionaria electa a cargo de la igualdad de género en el ayuntamiento de París (Mairie de Paris), Hélène Bidard, nos dijo que: «en retrospectiva, su éxito realmente tuvo que ver con las organizaciones que subrayan el vínculo entre la violencia contra las mujeres y la prostitución». Según el paradigma neoabolicionista, las trabajadoras sexuales ya no son delincuentes, sino víctimas. En el contexto sueco, la ley se promovió como parte de un conjunto más amplio de leyes llamadas Kvinnofrid, o Ley de Violencia contra las Mujeres (Kvinnofrid se traduce como «paz o serenidad para las mujeres»). [11]
Siguiendo la dimensión de género del debate sobre la prostitución que emana de las instituciones suecas, el antropólogo Don Kulick examinó cómo el discurso de la sexualidad, o cómo se trata la sexualidad en la vida privada, nos dice algo sobre los valores de la sociedad en general. En el referéndum de la UE de 1994, Suecia votó para unirse a la Unión Europea por un margen estrecho, ya que circulaban temores en el país de que, al acceder a la UE, el país “se vería inundado por decenas de miles de prostitutas extranjeras que clamaban a las puertas, y se vería infectado por una visión liberal de la prostitución que, según se decía, se estaba extendiendo por toda Europa». [12] Desde entonces, los parlamentarios suecos en Bruselas han hecho actividad de lobby a favor de lo que se conoció como el «modelo sueco» para la abolición de la prostitución, con el objetivo de exportar la imagen distintiva de Suecia como paraíso de igualdad de género a otros estados miembros. Hoy, a nivel de la UE, vale la pena mencionar los vínculos fortalecidos que han surgido entre las feministas de la corriente dominante suecas y francesas como resultado de las actividades del Lobby de Mujeres Europeas. [13] Sin embargo, para entender el camino particular de Francia hacia la adopción del enfoque de acabar con la demanda, debemos analizar otros factores que van más allá de las preocupaciones morales de los políticos sobre la desigualdad de género y la trata.
Sexualidad, valores nacionales y cuestiones raciales.
A principios de la década de 2000, hubo un cambio en la forma en que se discutió el género y la sexualidad en la esfera política francesa, ya que comenzaron a vincularse explícitamente con las cuestiones raciales [14]. En ese momento, los medios de comunicación centraron su atención en los actos de violencia sexual en los banlieues (suburbios) parisinos cometidos por hombres jóvenes de origen norteafricano [15]: la cantidad de artículos periodísticos sobre este tema se multiplicó por diez entre 2000 y 2001. [16 ] Esta visión de la violencia sexual como endémica en ciertas áreas geográficas no puede ser entendida, argumenta Myriam Ticktin, sin considerar los debates sobre inmigración y seguridad nacional, y la intensificación de la islamofobia en el país [17].
Dos discursos notables coexistieron en Francia a principios de la década de 2000. El primero se centró en la lucha contra el sexismo a través del racismo, movilizando «el archivo colonial que codifica la raza / clase a través de la sexualidad» [18] (es decir, el Otro migrante o racial visto como un desviado sexual). El segundo fue el discurso institucionalizado de violencia contra las mujeres que emanaba de las Naciones Unidas desde la década de 1990, que permitió una mayor visibilidad de las cuestiones relacionadas con el género y la violencia sexual (es decir, mutilación genital femenina, violencia doméstica, sati, asesinatos de honor, etc.). En ese momento, las prohibiciones de la solicitud pasiva y el hijab, así como el enfoque en la violencia sexual en los banlieues, “cobraron importancia en un discurso sobre la protección de las mujeres contra la violencia y la opresión; se mantenga o no actualmente esta retórica en la práctica”. [19] La economía moral que está detrás de los debates y la implementación de las leyes que controlan la sexualidad creó un pánico que se centró en los migrantes y los no migrantes racializados que viven en Francia.
Este contexto creó una animosidad y división significativas entre las feministas en Francia [20] y dio lugar a la consolidación de lo que la socióloga estadounidense Elisabeth Bernstein ha denominado «feminismo carcelario», un tipo de feminismo que se basa en gran medida en las formas estatales de poder, como la policía e instituciones legales, para combatir el patriarcado. [21] La convergencia de un cierto tipo de feminismo hegemónico con el Estado y sus políticas contra la inmigración ha creado una política contra la trata en Francia que puede denominarse «femonacionalista». [22] Este término, acuñado por Sara Farris, señala cómo prominentes feministas y mujeres burócratas —Farris las denomina «femócratas»— han promovido leyes y actitudes que estigmatizan a la población musulmana en Francia, fortaleciendo así las posiciones anti-Islam en nombre de los derechos de las mujeres.
