Por Cas Mude
Profesor asociado en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales (SPIA) de la Universidad de Georgia e investigador en el Centro para la Investigación del Extremismo (C-REX) de la Universidad de Oslo.
04/08/2016
http://www.huffingtonpost.com/cas-mudde/the-paternalistic-fallacy_b_9644972.html
Esta semana Francia se convirtió en el quinto país europeo que hace ilegal la compra de sexo. Este así llamado “modelo nórdico” —que en efecto está solo implementado por algunos páises nórdicos— está ganando impulso en todo el continente y sus defensores están intentando, hasta ahora sin éxito, que se convierta en una realidad en toda la Unión Europea.
El así llamado “modelo nórdico” es una vuelta a los períodos más oscuros del paternalismo de izquierdas, en el que unos autodenominados progresistas luchan por utopías de clase media a expensas de los socialmente débiles. En el modo clásico, las opiniones de los “protegidos” son o ignoradas o despreciadas por los “protectores”. Las trabajadoras sexuales, que en su gran mayoría se oponen a la penalización de las personas que compran sexo (los así llamados “puteros”), son despojadas de su autonomía, reducidas a “víctimas” de la “industria del sexo” que padecen “falsa conciencia”.
Un reciente editorial de The Guardian, el portaestandarte británico de la progresía europea, proporciona un interesante comprensión de las crecientes dificultades que los progresistas tienen para justificar la penalización del trabajo sexual. Es una llamativa combinación de confusión y desesperación. Aunque es verdad que hace referencia a algunos de los poco fiables estudios que existen, ignora ampliamente sus implicaciones y recomendaciones. Esto se debe a que los estudios más serios muestran que el “modelo nórdico” ni ha mejorado la situación de las trabajadoras sexuales ni ha reducido de forma significativa la “industria del sexo”. En cambio, como de alguna forma reconoce The Guardian, el “modelo de Nueva Zelanda” (de despenalización) ha conseguido por lo menos lo primero.
The Guardian basa su petición de prohibir el trabajo sexual primordialmente en el “principio del daño”, esto es “la afirmación de que el único uso justo del poder en una comunidad civilizada es el uso para prevenir el daño”. Entonces, ¿de qué daño se trata? Los progresistas suelen ser imprecisos en esto, dando por supuesto que “todos sabemos” de qué están hablando. No hay duda de que los abusos físicos y verbales son un problema de primer orden para las trabajadoras sexuales, pero esto no es exclusivo de este grupo específico. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, las violaciones están incontroladas entre los estudiantes y entre los militares, ¡y todavía no ha propuesto nadie prohibir los ejércitos y las universidades (o sus reclutadores)!
No, el “daño” al que se refieren está en el acto mismo del trabajo sexual, es decir, en la venta de sexo. Esta es una postura que podría tener sentido desde un punto de vista religioso conservador, pero mucho menos desde una perspectiva progresista. Aunque los progresistas pueden (y quizás deberían) oponerse a la mercantilización del sexo, la pregunta es: ¿por qué solo a la del sexo? ¿Por qué no también a la de la educación y la salud? De la misma forma, aunque puede ser verdad que “en todo sexo pagado existe, puede decirse, una dimensión inherentemente explotadora”, esto puede decirse también de muchas otras profesiones: desde el mundo del espectáculo a la minería o los deportes profesionales (como el boxeo o el fútbol).
El auténtico argumento parece ser que la sexualidad es algo “personal” que está intrínsecamente unido a emociones (intensas). Obviamente, esta es una posición muy discutible, y por lo menos dependerá de cada persona. Más aún, tiene un claro (aunque a menudo expresado de forma solo implícita) fundamento sexista, ya que es la mujer vendedora la que es dañada, no el hombre comprador, reflejando una inveterada noción sexista de la sexualidad, según la cual la sexualidad femenina es inherentemente problemática.
Pero incluso aunque las mujeres fueran dañadas por el trabajo sexual —y por el trabajo en sí mismo, más que por las condiciones y el estigma asociados a su penalización— ello seguiría constituyendo un caso de autodaño (el trabajo sexual forzado es siempre ilegal y constituye violación, no sexo). La única forma de argumentar que es daño y no autodaño es despojar a las trabajadoras sexuales de autonomía. Y esto es exactamente lo que se está haciendo, incluso por feministas y progresistas que normalmente defienden la autonomía de las mujeres.
En palabras del editorial de The Guardian: “Las circunstancias sociales y económicas en las que una mujer ve el trabajo sexual como la mejor opción disponible representan, en sí mismas, un entorno de coacción”. Desde luego, esto se aplica sin duda a muchas, quizás incluso la mayoría, de las trabajadoras sexuales (que, dicho sea de paso, ¡no son todas mujeres!). Pero se aplica también a muchas otras profesiones. Pocas personas se desplazan a los campos de petróleo de Dakota del Norte porque amen el trabajo duro y sucio y los largos inviernos remotos. Y muchos, si no la mayoría, de los que se alistan en el ejército, en particular en países que se ven implicados a menudo en conflictos militares (como el Reino Unido y los Estados Unidos), lo hacen por falta de alternativas sociales y económicas. Más aún, los soldados pueden no solo perder sus vidas, sino que también ¡corren mayor riesgo de ser violados!
Si los progresistas quieren realmente ayudar a las trabajadoras sexuales y debilitar los aspectos explotadores de la “industria del sexo”, deberían legalizar el trabajo sexual, o por lo menos despenalizarlo. Esto aumentará de forma espectacular la salud y la seguridad de las trabajadoras sexuales, como se ha visto en Nueva Zelanda. Deberían cambiar también el clima social que rodea al trabajo sexual. Obviamente, esto supondrá un reto mucho mayor, y una razón no menor de ello será porque requiere que cambien sus propios puntos de vista tradicionales sobre la sexualidad en general, y sobre la sexualidad femenina en particular.
Si quieren realmente legislar algo, que se centren en empoderar a las trabajadoras sexuales frente a la industria del sexo “explotadora”. Que creen una infraestructura educativa y una estructura legislativa que permita a las trabajadoras sexuales (a sus colectivos) dirigir sus propios asuntos, haciéndolas independientes de chulos y terceros. Que castiguen la discriminación de las trabajadoras sexuales por otros negocios, tales como los bancos y otras instituciones financieras, que a menudo rehusan abrir cuentas a las trabajadoras sexuales, ¡incluso si no están implicadas en actividades ilegales!
Incluso si el objetivo final es vivir en un mundo sin trabajo sexual, la primera preocupación debería ser por las (supuestas) víctimas de la industria del sexo. Como las trabajadoras sexuales han dejado claro en todo el mundo, se oponen a la penalización tanto de la venta como de la compra de sexo. Quieren ver su comercio despenalizado (o legalizado). Como muestran los estudios, la vida de las trabajadoras sexuales mejora solo cuando el trabajo sexual es despenalizado. Y este debería ser el primer objetivo para todos, incluso para aquellos que están sinceramente preocupados por las “víctimas” de la “industria del sexo”.
El estante de la Citi 