Desde el punto de vista femonacionalista, el problema de la misoginia y la dominación patriarcal está muy a menudo relegado a áreas específicas (pobres) en ciudades francesas donde viven muchas personas racializadas. En los debates recientes sobre la prohibición del trabajo sexual, los clientes pobres y de clase trabajadora de las trabajadoras sexuales son patologizados como sujetos sexuales «malos» que no tienen lugar en el espacio civilizado de la República: éste es el argumento moral con respecto a ideales de ciudadanía francesa. Al mismo tiempo, los clientes suelen ser racializados como sujetos sexuales «regresivos» que no saben cómo tratar a una mujer con respeto y que son muy propensos a explotar (a sus) mujeres comprando sexo de ellas, haciendo de proxenetas o sometiéndolas a trata: este es el argumento racista dirigido a minorías y migrantes. En los principales medios de comunicación, las personas que viven en quartiers populaires (barrios de clase trabajadora) son estigmatizadas por sus actitudes sexistas hacia las mujeres y los hombres homosexuales, y se considera que ambos grupos necesitan ayuda. Este tipo de discurso de rescate ha impactado en la forma en que el gobierno ha adoptado simultáneamente políticas represivas para eliminar el velo de las mujeres musulmanas y abolir la prostitución, en nombre de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. En una de nuestras entrevistas, Yves Charpenel del grupo neoabolicionista Fondation Scelles, cuando hablaba de la prostitución en los barrios parisinos más pobres, dijo: «estas mujeres son utilizadas por sus propias comunidades, generalmente éstas son minorías étnicas en los banlieues, a menudo son violadas por pandillas (tournantes), son desclasadas socialmente, se vuelven completamente silenciosas e invisibles, y pueden ser vendidas a las pandillas en los banlieues cercanos” (entrevista, febrero de 2018). La convergencia de las inquietudes políticas sobre el orden público, la seguridad y la libertad de las mujeres ha tenido el efecto de radicalizar la postura de las feministas francesas en general sobre la abolición de la prostitución y, con ello, el fenómeno de la trata. La mayor visibilidad de las migrantes en el sector del trabajo sexual —especialmente en las calles y espacios públicos— ha exacerbado estas preocupaciones.
Control migratorio: orden público y seguridad nacional.
La presencia de trabajadoras sexuales migrantes en toda Francia ha sido vista como una molestia pública. Algunas ciudades, como Lyon, comenzaron a aplicar leyes contra la solicitud en el centro de la ciudad incluso antes de LSI, la ley de seguridad doméstica de 2003. Como en otras partes de Europa, los centros de las ciudades y las áreas gentrificadas tenían que ser «salvaguardadas» y las ordenanzas contra las solicitudes comenzaron a ser promulgadas en todo el país a nivel municipal ya en 2002. [23] El mantenimiento del orden público a través de la penalización de la solicitud se convirtió en una cuestión de seguridad nacional en el marco del entonces ministro del interior Nicolas Sarkozy. Esto ocurrió porque se consideraba que las trabajadoras sexuales migrantes estaban conectadas a redes de trata; encarnaban una forma de criminalidad transnacional enraizada en Francia. Bajo el LSI (y la implementación del Protocolo de Trata de las Naciones Unidas), las trabajadoras sexuales migrantes que fueron detenidas por solicitar tuvieron la oportunidad de acceder a mecanismos contra la trata y recibir permisos de residencia temporales con la condición de que informaran de sus proxenetas y / o tratantes.
El control del número de migrantes es fundamental para la seguridad en Francia. La llamada «crisis de refugiados» de Europa, los ataques terroristas de 2015 en Francia y Bélgica y los dos años de emergencia que siguieron, y la subsiguiente ley antiterrorista implementada en 2017 por el gobierno del presidente Macron, provocaron un aumento en los controles de identidad , redadas y mayor estigmatización del Islam, todos los cuales se dirigen a personas racializadas y migrantes. Estas extraordinarias medidas policiales y administrativas se han justificado como parte del modus operandi convencional en el marco de la emergencia. [24] Los migrantes han sido descritos cada vez más como depredadores y sujetos a niveles sorprendentemente altos de control policial. Como lo indicó nuestra investigación etnográfica, la agenda de igualdad de género del gobierno que emana de las feministas institucionales no ha desafiado las lógicas racistas de sus medidas de seguridad; por el contrario, ha legitimado prácticas carcelarias como una forma de promover la abolición de la prostitución.
Nuevas alianzas y la redefinición del «problema de la prostitución»
Las alianzas emergentes entre diversos actores han influido en la politización del «problema de la prostitución», así como en su lugar en la agenda institucional en Francia [25]. La alianza de organizaciones neoabolicionistas, feministas institucionales y movimientos feministas tradicionales ha redefinido la prostitución a través del paradigma neoabolicionista, fusionándola con la violencia contra las mujeres [26]. Además, los discursos antineoliberales y antiglobalización se han movilizado ampliamente para redefinir la prostitución como un problema político tanto a nivel nacional como internacional. [27]
La convergencia de neoabolicionistas, feministas e instituciones públicas.
La primera alianza a la que queremos apuntar es la de los propios actores neoabolicionistas, es decir, los grupos de activismo feminista y las organizaciones neoabolicionistas tradicionales. Los neoabolicionistas a los que nos referimos incluyen organizaciones que entran en la categoría legal de «organizaciones de utilidad pública» (associations reconnues d’utilité publique), es decir, organizaciones con un objetivo de interés público que pueden beneficiarse de fondos públicos, donaciones y legados. Nos referimos a estos actores como «empresarios morales», [28] porque enfatizan su postura moral y la tradición católica de la que emanan sus políticas. [29] Entre estas organizaciones, Mouvement du Nid y Fondation Scelles han jugado un papel central. De hecho, junto con organizaciones feministas, establecieron Abolition 2012, un colectivo de todos los neoabolicionistas que están a favor de la erradicación de la prostitución en Francia. Cuando se le preguntó sobre los vínculos entre Mouvement du Nid y Fondation Scelles, Yves Charpenel, presidente de esta última, declaró:
Y. Charpenel: Creamos Abolición 2012 juntos y creamos la PAC [Coalición para la Abolición de la Prostitución], que reúne a 23 organizaciones de 23 países diferentes e intercambiamos conocimientos sobre diferentes leyes nacionales, y también trabajamos con organizaciones de sobrevivientes [ ‘sobrevivientes’ aquí se refiere a ex trabajadoras sexuales, nota de los autores].
C: Entonces, ¿Abolición 2012 fue creada al principio por …?
Y. Charpenel: La Fondation [Scelles] y el Mouvement du Nid, sí. Y luego se unieron las feministas.
Abolición 2012 fue el resultado de la alianza de unos 80 neoabolicionistas y feministas provenientes de grupos de activistas e instituciones públicas. Se reunieron para organizar reuniones y manifestaciones para apoyar la ley de acabar con la demanda. Los parlamentarios entrevistados mencionaron el apoyo indispensable de las organizaciones feministas. Catherine Coutelle, ex diputada y vicepresidenta del comité especial encargado del desarrollo de la ley, declaró: « Abolition 2012 ha sido un movimiento muy útil, nos involucramos regularmente con ellos cuando sentimos que la opinión pública y la prensa no estaban lo suficiente a favor, luego escribieron editoriales en periódicos, etc…” (entrevista, enero de 2018). Abolition 2012 no es solo un grupo de activistas compuesto por organizaciones que intentan presionar a las instituciones públicas; funcionarios e instituciones son una parte central del colectivo. Hélène Bidard, la funcionaria a cargo de la igualdad de género en París, confirmó, durante una entrevista, la importancia de este colectivo y el papel de la Mairie de Paris y otras instituciones públicas en el desarrollo de la ley de acabar con la demanda, afirmando que: “se reunieron en repetidas ocasiones y organizaron manifestaciones frente a la Asamblea y el Senado para que se incluyera en la agenda” (entrevista, abril de 2018).
En este proceso, el Mouvement du Nid se convirtió en lo que Kingdon llama un «participante oculto» [30], ya que jugó un papel principal detrás de la escena a través de la acción de lobby persistente. En nuestra entrevista, Catherine Coutelle señaló el compromiso implacable del Mouvement:
Te lo explicaré desde el principio, ya que nadie lo sabe [risas]. El Mouvement du Nid organizó un almuerzo en la universidad de verano de La Rochelle en 2012, con Najat Vallaud-Belkacem [entonces Ministra de Asuntos de la Mujer]. Grégoire Théry [el presidente del Movimiento] quería que viniera, ya que acababa de ser presidenta de la delegación de los derechos de las mujeres, por lo que sabían que podía ser un actor estratégico. Y sentí que este almuerzo era como una trampa [risas], quiero decir, él [Théry] estaba al lado de Najat, diciendo: ‘Najat, esta ley debe ser aprobada necesariamente, tienes que adoptarla, debes ponerla en la agenda, ¿Cuándo empieza a discutirla el parlamento? ‘Me quedé asombrada, pensando’ pero, ¿qué está haciendo esta organización, dictándonos nuestra agenda? … ’.
El Mouvement logró ejercer presión sobre los parlamentarios y los funcionarios durante las reuniones formales e informales, enfatizando continuamente la relevancia y la urgencia de la ley. Al describir la práctica de lobby del Mouvement, Lorraine Questiaux, abogada del Mouvement, usó la expresión «hostigar a los políticos» (entrevista, abril de 2018). En todos los niveles, el Mouvement desempeñó un papel clave en la redefinición del problema y su inclusión en la agenda institucional.
La redefinición ideológica del «problema de la prostitución»: el uso de la retórica anticapitalista
Vale la pena señalar que la política represiva del gobierno francés sobre el trabajo sexual es el resultado de las convicciones y los esfuerzos de los políticos socialistas, a diferencia de otros países donde el modelo de acabar con la demanda se implementó bajo gobiernos conservadores, como en el caso de Canadá e Irlanda del Norte. De hecho, la redefinición política del «problema de la prostitución» desde un punto de vista izquierdista ha sido esencial para el éxito de la visión feminista y neoabolicionista en Francia. El uso del argumento antiglobalización, [31], así como otras ideas marxistas sobre la mercantilización de la fuerza laboral, ha servido para afirmar que la ley no solo es progresiva sino también anticapitalista.
Las feministas de la izquierda radical contribuyeron a la consolidación del apoyo para el modelo de acabar con la demanda. Por ejemplo, el comité de género del grupo antiglobalización Attac ha argumentado que la prostitución fomenta la mercantilización de los cuerpos de las mujeres y que representa el mejor ejemplo de trabajo forzado globalizado, por lo que encaja en una ideología neoliberal. [32] La socióloga Marie-Victoire Louis, presidenta de la AVFT (Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail), fue la primera en vincular el anticapitalismo y el neoabolicionismo en los años noventa. Ella definió la prostitución como el fruto de la violencia patriarcal, que llevaba a la mercantilización de los cuerpos de las mujeres en beneficio de los clientes, los proxenetas y el estado [33]. Siguiendo esta lógica, la represión se convierte en la posición necesaria que debe adoptarse para reafirmar la «no propiedad» del cuerpo humano, que está vinculada a la noción legal de la dignidad humana, como lo ejemplifica el título del informe Attac 2008: “La globalización de la prostitución, una violación global de la dignidad humana”.
Algunos de los actores neoabolicionistas que apoyaron o se movilizaron en torno a la ley de 2016 tenían carreras y roles públicos en grupos neoabolicionistas, organizaciones feministas y partidos políticos de izquierda radical. Por ejemplo, en nuestra entrevista, Lorraine Questiaux, del Mouvement, argumentó que la ley de 2016 representó una «auténtica revolución»:
Es una revolución; es para mí la ley más revolucionaria de los últimos 40 años. Es el último progreso social que hemos ganado: es la primera vez que afirmamos de manera tan clara que el trabajo no puede ser una explotación total del individuo. Afirmamos que no podemos explotar por completo al individuo, su cuerpo y su psique. Es una ley anticapitalista. Una ley marxista, profundamente marxista.
Cuando se le pidió que explicara por qué esta ley es «profundamente marxista», afirmó que «la culminación del capitalismo es la prostitución», ya que explota de manera integral a la persona. Luego inscribió el abolicionismo en la historia de los movimientos para el progreso social:
Toda ley y reforma laborales tenían un único objetivo: prevenir la prostitución. Desde principios de siglo, exigimos la protección del cuerpo, que los accidentes de trabajo deberían cubrirse, horas de trabajo flexibles para que las personas no mueran en el lugar de trabajo, para que el cuerpo no pueda ser dañado, consumido por la necesidad individual del explotador capitalista.
Así, los actores neoabolicionistas utilizan la retórica anticapitalista para defender su posición ideológica. La inscripción de la ley neoabolicionista en el marco histórico de las reformas sociales se ve reforzada por la participación de actores de la izquierda radical francesa en el debate sobre la prostitución, pero también por actores que gozan de una posición múltiple: participando simultáneamente en organizaciones feministas, instituciones públicas, y partidos de izquierda radicales.
La deslegitimación de las trabajadoras sexuales: violencia simbólica y daños colaterales.
Las actuaciones políticas y los legisladores perpetúan la inaudibilidad histórica de las trabajadoras sexuales y las trabajadoras sexuales siguen hablando a través de organizaciones, sindicatos, representantes individuales, pero nadie escucha. [34] En particular, las migrantes que trabajan en el sector del trabajo sexual están sujetas a estrategias de silenciamiento institucional de maneras específicas. Primero, esto se logra a través de la categoría víctima de trata, ya que se aplica sistemáticamente a ellas. El caso de las trabajadoras sexuales chinas en París es significativo, ya que desafía esta clasificación. Florence Lévy y Marylène Lieber muestran que las mujeres chinas que venden sexo en París trabajan, en gran parte, de manera independiente y que comienzan el trabajo sexual después de evaluar las posibilidades de contrarrestar la pobreza y acceder a los recursos, es decir, su capacidad para hacer planes, tener estrategias, y actuar dentro de una estructura limitante. [35] Sin embargo, durante nuestra entrevista, el político neoabolicionista Maud Olivier declaró categóricamente que las trabajadoras sexuales chinas dependen de «mafias chinas muy violentas, son violadas y brutalizadas», por lo que borran por completo cualquier forma de autonomía que este grupo de mujeres migrantes pueda tener. En segundo lugar, cuando las trabajadoras sexuales migrantes se movilizan para reclamar sus derechos y luchan por mejorar sus condiciones de trabajo a través de manifestaciones públicas, están expuestas a una mayor vigilancia policial y su estatus migratorio puede hacer que estén sujetas a detención y deportación. Por ejemplo, incluso después de la movilización de trabajadoras sexuales chinas a través del Lotus Bus, un programa de apoyo que la ONG Médecins du Monde lanzó en 2002, la represión policial que experimentaron siguió siendo alta. [36] Además, durante nuestro trabajo de campo, también aprendimos que tanto las trabajadoras sexuales como Médecins du Monde dejaron de recibir subsidios públicos de la Marie de Paris. Por lo tanto, en nombre de la protección, las trabajadoras sexuales migrantes a menudo son blanco de políticas represivas y punitivas. Estos mecanismos son parte integrante de una lógica «humanitaria sexual», un concepto que Nicola Mai utiliza para describir la interacción específica entre protección y control que experimentan los migrantes cuando son considerados vulnerables por el discurso y las intervenciones humanitarias debido a sus comportamientos, orientaciones y trabajo sexuales [37].
Más generalmente, la deslegitimación de los argumentos y del trabajo de las trabajadoras sexuales, ya sean migrantes o no migrantes, se basa en la noción de «violencia simbólica», que se refiere a «la violencia ejercida contra un agente social con su complicidad». [38] En Francia, este concepto se usó ampliamente tanto en la prohibición del hijab como en los debates sobre el trabajo sexual, permitiendo a los legisladores afirmar que las personas dominadas —en este caso, las mujeres con velo y las trabajadoras sexuales— aceptan inconscientemente ser dominadas e incluso reclaman el derecho a serlo. Un ejemplo destacado de esto fue cuando, en 2016, la entonces ministra de los derechos de las mujeres, Laurence Rossignol, comparó a las mujeres musulmanas que vestían el hijab con los «[esclavos africanos en los Estados Unidos] que estaban a favor de la esclavitud» en un programa de radio francés. [39] Además, el paradigma represivo del trabajo sexual no puede concebir que las trabajadoras sexuales puedan hablar por sí mismas. Thierry Schaffauser, miembro de STRASS, el sindicato francés de trabajadoras sexuales, nos dijo que «porque soy un hombre, porque puedo desafiar sus argumentos, los abolicionistas no me ven como trabajador sexual; dicen que lo elijo o que soy un proxeneta ‘. Desde su inicio en 2009, STRASS ha sido el objetivo en la prensa y en los medios nacionales de los argumentos neoabolicionistas que dicen que las trabajadoras sexuales activistas son proxenetas, mentirosas o «facilitadoras de explotadores y tratantes». [40]
Se pueden observar importantes similitudes en el proceso de redacción que condujo a la ley de 2004 que prohíbe el velo en las escuelas y el que condujo a la ley de 2016 que penaliza a los clientes de las trabajadoras sexuales, en particular a través de la deslegitimación de las mujeres con velo y de las trabajadoras sexuales y su supuesta incapacidad para hablar por sí mismas. 41] En ambos casos, los comités especiales de la Asamblea Nacional se encargaron de realizar audiencias con grupos e individuos seleccionados, que se entendieron como «expertos» en el asunto respectivo. En cuanto a la prohibición de 2004, las mujeres con velo no estuvieron presentes en el comité especial, [42] y tampoco los portavoces, científicos sociales y maestros en contra de la prohibición [43].
En 2013, el comité especial convocó a los opositores de la ley de acabar con la demanda todos al mismo tiempo y en un solo día (30 de abril), permitiéndoles solo unas pocas horas para debatir con los parlamentarios. Sin embargo, organizaciones y personas que apoyaban la ley participaron en todo el proceso de redacción. Maud Olivier, el entonces diputado relator de la ley, dijo que los parlamentarios «también tenían que escucharlas [a las organizaciones de trabajadoras sexuales] para no parecer sectarios, partidarios o no objetivos», y que «los parlamentarios ya sabían que no serían convincentes”. Al mismo tiempo, las organizaciones de trabajadoras sexuales eran conscientes de que su invitación a la discusión era simplemente una forma de tokenismo. La entonces secretaria de STRASS, Morgane Merteuil, nos dijo que: “el objetivo de los parlamentarios era establecer una situación en la que se pudieran usar palabras contra nosotras; necesitaban nuestros argumentos para terminar su informe y para legitimar lo que habían estado diciendo desde el principio» (entrevista, abril de 2018). Esto significaba que la decisión ya había sido tomada.
La composición de los comités especiales del gobierno sobre estos dos temas (el velo y la prostitución) reflejó las posiciones ideológicas de sus miembros; estos comités se convirtieron efectivamente en el sitio estratégico para «la construcción de una narrativa planificada de antemano para justificar la necesidad de la prohibición». [44] Aquí, el velo se presenta fácilmente como un símbolo de la opresión de las mujeres y la prostitución es vista como una violencia inherentemente de género. Esta es la lógica que excluyó a las mujeres con velo del debate político y parlamentario en 2004 y, más adelante, a las trabajadoras sexuales de los debates en 2013-2016.
El marco neo-abolicionista ha producido inevitablemente daños colaterales, es decir, el impacto negativo de estas políticas no se tiene en cuenta. En este contexto, la figura de la trabajadora sexual se considera digna de ser rescatada y, al mismo tiempo, aceptada como daño colateral dada su posición en un espacio político-económico criminalizado. Entre los legisladores, coexisten el discurso sexual humanitario de intervenir para poner fin a la violencia simbólica y la conciencia del daño causado a las poblaciones objetivo. Actúan en funciones de «violencia simbólica» a nivel discursivo, y su consecuencia resultante es el impacto perjudicial en el sustento de las trabajadoras sexuales, quienes siguen siendo las más afectadas por las medidas de penalización. En este proceso, las vidas de las trabajadoras sexuales se vuelven «desechables», [45] en el sentido de que pueden ser sacrificadas por el bien de intentar crear un mundo sin prostitución. A nivel gubernamental, este daño causado a las trabajadoras sexuales está justificado por el control de las fronteras, la seguridad nacional, el orden público y los derechos de las mujeres.
Conclusión
El pánico moral sobre la trata lleva a la perpetuación de los mitos sobre su escala y las circunstancias bajo las cuales ocurre. [46] En un estudio realizado en Francia en 2015, antes de la implementación de la ley de abril de 2016, Mai y Giametta realizaron una encuesta con 500 trabajadoras sexuales en las principales ciudades francesas [47], que mostró que el 98 por ciento de las encuestadas estaba en contra de la adopción de la ley y que alrededor del 7 por ciento podría ser identificado como víctimas potenciales de trata.
La forma en que Francia ha decidido abordar el «problema de la prostitución» resuena con posiciones ideológicas más amplias sobre la guerra contra las drogas y la prostitución en otras partes del mundo. Primero, rechaza el conocimiento empírico producido por los científicos sociales que estudian los fenómenos. [48] En segundo lugar, utiliza imágenes racializadas para promover formas de gobierno afectivas y humanitarias basadas en el odio (a los tratantes y otros «explotadores») y la compasión (hacia las trabajadoras sexuales / víctimas). Finalmente, produce leyes que son altamente perjudiciales para el sustento de las mismas personas que pretende proteger, ya que hace que el trabajo sea mucho más oculto y peligroso. Las investigaciones académicas sobre el ‘modelo sueco’ y su impacto en Suecia han demostrado que este marco ha sido perjudicial para el sustento de las trabajadoras sexuales, incrementando su aislamiento y estigmatización, así como su exposición a la violencia. [49] Los activistas y académicos también han cuestionado en repetidas ocasiones la dimensión antitrata intrínseca al enfoque de acabar con la demanda. Las trabajadoras sexuales, tanto migrantes como no migrantes, son más vulnerables a la explotación, el abuso y la coacción como consecuencia de la «lucha contra la trata». [50] Además, como argumentan Anderson y O’Connell Davidson, la penalización de la demanda no aborda los problemas socioeconómicos estructurales que producen y sostienen la trata de personas y la explotación [51].
La exclusión de las trabajadoras sexuales de los debates políticos que les conciernen es el resultado de ser construídas como «desviadas socialmente» a través del prisma del género y la raza [52] y se sitúa dentro del marco de mayores inquietudes nacionales sobre el orden público, la seguridad y el control de la inmigración. Como hemos demostrado, las mujeres musulmanas con velo comparten una situación similar en Francia: la prohibición del velo no puede separarse de las políticas racistas y antiinmigrantes que describen a los hombres musulmanes como «opresores» y a las mujeres musulmanas como «víctimas» que hay que salvar. Del mismo modo, las políticas represivas del trabajo sexual no se pueden aislar de las preocupaciones nacionales sobre inmigración y seguridad [54]. La taxonomía legal se sirve de categorías sociales de desviación que circulan a través de discursos sociopolíticos y culturales en la sociedad en general. [55] Las leyes represivas sobre la prostitución no solo consolidan las «categorías desviadas», sino que también las ponen al servicio de estrategias más amplias de control estatal.
Los dos autores contribuyeron igualmente al análisis desarrollado en este artículo y se enumeran alfabéticamente.
Charlène Calderaro es estudiante de doctorado en el Centro de Estudios de Género de la Universidad de Lausana, Suiza. Su trabajo actual se centra en los movimientos y conflictos sociales feministas. En su tesis de maestría, que completó en el EHESS (París), examinó la construcción del problema de la prostitución y el proceso de redacción de la ley neoabolicionista. También ha trabajado en la ley que prohíbe el velo en las escuelas de Francia, destacando así las alianzas entre las instituciones públicas francesas y algunos grupos feministas. Correo electrónico: charlene.calderaro@unil.ch.
Calogero Giametta es sociólogo de la Universidad de Aix-Marseille. Su investigación actual se centra en el género, la sexualidad y la economía política de la migración, examinando cómo funciona el control de la migración a través de intervenciones humanitarias (sexuales) en Francia y el Reino Unido. Estudia las intervenciones contra la trata de personas y el derecho de asilo. Es becario postdoctoral en el proyecto de investigación financiado por ERC ‘Humanitarian Sexual: Migration, Sex Work and Trafficking’ (2016-2020) para Francia, y autor del libro The Sexual Politics of Asylum (Routledge, 2017). Correo electrónico: calogiame@gmail.com.
Notas:
[1] R Andrijasevic and N Mai, ‘Editorial: Trafficking (in) representations: Understanding the recurring appeal of victimhood and slavery in neoliberal times’, Anti-Trafficking Review, issue 7, 2016, pp. 1—10, https://doi.org/10.14197/atr.20121771.
[2] F Guillemaut, ‘Femmes Africaines, migration et le travail du sexe’, Sociétés, vol. 1, no. 99, 2008, pp. 91-106,https://doi.org/10.3917/soc.099.0091.
[3] C Deschamps, ‘La figure de l’étrangère dans la prostitution’, Autrepart, vol. 2, no. 42, 2007, pp. 39-52,https://doi.org/10.3917/autr.042.0039.
[4] La frase «problema de la prostitución» aquí señala el proceso a través del cual las instituciones públicas francesas han construido la prostitución como un problema social que debe abordarse con urgencia. El uso de esta terminología nos permite referirnos a la sociología de los problemas sociales, que desde la década de 1970 ha analizado los factores y los actores que deciden que una actividad o fenómeno social particular debe entenderse y tratarse como un problema. Ver M Spector and J I Kitsuse, Constructing Social Problems, Cummings, Menlo Park, 1977; J Gusfield, The Culture of Public Problems: Drinking-driving and the symbolic order, University of Chicago Press, Chicago, 1981.
[5] L Mathieu, ‘Genèse et logiques des politiques de prostitution en France’, Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 3, no. 198, 2013, pp. 5-20.
[6] Para un análisis de las categorías utilizadas en la literatura para definir los regímenes de normativas de trabajo sexual, VER:: P Östergren, ‘From Zero-tolerance to Full Integration. Rethinking prostitution policies’, Demand AT Working paper, 2017b, p. 13, retrieved 5 November 2018, http://www.demandat.eu/publications/zero-tolerance-full-integration-rethinking-prostitution-policies.
[7] H Le Bail and C Giametta, Que pensent les travailleur.ses.s du sexe de la loi prostitution?, Médecins du Monde, Paris, 2018.
[8] Estos hallazgos son consistentes con la investigación realizada en otros países. Véase, por ejemplo: Amnesty International,Policy on State Obligations to Respect, Protect and Fulfil the Human Rights of Sex Workers, AI, 2016; S K Chu and R Glass, ‘Sex Work Law Reform in Canada: Considering problems with the Nordic Model’, Alberta Law Review, vol. 51, no. 1, 2013, pp. 101-124, http://dx.doi.org/10.29173/alr59; C Holmström and M Skilbrei, ‘The Swedish Sex Purchase Act: Where does it stand?’, Oslo Law Review, vol. 4, no. 2, 2017, pp. 82-104, https://doi.org/10.18261/issn.2387-3299-2017-02-02; J Levy and P Jacobsson, ‘Swedish Abolitionist Discourse and Law: Effects on the dynamics of Swedish sex work and on the lives of Sweden’s sex workers’, Criminology and Criminal Justice, vol. 5, no. 14, 2014, pp. 593-607,https://doi.org/10.1177/1748895814528926; P Östergren ‘Sweden’ in S Jahnsen, and H Wagenaar (eds.), Assessing Prostitution Polices in Europe, Routledge, London and New York, 2017; UNAIDS, Guidance Note on HIV and Sex Work, UNAIDS, 2009.
[9] Como H Wagenaar et al. describen, ‘neoabolicionismo’ es el término usado ‘para indicar el movimiento dominante actual para erradicar o suprimir la prostitución en la sociedad mediante la aplicación de la ley penal a clientes y terceros … su expresión en la política pública —la criminalización del cliente y el uso de la ley como herramienta pedagógica— fue diseñada en Suecia ‘. Ver: H Wagenaar et al., Designing Prostitution Policy: Intention and reality in regulating the sex trade, Policy Press, Bristol and Chicago, 2017, pp. 11-12. Generally speaking, neo-abolitionist actors view sex workers as victims of the patriarchal social order.
[10] The research project is titled ‘Sexual Humanitarianism: Migration, Sex Work and Trafficking’ SEXHUM (ERC CoG 682451). It is a four-year project (2016-2020) funded by the European Research Council. SEXHUM is directed by Nicola Mai and based at Kingston University, London (Department of Criminology and Sociology) and at Aix-Marseille University (LAMES – Mediterranean Laboratory of Sociology). See: El proyecto de investigación se titula «Humanitarismo sexual: migración, trabajo sexual y trata de personas» SEXHUM (ERC CoG 682451). Es un proyecto de cuatro años (2016-2020) financiado por el Consejo Europeo de Investigación. SEXHUM está dirigido por Nicola Mai y reside en la Universidad de Kingston, Londres (Departamento de Criminología y Sociología) y en la Universidad de Aix-Marsella (LAMES – Laboratorio Mediterráneo de Sociología). Consulte: https://sexualhumanitarianism.wordpress.com.
[11] D Kulick, ‘Sex in the New Europe: The criminalization of clients and Swedish fear of penetration’, Anthropological Theory, vol. 3, no. 2, 2003, pp. 199-218, https://doi.org/10.1177/1463499603003002005.
[12] D Kulick, ‘Four Hundred Thousand Swedish Perverts’, GLQ, vol. 11, no. 2, 2005, pp. 205-235, p. 221.
[13] El Lobby Europeo de Mujeres, fundado en 1990, es una organización paraguas de ONG de mujeres en toda la Unión Europea con una secretaría con sede en Bruselas. Incluye la Coordinación Francesa para el Lobby Femenino Europeo (CLEF) y el Lobby Femenino Sueco. Esta ONG tiene un enfoque neoabolicionista de la prostitución.
[14] E Fassin, ‘The Rise and Fall of Sexual Politics in the Public Sphere: A transatlantic contrast’, Public Culture, vol. 18, no. 1, 2006, pp. 79–92, https://doi.org/10.1215/08992363-18-1-79; E Macé and N Guénif Souilamas, Les Féministes et le Garçon Arabe, Aubes, Paris, 2004.
[15] C Hamel, ‘De la racialisation du sexisme au sexisme identitaire’, Migrations Société, vol. 17, no. 99-100, 2005, pp. 91-104.
[16] L Mucchielli, Le Scandale des ‘Tournantes’: Dérives médiatiques, contre-enquête sociologique, La Découverte, Paris, 2005.
[17] M Ticktin, ‘Sexual Violence as the Language of Border Control: Where French feminist and anti-immigrant rhetoric meet’, Signs, vol. 33, no. 4, 2008, pp. 863-889, https://doi.org/10.1086/528851.
[18] A L Stoler, Race and the Education of Desire: Foucault’s history of sexuality and the colonial order of things, Duke University Press, Durham, 1995.
[19] Ticktin, p. 873.
[20] J W Scott, The Politics of the Veil, Princeton University Press, Princeton, 2007; N Dot-Pouillard, ‘Les recompositions politiques du mouvement féministe français au regard du hijab’, SociologieS (Online), 2017, available athttp://journals.openedition.org/sociologies/246.
[21] E Bernstein, ‘The Sexual Politics of the New Abolitionism’, Differences, vol. 18, no. 3, 2007, pp. 128–143,https://doi.org/10.1215/10407391-2007-013.
[22] S Farris, ‘Femonationalism and the “Regular” Army of Labor Called Migrant Women’, History of the Present, vol. 2, no. 2, 2012, pp. 184–199, https://doi.org/10.5406/historypresent.2.2.0184.
[23] Mathieu, 2013.
[24] D Fassin, ‘Short Cuts’, London Review of Books, vol. 38, no. 5, 2016, p. 23.
[25] Para más información sobre la inclusión de los problemas sociales en la agenda y sobre la distinción entre agendas institucionales y políticas, ver: R Cobb and C Elder, Participation in American Politics: The Dynamics of Agenda-Building, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1972.
[26] D Bousquet, ‘Prostitution: des violences du corps à l’esprit’, Après-demain, vol. 2, no. 26, 2013.
[27] Mathieu.
[28] H Becker, Outsiders: Studies in the sociology of deviance, Free Press, New York, 1973.
[29] El Mouvement du Nid fue creado en 1946 por un predicador, Jean-Marie Talvas, y se encuentra dentro del movimiento católico de izquierda Acción Católica Obrera. Fondation Scelles se registró como una organización de utilidad público en 1994 y está menos implantada que el Mouvement du Nid. Sus miembros provienen de entornos sociales burgueses, con altos funcionarios y magistrados que forman parte de la fundación. Publican materiales y organizan seminarios para sensibilizar al público sobre los peligros de la prostitución.
[30] J Kingdon, Agendas, Alternatives and Public Policies, Little, Brown, 1984.
[31] Mathieu.
[32] Attac, Mondialisation de la Prostitution, Atteinte Globale à la Dignité Humaine, Mille et une nuits, Paris, 2008.
[33] Mathieu.
[34] G Pheterson, ‘At long last, listen to the women!’, Open Democracy, 2 March 2016,https://www.opendemocracy.net/beyondslavery/sws/gail-pheterson/at-long-last-listen-to-women.
[35] F Lévy and L Marylène, ‘Sex and Emotion-Based Relations as a Resource in Migration: Northern Chinese women in Paris’, Revue française de sociologie, vol. 52, no. 5, 2011, pp. 3-29, https://doi.org/10.3917/rfs.525.0003.
[36] H Le Bail, ‘Mobilisation de Femmes Chinoises Migrantes se Prostituant à Paris. De l’invisibilité à l’action collective’,Genre, sexualité & société, no. 14, 2015, https://doi.org/10.4000/gss.3679.
[37] N Mai, ‘Assembling Samira: Understanding sexual humanitarianism through experimental filmmaking’, antiAtlas Journal, vol. 1, 2016.
[38] P Bourdieu and L Wacquant, An Invitation to Reflexive Sociology, University of Chicago Press, Chicago, 1992, p. 167.
[39] ] Programa de radio de RMC el 30 de marzo de 2016 (consulte el artículo de prensa: K Lewis, ‘El ministro francés Laurence Rossignol compara a las mujeres musulmanas que usan velos con «negros en favor de la esclavitud», The Independent, 31 de marzo de 2016, https: / /www.independent.co.uk/news/world/europe/french-minister-laurence-rossignol-compares-muslim-women-who-wear-veils-to-negroes-in-favour-of-a6961121.html).
[40] Véase, por ejemplo, una entrevista televisiva con Lorraine Questiaux: ‘“Vous mentez!”: vif échange entre une avocate des travailleuses du sexe et l’une d’entre elles’, LCI, 13 April 2016, retrieved 14 November 2018, https://www.lci.fr/france/vous-mentez-vif-echange-entre-une-avocate-des-travailleuses-du-sexe-et-lune-dentre-elles-1255046.html.
[41] C Calderaro, La ‘Problématique du Voile’ et son Entrée dans le Cadre Juridique Français: Genèse et évolution, Master dissertation, Presses Universitaires de Strasbourg, Strasbourg, 2017.
[42] A Gresh, L’Islam, la République et le Monde, Fayard, Paris, 2004; I Chouder, M Latrèche, P Tevanian, Les Filles Voilées Parlent, La Fabrique, Paris, 2004.
[43] P Tevanian, Le Voile Médiatique. Un faux débat : “L’affaire du foulard islamique”, Raisons d’agir, Paris, 2005, pp. 44-46.
[44] P Portier, ‘La Politique du Voile en France: Droits et valeurs dans la fabrique de la laïcité’, Revue du droit des religions, Presses Universitaires de Strasbourg, no. 2, 2016.
[45] J Butler, Frames of War: When is life grievable?, Verso, New York, 2009.
[46] N Mai, ‘Between Embodied Cosmopolitanism and Sexual Humanitarianism: The fractal mobilities and subjectivities of migrants working in the sex industry’ in V Baby-Collins and L Anteby (eds.), Borders, Mobilities and Migrations: Perspectives from the Mediterranean in the 21st century, Peter Lang, Brussels, 2014, pp. 175–192.
[47] N Mai, Sondage sur la Pénalisation de Clients en France, Marseille, 2015,http://www.lames.cnrs.fr/IMG/pdf/RESUME_ETUDE_PENALISATION-2.pdf.
[48] N Mai, C Giametta and H Le Bail, ‘The Impact of the Swedish Model in France: Chronicle of a disaster foretold’, Open Democracy, 25 April 2018, https://www.opendemocracy.net/beyondslavery/nicola-mai-calogero-giametta-h-l-ne-le-bail/impact-of-swedish-model-in-france-chronicl.
[49] Levy and Jacobsson; Östergren.
[50] P G Macioti and G Garofalo Geymonat, ‘Sex Workers Speak: Who listens?’, Open Democracy, 29 February 2016,https://www.opendemocracy.net/beyondslavery/sws/giulia-garofalo-geymonat-pg-macioti/sex-workers-speak-who-listens.
[51] B Anderson and J O’Connell Davidson, Is Trafficking in Human Beings Demand Driven? A multi-country pilot study, IOM, Geneva, 2003.
[52] N Heitzeg, ‘Differentials in Deviance: Race, class, gender and age’ in B D Clifton (ed.), Routledge Handbook of Deviant Behavior, Routledge, London and New York, 2011, pp. 53-60.
[53] S Farris, In the Name of Women’s Rights: The rise of femonationalism, Duke University Press, Durham, 2017.
[54] G Pheterson, The Prostitution Prism, Amsterdam University Press, Amsterdam, 1996; L Oso Casas, ‘Prostitution et immigration des femmes latino-américaines en Espagne’, Cahiers du genre, no. 40, pp. 91-113,https://doi.org/10.3917/cdge.040.0091.
[55] C Rinaldi, Diventare normali. Teorie, analisi e applicazioni interazioniste della devianza e del crimine, McGraw-Hill Education, New York, 2016.
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